Iniciativas legislativas abiertas a la participación

El Parlamento de Canarias abre sus procesos legislativos a la participación de los ciudadanos para enriquecer los debates con sus aportaciones y sugerencias. Este modelo participativo y colaborativo da oportunidad a la ciudadanía para que formule comentarios durante la tramitación de cada proyecto o proposición de ley, que serán trasladados a los diputados y grupos parlamentarios y podrán ser incorporados al texto final aprobado a través de las enmiendas presentadas por estos.

Quienes deseen aportar ideas y comentarios a la iniciativa legislativa deberán identificarse y rellenar un sencillo formulario electrónico. Los debates generados se moderarán para asegurar un intercambio constructivo y enriquecedor, en el que podrán participar los propios diputados. El periodo en que se admitirán aportaciones coincidirá con el de presentación de enmiendas al articulado de la iniciativa legislativa, y al final del debate se elaborará un documento que incorporará todas las aportaciones ciudadanas realizadas. Este documento será publicado en la web y trasladado a los grupos parlamentarios para su estudio.

En este momento hay 1 iniciativas legislativas activas.

Proyecto de ley de Servicios Sociales de Canarias

La presente iniciativa tiene por objeto: a) regular y ordenar el sistema público de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias con la finalidad de promover y garantizar su acceso universal y contribuir al bienestar y a la cohesión social del conjunto de la población del archipiélago canario; b) configurar un sistema público de servicios sociales que dé respuesta a las necesidades de las personas, las familias y demás unidades de convivencia, potenciando su autonomía y su calidad de vida; c) ordenar y regular el papel de la iniciativa privada en materia de servicios sociales, estableciendo el marco normativo general de su actividad así como las condiciones para su participación subsidiaria y complementaria en el sistema público de servicios sociales de Canarias; y d) garantizar el desarrollo de los instrumentos y medidas necesarias para que los servicios sociales se presten en las mejores condiciones de calidad y con la mayor eficiencia en el uso de los recursos. Consta de noventa artículos, agrupados en un título preliminar y ocho títulos, además de doce disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cinco finales. El título preliminar recoge las disposiciones generales que orientan todo el texto normativo, como son el objeto y ámbito de aplicación de la ley, la definición del sistema público de servicios sociales de Canarias, los objetivos de las políticas de dicho sistema público, las personas destinatarias de los servicios sociales, las entidades, centros y servicios públicos y los recursos y servicios de iniciativa social y, por último, los derechos sociales reconocidos en otras leyes sectoriales. El título I establece quiénes tendrán la consideración de titulares de los derechos reconocidos del sistema público de los servicios sociales. El título II regula la organización del sistema público de servicios sociales a nivel de prestaciones y servicios que presta. El título III se dedica a la distribución de competencias en materia de servicios sociales; a la estructura orgánica interadministrativa y de participación social; y al espacio sociosanitario. El título IV se refiere a la estructura funcional y a los sistemas de gestión y de información del sistema público de servicios sociales de Canarias. El título V se dedica a la calidad del sistema público de servicios sociales. El título VI se refiere a la financiación del sistema público de servicios sociales. El título VII está dedicado a regular la iniciativa social. Finalmente, el título VIII regula el régimen sancionador.

Más información

En este momento hay 3 iniciativas legislativas cerradas.

PPL de modificación de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias

La Ley 4/1989, de 2 de mayo, crea la Audiencia de Cuentas de Canarias como órgano dependiente del Parlamento de Canarias, al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma conforme se establece en el artículo 61 del Estatuto de Autonomía. Transcurridos 28 años de la entrada en vigor de la citada ley, y tras algunas modificaciones puntuales en la misma, la presente proposición de ley persigue: a) Adecuar el marco normativo a las diversas modificaciones legislativas que se han producido con posterioridad, tales como la entrada en vigor de Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se deroga, salvo determinadas excepciones, la Ley 7/1984, de 11 de diciembre. b) Igualmente, incidir en la Ley 4/1989, de 2 de mayo, por el nuevo escenario en el que se desarrolla la actividad económico-financiera del sector público derivado de la promulgación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como la entrada en vigor de la nueva Ley General Presupuestaria. c) Adecuar el plazo de examen y comprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, a fin de ajustarlo al de presentación del informe ante el Parlamento de Canarias. d) Aclarar los aspectos de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, referidos al sistema de elección de los miembros de la Audiencia de Cuentas, puesto que, si bien el artículo 21.1 de aquella norma indica que dicha institución está integrada por cinco auditores elegidos por el Parlamento de Canarias por mayoría de tres quintos de sus miembros, renovándose por periodos de tres y dos años las tres y dos quintas partes sucesivamente, el apartado 2 del mismo artículo 21 determina que el mandato de los miembros de la Audiencia de Cuentas tendrá una duración de cinco años a contar desde el momento de efectividad de su elección, observándose confusión entre los dos apartados. Por ello, tras la última renovación de los miembros del Pleno de la Audiencia de Cuentas, se propone renovar a todos sus miembros en un solo acto. e) Diferenciar a los miembros que se nombran por el Parlamento como consejeros auditores de la Audiencia de Cuentas, de los técnicos auditores al servicio de la misma en calidad de funcionarios, denominaciones que, fuera del ámbito interno de la institución, suelen dar lugar a confusiones que originan ciertos problemas en el orden funcional y de procedimiento, considerándose más ajustada la denominación de consejero/a auditor/a, dando a su vez mayor similitud con la de los miembros de otras instituciones parlamentarias. f) Finalmente, derogar las disposiciones transitorias de la ley, al haberse llevado a cabo las medidas que las mismas contemplan y que, por tanto, carecen ya de vigencia.

Más información

Ley del suelo de Canarias

La protección, ordenación y uso del suelo insular (territorio) requiere de normas y reglas que lo aseguren y que ordenen el conjunto de intereses legítimos, tanto públicos como privados, que confluyen sobre el mismo, de un modo racional y sostenible. Las normas territoriales y urbanísticas aprobadas hasta la fecha en Canarias, así como su desarrollo y aplicación por los instrumentos de planeamiento, se han revelado, en cierta medida, como una limitación que va mucho más allá de lo necesario para la consecución de los fines que las justifican; que, en ocasiones, se transforman en obstáculos, no siempre explicables; que dificultan, o, incluso, impiden, un desarrollo racional y sostenible del territorio. Para dar respuesta a esa realidad, la regulación del suelo contenida en el proyecto de ley se sustenta en tres criterios: simplificación, racionalización y actualización de las reglas aplicables para la protección, ordenación y utilización del territorio. La reforma legislativa que persigue el proyecto de ley es completa y se proyecta sobre la regulación de la propiedad urbana, la ordenación por planes, los modos de ejecución, las técnicas de intervención pública sobre los usos del suelo y la disciplina territorial y urbanística.

Más información

PPL De medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda en Canarias

Canarias presenta múltiples factores estructurales que exponen a su población a mayores restricciones que las del resto de CCAA para acceder a una vivienda, ya sea en régimen de propiedad o de alquiler. Por un lado, éste es un territorio donde conviven una débil demanda interna, caracterizada por una alta tasa de paro estructural, los salarios más bajos de todo el Estado y un altísimo nivel de temporalidad, con una demanda externa pujante. Por el lado de la oferta, Canarias presenta un territorio altamente protegido desde el punto de vista medioambiental y paisajístico, en el que la oferta de viviendas mantiene las debilidades derivadas de la crisis económica. El cúmulo de estos condicionantes, unido a la dinámica que presenta el sector inmobiliario en los últimos años, está produciendo un encarecimiento del precio de la vivienda tanto en el mercado de alquiler como en el de compraventa. Encarecimiento que afecta de manera más directa a las capas sociales con menos recursos hasta el punto de no solo dificultar sino imposibilitar su acceso a una vivienda. En definitiva, esta norma pretende reducir los precios de la vivienda en Canarias para facilitar el acceso a la misma al conjunto de la población. Y para ello ofrece una reducción de tipos general, mantiene la estructura general de las figuras impositivas y establece una regulación simplificada para propiciar su interiorización y mayor aplicación por sus potenciales beneficiarios, y todo ello sin renunciar a aportar soluciones novedosas que podrán ir perfeccionándose en la medida que resulte preciso. A tal efecto, se introducen diversas modificaciones en las dos normas que concentran nuestra actual legislación tributaria: el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, y la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.

Más información

Facebook Twitter Youtube Google Plus Flickr

Aviso jurídico · Parlamento de Canarias C/Teobaldo Power, 7
38002 S/C de Tenerife
Tel: 922 473 300 Fax: 922 473 400