Diario de Sesiones 63/2017, de fecha 21/2/2017 - Punto 26

9L/C-0932 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC), SOBRE LA ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 2017-2019.

La señora PRESIDENTA: Tal y como nos habían informado en la Junta de Portavoces, la primera comparecencia que vamos a ver en la tarde de hoy es la 932, a instancia del Grupo Nacionalista.

(Rumores en la Sala).

Les decía, señorías, que la primera comparecencia que vamos a ver esta tarde es la 932, a instancia del Grupo Nacionalista Canario, al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, sobre la Estrategia de Modernización de la Administración de Justicia de Canarias 2017-2019.

Para la presentación de la iniciativa, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señor consejero, buenas tardes.

Las exigencias de una sociedad cada vez más dinámica, unidas a factores como el incremento de la litigiosidad, demandan un esfuerzo en la mejora y modernización de la justicia. Afrontar esta tarea requiere acometer reformas para corregir las carencias tradicionales que arrastra este servicio público. La Administración de Justicia es uno de los pilares fundamentales para el progreso social y económico, por eso para garantizar la tutela judicial efectiva y un modelo social basado en la equidad es preciso lograr que la justicia actúe con mayor rapidez, que sea más eficaz y de mejor calidad, afrontando un conjunto de cambios para la aplicación de métodos más modernos...

(Continúan los rumores en la sala).

La señora PRESIDENTA: Señora Beato, disculpe que la interrumpa, por favor.

Señorías, pido silencio, hay una diputada que está interviniendo. Muchas gracias.

Continúe, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias.

Afrontando un conjunto de cambios, decía, para la aplicación de métodos más modernos y procedimientos menos complicados que cumplan satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica.

El Decreto 40/2014, por el que se regulan determinados aspectos relacionados con la modernización de la Administración de Justicia en Canarias, ordena en su artículo 4 la elaboración de una estrategia para la modernización de la justicia en la que se determinarán los objetivos a alcanzar, las actuaciones a ejecutar y los indicadores para el seguimiento y la evaluación de los mismos.

El Consejo de Gobierno de Canarias en junio de 2016 acordó avalar el inicio de la tramitación de la Estrategia para el periodo 2016-2019 a partir del cual el anterior equipo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad iniciaba un periodo de participación y de diálogo abierto con todos los operadores jurídicos e instituciones competentes para conciliar y consensuar los objetivos, las líneas estratégicas y las acciones a desarrollar. Ese proceso culminaba con la aprobación definitiva el pasado mes de enero de la Estrategia para la Modernización de la Administración de Justicia en Canarias para el referido periodo 2016-2019.

Le hemos solicitado esta comparecencia para conocer en profundidad el contenido de la misma, cuáles son los objetivos de resultados que persigue y sobre qué líneas pretende desarrollarlos. Agradeceríamos también que descendiera en el detalle de los objetivos estratégicos y los objetivos operativos en los que descansa cada una de esas líneas.

La modernización de la justicia pivota en la implantación del nuevo modelo organizativo de la oficina judicial. Con base en la estrategia, señor consejero, qué previsiones maneja para el despliegue de la implantación de la oficina judicial y fiscal y qué cambios organizativos y nuevos métodos de trabajo será necesario implementar.

Junto a los cambios organizativos, un aspecto angular es la tecnología, no solo en cuanto a las herramientas de gestión procesal sino también de los equipos y los medios disponibles. Cuáles son las previsiones para la culminación del expediente electrónico y si tiene previsto alguna evolución con relación al sistema de gestión procesal Atlante II y a la inversión de medios materiales y más equipamiento tecnológico.

También quisiera que nos comentara si la estrategia contiene referencias a las infraestructuras judiciales y si tiene prevista la aprobación específica de un plan de infraestructuras judiciales que dé respuesta tanto a la remodelación de los edificios existentes como a la construcción de los nuevos edificios, especialmente los más necesarios: el Palacio de Justicia en Puerto del Rosario y el de Santa Cruz de Tenerife.

Finalmente, ninguna estrategia será posible sin la implicación de todos los agentes y operadores jurídicos, instituciones, sindicatos y personal al servicio de la Administración de Justicia. Esperamos que nos explique también en su comparecencia cuáles son los mecanismos para lograr esa implicación y la participación efectiva de todos los agentes en el desarrollo de la estrategia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Turno ahora para el Gobierno. Señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

El pasado 30 de enero anuncié, tras el Consejo de Gobierno de ese día, la aprobación de la Estrategia de Modernización de la Administración de Justicia de Canarias para el periodo 2017-2019, y expliqué que se trata de una herramienta de planificación que determina los objetivos y las líneas a desarrollar para alcanzar un servicio público de justicia transparente y abierto a la ciudadanía en el marco de una dirección pública profesionalizada y orientada a resultados.

Quiero recordar antes de avanzar que esta iniciativa, gestada por el anterior equipo de la consejería, incluyó un amplio proceso participativo con el que se recogieron observaciones y propuestas de las organizaciones sindicales más representativas y también la mesa sectorial de justicia de la Comisión Mixta con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de la Comisión Mixta con la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Mixta de la Coordinación con el Cuerpo General de Letrados de la Administración de Justicia y la Comisión de Participación y Asesoramiento, donde se encuentran representados todos los profesionales de la justicia que prestan servicios en Canarias.

Cabe preguntarse por qué necesitamos esta estrategia ahora. Ya lo explicaba la señora Socorro Beato en el sentido de que está previsto así en la legislación, que contáramos con esta estrategia. El funcionamiento de la justicia en Canarias ha mejorado con posterioridad al traspaso de competencias a la comunidad autónoma, tras haberse creado nuevos órganos judiciales, incrementado las plantillas y realizado grandes inversiones en infraestructuras, tecnología y medios materiales. Pero es evidente que podría hacerse mejor, que quedan muchas cosas por hacer, y, por lo tanto, el diagnóstico que se hace en este informe de la estrategia es que seguimos teniendo deficiencias y que, por lo tanto, tenemos que afrontar su resolución. Continúa siendo lenta y burocrática, ese es uno de los elementos que se nos planteaba, y hemos detectado ineficiencias relacionadas con el modelo atomizado de oficinas individuales por cada órgano judicial con autonomía de gestión sin procedimientos normalizados y escasos servicios comunes.

Si bien hemos avanzado en materia tecnológica, aún no hemos podido implantar hasta la fecha la nueva oficina judicial prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2003, con la que se buscaba y se busca racionalizar la organización de las unidades y sus procesos, se trata de oficinas judiciales sin papeles, en las que en cada unidad sus funcionarios trabajan en equipo y coordinados con las demás unidades para facilitar un servicio público de calidad, y esto es fundamental en esta estrategia. Ustedes saben como yo que las quejas de la ciudadanía se concentran en la necesidad de una tramitación ágil de asuntos y de un conocimiento de las causas de los retrasos así como una justicia atenta y cercana.

El objetivo, pues, era y es disponer de un servicio público de justicia transparente y abierto que actúe con agilidad, eficacia, eficiencia y calidad, con métodos modernos y procedimientos normalizados. Para conseguirlo la estrategia propone poner en marcha una modernización organizativa, funcional y tecnológica de la Administración de Justicia de Canarias. Para ello, y tal como ya les adelanté en enero, la estrategia se apoya en ocho objetivos de resultado. Tenemos que conseguir calidad, tenemos que conseguir accesibilidad, tenemos que conseguir transparencia, tenemos que conseguir cooperación, agilidad, capacidad de resolución, homogeneización de actuaciones y satisfacción ciudadana. Y, a su vez, estos objetivos de resultados se desarrollan a través de seis líneas estratégicas, que es lo que es la estrategia en sí.

Por una parte, la creación de una oficina de proyectos de apoyo a la estrategia; el diseño de un nuevo modelo organizativo tipo de la actividad judicial y fiscal; el despliegue de un programa de implementación de las oficinas judiciales y fiscales en los partidos judiciales que cuenten con edificios e instalaciones adecuadas; completar el desarrollo de la aplicación procesal del Atlante II; fomentar la cooperación y colaboración con otros órganos, administraciones e instituciones para alcanzar mejores resultados; y, por último, aprobar el plan de infraestructuras judiciales 2016-2023 para contar con edificios adaptados al nuevo modelo organizativo de oficina judicial y fiscal. Y ya les adelanto en este sentido, igual que les adelanté en la comparecencia que tuvimos el otro día en comisión, que ya tenemos un borrador de la propuesta de plan de infraestructuras judiciales 2016-2023, que podremos dar a conocer en próximas fechas, y que estoy gustoso también de compartir con usted aquí en el Parlamento si así se considera necesario.

Cada una de las líneas estratégicas incluye, asimismo, objetivos estratégicos y objetivos operativos, con un cronograma de actuación que va desde el año pasado, en el caso de las actuaciones ya concluidas en el acuerdo de gobernabilidad de Canarias de la presente legislatura, hasta 2019, si bien muchos son prorrogables hasta 2020. Aunque también debo decir que la propia estrategia advierte de que esa programación puede verse alterada por los cambios políticos, económicos, jurídicos y tecnológicos que se produzcan durante su ejecución.

Las actuaciones ya efectuadas en el año 2016 tuvieron un coste de 6 837 000 euros, las de este año ascienden a 8 040 000 euros, mientras que para las previstas entre el año 2018 y 2020 -2018-2019 pero hay la posibilidad de prorrogarlo un año más- serán previsiblemente los 12 600 000 euros que aparecen en el diseño de la estrategia.

Así, entre este año y 2019 tenemos previsto desplegar el proceso de implantación de las oficinas judiciales y fiscales, y la culminación del expediente judicial electrónico. En la primera fase se pondrá en marcha la creación de servicios comunes procesales y unidades procesales de apoyo directo en los partidos judiciales que cuenten con infraestructura que permita la implantación del nuevo modelo, así como la oficina fiscal en la fiscalía de área, que es el caso de Lanzarote, provincial de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

La estrategia propicia la división y especialización del trabajo en la oficina judicial y fiscal con una perspectiva de conjunto de todas las tareas comunes de soporte y a la actividad jurisdiccional propiamente dicha, aprovechando la oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y comunicación para racionalizar las tareas, incrementar la normalización y coordinación, la accesibilidad y la transparencia.

El nuevo sistema organizativo y tecnológico permitiría racionalizar los medios personales y materiales, implantar servicios complementarios de apoyo a la actividad judicial, como la mediación en las oficinas de asistencia a víctimas del delito, homogeneizar modelos de actuaciones, esquemas de tramitación procesal, plantillas y criterios de trabajo homogéneo, implantar sistemas de calidad y mejorar el cuadro de mandos integral para la planificación, seguimiento y control de procesos y transparencia, así como la rendición de cuentas.

Además, se crearán unidades administrativas de apoyo para la gestión de medios personales, materiales, tecnológicos y otros servicios de apoyo a la actividad jurisdiccional. Esto, unido a la implantación en Atlante II de la firma electrónica, la integración de las vistas en el legajo judicial electrónico, la culminación de la integración con LexNET en el resto de jurisdicciones, el cargador de expedientes administrativos, el archivo electrónico y la sede judicial electrónica, entre otros, permitirá mejorar la calidad del servicio.

Paralelamente, la ejecución del plan de infraestructuras judiciales 2016-2023 completará el mapa de edificios judiciales de Canarias, tanto de nueva construcción como las remodelaciones de edificios existentes, racionalizando el gasto corriente y permitiendo acometer la segunda fase del despliegue de las oficinas judiciales y fiscales -no sé cómo voy de tiempo, señoría-.

¿Y todo esto cómo lo llevaremos a cabo? Es imposible sacar adelante esa estrategia sin la implicación de los órganos judiciales y fiscales de Canarias, funcionarios de la Administración de Justicia, la mesa sectorial, jueces, magistrados, fiscales y letrados, así como el personal de la consejería, la de Hacienda, y los profesionales de la justicia y de la propia ciudadanía.

Es importante resaltar que las actividades formativas y de gestión de conocimiento para funcionarios de la Administración de Justicia se harán en las aulas del ICAP, en las de los edificios judiciales y online, facilitando el material por medios electrónicos. Esto supondrá que no se producirán incrementos de gasto corriente derivados de la formación.

Además, para una adecuada implantación es necesario contar con herramientas de planificación, seguimiento y evaluación, como el Triskell, que será utilizada como herramienta corporativa para el seguimiento.

Y, asimismo, la aplicación de la gestión procesal del Atlante II evolucionará para convertirse en la plataforma Atlante web, que dará soporte al expediente judicial electrónico y al resto de servicios de apoyo a la actividad jurisdiccional, así como a la organización de las distintas unidades de la oficina judicial y fiscal.

Por otra parte, será necesario realizar inversiones en equipos, con la reposición de servidores, pantallas de 23 pulgadas y equipamiento para la grabación de vistas, así como equipos de multifunción. Este equipamiento se adquirió casi totalmente el año pasado y será instalado en el primer semestre de este año.

Finalmente, la estrategia incluye mecanismos que permiten realizar un seguimiento de las actuaciones y proyectos, velar por el cumplimiento de los objetivos y la coordinación de los trabajos y adecuar las acciones a los cambios... (Sin micrófono).

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señor consejero.

Un minuto más.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Gracias.

...durante la ejecución. En este sentido, la evaluación se encomendará a un comité ejecutivo, que elaborará un informe cuatrimestral que le elevará al comité de dirección del departamento, y, además, se constituirá un comité de dirección de estrategia.

Así, los resultados se evaluarán para realizar las adaptaciones y cambios y mejoras que sean necesarias a fin de alcanzar los objetivos fijados a través de diecinueve indicadores, de los que once son de resultados, otros cuatro de eficiencia y cuatro más de impacto.

Termino aquí mi primera intervención con respecto a la estrategia que estamos comentando, señorías, y en los próximos diez minutos intentaré dar respuesta a las preguntas y las cuestiones que planteen sus señorías.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor consejero.

Turno ahora para los grupos. Por el Grupo Mixto, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.

Buenos días, señorías. Buenos días, señores consejeros.

La verdad es que el informe no tiene desperdicio. Por un lado, viene a ratificar lo que ya todos sabíamos, que es lo poco ágil, eficaz y eficiente que es el servicio público de justicia; pero, por otro lado, positivamente vienen fijadas las líneas de actuación, con límites temporales marcados y con fichas económicas.

Muchos problemas es cierto que no está en manos del Gobierno regional el poder directamente solucionarlos por falta de competencias, y otros van a necesitar de una mayor colaboración del Gobierno del Estado para poder solucionarlos, por lo que debemos negociar con Madrid e intentar desbloquear cuestiones enrocadas.

Por ejemplo, conseguir que se convoquen unas OPE de justicia anualmente, pues tenemos un grave problema con el personal. Tal y como dice el informe, la última RPT de la dirección general, aprobada a finales del 2014, contiene 146 puestos de trabajo, 127 ocupados. En los puestos de la RPT con funciones de apoyo a la organización y gestión de medios personales y materiales de la Administración de justicia en Canarias, que son solo 63, que ya son pocos, pues solo hay 49 ocupados.

Con esto quiero decir que hay que intentar que se cumpla con el 100 % de la reposición y se creen las plazas adicionales necesarias, pues no debemos olvidar que los juzgados de Canarias soportan una carga de trabajo superior a la media estatal.

Me gustaría que me aclarase, señor consejero, cuál es la financiación exacta que le corresponde al ministerio en la creación de esta oficina.

Señor consejero, también nos preocupa el objetivo tercero de implementación de las nuevas oficinas judiciales y fiscales, porque queda al descubierto que no todos los juzgados están preparados para desarrollar estas líneas estratégicas, y entre ellos juzgados de islas no capitalinas, como el de San Sebastián de La Gomera, pues, según dice el informe, se irán adaptando en función de sus instalaciones y su organización.

Yo le pregunto: ¿este objetivo tiene o pretende mejorar aún más los juzgados que ya tienen un estándar de calidad aceptable del resto, o pretende que todos los juzgados lleguen al mismo estándar de calidad? Porque si lo que se intenta es lo primero, lo que se haría es aumentar aún más la diferencia entre juzgados. Por tanto, señor consejero, le pedimos, porque nosotros también creemos en esta estrategia, que no se quede ningún partido judicial rezagado.

Permítame que le recuerde que Canarias ha vivido permanentemente en un colapso judicial, colapso al que se ha intentado poner soluciones en muchas ocasiones, pero que, evidentemente, poco se ha conseguido. En este contexto se enmarca la estrategia de modernización que debía haberse puesto en marcha en 2016, pero que entendemos más que justificado el retraso que se ha producido, pues es un acierto el proceso participativo que se ha llevado a cabo con los profesionales. Nadie mejor que ellos conoce las debilidades de la Administración de justicia.

Sin embargo, insisto en que, al igual que su consejería, Agrupación Socialista Gomera tiene las esperanzas puestas en esta estrategia de modernización, esperemos que funcione.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mendoza.

Por el Grupo de Nueva Canarias, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta.

Señor consejero.

Con respecto a esta estrategia de modernización de la Administración de Justicia de Canarias para el periodo de 2017 al 2019, del que estamos hablando, a Nueva Canarias lo primero que le llama la atención es la aprobación de una nueva estrategia sin que haya habido una evaluación del nivel de cumplimiento de la estrategia anterior, me refiero a la estrategia del periodo 2012-2015, de la que exclusivamente se hizo un informe de gestión del ejercicio de 2012 y del 2013, y para el resto de los años, o sea, para el 2014, 2015 y 2016 ni se sabe y, visto que ya hay una aprobada, ni se los espera.

Y una vez más, como ya le dije en la comisión el otro día, volvemos al borrón y cuenta nueva, en lugar de concluir lo iniciado, para lo que se han empleado no pocos recursos. Pues no, volvemos a dejar lo anterior a medias, inconcluso, y le montamos uno nuevo, y esto sin que haya habido por medio una motivación que justifique qué es lo que se ha cumplido de la estrategia anterior, qué es lo que no se ha cumplido, y por qué no se ha cumplido, o, en su caso, la determinación de si lo que se venía haciendo era o no lo adecuado y el porqué. Y más aún cuando en el análisis DAFO tanto de la estrategia para el 2017-2019 como para la del 2012-2015 las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades eran similares, dentro de las debilidades seguíamos con la lentitud de la justicia y seguíamos con la atomización de las dependencias judiciales, con lo cual mi pregunta es en qué hemos avanzado.

Además, en segundo lugar otro hecho, y en este caso me refiero al documento de la estrategia donde dice que en el acuerdo de gobernabilidad de Canarias 2015-2019, el acuerdo suscrito entre Coalición Canaria y el PSOE, que va a seguir siendo la hoja de ruta del actual Gobierno en minoría de Coalición, se recogen objetivos en el área de justicia, pero solo hace mención a seis y se le olvida uno, que es el referido al mantenimiento de los juzgados de paz, competencia exclusiva de la comunidad autónoma y cuya dotación económica en los presupuestos es ínfima si tenemos en cuenta que en Canarias hay 69 juzgados de paz, muchos de ellos con un importante volumen de expedientes, y con enormes carencias, carencias que suplen en la medida de sus posibilidades los ayuntamientos donde se encuentran ubicados, a lo que Nueva Canarias, consciente de esta situación, presentó enmiendas a los presupuestos que fueron rechazadas por Coalición Canaria y por el Partido Socialista.

Entonces, en este aspecto, le preguntamos qué va hacer el Gobierno de Canarias para el mantenimiento de los juzgados de paz porque, insisto, es uno de los compromisos de Gobierno y uno de los compromisos de Coalición Canaria en su programa electoral.

Por último, también me gustaría que nos comentara, si la estrategia tiene fecha 2017-2019, cómo es posible que en las fichas de objetos operativos la finalización la determinen para el 2020, o sea, de antemano están aceptando que van a...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

Turno ahora del Grupo Podemos, señora Del Río.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Señora presidenta. Señor consejero.

Es la primera vez que nos vemos en este pleno y, aunque de este tema sí que hemos hablado en distintas ocasiones, agradezco la exposición que ha hecho de lo que es el plan y la estrategia, y, como ya han explicado algunas de mis compañeras, voy a incidir en lo que nos parece que también habría que plantearse. Considerando que sin duda es una herramienta absolutamente necesaria en nuestra Administración de Justicia y que se supone que es la continuación del Plan estratégico para la política de justicia 2012-2015, que tantas dificultades en su implantación nos ha traído, muchas de ellas aún sin resolver, nos gustaría saber cómo lo vamos a enfocar ahora y nos referimos a las consecuencias de que Canarias se sumase tan rápidamente a la implantación de la nueva oficina judicial y la puesta en marcha del expediente judicial electrónico sin la preparación adecuada, como ya denunciaron algunos sindicatos que advirtieron del caos y el perjuicio que se iba a ocasionar a los distintos operadores de la justicia y a la ciudadanía en general.

La puesta en marcha precipitada de la plataforma LexNET y el objetivo del papel cero dentro de nuestro sistema de gestión Atlante II, han generado multitud de conflictos e incompatibilidades, como todos ustedes sabrán bien.

Desde Podemos, por supuesto, apostamos por la modernización de la justicia, sin duda una asignatura pendiente, pero exigimos que se haga de forma pausada, consensuada con los operadores jurídicos y negociada con los representantes y las representantes de los trabajadores, con la dotación presupuestaria suficiente tanto en recursos humanos como tecnológicos y con información y formación profesional adecuada en tiempo y forma para que todo el personal usuario de las nuevas tecnologías se familiarice con ellas y pueda sacarles el máximo rendimiento, prestando así un mejor servicio a la ciudadanía, un servicio de calidad, rápido y eficiente, que, sin duda, en última instancia es el objetivo de la Administración. Lo que ocurre, y esto es lo que nos comenta la gente de la Administración, es que no se puede empezar la casa por el tejado, y las quejas en ese sentido han sido bastante generalizadas. Es difícil poner en marcha un plan de modernización realista sabiendo que las infraestructuras tanto en las instalaciones como en los recursos tecnológicos eran y son tremendamente deficitarias en la mayoría de los edificios de los juzgados.

Con respecto a las infraestructuras le cito algunos ejemplos: los edificios, por no ir más lejos, de La Orotava que no cumplen lo mínimo exigido por seguridad e higiene; nos cuentan también los daños en Guía; las goteras de Fuerteventura; los edificios de Arucas, relativamente nuevos y que tampoco cumplen con la mínima normativa de salud laboral; el de San Bartolomé de Tirajana, que aguanta temperaturas de hasta 40 grados en verano; el edificio de Santa Cruz de Tenerife, que tardó tantísimo en hacerse, un edificio hecho tarde, mal y nunca..., porque desde que nace se queda pequeño y es insuficiente.

Y con respecto a la tecnología qué decirles, la incompatibilidad de Atlante II, ya la saben, y las dificultades para poner en marcha el funcionamiento de la oficina judicial en ese sentido.

En fin, hay muchas cosas que hablar y esperemos que ustedes las resuelvan y me ayuden y que esta vez sí...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Del Río, se acabó su tiempo, muchas gracias.

Por el l Grupo Popular, señor Moreno.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías. Señor consejero.

Yo sí creo en usted, creo en usted y en su equipo y, por tanto, desearía que a partir de ahora esta estrategia judicial, la 2017-2019, sea una estrategia de verdad y que por fin consigamos que los problemas de la justicia pasen a ser problemas prioritarios en esta comunidad autónoma.

Se ha prometido hasta la saciedad, y lo sabe usted, señor Barragán, señor consejero, la puesta en marcha de múltiples planes de inversión para infraestructuras judiciales en este territorio, donde se hacía especial hincapié en Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario o La Orotava-Puerto de la Cruz. Y esto lo he oído yo en esta Cámara al principio de esta legislatura, en el año 2015, pero es que lo he oído, además, al principio de la legislatura pasada en el año 2011, y qué casualidad, seguimos esperando, porque lo prometido por los consejeros socialistas, que hoy no están con ustedes, con competencias en materia de justicia se ha incumplido de forma flagrante. Y no sé, la verdad, señor Barragán, si se va a solucionar o no de una vez, permítame que lo dude, aunque vuelvo a repetir, confío en usted.

Las dependencias judiciales se dispersan, no se da respuesta a las necesidades básicas que en el día a día requiere la administración de la Administración de Justicia. Le propongo, señor consejero, que repase las últimas memorias judiciales, aquellas en las que me contestaba el anterior consejero socialista y el anterior del anterior, que me decían que las memorias judiciales no marcaban las pautas, en absoluto, de la actuación de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Y verá como año tras año se han ido incumpliendo los compromisos que se exigían por parte de todos los operadores jurídicos. Eso ha provocado que recientemente en el Partido Judicial de Arrecife hayamos asistido a una situación kafkiana: la suspensión de juicios en la sala de vistas un día completo en diversas oficinas u órganos judiciales, y ello pese a los reiterados llamamientos que habían existido con anterioridad a que se generase esa situación; y todo, fíjese, pese a los premios que nos han dado desde el Ministerio de Justicia. Tremendo, la verdad, absolutamente tremendo.

Hablar de modernización de la Administración de Justicia tal como estamos, después de lo que llevo oyendo yo aquí desde el 2011, y estamos en 2017, pues me sigo creyendo poco. Y confío en usted, se lo digo de verdad, porque todavía no hemos sido capaces de poner en marcha en esta comunidad autónoma la nueva oficina judicial y la nueva oficina fiscal, estamos como al principio, en agua de borrajas pese al deseo de dar comienzo a esa nueva estructura que debe existir en el ámbito judicial. ¿Dónde está la implantación del expediente telemático para la aceptación de demandas, el traslado de documentos y demás que se había prometido en la oficina o en los juzgados de La Laguna? Pues se prometió meses y meses, año tras año, y se incumplió por los consejeros socialistas año tras año.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moreno.

Turno ahora del Grupo Socialista, señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO: Sí, señora presidenta, buenas tardes. Señorías, buenas tardes.

Hoy hemos mezclado en algunas de las intervenciones a lo largo de la mañana la vida política que ocurre fuera de este hemiciclo con lo que pasa en este hemiciclo, ¿no?, y a mí se me ocurría, sabiendo que venía el consejero, que se estrena hoy en su comparecencia, una explicación o una aplicación a la política del efecto mariposa, ese efecto que dice que una mariposa bate sus alas en una parte del mundo y en otra se produce un huracán. Bueno, alguien batió las alas en Granadilla y acabó usted de consejero de Presidencia, es un efecto práctico del efecto mariposa en la política de Canarias. Me alegro, además, de que goce de buena salud política, lo veo en plena forma, y es algo de lo que sabe que en lo personal me congratulo.

Miren, lo cierto es que le han dejado el trabajo hecho. El PSOE le ha fabricado a usted un Fórmula 1, es una buena estrategia para la modernización de la justicia, y creo que es justo reconocer el trabajo que durante seis años desarrollaron dos consejeros del Partido Socialista en esa área, tanto el anterior consejero Francisco Hernández Spínola como el consejero Aarón Afonso. Los socialistas le hemos construido un fantástico Fórmula 1, se lo hemos dejado para que usted lo estrene, las llaves, lo ha publicado usted en el boletín oficial y ahora tiene que demostrar usted que es un buen piloto, y confiamos en que lo haga bien, esperamos que lo haga bien, sobre todo por el bien de la justicia en Canarias.

Mire, a la estrategia que se acaba de publicar creo que en principio hay que darle una oportunidad, también a usted, es una estrategia que nace, porque así lo hizo el anterior consejero, del consenso, de la participación de todos los agentes que tienen que ver con la Administración de Justicia y, por tanto, es un documento consensuado, y ahora falta, como le digo, que funcione, ponerlo en práctica, sacarle brillo y que resuelva los principales problemas que tiene la Administración de Justicia en Canarias, que es, como en todos lados de España, su lentitud, la falta de medios técnicos, la falta de medios de personal... Pero, mire, a alguien habrá que pedirle también responsabilidades porque esto se resuelve fundamentalmente con una buena financiación, y, por lo tanto, por mucho Fórmula 1 que nosotros le hayamos dejado al señor consejero, si no tiene gasolina para que arranque el coche lo va a tener complicado.

Y hay que mirar hacia el Gobierno del Estado una vez más para pedirle una financiación justa para Canarias y, sobre todo, repetir algo que ya hemos repetido en varias ocasiones en este Parlamento y que, además, ha sido objeto de una proposición no de ley que fue aprobada, y es exigirle al Gobierno de España que le dé a Canarias los alrededor de 17 millones de euros -y luego me corregirá la diputada Socorro Beato probablemente si me equivoco en la cifra-, 17 millones de euros que se recaudaron en Canarias con las tasas judiciales que nunca hemos visto.

Miren, suenan campanas de boda entre el Partido Popular y Coalición Canaria, yo le digo al señor consejero que en la lista de bodas no se olvide de poner las tasas judiciales, que los 17 millones de euros nos vendrán muy bien para la modernización de la justicia en Canarias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matos.

Turno ahora del grupo proponente, Grupo Nacionalista, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias. Señor consejero, señorías.

En el conjunto del Estado ya desde los años 90 se intensificó el debate sobre la modernización de la justicia. La necesidad de un cambio sustancial en el modelo organizativo de la Administración de Justicia se puso de relieve con el pacto de Estado para la reforma de la justicia suscrito por las principales fuerzas políticas en mayo del 2001, que sentó las bases de un nuevo modelo de oficina judicial. Ese pacto de Estado en el 2001 afirmaba el compromiso que sigue hoy vigente: que la justicia actúe con rapidez, eficacia y calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos complicados; que cumpla satisfactoriamente la función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica.

Los pilares sobre los que se asienta la reforma son la organización, la división y la especialización de funciones de los que trabajan en los órganos judiciales, de ahí que la nueva organización ha de permitir que los jueces y magistrados dediquen sus esfuerzos a su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, atribuir a otros funcionarios funciones y responsabilidades que no tengan carácter jurisdiccional y establecer sistemas de organización de trabajo de todo el resto del personal para que desempeñe sus funciones con la máxima eficacia.

Y, por otra parte, que los legajos, esas ingentes pilas de papeles desaparezcan y sean desplazadas por archivos digitales en los que cualquier ciudadano o empresa tenga la posibilidad de presentar su demanda coordinándose con todos los sistemas a través de medios electrónicos.

Una revolución tecnológica unida a un cambio de cultura organizativa y procedimental, un cambio complejo y ciertamente ambicioso.

Se han conseguido algunos avances y muchas han sido las reformas legislativas. No obstante, el cambio definitivo sigue estando pendiente por diversas razones. La primera, el modelo de reparto competencial y de responsabilidades entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial, que hace que los distintos intervinientes de la Administración de Justicia dependan de diferentes órganos; los jueces, del Consejo General del Poder Judicial, los secretarios judiciales, del ministerio y el resto de personal del ministerio, de las comunidades autónomas.

Por eso desde el principio las comunidades autónomas, y Canarias por supuesto, vinculábamos el éxito de la oficina judicial al traspaso real de las competencias de ejecución y gestión en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia.

Otra dificultad es que la oficina judicial se rige por normas procesales de distinta naturaleza, cuya aplicación no depende exclusivamente del secretario judicial sino también de los jueces y de la concurrencia de muchos profesionales, fiscales, abogados, procuradores y graduados sociales.

Un factor añadido es, por una parte, la existencia del territorio del ministerio, es decir, comunidades en las que la Administración de Justicia depende del propio ministerio, al no haberse producido el traspaso de competencias, y de territorios en los que sí se ha producido ya ese traspaso, por ejemplo, Canarias es una de ellas, pero sin que el ministerio por ello quede totalmente al margen.

Cuando el Gobierno aprobó la estrategia, el pasado mes de enero, el Grupo Parlamentario Socialista se apresuraba en aclarar que era un trabajo del anterior equipo. Hoy su portavoz ha puesto énfasis en ello. Lo reconocía el consejero, lo decía yo en mi primera intervención, esta herramienta se planificó por la dirección del anterior equipo. Pero, señor Matos, por su experiencia debe saber que en política a veces unos ponen la primera piedra y otros cortan las cintas, y eso no desmerece a ninguno de los dos. Y si hay que hablar de herencia recibida y de Fórmula 1, a veces los coches, los Fórmulas 1, tienen buenos chasis pero malos motores. Le podría poner en esta área algunos ejemplos de buena herencia recibida.

Si en los últimos años el Atlante II como gestor procesal cosecha premios es porque alguien que se sienta en la bancada de mi grupo parlamentario lo diseñó y planificó como una de las mejores herramientas, más versátiles, interoperables y transparentes de la justicia en España.

Si hoy son realidad el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria y los juzgados de La Laguna es porque en el periodo más duro de la crisis, entre los años 2007 y 2011, ese equipo de entonces hizo ingeniería financiera para que las obras nunca se pararan.

Y si hoy estamos más cerca de la oficina judicial y fiscal es gracias al acuerdo Administración-sindicatos del año 2009, que preveía un incremento retributivo del complemento específico transitorio del personal funcionario de la Administración de Justicia previo a la negociación de las RPT. Por la crisis económica ese acuerdo se suspendió y ha podido ser retomado en el año 2016. Confiamos en que el despliegue que se ha diseñado en esta estrategia para implantar ambas oficinas se haga realidad, y también el previsto para la culminación del expediente judicial electrónico. Y le agradecemos su compromiso y esperamos conocer pronto el plan de infraestructuras judiciales 2016-2023.

Pero centrándonos en la estrategia, pensamos que cuenta con condiciones para contribuir de manera efectiva al propósito de la modernización, marcada por una planificación que ordena y prioriza, estructurada en ocho objetivos de resultados, que se despliegan a través de seis líneas estratégicas, de la que se derivan los objetivos estratégicos y operativos y el conjunto de acciones a desarrollar. Elaborada con la participación y las aportaciones de todos los agentes y colectivos implicados, por lo tanto, es la estrategia de muchos, no solo la estrategia de un consejero, y eso nos hace albergar la idea de que todos van a contribuir a su éxito desde la corresponsabilidad con la calidad del servicio público.

Dispone de una ficha financiera, por las cifras que usted nos apuntaba, nos ofrecía, señor consejero, desde el 2016 al 2020, está cuantificada en cerca de 27 500 000 de euros, que responden a los esfuerzos del Gobierno por incrementar cada año la dotación presupuestaria del área de justicia. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de la Administración General del Estado, que tan solo transfiere a Canarias alrededor de 350 000 euros al año para la modernización de la Administración de Justicia. Y nos preguntamos cómo puede pretender el ministerio satisfacer con esta aportación las necesidades de una comunidad autónoma con diecinueve partidos judiciales repartidos en siete islas. Convendrán conmigo, señorías, que esta cifra es insuficiente.

El conjunto de operadores jurídicos y, por supuesto, los ciudadanos reclaman mayor celeridad en la resolución de los asuntos.

El tiempo de la actividad judicial para la resolución de un caso ha de ser el más breve posible, porque una justicia que llegue tarde no es justicia. De ahí que las prioridades de la estrategia estén bien enfocadas y encaminadas a reducir los plazos de respuesta, incrementar la capacidad de resolución, disminuir la pendencia de asuntos, acercar el servicio a los ciudadanos y conseguir una justicia más transparente.

Una justicia moderna debe ser una justicia accesible y ágil, que garantice la tutela judicial efectiva y asegure una adecuada defensa de los derechos de los ciudadanos. Esto es lo que demanda la sociedad y lo que esperamos que esta estrategia de modernización contribuya a conseguir.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Turno ahora para concluir esta comparecencia del consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): No sabía yo de su afición por las mariposas, pero lo tendré en cuenta (dirigiéndose al señor Matos Expósito).

Señorías, primero, tengo que agradecerles a todos, con las observaciones y con las matizaciones que cada uno ha hecho desde el punto de vista partidario, reconocer que esta es una buena herramienta de trabajo, y que, por lo tanto, posee un elemento también para mí muy importante para que podamos realmente verla funcionar, y es que cuenta con un gran apoyo en todos los sectores judiciales y con los profesionales que hacen posible que la Administración de Justicia funcione. Me refiero a los sindicatos, los trabajadores, que están detrás, la van a hacer posible, y para mí esto es muy importante, no se trata de una idea desde el punto de vista de una administración pública que la pone en marcha y que intenta forzar a ponerla en marcha, sino que cuenta con este aval, y para mí esto es muy importante.

Hablaba la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, de la Agrupación Socialista Gomera, del tema de las ofertas públicas de empleo. Como estaban explicando antes, la oferta pública de empleo en la Administración de Justicia es una cuestión que tiene que ser con el visto bueno del Ministerio de Justicia; de hecho, mañana hay una comisión sectorial entre las comunidades autónomas y el ministerio y una de las cuestiones que se van a plantear es precisamente la oferta pública de empleo en materia de justicia, si se saca la del 2016, si se une a la del 2017, y ahí seguramente habrá controversia y discusión, porque nosotros entendemos que hay que sacarla cuanto antes.

¿Colabora el Estado con esta estrategia? En la medida, por ejemplo, de lo que es la oferta pública de empleo, de que tengamos el personal adecuado, de que no haya tanta interinidad..., sí que colabora de alguna manera en la combinación con el sistema LexNET y con todo lo que tiene que ofertar el ministerio, como estaban explicando, dentro de las distintas competencias, por supuesto que sí que es importante que el ministerio también esté involucrado en la estrategia.

En la oficina judicial y fiscal, hablaba usted, o le preocupaba a usted que empezáramos por los sitios que ya están modernizados, que están potentes, y que dejáramos fuera, me imagino que se refería fundamentalmente a las islas no capitalinas.

El plan de la oficina judicial y la oficina fiscal, la idea es de ir implantándolo en la medida de allí donde se pueda, porque también tenemos que llegar a un acuerdo con los trabajadores y que en este caso los juzgados estén preparados, desde el punto de vista físico, para albergar el nuevo planteamiento de la oficina. Pero sí, la idea, obviamente, es que el estándar de calidad de la oficina llegue absolutamente a todos los juzgados -perdón, a todas las islas de Canarias-, y decía usted espera que funcione, que tiene esperanzas de que funcione, obviamente nosotros también.

Nueva Canarias nos planteaba que qué pasaba con la anterior estrategia, que si se había evaluado. Yo la información a la que tuve acceso, señoría, de todas las actas que habían tenido lugar, de las reuniones que había mantenido el anterior equipo, hay realmente una evaluación, no sé si como documento, pero sí que se evaluó, sí que se hizo una autocrítica sobre las cosas que no funcionaban, y como consecuencia de esto se iba escribiendo esta nueva estrategia. Es decir, en los antecedentes sí que hay una evaluación de cómo han operado las cosas hasta el año 2015.

Y nos plantea el tema de los juzgados de paz. Efectivamente, nosotros también estamos preocupados por el tema de los juzgados paz, ya nos han venido algunos ayuntamientos a hablar de este tema. Es una combinación, hay ayuntamientos que tienen personal en sus juzgados de paz, también hay personal de la propia Administración de Justicia, y tenemos algunos casos que, efectivamente, nos preocupan como a sus señorías. Este es uno de los temas que también se va a plantear mañana en la reunión, en la reunión con el ministerio, y, por lo tanto, podríamos dar información a partir de ese momento, si sigue en vigor o no o se pospone la aplicación de la ley de 2011.

Y nos preguntaba también que si ya de antemano sabemos que va a haber un año de prórroga. Pues sí, hay una posibilidad muy real de que, efectivamente, la estrategia en vez de en el año 2019, pues, pueda terminar en el año 2020, y así está planificado.

Nos planteaba la portavoz del Grupo Podemos no empezar la casa por el tejado, yo creo que precisamente en esta estrategia, señoría, al haber contado con los profesionales del sector, desde jueces y fiscales hasta los operadores de justicia, me parece a mí que tenemos una gran ventaja y es que todos están de acuerdo en que esta es la herramienta, esta es la hoja de ruta que hay que hacer, otra cosa es que no lo consigamos, que nos equivoquemos. Pero creo también, señorías, que si se fijan la estrategia tiene unos elementos bastante fuertes de control -trimestrales, cuatrimestrales-, y esto nos va a permitir que si algo no funciona podamos corregirlo de forma inmediata. Y desde el punto de vista de los presupuestos, pues, tenemos previsto también actuar.

Planteaba una preocupación específica sobre algunas infraestructuras judiciales, en ese sentido, lo que le puedo anticipar en estos momentos es que se va abordar a lo largo del año, ya se está en ello, la remodelación de Icod de los Vinos y uno de los edificios de La Orotava, para adaptarlo al acceso a personas con limitaciones físicas, se van a poner los ascensores y se recuperarán espacios inadecuados o que no se están usando en la actualidad. En Santa María de Guía también se comienza la remodelación de una parte del inmueble para adecuarlo a la nueva oficina judicial. Y en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria la idea es levantar una nueva planta para, además de poner más despachos de forenses, crear un lugar más amable para lo que son las víctimas de agresiones, especialmente las sexuales, que se suelen atender en ese edificio.

El Grupo Popular cree que podemos hacerlo, ¿no?, yo creo que también, creo, confío en que podamos poner en marcha esta herramienta. Y decía usted que había oído hablar muchos años de todo este tema, de que las memorias judiciales lo estaban planteando, yo creo que la estrategia nace precisamente por eso, nace como un elemento que hace una autocrítica y reconoce los errores que se han podido cometer, la tardanza o la maquinaria que teníamos de no trabajar por objetivos, y esto nos permite trabajar por objetivos.

Sobre las infraestructuras judiciales, he adelantado algunas de las cosas que están previstas de forma ordinaria en el presupuesto del año 2017, pero el viernes, este viernes ya tengo planificada la reunión con los responsables, jueces y fiscales de aquí de Tenerife para plantearles los tres suelos que creo yo que pueden estar aptos para la construcción del edificio o ciudad judicial en Santa Cruz de Tenerife, ese es el primer objetivo. Ese mismo día nos vamos a ver también con algunos operadores judiciales, como son los sindicatos, y espero una reunión que la pensábamos también tener el viernes para intentar tomar una decisión lo antes posible con abogados y procuradores, aunque se retrase un poco esa reunión, pero yo espero que si en la reunión del viernes me dan una idea clara de que es lo que pretenden, si edificio judicial o ciudad de la justicia, y si dentro de los tres suelos que hay ahora mismo aptos para poder encargar un proyecto de forma inmediata nos ponemos de acuerdo, esta consejería le garantizo que dará instrucciones a la Dirección General de la Administración de Justicia para que encargue el concurso o el proyecto, lo que proceda, de la forma más inmediata, hay recursos para eso y esta es nuestra idea.

El Grupo Socialista, aparte del efecto mariposa y que tengo un Fórmula 1, que la estrategia nace con consenso, ¿no?, ahí está su guerra con las tasas judiciales, yo me apunto a la guerra de las tasas judiciales, pero también es un problema de financiación general, no solamente este recurso el que necesitamos para Canarias. Pero nace con consenso, me quedo con eso y con esa palabra vamos a trabajar. Dese cuenta usted de que en el Fórmula 1, por mucho coche que se tenga y por muy buen combustible que se tenga, hace falta un buen equipo que lo haga funcionar, ¿usted ha visto cómo se cambian las gomas en Fórmula 1? Pues ese equipo todavía no lo tengo.

Y al Grupo Nacionalista Canario, pues, agradecerle su intervención, es quien ha pedido la comparecencia. Efectivamente, su preocupación por el tema de las oficinas judiciales, el traspaso de competencias que nos había planteado es una de las cosas que vamos a ver mañana también en esa reunión conjuntamente con otras comunidades autónomas. Nos preocupa porque seguimos viendo elementos muy centralistas por parte del Estado, nos preocupa realmente ahora mismo, vemos la necesidad de tener un sistema interoperativo entre el territorio del ministerio y los distintos programas que tienen...

La señora PRESIDENTA: Consejero, se acabó su tiempo.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): (Sin micrófono).

La señora PRESIDENTA: Un minuto y acaba, ya lleva dos de más, venga.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Para terminar de explicar que seguramente mañana va haber bastante controversia con el ministerio en este sentido, ¿no? El ministerio parte de una idea, de que es su programa y de que después todos nos adaptemos y lo paguemos entre todo. Nuestra idea, ya vinieron a verla, es que el Atlante II puede ser el programa de referencia para todo el Estado y que nosotros estamos dispuestos a trabajar en esa línea, y que por ahí vamos a ir. Si no, no va haber acuerdo con el ministerio, ni con nosotros ni con otras comunidades autónomas, si en lo que se empeña es en que haya un tronco al que todos nos tengamos que unir y en que todos renunciemos a todos los millones de euros y lo que hemos avanzado en nuestros propios programas. Pero espero que mañana lo que les estoy diciendo ahora no sea así y les pueda traer buenas noticias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor consejero.

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  • 9L/C-0638 Sobre -Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento-, sobre Informe de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias correspondiente a 2015.

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