Diario de Sesiones 49/2016, de fecha 11/10/2016 - Punto 8

9L/PNL-0282 PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA CANARIAS (NC), SOBRE LOS COSTES DERIVADOS DEL EJERCICIO DE COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES.

La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con la PNL 282, si no me equivoco. Correcto, la 282, a instancia del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre los costes derivados del ejercicio de competencias atribuidas a las administraciones locales.

Para su defensa, la señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta. Señorías.

Nueva Canarias trae por segunda vez a este pleno esta proposición no de ley, en la que, como ya hicimos en julio, no proponemos otra cosa que instar al Gobierno de Canarias a que cumpla la ley, en este caso me refiero a la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales. (Abandona su lugar en la Mesa la señora presidenta. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández).

El pasado 20 de julio esta PNL no pudo ser aprobada al ser rechazada por los grupos que sustentan al Gobierno, el de Coalición Canaria y el del PSOE, el Partido Socialista, aduciendo que dos días antes, es decir, el 18 de julio, se había aprobado en el Consejo de Gobierno el reglamento del Consejo de Colaboración Insular, algo que, según don Manuel Marcos Pérez y doña Socorro Beato, todos los diputados, y yo en particular, debíamos saber. Pero se les olvidó, tanto al señor Pérez como a la señora Beato, que a los grupos de la Oposición el Gobierno no nos informa con igual celeridad que lo hace a los grupos que lo sustentan. La Oposición, señor Pérez, señora Beato, nos enteramos de los temas cuando se publican en el boletín oficial, que por otra parte tampoco es de extrañar, porque es el momento en el que son legales, porque, como bien deben saber, las normas, tengan el rango que tengan, al igual que los acuerdos, mientras no están publicadas en el boletín oficial no existen. Con lo cual, señora Beato, decirle que el 20 de julio usted faltó a la verdad.

Pero digo más. Una vez conocido el texto del reglamento, es decir, el día 25 de julio de 2016, que fue cuando se publicó, no antes, vemos que la propuesta que nosotros planteábamos el día 20 de julio no solo no contradecía ni vulneraba lo establecido en el reglamento sino todo lo contrario: el reglamento va en la misma línea que el planteamiento que nosotros hicimos el día 20 de julio en nuestra PNL, ya que, como bien debe saber, el punto 1 del artículo 8 determina que el consejo, en las normas de funcionamiento interno que se aprueben, podrá acordar la constitución de comisiones a las que fuera a delegarle una o varias de las competencias que tiene asignadas. Y para más abundamiento está el informe del Consejo Consultivo, en el que dice que las comisiones se configuran, no como órganos instrumentales o de apoyo dependientes del Consejo de Colaboración Insular, sino como entes independientes y paralelos al consejo, que podrán asumir una o varias de las competencias asignadas al Consejo de Colaboración Insular; y además, continúa diciendo, con la regulación a través del anexo de estas comisiones se vuelve a reproducir en cierta manera el sistema vigente de comisiones que se establecía en la legislación anterior. Con lo cual queda claro que si el Gobierno no asumió las consideraciones que venían en el dictamen del Consultivo, el espíritu era exactamente el mismo que el que nosotros planteamos en la proposición no de ley el día 20 de julio. No obstante, y en el ánimo de que esta iniciativa pueda concitar el máximo consenso, hemos vuelto a traerla, ajustándola a la literalidad de lo establecido en el reglamento.

Las razones por las que insistimos en la necesidad de aprobación de esta iniciativa son obvias y ya las expuse en esta Cámara, pues, hace escasos dos meses y medio, pero voy a resumirlas. Y se justifican en el hecho, desde finales del 2014, en diciembre, es decir, hace casi dos años, el Gobierno de Canarias atribuyó a los cabildos insulares la competencia en materia de formulación y aprobación de los instrumentos de ordenación de los espacios naturales, competencia que hasta ese momento venía ejerciendo de forma exclusiva el Gobierno de Canarias, y que hoy, a 11 de octubre de 2016, un año y nueve meses después, aún no existe valoración de los costes de esta competencia y por supuesto, y mucho menos, dotación económica con destino a cabildos para sufragar todos estos costes. Aquí, en esta Cámara, hay presidentes y presidentas de cabildos, hay consejeras de cabildo, que además podrían hablar de esto incluso mejor que yo porque lo sufren en primera persona. Y esto además no es baladí, porque la suficiencia financiera es un principio que se reconoce no solo en la Constitución española sino en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en la Ley de Bases de Régimen Local, en la extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, en la Ley de Cabildos y en numerosos dictámenes del Consejo Consultivo de Canarias, y que tiene por objeto garantizar la autonomía local. Por lo que ya no solo... o sea, por razones de legalidad, o solo es por razones de legalidad, el Gobierno tiene que cumplir con la asignación económica de las competencias que transfiere a cabildos, las haga mediante atribución, mediante transferencia, mediante delegación e incluso mediante colaboración. Y en todos estos casos el Gobierno debe garantizar la suficiencia financiera de los mismos, con lo que la asignación inexcusablemente debe llevar aparejada la dotación de recursos económicos y de los medios materiales y personales suficientes que garanticen la eficaz gestión de las mismas.

Además ya no solo quiero hablar de legalidad sino voy a hablar de racionalidad, porque racionalmente a nadie se le ocurre pensar que si el Gobierno de Canarias tenía asignado un presupuesto y unos recursos materiales y personales para ejercer esta competencia, como venía haciéndolo de forma exclusiva hasta el 25 de enero de 2015, esta competencia en materia de formulación y aprobación de instrumentos de ordenación de espacios naturales, lo que no parece razonable es que ahora pretenda que los cabildos la ejerzan sin estos medios. Más aún si tenemos en cuenta que el Gobierno de Canarias, aun teniendo la dotación económica y aun teniendo los recursos humanos necesarios, en veinticinco años que ostentó la competencia no desarrolló... la totalidad no, desarrolló muy pocos instrumentos de planeamiento -me refiero a la totalidad de los PORN y a gran parte de los PRUG- y ahora lo que haga es pretender endilgárselos a los cabildos y no les traspase los medios para ejecutarlos.

Y pongo como ejemplo el ejemplo que ya puse el pasado 20 de julio. Es que es lo mismo que plantear que el Gobierno de Canarias atribuya a los cabildos insulares las competencias en materia sanitaria pero que no les traspase ni los hospitales ni los centros de salud ni el personal médico ni enfermero ni las auxiliares de enfermería ni los celadores, por poner ejemplos.

Además también quiero decir que resulta paradójico que, mientras el Gobierno de Canarias abandera una nueva ley del suelo en la que justifica la desregulación del suelo rústico por mor de la simplificación y la agilización en la tramitación de los instrumentos de ordenación, al mismo tiempo ese mismo Gobierno obstaculiza la redacción y la aprobación de los instrumentos de ordenación de los espacios protegidos al negarles a los cabildos aquellos recursos imprescindibles para alcanzar dichos objetivos. Y además que no podemos olvidar que esta obstaculización, o sea, el no poder redactar y no poder aprobar estos planes rectores de uso y gestión de los espacios protegidos paraliza la actividad económica que se desarrolla en estas zonas y que son imprescindibles, además de por desarrollo económico, para garantizar el asentamiento de la población de las zonas.

En definitiva, y para terminar, como ya mencioné al principio, lo que hemos hecho en esta nueva proposición no de ley es ajustar a la literalidad del reglamento lo que ya planteamos en la proposición no de ley que debatimos en julio, es decir, que el Parlamento inste al Gobierno de Canarias, en primer lugar, a la constitución del Consejo de Colaboración Ciudadana. Y digo a la constitución porque creado está por ley, pero no está constituido y además tampoco está convocado. En segundo lugar, a la creación y constitución, en su caso, tal como permite el reglamento, de la comisión destinada a evaluar los costes derivados del ejercicio de las nuevas competencias atribuidas en función de la Ley 14/2014. Y en tercer lugar, a que en lo sucesivo todos los proyectos de ley que se eleven al Parlamento garanticen la suficiencia financiera y de medios, a fin de que las administraciones locales, receptoras de las nuevas competencias, puedan ejercerlas de forma eficaz. Hay una realidad, la ley dice lo que dice, la normativa en general, y, sin embargo, un año y nueve meses después no existe dotación económica a los cabildos para ejercer estas competencias. En el caso de la ley del suelo, no solo serán los cabildos sino los ayuntamientos, y aquí también hay alcaldes y alcaldesas y concejalas y concejales que se pueden ver y que nos podemos ver en la misma situación, y esto entiendo que hay que solucionarlo, hay que solucionarlo para lo pasado, para lo que en el caso de la Ley 14 lleva casi dos años sin solucionarse, y debe quedar zanjado y solucionado para el futuro.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora González.

Esta proposición no de ley no tiene enmiendas. Por lo tanto, el Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señor presidente, y buenas tardes, señorías.

Ya como la señora González aludió, pues, en esta Cámara hay varios representantes de entidades locales -concejales, alcaldes- e incluso insulares, pues hay presidentes de cabildo o expresidentes de cabildo y consejeros o exconsejeras, y muchos conocemos el tema de fondo de esta PNL y que nos deja a la luz la realidad de los municipios en Canarias, que no es otra que apenas se cumple con el principio de suficiencia financiera. Esto es independiente ya sea de colores políticos o de si se está o no se está en el Gobierno. Es un hecho innegable.

Para el 2017, según el Gobierno, habrá un consenso sobre las duplicidades en los servicios públicos que se prestan por los tres niveles de Administración pública existentes en Canarias. Por lo tanto, se activarán los traspasos de las competencias de estos servicios hacia los cabildos y los municipios. Y desde nuestro grupo nos preguntamos si cuando lleguen esas transferencias, en virtud de lo dispuesto en las leyes canarias de Cabildos y en la de Municipios, si se procederá, como se ha hecho en años anteriores, asignando personal y recursos que resulten insuficientes, teniendo las entidades locales que afrontar los gastos, o si, por el contrario, se van a consignar los recursos necesarios para que se pueda llevar a cabo un servicio público con garantías.

Y a esta insuficiente financiación a las entidades locales debemos añadir luego que se legisla para obligarlas a asumir unos gastos que, con sus recursos actuales, no pueden ser llevados a cabo. Un ejemplo claro es la ley de policía mortuoria y la adecuación de los cementerios municipales, que con el apoyo de todos los grupos parlamentarios se ha conseguido una prórroga.

Y en el caso concreto de esta PNL, que alude a la obligación del planeamiento de la gestión de los espacios naturales por parte de los cabildos de las diferentes islas, pues, tener en cuenta que solo en La Gomera, por ejemplo, disponemos de dieciséis espacios naturales. Además se complica con una normativa autonómica sobre el territorio muy obstruccionista. Ello conlleva que un solo cabildo tiene que hacer frente a dieciséis planes diferentes y sin tener, pues, los medios y los recursos necesarios para que esos planes sean eficientes.

En los presupuestos para el 2017 seguramente habrá recortes por la situación estatal y los cabildos y los ayuntamientos también van a sufrir estos recortes seguramente. Por lo tanto, pues, la función que estos van a tener para poder atender los servicios públicos... van a ser, pues, muy difíciles de llevar a cabo.

Y, en definitiva, que vamos a apoyar esta proposición no de ley, porque pienso que es muy...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias. Lo siento, señor Ramos Chinea.

Por el Grupo Podemos, señora Delgado.

La señora DELGADO LUZARDO (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Bueno, señorías, esta falta de responsabilidad en la transferencia de competencias no es nada nuevo, no ha empezado con la Ley 14/2014, sino que lleva desde hace mucho tiempo ocurriendo. Les voy a poner el ejemplo de la transferencia en la gestión de espacios naturales protegidos, que ocurrió en el año 2002, y que los cabildos ahí se volvieron locos por querer competencias, competencias y más competencias. Realmente no razonaban. Daba igual que se les dijera que no había medios suficientes para todas las islas, daba igual que se les dijera que se iba a ejercer de peor manera la gestión de esos espacios naturales, daba igual; los cabildos solo pretendían en ese momento tener el poder de decisión sobre esas competencias pero no la responsabilidad de ejercerlas adecuadamente. Pero es que eso es lo que ocurre con las transferencias, que no siempre el multiplicar por siete van a salir las cuentas, y eso es lo que se debería hacer de antemano.

Hoy, a día de hoy, precisamente la gestión de esos espacios naturales protegidos del año 2002, con esas transferencias, está abandonada, de la mano de Dios. Está sin ejecutarse la gestión, sin mantenimiento, sin conservación, sin ejecutarse los planes de esos espacios naturales ni los planes de las especies amenazadas, que es de obligado cumplimiento por parte de los cabildos.

También es cierto que los cabildos han recibido dinero, pero como ese dinero no es finalista lo han dedicado a lo que han querido, pero la gestión de los espacios naturales protegidos sigue abandonada.

Hoy por hoy nos vemos con la Ley 14/2014, que les ha transferido la planificación, además de la gestión, de esos espacios naturales protegidos. Y está ocurriendo exactamente lo mismo: la quieren pero no la ejercen. Y seguimos en las mismas. Y ahora va a ocurrir con la ley del suelo, y nos vamos a reír, por no llorar, probablemente lloremos cuando veamos que nos vamos a ver en una locura de incompetencia, y desde luego esto no tiene otro nombre que irresponsabilidad política.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Delgado.

Por el Grupo Popular, señor Moreno.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

Da gusto oír hablar en esta Cámara de los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, al más puro estilo, fíjense, señorías, de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy.

Permítanme además señalar, aquellos grupos parlamentarios como el Partido Socialista Obrero Español, Coalición Canaria y Nueva Canarias, hoy proponente de la iniciativa, que durante la legislatura anterior se dedicaron a proferir expresiones tales como que el PP quería quitar a los ayuntamientos y a los cabildos, es decir, a las entidades locales, la posibilidad de prestar acciones de especial cercanía y trascendencia con sus vecinos, pues, esa mentira que se repitió hasta la saciedad no es verdad, y además el Tribunal Constitucional recientemente lo ha dicho en una sentencia de hace muy poquito.

Y resulta, fíjense, que en la ley que aprobamos aquí de cabildos en la pasada legislatura, la 8/2015, de 1 de abril, recogía como principios -les voy a decir- eficiencia, eficacia, no duplicidad de competencias, estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera. Bienvenidos al club, señorías. Esta es la verdad.

Y ahora viene este tipo de iniciativas, de proposiciones no de ley, porque el Gobierno de Canarias se dedica a crear o a entregar competencias propias a los cabildos o a delegar a los cabildos competencias, pero ni medios ni dinero ni nada de nada. ¿Esto qué significa? Pues que incumplen el artículo 9.3, cuando se trata de nuevas competencias propias a los cabildos, en una atribución, o bien el artículo 7.3, en la delegación de competencias a los cabildos, y una ley que hemos aprobado aquí, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de la que fui ponente junto con mi compañero Miguel Jorge en la pasada legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

Por tanto, al Gobierno de Canarias no le queda más que cumplir. Y mucho está tardando en este caso, como en otros casos, y más cuando las exigencias ya se plasmaban no solo en la Ley de Cabildos Insulares, en la ley autonómica, sino también en nuestra Ley nacional de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la 27/2013, que entró en vigor, señorías, ni más ni menos que al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 13 de diciembre del año 2013.

Por tanto, las exigencias hay que cumplirlas siempre y de ahí que apoyemos con brío, señora doña Esther González, el punto número 3 de su proposición no de ley, donde se recuerdan las exigencias que debe cumplir el Gobierno de Canarias, y que no cumple, del 9.3 de la Ley 8/2015 y el 23.4 del Estatuto de Autonomía.

Con lo demás también en conformidad.

Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Moreno.

Por el Grupo Socialista, señor Pérez.

El señor PÉREZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Señorías.

Señora González, se lo dijimos en la PNL similar que, como usted señaló, debatimos también en este pleno, hoy se lo repetimos: compartimos la preocupación que usted manifiesta por que los cabildos dispongan de los recursos necesarios para atender las competencias que se les transfieran y por supuesto las necesidades que tienen estos en materia de ordenación del territorio y de espacios naturales no es ninguna excepción. No obstante, lo que no compartimos es que la determinación de esas necesidades deba realizarse con un órgano específico cada vez que se produce una transferencia. Muy al contrario, creemos que tiene que existir un órgano, permanente, de coordinación entre cabildos... -sí, sí (ante los gestos de la señora González González, doña María Esther, desde su escaño)-, y ese órgano ya existe. Es el Consejo de Colaboración Insular, que se creó por la Ley 8/2015, un consejo que ya tiene aprobado su reglamento, como se señaló aquí en su día, el 18 de julio del año 2016, y que además, pues, ha entrado en funcionamiento. Ha sido constituido, no en vano el 7 de octubre se convocó la primera reunión. No pudo celebrarse, señorías, porque se exige que haya mayoría absoluta en cada una de las partes que lo componen, y lo componen siete miembros por parte del Gobierno, siete miembros por parte de los cabildos, y lógicamente, al no existir mayoría absoluta por parte de los cabildos, pues, no se convocó la reunión, no se pudo celebrar, pero ha sido convocada. Por lo tanto, este es el órgano, señorías, donde los cabildos plantean sus necesidades en materia de competencias transferidas. No vengamos, por lo tanto, nosotros aquí, pues, a arrogarnos las necesidades que tienen los cabildos y a decir que se les financie de una u otra manera. No, mire, ellos ejercen su autonomía y este es el órgano en donde tiene que sustanciarse, donde tiene que debatirse, y para eso se creó en la ley que aprobamos todos aquí, en la Ley de Cabildos.

Y en cuanto al apartado 3, señora González, ya la Ley de Bases de Régimen Local prevé que se garanticen los medios en el traspaso de competencias, pero también lo establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, como se ha hecho ya referencia aquí. Y es más, en la propia Ley de Cabildos, en su artículo 128, se regula que el Consejo de Colaboración Insular, del que ya les he hablado, es el que tiene que abordar este asunto.

Por lo tanto, yo creo que estamos en una situación en la que lo que conviene ya es que cuanto antes se celebre esta reunión. Y, por lo tanto, nosotros, como esto ya está definido y está legislado cómo tiene que resolverse, no podemos, por tanto, aprobarle su iniciativa. La entendemos pero lógicamente está el instrumento creado, y es en el seno de ese órgano donde han de resolver...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Pérez.

Por el Grupo Nacionalista Canario, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, esta PNL nos desconcierta. Su exposición de motivos es exactamente igual, ni una palabra más ni una menos, que la que esta Cámara rechazó en julio pasado por las razones que ya se han recordado.

Insta ahora a constituir el Consejo de Colaboración Ciudadana. Interpretamos que se refiere al Consejo de Colaboración Insular, creado por la Ley de Cabildos, cuyo reglamento se aprobó y se publicó en julio. Y, como no tengo costumbre de faltar a la verdad ni de utilizar información que no sea correcta, le tengo que recordar... (mientras muestra a la Cámara una tableta). Acuerdos del Consejo de Gobierno, 18 de julio, relación de acuerdos: el Gobierno aprueba el reglamento que regula el Consejo de Colaboración Insular. Se hizo eco la web del Gobierno, acuerdos del Consejo de Gobierno, y se hicieron eco además, con nota de EFE, todos los medios de comunicación. El debate sobre esta PNL fue el 20 de julio; luego, señoría, usted disponía de exactamente la misma información de que disponía yo. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).

A este consejo es al que le corresponde la aprobación del método para el cálculo y la determinación de los servicios. Como dijo el portavoz del Grupo Socialista, el consejo fue convocado el 4 de octubre y no se celebró por falta de quórum, y debería usted saber, uno de los cabildos que no asistieron fue el de Gran Canaria, precisamente, precisamente, y precisamente figuraba en el orden del día la propuesta de adoptar el método de cálculo para esta cuestión. No podemos obviar que el consejo está constituido, y está constituido por imperativo legal. Tampoco debemos obviar que es el órgano competente y que el Gobierno lo está impulsando, aprobado su reglamento y ya lo ha convocado. Y no seré yo quien lo diga, pero alguien podría pensar que esta insistencia y reiteración sobre una ley muy específica, la Ley 14, que será derogada por la futura ley del suelo, obedece a un afán político de ligarlo al debate contra la ley del suelo. No seré yo quien lo diga, pero esto podría haberlo resuelto con una pregunta, simple pregunta, al consejero de cómo estaban los trámites para la primera reunión del consejo.

Yo tengo que reiterarle los acuerdos que se cerraron en 2014 entre cabildos y Gobierno, que definió el marco estable de financiación vinculada a la financiación autonómica, y tengo además que recordarle que a finales de julio el Gobierno, con todos los presidentes de cabildos, creo recordar, incluido el líder de su partido en Gran Canaria, el señor Morales, acordaron un cierre de filas para reclamar al Estado un nuevo sistema de financiación.

Compartimos, claro que sí, que la suficiencia financiera de los cabildos es un principio básico, pero estos acuerdos políticos han sido positivos y seguiremos trabajando en la búsqueda de consenso desde el respeto institucional y en el marco de los órganos que ya existen entre el Gobierno y los cabildos, con carácter estable y permanente.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Señorías, una vez que han intervenido todos los grupos, vamos a votar. (La señora presidenta hace sonar el timbre de llamada a la votación). (Pausa).

Señorías, ocupen sus escaños. Comienza la votación. (Pausa).

Señorías, 51 votos emitidos: 23 síes, 28 noes y ninguna abstención.

Queda, por tanto, rechazada esta iniciativa.

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  • 9L/PNL-0282 Sobre los costes derivados del ejercicio de competencias atribuidas a las administraciones locales.

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