El Tratado Constitucional de la UE centra la visita del Cuerpo Consular al Parlamento

El próximo referéndum del Tratado Constitucional en España centró la visita al Parlamento canario de una representación de los Cuerpos Consulares de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de una iniciativa del presidente de la Cámara, Gabriel Mato, anunciada hace un año en la capital grancanaria con motivo de un encuentro con los cónsules acreditados en esa provincia.

Los más de treinta diplomáticos desplazados mantuvieron una reunión con la Mesa y la Junta de Portavoces en la que se destacó la importancia del Tratado Constitucional Europeo para Canarias, haciendo especial hincapié en la necesidad de contar con una política común en materia de inmigración que beneficie a nuestra región.

Entre las cuestiones que preocupan a los diplomáticos, cabe destacar el papel de los consulados ante el reciente proceso de regularización de inmigrantes iniciado en España, fruto del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. La dimensión numérica del fenómeno inmigratorio en Canarias ante este proceso obliga a los consulados a mejorar la asistencia.

Por otro lado, la necesidad de establecer mejores vínculos entre los consulados y las instituciones locales y regionales es otro de los objetivos del Cuerpo Consular acreditado en Canarias. El fin de este encuentro, según explicó el presidente de la Cámara autonómica, ha sido “intercambiar impresiones sobre problemas de interés común para diplomáticos y diputados”.

En Canarias hay representación diplomática de más de 50 países de Europa, África, Asia y América repartidos entre las dos provincias canarias. Algunos de estos consulados tienen ámbito regional como India y Reino Unido. El decano del Cuerpo Consular de Santa Cruz de Tenerife es Jaime de Urioste y Arana, cónsul de Bolivia; mientras que en Las Palmas de Gran Canaria, Enrique Alberto Silvestre Rodríguez, cónsul de Cuba.

17/feb/2005