Diario de Sesiones 48/2016, de fecha 10/10/2016 - Punto 11

9L/PO/P-0845 PREGUNTA DEL SEÑOR DIPUTADO DON GUSTAVO MATOS EXPÓSITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA A LAS TASAS JUDICIALES, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD.

La señora PRESIDENTA: Continuamos. Señor diputado don Gustavo Matos Expósito, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a las tasas judiciales, dirigida al señor consejero de Presidencia.

Cuando quiera, señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO (Desde su escaño): Presidenta, señorías, buenas tardes a todos.

Señor consejero, ¿qué valoración hace el Gobierno de Canarias de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la nulidad de las tasas judiciales aprobadas por el Gobierno del Partido Popular?

La señora PRESIDENTA: Señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Afonso González) (Desde su escaño): Gracias, presidenta.

Señor Matos, la sentencia a la que alude, que evidentemente declara nulas por inconstitucionales las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas desde noviembre de 2012, supone, sin lugar a dudas, un contundente varapalo, en este caso a la política judicial del Partido Popular, a su burdo intento de privatizar la justicia.

Saben, lo he venido diciendo en distintas ocasiones, que vamos a seguir reivindicando los aproximadamente 17 millones de euros que se recaudaron en Canarias como consecuencia de la puesta en marcha de esta medida, que afectó no solo a las personas jurídicas sino también a las personas físicas.

Incluso, la última reunión de la conferencia sectorial celebrada el pasado mes de septiembre en Madrid, a la que asistió por parte del Gobierno el viceconsejero de Justicia, volvió a reivindicar al Ministerio de Justicia esas cantidades, no vamos a renunciar a esos recursos.

Como usted recordará, en todo el territorio nacional se recaudaron algo más de 630 millones de euros, de los cuales en Canarias fueron 17 millones, y no se les dio el destino que preveía la propia norma que aprobó esas tasas, que era destinarlos a la mejora y fomento de la justicia gratuita, así como a la modernización de la Administración de Justicia.

Además, usted sabe que por parte del Gobierno de Canarias, y especialmente por esta consejería, preocupó la puesta en marcha de esas tasas judiciales, que estamos convencidos de que a la ciudadanía en general le impidió acceder a la justicia en igualdad de condiciones, y además estamos seriamente preocupados con el papel que hayan podido tener las pymes y las ONG, porque seguramente le habrán causado un perjuicio difícilmente reparable por lo desproporcionado de las cuantías de las tasas que se les imponían.

En definitiva, señor Matos, el papel desempeñado en esta materia por el Partido Popular demuestra su poca sensibilidad en una materia tan delicada.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor consejero.

Señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO (Desde su escaño): Señora presidenta.

Sinceramente, no se me ocurre nada peor para un gobierno que el Tribunal Constitucional le diga, claramente y de manera contundente, que ha vulnerado los derechos fundamentales de sus ciudadanos, y que lo haga, además, en una materia tan sensible como es el acceso de las personas a un derecho elemental, fundamental, recogido en nuestra constitución, como es el derecho a defenderse, el derecho a poder reclamar en un tribunal lo que uno considera justo, y que, al fin y al cabo, creo que nos hace a todos iguales ante la ley o al menos así debería haber sido.

Pero esta legislatura que no acaba de terminar, y que nos ha prorrogado al señor Mariano Rajoy en el Gobierno, desgraciadamente para muchos ciudadanos de este país, es una legislatura que se caracterizó, entre otras cosas, por crear una sociedad rota, una sociedad de ricos y de pobres, una sociedad en la que ciudadanos que podían pagárselo podían ejercer derechos fundamentales y donde aquellos que no lo podían pagar simplemente se quedaron sin poder interponer sus recursos, defenderse ante la Administración, incluso crear áreas de impunidad, como han llegado a decir asociaciones de juristas, de jueces, de fiscales, porque simplemente había ciudadanos que no podían permitirse el lujo de acudir a los tribunales a demandar, por ejemplo, a la Administración pública.

Esto es lo que ha ocurrido durante más de dos años en este país, un Gobierno, insisto, que el pasado mes de julio ha recibido probablemente el peor castigo que se pueda dar en el sistema democrático, como es recibir, digamos, una sentencia de estas características.

Y esto ha sido lo que ha primado, el leitmotiv de toda la legislatura, triturar el Estado del bienestar, limitar el acceso de los ciudadanos según su capacidad económica a servicios esenciales, a servicios públicos, esto es lo que ha ocurrido durante prácticamente cuatro años en este país. No quiero decir nada de lo que ha ocurrido en Canarias, esta ley, además, que fue una ley trampa, porque se decía que era..., que sus fondos estaban destinados a mejorar la Administración de Justicia, desde luego, como decía el consejero, y veía a la consejera de Hacienda, además, que movía la cabeza, porque probablemente los 16 millones de euros aproximadamente que se han recaudado en Canarias nos vendrían muy bien para hacer muchísimas cosas.

Pero, fíjense una cosa, y termino con esto, señorías, esto fue posible gracias a que 50 diputados del Partido Socialista interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional, y por eso digo que cuando el "no es no", a veces se le gana a la derecha y terminan venciendo los ciudadanos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Continuamos.

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  • 9L/PO/P-0845 Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a las tasas judiciales, dirigida al Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

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