Diario de Sesiones 78/2017, de fecha 24/5/2017 - Punto 14

9L/PPL-0012 DEBATE DE TOMA EN CONSIDERACIÓN. PROPOSICIÓN DE LEY, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC), SOCIALISTA CANARIO Y POPULAR, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/1989, DE 2 DE MAYO, DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS.

La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión plenaria, si les parece, para culminar el último asunto del orden del día de hoy, que es la proposición de ley referente a la modificación de la Ley 4/1989, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, la PPL-12.

Tendría que leer el secretario primero la certificación del Gobierno pero la va a leer el vicepresidente primero, si sus señorías no tienen inconveniente en que lo haga. (Asentimiento). Por asentimiento.

Vicepresidente.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, presidenta.

"Rosa Dávila Mamely, secretaria del Gobierno de Canarias, certifica que en el acta de la reunión celebrada por el Gobierno el día 8 de mayo de 2017, fuera del orden del día, figura, entre otros, el siguiente acuerdo cuyo tenor literal se transcribe:

Propuesta de acuerdo por el que se fija la posición del Gobierno sobre la proposición de ley, de los grupos parlamentarios Nacionalista Canario, Socialista Canario y Popular, de modificación de la Ley, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Presidencia del Gobierno y consejerías de Hacienda y Presidencia, Justicia e Igualdad.

Visto el texto de la proposición de ley. Visto que la indicada proposición de ley tiene por objeto la modificación de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Visto el informe de la Dirección General de Planificación y Presupuestos, de 5 de mayo de 2017, en el que se concluye lo siguiente. Visto el informe de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Considerando que corresponde al Gobierno manifestar su criterio respecto a la toma en consideración de las proposiciones de ley, así como su conformidad o no a su tramitación, se implica un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios de acuerdo con el artículo 135 del Reglamento del Parlamento de Canarias.

El Gobierno, tras deliberar y a propuesta conjunta del presidente, de la consejera de Hacienda y del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, acuerda manifestar su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley, de los grupos parlamentarios Nacionalista Canario, Socialista Canario y Popular, de modificación de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias.".

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, vicepresidente.

Señores portavoces, les pregunto: como hay acuerdo de siete minutos cada uno de los grupos y empiezan los proponentes, ¿empiezan de mayor a menor de los proponentes?, ¿de menor a mayor de los proponentes? (Asentimiento). Muy bien.

Empezamos por el Grupo Popular, señor Estalella, siete minutos.

El señor ESTALELLA LIMIÑANA: Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Intervengo en nombre del Grupo Popular para la toma en consideración de la modificación de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias. La Audiencia de Cuentas de Canarias es un órgano imprescindible, es el fiscalizador de la actividad económica y administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias y otros entes públicos, como las universidades públicas canarias. Su actividad es de vital importancia para este Parlamento. La ley que regula el órgano tiene ya veintiocho años, y las sucesivas modificaciones de normas con las que convive hacen necesaria una adaptación que le permita realizar su imprescindible labor de forma eficiente y eficaz.

Desde nuestro punto de vista, los aspectos fundamentales sobre los que se realizan modificaciones son los siguientes:

Que las formaciones políticas, fundaciones o entidades vinculadas queden bajo la jurisdicción fiscalizadora en tanto en cuanto reciban subvenciones de la comunidad autónoma, independientemente de que tengan la obligación de estar sometidas al control del Tribunal de Cuentas.

Prestar asesoramiento al Parlamento en la materia propia de sus competencias.

Asesorar al sector público para la mejora de la competitividad y gestión recaudatoria.

Mejorar para incrementar la transparencia en la gestión.

Y prevenir la corrupción en el ámbito del sector público.

(Abandona su lugar en la Mesa la señora presidenta. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández).

Se adaptan también, en esta modificación, los nombramientos de los consejeros auditores, estableciendo esta denominación como la adecuada para los miembros del consejo, así como los plazos de nombramiento y duración del cargo.

Desde el Grupo Popular, apoyaremos esta toma en consideración y queremos destacar, expresamente, que los artículos que modifican la ley en aras de dotar a la Audiencia de Cuentas de Canarias de una mayor capacidad para la lucha contra la corrupción se encuentran en el centro de nuestra motivación para impulsar su modificación.

Finalizo mi intervención agradeciendo a todos los consejeros auditores que lo han sido de la Audiencia de Cuentas de Canarias, por su dedicación al órgano; también y, en especial, a los trabajadores de la Audiencia de Cuentas, profesionales íntegros que realizan una tarea, en ocasiones titánica, para ofrecernos una visión de la realidad efectiva que ocurre en la Comunidad Autónoma de Canarias. Desde aquí mi estímulo, mi ánimo y mi aliento para que continúen con su inestimable labor.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Estalella.

Por el Grupo Socialista, don Manuel Marcos.

El señor PÉREZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes.

El Grupo Socialista se ha planteado su participación en la presentación de esta proposición de ley buscando alcanzar un triple objetivo.

Por un lado, actualizar el sistema de elección de los consejeros y consejeras de la Audiencia de Cuentas para garantizar su acción fiscalizadora; una acción fiscalizadora que siempre nuestro grupo ha defendido, señorías. Incluso, en momentos en los que eran cuestionadas la validez y la viabilidad de este órgano fiscalizador. Para ello, proponemos que todos los consejeros y consejeras sean elegidos en una sesión, eliminando su renovación parcial, como se hacía hasta ahora. Un procedimiento que nos parece más adecuado para la nueva aritmética parlamentaria, con más grupos en la Cámara regional y que no afecta a la independencia del órgano, en la medida en que su renovación íntegra se producirá cada cinco años, desvinculando el mandato de los consejeros y consejeras de la Audiencia de Cuentas del mandato parlamentario y, por lo tanto, también, de las mayorías que sustenten al Gobierno durante el suyo.

Me gustaría hacer ahora un inciso para señalar algo, una reflexión: que a veces nos dejamos llevar por el cortoplacismo, dejamos de lado las soluciones que son más eficientes... Nosotros, frente a algunas propuestas que hemos visto, el Grupo Socialista defiende el papel de la Audiencia de Cuentas como órgano colegiado. Un órgano colegiado, señorías, entendemos que es un órgano más eficaz para garantizar sin duda la independencia.

Otro objetivo que nos marcamos con esta proposición de ley es incorporar un conjunto de mejoras técnicas que resultan necesarias en una ley que, como ya ha dicho el señor portavoz del Grupo Popular, tiene ya veintiocho años de vigencia. No voy a abundar en estas modificaciones, pero sí a señalar, por ejemplo, que vamos a una interpretación... Si fuéramos a una interpretación más estricta de la norma, por ejemplo, los fondos carentes de personalidad jurídica, como el fondo Jeremie, no podrían ser fiscalizados, que lo son, que lo son, que lo son; pero nosotros entendemos que hay que dar un respaldo mayor a esta actividad, extendiendo la posibilidad de fiscalización a todas las entidades previstas legalmente.

Y un último objetivo, y no por ello menos importante, que perseguimos los socialistas, el Grupo Socialista, con esta modificación, es aumentar la capacidad de la Audiencia de Cuentas como órgano de lucha contra la corrupción. Y aquí nos alegra, nos alegra, que el Grupo Podemos, una vez que se presentó esta iniciativa, haya hecho suyas las modificaciones que en esta cuestión ya incorporamos; sí, que han hecho ustedes suyas las modificaciones que ya nosotros incorporamos en esta proposición de ley. Nos hubiera gustado, sí, nos hubiera gustado que ustedes hubiesen participado ahora, una vez la tramitación... No, están en su legítimo derecho de presentar una proposición de ley, claro que sí; pero que nos hubiese gustado que hubiesen participado presentando enmiendas, mejorando, que sin duda nuestro grupo estaría dispuesto a estudiarlas cuando llegara el momento.

Hoy la Audiencia de Cuentas, señorías, cuenta con mecanismos para denunciar actividades irregulares que puedan suponer responsabilidad penal para sus autores. Lo que se hace con esta proposición de ley es implicar a la Audiencia de Cuentas en las actividades de prevención de la corrupción. La corrupción, señorías, en el ámbito de las administraciones públicas y en el de las empresas que perciben ayudas públicas, cuando se produce, se evidencia como un fenómeno altamente cualificado, tecnificado y llevado a cabo por personas con una alta cualificación. Pero lo cierto es que en casi todos los casos se identifican patrones que pueden ser detectados por los órganos fiscalizadores como la Audiencia de Cuentas, y es precisamente en la incorporación de esta actividad preventiva, dentro de las funciones del órgano, en lo que esta proposición de ley, sin duda, conlleva un mayor salto cualitativo.

Hay otras cuestiones que a nosotros nos gustaría, en el periodo de enmiendas, si se toma en consideración esta proposición de ley, mejorar. De manera que se garantice el libre acceso del personal de la Audiencia de Cuentas a las dependencias de las entidades y personas sujetas a control. Además, también presentaremos enmiendas para definir, con más claridad de la que la define la ley actual, la condición de personal del Parlamento de los empleados y empleadas públicos que trabajan en este órgano, para homogeneizar su régimen a los del Consejo Consultivo y a los del Diputado del Común.

En definitiva, señorías, creemos que esta propuesta supone una nueva oportunidad para mejorar el funcionamiento de un órgano que se ha demostrado útil para Canarias. Y, en consecuencia, por ello, pedimos a sus señorías el voto favorable a la toma en consideración.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, don Manuel Marcos.

Turno del Grupo Nacionalista Canario, señor Ruano.

El señor RUANO LEÓN: Señor presidente, señorías, buenas tardes.

Creo que, teniendo en cuenta que somos tres los grupos proponentes y que cada uno dispone de siete minutos, en mi caso no va a ser necesario abundar mucho más en las posiciones previas que han realizado los compañeros intervinientes con anterioridad, el portavoz del Grupo Popular y el portavoz del Grupo Socialista Canario.

Básicamente, cuando... Hay que partir de una situación que creo que debe ser conocida por la Cámara -por esta Cámara de la VIII Legislatura-, vinculada a la decisión de la elección de los miembros de la Audiencia de Cuentas en la anterior legislatura; concretamente, se produjo en junio del 2012, en un contexto político en el cual, durante muchos años, por falta de acuerdo, muchos miembros de la Audiencia de Cuentas se mantuvieron en funciones más allá del mandato de cinco años que se establece en la ley de creación desde el año 1989. Y esto produjo problemas incluso en la aplicación de las disposiciones transitorias de aquella ley original del año 1989, en tanto que debían producirse renovaciones parciales cada tres años. Y cuando en 2012 se toma la decisión de elegir, por los tres quintos exigibles según la ley, a los cinco miembros de la Audiencia de Cuentas, se toma también la decisión de romper -digamos- la discontinuidad que había padecido la Audiencia de Cuentas durante los años anteriores.

Por tanto, ese contexto es necesario para interpretar el porqué en la proposición de ley que hoy presentamos. Entre otras cuestiones, se dejan -de forma explícita- derogadas las disposiciones transitorias de la ley del año 1989. De tal manera que la elección producida en el año 2012 acaba en este mes de junio de 2017 y, consecuentemente, cuando se haya de producir la renovación de la Audiencia de Cuentas, se producirá en su totalidad.

Hay diferentes posicionamientos en torno al régimen de órganos colegiados como estos, en torno a lo que se llama la memoria histórica de la actividad del organismo o del órgano, en el sentido de la sucesión de personas que estuvieron antes con personas que se van incorporando al sistema. Pero desde el punto de vista de la legitimidad democrática, que en definitiva es la que representa esta Cámara, es siempre un mejor sistema establecer un régimen de mandato vinculado a la totalidad del mismo, a cinco años, y no a mandatos interrumpidos en periodos de tres, que resulta mucho más complicado.

Por tanto, esta fue una condición que veíamos como necesaria. Se produce, además, en el seno de la Junta de Portavoces por otras razones. Y, a partir de ahí, también, se piden a la Audiencia de Cuentas cuestiones que pueda ser necesario modificar desde el punto de vista técnico. Realmente la proposición de ley es una proposición de ley sencilla, con una modificación de pocos artículos, pero significativos en tanto que la ley originaria es del año 1989.

El órgano no es un órgano estatutario, no está hoy -todavía- contemplado dentro del Estatuto de Autonomía; lo prevé la propuesta de reforma enviada a Madrid y tomada en consideración, lo prevé en su artículo 57; de tal manera que si se aprueba esta reforma que se tramita en Madrid, pasará a ser un órgano estatutario. Pero, hoy en día, lo que hace es establecer el control de todo el ámbito de Economía y Hacienda que se regula dentro del vigente Estatuto. Pero el órgano nace por vía legal de forma exclusiva. Ahora proponemos, digamos, la actualización, la modernización; no solo en el sistema de elección y la duración de su mandato, sino también en temas como los que se han comentado aquí. En primer lugar, porque la Ley de la Hacienda Canaria es del año 2006; en segundo lugar, porque tenemos Ley de transparencia, en donde se incluye un conjunto de órganos que se consideran de forma general sector público y que, como tales, tienen que ser controlados desde el punto de vista económico y financiero, en la ley canaria del 2014. Y, por esa razón, todo ese elenco de ámbitos que se consideran comprendidos dentro del ámbito de la transparencia tiene que ser objeto de control económico y financiero por parte de la Audiencia de Cuentas.

Nosotros creemos que la ley viene a dar cumplimiento, a incorporar a nuestro ordenamiento la actualización de un conjunto de principios, entre los cuales -se ha mencionado aquí- puede estar, digamos, de actualidad, el tema de la lucha contra la corrupción; pero hay que ser también serios respecto a este asunto. Es decir, hoy en día, los límites que tiene el funcionamiento de la Audiencia de Cuentas en relación con el Tribunal de Cuentas es que si observa responsabilidad contable da cuenta al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas tiene al Ministerio Fiscal, y el Ministerio Fiscal actúa en relación con la posible incoación de un expediente de responsabilidad contable -en su caso- o, si hay indicios de responsabilidad penal, incoar diligencias de investigación y, en su caso, judicializarlas.

Por tanto, el marco de actuación del órgano dependiente del Parlamento va a estar limitado a que su trabajo en ese ámbito se va a vincular necesariamente a su relación con el Ministerio Fiscal; ya sea del modo en que lo viene haciendo hasta la fecha de hoy, a través del Tribunal de Cuentas, ya sea porque observen indicios de responsabilidad penal no contable y lo envíe directamente al Ministerio Fiscal. Esa es una cuestión que hay que contemplar.

(Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).

No es el objeto hablar hoy de esa iniciativa -como ha comentado algún compañero del Grupo Podemos-, en tanto que no estamos en el debate de hoy de su iniciativa, pero sí es verdad que lo que parece lógico en el control económico y financiero es la garantía de que el órgano colegiado es un órgano siempre más garantista que los órganos unipersonales en lo que a control económico y financiero se refiere. En ese sentido, nuestro pronunciamiento, cuando llegue el caso, va a ser mantener un órgano colegiado que consideramos imprescindible para ese control, que se actualiza a través de esta ley respecto de leyes más modernas, como la Ley de transparencia que aprobó esta Cámara en 2014.

Y esperamos, por tanto, contar el apoyo mayoritario de la Cámara y, a su vez, en la tramitación, mejorar algunos aspectos que consideramos que pueden ser mejorados.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruano.

Turno ahora para el Grupo Mixto. Señor Curbelo.

El señor CURBELO CURBELO: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Quiero aprovechar este momento en el que vamos a hablar de la Audiencia de Cuentas para recordar a un amigo de todos los canarios: me refiero a Juan Carlos Alemán Santana. Para mandarle un saludo afectuoso también a su familia, ahora que han pasado más de seis meses de su fallecimiento. Un amigo en lo personal y en lo político que siempre tengo presente y que desde luego hoy que se tramita este proyecto de ley, estoy seguro de que él -si tuviera la posibilidad de debatirlo- estaría de acuerdo con muchísimas de las cosas que hoy se están planteando.

Y hoy debatimos la toma en consideración de la modificación de la ley que entró en vigor hace veintiocho años y que vino a crear, precisamente, la Audiencia de Cuentas, que es un órgano fundamental de las democracias modernas, ya que, tal y como dice en la propia norma, es el órgano a quien le corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, por ser una de las instituciones claves del autogobierno de nuestra comunidad autónoma y por tener este carácter fiscalizador del sector público canario. Es esencial buscar el máximo consenso cuando se plantea una modificación de la misma, y en estos años solo se han realizado tres modificaciones menores del texto legal.

Espero, por tanto, que me permitan un pequeño reproche a los tres grupos que la firmaron, los grupos proponentes; porque en aras de ese consenso y de escenificar la unidad del Parlamento en un asunto de tanta importancia como este, podrían haber buscado el apoyo de otros grupos antes de firmar la proposición de ley, y seguro que alguno lo habrían obtenido. Al menos de la Agrupación Socialista Gomera, hubieran conseguido del Grupo Mixto el apoyo sin ningún tipo de condición. Yo creo que se olvidaron un poco, porque ya están pensando en las mayorías cualificadas para esta y para las que vienen, ¿no?, me refiero a las tres quintas partes; pero bueno, en cualquier caso, eso lo vamos viendo en el devenir del debate.

Y hoy nuestro grupo parlamentario apoyará -por supuesto- la toma en consideración de esta proposición de ley, porque estamos de acuerdo con la necesidad de actualizar la misma y de resolver algunos de los problemas de operatividad que tiene la ley.

El informe del Gobierno -como se ha leído ya- es favorable; por tanto, no tiene ninguna incidencia presupuestaria. Y nosotros creemos que los artículos que se pretenden modificar traen innovaciones importantes, y permitirán a la Audiencia de Cuentas tener no solo un papel más relevante sino, también, resolver problemas de organización y de operatividad en la elección de esos consejeros.

Un avance importante es el dejar claro quiénes están sujetos a la fiscalización, porque se incluye no solo a los que se entendía hasta ahora como sector público, sino que también serán susceptibles de este control las personas físicas o jurídicas que reciban fondos públicos de la propia comunidad; fondos públicos, en definitiva, a través de subvenciones o ayudas. Y, por supuesto, se suman a este ejercicio de transparencia los partidos políticos y las fundaciones cuando también reciban subvenciones públicas, algo que sin duda demanda la ciudadanía.

Otro cambio es que ahora la Audiencia de Cuentas velará por el cumplimiento de los principios de estabilidad financiera y presupuestaria. Además de que ahora velará por la eficiencia y la eficacia en la fiscalización que haga, analizando las posibles desviaciones y las causas que han originado esas desviaciones. Además de poder asesorar al sector público canario para aumentar su competitividad, su gestión recaudatoria e, incluso, incrementar su transparencia.

Para vencer obstáculos de operatividad, se han flexibilizado los tiempos de presentación de informes, como los que se deben presentar anualmente en este Parlamento de tres a seis meses, añadiendo un plus de calidad a la memoria al tener que incluir las actividades que han llevado a cabo para prevenir la corrupción.

En cuanto a la elección de sus miembros, se ha permitido que el plazo en el cargo sea de cinco años -antes era inferior-, y que puedan ser reelegidos. No hay que olvidar que los consejeros auditores -que es como se denominan ahora- se eligen por tres quintas partes de este Parlamento y esa garantía no se va a eliminar, tal y como está planteado.

Por último, se ha previsto que el órgano se construya en un plazo breve de diez días, una vez se elige a sus miembros, así como establecer un régimen de sustituciones en el caso de cese o fallecimiento del presidente de la Audiencia de Cuentas.

Por tanto, yo estoy completamente seguro de que todos los grupos vamos a trabajar para tener un texto de ley actualizado. Y yo confío en que podamos terminar el trabajo desde el consenso y la altura de miras, pensando siempre en los intereses de nuestra comunidad autónoma, de nuestra ciudadanía.

Y quiero, antes de terminar, también, dar la enhorabuena a todos los miembros de la Audiencia de Cuentas por el trabajo que realizan. En fin, yo estoy completamente seguro de que en el devenir de las enmiendas de todos los grupos parlamentarios podríamos construir un texto definitivo y que, lógicamente, nos vaya a ayudar, incluso, a aquella pretensión que ya tuvimos en esta Cámara para que fuera la Audiencia de Cuentas quien auditara a organismos externos -que no se podía hacer- y, en todo caso, si la Audiencia y en el texto lo prevemos en el trámite correspondiente, se podrá hacer. Pero, en definitiva, es un acuerdo que debemos adoptar todos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Curbelo.

Turno ahora para el Grupo Nueva Canarias, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta.

Bueno, yo decir, entre otras cosas porque fui parte de esta institución, que bueno, después de veintiocho años de la entrada en vigor de la ley que rige o que regula la Audiencia de Cuentas y de veintisiete años de andadura de la Audiencia de Cuentas, se hace necesario actualizar la ley; hay que adecuarla, además, al marco normativo que rige la actividad económica y financiera del sector público en la actualidad y es necesario, obviamente, regular definitivamente la forma de elección de los miembros.

De hecho, ya en el 2012 -como bien dijo el señor Ruano-, se hizo lo que ahora mismo se está regulando o se pretende regular a través de esta proposición de ley; lo cual obligaría, de la misma manera, a hacerlo ahora, esté o no regulada a través de la proposición, porque el mandato de los cinco años vence para todos el 19 de junio. O sea, me parece bien que se haga y que se actualice. No obstante y ya dicho esto, lo que sí creo es que este documento es un documento que puede valer como documento de partida para elaborar un texto que sea el más adecuado. Y yo digo esto porque, bueno, así en un análisis sin demasiado rigor, hay cosas que llaman la atención y en las que, por lo menos desde mi grupo, no estamos de acuerdo en su totalidad y, básicamente, en mucho, incluso en la redacción.

Yo, una de las cosas... Por ejemplo, a mí me llamaban profundamente la atención todas las funciones que se le están atribuyendo, nuevas funciones que se le están atribuyendo a la Audiencia de Cuentas a través de esta proposición de ley. Sin embargo, en ninguna parte se habla de cómo lo va hacer, con qué medios lo va hacer. En la actualidad, sabemos que la Audiencia de Cuentas no es todo lo rápida que debe ser en los informes, en mucha razón por falta de medios. Si a eso le añadimos lo nuevo que se está planteando a través de esta proposición que la propia Audiencia de Cuentas lleve a cabo, tendremos a la vez que determinar cómo, de qué manera y con qué medios -personales y materiales- cuenta para llevarlo a cabo.

Con el tema de una de las atribuciones que se le plantea, que es la prevención de la corrupción, yo también coincido con los planteamientos del señor Ruano; y además prevenir entiendo que es... O sea, impedir que se produzca. La Audiencia de Cuentas fiscaliza; fiscaliza con una política -obviamente- de hechos consumados, cuando ya se ha realizado un acto; entonces, entiendo que la Audiencia de Cuentas... -que además no es algo nuevo que vaya a hacer, lo ha hecho hasta ahora- es determinar, es visibilizar, es denunciar los posibles indicios de responsabilidad contable, en ese caso, y penal -por supuesto-, llevándolos a juzgados, que se pueden dar en una actuación de cualquier administración que es objeto de fiscalización.

En ese ámbito, debe ser el Parlamento el que tiene la potestad de, visto lo que la Audiencia de Cuentas determina al respecto, llevar a cabo las medidas oportunas, legales, que son las que nos corresponden, para evitar que eso se pueda seguir produciendo. Difícilmente yo veo otra forma de prevenirlo; a lo mejor no es ese el verbo adecuado, sino que habría que determinar otro al respecto...

También en este texto se dan o se le atribuyen competencias con las que se modifica un artículo o un punto de un artículo de la ley que provoca o que produciría que se modificaran otros posteriores de los que, sin embargo, no se dice nada en la proposición de ley; con lo cual, crea contradicciones o lagunas que entiendo que a través del periodo de enmiendas se deben corregir.

También entiendo que crea lagunas. Hay una en el artículo, en la modificación del artículo 5, que establece, por ejemplo, que a partir de ahora o partir de si esta ley se aprobara, la Audiencia de Cuentas debe emitir dictámenes o informes que sean solicitados a instancia de cualesquiera de las instituciones determinadas en el artículo 2; o sea, de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y eso, tal y como está aquí, no puede ser. La Audiencia de Cuentas de Canarias tiene determinado un único informe que puede emitir, que son informes de fiscalización; esos informes de fiscalización están además procedimentados en la propia ley.

Se quiere que la Audiencia de Cuentas haga otro tipo de informes; lo primero que hay que determinar es qué informes son los que quieres que se hagan, que no deben ser de fiscalización -esos ya están-, y, en cualquier caso, cuando se determine cuáles son esos informes, o sea, qué características tienen que tener esos informes, hay que procedimentarlos también, tal cual están procedimentados los dictámenes.

Con lo cual, y con ello quiero decir que estamos de acuerdo, Nueva Canarias va a votar a favor de la admisión a trámite de esta proposición de ley, pero entiendo que se necesita un trabajo exhaustivo para que lo que salga salga bien y no nos veamos dentro de poco tiempo teniendo que volver a modificar algo que, si lo hacemos ahora, podemos llevar a buen puerto.

Nada más.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

Por último, Grupo Parlamentario Podemos, señora Santana.

La señora SANTANA PERERA: Buenas tardes.

Hay, cada vez más, una respuesta más concisa y transparente a la demanda de la ciudadanía de saber cómo y dónde se gastan los recursos públicos. Así es como debemos actuar en nuestras instituciones en estos nuevos tiempos. Es, simplemente, una cuestión de regeneración democrática y de transparencia; de ahí que instituciones como la Audiencia de Cuentas garanticen un control externo, exhaustivo y libre de interferencias.

Por eso, es necesaria -y así lo creemos desde nuestro grupo parlamentario- la despolitización de un órgano como es la Audiencia de Cuentas, un órgano dependiente de esta Cámara, dependiente del Parlamento de Canarias. Debemos dejar atrás ya conceptos como "de reconocido prestigio" para avanzar a perfiles de "de reconocida competencia". Eso a la hora de elegir a las personas que van a desarrollar la labor de auditores, pues así evitaremos a esos colaboradores y evitaremos esas puertas traseras que poco o nada tienen que ver con la actividad fiscalizadora.

Creemos no solo en los perfiles técnicos y en la renovación por un único mandato, sino que lo más importante para nosotros es que entendemos que se debe eliminar ese pleno político que lo único que hace es dar el okey a los informes de la comisión de calidad para que posteriormente estos sean aprobados de nuevo, una vez más, por nosotros, por los miembros que estamos en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de este Parlamento.

Nosotros creemos en un órgano unipersonal; que asuma la figura una presidenta o un presidente que haga las funciones de ese pleno político. ¿Para qué? Para que no haya así un reparto sistemático de sillones, que parece que es en lo que se fundamenta esta propuesta que traemos hoy a debate en esta Cámara.

Es curioso que siempre, en cuanto se trata del reparto de sillones, Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular se pongan de acuerdo; sobre todo, en el reparto de sillones en entes dependientes de este Parlamento, ya hablemos de la Audiencia de Cuentas, ya hablemos de la Mesa del Parlamento, ya hablemos del consejo auditor de la radiotelevisión pública... La verdad es que nos parece curioso.

La eficiencia en la gestión pública para nosotros es un reto fundamental; por eso, entendemos que debe incrementarse su análisis. Por ello, creemos en una Audiencia de Cuentas con más ámbitos y más funciones, que ejerza un control externo con el que no solo vele por la legalidad, sino también por la eficiencia y la economía de cuantos actos se den lugar de reconocimiento; sino también en la extinción de derechos y obligaciones de contenido económico. Unas nuevas funciones que ya reconocen instituciones análogas en otras comunidades autónomas, como las relativas a la corrupción.

Y aquí quiero hacer un inciso en lo que me decía el señor Marcos y creo que también apuntaba el señor Ruano. Yo creo que ustedes han hecho esta ley tan de prisa y corriendo que, a pesar de hablar de corrupción, luego se olvidan de meter en el articulado las funciones de prevención de la corrupción. Tal vez, si hubieran pedido la ayuda al resto de grupos parlamentarios, les podríamos haber hecho caer en su error.

En cuanto a las funciones relativas para la prevención de la corrupción, nosotros proponemos códigos de conducta, declaraciones voluntarias, autorregulatorias, y cualquier otro procedimiento de gestión de riesgos internos que garantice un comportamiento ético de los gestores públicos. También, evaluar de manera sistemática los sistemas de prevención de corrupción, analizando, a través de estos auditores, las actividades con mayores riesgos, y proponiendo mejoras que reduzcan las oportunidades de fraude y aumenten la transparencia en la toma de decisiones.

Es un granito de arena que podemos poner los partidos políticos presentes en esta Cámara para que los partidos que sudan corrupción dejen de inocularla en las instituciones y de parasitar las instituciones.

Pedimos una Audiencia de Cuentas con más recursos. No hace falta recordar que ya en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017, Podemos propuso dotar, a través de enmiendas, de más recursos a la Audiencia de Cuentas, para que pudiera hacer su labor. Porque ellos mismos han reconocido que les cuesta mucho fiscalizar algunos entes. Sin embargo, ¿qué votó el resto de grupos parlamentarios de esta Cámara? Que no. Nos quedamos solos.

También queremos reparar el agravio comparativo e histórico de los trabajadores de la Audiencia de Cuentas en comparación con otras instituciones del Parlamento de Canarias. Porque por todos es sabido que, sin los recursos necesarios, ninguna función fiscalizadora o asesora se podrá asumir o, si se asume, se deberá hacer en precario.

Señores de Coalición Canaria, señores del Partido Popular, señores del Partido Socialista: de verdad, nos habría gustado debatir con ustedes esta propuesta antes de traerla aquí. Pero es que ustedes no nos dieron la oportunidad; ya lo ha dicho el señor Curbelo.

Nosotros hemos registrado nuestra proposición de ley, pero en esto sí les digo que vamos a intentar sentarnos con todos los grupos y negociar, para que salga una iniciativa positiva y que salga una iniciativa de consenso.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.

Señorías, llamo a votación.

(La señora presidenta hace sonar el timbre de llamada a la votación). (Pausa).

Señorías, comienza la votación. (Pausa).

Señorías, 48 votos emitidos; 43 síes, ningún no, 5 abstenciones. Queda realizada favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley.

Señorías, muchas gracias. Hemos cumplimentado todo el orden del día.

Terminemos bien, señorías.

Buenas. Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las diecisiete horas y cuarenta y cuatro minutos).

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