Diario de Sesiones 104/2018, de fecha 6/2/2018 - Punto 28

9L/PL-0010 DEBATE DE PRIMERA LECTURA. PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE CANARIAS.

La señora PRESIDENTA: Señorías, hemos acabado el turno de control al presidente y seguimos con el orden del día, y, según hemos acordado, correspondería ahora el debate de primera lectura del proyecto de Ley de Servicios Sociales... -(rumores en la sala) ¡señorías, por favor!-, el proyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias.

Comienza el Gobierno la presentación del proyecto por tiempo de diez minutos.

Señora consejera.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Buenas tardes, presidenta. Señorías.

Cabría pensar que mi función hoy en esta tribuna es convencer de la necesariedad de esta nueva ley, pero yo creo que serían minutos perdidos porque todos los diputados y diputadas de esta Cámara saben la importancia, para los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, de contar con una nueva ley, con una ley que responda a la realidad de este territorio.

Han pasado treinta años desde que se aprobó la ley con la que todavía convivimos -en el año 1987- y que a lo largo de tres décadas ha cumplido su función lo mejor que ha podido, pero que desde luego no ha podido abarcar, abordar, organizar, establecer, ningún tipo de pautas en un crecimiento de servicios que se ha producido de manera casi espontánea, acogido por los ayuntamientos, por los cabildos, por fundaciones, por asociaciones, por asociaciones de familiares, que veían necesidades que había que cubrir y que fueron poniendo en marcha recursos con la financiación que fueron consiguiendo. Y en todos estos sectores, a lo largo de estas tres décadas, se ha producido una enorme especialización y además una gran variedad en la tipología de los recursos, tanto en infancia como en discapacidad, como en salud mental, como en mayores, como en dependientes.

Estamos hablando de muchísima población, necesitada de atención especializada o preventiva, que en todo el territorio ha ido siendo atendida a través de la iniciativa pública y también privada, con un tercer sector que ha jugado un papel fundamental para poder seguir adelante en los momentos más complicados y en las situaciones de mayor dificultad.

Desde luego hoy ese nivel de especialización hace que también tengamos en el mercado laboral multitud de profesionales en un espacio sin regulación y sin marco jurídico, incluso nuevas profesiones, nuevas categorías profesionales, nuevas terapias, nuevas estrategias.

La realidad va siempre por delante de la legislación: legislamos siempre cuando los fenómenos ya se han producido. Y después de años de durísima crisis podemos desde luego compartir que treinta años después no podemos perder ni un segundo más para tener una ley, un marco jurídico de nueva generación que responda a las necesidades de la población canaria.

Esta es además una ley que da estabilidad a un pilar fundamental que ya he mencionado en los servicios sociales: el tercer sector. Es una ley que aborda por primera vez algo que ya la Unión Europea recoge y defiende: el concierto social; que por primera vez abre una puerta a la estabilidad de los recursos a través de convenios y de conciertos que permitan a las entidades una cierta tranquilidad en la financiación de sus nóminas, de sus pagos de agua, de luz, de transporte o en el mantenimiento de sus centros, porque hasta eso hay que tenerlo en cuenta. Alquileres o mantenimiento de centros propios que en muchas ocasiones cargan de manera muy importante los gastos de estas asociaciones y de estas entidades. Por eso no comparto, no puedo compartir, que esta sea una ley que vaya a promover o que vaya a apoyar o que vaya a impulsar la iniciativa privada, porque creo que es precisamente lo contrario. Por primera vez podremos cerrar acuerdos con ese tercer sector para dar estabilidad a los servicios que prestan.

Además es una ley que recoge por primera vez el carácter transversal de muchos servicios, servicios que son compartidos entre distintas consejerías. Un ejemplo, la atención temprana.

Pero podemos hablar también del importantísimo espacio sociosanitario, que hay que regular, que hay que ordenar para que responda a las necesidades que tenemos hoy, que van creciendo y que van a ser muchas más mañana.

Esta es una ley que nace desde la participación, que desde el primero momento recibió muchísimas propuestas de muchas entidades, de colegios profesionales, de asociaciones, de Fecai, de Fecam y que admitió muchísimas de las propuestas presentadas. Por tanto, podemos discrepar en algunos aspectos pero es una ley que nació con un amplio apoyo, con una amplia participación y yo diría, en líneas generales y respetando que estamos iniciando un proceso que abre las puertas a muchas mejoras, yo diría que con un amplio consenso y con poca contestación. Podíamos decir que el que no haya enmiendas a la totalidad es una prueba de ello, pero tampoco hemos tenido a lo largo de los últimos meses, a lo largo de los últimos dos años, una contestación a la ley que hoy nos haga pensar que estamos ante un documento que no sirve, ante un documento que no responde.

Despejado eso, decir también que... He escuchado también que ha habido una especie de retraso y ahora hay una serie de déficits. Bueno, yo no sé dónde están los déficits ni sé dónde está el retraso. Sé que desde el inicio de este mandato se ha corrido mucho para cumplir, que lo hizo el equipo anterior y que lo ha hecho el actual. Y les voy a recordar que el 24 de octubre de 2016 el anteproyecto de ley fue aprobado en Consejo de Gobierno para dar el paso de la exposición pública. Que fue a finales de febrero, principios de marzo, cuando se cerró todo el procedimiento de estudio de alegaciones y a partir de ahí empezó a remitirse la documentación a todas las instituciones, entidades, organismos, órganos previstos, consejerías: Consejo Económico y Social, Consejo Municipal de Canarias, Consejo de Colaboración Insular, Consejo General de Servicios Sociales, Dirección General de Planificación y Presupuesto, Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, Consejo Consultivo de Canarias... Con la mala suerte, o buena suerte para quienes disfrutan en verano de vacaciones, de que en el mes de agosto todo se para y no tuvimos de vuelta, finiquitado el procedimiento, el anteproyecto hasta el mes de septiembre y es en octubre cuando entra en este Parlamento. Es en octubre cuando el Consejo de Gobierno decide que el anteproyecto ya tiene todos los informes preceptivos y debe llegar al Parlamento.

Esta es una ley, además, que, como ya se ha dicho mucho desde el inicio y como ya mi antecesora también dijo en tantas ocasiones, es una ley de todos y de todas, centrada en las personas, que garantiza derechos y que hace que la ciudadanía pueda reclamar, en idénticos términos que reclaman otros derechos, incluso ante los tribunales si fuera necesario, los servicios a los que tienen, insisto, derecho -valga la redundancia- todos ellos y todas ellas.

Hay un eje básico en esta ley, es desde luego el catálogo de prestaciones. La ley recoge en su marco jurídico y global las ideas principales. Trata de organizar, trata de ordenar, pero es un marco jurídico general que no puede bajar a un nivel de detalle técnico que debe estar en decretos posteriores de fácil modificación, porque si no son de fácil modificación tenemos una ley condenada a morir en pocos años, que no podremos revisar ni abrir cada vez que decidamos que hay un servicio que otra administración puede prestar mejor, o cada vez que decidamos que hay una categoría profesional que hay que exigir en un recurso, o cada vez que decidamos que hay que hacer una revisión de ficha financiera o de precios. Eso no puede estar en un marco jurídico global, tiene que estar en los decretos. Decretos que nos permitan modificaciones más rápidas para irnos adaptando a la realidad y, por tanto, tener una ley con futuro, una ley que nos dure, una ley que responda a las necesidades que se vayan planteando.

Acabamos de vivir una crisis enorme que nos ha demostrado que los textos legislativos en esta materia, cuando los problemas empiezan a llegar, cuando la gente empieza a sufrir, no responden. Y cuando los ayuntamientos tienen que hacer algo, porque no les queda otro remedio, porque la gente está en la puerta...

La señora PRESIDENTA: Señora consejera, dos minutos más.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): ...tienen que salvar los reparos, porque no les dejan los interventores resolver esas cuestiones.

Tenemos en el presupuesto 700 millones que en el 2016 eran 544. Con ese dinero y con el dinero que haya que suplementar cuando revisemos cada plaza, cada servicio, según su tipología, según los profesionales que tiene que tener, se creará la ficha financiera que acompañe a ese catálogo de prestaciones y a partir de ahí podremos hablar con tranquilidad con todo el sector social del tiempo en el que vamos a ponernos en hora con el precio de los recursos, porque tampoco podemos seguir exigiendo si no estamos abonando lo que cuestan los recursos.

Pero es que los recursos en Canarias cuestan diferente dependiendo de dónde estén, porque en todos sitios no cuestan lo mismo, y por eso tenemos que diseñar ese mapa, que va acompañado del catálogo y en el que hemos empezado a trabajar hace meses, porque nos hemos comprometido a que ese catálogo esté muy avanzado en el momento en el que se apruebe la ley y que no muchos meses después podamos tener ya un catálogo y un acuerdo financiero para los próximos años.

Miren, esta es una oportunidad única. Después de años de sequía, después de una Ley de Racionalización que planteó a los ayuntamientos que no podían prestar servicios sociales, nos hemos dado cuenta más que nunca de que esta ley es absolutamente necesaria, porque si esta ley hubiera existido nadie hubiera dicho, ningún interventor habría dicho a sus alcaldes: "usted no puede prestar servicios sociales". Y no podemos seguir esperando, esta ley es urgente.

Yo estoy convencida de que en el proceso que hoy empieza esta ley lo único que va a hacer es mejorar, mejorar para tener la mejor ley posible, para dar respuesta a ciudadanos y a trabajadores, para dar respuesta al sector, para abrir la puerta a nuevas estrategias y para no hacer una ley...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.

Le he dado dos minutos de más del tiempo. Entiendo que ha habido generosidad por parte de esta presidenta. Dos minutos más, vamos a cortar el debate.

Turno ahora de fijación de posiciones de los grupos, por tiempo de diez minutos también, más dos, por supuesto.

Empezamos de menor a mayor, artículo 83. Grupo Mixto, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.

Por fin ha entrado a esta Cámara uno de los proyectos de ley más esperados e importantes de esta legislatura.

Nos encontramos ante un proyecto de ley que va a incidir de manera trascendental en la vida de todas las canarias y todos los canarios y que necesitamos que dé respuesta a los cambios demográficos y sociales acontecidos en nuestras islas en los últimos años. Entre ellos, el aumento exponencial de la población, población además que se ha concentrado principalmente en los núcleos urbanos; el envejecimiento poblacional, más acusado en islas como La Gomera; el incremento de la desigualdad, que se ha traducido en una cifra del 44 % de la población en riesgo de pobreza y exclusión social; y, cómo no, las elevadas tasas de desempleo y la precarización del empleo. Un escenario que requiere de una respuesta de peso por parte de los poderes públicos, una respuesta que lleve consigo la esperanza de un futuro mejor para esos cientos de miles de familias canarias. Y es a esa realidad a la que trata de dar respuesta la Ley de Servicios Sociales. Por primera vez se prevé la aprobación de la cartera de servicios y de prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales, una cartera que incluirá las prestaciones de servicios a las que el ciudadano tendrá derecho, configurado como un derecho subjetivo y, por tanto, exigible ante las administraciones que deban garantizarlo.

Hablamos de una ley que permitirá, de una vez por todas, que las entidades dedicadas a la economía social y solidaria dejen de depender de subvenciones anuales. Por fin podrán establecer convenios y conciertos a más largo plazo. Y es que pensar que con subvenciones de un año se resuelven los problemas sociales de Canarias es una quimera. Podrá por fin terminarse con la planificación cortoplacista.

Además se trata de un proyecto en el que ha primado la participación. La participación es una exigencia de la eficiencia en la gestión de los recursos y la eficacia en la respuesta. Queremos que se eliminen, de una vez por todas, las dramáticas cifras de población en riesgo de pobreza, que se erradique la desigualdad en todos los ámbitos: la desigualdad económica, la desigualdad social y por supuesto la devastadora y cotidiana desigualdad de género.

Desde luego la Ley de Servicios Sociales no va a lograr por sí misma eliminar de un plumazo la pobreza y la desigualdad en Canarias, pero, aunque esta Ley de Servicios Sociales no vaya a ser la cura mágica contra la pobreza y la desigualdad de Canarias, es innegable que ayudará y mucho. Dará alivio y respuesta a muchas de las necesidades que padecen miles de familias canarias, actualizando una normativa a la realidad de hoy, a los problemas que día a día afrontan las familias de nuestras islas. Hasta el momento hemos gozado de una buena ley de servicios sociales, pero después de más de treinta años parece razonable que abordemos una regulación de una nueva normativa.

Señorías, Canarias a día de hoy cuenta con más de trescientas veintiséis mil personas mayores de 65 años y la previsión que se baraja es que Canarias tendrá en el 2020 alrededor de ochenta mil personas mayores más que en la actualidad, y que en el año 2030 habrá unas quinientas mil personas mayores de 65 años en las islas, de las cuales el 40 y el 50 % serán dependientes.

Valoramos positivamente que este proyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias prevea, dentro de sus objetivos, posibilitar una atención territorializada y equilibrada entre las islas y municipios de Canarias, de forma que el acceso a los servicios sociales por parte de los ciudadanos sea equitativo para todos los ciudadanos del archipiélago. Cada isla necesita una respuesta adaptada a su realidad. En islas como La Gomera, donde el 21 % de la población tiene más de 65, tenemos una pirámide poblacional completamente invertida y cuyos problemas y circunstancias son completamente diferentes a los de las otras islas no capitalinas, se hace aún más necesario que esta ley contrarreste estas dificultades.

Por lo que respecta a los principios rectores a los que se hace referencia, como son la descentralización en la prestación de los servicios y la desconcentración, estamos de acuerdo en que los cabildos y los municipios deben aproximar lo máximo posible los servicios a la ciudadanía mediante la zonificación territorial. Desde Agrupación Socialista Gomera siempre hemos reflejado que la acción de las administraciones locales es crucial, puesto que son las instituciones más cercanas al ciudadano y las que conocen la realidad de sus problemas. Eso sí, cumpliendo rigurosamente con el principio de suficiencia financiera para que la calidad de los servicios sociales no se vea resentida.

Esta medida, junto con la dotación económica adecuada, sin duda va a ayudar a descongestionar los servicios y servirá para agilizar la gestión de los servicios sociales de nuestra comunidad. Agilización que será posible también gracias a que se va a contar con profesionales de referencia, lo que hará factible un servicio más adecuado en función de la intervención social de la que sea objeto. Y, por tanto, podríamos decir que se hará una valoración y un diagnóstico con una atención más individualizada.

La renovación de la cartera de forma consensuada al menos cada dos años nos parece un tiempo razonable para ser una herramienta en continua actualización, que se ajuste a las circunstancias del momento y que contemplará los nuevos servicios que la ciudadanía vaya demandando.

Nos parece sumamente importante la reorganización competencial que se ha hecho de los servicios sociales, donde quedan bien diferenciadas las competencias entre los tres niveles -autonómico, insular y municipal-, y que contemplará la culminación del proceso de transferencia de competencias en materia de servicios sociales a los cabildos, por lo que habrá que estar muy pendientes de cumplir los plazos que marca la ley.

Por lo que respecta a diferentes órganos de coordinación y de participación social, como son la conferencia sectorial, el consejo general, el comité de ética, los consejos insulares y municipales, así como el Observatorio Canario de los Servicios Sociales, pueden ser una buena herramienta para dar un plus de calidad a nuestros servicios sociales. Entendemos que estos ayudarán al seguimiento y al control del sistema público de los servicios sociales, que, estamos seguros, redundará en la mejora de su funcionamiento, con propuestas y recomendaciones. Sin duda otro elemento más que recogerá la ley para poder dar cobertura a nuestros dependientes, nuestros mayores y sus familias. También es la simplificación de los procedimientos de gestión, donde el uso de las tecnologías es una vía clave para la ordenación, planificación y gestión de los servicios sociales.

También nos alegramos enormemente de que se tengan en cuenta los sobrecostes y las dificultades que padecemos en las islas no capitalinas, máxime en un ámbito como el de los servicios sociales, donde en áreas como la dependencia, atención a la discapacidad, a nuestros mayores y menores creemos que hace falta una mayor inversión del Ejecutivo canario en infraestructuras y en el acercamiento de los medios y recursos asistenciales que actualmente tienen las islas capitalinas respecto al resto de islas. Esta solidaridad con las islas que padecemos las dificultades de los sobrecostes de la doble insularidad esperamos que consiga que podamos llegar a tener igualdad de condiciones asistenciales entre todos los canarios.

Otro de los aspectos que se recogen en la ley es el régimen especial de concertación de prestaciones con entidades sociales, como otro modo de organización de la gestión de los servicios sociales. Esto puede ayudar a la reserva y ocupación de plazas por las personas usuarias del sistema, eso sí, sin perjuicio de que se exija que se cumplan criterios de auténtica eficiencia en el gasto público con estos conciertos y que siempre, siempre, se controle que los servicios se prestan con la calidad necesaria para nuestra población.

Finalmente, la ley establece políticas de inclusión activa y contra la pobreza, a fin de facilitar la inclusión social y laboral de todas aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión o en riesgo de padecerla, en especial para los menores, familia y los extutelados.

Estamos seguros de que todos estamos deseando contribuir para paliar los problemas sociales que tiene Canarias, por lo que les pido que debemos ser propositivos y trabajar con el diálogo, búsqueda de consenso, para que con las...

La señora PRESIDENTA: Dos minutos más, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.

...para que con las aportaciones que hagamos todos los grupos, y todos los grupos vamos a hacer enmiendas a este articulado, podamos mejorar el texto y consigamos finalmente una ley con la mayor utilidad social posible.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.

Turno ahora para Nueva Canarias. El señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera, la señora exconsejera y a doña Inés Rojas también.

Agradecer, voy a empezar por donde normalmente se termina, y es en la fase de agradecimientos, y ahí quiero empezar precisamente por todas las consejeras. Yo creo que es de las leyes probablemente que más maternidades ha tenido, tres en concreto. Se iniciaba desde la legislatura anterior y lamentablemente casi estamos, no digo finalizando, pero hemos pasado el ecuador de esta legislatura y es ahora cuando entra una ley tan relevante, casi cinco años. Pero, no obstante, quiero agradecer a ustedes la implicación, el trabajo y el esfuerzo para que esta ley esté aquí. Y empiezo por ustedes como ahora quiero continuar por todos aquellos que han participado de una manera activa en que este proyecto de ley ya haya llegado al Parlamento. Hablo de las organizaciones, de las ONG, del tercer sector, hablo de los sindicatos, hablo de los distintos colegios profesionales, hablo de los ayuntamientos, sus representantes, hablo de los cabildos, hablo de las organizaciones de usuarios; en definitiva, de todos aquellos que, de una manera u otra, durante tanto tiempo han contribuido para que este texto esté aquí hoy.

Por tanto, quiero agradecerles a todos ellos, de manera muy especial por su tiempo, por su experiencia, por su trabajo, por su enriquecimiento y también por la paciencia infinita. Paciencia infinita que, como decía antes, les ha hecho durante cinco años estar trabajando y creo que se merecían también que este texto hubiera llegado a este Parlamento con mucha antelación. Paciencia infinita porque probablemente, ante cada uno de los borradores que los que aquí estamos hemos ido recibiendo... Yo perdí la cuenta en un momento determinado; es más, decidí que no me reunía con nadie más hasta que estuviera el texto definitivo, porque un borrador tras otro borrador, tras otro borrador, discutiendo algunas cuestiones que dos meses después ya no estaban, que tres meses más tarde se volvían a incorporar. Por tanto, ese agradecimiento con una crítica constructiva pero creo que era necesario también reflejar.

Cinco años son muchos para una ley que era absolutamente necesaria. Cinco años de tramitación que, cuando ya se empezó a elaborar, era necesaria y reconocido por parte de todos los que aquí estamos y las organizaciones que trabajan que era necesario actualizar aquella ley del año 87. Una ley que supuso el primer incumplimiento del presidente del Gobierno en su debate de investidura, como ustedes recordarán. Llegó a decir aquello de que a diciembre del 2015 tendríamos ya ley de servicios sociales.

Pero sí quiero también felicitar por el procedimiento participativo, por el proceso participativo de la ley. Este es el ejemplo de cómo las leyes, aunque ha tardado demasiado, deben tramitarse. Frente a otros ejemplos lamentables que en esta misma legislatura hemos sufrido como, por ejemplo, la Ley del Suelo. Esta ley se nota que no se ha elaborado en un despacho por encargo; en esta ley se nota que hay discusión, que hay debate, y no es perfecta y probablemente no contenta a ningún colectivo, no contenta a los ayuntamientos, no contenta a los cabildos, no contenta a los colegios profesionales, pero sí que hay recogidas muchas de sus cuestiones. Y, por tanto, también ahora es verdad que nosotros, una vez que ha llegado al Parlamento, tenemos la obligatoriedad de intentar acelerar todo el proceso que quien tuvo la responsabilidad en cada uno de sus momentos no fue capaz de hacerlo.

Cubierta esa etapa de agradecimientos, quiero entrar ahora también en algo que no suele ser habitual, quiero empezar por ahí también, y es en reconocerle los aspectos positivos de la ley, porque los tiene y mucho, y algunos los he reconocido en esa introducción. Pero hay un elemento esencial en esta ley que creo que es lo más relevante de todo: los servicios sociales pasan a ser un derecho subjetivo de las personas. Colocamos los derechos, colocamos los servicios sociales en el mismo nivel que la educación, que la sanidad, que las pensiones o que la dependencia. Esto era una reclamación histórica. Esto es colocar los servicios sociales en el lugar que les corresponde. Y esto quizás lo entendemos ahora, después de estos años de crisis, mucho más que con anterioridad. Hubo un momento en que pensábamos que los servicios sociales estaban dirigidos a aquellos excluidos, a gente desestructurada, a gente que por mandato divino parecía que estaba abonada a estar en los servicios sociales de los ayuntamientos o de los cabildos. Y no fue nunca así, y la demostración palpable de eso ha sido lo que hemos tenido que vivir en estos últimos años, donde es extraña la familia que no ha tenido que pasar en algún momento determinado por los servicios sociales municipales, a causa del desempleo, a causa de la pérdida de su vivienda; en definitiva, por la múltiple casuística que hace que los servicios sociales no son en ningún caso ni una limosna ni algo de lo que nadie tenga que avergonzarse.

Esta ley va a permitir, si lo hacemos bien en el periodo también de tramitación, que consigamos que, de la misma manera que cuando alguien va al colegio no siente vergüenza, que cuando alguien va a un centro de salud o a un hospital no siente vergüenza, que cuando alguien empieza a cobrar sus pensiones no siente vergüenza, que cuando alguien vaya a los servicios sociales no sienta vergüenza, porque es un derecho que le corresponde y para eso están, y por eso se regula en estos términos.

Creo que son positivos los numerosos canales de participación que establece la ley: la conferencia sectorial, el consejo general, los consejos insulares y municipales. Muy positiva, la historia social única, intentando unificar y que el usuario de servicios sociales no tenga que estar constantemente rememorando, reviviendo y en algunos casos victimizando una vez tras otra su situación. Por tanto, la historia social única entendemos que es importante. Al igual que el Observatorio Canario de los Servicios Sociales. Fundamental, los parámetros de calidad que se van a exigir a través de esta ley. No se trata solo de tener servicios sociales, tenemos que tener los mejores servicios sociales para nuestra gente. Y fundamental, y nosotros aplaudimos, la cartera de servicios y prestaciones y el catálogo de prestaciones.

Y coincidimos con usted en una cuestión: entendemos que, aunque esté regulado en el marco jurídico, en el marco de la ley, debe con posterioridad reglamentarse, trabajarse. Aunque discutiremos los tiempos -lo plantearé ahora-, discutiremos los tiempos en que debe hacerse. Y lo decimos porque obviamente, como usted decía, afortunadamente en el ámbito de los servicios sociales, como en todo, se avanza de manera continua, hay nuevas estrategias de intervención, hay nuevos proyectos, hay nuevos programas, hay nuevos servicios y hay nuevas prestaciones. Un ejemplo claro de ellas es la que este grupo, Nueva Canarias, presentó en la enmienda a la totalidad a los presupuestos recientemente, e incorporábamos -no desglosada como una ley pero sí dando bastantes detalles- la necesidad de incorporar una renta básica canaria. Y vamos desde Nueva Canarias a trabajar por que esa renta básica canaria sea una realidad y, por tanto, pueda incorporarse en algún momento a esa cartera y ese catálogo de prestaciones que puedan llegar a los ciudadanos, porque probablemente, afortunadamente, hemos dado un salto cualitativo y la sociedad cada vez es más exigente con lo que nos demanda a los que aquí estamos. Y al igual que pasó en el País Vasco en el año 2008, antes de la crisis, en el año 2008, fueron capaces a nivel político y como sociedad de entender y de exigirse que no podían tolerar que ni uno solo de sus miembros, ni una sola de las personas que vivían en su territorio, no tuviera los ingresos mínimos necesarios para vivir con dignidad. Por eso debemos dar ese salto de la visión que tuvimos hace años, acertada, y en aquel momento avanzada, de enfocarnos en la inserción, es decir, del que no tuviera trabajo, que lo tuviera. Hoy creo que como sociedad debemos exigir que nuestros niveles de ingresos, de nuestra gente, sean unos mínimos para poder vivir con dignidad. Del que no tiene trabajo, para que lo consiga, pero del que no va a trabajar nunca más, porque es pensionista, pueda tener un ingreso, e incluso de aquellos que trabajando tienen unos salarios miserables y esta renta básica pueda incorporarles y darles un ingreso adicional.

Pero también tiene aspectos negativos. Excesiva reglamentación, señora consejera. En cinco años de tramitación, aunque ya he dicho que hay algunos aspectos que sí entendemos que deben reglamentarse con posterioridad, hay muchos aspectos que podrían, por su sencillez, haberse reglamentado o haber marcado las líneas fundamentales por las que se dan determinados servicios o cómo se articulan determinados elementos, como puede ser, por ejemplo, el observatorio. Excesiva reglamentación para posteriori. Nosotros, de todas formas, ya decimos y anticipamos que una de las enmiendas que vamos a presentar es que la cartera, estando de acuerdo en que se reglamente con posterioridad, no puede ser a un año, porque pasará lo que pasó con la ley de educación: terminará la legislatura y no la tendremos. Será el equipo siguiente, con las consecuencias que ya conocemos también. Por lo tanto, no estará ni en un año, probablemente ni en un año y medio ni en dos. Y este es un elemento absolutamente esencial en la ley, por los servicios, por las prestaciones y porque a partir de ahí vendrá con posterioridad la financiación, absolutamente necesaria.

Un elemento básico, la financiación. No está clara en esta ley, señora consejera. Hay dos términos que a mí me preocupan cuando se ponen y ahora le explicaré por qué.

La señora PRESIDENTA: Dos minutos más, señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Cuando habla de financiación hay dos elementos de los que ustedes hablan: por parte de aquellas administraciones que tienen las competencias, financiación suficiente. Mi pregunta es, ¿suficiente como qué?, ¿como la de la dependencia, que también es un derecho subjetivo? ¿O financiación adecuada cuando hace referencia a la transferencia de competencias desde la Administración autonómica a los ayuntamientos y cabildos? ¿Adecuada como qué, señora consejera?: ¿como lo que han tenido que padecer los ayuntamientos por parte del Gobierno de Canarias durante tanto tiempo? Por tanto, ese será otro de los elementos que trabajaremos de manera intensa.

Y quiero terminar. Hay otros aspectos negativos que obviamente son más técnicos que de otro calado y que abordaremos, pero quiero terminar con un tema esencial. Las leyes son importantes, señora consejera, venimos reclamando desde el inicio de esta legislatura que esta ley fuera una realidad, pero no son lo más importante. Lo más importante es la voluntad con la que se desarrollan las leyes, lo más importante es la prioridad que se da a las leyes, lo más importante son los recursos económicos y humanos para que se pongan en marcha las leyes. Y lo digo porque Canarias no adolece ni ha carecido de ley, Canarias tiene ley desde el año 87, de Servicios Sociales, y a pesar de tener ley, ¿dónde hemos estado en materia de servicios sociales?, ¿dónde hemos estado en materia de dependencia? ¡En la cola! Por tanto, la ley es determinante pero no es lo más importante. Y en ese sentido es donde nosotros vamos a estar muy vigilantes, intentando acelerar todo lo máximo con el trabajo de todos los grupos parlamentarios para que sea una realidad cuanto antes, para que recoja de manera clara, de manera expansiva, todo el alcance que puede tener una ley tan esperada y tan deseada, pero teniendo claro que ese no deja de ser el marco en el que hay que trabajar, pero que luego le corresponde al Gobierno de turno colocarla en el máximo nivel de prioridad a la hora de establecer financiación, recursos, medios y voluntades.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campos.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. Señora Santana.

La señora SANTANA PERERA: Sí. Muy buenas tardes.

Me hubiera gustado, señora consejera, que el presidente del Gobierno, el señor Fernando Clavijo, no solo se quedara a su discurso sino que también atendiera a todos los discursos de la oposición, porque seguro que luego lo vemos cuando toque la hora de votar y apretar el botón. Muy bien.

Le quiero hacer una retrospectiva sobre lo que ha acontecido sobre esta ley. Mire, 26 de febrero de 2015: "Clavijo promete una ley que agilice los servicios sociales a final de año"; dice que va a tratarse de uno de sus primeros objetivos. También decía que se va a necesitar, para sacar adelante esta ley, no solo una carta de servicios y prestaciones clara y transparente sino que además -¡ojo al dato!- decía que se necesitaría una ficha financiera que haga frente a la asunción de competencias. Y atentos porque esta parte me encanta: también decía el señor Clavijo y hablaba de la necesidad de un presupuesto plurianual para que los servicios no dependan del presupuesto autonómico de cada año. Leyendo estas cosas, la verdad, señora consejera, que a una se le pone la piel de gallina, de cómo el presidente del Gobierno puede hacer tal ejercicio de cinismo y la falta de ética del Gobierno de Coalición Canaria. Credibilidad cero, pero, bueno, qué vamos a esperar de un presidente del Gobierno que hace escasos minutos nos decía que la corrupción en Canarias es inexistente.

Mire, 7 de julio de 2015: Clavijo asegura que en 2016 estará la ley de servicios sociales. En la noticia, pues, se recogen las palabras del discurso de investidura del presidente Clavijo, donde decía: mi primer objetivo será que esta nueva ley se apruebe antes del fin del 2015, porque son inadmisibles los tiempos de espera en casos como la dependencia y la discapacidad. Estamos en el 2018 y la ley de servicios sociales seguía esperando en una gaveta mientras ustedes aprobaban la Ley del Suelo, que esa parece que sí era urgente, ¿no? Urgente para ustedes, de Coalición Canaria, y urgente para los grandes empresarios de esta tierra.

Mire, el 9 de diciembre de 2015 decía: "Clavijo anuncia una ley de servicios sociales para romper el círculo de la pobreza". Por esas fechas aún ni había un texto articulado. El Gobierno de Coalición Canaria y en ese momento también el Partido Socialista, pues, achacaban los atrasos porque pareciera que los agentes implicados del sector les pedían más tiempo. El propio presidente del Gobierno achacaba en esta noticia el retraso al Consejo General de Asuntos Sociales, pero a lo mejor eran ustedes los que necesitaban más tiempo, en esa relación tan poco fructuosa que tuvieron con el Partido Socialista.

11 de agosto de 2016: "La ley de servicios sociales no va a solucionar la pobreza en Canarias". Decía esto el señor presidente y la verdad es que nos sorprendía; nos parece increíble cómo pasan de decir en el 2015 que la ley de servicios sociales iba a ser la que iba a romper la pobreza en Canarias a decir, tan solo unos meses después, que esta ley no iba a solucionar nada. ¡Lo de ustedes es pura coherencia! Es más, dijo el presidente que la solución no es la ley y tampoco hacer un plan contra la pobreza sino la solución era cambiar el modelo productivo. Y lo dijo justo cuando el Gobierno presentaba unos presupuestos en los que ni de lejos se ve un atisbo en ello de cambio de modelo productivo. Y no solo eso sino que en ese mismo presupuesto ustedes presentaban un plan de choque contra la pobreza que lo menos que podemos decir de él es que está muy alejado de esa visión tan necesaria, transversal, que deben tener las propuestas cuando quieren solucionar los problemas y los datos de pobreza y exclusión social.

También decía el señor Clavijo -y esto la verdad es que es algo impresionante-, que el señor presidente no ve la Canarias que reflejan los datos de pobreza. A lo mejor es que lleva mucho tiempo encerrado en su despacho y no se da un paseo por las calles y los barrios de esta tierra.

Y este ejercicio de hemeroteca lo hemos hecho para que quien nos esté siguiendo desde sus casas entienda esta ley. Nunca ha sido una prioridad para este Gobierno de Canarias. Que llega al Parlamento con tres años, casi, de retraso, que llega con profundas deficiencias, que llega descafeinando las propuestas hechas por los colegios oficiales, por los movimientos sociales, por los agentes del tercer sector que han intentado colaborar en ella. Se ha intentado hacer una ley participada pero luego se ha pasado guillotina a todo aquello que a ustedes no les gustaba, señores del Gobierno.

Y déjenme decirles una cosa: la ley actual, la Ley 9/87, no fue una mala ley; lo que hizo que esta ley no funcionara es la falta de compromiso. La falta de compromiso de Coalición Canaria, y del Partido Popular y del Partido Socialista, que son los que les han mantenido en el poder a ustedes, para su desarrollo y financiación. Y lo que ha tenido como resultado esa falta de compromiso es la concepción asistencialista que se tiene en nuestra comunidad autónoma de los servicios sociales. Y, lo que es peor aún, no han aprendido de sus errores, porque esta ley nueva que ustedes nos quieren presentar aquí peca de todos los errores de la anterior ley. Los servicios no esenciales no quedan garantizados. Es tan importante la atención primaria como la atención secundaria y especializada, señora consejera. Aunque en la exposición de motivos ustedes insistan constantemente y que se repita que se cambia del sistema asistencialista al reconocimiento de los derechos sociales, esto es tajantemente falso. Una mentira repetida mil veces no se va a convertir en verdad, y la verdad es que el conjunto de colectivos ha subrayado su preocupación de la exclusión de los servicios no esenciales como derechos subjetivos.

También la ley equipara el valor de las prestaciones, programas y servicios de titularidad pública a los de titularidad privada. Y esto abre la veda a una mayor privatización de los servicios, señora consejera. La concertación debe ser siempre subsidiaria y además supervisada, alejada de una concepción mercantilista. Y, eso sí, hay que pedir la misma calidad en los servicios cuando se prestan por manos públicas que cuando se prestan por manos privadas.

También falta una ficha financiera capaz de dar respuesta a los medios humanos, a los medios técnicos y financieros necesarios para el funcionamiento de la ley. Nos preocupa muchísimo que no se les garantice a los colectivos la financiación de los servicios a través de su anclaje en la ley. La infrafinanciación, tal cual está redactada esta ley y visto lo visto en los últimos años, les impedirá a las entidades del tercer sector de acción social seguir prestando los servicios. El otro día recibíamos a la fundación canaria de atención a las familias y nos decía que ya no veían viabilidad en poder seguir prestando el servicio, pero ustedes les daban con la puerta en la cara. Esperemos que esta situación se resuelva, señora consejera.

La cartera también de servicios y el catálogo de prestaciones del sistema público de servicios se deben desarrollar en la propia ley. No lo podemos dejar al azar, dejar pendiente al desarrollo de decretos o de reglamentos. De verdad, señora consejera, deben quedar bien definidos y también los criterios de calidad.

Debemos garantizar, además, la equidad en la accesibilidad de toda la ciudadanía, independientemente de la isla en la que habite, favoreciendo así la cohesión social y la justicia social. Clarificar qué competencias se les van a ceder a los cabildos y además impulsar la remunicipalización de los servicios sociales y la coordinación, eso sí, con el sistema público de sanidad, de educación y de empleo; garantizar la tutela judicial efectiva...

La señora PRESIDENTA: Dos minutos más, señora Santana.

La señora SANTANA PERERA: Gracias.

...garantizar la tutela judicial efectiva, incluyendo la reclamación del derecho de prestaciones y servicios vía administrativa y jurisdiccional, e incluir las mejoras en el diseño de infracciones y sanciones a los centros, además de incorporar un nuevo diseño de inspección y supervisión de las entidades sociales.

Mire, señora consejera, esta ley, tal cual entra en el Parlamento, no es la ley que los canarios se merecen. Para nosotros era tan ansiada esta ley, como también lo era para el conjunto de la sociedad en general, que decidimos no presentar una enmienda a la totalidad porque estábamos temerosos de que si presentábamos esa enmienda a la totalidad tal vez esta ley corría el riesgo de no salir adelante en esta legislatura. Pero sí le digo una cosa: vamos a presentar numerosas enmiendas parciales para intentar mejorar esta ley y enriquecerla. Estamos trabajando con colectivos sociales, estamos trabajando con profesionales del sector, estamos trabajando con los colegios oficiales, estamos trabajando con todos los colectivos del tercer sector para recoger todas sus alegaciones y plasmarlas en nuestras enmiendas.

Señora consejera, yo creo que todos tenemos claro que esta ley lo que debe, su mayor objetivo es dar calidad de vida y bienestar social a la ciudadanía de Canarias, que al fin y al cabo son los que peor lo están pasando.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.

Turno ahora para el Grupo Popular. La señora Luzardo.

La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes.

"Nuestro primer objetivo es la aprobación de una ley canaria de servicios sociales, que será una ley que se elaborará junto al sector. (Abandona su lugar en la Mesa la señora presidenta. Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio). Nuestra intención es aprobarla antes de finales de año. Además de servir mejor y de forma más eficiente, el principal objetivo está en romper el círculo de la pobreza. Las ayudas sociales deben servir, ante todo, para que sus destinatarios puedan levantarse y seguir caminando, no para cronificar su dependencia. Acercaremos los servicios al ciudadano a través de un proceso de descentralización y reduciendo los tiempos de espera; tiempos que, en los casos de dependencia o discapacidad, son inadmisibles" -yo diría que indecentes-. Como ya habrán adivinado, señorías, estas palabras son parte del discurso de investidura del presidente en julio del 2015 -que efectivamente se ha ausentado-. Pues bien, después de más de dos años, esta legislatura, diez borradores, haberlo llevado la señora Hernández al Consejo de Gobierno, haberlo dejado en diciembre del año pasado en exposición pública, pues, por fin hoy, en enero del 2018, estamos en la toma en consideración.

Lo primero que diría al señor Clavijo -espero que se lo transmitan- es que como profeta no tiene futuro y la segunda es que este proyecto de ley que hoy nos presenta el Gobierno de Canarias no reconoce la realidad social de Canarias. Y es que, señorías, cuando se legisla de espaldas a la realidad, lo normal es que no se dé una respuesta adecuada ni se resuelvan los verdaderos problemas sociales que afectan a los canarios.

El punto de partida no puede ser más desolador. Miren, los treinta años de gobierno nacionalista han dejado a Canarias con unos servicios sociales irrelevantes, a la cola del país; con un sistema de gestión de la dependencia que es el peor; con listas de espera kilométricas en discapacidad y dependencia -le añado familia numerosa-; con la mayor tasa de pobreza de España y encabezando casi todos los indicadores sociales negativos. Hoy Canarias ocupa el penúltimo puesto en la calificación de las comunidades autónomas en el desarrollo de sus servicios sociales. El esfuerzo inversor de nuestras administraciones públicas también deja mucho que desear. Mire, la inversión por habitante y año se mantiene por debajo de la media estatal y la inversión social sobre el presupuesto, cuatro puntos menos que la media estatal. En cuanto a cobertura efectiva de prestaciones y servicios, tenemos todavía, señorías, un camino muy largo que recorrer para recuperar el extraordinario deterioro de nuestro sistema público de servicios sociales.

Señorías, este es el panorama al que tiene que hacer frente este proyecto de ley que hoy debatimos y que efectivamente no hace. Nos traen un texto que ni simplifica ni unifica procedimientos, ya que ni regula ni modifica ningún procedimiento administrativo. Un proyecto de ley que no elimina la maraña burocrática sino, muy al contrario, crea una compleja estructura organizativa: cinco órganos, a los que hay que añadir los que creen también los cabildos y los ayuntamientos; que no cuenta con los instrumentos de planificación y ordenación del sector para ofrecer, eso sí, una gestión, como debería ser, eficiente y de calidad; ni incorpora expresamente un catálogo de servicios y prestaciones económicas mínimo para posteriormente elaborar la cartera de servicios y prestaciones. Miren, aquí tengo una ley en vigor que establece expresamente el catálogo de prestaciones y de servicios. Y esto tiene que estar en la ley, por lo menos el mínimo, y después se tendrá que desarrollar el decreto con la cartera de servicios y prestaciones económicas. Y además encima ni siquiera tiene en cuenta el catálogo estatal de referencia, que está aprobado ya, de servicios sociales, del año 2013.

Como tampoco concreta lo que entiende por el profesional de referencia; no establece la ratio de trabajador social por número de habitantes; ni menciona los equipos multidisciplinares.

Y además no contempla en el catálogo -y nosotros lo vamos a poner- la atención temprana para los niños de 0 a 6 años. Tiene que estar ya en esta ley.

Tampoco parte de un diagnóstico de la situación de los servicios sociales ni abarca el mapa de servicios.

Un proyecto de ley, señora consejera, que carece de los estudios necesarios para calcular el coste que supondrá su puesta en marcha. No le voy a leer todos los informes pero solamente con leerse el informe de Hacienda -qué pena que no está la consejera-, el de Planificación, que deja claro que tenía que hacer otro informe y que nunca llegó.

Plantea un farragoso desarrollo, señoría, hasta dieciocho desarrollos reglamentarios, que con toda seguridad será imposible que hagan en la presente legislatura y quedará al albur de lo que decidan los próximos gobiernos. Y que sin el desarrollo reglamentario que precisa esto no va a tener ninguna aplicación tangible para la ciudadanía.

En definitiva, nos trae un texto que no deja claro qué servicios se van a prestar en Canarias, quién los va a prestar, cuánto costará prestarlos y sobre todo cómo los va a financiar. Un proyecto de ley que, tal y como está, es un brindis al sol, cuyo coste real de implantación será un misterio, porque no sabemos cuál es la ficha financiera, y cuya plena efectividad se demorará ante la gran cantidad de reglamentos a desarrollar. Estamos, señorías, por tanto, ante un proyecto de ley con trampa, una ley pensada para que sea este Gobierno el que se ponga la medalla, señora consejera, el que se ponga la medalla, y el próximo, el que salga de las urnas en el año 2019, será el encargado, si quiere, de ponerla en marcha.

Por ello, si no lo cambiamos, debemos decirles a los ciudadanos, alto y claro, que aunque se apruebe no podrán reclamar los derechos sociales que consagra y proclama esta norma. Y a esto, señora consejera, mi grupo parlamentario, el Grupo Popular, nos negamos; nos negamos a engañar a los canarios y aprobar una ley cuya entrada en vigor no les beneficie, si no inmediatamente, hombre, sí por lo menos en un tiempo prudencialmente corto.

Señorías, vamos a dejarnos la piel para mejorar este texto y hacerlo operativo para el 1 de enero. Nos vamos a implicar para darle un giro de ciento ochenta grados a esta ley a través de las enmiendas, que seguirán tres principios, por lo menos las que propone mi grupo: acercar la gestión al ciudadano, aplicar el principio de "una Administración, una competencia" y destinar los fondos necesarios para conseguir unos servicios eficientes y eficaces.

Pretendemos con nuestras enmiendas -les anuncio-, entre otros temas, incorporar un compromiso claro de financiación que destine al menos el 10 % del importe total del presupuesto, repito, un compromiso de financiación que destine como mínimo el 10 % del importe total de los presupuestos a lo largo de los próximos tres años. Tras este periodo, un incremento anual que será igual o superior al resto de las consejerías.

Vamos también a presentar una enmienda para clarificar cuál es el ámbito competencial entre administraciones, para evitar las duplicidades. Y, señora consejera, si da una competencia, la ficha financiera, no gratis, como siendo últimamente.

Forzar también la aprobación del decreto que desarrolle el catálogo de servicios y prestaciones, con la correspondiente ficha financiera, prácticamente en paralelo con la entrada en vigor de la ley, de manera que los presupuestos del 2019 puedan contener ya la financiación correspondiente.

Además queremos ampliar el periodo de percepción de la PCI. Como ustedes saben, señorías, por ley se establece el máximo de dos años. Queremos ampliarlo mientras Canarias esté con una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social del 44 %.

También vamos a intentar regular la participación de la iniciativa privada. Aquí no estamos de acuerdo con el resto de los grupos; nosotros creemos que se queda muy soslayada en el texto actual. No estamos de acuerdo con el papel subsidiario que la ley reserva a las entidades del tercer sector y a la iniciativa privada; todo lo contrario: creemos que deben tener un papel protagonista. La participación en el sistema público de servicios sociales de entidades sin ánimo de lucro, como Cruz Roja y Cáritas, merece una atención especial. Igual consideración debe mostrarse a las asociaciones que realizan actividades en el ámbito de las personas con discapacidad, como es el Cermi, y las entidades relacionadas con la exclusión social, la atención sociosanitaria, la protección a la infancia o el envejecimiento. Estas entidades tienen una gran experiencia y han contribuido a desarrollar nuestros servicios sociales.

Además queremos incluir los instrumentos de planificación y evaluación, de los que carece el texto, que permiten el desarrollo de la ley.

También les adelanto que asumiremos muchas de las enmiendas que ya nos están llegando de las entidades del tercer sector y de los colegios profesionales.

Y consideramos incuestionable y que debe estar expresamente en el texto de la ley esto: las personas titulares podrán reclamar en vía administrativa y jurisdiccional, bien directamente o bien a través de la persona jurídica, la defensa de los derechos e intereses legítimos y el cumplimiento del derecho de las prestaciones y servicios que reconoce la presente ley, es decir, la tutela judicial.

Para elaborar todo esto, señorías, el diálogo y la búsqueda de consenso con todos los grupos parlamentarios será nuestra seña de identidad a lo largo de todo este proceso. Entre todos tenemos que lograr dar la vuelta como un calcetín a este proyecto de ley. Tenemos que mejorar la dotación de las estructuras básicas de los servicios sociales, acercándolas a la media nacional, de un profesional por cada 2500 habitantes; avanzar en la aplicación de la ley de la dependencia, la peor gestionada de toda España; aumentar la extensión de las ayudas de inserción...

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Señora Luzardo, tiene dos minutos.

La señora LUZARDO ROMANO: Gracias.

Decía, incrementar los servicios residenciales de financiación pública para las personas mayores, en plazas públicas o concertadas, un servicio fundamental para la dependencia; impulsar el servicio de teleasistencia, que en Canarias solo reciben el 2 % de las personas mayores de 65 años.

Señorías, se trata de aprobar un texto que pueda cumplirse desde su publicación en el BOE, porque ¿para qué sirve una ley en vigor si no se cumple? ¿Qué pasará con esta Ley de Servicios Sociales? Señora consejera, si no tiene ficha financiera, será papel mojado y no servirá absolutamente para nada. Pasar de unos servicios sociales asistenciales, como poseemos ahora con la ley del 87, a unos servicios sociales que deben promover y garantizar el acceso universal y contribuir al bienestar y a la cohesión social del conjunto de la población de nuestras islas es un salto cualitativo que no podemos dilatar más. Esta ley que hoy inicia su andadura crea derechos que tienen un contenido económico y no debemos estar dispuestos a aprobar un texto normativo que, al igual que sucedió con la ley de dependencia del 2008, sin la ficha financiera, genere muchas expectativas entre la ciudadanía a las que luego no vamos a poder responder.

Esta es nuestra responsabilidad; por tanto, tenemos que ser capaces no solo de generar un debate abierto sino que este es nuestro gran reto. Tenemos que hacer una buena ley de servicios sociales. Que esta ley no es la nuestra ni nos gusta ni sirve como está yo creo que ha quedado bastante claro, pero, mire, nosotros, mientras tengamos el nivel que tenemos de pobreza y exclusión social, la cantidad de canarios que están pendientes de la dependencia o que una sola persona de la tercera edad tenga que permanecer en un hospital por carecer de una cama sociosanitaria, no vamos a parar y puedo decirles que instamos a los canarios a que confíen, porque nosotros, el Partido Popular, vamos a trabajar para aprobar la mejor ley posible de servicios sociales.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora diputada doña María Teresa Cruz Oval.

La señora CRUZ OVAL: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Señora consejera.

Esta es una ley muy esperada, una ley de la que hemos visto pasar muchos borradores en esta legislatura. Señor Campos, diez borradores en esta legislatura y dos consejeras, la señora Hernández y la señora Valido.

Quiero comenzar esta intervención dando las gracias. En primer lugar quiero dar las gracias a mi partido, a mi partido por la responsabilidad mostrada con esta ley, porque cuando gobernamos la supo poner entre sus prioridades. Otros pusieron la Ley del Suelo, y eso marca la diferencia entre unos y otros.

En segundo lugar, quiero agradecer a las entidades sociales que han presentado alegaciones al anteproyecto de ley, porque sin duda el objetivo es común: tener la mejor ley posible.

En tercer lugar, quiero agradecer a las entidades sociales y personas que han colaborado, y espero continúen colaborando, con el Partido Socialista para tener una ley de todos y de todas, pero sobre todo para todos y para todas, para todos los canarios y para todas las canarias.

Señora consejera, ¿recuerda cuando en una de sus primeras intervenciones la cuestionaban por el diagnóstico de la ley de servicios sociales? Usted no dudó en eludir responsabilidades y decir que no la cuestionásemos a usted, que era una ley del Partido Socialista. Sí, está en la grabación, señora consejera. Se lo dije ese día, se lo repito hoy: el Partido Socialista está orgulloso del legado. La primera ley de servicios sociales que tiene Canarias fue aprobada por un gobierno socialista hace treinta y un años, en el mes de abril, en este abril hace treinta y un años, y de nuevo ha sido el Partido Socialista el que hará posible que Canarias cuente con la segunda ley de servicios sociales.

Durante dos legislaturas, dos, señora consejera, dos legislaturas intentó Coalición Canaria sin éxito aprobar una nueva ley de servicios sociales para Canarias; a la anterior consejera de Políticas Sociales, doña Patricia Hernández, le bastó un año para poner de acuerdo a entidades sociales, colegios profesionales, cabildos y ayuntamientos.

Canarias necesita, sin duda, una nueva ley de servicios sociales que no se quede solo en una declaración de principios. Es necesario reconocer, garantizar un derecho subjetivo a la ciudadanía, pero también es necesario, señora consejera y señorías, garantizar y consolidar el cuarto pilar del Estado del bienestar: los servicios sociales. Sin embargo, debemos escapar de ese uso torticero de la nueva ley de servicios sociales, como si fuera un remedio universal para resolver todos los problemas que lastran, todos los problemas sociales que lastran esta tierra, porque sin duda superar los problemas sociales que lastran esta tierra implica acciones del conjunto del Gobierno y no solo políticas sociales.

La ley de servicios sociales en vigor sin duda fue una ley muy avanzada para su tiempo y yo, en nombre del Partido Socialista, quiero decir que no podemos estar más en desacuerdo con aquellas personas que plantean que es una ley muy asistencialista, y eso por sí justifica la necesidad de una nueva ley. La ley de servicios en vigor ha sido tan asistencialista o graciable, como prefieran, como determinados políticos tenían interés en que fuera, porque los que buscaron que fuera avanzada lo encontraron.

Podemos abordar -me queda poco tiempo-, podemos abordar muchos aspectos de por qué el escenario social del 87 poco o nada tiene que ver con el del 2018 y ese escenario es el que justifica hoy la necesidad de una nueva ley. Que luego si me queda tiempo, que veo que no, podemos volver y explicar cuáles serían esos elementos que hacen necesaria una nueva ley de servicios sociales.

Yo, señorías, quiero mostrar esta botella (mientras muestra una botella de agua a la Cámara). Hoy esta botella algunos grupos han decidido verla medio llena y otros, medio vacía, y me explico. El Grupo Parlamentario Socialista, como todos los demás, estamos ante la primera lectura de esta ley de servicios sociales y unos podemos quedarnos en las debilidades del proyecto -que es legítimo, que no cuestiono- y otros podemos analizar las fortalezas del proyecto. ¿Por qué plantea esto el Partido Socialista, y es donde nos vamos a centrar? Porque en el proceso de presentación de enmiendas vamos a tener un espacio para reflejar las debilidades del proyecto, que las tiene, todas las cosas son mejorables en esta vida; y en ese espacio es donde vamos a dejar constancia de las debilidades que, junto a los colectivos sociales, ve el Grupo Parlamentario Socialista, que ya anuncio que vamos a presentar enmiendas de manera responsable.

En política, como en la vida misma, uno decide el camino a seguir y por eso hay grupos, hay partidos políticos, que ven detrás de cada cuestión un interés político, una herramienta para degastar al Gobierno, que es legítimo, es muy legítimo. Y tal vez eso es lo que llevó al Partido Popular en el 2016 a presentar en esta Cámara el mismo anteproyecto de ley de la señora Inés Rojas, que tenía una alta contestación por parte de las entidades sociales, colectivos profesionales, ayuntamientos y cabildos. Para otros grupos sencillamente la ley de servicios sociales no está en sus prioridades, no forma parte de su agenda política, y eso justifica en parte las grandes desigualdades sociales que tienen en esta tierra, donde estamos a la cola de la cola en las políticas sociales y en la cabeza de la cabeza del superávit presupuestario.

Para el Partido Socialista era, era y es esencial la ley de servicios sociales. Por eso no bastaba con aprobarla para dar cumplimiento a un compromiso político. El presidente del Gobierno daba a la anterior consejera seis meses, apenas seis meses. Con usted, señora consejera, ha sido mucho más benevolente. Seis meses para un proyecto de cero, un año para un proyecto muy avanzado. Vamos a dejarlo ahí, en muy avanzado. Y era necesario invertir tiempo en garantizar la participación, en garantizar la participación para tener un análisis lo más certero posible de la realidad social de Canarias.

El Partido Socialista vamos a elegir diez razones por las que es importante esta ley.

La primera. La primera razón es porque genera un derecho subjetivo nuevo de naturaleza social a la ciudadanía de esta tierra. Y lo hace casi -escúchenme-, casi cuarenta años después de aprobar nuestra Carta Magna, que declara un Estado social y democrático de derecho. Principio que se consagra mucho antes que el tan traído y llevado de integridad territorial en los últimos tiempos. Para otros partidos políticos la ley de servicios sociales -hoy lo hemos escuchado aquí- es importante porque resuelve un problema de la Administración, un problema de financiación, garantiza la financiación al tercer sector. Bueno, no al tercer sector, a la iniciativa social, que es diferente. ¿Verdad, señora consejera? Por eso es importante la ley. Y eso es nada. Y eso que es el "Gobierno de las personas". Si no...

La señora PRESIDENTA: Dos minutos más, señora Cruz. Dos minutos más.

La señora CRUZ OVAL: Es una ley para la igualdad. Garantiza el acceso, el acceso, a toda la población que acredite su vecindad en esta comunidad autónoma en igualdad de condiciones, sin discriminación.

Es una ley que por primera vez determina qué prestaciones están garantizadas y cuáles están condicionadas a una disponibilidad presupuestaria, y eso supone un cambio radical, y además, y además, pone en evidencia a todos aquellos que tengan tentaciones economicistas con la protección social. Por primera vez Canarias va a tener una cartera de prestaciones y servicios que va a establecer las prestaciones y servicios de referencia a las que puede acceder el conjunto de la población canaria. Y eso sí que es significativo, porque eso significa un cambio radical: pasar de la asistencia, "yo te doy lo que puedo, lo que tengo o lo que me da la gana" a "yo te reconozco". Aquí hay una serie de prestaciones y servicios reconocidos donde si no me los prestas puedo ir a recurrir.

Sin duda que se reconozca que las ayudas de emergencia social son prestaciones que tienen que estar garantizadas y que deben ser atendidas de manera inmediata es un antes y un después. ¡No más personas en Canarias esperando seis meses o más por una ayuda de alimentos o medicamentos!

Establece un marco de calidad, un marco de calidad que terminará con guardar a las personas en esta comunidad autónoma; y va a terminar también con los políticos plañidera, esos que van por los medios de comunicación lamentándose ante las desgracias de las personas, las desgracias de las personas en centros o servicios ocurridas después de una atención bastante cuestionable...

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cruz. Muchas gracias. Terminó su tiempo.

Turno ahora para el Grupo Nacionalista Canario. Señora Luis.

(Aplausos en la sala y en la tribuna destinada al público invitado).

Señorías, silencio. No me percaté, señor Márquez Fandiño, si no lo hubiese dicho como siempre.

Señora Luis, cuando usted quiera.

La señora LUIS DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes.

Señora consejera, presenta ante esta Cámara sin duda uno de los proyectos más importantes de esta legislatura: la ley de servicios sociales de Canarias. Un proyecto largamente demandado por administraciones, entidades sociales, profesionales y la ciudadanía en general que viene a suplir la ley del 87, una buena ley que se ha venido aplicando durante treinta años pero que indudablemente ya no responde a las necesidades que hoy tiene la sociedad canaria. En estos treinta años la sociedad canaria ha evolucionado y con ella han evolucionado también las necesidades, las leyes y en general el derecho de las personas a tener acceso a un sistema público de servicios sociales universal, garantista, moderno y accesible.

Por otro lado, apenas empezamos a recuperarnos de los efectos de una crisis devastadora que ha durado demasiados años y que nos obliga a responder ante una situación crítica, limitada y cuestionada en estos momentos ante los preocupantes indicadores de insuficiencia de las prestaciones básicas y específicas de los servicios sociales para hacer frente, con garantías, a los índices de pobreza y exclusión social que padecemos, aunque es evidente que esto no se puede afrontar solo desde el ámbito de los servicios sociales.

Asimismo, la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en el año 2013, que pone en serio riesgo la prestación de los servicios sociales por parte de los ayuntamientos, y la posterior aprobación de las leyes 7/2015, de Municipios de Canarias, y 8/2015, de Cabildos Insulares, hacen necesaria la aprobación de un marco normativo que clarifique, ordene, coordine, fiscalice y garantice la financiación del sistema público de servicios sociales en Canarias.

Seguramente podremos compartir el hecho de que en Canarias, a pesar de las dificultades, existe una importante red de servicios sociales -desde luego yo no la calificaría como irrelevante, me parecería hasta una falta de respeto-, donde participan los ayuntamientos, los cabildos insulares, el propio Gobierno de Canarias, y que se complementa con una potente red de entidades sociales colaboradoras sin cuyo concurso la prestación de los servicios sociales difícilmente se podría garantizar con la intensidad y con la especialización con las que hoy se prestan.

La inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público puede poner en serio riesgo la continuidad de esa red social colaboradora -ya lo decía la señora consejera-. Sin duda un aliciente más para que intentemos agilizar, en la medida de las posibilidades, la aprobación de esta ley. Que, como sabemos, diversifica las modalidades para concertar los servicios sociales con las entidades sociales del tercer sector y sector privado acreditado como entidades colaboradoras del servicio público de servicios sociales que cumplan los requisitos previstos en la ley. Una demanda reiterada y largamente esperada por asociaciones, por entidades y administraciones que intervienen en el ámbito sociosanitario.

Señora consejera, somos conscientes -ya nos lo ha recordado la señora Cruz Oval-, somos conscientes de que este proyecto de ley que hoy inicia su trámite parlamentario se elabora en la etapa de la anterior consejera, que cuando usted se hace cargo del área el documento ya estaba en exposición pública; pero también sabemos que el mismo ha contado con una participación importante por parte de ayuntamientos, cabildos, entidades colaboradoras y el tercer sector en general, colegios profesionales y profesionales del sector sociosanitario, entre otros, y que cuenta con el visto bueno de la Fecam, de la Fecai, del Consejo General de Servicios Sociales, entre otros -usted los ha nombrado a todos-; y que se ha continuado trabajando -nos consta- muy intensamente por parte de la dirección general y los equipos técnicos de la consejería para intentar seguir mejorando el contenido de la ley.

Desde el Grupo Nacionalista Canario consideramos que hay aspectos de esta ley que valoramos muy positivamente, pero, por otro lado, también creemos que hay cuestiones importantes que es necesario mejorar. Valoramos muy positivamente, entre otras, que este es un proyecto de ley de nueva generación, ya que crea un derecho subjetivo en el ámbito de la justicia social que puede ser reclamado ante los tribunales de justicia. También valoramos muy positivamente que el objetivo sea crear un sistema público de servicios sociales universal, garantista, moderno y accesible. Centrado en las personas, señora Cruz Oval, centrado en las personas, efectivamente, lo que supone un cambio sustancial, un cambio sustancial y contemporáneo.

Como ya he comentado, nos parece fundamental que este proyecto de ley diversifique la concertación de servicios sociales mediante convenios de cooperación, el concierto social de servicios sociales básicos y auxiliares, encomiendas de gestión, licencias homologadas de prestaciones, entre otras.

Señora Santana, ¿a quién cree usted que va dirigida la concertación social? A las entidades sociales del tercer sector y al sector privado, al sector privado acreditado, como entidades del sistema público de servicios sociales que cumplen los requisitos que dice la ley, no es al sector público abierto. La concertación aquí es muy clara y va destinada a quien va destinada.

Otra cuestión que valoramos muy positivamente es el objetivo de homogeneizar y simplificar los procedimientos y la gestión integrada de expedientes a través del sistema canario de información de servicios sociales, es decir, el sistema único de acceso y la historia social única. Una reivindicación sin duda histórica de los profesionales del sector.

Y por supuesto es fundamental que el proyecto de ley contemple la coordinación entre el espacio social y sociosanitario.

A nosotros nos preocupan también algunas de las cuestiones que han sido puestas de manifiesto por parte de algunos y algunas de los portavoces. De hecho, ya estamos trabajando para presentar un conjunto de propuestas con las que pretendemos mejorar y complementar el contenido de la ley. Tenemos claro que esta ley y su régimen reglamentario deben definir claramente qué servicios se van a prestar, quién los debe prestar, de qué manera y con qué intensidad y cómo se van a financiar los mismos; esto es, la definición del catálogo, es decir, la relación de prestaciones y servicios del sistema, la cartera de servicios, el mapa de recursos y la ficha financiera, que es el instrumento que debe establecer la ley para actualizar los servicios y prestaciones, para especificar quién ostenta la titularidad de la competencia y para establecer y actualizar su ficha financiera. Y la clarificación del ámbito competencial, contenida fundamentalmente en los artículos 29 y 30, que sin duda podremos mejorar y complementar, porque, desde luego, desde el Grupo Nacionalista Canario apostamos por la descentralización de los servicios sociales hacia los ayuntamientos y hacia los cabildos insulares y por el refuerzo de la función coordinadora y fiscalizadora de la comunidad autónoma.

Como la señora consejera sabe, nosotros en un primer momento teníamos algunas dudas sobre la conveniencia de que tanto el catálogo como la cartera y el mapa estuvieran integrados en la ley, pero después de diversos encuentros con profesionales y técnicos en el ámbito sociosanitario, también con usted y con su equipo, nos convencimos de que la ley debía contener un catálogo de prestaciones y servicios que recogiera la oferta global del sistema, esto son los artículos desde el 18 hasta el artículo 22, aunque nosotros consideramos, y en eso creo que coincidimos con la dirección general, que hay prestaciones que no están contempladas y que hay que incorporar; y que al mismo tiempo que la ley, y que al mismo tiempo que la ley, se vaya desarrollando el reglamento para definir la cartera de servicios y el mapa de recursos, a los que deberá acompañar el plan de financiación y el periodo de implantación del mismo, porque indudablemente la actualización del coste de los servicios sociales no se va a acometer en un solo ejercicio. Y nosotros no somos partidarios de poner un porcentaje sobre el presupuesto sino de valorar cuánto cuestan los servicios sociales y después buscar las fórmulas para en varios años actualizar todo ese coste. La justificación, la justificación nosotros la tenemos clara, y es que la cartera y el mapa de recursos deben ser un instrumento flexible que permita actualizar en cada momento los servicios y prestaciones, así como su ficha financiera sin necesidad de modificar la ley.

Por otro lado, consideramos que, en relación con el concierto social, es muy positiva la diversificación de las fórmulas de concertación, como habíamos señalado, pero además entendemos que se debe hacer un esfuerzo por garantizar el pago anticipado y la plurianualidad. Nos parecen fundamentales, porque eso daría seguridad a toda la red y contribuiría sin duda a mejorar la calidad de los servicios a prestar.

Asimismo, consideramos que sería muy positivo reforzar la función fiscalizadora y auditora de los conciertos. Creemos que... (Rumores en la sala).

La señora PRESIDENTA: Señora Luis, dos minutos más. Y ruego silencio, por favor. Dos minutos más y ruego silencio a los diputados y diputadas, y también al público asistente, por favor.

Cuando quiera, señora Luis.

La señora LUIS DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Asimismo, consideramos, como decía, que sería muy positivo reforzar la función fiscalizadora y auditora de los conciertos. Creemos que realmente hay que hacer un seguimiento y valorar la calidad de los servicios que se conciertan.

También consideramos que sería necesario establecer un nuevo capítulo a efectos de reforzar el régimen fiscalizador y sancionador, porque entendemos que es precisamente esta la función principal que debe ejercitar la comunidad autónoma, junto con la función coordinadora. Mucho más si el objetivo, por lo menos el que tenemos nosotros, es descentralizar todos los servicios lo máximo que se pueda.

Por último, sabemos que hay grupos que tienen dudas en cuanto al número de reglamentos que acompañan a esta ley, diecinueve, pero es indudable que se trata de una ley compleja, que abarca muchos sectores, servicios y prestaciones, y, por tanto, nosotros consideramos que son necesarios. Lo que sí consideramos, y en eso coincidimos también -creo- con la dirección general, es que sería fundamental determinar los reglamentos prioritarios e iniciales que deberían estar preparados para que desde que la ley esté en vigor sacarlos -desde luego ahí estamos hablando de la cartera o la ficha, no cabe duda-, los reglamentos que se podrían ir trabajando en la comisión del Consejo General de Servicios Sociales y los reglamentos adicionales de posterior desarrollo.

Antes de terminar, decir que nosotros también, como no puede ser de otra manera, seguimos en contacto con todas las asociaciones, entidades, nos siguen llegando, pues, alegaciones, propuestas. Las estamos recogiendo, como supongo que todos los grupos, y que por supuesto las vamos a incorporar.

Antes de terminar, solo decir una cosa, que me gustaría ser un poquito más elegante que la señora Cruz Oval, y por eso quiero felicitar y agradecer el trabajo de la señora Hernández, de la señora Valido y también de la consejera anterior, que, aunque el proyecto no salió, ese fue un documento importante de trabajo donde se pusieron sobre la mesa ya las bases para este...

(Aplausos en la sala y en la tribuna destinada al público).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Luis. Muchas gracias.

Ruego al público asistente que se abstenga de hacer declaraciones a favor o en contra. No se pueden pronunciar. Antes no lo dije y me llamaron la atención porque no me percaté. Lo siento.

Hemos concluido el debate de primera lectura de este proyecto de ley. Señorías, por tanto, continuamos con el orden del día.

Más información
Otros formatos
Iniciativas tratadas
  • 9L/PL-0010 Sobre De Servicios Sociales de Canarias.

Facebook Twitter Youtube Google Plus Flickr

Aviso jurídico · Parlamento de Canarias C/Teobaldo Power, 7
38002 S/C de Tenerife
Tel: 922 473 300 Fax: 922 473 400