Iniciativas legislativas abiertas a la participación

El Parlamento de Canarias abre sus procesos legislativos a la participación de los ciudadanos para enriquecer los debates con sus aportaciones y sugerencias. Este modelo participativo y colaborativo da oportunidad a la ciudadanía para que formule comentarios durante la tramitación de cada proyecto o proposición de ley, que serán trasladados a los diputados y grupos parlamentarios y podrán ser incorporados al texto final aprobado a través de las enmiendas presentadas por estos.

Quienes deseen aportar ideas y comentarios a la iniciativa legislativa deberán identificarse y rellenar un sencillo formulario electrónico. Los debates generados se moderarán para asegurar un intercambio constructivo y enriquecedor, en el que podrán participar los propios diputados. El periodo en que se admitirán aportaciones coincidirá con el de presentación de enmiendas al articulado de la iniciativa legislativa, y al final del debate se elaborará un documento que incorporará todas las aportaciones ciudadanas realizadas. Este documento será publicado en la web y trasladado a los grupos parlamentarios para su estudio.

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Proposición de Ley de Memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista

La presente iniciativa tiene como objeto regular, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, diversas medidas para recuperar la memoria histórica en relación con las víctimas canarias de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, con el objeto de lograr su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar. Esta proposición de ley tiene como finalidad, entre otras: a) Fomentar la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, en colaboración tanto con las administraciones públicas canarias como con las organizaciones y asociaciones de memoria histórica. b) Satisfacer el interés legítimo de los familiares de las personas fallecidas o desaparecidas durante el citado periodo y, en particular, en lo relativo a la identificación de las víctimas, la localización y exhumación de sus restos humanos, y la elaboración de un registro de víctimas. c) La divulgación de los hechos ocurridos en Canarias desde el pronunciamiento militar y sus antecedentes hasta el fin de la dictadura franquista. La iniciativa se dicta al amparo, entre otros, de los títulos competenciales autonómicos recogidos en el Estatuto de Autonomía de Canarias de cultura y patrimonio histórico y artístico (artículo 30.9) y de enseñanza (artículo 32.1), establece diversos mandatos para los poderes públicos de Canarias en distintos ámbitos y se estructura en cuatro títulos y dos disposiciones finales. En el título preliminar se establecen tanto el objeto como la finalidad de la ley, así como una definición de víctima canaria. El título I prevé las actuaciones de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de memoria histórica, disponiendo la creación de un Registro de víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista, un mapa de fosas del archipiélago, la aprobación de un Protocolo de exhumaciones y, finalmente, la creación de un Banco de ADN para la identificación de personas desaparecidas. Asimismo, dicho título contempla la aprobación de la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias y la creación de una Comisión Técnica de la Memoria Histórica. Por su parte, en el título II se establecen las medidas relativas a símbolos y actos contrarios a la memoria histórica, consignando un catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, acompañado de las actuaciones concretas para la retirada de dicha simbología, y se prevé la anulación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales vinculados con hechos o prácticas represivas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Por último, el título III se refiere a las medidas para el conocimiento y la divulgación de la memoria histórica, como una forma de compilar y recoger para el futuro el patrimonio documental relativo a la etapa de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Asimismo, se establece un Centro Virtual Documental de la Memoria Histórica que habrá de proponer medidas para recuperar y facilitar el acceso a la información contenida en los documentos de la memoria histórica de Canarias. Igualmente, prevé el establecimiento de lugares y monumentos para el conocimiento de la memoria histórica de Canarias, a fin de señalizar y dar perdurabilidad a estos bienes.

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Proyecto de ley del Deporte de Canarias

El presente proyecto de ley supone una actualización de la vigente Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, revisando determinados aspectos de la misma. Así, el texto plantea las siguientes novedades principales: 1) se clarifica la distribución de competencias entre las administraciones públicas de Canarias en materia de deporte; 2) incorpora la definición del deporte, así como un elenco de definiciones en el ámbito deportivo; 3) en materia de seguridad en competiciones deportivas, se incorporan las medidas necesarias para la cobertura de los riesgos que conlleva la práctica deportiva; 4) se incluyen los derechos y deberes de las personas deportistas, personal técnico, árbitros y jueces deportivos, y también se abordan los denominados derechos de “retención” y “formación”, cuya finalidad no es otra que la de proteger la promoción y proyección de las personas deportistas menores de 16 años; 5) se retoca el catálogo de los deportes y juegos autóctonos y tradicionales de Canarias; 6) se abordan la asistencia sanitaria de las personas deportistas y el correspondiente seguro obligatorio de accidentes para todas aquellas personas que participen de una actividad física; 7) se incluye del patrocinio deportivo como forma de colaboración del sector público y privado en la financiación del deporte, aunque tendrá como límite la prohibición de publicidad de bebidas alcohólicas y del tabaco en las instalaciones y actividades deportivas con el fin de promover hábitos saludables, de conformidad con la legislación sobre publicidad y protección de los usuarios y usuarias; 8) se avanza en lo concerniente a las infraestructuras deportivas, estableciendo las bases de un futuro plan director y otras previsiones urbanísticas en materia de deporte; 9) respecto a las instalaciones deportivas, se incorporan a la ley los diferentes tipos y usos de estas, y se especifica que en los proyectos de construcción, ampliación o mejora de instalaciones deportivas públicas, estarán integrados necesariamente programas de utilización y gestión, que garantice su polivalencia, accesibilidad, seguridad, la rentabilidad social y deportiva de las mismas y la incorporación de la perspectiva de género; finalmente 10) en materia de entidades deportivas, además de los clubes y federaciones deportivas canarias, se mantiene y redefine el grupo de recreación deportiva, pensado para la actividad deportiva al margen de las federaciones, y se retoma una vieja figura, la agrupación deportiva, también ideada para dar cauce a estas entidades cuando deseen agruparse y organizar actividades y competiciones fuera del deporte federado.

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PPL de modificación de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias

La Ley 4/1989, de 2 de mayo, crea la Audiencia de Cuentas de Canarias como órgano dependiente del Parlamento de Canarias, al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma conforme se establece en el artículo 61 del Estatuto de Autonomía. Transcurridos 28 años de la entrada en vigor de la citada ley, y tras algunas modificaciones puntuales en la misma, la presente proposición de ley persigue: a) Adecuar el marco normativo a las diversas modificaciones legislativas que se han producido con posterioridad, tales como la entrada en vigor de Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se deroga, salvo determinadas excepciones, la Ley 7/1984, de 11 de diciembre. b) Igualmente, incidir en la Ley 4/1989, de 2 de mayo, por el nuevo escenario en el que se desarrolla la actividad económico-financiera del sector público derivado de la promulgación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como la entrada en vigor de la nueva Ley General Presupuestaria. c) Adecuar el plazo de examen y comprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, a fin de ajustarlo al de presentación del informe ante el Parlamento de Canarias. d) Aclarar los aspectos de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, referidos al sistema de elección de los miembros de la Audiencia de Cuentas, puesto que, si bien el artículo 21.1 de aquella norma indica que dicha institución está integrada por cinco auditores elegidos por el Parlamento de Canarias por mayoría de tres quintos de sus miembros, renovándose por periodos de tres y dos años las tres y dos quintas partes sucesivamente, el apartado 2 del mismo artículo 21 determina que el mandato de los miembros de la Audiencia de Cuentas tendrá una duración de cinco años a contar desde el momento de efectividad de su elección, observándose confusión entre los dos apartados. Por ello, tras la última renovación de los miembros del Pleno de la Audiencia de Cuentas, se propone renovar a todos sus miembros en un solo acto. e) Diferenciar a los miembros que se nombran por el Parlamento como consejeros auditores de la Audiencia de Cuentas, de los técnicos auditores al servicio de la misma en calidad de funcionarios, denominaciones que, fuera del ámbito interno de la institución, suelen dar lugar a confusiones que originan ciertos problemas en el orden funcional y de procedimiento, considerándose más ajustada la denominación de consejero/a auditor/a, dando a su vez mayor similitud con la de los miembros de otras instituciones parlamentarias. f) Finalmente, derogar las disposiciones transitorias de la ley, al haberse llevado a cabo las medidas que las mismas contemplan y que, por tanto, carecen ya de vigencia.

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Ley del suelo de Canarias

La protección, ordenación y uso del suelo insular (territorio) requiere de normas y reglas que lo aseguren y que ordenen el conjunto de intereses legítimos, tanto públicos como privados, que confluyen sobre el mismo, de un modo racional y sostenible. Las normas territoriales y urbanísticas aprobadas hasta la fecha en Canarias, así como su desarrollo y aplicación por los instrumentos de planeamiento, se han revelado, en cierta medida, como una limitación que va mucho más allá de lo necesario para la consecución de los fines que las justifican; que, en ocasiones, se transforman en obstáculos, no siempre explicables; que dificultan, o, incluso, impiden, un desarrollo racional y sostenible del territorio. Para dar respuesta a esa realidad, la regulación del suelo contenida en el proyecto de ley se sustenta en tres criterios: simplificación, racionalización y actualización de las reglas aplicables para la protección, ordenación y utilización del territorio. La reforma legislativa que persigue el proyecto de ley es completa y se proyecta sobre la regulación de la propiedad urbana, la ordenación por planes, los modos de ejecución, las técnicas de intervención pública sobre los usos del suelo y la disciplina territorial y urbanística.

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PPL De medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda en Canarias

Canarias presenta múltiples factores estructurales que exponen a su población a mayores restricciones que las del resto de CCAA para acceder a una vivienda, ya sea en régimen de propiedad o de alquiler. Por un lado, éste es un territorio donde conviven una débil demanda interna, caracterizada por una alta tasa de paro estructural, los salarios más bajos de todo el Estado y un altísimo nivel de temporalidad, con una demanda externa pujante. Por el lado de la oferta, Canarias presenta un territorio altamente protegido desde el punto de vista medioambiental y paisajístico, en el que la oferta de viviendas mantiene las debilidades derivadas de la crisis económica. El cúmulo de estos condicionantes, unido a la dinámica que presenta el sector inmobiliario en los últimos años, está produciendo un encarecimiento del precio de la vivienda tanto en el mercado de alquiler como en el de compraventa. Encarecimiento que afecta de manera más directa a las capas sociales con menos recursos hasta el punto de no solo dificultar sino imposibilitar su acceso a una vivienda. En definitiva, esta norma pretende reducir los precios de la vivienda en Canarias para facilitar el acceso a la misma al conjunto de la población. Y para ello ofrece una reducción de tipos general, mantiene la estructura general de las figuras impositivas y establece una regulación simplificada para propiciar su interiorización y mayor aplicación por sus potenciales beneficiarios, y todo ello sin renunciar a aportar soluciones novedosas que podrán ir perfeccionándose en la medida que resulte preciso. A tal efecto, se introducen diversas modificaciones en las dos normas que concentran nuestra actual legislación tributaria: el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, y la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.

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Proyecto de ley de Régimen Jurídico de la Inspección Técnica de Vehículos en Canarias

El Decreto 93/2007, de 8 de mayo, además de instaurar el sistema de autorización administrativa para el servicio de ITV y de aprobar el correspondiente Reglamento, clarificó la situación en que quedaban las empresas concesionarias como consecuencia del nuevo régimen jurídico de prestación del servicio. El Decreto, además, pretendía facilitar la continuidad del servicio tras la finalización de las concesiones, para lo cual previó la adopción de una serie de medidas en relación con las estaciones de ITV objeto de reversión. Estas medidas debían adoptarse con un año de antelación, buscando precisamente evitar interrupciones en la prestación del servicio. La puesta en práctica del régimen de autorización administrativa, como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto 93/2007, de 8 de mayo, ha supuesto una gran dinamización del sector de la inspección técnica de vehículos en Canarias. Esta liberalización parcial ha permitido duplicar el número de estaciones de ITV, lo que ha originado un considerable aumento del empleo en el sector y ha mejorado de forma significativa la calidad del servicio, acercándolo a los usuarios y reduciendo los tiempos de espera. No obstante, dada la importancia del sector de cara a la mejora de la seguridad vial, es conveniente dotar de mayor rango normativo al régimen jurídico del servicio de inspección técnica de vehículos, de forma que se asiente en una disposición con rango de ley que pueda ser desarrollada reglamentariamente sin que sea posible cuestionar la legalidad del procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones administrativas. La presente iniciativa legislativa se dicta bajo los parámetros fijados por la Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques, y por la que se deroga la Directiva 2009/40/CE. Igualmente, en su redacción de este proyecto de ley se ha tenido en cuenta, además, el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, puesto que esta norma incorpora al ordenamiento jurídico español la citada Directiva 2014/45/UE. Por tanto, la presente iniciativa legislativa pretende confirmar y avalar el régimen de autorización administrativa para la prestación del servicio de ITV ya establecido en Canarias mediante el Decreto 93/2007, de 8 de mayo, a través de una norma de rango superior, y respetando el principio de libertad de establecimiento consagrado en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La iniciativa legislativa consta de trece artículos, agrupados en tres capítulos, e incluye una disposición adicional, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. El primer capítulo establece disposiciones de carácter general relativas a la ley, definiendo en primer lugar su objeto, título habilitante y formas de prestación de la actividad de inspección técnica de vehículos, para, a continuación, dictar determinadas prescripciones generales de regulación de la actividad de prestación de este servicio por parte de las empresas y de la intervención administrativa en el sector. El segundo capítulo establece determinados criterios relativos a la finalización de las distintas concesiones administrativas, de forma que se cumpla con las prescripciones de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias y que, en cualquier caso, se favorezca la continuidad del servicio en las instalaciones afectadas por el vencimiento de sus respectivos contratos concesionales. Por último, el tercer capítulo establece el régimen sancionador aplicable al sector de la inspección técnica de vehículos.

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Proyecto de ley reguladora del estatuto de las personas que ocupan cargos públicos y buen gobierno

Con la finalidad de garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente de la Administración, la presente iniciativa legislativa persigue incorporar al ordenamiento autonómico los principios, valores y reglas de actuación que deben servir de guía para las decisiones y conducta de los miembros del Gobierno de Canarias y cargos públicos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con los objetivos tanto de incrementar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en la actuación transparente y responsable de quienes desempeñan cargos relevantes en las mismas como de dar cumplimiento y desarrollar los mandatos contenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Canarias. De acuerdo con lo anterior, con este proyecto de ley se recogen los requisitos exigibles a las personas para su nombramiento como cargos públicos, en los que se requiere no solo su honorabilidad, sino también la formación y experiencia profesional, disponiendo, además, que los órganos competentes para efectuar los nombramientos tienen la obligación de hacer público el curriculum vitae, con los méritos profesionales y técnicos, en el Portal de Transparencia. En segundo lugar, se recoge y desarrolla la ordenación del ejercicio de los cargos públicos, estableciendo los derechos, deberes y obligaciones de quienes los ejercen, reforzando las normas para detectar y evitar los conflictos de intereses, mejorando el régimen de incompatibilidades y las limitaciones que implican el desempeño de un cargo público, así como incrementando el régimen de transparencia de las actividades, intereses, bienes y derecho patrimoniales. Por otra parte, en concordancia con la legislación estatal básica en materia de buen gobierno, se acogen en esta ley las normas de conducta y actuación a que deben ajustarse los cargos públicos, en la medida en que la ciudadanía viene demandando y exigiendo que quienes ejerzan responsabilidades públicas no solo estén sujetos a la observancia y cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, sino que sus decisiones y conducta se ajusten a una serie de pautas, reglas y principios que tienen más una dimensión ética, pero que conforman el comportamiento exigible y que espera la sociedad de quienes desempeñan cargos públicos. Finalmente, en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que se prevén en la ley, se refuerza y perfecciona el régimen para exigir responsabilidades a quienes sean nombrados cargos públicos. El proyecto de ley se compone de ochenta y ocho artículos, siete disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y nueve disposiciones finales, y se estructura en cuatro títulos. El título I, con la rúbrica de Disposiciones generales, recoge las disposiciones referidas al objeto y ámbito de aplicación de la ley. El título II está destinado a fijar el régimen jurídico de los cargos públicos sujetos a la ley, recogiendo las normas aplicables a los mismos, abarcando desde los requisitos exigidos para su nombramiento hasta las limitaciones que les afectan durante un período de dos años desde que sean cesados en el cargo público que desempeñaban. El título III se ocupa de los principios de buen gobierno, de actuación y conducta de quienes desempeñan cargos públicos del Gobierno de Canarias y de las entidades que integran el sector público autonómico. Finalmente, el título IV desarrolla el régimen de infracciones y sanciones, como mecanismo para garantizar la eficacia de la regulación contenida en la ley, y sin cuya existencia difícilmente podría salvaguardarse.

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Proyecto de ley de Servicios Sociales de Canarias

La presente iniciativa tiene por objeto: a) regular y ordenar el sistema público de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias con la finalidad de promover y garantizar su acceso universal y contribuir al bienestar y a la cohesión social del conjunto de la población del archipiélago canario; b) configurar un sistema público de servicios sociales que dé respuesta a las necesidades de las personas, las familias y demás unidades de convivencia, potenciando su autonomía y su calidad de vida; c) ordenar y regular el papel de la iniciativa privada en materia de servicios sociales, estableciendo el marco normativo general de su actividad así como las condiciones para su participación subsidiaria y complementaria en el sistema público de servicios sociales de Canarias; y d) garantizar el desarrollo de los instrumentos y medidas necesarias para que los servicios sociales se presten en las mejores condiciones de calidad y con la mayor eficiencia en el uso de los recursos. Consta de noventa artículos, agrupados en un título preliminar y ocho títulos, además de doce disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cinco finales. El título preliminar recoge las disposiciones generales que orientan todo el texto normativo, como son el objeto y ámbito de aplicación de la ley, la definición del sistema público de servicios sociales de Canarias, los objetivos de las políticas de dicho sistema público, las personas destinatarias de los servicios sociales, las entidades, centros y servicios públicos y los recursos y servicios de iniciativa social y, por último, los derechos sociales reconocidos en otras leyes sectoriales. El título I establece quiénes tendrán la consideración de titulares de los derechos reconocidos del sistema público de los servicios sociales. El título II regula la organización del sistema público de servicios sociales a nivel de prestaciones y servicios que presta. El título III se dedica a la distribución de competencias en materia de servicios sociales; a la estructura orgánica interadministrativa y de participación social; y al espacio sociosanitario. El título IV se refiere a la estructura funcional y a los sistemas de gestión y de información del sistema público de servicios sociales de Canarias. El título V se dedica a la calidad del sistema público de servicios sociales. El título VI se refiere a la financiación del sistema público de servicios sociales. El título VII está dedicado a regular la iniciativa social. Finalmente, el título VIII regula el régimen sancionador.

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Proposición de ley de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Parlamento de Canarias acometió, con la aprobación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, la tarea de la necesaria actualización de la radiotelevisión pública canaria a los cambios legales, políticos, sociales, económicos y tecnológicos que se han sucedido desde la promulgación, hace casi tres décadas, de la Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de Radiodifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias, su antecesora y, hasta ahora, única norma reguladora del sector en el archipiélago. Aquel texto pretendía ir más allá del mero cambio en el procedimiento de designación de los órganos directivos del ente público RTVC, generando un marco normativo adecuado para que esta institución potenciara sus objetivos primigenios. Sin embargo, la realidad ha demostrado que tal aspiración se ha visto claramente limitada, cuando no imposibilitada, por la complejidad de aplicación de las fórmulas escogidas para el gobierno de la institución. Por ello, a través de esta proposición de ley se pretende introducir una serie de modificaciones en su articulado que, en línea con los modelos de gestión del gobierno de las televisiones autonómicas de mayor eficiencia en la relación entre gasto público y audiencia, profundice en el control parlamentario y social de los medios audiovisuales públicos de la comunidad autónoma, al tiempo que posibilite una gestión profesional, ágil, eficaz, rentable y transparente. En este sentido, la modificación principal en relación con la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, se concreta en el capítulo II, Organización del ente público RTVC, en el que se reformulan, a lo largo de sus tres secciones, los distintos órganos que regirán su devenir: la Junta de Control, órgano de administración y representación de la institución; la Dirección General, responsable ejecutiva de la gestión y dirección administrativas; y el Consejo Asesor como órgano de participación de la sociedad civil en la RTVC.

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Proposición de ley de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias

El Parlamento de Canarias acometió, con la aprobación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, la necesaria actualización de la Radiotelevisión pública canaria a los cambios legales, políticos, sociales, económicos y tecnológicos que se han sucedido desde la promulgación, hace más de tres décadas, de la Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de Radiodifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias, su antecesora y, hasta ahora, la norma reguladora del sector en el archipiélago. Tal y como se indicaba en la exposición de motivos de la nueva ley, la misma pretendía ir más allá del mero cambio en el procedimiento de designación de los órganos directivos del ente público RTVC, generando un marco normativo adecuado para que esta institución potenciara sus objetivos primigenios. Sin embargo, la realidad ha demostrado que tal aspiración se ha visto claramente limitada, cuando no imposibilitada, por la complejidad de la aplicación de las fórmulas escogidas para el gobierno de la institución. Asimismo, esta iniciativa obedece a la necesidad de modificar el modo de gestión de los servicios informativos del ente público RTVC, al entenderse un elemento esencial del servicio público audiovisual. Con la misma se pretende cambiar la forma de gestión externalizada a una forma de gestión internalizada de la actividad informativa de la corporación, para lo cual se desarrollarán los estudios necesarios orientados a dar respuesta a su viabilidad económica. Por todo ello, se introducen una serie de modificaciones en su articulado que, en línea con los modelos de gestión del gobierno de las televisiones autonómicas de mayor eficiencia en la relación entre gasto público y audiencia, profundice en el control parlamentario y social de los medios audiovisuales públicos de la comunidad autónoma, al tiempo que posibilite una gestión profesional, ágil, eficaz, rentable y transparente. Así, se modifica el artículo 4 por la carta del servicio público al ente público RTVC, para concretar los campos preferentes de actuación de la RTVC y sus sociedades que, en la ley vigente, adolecían de especificación. En el artículo 7 se modifica el apartado 5, en relación con el ente público RTVC y sus sociedades prestadoras de servicio público. Y en el capítulo II, Organización del ente público RTVC, se reformulan, a lo largo de sus tres secciones, los distintos órganos que regirán el devenir del mismo: el Consejo de Administración, órgano de administración de la institución; la Dirección General, órgano responsable ejecutivo de la gestión y dirección administrativa, y el Consejo Asesor, órgano de participación de la sociedad en la RTVC.

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Proyecto de ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias.

Las cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación son corporaciones de derecho público que realizan funciones de carácter consultivo y de colaboración con las administraciones públicas en todo aquello que tenga relación con la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios. La presente iniciativa tiene por objeto establecer la regulación del régimen jurídico de dicha cámaras oficiales, así como del Consejo General de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias, en el marco de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. La ley consta de 37 artículos que se estructuran en ocho capítulos, tres disposiciones transitorias, una derogatoria, cinco finales y un anexo. El capítulo I regula el objeto de la ley, la naturaleza y régimen jurídico, la finalidad y las funciones de las cámaras oficiales. El capítulo II recoge el ámbito de actuación territorial, estableciendo la posibilidad de la existencia de una cámara por cada una de las siete islas que componen la Comunidad Autónoma de Canarias. El capítulo III encuadra los órganos de gobierno de las mismas abordando la regulación del Pleno, el Comité Ejecutivo, la Presidencia, la Secretaría General, los cargos de alta dirección y el personal. El capítulo IV aborda la regulación del régimen electoral. El capítulo V, con la denominación “Régimen económico-presupuestario”, comprende ámbitos de tanta importancia como la financiación de las cámaras y del Consejo General de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias. El capítulo VI está dedicado a las relaciones institucionales e intercamerales. El capítulo VII se dedica a regular el Consejo General de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias. Finalmente, el capítulo VIII regula la tutela que ejerce la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las cámaras oficiales y el Consejo General de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias.

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Proyecto de ley de Bibliotecas de Canarias

La aprobación de una Ley de Bibliotecas de Canarias pretende dar solución a la carencia de un marco jurídico y dotar de una regulación suficiente y necesaria para el desarrollo de las políticas bibliotecarias, de fomento de la lectura y de protección del patrimonio bibliográfico de Canarias. En este sentido, su aprobación ha de permitir poner al día las posibilidades que la sociedad del conocimiento y de la información proporciona, dando acceso libre a los recursos documentales de las bibliotecas y centros de documentación que conforman el Sistema Bibliotecario de Canarias y paliando los problemas que la brecha digital plantea en este inicio del siglo XXI. La ley concibe la promoción de la lectura como una tarea común de toda la sociedad, fruto de la colaboración entre los responsables de políticas culturales, sociales, educativas y de comunicación, más allá de la tarea de la formación de la habilidad de leer, que se inicia en la familia y en la escuela. Igualmente, la ley establece la necesidad de elaboración del mapa de bibliotecas públicas de Canarias, como instrumento de planificación territorial que definirá el tipo de centros bibliotecarios, sus servicios y fijará los parámetros que deben cumplirse en lo que concierne a superficie, equipamiento, personal, fondo bibliográfico y mantenimiento de cada biblioteca, conforme a las directrices y pautas profesionalmente reconocidas. La ley se estructura en nueve títulos, completándose con cinco disposiciones adicionales, una derogatoria y dos finales. El título I, se dedica a las disposiciones generales, expone el objeto y ámbito de aplicación de la ley, e incluye la definición de biblioteca y su clasificación, así como los principios, valores y servicios que deben aplicarse y prestarse en las bibliotecas de Canarias. El título II viene a regular el Sistema Bibliotecario de Canarias. La red de bibliotecas públicas de Canarias, como el conjunto organizado y coordinado de las bibliotecas de uso público existentes en Canarias, con el fin de facilitar el acceso a sus fondos y ofrecer unos servicios bibliotecarios de calidad, es objeto de regulación en el título III. En el título IV se regula la estructura organizativa del Sistema Bibliotecario de Canarias, mientras que en el V de los planes de promoción de la lectura; en el VI, el reparto competencial de las administraciones públicas canarias; en el VII, la regulación de los medios personales y financieros; en el VIII, el patrimonio bibliográfico canario; y en el IX, se define el régimen sancionador.

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Proyecto de ley por la que se deroga el apartado c) del artículo 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias

La Sentencia 209/2015, de 8 de octubre de 2015, dictada por el Tribunal Constitucional en relación con los apartados a) y c) del artículo 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, falló declarar que el apartado a) y el último inciso del apartado c), en la parte que se refiere a los apartamentos de cinco estrellas o superior, del artículo 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, en su redacción inicial, son contrarios al orden constitucional de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucionales y nulos.Durante la pendencia del proceso, los apartados a) y c) del artículo 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, fueron modificados por la Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación del citado texto legal, y de otras leyes relativas a la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, y asimismo de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias La nueva redacción del apartado a) del artículo 4.2, en cuanto que, a efectos del otorgamiento de la preceptiva autorización, ya no diferencia entre establecimientos en función de su calificación turística ni la limita a la de una determinada categoría, limitando el otorgamiento de la preceptiva autorización a criterios de naturaleza medioambiental y de ordenación territorial, y no a criterios económicos, no vulnera la normativa básica estatal. Por el contrario, la nueva redacción del apartado c) del artículo 4.2, sigue proporcionando un tratamiento diferenciado a los establecimientos de cinco estrellas o categorías superiores, los cuales, además, no están sometidos a los requisitos previstos en el nuevo artículo 4.2 a), por lo que la redacción del nuevo apartado c) del artículo 4.2 no se adecua a la normativa básica estatal, como así lo ha puesto de manifiesto la sentencia del TC de 8 de octubre de 2015.

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Proyecto de ley de Calidad Agroalimentaria

La presente iniciativa tiene por objeto establecer el marco normativo que permita garantizar la calidad estándar y diferenciada de los productos agroalimentarios, producidos, elaborados o comercializados en la Comunidad Autónoma de Canarias, con sujeción a la normativa comunitaria y estatal de aplicación. Consta de una exposición de motivos, donde se resume de forma breve los objetivos del texto, y una parte dispositiva, dividida en un título preliminar, cinco títulos, y las correspondientes disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. El título preliminar incluye las disposiciones de carácter directivo, destinadas a establecer el objeto, fines y ámbito de aplicación de la ley, al tiempo que se establece la definición de algunos de los términos empleados en el texto. El título I regula la calidad agroalimentaria estándar, establece la obligación de que los operadores dispongan de un sistema interno de control de la calidad y define el control oficial. Asimismo, regula determinadas menciones facultativas en el etiquetado de los productos. El título II se ocupa de la calidad agroalimentaria diferenciada, definida como el conjunto de las propiedades o características de un producto, vinculadas a un origen geográfico, tradición o método de producción, consecuencia del cumplimiento de requisitos establecidos en disposiciones de cumplimiento voluntario. A tales efectos, aborda la titularidad de los nombres protegidos por una figura de calidad, así como el alcance y contenido de la protección otorgada por los regímenes de calidad reconocidos y se fijan los criterios que deben cumplirse para el establecimiento de nuevos regímenes de calidad de ámbito autonómico. El título III regula la inspección en el ámbito del control oficial de los productos agroalimentarios, tanto en materia de calidad estándar para todos los operadores agroalimentarios, como en materia de calidad diferenciada para aquellos operadores voluntariamente integrados en algún régimen de calidad. El título IV, por su parte, regula el régimen sancionador, estableciendo un catálogo de infracciones y sanciones en la materia para todos los operadores agroalimentarios, así como para los órganos de gestión y entidades de control y certificación. Finalmente, el título V crea el Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria como órgano de coordinación entre los distintos departamentos del Gobierno con competencias en materia de inspección y control alimentario.

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Proyecto de ley de Patrimonio Cultural de Canarias

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto establecer el régimen jurídico del patrimonio cultural de Canarias con el fin de garantizar su protección, recuperación, conservación, acrecentamiento, difusión y fomento, así como su investigación, valorización y transmisión a generaciones futuras, de forma que sirva a la ciudadanía como una herramienta de cohesión social, desarrollo sostenible y fundamento de la identidad cultural. La situación de partida está constituida, por la existencia de una ley anterior, la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, a la que esta iniciativa viene a sustituir, por haber quedado obsoleta después del tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, debido a la evolución que ha sufrido la materia regulada, tanto desde el punto de vista del concepto de patrimonio histórico o cultural, como desde el punto de vista de los instrumentos de protección del mismo, y sus conexiones con las demás disciplinas que, no regulando el ámbito patrimonial, tienen, sin embargo, incidencia en el mismo. El proyecto de ley se estructura en 148 artículos, diez títulos, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El título I, se dedica a las disposiciones generales, y expone, entre otras cuestiones, el objeto y el ámbito de aplicación de la ley, en el que se incluyen definiciones de patrimonio cultural inmueble, mueble, e inmaterial, e incluye el principio de unidad del patrimonio cultural de Canarias, con un carácter más amplio del previsto en la ley anterior. El título II viene a regular el modelo de protección del patrimonio cultural, describiendo los niveles de protección a los que se puede someter, y se refiere también a la definición del Sistema de Información del Patrimonio Cultural de Canarias. El título III clarifica y sistematiza las competencias que las administraciones públicas canarias ostentan en la materia. El título IV regula las categorías de bienes del patrimonio cultural de Canarias, y los instrumentos de protección. Dedica el proyecto de ley su título V al régimen común de protección y conservación del patrimonio cultural de Canarias, que contiene unas normas generales aplicables a todas las categorías de bienes. El título VI contempla el régimen de protección del patrimonio, no ya el común, al que se dedicaba el título anterior, sino el específico, aplicable a cada bien en función del nivel de protección que le corresponda. El título VIII se titula “Museos” y en él se aborda el concepto de museo como institución abierta al público, accesible, inclusiva, intercultural y sostenible, al servicio de la sociedad y de su desarrollo. El título IX, por su parte, contiene preceptos relativos a las medidas de fomento; y el título X unifica la regulación de la inspección del patrimonio cultural y del régimen sancionador, dedicando a cada una de estas materias un capítulo.

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Proposición de ley para la aplicación del régimen especial de organización de los Cabildos Insulares Canarios previsto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cabildo Insular de Fuerteventura.

La disposición adicional decimocuarta de la de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que las normas contenidas en los capítulos II y III del título X de aquella ley serán de aplicación a los cabildos insulares de islas cuya población sea superior a 75.000 habitantes, siempre que así lo decida mediante ley el Parlamento canario a iniciativa de los plenos de los respectivos cabildos. Por su parte, el Real Decreto 1039/2017, de 15 de diciembre, declara las cifras oficiales de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1 de enero de 2017, con efectos desde el 31 de diciembre de 2017, estableciendo con respecto a la isla de Fuerteventura una cifra oficial de 110.299 habitantes, lo que implica la posibilidad de la aplicación de lo previsto en la mencionada disposición adicional decimocuarta de la de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. En virtud de ello, la iniciativa legislativa propone la declaración por el Parlamento de Canarias de la aplicación al Cabildo Insular de Fuerteventura del régimen especial de organización a que se refiere la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y, en consecuencia, las normas contenidas en los capítulos II y III del título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, salvo las excepciones previstas en aquella.

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Proposición de ley de modificación de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de modificación de las leyes reguladoras de los órganos de relevancia estatutaria para garantizar la representación equilibrada entre mujeres y hombres en su composición

La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, incorpora, entre los principios generales de actuación de los poderes públicos de Canarias, el fomento de la participación o composición equilibrada entre mujeres y hombres en los distintos órganos de representación y de toma de decisiones. Sin embargo, el artículo 2 de la referida ley, cuando enumera las administraciones y entidades a las que es de aplicación, no hace mención expresa al poder legislativo ni a los órganos de relevancia estatutaria. Tampoco existe previsión al respecto en las leyes reguladoras de esos órganos de relevancia estatutaria: Diputado del Común, Consejo Consultivo de Canarias y Audiencia de Cuentas. Asimismo, hay que tener en cuenta esta previsión en la institución del comisionado o comisionada de la Transparencia, regulado por la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y para el Consejo Económico y Social, regulado por la Ley 1/1992, de 27 de abril, del Consejo Económico y Social. Por ello, se hace necesaria la modificación de las leyes reguladoras de estos órganos para propiciar y garantizar la representación equilibrada entre mujeres y hombres en la composición de los mismos, al tiempo que se remueven los obstáculos para promover el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad.

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Proposición de ley de modificación de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres

La Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres marcó un antes y un después en la incorporación de políticas tendentes a la consecución del principio de igualdad real entre hombres y mujeres en el ámbito de las administraciones públicas canarias. Unas políticas que, hasta entonces, dependían de la mayor o menor voluntad política de los responsables y las responsables de estas instituciones. No obstante, transcurridos más de ocho años desde su promulgación, se hace necesaria la actualización de la norma con el objeto de ampliar su ámbito de aplicación, reforzar los objetivos de la misma, así como aclarar determinados conceptos. En este orden de asuntos, la primera modificación que se contempla es la extensión del ámbito de aplicación material de la norma, artículo 2, de manera expresa, al Parlamento de Canarias, a los órganos de relevancia estatutaria, así como al resto de órganos cuyo nombramiento o designación tiene encomendada la Cámara regional. En segundo lugar, se aborda una definición expresa de qué ha de entenderse por representación equilibrada de hombres y mujeres, tanto en su aplicación genérica al conjunto de instituciones públicas canarias (mediante una nueva disposición adicional) como en su incidencia directa sobre los nombramientos y designaciones que corresponden al Gobierno de Canarias.la ley viene a definir la representación equilibrada como “la reserva de un número mínimo de nombramientos para mujeres, que en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento de la composición del órgano correspondiente o al conjunto de órganos designados”. Con ello se pretende garantizar la presencia de la mujer en el conjunto de órganos unipersonales cuya designación corresponda a los gobiernos de las instituciones en su distinto ámbito territorial. Pero también su presencia en los órganos colegiados que exijan tal designación. Por último, resulta necesario reforzar el compromiso de las administraciones públicas canarias en su lucha contra la prostitución y la trata de seres humanos. Lo que se pretende es acabar con la normalización de la prostitución que se produce a través de determinados soportes que, junto con la información propia de estos medios, publican anuncios publicitarios relacionados con la prostitución.

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Proposición de ley de modificación de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales

El artículo 70 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, aumentó para los años 2016 y 2017 los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del impuesto sobre el valor añadido, a través de la adición de la disposición transitoria decimotercera a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Este incremento de los límites benefició a los empresarios o profesionales establecidos en la Península y Baleares porque les permitió estar incluidos en el régimen simplificado y, en su caso, en el régimen especial de la agricultura,ganadería y pesca del impuesto sobre el valor añadido y aplicar, conjuntamente, el método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas. La necesidad de mantener la adecuada coordinación y el hecho de evitar que los empresarios o profesionales establecidos en Canarias se hubieran encontrado en una situación más desfavorable que los establecidos en la Península e islas Baleares produjo que el apartado trece de la disposición final primera de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016, añadiera una disposición adicional duodécima de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, con el mismo contenido que la citada anteriormente disposición transitoria decimotercera a la Ley 37/1992. El artículo 3 del Real Decreto-Ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social, ha prorrogado para el año 2018 el aumento de los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del impuesto sobre el valor añadido vigentes durante los años 2016 y 2017.Por las mismas razones expuestas con anterioridad, se debe trasladar a la regulación del impuesto general indirecto canario la prórroga que se menciona en el párrafo anterior

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Proposición de ley de modificación de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias

A lo largo de los últimos años, desde el sector pesquero se ha demandado la regulación de actividades complementarias vinculadas total o parcialmente con la pesca marítima y la acuicultura, que permitan complementar las rentas de las personas que integran dicho sector con el fin de lograr su diversificación económica. La reciente Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, ha regulado las referidas actividades complementarias del sector pesquero. Esta ley expone en su parte programática la importancia del turismo marinero para la diversificación del sector pesquero y la revitalización de las zonas costeras y rurales donde se desarrolle tal actividad, así como su utilidad en materia de difusión, valoración y promoción de los distintos oficios y modos de vida, así como el patrimonio y la cultura pesquera. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, no contempla las referidas actividades complementarias. Por ello, al objeto de proceder a regular reglamentariamente las condiciones del desarrollo de tales actividades, resulta preciso modificar la vigente Ley de Pesca de Canarias. A estos fines, mediante la modificación del artículo 1 de la Ley de Pesca de Canarias, se amplía el objeto de esta al de la regulación, como actividades complementarias del sector pesquero, de las actividades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero. Además, debido al carácter novedoso de estas actividades y la consecuente carencia de tipos infractores específicos, resulta precisa la modificación del título VI de la Ley de Pesca.

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Proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Canarias.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, vino a definir, en su artículo 2.2.b) la profesión de dietista-nutricionista como profesión sanitaria titulada y regulada de nivel Diplomado que tiene entre sus funciones, conforme a lo señalado en su artículo 7.2.g), aquellas actividades orientadas a la alimentación de la persona o de grupos de personas, adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas de las mismas, y de acuerdo con los principios de prevención y salud pública. Un grupo de dietistas-nutricionistas de Canarias, organizados a través de la Asociación de Dietistas Diplomados de Canarias (Addecan), han formalizado la petición de creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas que los agrupe en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, dotando a éstos de una organización capaz de velar por los intereses públicos asociados a los aspectos propios de la alimentación, nutrición, dietética y salud. Ante estas circunstancias, al amparo de lo establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley territorial 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales, y en su Reglamento, aprobado por Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, se considera oportuna la creación de un colegio profesional en el que se integren quienes, con la titulación suficiente, quieran desarrollar como profesionales colegiados la actividad de dietista nutricionista y regule su ordenación, representación y defensa, desde la perspectiva del interés público, que deberá asumir el cumplimiento de las leyes de transparencia en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo. El proyecto de ley prevé que la colegiación será voluntaria, sin que la integración en el colegio profesional sea requisito obligatorio para el ejercicio de la profesión de dietista-nutricionista, y sin perjuicio de lo que en esta materia establezca la legislación básica del Estado

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Proyecto de ley de de creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, vino a definir, en su artículo 2.2.b) a la terapia ocupacional como una profesión sanitaria titulada de nivel de diplomado que tiene entre sus funciones, conforme a lo señalado en su artículo 7.2.c), la aplicación de técnicas y la realización de actividades de carácter ocupacional que tiendan a potenciar y suplir las funciones físicas o psíquicas disminuidas o perdidas, y a orientar y estimular el desarrollo de tales funciones. Un grupo de terapeutas ocupacionales de nuestra comunidad autónoma, organizados a través de la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias (Aptoca), han formalizado la petición de creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales que los agrupe en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, dotando a éstos de una organización capaz de velar por los intereses públicos asociados. La creación del colegio profesional permitirá dotar a este colectivo de la organización necesaria para defender los intereses de los profesionales que, con la titulación suficiente, ejerzan la profesión de terapeuta ocupacional en Canarias. Ante estas circunstancias, al amparo de lo establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley territorial 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales, y en su Reglamento, aprobado por Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, se considera oportuna la creación de un colegio profesional en el que se integren quienes, con la titulación suficiente, quieran desarrollar como profesionales colegiados la actividad de terapeuta ocupacional y regule su ordenación, representación y defensa, desde la perspectiva del interés público, que deberá asumir el cumplimiento de las leyes de transparencia en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo. El proyecto de ley prevé que la colegiación será voluntaria sin que la integración en el colegio profesional sea requisito obligatorio para el ejercicio de la profesión de terapeuta ocupacional, y sin perjuicio de lo que en esta materia establezca la legislación básica del Estado.

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Proposición de ley por la que se regula la atención temprana en Canarias

La actual proposición de Ley de atención temprana surge del reconocimiento de las dificultades de la atención temprana en Canarias y de la necesidad de solucionarlas, no solo bajo una perspectiva científica y teórica sino también desde las situaciones reales y cotidianas que encuentran los niños y sus familias y los profesionales. Se entiende por atención temprana el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y las niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del menor, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar. La finalidad de la atención temprana, es que los menores que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos y sus familias, reciban, siguiendo un modelo que considere los aspectos biopsicosociales, todo aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal. La presente proposición de ley tiene por objeto: a) Establecer una regulación que permita delimitar las competencias y las responsabilidades en materia de atención temprana, encaminada hacia una atención integral a los menores de 0 a 6 años, residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, con trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos y sus familias. b) Regular las actuaciones en atención temprana como una red integral de responsabilidad pública y de carácter universal y gratuito. c) Establecer un marco referencial que permita la necesaria coordinación entre los sectores sanitarios, sociales y educativos implicados. La ley consta de dieciocho artículos, distribuidos en tres títulos. En el título preliminar se incluyen las disposiciones generales y se divide en tres capítulos. El título II hace referencia al seguimiento de menores de riesgo y Atención/Intervención Temprana. El título III hace referencia a la coordinación entre las distintas administraciones. Además consta de cuatro disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

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