Diario de Sesiones 90, de fecha 11/10/2017
Punto 4

9L/PNL-0423 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS, SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE POR CARRETERA.

La señora PRESIDENTA: Por tanto, vamos a ver a continuación la 423, a instancia del Grupo Parlamentario Podemos, sobre ordenación del transporte por carretera.

La señora SANTANA PERERA: Hola. Muy buenos días.

Quería dar la bienvenida a los compañeros y compañeras taxistas que hoy tienen a bien acompañarnos.

Señores y señoras diputados, proteger lo nuestro es proteger a los nuestros, y este es el objetivo de nuestra proposición no de ley, la que traemos hoy a esta Cámara. Proteger al sector del taxi en Canarias, lo que responde a una demanda de un sector que está en una situación hoy en día muy complicada y seriamente amenazado.

En esta PNL, lo que vamos a hacer es instar al Gobierno de Canarias para que tenga en consideración una serie de cuestiones para la modificación de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, la que viene a regular la ordenación del transporte por carreteras de Canarias.

También creemos que se puede abrir la posibilidad a la elaboración de una nueva ley de transportes en nuestra comunidad autónoma, que consideramos que es más que necesario.

Señoras y señores diputados, debemos evitar la competencia desleal y las prácticas abusivas, por supuesto, y proteger a quien está ejerciendo esta profesión de manera legal y de forma digna y legítima. Son varios los colectivos de taxistas que llevan muchos meses trasladándonos su preocupación por la situación injusta que no se resuelve de ninguna de las maneras: nadie está poniendo todo de su parte para resolver esta situación de conflicto permanente que vive el sector del taxi.

Hay que hablar bien clarito. Este sector, el sector del taxi, es un sector estratégico de nuestra economía que está en riesgo y que hay que proteger. Y más en un lugar como en el que vivimos, como en Canarias, donde el turismo es una pieza esencial y es el motor de nuestra economía; un turismo que sostiene a miles y miles de familias en nuestra tierra.

Hablemos claro. El sector del taxi está en peligro, y está en peligro por una legislación que está agotada, una legislación caduca; unido esto, por supuesto, al desarrollo de nuevas tecnologías y a una vocación liberalizadora y neoliberal de determinados gobiernos, tanto en Europa como en Madrid. El escenario creemos que es bastante obvio: hay una clara estrategia de las empresas transnacionales que tienen como objetivo apoderarse del transporte urbano de viajeros y destruir un sector económico esencial para nuestra economía, un sector económico tradicional y que es un servicio público, no lo olvidemos, como es el sector del taxi.

Ante estos retos, señores del Gobierno, no valen las medias tintas, hay que definirse: o tenemos una posición soberanista y proteccionista con lo nuestro, con nuestra gente, o tenemos una vocación liberalizadora que beneficia a las grandes empresas transnacionales; pero las dos cosas, evidentemente, no son compatibles.

Cuanto antes legislemos sobre el sector del taxi, antes protegeremos nuestra propia economía, ya que esta situación no solo se puede suscribir al sector del taxi, sino que se puede trasladar también a otros sectores, como ya está ocurriendo en otros territorios de España. No podemos consentir que las empresas transnacionales, que tienen sedes en paraísos fiscales, no lo olvidemos, vengan a destruir y después sustituir a un sector económico tan importante; y que además lo hagan a través de dumping, trampeando los precios. Así de clarito hay que decirlo.

Además, esta sustitución no solo afecta a los trabajadores y trabajadoras de Canarias, sino es que también afecta al propio Gobierno de Canarias. ¿Cómo? Pues porque viene a sustituir a trabajadores que son autónomos y que pagan sus impuestos en esta tierra, que pagan sus impuestos en Canarias, por empresas que lo hacen fuera, si es que lo hacen, o se llevan los dineros a paraísos fiscales -a Panamá, a Suiza, que a algunos parece que les gusta mucho esta alternativa de evasión de impuestos-, provocando esta elusión de impuestos, por el camino, una precarización laboral que yo creo que es más que evidente, contra la que debemos poner remedio antes de que sea demasiado tarde.

En esta nueva legislación para la que les estamos pidiendo su apoyo, nos proponemos utilizar lo bueno de las nuevas tecnologías, claro que sí, por qué no, pero como herramienta de control. Por ejemplo, utilizando los geolocalizadores para obligar a los concesionarios a que, implantándolos, estén todos los vehículos localizados y se permita conocer su ubicación exacta en cada momento. Este sistema, además, estará vinculado a los sistemas de control de flota que toda administración debería tener y adaptar para poder realizar, de manera eficiente y eficaz, la inspección y el control. Frente, por supuesto, al descontrol que algunas empresas quieren, nosotros ofrecemos control y eficiencia a la Administración.

Una de las principales peticiones que tiene el sector del taxi, que ha sido incluida también en esta proposición no de ley, es la de la ordenación de arrendamiento de los vehículos con conductor. Pedimos que se contemple, también, en estas condiciones de la concesión o autorización de licencia, que los concesionarios de taxis y de vehículos de alquiler con motor estén obligados a explotar dicha concesión con dedicación exclusiva para la actividad, y que los asalariados que trabajen para ellos queden sujetos a lo que establezca la Seguridad Social. A esta como también al convenio de trabajadores y trabajadoras.

Frente a la explotación laboral sin control que algunas empresas buscan, nosotros lo que pedimos al Gobierno de Canarias es una legislación que proteja a los trabajadores y trabajadoras.

Solicitamos también que se regule la tramitación de licencias, para evitar la especulación que por todos es conocido que está habiendo en nuestra tierra con estas licencias. Y, también, por supuesto, para proteger una vez más al trabajador autónomo; que la licencia o autorización se otorgue a favor de personas físicas, esto es importantísimo; y que estas personas estén habilitadas al efecto, que solo pueda ser titular de la licencia o autorización un único vehículo. Frente al modelo de empresas que pueden explotar varias licencias, nosotros lo que defendemos es el modelo de trabajador y trabajadora autónomos, que para nosotros ha sido uno de los principales damnificados de toda esta situación.

En la iniciativa, también prevemos la implantación de un sistema de descanso, sobre todo, en aquellos municipios de más de veinte mil habitantes; que se instaure un número de atención al ciudadano para el transporte en la comunidad autónoma -nosotros proponemos el 023, pero puede ser el número que entre todos decidamos-. Y, además, entendemos que debe ser la Consejería de Transportes del Gobierno de Canarias quien declare las áreas sensibles; previa, eso sí, solicitud de los municipios y cabildos, así como de asociaciones profesionales y también de usuarios.

En definitiva, nos parece que lo que estamos proponiendo en esta proposición no de ley, en esta PNL, es algo completamente de sentido común, que surge de la necesidad de legislar ante un problema que está latente en nuestra sociedad. No solo en Canarias, también hemos visto cómo se ha tenido que regular en otros territorios del Estado ante la implantación de empresas como Uber y Cabify, que lo único que hacen es profundizar en el problema que ya veníamos teniendo desde hace años. Hay que adaptar la normativa a los nuevos retos a los que hay que hacer frente en este sector. Y hay que hacerlo ya, antes de que sea demasiado tarde y tengamos que dar todo por perdido.

Como empezaba esta proposición no de ley, les termino diciendo que proteger a nuestra gente es proteger nuestra economía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.

No se puede... Por favor, ruego al público asistente, ruego al público asistente se abstenga de hacer manifestaciones a favor o en contra (ante las manifestaciones procedentes del palco destinado al público). No lo puede hacer. No lo permite el Reglamento. Y los grupos parlamentarios también deberían colaborar con esta Presidencia en este asunto, por favor.

Continuamos. Turno ahora del grupo enmendante. Grupo enmendante, Nueva Canarias, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta. Señorías, buenos días.

Yo, para empezar, decirle, señora Santana, que ese proceso que habla de negociación o que se debe abrir para hacer una nueva ley de transporte no es que se pueda hacer: ese proceso está abierto.

Y, además, si ayer oyó mi intervención en la comparecencia al consejero, pues me habrá oído que le he dicho que tenga en cuenta el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea, porque hay que tener en cuenta el hecho diferencial de Canarias, que las empresas de transporte no pueden o no cuentan con capacidad para tener economías de escala, y que si queremos garantizar la supervivencia del sector y si queremos garantizar el empleo, es necesario que el sector no se liberalice. Obviamente, Nueva Canarias está de acuerdo y, además, queremos que se potencie esa modificación de la ley.

Decirle también que creemos importantes y entendemos importantes todas aquellas iniciativas que, en el marco de este necesario debate, se pretendan, se hagan o se lleven a cabo desde el Parlamento. Pero también le quiero decir que, en el caso particular de esta proposición no de ley, su contenido lo entendemos absolutamente desafortunado, y le digo esto, pues, por tres razones.

La primera porque es que, en primer lugar, usted se carga de un plumazo la estructura competencial existente en Canarias en materia de transportes terrestres por carretera. Competencias que, en el caso de las municipales, vienen determinadas por la Ley de Bases del Régimen Local, una ley que, como bien sabe, no puede ser modificada por una norma autonómica sectorial.

En segundo lugar, porque determina modificaciones en la ley que son ilegales y de las que ya existe jurisprudencia al respecto; jurisprudencia, además, del TSJ, en este caso, andaluz.

Y, en tercer lugar, porque plantea incluir cuestiones en la ley que ya se encuentran reguladas en la misma.

Estas son las razones por las que, desde mi grupo, desde Nueva Canarias, hemos presentado 7 enmiendas a esta PNL: 6 de supresión total y una de supresión parcial. Decirle, además, que entiendo que, en puridad, deberíamos haber presentado 7 enmiendas de supresión total, lo cual significaría de facto una enmienda a la totalidad de esta proposición no de ley. Pero, como esto no está previsto en el procedimiento para este tipo de iniciativa, pues, no lo hemos podido hacer.

Yo, en cualquier caso, ahora le voy a entrar en el contenido de las siete enmiendas. En primer lugar, proponemos la supresión de los puntos 1, 2 y 7, por venir referidos a competencias de cabildos o ayuntamientos que esta PNL está planteando que se vayan a la comunidad autónoma; y como antes le comenté, Nueva Canarias no los comparte.

Proponemos también la supresión del punto 3 de la PNL, y lo hacemos por cuatro razones: porque, vamos, en el texto de la PNL, usted enmarca en la categoría de delincuentes a las empresas de vehículos de arrendamiento con conductor, las VTC o comúnmente llamadas limusinas, y si no, dígame usted si lo que plantea no es lo mismo que la tobillera que se pone de localización a los delincuentes que tienen una orden de alejamiento, arresto domiciliario o un tercer grado. Porque, además, es discriminatoria, y si no, explíqueme por qué se plantea que se les obligue exclusivamente a las limusinas a contar con un sistema de geolocalización permanente que permita conocer su ubicación exacta en cada momento y no plantea que se obligue a vehículos de otros subsectores del transporte, por ejemplo, el del taxi, que es el objeto de esta proposición no de ley. Porque la propuesta de que todo servicio para el que sea contratado un vehículo de arrendamiento con conductor tiene que dejar constancia, previo transfer digital a la Administración correspondiente, ya está contemplado en la normativa y, de hecho, ya se hace. Y, por último, porque difícilmente puede obligárseles a las VTC a llevar de cara al público el régimen de tarifas mínimas establecidas, cuando este tipo de servicios no está acogido a ningún régimen tarifario.

En tercer lugar, proponemos la supresión del punto 4 del texto, porque lo que plantea no es legal, existiendo jurisprudencia al respecto: como ya le dije, la última del TSJ de Andalucía.

En cuarto lugar, proponemos la supresión parcial del punto número 5, en cuanto a la frase referida a que "en ningún supuesto podrán otorgarse licencias o autorizaciones de forma conjunta a más de una persona o de una comunidad de bienes", básicamente, porque es que esto ya se encuentra contemplado en la ley. Respecto al resto del punto número 5, lo mantenemos, pero solo por mantener algo, como ya le dije antes, porque realmente nos parece matar a un mosquito a cañonazos.

Supongo que el planteamiento que hace es por puro desconocimiento de la ley, porque la ley establece un único supuesto en el que un titular pueda tener más de una licencia de taxi y hasta un máximo de 5, y es en el caso de municipios de más de doscientos mil habitantes y que tengan concedidas más de mil licencias; supuestos que, en Canarias, solo cumple el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Y, en este municipio, en el que hay más de mil seiscientas licencias de taxi, solo 5 personas físicas tienen más de una licencia; con lo que dígame usted si efectivamente no es matar a un mosquito de un cañonazo.

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señora González, para concluir.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): En quinto y último lugar, proponemos la supresión del punto número 6 del texto, porque no tenemos muy claro lo que está planteando.

Pero si lo que está planteando es la existencia de distintas modalidades de transporte de pasajeros, esto ya está contemplado en la ley. Si de lo que está hablando es de que los concesionarios de transporte regular puedan solicitar colaboración de otros sectores, también existe, y ahí está el ejemplo de la guagua-taxi. Y si lo que está planteando es que los taxis o las limusinas puedan ser concesionarios de transporte público, obviamente, Nueva Canarias no lo comparte; y no lo comparte, fundamentalmente, porque las concesiones de transporte regular de viajeros tienen que cumplir unos condicionantes y tener unos requisitos que ni los taxis ni las VTC cumplen ni de lejos.

Y, para finalizar este punto, recordarle que las competencias en materia de autorización de transporte interurbano son de los cabildos, con lo que su planteamiento de que las autorizaciones de las VTC las conceda la comunidad autónoma vulnera la actual estructura competencial y, por tanto, tampoco lo compartimos.

Con todo esto, obviamente, Nueva Canarias va a votar en contra de esta proposición.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

El grupo proponente tiene que fijar posición respecto a las enmiendas planteadas a favor o en contra.

Señorías, por favor, pido silencio.

La señora SANTANA PERERA (Desde su escaño): Sí.

No vamos a aceptar ninguna de las enmiendas. Entendemos que son concepciones ideológicas completamente diferenciadas las de Podemos y Nueva Canarias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Santana.

Vamos al resto de los grupos. Vamos al Grupo Mixto.

Señorías, por favor (ante las manifestaciones de las señoras diputadas Santana Perera y González González desde sus respectivos escaños). Señorías, por favor, sigamos con el debate y las intervenciones de los grupos.

Grupo Mixto, señor Ramos Chinea, tres minutos.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días y bienvenidos a los asistentes del sector del taxi.

Es absolutamente incuestionable la importancia de la conectividad viaria en el desarrollo de nuestro archipiélago. Y, en esta conectividad, es evidente que juegan un papel esencial los medios de transporte. Lo cierto es que la mayor parte de la movilidad realizada en Canarias se realiza por carretera, caracterizándose por la lejanía los principales centros de demanda y producción de bienes y servicios. Esta realidad impone que las empresas que ejercen el transporte por carretera en nuestras islas se vean sometidas a unas condiciones de operación especiales, y es que a nadie se le escapa que el coste de una operación de transporte por carretera en las islas es superior al que tendría la misma operación en el territorio peninsular. Ni que decir tiene que estos costes son mucho más elevados en La Gomera y las demás islas denominadas periféricas.

Es por todo lo anterior por lo que es de primordial importancia concretar un marco regulatorio útil para el transporte por carretera que garantice los servicios de transporte de todos los canarios y permita el adecuado desarrollo de nuestro archipiélago. Es deseable, a su vez, que la consecución de los intereses sociales se concilie con los derechos de quienes prestan estos servicios esenciales en nuestro territorio, para la viabilidad del sector del transporte y la mejor satisfacción de las necesidades e intereses de las empresas y canarios que, en muchas ocasiones, dependen de ellos. Y es precisamente porque hay que hacer cambios importantes en la actual ley para adecuarla y hacerla más operativa por lo que llevan sucediéndose las reuniones con los colectivos afectados desde hace más de un año, un procedimiento en el que no debemos hacer interferencias.

Sin duda, esta PNL contempla medidas que pueden resultar positivas para la regulación de este servicio esencial para nuestras islas; cuestiones que deben tratar de resolverse en el consenso de los colectivos afectados, mediante el cauce procedimental adecuado que garantice la conciliación de los intereses afectados, así como los derechos de los trabajadores del taxi. Y si vamos a abstenernos en esta proposición no de ley es precisamente porque debemos dejar que el proceso participativo de la mesa del transporte continúe sin interferencias ni imposiciones, de forma que cuando se conforme el proyecto de ley y se tramite en este Parlamento sea el documento más consensuado posible. Y será cuando llegue este texto cuando algunos de los puntos que proponen puedan establecerse en la ley de transporte terrestre vía enmiendas.

Las PNL no deben hurtar a los colectivos del transporte su protagonismo en la conformación de este proyecto de ley. Y, después, dejemos paso al debate parlamentario y veamos si debemos enmendar algo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos Chinea.

Turno ahora para el Grupo Popular, señora Reverón.

Señorías, silencio, por favor.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señorías.

Señor proponente, le adelanto que mi grupo parlamentario no va a apoyar esta proposición no de ley. No me da tiempo de comentar todas sus propuestas, por lo que haré referencia a aquellas que más nos han llamado la atención y en las que por supuesto que no estamos de acuerdo.

Mire, en relación con el apartado primero de su proposición no de ley, entendemos que la misma lo que pretende es coartar la libertad de empresas y, en definitiva, la libertad individual. ¿Y sabe por qué le digo esto?, mire, ustedes pretenden, entre otras cuestiones, hacer una regulación de turnos, días de descanso y vacaciones para la explotación de licencias de taxis que se encuentren en ciudades de más de doscientos mil habitantes; es decir, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Los taxistas son trabajadores autónomos que explotan su propio negocio, sometido ya de por sí a un exceso de regulación y normativa. Su capacidad de libre autoorganización en cuanto a los días de trabajo y turnos no deberíamos tocarla. Es más, debemos apoyar lo que ellos digan. Y resulta que nos hemos puesto en contacto con los representantes del sector del taxi en las ciudades propuestas, en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, y están en contra de una regulación de turnos obligada y de la imposición de los días libres. Por tanto, esta propuesta deja fuera la participación y la opinión de las asociaciones del sector, a los profesionales del sector, lo que significa muy bien la forma de entender, de hacer la política, por parte del Grupo Parlamentario de Podemos.

Por otro lado, esa -como ya ha dicho la diputada de Nueva Canarias- es una capacidad que la ley actual recoge pero que deja en manos de los ayuntamientos, como debe ser: que sea cada municipio, con base en su propia realidad, número de licencias de taxi, población, demanda real del servicio, extensión, etcétera, el que establezca y organice su servicio de transporte público en taxi de una manera más eficaz, pensando en los profesionales del sector y en los usuarios de este servicio público.

Continúo con las siguientes cuestiones. En relación con el apartado segundo, sencillamente, nos parece un disparate. Mire, la situación de las áreas sensibles está plenamente normalizada y funcionando con total eficacia; las áreas sensibles que existen ya están delimitadas y justificadas normativamente, con los estudios preceptivos; y la organización del servicio del taxi en ellas se está prestando con total normalidad y con control por parte de las corporaciones insulares. Que el Parlamento no cree un problema nuevo donde no lo hay. Si se detectase la necesidad de determinar un área sensible nueva en cualquier isla, ya el mecanismo para ello existe y, además, es correcto.

Mire, finalmente, en relación con su apartado séptimo, sinceramente, desde nuestro grupo parlamentario, lo que entendemos es que lo más importante para ahora, en estos momentos, en el sector, es la lucha contra el intrusismo y contra los servicios piratas, y las ayudas a la renovación de la flota. De hecho, Canarias va a incumplir de plano la directiva europea para el año 2018, donde al menos el 5 % de la flota de taxis tenía que estar adaptada para personas con movilidad reducida, vehículos más eficientes, menos contaminantes y adaptados, por un lado; y mejores condiciones para prestar su trabajo. Eso es lo que realmente tiene que hacer el Gobierno de Canarias, donde debe ayudar a los ayuntamientos en relación con el taxi.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Reverón.

Turno ahora para el Grupo Socialista. Señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO (Desde su escaño): Señora presidenta, señorías, señores que representan al colectivo de los taxistas.

Miren, hoy han venido aquí -si me lo permiten- a engañarles. Les han venido a engañar. Y se lo voy a explicar. Y, afortunadamente, les digo que no están ustedes respaldados solamente por el Grupo de la Cámara de Podemos, porque si no, probablemente, todas las iniciativas las tendrían ustedes perdidas. Les apoyan más grupos parlamentarios, a pesar de que no hayamos traído aquí una PNL en el sentido en que la ha traído Podemos.

Este grupo parlamentario lo que ha pretendido hoy es adelantar el debate parlamentario que tendrá lugar en este Parlamento cuando el Gobierno traiga aquí la ley, y lo que ha hecho es adelantar un debate parlamentario que corresponderá cuando venga la ley. Hubieran estado ustedes ayer en este Parlamento y hubieran escuchado al consejero -donde hemos tenido un debate sobre el proyecto de ley, sobre la mesa del transporte que ha convocado el Gobierno- y hubieran escuchado también cuáles son las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios. Les puedo garantizar que gran parte de lo que establece esa PNL, en algunas cosas, la compartimos.

Miren, aquí hay gente que conoce bien el sector del taxi, porque hemos estado en el mundo local, venimos de la municipalidad, sabemos lo que es; y algunos, además, hemos tenido responsabilidades, por ejemplo, en la Comisión de Precios de Canarias. Yo creo que el sector me conoce y sabe, cuando tuve responsabilidades en esa materia, que intentamos ayudarles en la regularización de las tarifas; pero aquí no puede venir nadie a adelantar un debate que no corresponde. No lo puede hacer. Eso es hacerle trampas a la gente y engañarla. Por lo tanto, hoy no corresponde venir con esto.

Ayer -insisto- hemos tenido un debate, se ha dicho que hay una mesa del transporte, se ha dicho que en esa mesa del transporte están representados. Habrá que esperar a ver qué decide el Gobierno, porque todavía, en este país, existe la separación de poderes: está el poder ejecutivo y está el poder legislativo. Y aquí lo que está asentado es el poder legislativo, que tendrá que esperar a que venga esa ley y la enmendaremos, por supuesto que sí, en aquellas cuestiones en las que no estemos de acuerdo. Tienen ustedes el respaldo, en este caso, del Grupo Parlamentario Socialista.

No nos gustan algunas cuestiones que están en la ley, a pesar de que es verdad que son mejorables, porque es un proyecto que elaboró un director general responsable nuestro, pero que es verdad que al sector hay algunas cuestiones que no le gustan, y las vamos a revisar. Y esa ley tiene que pelear contra el intrusismo, tiene que tender la mano en la designación de las áreas que tienen que ver con los servicios que se prestan en áreas sensibles, como los aeropuertos. Tenemos que ser respetuosos con la normativa europea, y tenemos que ser implacables con el intrusismo y regular bien para que no nos pase como a otras comunidades autónomas con las nuevas fórmulas de transporte como Cabify o Uber.

Pero no se dejen engañar, hoy no toca: toca cuando llegue el Gobierno con la ley, y nos van a tener de su lado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matos.

Turno ahora para el Grupo Nacionalista. Señor De la Hoz.

El señor DE LA HOZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.

Ya le anunciamos al Grupo Podemos que vamos a votar en contra. En contra porque, como decía la portavoz del Grupo Podemos, hay que definirse. Hay que definirse: no se puede venir a una comisión en abril y decir que hay que salvar las competencias municipales y de cabildos y hoy venir aquí y saltarse todo el sistema competencial que hemos planteado en esta Cámara, en estas leyes que hemos desarrollado. No es de recibo. No es de recibo venir aquí intentando traer un texto que está consensuado con todos los taxistas, con todo mi respeto a los profesionales que hoy nos acompañan. Porque, desde la federación de taxistas, o de la asociación de autónomos taxistas, nos han advertido que no están de acuerdo con este texto. Y, además, sabe usted bien que está una mesa de transporte trabajando para mejorar el anteproyecto de la ley.

Sabe usted que tenemos constituida una Comisión de Transporte en esta Cámara; sabe usted que esto necesita, necesita de mayor consenso, trabajo y rigor; y no es de recibo, no es de recibo, señora Noemí, que nos diga que es un problema ideológico. No, no es un problema ideológico. Está claro, es evidente que todos apostamos por que un sector estratégico como es el transporte, incluido no solo el taxi, sino todo lo que se refiere al transporte terrestre, tiene, en fin, uno de los pilares básicos de una sociedad como es nuestro territorio, nuestros territorios insulares.

Pero si usted necesita, si usted quiere cambiar las normas de juego, lo tiene muy fácil: hágalo usted en el Ayuntamiento de Las Palmas, donde gobierna; hágalo usted en el Cabildo Insular de Gran Canaria, donde gobierna -bueno, gobernaba; es verdad, gobernaba, tiene razón (ante los gestos de la señora diputada Santana Perera desde su escaño)-. Pero lo tiene fácil. Hágalo allí, aplique la ley que está vigente para regularlo. Yo consumo, utilizo el servicio de taxi muy a menudo, muy a menudo; y le diré que siempre que me siento le pregunto a un taxista: "¿está usted de acuerdo en el día libre o no?" Pues estamos 50 a 50. Le puedo decir que es muy complicado poner de acuerdo al sector. Y se necesita firmeza, pero antes de esa firmeza se necesitan diálogo, rigor, trabajo y consenso.

Por lo tanto, señora Noemí, vamos a rechazar esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De la Hoz.

Señorías, una vez han intervenido todos los grupos, llamo a votación.

(La señora presidenta hace sonar el timbre de llamada a votación).

Ocupen sus escaños, señorías, para dar comienzo a la votación.

Señorías, comienza la votación. (Pausa).

Señorías, 51 votos emitidos: 7 síes, 29 noes y 15 abstenciones. Queda, por tanto, rechazada esta proposición no de ley.