Diario de Sesiones 88/2017, de fecha 20/9/2017 - Punto 5

9L/PNL-0445 Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias (NC), sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la puesta en marcha de medidas en defensa de los consumidores en relación con las cláusulas suelo.

La señora PRESIDENTA: Vamos a seguir a continuación el orden del día como estaba.

Tocaría ahora la PNL-445, a propuesta de Nueva Canarias, de solicitud al Gobierno del Estado en relación con la puesta en marcha de medidas en defensa de los consumidores en relación con la cláusulas suelo.

Para su defensa, el señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Presentábamos esta proposición no de ley hace algunas semanas cuando nos llegaba información de muchos, de todos... Obviamente a nosotros se nos dirigían algunos pero íbamos constatando que uno tras otro, los beneficiarios de la Hipoteca Joven en su momento, aquellos que suscribieron una hipoteca con entidades financieras, en concreto la gran mayoría con una entidad financiera, al ir a reclamar la devolución de las declaradas legales por parte del tribunal superior, el tribunal de justicia europeo, en su momento se encontraban con la sorpresa de que se les estaba rechazando, de que se les denegaba ese derecho. Y se les negaba porque, según esa entidad financiera, en poco más de medio folio, venía a decir que las cláusulas eran transparentes. Eso que la mayoría de nosotros no controlamos, imagínense a alguien, joven, con ganas, con ilusión, además un producto respaldado por el Gobierno, llega a una entidad financiera y, como es normal, como hacemos todos, nos leemos absolutamente todo lo que allí pone, además con la jerga bancaria y además con esa letra casi indescifrable y para los que tienen falta de vista, pues, ni les cuento. La realidad es que según esa entidad financiera, lo suficientemente transparente, se las están rechazando absolutamente a todo el mundo. Por eso nos pusimos en marcha para preparar una proposición no de ley que viniera a hablar de esas personas que están afectadas para que se les restituya su derecho y, por tanto, puedan cobrar, se les devuelva algo que les corresponde por sentencia, y son esas cláusulas, la devolución de las cláusulas suelo cobradas de manera ilegal, como decía con anterioridad.

Y esperemos que aquí al final la implicación sea total. Yo espero que sea aprobada por unanimidad. Afortunadamente, y tengo que agradecer a todos los grupos políticos, en ese sentido me lo han transmitido, han hecho aportaciones, en el caso también del Grupo Nacionalista Canario, del Grupo Socialista y de la Agrupación Socialista Gomera, y hemos sido capaces de aglutinarlas todas, absolutamente todas están transadas. Hemos querido, en un tema como este, no hacer una cuestión partidista sino irnos a lo relevante, a lo esencial. Y es verdad que en algún caso hemos trascendido de lo que en sí mismo es la cláusula suelo de la Hipoteca Joven, aunque una enmienda en concreto, que luego el propio portavoz del Partido Socialista, en la que estamos totalmente de acuerdo, pero me comentaba con anterioridad que va a retirarla porque afecta a colectivos distintos de los que hoy hablamos y es el eje central de esta proposición no de ley. Y en ese sentido, pues, agradecerle esa disposición, las aportaciones que también ha hecho al texto, que creo que ha salido bastante enriquecido.

Es una proposición no de ley que lo que pretende de manera clara es garantizar ese derecho a quien le corresponde. Y de manera clara también estuvimos dudando en si señalar de una manera rotunda, clara y con nombre y apellidos a la entidad financiera que está denegando, porque es cierto que cuando nos referimos a cláusulas suelo el incumplimiento desgraciadamente es de más de una entidad, de demasiadas entidades financieras, pero cuando hablamos de cláusulas suelo podemos poner nombres y apellidos, porque casi la mayoría, la generalidad de estos contratos corresponde a La Caixa. En su momento CajaCanarias, porque fue con quien se desarrolló este programa a través de la Bolsa de Vivienda Joven. A la ONG, en su momento, que desarrollaba este proyecto, Provivienda, se le encargó por parte del Gobierno que sondeara, que hiciera, bueno, pues, comparativas con distintas entidades financieras a la hora de negociar el mejor producto. Y es verdad que en aquel instante ese era el mejor producto teniendo en cuenta algunas variables, tipos de interés, etcétera, salvo el de las cláusulas suelo, que se detecta años más tarde, y, ya les digo, encima con la sentencia, desgraciadamente, en este caso, no quieren asumir esa cuestión. Y por eso hemos decidido mantener el nombre y apellidos, porque si hablamos de cláusula suelo de Hipoteca Joven tiene nombre y apellidos, y es La Caixa. Y, por tanto, hacemos referencia de manera clara en el documento a ese tema, sin quitar responsabilidades a otras entidades que, desgraciadamente, tampoco están llevando a cabo el cumplimiento de la sentencia de una manera clara y buscando todo tipo de subterfugios para o demorarlo u obligar a algunas de estas personas a tener que ir por vía judicial o, en el peor de los casos, incluso, como en este, desgraciadamente a rechazarlo.

Y hablamos de vivienda, precisamente uno de los temas más sangrantes en la última década. Ya llevamos casi diez años desde el arranque de la crisis y si hubo un colectivo o una parte de la población precisamente es aquel que tenía vivienda y la perdió, aquel que nunca ha podido acceder, porque, además, en el caso del Gobierno de Canarias -no voy a entrar ahora ahí-, no ha desarrollado ni una sola vivienda prácticamente en los últimos diez años...; pero luego además, desgraciadamente, cuando empiezan a llegar buenas noticias, como es este caso, ese colectivo de gente joven, que además ha tenido muchísimos problemas y a día de hoy sigue con problemas para cobrar las subvenciones que también le correspondían por parte del Gobierno de Canarias, cuando hablamos de las cláusulas suelo, se encuentra también con que desgraciadamente esta entidad financiera en concreto les está rechazando esa posibilidad.

Por tanto, yo no voy a enumerar, no voy a leer la proposición no de ley, pero sí quiero plantear algunos de los aspectos fundamentales que hemos sido capaces de transar.

En primer lugar, instar al Gobierno de España, para que, a su vez, inste al Banco de España, a establecer mecanismos para supervisar y, en su caso, sancionar a aquellas entidades que incumplen de forma sistemática la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia europeo, como es el caso de La Caixa, y que continúan sin devolver inmediata y directamente, sin la necesidad de interponer una demanda, la totalidad de las cantidades indebidamente cobradas a los consumidores por aplicación de cláusulas suelo.

Instar al Gobierno de España para que modifique la legislación de protección de consumidores y usuarios, a los efectos de proceder a tipificar, de manera expresa, como incumplimiento muy grave, las prácticas abusivas en el ámbito financiero, mediante un sistema de sanciones lo suficientemente disuasorio para impedir este tipo de prácticas.

Dotar al Instituto Canario de la Vivienda y a la Dirección General de Consumo de los medios y la coordinación necesaria para, conjuntamente, a través de las oficinas de intermediación hipotecaria, las OMIC, las federaciones y asociaciones de consumidores y colegios profesionales poner en marcha, de manera inmediata, una campaña de información activa y recuperar... Y esto sí que corresponde al Gobierno de Canarias. Teníamos dudas, lo estábamos discutiendo entre algunos portavoces, si el Gobierno de Canarias tenía potestad para sancionar de manera directa en esta materia. Y es cierto que está bastante limitada pero sí se podría llevar a cabo recuperando las inspecciones de oficio por parte de la Dirección General de Consumo para la detección y sanción de prácticas abusivas de las entidades financieras que operan en Canarias, sin menoscabo de que podamos llevar adelante, a través de otras iniciativas, la modificación de los apartados que regulan los aspectos y las cuantías en los cuales el Gobierno de Canarias podría sancionar a las entidades financieras cuando hablamos de cláusulas suelo.

Incorporar también como criterio, a la hora de establecer las posiciones contables de activo con entidades bancarias, que dichas entidades no incumplan la sentencia del Tribunal de Justicia europeo sobre cláusulas suelo, así como eliminar, de forma progresiva, todas las posiciones contables de activo con las entidades bancarias que no procedan a la devolución inmediata de las mismas. Teníamos el año 2017, hemos querido ampliarlo y hacerlo de forma progresiva, porque somos conscientes de que puede haber contratos concretos y obligaciones pactadas con determinadas entidades financieras que pueden ir más allá de un año, pero que progresivamente el Gobierno, a aquellas entidades que incumplen, pues, pueda ir retirando, pueda no, vaya retirando, todos los activos que tenga en dichas entidades. Creo que hay que ser duros en este tema, creo que hay que velar por los intereses de la gente, que tiene sus derechos, que además lo ha pasado mal, y el Gobierno de Canarias, una oportunidad a través de lo que le mandata este Parlamento en esta PNL, de ejercer esa acción de tutela, de garantizar que se cumplan los compromisos y que se cumplan las leyes y las sentencias.

Solicitar a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial para que, atendiendo a razones de insularidad, se habiliten juzgados de primera instancia al menos en las islas donde se haya registrado un mayor número de demandas. Actualmente solamente existen tres: en Gran Canaria, en Tenerife y en la isla de Lanzarote. Nos consta que en la isla de Fuerteventura, nos comentaba la portavoz de Coalición Canaria que existe un número importante de demandas, que se haga ese estudio y que pueda ser extensible al resto de islas que así tuvieran esa necesidad en función de las demandas que se estén presentando.

Y, por último, instar al Gobierno de España a la modificación del Real Decreto 1/2017, con el objeto de que corrija los aspectos que, tras su entrada en vigor y aplicación, no han solucionado las situaciones de desprotección de los consumidores ante las entidades bancarias, incorporando al texto de la norma la obligación de la devolución de lo indebidamente cobrado, independientemente de la transparencia, porque ese, desgraciadamente, es el elemento al que se están agarrando muchas entidades financieras y ese, desgraciadamente, es el concepto al que se ha agarrado esta entidad financiera en concreto, La Caixa, para denegar la devolución a todos los beneficiarios de la Hipoteca Joven en su momento y que tienen derecho a la restitución de dicha cláusula.

Lo he comentado con anterioridad, gracias a las aportaciones de todos los grupos. Creo que esta es una iniciativa que podemos aprobar por unanimidad, mandatando al Gobierno de España, al Banco de España, al Gobierno de Canarias en lo que le corresponde, y en ese sentido garantizar que se cumpla la ley y se cumplan las sentencias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campos.

Esta PNL tiene tres grupos que la han enmendado. Por orden de presentación, comienza el Grupo Socialista.

Para su defensa, el señor Matos. Cinco minutos.

El señor MATOS EXPÓSITO: Señorías, buenos días. Señora presidenta.

Yo quiero felicitar, agradecerle al Grupo Parlamentario Nueva Canarias que haya traído a este Parlamento esta proposición no de ley.

El Grupo Parlamentario Socialista ha insistido desde el principio de la legislatura en traer los asuntos que tienen que ver con la protección de los usuarios y de los consumidores a este Parlamento. Se habla poco de los abusos y de las condiciones en las que algunas veces los ciudadanos se ven inmersos, en medio de, en fin, de un océano de multinacionales, de vulneraciones de derechos que tienen los consumidores. Y este es un asunto, por tanto, que resulta oportuno traerlo al Parlamento.

Y es oportuno traerlo al Parlamento porque tenemos que reconocer que durante mucho tiempo les fallamos a los ciudadanos. Todos, de todos los colores, de todos los partidos políticos. Todos tenemos responsabilidad, o parte de responsabilidad, en lo que ha ocurrido. Y está en nuestra mano lanzar dos mensajes fuera de esta Cámara: en primer lugar, que nunca más vamos a volver a mirar para otro lado y, en segundo lugar, a los infractores, que sepan que en esta Cámara, en este Parlamento, tomamos medidas e instamos al Gobierno para que las infracciones, para que las condiciones, para que las prácticas abusivas, nunca más queden impunes.

Miren, lo que ha ocurrido con las cláusulas suelo, lo que ha ocurrido con las prácticas abusivas de las entidades financieras, ha puesto de manifiesto que en este país la igualdad ante la ley a veces es solamente una igualdad formal y que la igualdad ante la ley, material, no existe. 48 000 millones, no recuperables, del rescate a las entidades financieras, que ha salido de los bolsillos, de la recaudación de los impuestos de los ciudadanos, a los que, mientras se les recaudaban 48 000 millones de euros para rescatar a las entidades financieras, esas mismas entidades financieras en muchos casos los tiraban de su casa, aplicando la ley de forma tan rigurosa que terminaban perdiendo su vivienda. Esto es lo que ha ocurrido y desgraciadamente en algunos casos sigue ocurriendo, y esto con la connivencia de todas las administraciones públicas durante una larga temporada, durante mucho tiempo, también del Gobierno de Canarias, también del Gobierno de Canarias.

Miren, tengo el honor de haber pertenecido a un gobierno, gracias a mi partido, que fue el primer gobierno de toda España que envió a los inspectores de Consumo a las entidades financieras, el primero, lo hizo un gobierno en el que estábamos sentados los socialistas. Después nunca más se supo. Y se sancionó y se inspeccionó a las entidades financieras. Por eso una de las cuestiones que hemos aportado a esta proposición no de ley es que el Gobierno de Canarias claro que tiene competencias para poder inspeccionar y para poder sancionar. No es que lo diga yo, que fui el director general que me tocó tomar esa decisión, es que lo han dicho los tribunales después cuando algunas de esas entidades financieras han recurrido esas sanciones en los juzgados y los juzgados han dado la razón.

Pero es verdad que la capacidad sancionadora del Gobierno de Canarias está limitada, porque en todo caso una infracción de estas características solo se puede considerar con la ley canaria, la ley del 2003, como infracción grave y la sanción es muy pequeña en comparación con el gran negocio que supone no devolverle a la gente las cláusulas suelo. Por eso también hemos propuesto que esta Cámara inste el Gobierno de España a hacer una modificación legal que nos permita también en Canarias hacer una modificación de nuestra norma -no lo podremos hacer hasta que no cambie la normativa estatal- para que se tipifiquen de una forma expresa las sanciones que tienen que ver en materia de consumo con las infracciones cometidas por las entidades financieras con respecto a los consumidores y que se sancionen de tal manera que resulten disuasorias, porque, si no, al final para el banco termina siendo un buen negocio incumplir si la sanción es ridícula en relación con el beneficio que obtiene. Y hasta que esto no se arregle podemos volver a mandar a los inspectores. Yo insto al Gobierno de Canarias a que lo vuelva a hacer, vuelvan a mandar a los inspectores a las entidades financieras, vuelvan a levantar actas, vuelvan a abrir expedientes sancionadores. Sancionen hasta el límite legal en que podemos hacerlo, pero al mismo tiempo que el Gobierno de España modifique la ley para que podamos poner unas sanciones que no resulten ridículas.

Miren, una última cuestión, hemos pactado la retirada de una parte de la enmienda que ha propuesto el Grupo Socialista para traducirla en una PNL aparte, para no mezclar las cosas, pero, fíjense -y termino con esto-, hoy por hoy los pequeños y medianos empresarios o los autónomos no están protegidos ante estas prácticas. Lo cual resulta en la vida real manifiestamente injusto, porque están en la misma situación de desprotección que un pequeño consumidor, pero la legislación, como es de protección de consumidores, no permite acogerse a este tipo de jurisdicción, a las sentencias del Supremo y de la Unión Europea. Por tanto, lo hemos retirado, digamos, en el diálogo que hemos mantenido con el proponente pero anunciamos que haremos una propuesta expresa para que se haga esta modificación legal y también bajo el paraguas de...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matos.

Turno ahora para el otro grupo proponente, el Grupo Nacionalista Canario. Para su defensa de la enmienda, la señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías.

La sentencia del tribunal europeo abrió una ventana a la esperanza a miles de familias que no pudieron beneficiarse de las bajadas del euríbor por estar sujetos a cláusulas suelo. El real decreto-ley pretendía la protección de los consumidores; pretendía crear un cauce para la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, pretendía abrir la posibilidad de llegar a acuerdos con los bancos, dados los pronunciamientos judiciales inequívocos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pretendía evitar un aumento de los litigios, que tendrían que ser afrontados por la jurisdicción civil con el elevado coste para la Administración de justicia por cada pleito y el impacto y el incremento sustancial del tiempo de duración de los procedimientos judiciales. Pero esas eran las pretensiones del real decreto, la realidad es bien distinta. Desde su publicación en enero de este año, sabemos que la medida no se ha mostrado del todo efectiva en gran parte de los casos. Algunas entidades de crédito no están dando la respuesta a miles de consumidores afectados, que han tenido que acudir a los tribunales.

Estando de acuerdo plenamente con la iniciativa, la compartimos, la hemos enmendado en el ánimo de mejorarla y realmente agradecemos al proponente el esfuerzo que se ha hecho y el de todos los grupos para llegar a un acuerdo, y afortunadamente hemos conseguido llegar a un acuerdo que mejora y que refuerza la posición de este Parlamento a la hora de defender este asunto.

Yo quiero hacer un énfasis en una de nuestras enmiendas, en la de modificar el real decreto-ley para corregir las situaciones de desprotección ante las entidades bancarias, incorporando la obligación de devolución de lo indebidamente cobrado. Independiente de la transparencia, porque este es un factor clave, dado que con transparencia o sin ella las cláusulas siguen siendo fraudulentas, siguen siendo abusivas. Algunos bancos se basan en la transparencia para no devolver y lo peor es que algunos juzgados se están pronunciando en este sentido, es decir, hay que decirles a los jueces, hay que decirles a los tribunales, en una norma, de forma clara y contundente, que la transparencia no es real, que aun explicando no hay quien entienda algunas cláusulas bancarias y que ante la necesidad de tener una vivienda la gente firma lo que se le pone por delante. Por tanto, en ese sentido va nuestra medida.

Hablaba con la directora general de la Vivienda. De las dos entidades que han gestionado la Hipoteca Joven una ha decidido devolver, y lo está haciendo rápidamente, y la otra ha decidido acogerse a la transparencia. Por tanto, hacemos un esfuerzo para que esa transparencia se elimine y se devuelva rápidamente. Porque además es inexplicable que con transparencia o sin ella alguien pague por encima del precio del dinero, que es lo que ha ocurrido con la cláusula suelo.

Insistimos, la vivienda y pagar una hipoteca es el mayor quebradero de cabeza de una familia y la mayor ilusión de unos jóvenes para emanciparse, para iniciar un proyecto de vida. Por tanto, estamos en la línea de que se debe dar una respuesta real, efectiva, una solución extrajudicial, que recuperar lo indebido por la cláusula suelo no sea una carga añadida para los ciudadanos; una vía rápida, gratuita y universal para que los afectados puedan recuperar ese dinero rápidamente y sin cargas añadidas.

Por tanto, señorías, esperamos que finalmente lleguemos al consenso y apoyamos estas medidas, porque estas medidas sociales son realmente las que llegan a las familias y a los jóvenes.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Turno ahora para el otro grupo proponente, el Grupo Mixto. Señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

La crisis económica que atravesó nuestro país dejó muchas víctimas: ejecuciones hipotecarias, desahucios, situaciones dramáticas y abusos que tuvieron como protagonista común a los bancos. La que podríamos denominar como la "era de la cláusula suelo" no es sino una manifestación más de lo evidente. Es imprescindible ahondar en la protección de los consumidores y usuarios, y es que estos se ven indefensos y totalmente desprotegidos ante las conductas reiteradas, abusivas y de falta de transparencia llevadas a cabo por aquellos que, aun con sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su contra, persisten en la defensa de sus intereses, intereses que ya no son legítimos. Y no devuelven las cantidades que indebidamente cobraron a los ciudadanos a no ser que se obtenga un pronunciamiento judicial y, lo que es más, que este pronunciamiento sea firme. Dicho en otras palabras, las entidades bancarias, pese a conocer lo reprochable de su conducta y pese a saber de antemano cuál será el pronunciamiento de los tribunales en caso de iniciarse un litigio, obligan a los ciudadanos a interponer una demanda. En cuestión de números, porque los que acudirán a los abogados siempre serán menos que todos aquellos a los que en justicia tendrían que devolverles su dinero, les sale rentable a los bancos esperar al juicio. Y me explico. En un primer momento, el 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo, en su Sentencia 241/2013, analizó el carácter abusivo de las cláusulas suelo, declarando su nulidad; sin embargo, esta declaración no afectaría ni a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a las cantidades satisfechas antes del 9 de mayo de 2013. No obstante, diversos tribunales españoles cuestionaron la jurisprudencia del Tribunal Supremo y fue el 21 de diciembre de 2016 cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia, oponiéndose a esa limitación temporal establecida por el Tribunal Supremo. A la vista de lo cual, el Tribunal Supremo modificó el sentido de su jurisprudencia, de tal manera que todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de este tipo tendrá derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria.

Se esperaba una avalancha de reclamaciones judiciales y es por esto por lo que se aprobó el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusula suelo. Con esta norma lo que se pretendía era arbitrar un procedimiento extrajudicial que propiciara el acuerdo entre los bancos y los consumidores y usuarios, evitando que estos últimos tuvieran que contratar abogados y procuradores y acudir a los tribunales para reclamar lo que era suyo. Pero lo cierto es que la práctica nos ha demostrado que este procedimiento solo ha logrado que los consumidores que lo inicien, además de no cobrar, tengan que esperar el plazo de tres meses para la interposición de la demanda. Tres meses tras los cuales la mayoría de los bancos sigue sin contestar y sin dar una respuesta al ciudadano, una auténtica pérdida de tiempo, de esperanza y de dinero.

Es cierto que esta no es una práctica de todas las entidades bancarias pero sí es la práctica común entre muchas de ellas, que prefieren esperar a la interposición de la demanda, a fin de evitar pérdidas, sin importarles en absoluto el sufrimiento de las familias canarias.

Es por esto que Agrupación Socialista Gomera muestra su más firme compromiso con los consumidores y usuarios y no cejará en su empeño para fomentar su defensa y protección ante este tipo de injusticias y arbitrariedades.

Con respecto a la enmienda que hemos presentado, como ya ha dicho el proponente, ha quedado finalmente un texto enriquecido con las aportaciones que hemos hecho los grupos enmendantes y con el que estamos totalmente de acuerdo, ya que nos lo ha hecho llegar antes de su intervención.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.

Al proponente, señor Campos, entiendo que la posición es con la presentación conjunta transaccional. (Asentimiento del señor Campos Jiménez).

Muchas gracias.

Intervención del resto de los grupos. Podemos, señora Santana. Tres minutos.

La señora SANTANA PERERA: Vamos a contar una historia, la historia de una gran estafa.

Las cláusulas suelo fueron introducidas por las entidades financieras a principios de los 90, también de los años 2000. Aunque en algunas ocasiones se aplicaron estas cláusulas suelo, no fue hasta el año 2009 cuando verdaderamente surge el problema, cuando los usuarios, los consumidores, se percatan gracias a la bajada del euríbor de que tenían esas cláusulas suelo en las condiciones de los contratos que habían firmado. Desde el 2009 hasta ahora no ha dejado de bajar el euríbor y el problema sigue bien latente.

Tras varias denuncias por parte de asociaciones de consumidores, el Tribunal Supremo dicta una sentencia, una sentencia bajo nuestro punto de vista salomónica, pero a la vez también vergonzosa, donde anulaba las cláusulas suelo pero las anulaba no por su contenido sino por su falta de transparencia. Así que, dadas las circunstancias, había que mirar caso por caso y además, en el caso de que se le diera la razón al consumidor y se tuviera que devolver el dinero, este no se iba a devolver con dinero, es decir, con efectos retroactivos. Por lo tanto, a nosotros nos parece una auténtica barbaridad.

Gracias a la mediación de los tribunales de primera instancia y también de las audiencias provinciales, esto llega a oídos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tribunal que dicta otra sentencia, con la que nosotros sí que estamos mucho más de acuerdo, declarando estas cláusulas como abusivas, y dice que sí que debe devolverse todo el dinero, también con efectos retroactivos.

El Tribunal Supremo, aun así, toma partido en defensa de la banca, porque dice que la banca no va a poder asumir esos costes y que se van a ir a la quiebra. ¡Oh, pobrecitos!, ¿no?, los de los bancos.

Miren, la crisis económica yo creo que lo que ha puesto de manifiesto es que tanto los poderes económicos como políticos de este país se han puesto de acuerdo para favorecer a las clases privilegiadas frente a las clases medias y a las clases populares. Y un dato curioso y bochornoso que refleja esto es como los medios de comunicación también ocultaron cómo el Gobierno de España se personó en la causa ante el Tribunal superior de Justicia de la Unión Europea para defender a la banca, y diciendo que ellos eran garantes y que apoyaban la sentencia del tribunal superior de justicia europeo, cuando eso no lo hizo ni la Comisión Europea. De verdad, esto es bárbaro, señores.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.

Turno ahora, para concluir, del Grupo Popular. El señor Jorge.

El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta.

No quiero repetir los argumentos realizados por los anteriores intervinientes, pero sí decir que me sumo palabra a palabra a las palabras que el señor Matos, portavoz del Partido Socialista en esta materia, ha dicho en relación con las cláusulas suelo. Creo que hemos estado mucho tiempo dirigiendo nuestro foco de actividad política a las entidades de crédito, a las empresas suministradoras de servicios, de luz, de agua, a las empresas de transporte aéreo o terrestre y poco, nos hemos fijado poco en los sufridores de los abusos, de muchos abusos producidos por este tipo de empresas, que somos todos los ciudadanos, los consumidores y usuarios. Espero que en el futuro nuestra actividad o nuestro foco político vaya más orientado a la defensa de los consumidores y los usuarios, como es el caso que nos ocupa en esta proposición no de ley.

Y, por tanto, nosotros, señor Campos, apoyamos desde la primera hasta la última palabra de la proposición no de ley. Me parece muy acertada la defensa de aquellos que quieren suprimir sus cláusulas suelo de sus contratos, que se les devuelva absolutamente todo lo que de acuerdo con las normas de la Unión Europea... Bendita Unión Europea, en relación con la defensa de los consumidores y usuarios. Ha tenido que ser un tribunal de la Unión Europea quien ponga en su sitio, en fin, a las entidades de crédito en este tema.

Frente a los abusos de unos y a los derechos de otros, desde luego nos quedamos con los derechos de los consumidores y usuarios.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jorge.

Después de todas las intervenciones, señorías, llamo a votación. (Suena el timbre de llamada a la votación). (Pausa).

Señorías, ocupen sus escaños. Comienza la votación. (Pausa).

Señorías, 50 votos emitidos: 50, sí, ningún no y ninguna abstención.

Queda aprobada por unanimidad de los presentes, señorías.

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