Diario de Sesiones 105/2018, de fecha 7/2/2018 - Punto 10

9L/M-0020 MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, CONSECUENCIA DE LA INTERPELACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE LA POLÍTICA LEGISLATIVA PARA RESOLVER LAS INCÓGNITAS RESPECTO AL SECTOR TURÍSTICO, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES (I-29).

La señora PRESIDENTA: En este caso, con la moción número 20, el punto 6.2 del orden del día, del Grupo Popular, consecuencia de la interpelación sobre la política legislativa para resolver las incógnitas respecto al sector turístico.

Señor Jorge, cuando quiera.

El señor JORGE BLANCO: Gracias, señora presidenta.

Esta moción, como saben, es consecuencia de la interpelación del pleno pasado en relación con la solicitud que el Grupo Parlamentario Popular hizo al consejero de Turismo para que explicara la política legislativa que, como consecuencia de su nombramiento como titular de la consejería, iba a realizar en lo que le quedaba de mandato. Ya el Partido Popular había hecho alguna interpelación a la anterior consejera en relación con este motivo y ante, en fin, la inexistencia de respuesta razonable por parte del anterior responsable se la quisimos hacer al nuevo consejero de Turismo. Tampoco fue muy satisfactoria -he de decirlo- la respuesta que el consejero de Turismo nos dio en aquella interpelación y, como consecuencia de todo ello, presentamos una moción.

Les voy a ahorrar -seguro que me lo van a agradecer- gran parte de la intervención que hice en relación con la interpelación y me detengo finalmente en los acuerdos, en los distintos acuerdos. He de decir que ha recibido muchas enmiendas por parte de los distintos grupos parlamentarios y quiero decirles a todos ustedes que, una vez analizadas las distintas enmiendas de los grupos, he preparado un texto que se ha transado con el Grupo Parlamentario Coalición Canaria y algunas modificaciones y algunas solicitudes de otros grupos parlamentarios también las hemos incorporado, de tal forma que les adelanto que yo no tengo ningún inconveniente en que se pueda votar separadamente para que sus señorías y los grupos parlamentarios puedan adaptar sus pretensiones en relación con cada uno de los puntos, la votación, que puedan votar afirmativa o negativamente a los distintos puntos que ofrece esta moción.

En primer lugar, mi petición era, en el primer punto, modificar el reglamento de viviendas vacacionales. Anteriormente hubo ya una comparecencia sobre el tema, se ha discutido enormemente y el acuerdo al que hemos llegado es incorporar una coletilla final: una vez se conviertan en firmes las resoluciones judiciales, dentro de la enmienda que presentó el Grupo de Coalición Canaria.

En el punto segundo, donde yo pedía promover la posibilidad de suprimir la figura administrativa de la autorización previa... Saben que era uno de mis argumentos en la interpelación, en el sentido de que la autorización previa se ha convertido en una figura absolutamente innecesaria en el desarrollo legislativo para la construcción de nuevos complejos turísticos una vez existe la licencia urbanística, a la que se le podrán incorporar aquellas cuestiones de análisis que se estimen convenientes, y, por tanto, pedía, en consonancia con la política de simplificación administrativa del Gobierno de Canarias, estudiar la oportunidad. Hemos aceptado la enmienda también de Coalición Canaria.

El tercer punto, donde yo pedía reformular la política de incentivos legalmente previstos en la Ley 2/2013, al detectar la ineficacia de la política de incentivos y detectar que toda la renovación turística, de camas, que se está produciendo, por lo menos la gran mayoría, de camas turísticas, se hace al margen de la Ley de Renovación, simplemente por la necesidad que el mercado les reclama a los propietarios y a los titulares de establecimientos de tener los establecimientos turísticos en orden y adecuados a las nuevas demandas turísticas. Pero, insisto, sin que se acojan a esos incentivos, de acuerdo con la contestación que el propio Gobierno de Canarias me ha hecho en relación con la solicitud que yo le hice de que me explicara o me dijera cuántos incentivos se habían utilizado o los propietarios habían utilizado, incentivos en cada una de las islas. Hemos aceptado la enmienda de Nueva Canarias porque es verdad que en la ley de renovación turística se establece que es necesario evaluar cada tres años la Ley de Renovación Turística, presentar una comunicación al Parlamento en virtud del informe de esa evaluación y que en esa comunicación los grupos parlamentarios discutieran qué medidas tendrían que ser necesarias para reformular y adaptar los incentivos establecidos.

El cuarto punto se mantiene prácticamente inalterado. Hemos aceptado alguna sugerencia de Coalición Canaria también, que es que los planes de modernización turística puedan también ser elaborados y promovidos por los cabildos insulares y por los ayuntamientos, de acuerdo con la política seguida con la aprobación de la Ley del Suelo de Canarias, donde se han descentralizado los planes generales de ordenación.

Y el quinto punto era un punto que incorporaba también, y hemos incorporado también alguna sugerencia de Coalición Canaria, para instaurar nuevos incentivos turísticos destinados a la transformación, a la renovación y a la modernización de los centros comerciales en las áreas turísticas más degradadas de Canarias, así como de otros espacios comerciales obsoletos, promoviendo todos los acuerdos necesarios entre los propietarios y las administraciones públicas competentes para que puedan salir adelante.

Estas son las distintas cuestiones que ahora les pasaré a la presidenta y al letrado para que lo tengan, a la hora de la votación, lo tengan claro, pero, en definitiva, es lo que hemos acordado mi grupo parlamentario, el promotor, con el resto de las formaciones políticas, de los grupos parlamentarios.

La señora PRESIDENTA: Esta moción tiene enmiendas. Empezamos por el Grupo Socialista. Señora Cabrera.

La señora CABRERA NODA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

Todos sabemos que el modelo turístico de Canarias de la segunda mitad del siglo XX ha ido cambiando respecto a sus inicios. Desde mediados de los años 90 hay una mayor conciencia acerca de la necesidad de controlar el crecimiento turístico desorbitado, primando en esos años el consenso político que culminó con la aprobación de la moratoria turística en 2001 y la ley de directrices en 2003. A partir de esta fecha, y coincidiendo con el despegue de otros destinos turísticos directamente competidores de Canarias, comienza a hacerse patente la necesidad de reforzar la competitividad de nuestro sector y se abre camino la apuesta por la renovación de la planta alojativa más madura. Fruto de este proceso, se trajo al Parlamento la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, norma que pretende compaginar los objetivos de sostenibilidad territorial y medioambiental con el impulso a la renovación.

Ninguna de las normas de las que nos hemos dotado en este proceso para controlar nuestra capacidad alojativa ha sido pacífica desde un punto de vista político; es más: ninguna norma ha sido perfecta en su aplicación práctica hasta el punto de obtener la totalidad de los objetivos perseguidos y de evitar los resultados indeseados, lo que obedece a la complejidad de incorporar en una norma el equilibrio ideal entre sostenibilidad e impulso a la competitividad.

A pesar de que el grupo proponente no ha aceptado ninguna de nuestras enmiendas, quiero entrar en el texto de la moción para fijar posición en cada uno de los puntos.

Con respecto al punto número 1, nosotros hemos presentado una enmienda de sustitución de todo el texto. No tengo aquí el papel; lo podrán leer si están interesados.

Respecto al segundo punto de la moción, planteamos su supresión puesto que consideramos que no existe tal duplicidad, en tanto que la autorización previa exigida ante los cabildos insulares para construcción de nuevos complejos turísticos informa sobre la normativa y estándares turísticos, mientras que la licencia municipal, otorgada por ayuntamientos, versa sobre sus usos urbanísticos. Ambas, según nuestro parecer, son complementarias y necesarias.

En cuanto al apartado 3, planteábamos suprimir la última frase. No compartimos la crítica del PP con respecto a la falta de eficacia de la política de incentivos prevista en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, aunque compartimos la necesidad de una reorganización más directa y ágil de los incentivos en dicha ley.

Respecto al punto número 4, el Grupo Parlamentario Socialista también propone su supresión, siendo coherente con la posición mantenida al respecto desde el inicio de esta legislatura.

Apoyaríamos el punto número 5, al entender que garantizar que Canarias continúe siendo un destino de primer orden depende de la calidad y optimización de nuestras infraestructuras turísticas.

Y, por último, habíamos presentado una enmienda de adición para añadir un nuevo apartado con respecto a los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, que se tuvieran en cuenta. Nosotros pediremos la votación por separado y votaremos aquello que creamos más adecuado a nuestra política.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cabrera.

Turno ahora para el Grupo Nacionalista Canario. Señora Calero.

La señora CALERO SAAVEDRA: Gracias, presidenta. Señorías.

Antes que nada, señor Jorge, felicitarle por la iniciativa porque entendemos que está hecha con el ánimo de aportar mejoras en materia turística. Pero discrepábamos en algunos aspectos y entendíamos que había que profundizar en otros y finalmente hemos llegado a ese texto consensuado pero, en cualquier caso, me gustaría explicar el sentido de nuestra enmienda.

Respecto al apartado 1, el punto de vista es obvio: una sentencia no es de obligado cumplimiento hasta que no es firme. Por tanto, es imprescindible que así sea, máxime habiéndose admitido a trámite la casación ante el Tribunal Supremo. Esta admisión del recurso de casación obviamente no presupone qué se va a dictaminar sobre el fondo del asunto, pero sí significa que considera razonables los argumentos de la comunidad autónoma que sostienen dicho recurso. Además de la necesidad de sentar jurisprudencia, sobre todo en asuntos donde hay sentencias contradictorias en los tribunales inferiores.

Hay que recordar que el decreto, en su artículo 3.12, prohíbe la vivienda vacacional en suelos turísticos y en el 12.1 impide el alquiler por habitaciones. Justamente estos dos artículos los anulaba la sentencia del TSJ. Y, mire, sobre esos mismos asuntos, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en una reciente sentencia de noviembre de 2017, ratifica el decreto de Galicia que regula las viviendas turísticas, desestimando el recurso presentado por la Asociación de Propietarios de Viviendas Vacacionales de esa comunidad. En resumen, la primera consecuencia de esta admisión del recurso es que sigue en vigor el decreto actual, el 113/2015, hasta que el Tribunal Supremo dictamine sobre el fondo del asunto.

En cuanto al punto 2, creemos que es necesario estudiar antes si es viable y conveniente lo que usted plantea, porque entendemos que la autorización previa de los cabildos tiene un ámbito competencial turístico, como ha dicho la compañera del Partido Socialista, controla la normativa turística, como la superficie de las habitaciones, los equipamientos mínimos, las zonas comunes, etcétera, etcétera, y la licencia municipal se centra en la normativa urbanística, como las alturas, la edificabilidad o los retranqueos. Son cosas distintas que afectan a áreas distintas y, por tanto, no puede ni debe eliminarse ninguna. Otra cosa es que se pudiese unificar en una misma administración y así seguir, como usted ha dicho, la línea de simplificar los trámites.

En el punto 3, evidentemente, discrepamos de lo que usted califica como absoluta ineficacia y le remito, por ejemplo, al caso de La Oliva, más concretamente a Corralejo, donde gracias a estas medidas la zona turística ha mejorado radicalmente en apenas unos años. Pero sí es cierto que hay que actualizar la política de incentivos de esa ley e intentar mejorarlos, porque, por ejemplo, se están ampliando plazas en establecimientos turísticos, como decía esta mañana, con un estándar de densidad de 28 m2, supuesto real de El Castillo, por ejemplo, en Fuerteventura, en lugar de los 60 ordinarios; o se están otorgando plazas adicionales en contra de la edificabilidad permitida por parcelas, etcétera, etcétera, y esto, pues, hay que reformularlo. Ha funcionado hasta ahora pero a día de hoy ya está desbordado.

En el punto 4 también defendemos que se estudie la opción que usted plantea y en el punto 5 lo que pretendemos con la enmienda es que los incentivos no sean solo para los centros comerciales de las zonas turísticas más antiguas sino para las más degradadas, sean o no las más antiguas de Canarias, así como que tengan cabida los de otras zonas que no sean turísticas y que también estén obsoletos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Calero.

Turno ahora para el Grupo Nueva Canarias. El señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías.

Digamos, las PNL, las mociones, tienen mucha voluntad y operatividad limitada, ¿no? Es muy difícil posicionarse de forma categórica sobre cada asunto y más difícil lo es cuando se hace con un sector tan relevante como el turismo, tan complejo. Y, por lo tanto, no es fácil posicionarse. La voluntad que anima al proponente supongo que es instar al Gobierno a mejorar la regulación o el trabajo en relación con el sistema turístico, y es muy respetable pero no es sencillo.

Remitiéndonos a sus propuestas. La primera. Ya hemos posicionado nuestra clara opinión en relación con el alquiler vacacional. Nosotros creemos que este fenómeno debe ser regulado por ley de este Parlamento, por razones de seguridad jurídica y porque la responsabilidad de asunto tan relevante no puede recaer solo en un Gobierno y menos en un Gobierno en minoría. Estamos hablando de una actividad de alto impacto en la economía, para bien o para mal, y también en la convivencia y nos parece que un decreto regulador, además de la debilidad jurídica que tiene, ya lo hemos visto en los tribunales, aquí o en Galicia, no es el camino más adecuado. Nosotros reiteramos la necesidad de una ley de este Parlamento que implique a todos los grupos parlamentarios. Yo creo que podríamos alcanzar un consenso que recoja una estricta regulación de esta actividad para, si se hace en suelo turístico, se haga en condiciones de calidad comparables a las que le exigimos al turismo profesional y, si se hace en ámbitos residenciales, se garantice la convivencia en las edificaciones donde conviven ambas actuaciones y, por supuesto, se tenga muy en cuenta el impacto que sobre el mercado de la vivienda privada esto tiene. Me refiero tanto al alquiler como a la compra. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en la simplificación que hace la moción y hemos presentado una enmienda alternativa, que parece ser que no va a ser aceptada, y, por lo tanto, no suscribiremos el punto 1.

Punto 2. En relación con la eliminación de la figura de la autorización previa. La autorización previa es figura esencial de la estructura jurídica de la que nos hemos dotado en los últimos veinticinco años en esta comunidad, y hemos dado a los cabildos insulares esta figura, que es perfectamente compatible, por otra parte, con la directiva de servicios, porque está sustentada en el planteamiento de la fragilidad territorial y ambiental del archipiélago. Y, por lo tanto, nos parece una frivolidad eliminar la autorización previa, que es, por otra parte, el único mecanismo -y de éxito relativo- para saber lo que pasa en el territorio. Fíjense ustedes que hay, según las estimaciones, en torno a cien mil camas turísticas que operan en el mercado y no están identificadas, a pesar de la figura de la autorización previa que hacen los cabildos, es decir, hay un 20 % de las camas ofertadas que no están registradas, y están en una situación alegal, ilegal, llámenlo ustedes como quieran. Por lo tanto, reivindicamos esa figura desde el año 95 que la legislación que hemos ido articulando en esta comunidad debe mantener. Insisto, es perfectamente compatible con la directiva de servicios esta autorización y la defendemos, y hemos presentado una enmienda, que al parecer, si no se acepta, que han dicho que no, pues, no votaremos tampoco este punto.

El tercero, en relación con los incentivos, se ha aceptado la propuesta. Nuestra idea es que, efectivamente, las leyes de modernización, porque hubo dos, de modernización y renovación, pretendían buscar mecanismos incentivadores para la renovación de la planta obsoleta que han tenido una eficacia limitada, pero la ley tenía una previsión: oiga, a los tres años de aplicar la norma usted, Gobierno, evalúa el impacto de la norma y, en función de sus resultados, revisa esos incentivos, los elimina, toma la decisión pertinente. Y esta ha sido aceptada por el proponente y, por lo tanto, votaremos el punto 3 de la moción.

Los puntos 4 y 5 los aceptamos, a pesar de alguna duda que nos generan, en relación con los programas de modernización y mejora. Nosotros ya, en la última ley de modernización y evaluación, in extremis, yo creo que fue en el propio pleno, se introdujo una enmienda para que ayuntamientos y cabildos tuvieran vínculo en esta decisión, con la famosa Ley del Suelo. En fin, es una decisión que ya compete a los ámbitos locales e insulares y aceptamos esta redacción, que no nos gusta mucho. También es verdad que el recorrido de esto va a ser el que ustedes y yo conocemos. Por lo tanto, votaremos el punto 4. El punto 5, sobre los incentivos para la transformación y modernización de las instalaciones comerciales, que tenemos un problema, en fin, está dicho genérico, nos parece bien. Es cierto que en las zonas más consolidadas del turismo, en los centros comerciales, con una amplia y dispersa propiedad, tienen problemas y aquí hay una declaración de voluntades.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por el Grupo Podemos, el señor Déniz.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Señora presidenta, buenas tardes.

Señorías, el Grupo Podemos lo que considera es que esta propuesta que nos presenta el Partido Popular no es para mejorar la legislación del sector turístico; en todo caso es básicamente para abundar en el beneficio de los que siempre han obtenido un beneficio enorme con la explotación turística en esta tierra. Porque no hay propuestas diferentes a lo que hemos venido viendo nosotros durante todos estos años y sobre todo son propuestas que están bastante en sintonía con lo que nosotros entendemos que prevé y permite la Ley del Suelo: más liberalización, denunciar por que tengan que haber varias autorizaciones.

Sobre el punto 1 nosotros hemos colocado una enmienda, porque nosotros entendemos que en esta nueva regulación vacacional, del alquiler vacacional, se debe impedir fundamentalmente la entrada de nuevos operadores empresariales, es decir, impedir que se constituya, sobre la base del alquiler vacacional, un monopolio de la oferta. Tiene que ser fundamentalmente para -¿no?- fomentar una auténtica economía cooperativa, una economía familiar, una economía colaborativa, de que estas personas puedan ejercer su actividad sin necesidad de darse de alta como autónomos y además con un máximo de dos viviendas. O sea, nosotros entendemos que si esto nos lo reconocen nosotros estamos dispuestos a votar a favor del punto 1, pero, desde luego, con todos los problemas que aquí se han manifestado hoy, sobre las consecuencias, de cómo está la desregulación total del alquiler vacacional, influyendo en el coste de la vivienda residencial, a nosotros esto nos suena a más de lo mismo.

Además entendemos que en todo caso tiene que quedar claro que los nuevos establecimientos tienen que estar condicionados a las normas vecinales y municipales. Esto para nosotros es fundamental, si se van a implementar en zonas residenciales. Y entonces, bueno, usted nos ha dicho que no nos acepta la enmienda, pero para nosotros esto sobre el alquiler vacacional es un principio fundamental.

En el punto 2 -otros diputados y diputadas han incidido-, son autorizaciones diferentes. A nosotros nos parece que son autorizaciones además complementarias y necesarias. Y una cosa son los ayuntamientos respecto a la norma urbanística y otra cosa son los permisos, las autorizaciones que dan los cabildos sobre los estándares de edificación y demás. Y estas son necesarias, máxime en la realidad que tenemos nosotros de... -desde nuestro punto de vista- sobreoferta, ¿no?

Luego sobre los incentivos, luego hay varios puntos relacionados con el tema de los incentivos, ¿no? A nosotros nos parece que modificar, tal cual estaba la ley, para incentivos para la renovación y modernización significa -viniendo, y sin acritud, de donde viene-, nos parece que es, o sea, un intento de eliminar las exigencias sobre sostenibilidad, excelencia y ecoeficiencia de los establecimientos turísticos. Desde nuestro punto de vista, lo que se pretende es un poco permitir que se construyan más alojamientos turísticos sin ningún tipo de medidas que mejoren, en el sentido este que yo he dicho, la calidad.

Nosotros entendemos que además los planes de modernización siempre han sido planes, o sea, bastante amañados, entre la patronal hotelera -que ya sabemos lo que piensa alguno de sus presidentes-, también los poderes políticos, y entendemos que permitirles más de lo que se les ha permitido, es decir, construir todo tipo de alojamientos -ganar en altura, consumir más territorio, consumir más densidad en edificación, etcétera, etcétera-, es más de lo mismo. Por lo tanto, nosotros creemos que este equipo, dejar esto en manos otra vez del empresariado no aporta nada a la modernización de las zonas turísticas, sino que además pagamos con dinero público muchas veces cuestiones que deberían pagarlas los propios empresarios.

Entendemos que, respecto a la descentralización administrativa, está en sintonía perfectamente con la Ley del Suelo y a nosotros nos parece que eso básicamente rompe la unidad archipielágica, es decir, aquí lo que se está intentando es abundar más en la no planificación del territorio y nosotros estamos en contra, porque entendemos que es fundamental la planificación y entendemos que la descentralización, en el espíritu de la Ley del Suelo, contradice lo que son para nosotros los objetivos de sostenibilidad del archipiélago.

Y luego los incentivos nosotros entendemos que deberían ir, en todo caso, a estas familias, a estas personas, que tienen una o dos viviendas, que podrían tener una economía suplementaria, y en todo caso incentivarles a la mejora de este tipo de establecimientos.

En definitiva, entendemos que todo lo que se está aquí planteando es para seguir aumentando los beneficios de los de siempre, sin exigirles nada a cambio; y es más, con dinero público ayudarles a que sigan aumentando sus plusvalías.

Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Déniz.

Turno ahora para el Grupo Mixto. El señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Bueno, agradecer la presencia del señor vicepresidente en una moción tan importante como esta, de algo tan esencial como es nuestro principal motor económico que es el turismo. Y, bueno, pasaré a explicar nuestra posición.

Estamos a favor del punto 1. Ya debatimos en este pleno una comparecencia sobre el alquiler vacacional en la que solicitábamos la actuación del Ejecutivo canario para que avance en la modificación del decreto vacacional, pero no únicamente con el objetivo de suprimir la prohibición prevista en suelos turísticos, que también, sino en todos aquellos aspectos que ya habían sido resueltos por el Tribunal Superior de Justicia.

Desde el comienzo de la legislatura estamos pendientes de la modificación del decreto. Ya contamos con varios pronunciamientos judiciales y, a pesar de ello, seguimos hoy día con el mismo decreto que se aprobó antes de que la Agrupación Socialista Gomera entráramos en esta Cámara.

Somos conscientes de que es un tema muy complejo pero de alguna manera hay que buscar una respuesta a todos los ciudadanos que dependen de esta actividad y atender las demandas y necesidades de cada isla, acorde a su problemática.

Del punto 2 no podemos votar a favor. Es quitarles competencias a los cabildos, aparte de ser un trámite necesario de supervisión técnica que nada tiene que ver con otorgar o no una licencia, que corresponde a los ayuntamientos. No se trata de simplificar trámites o de evitar duplicidades sino que precisamente la autorización previa permite, entre otras cuestiones, controlar el ejercicio de determinadas actividades turísticas, tratándose de proyectos técnicos de construcción, ampliación y rehabilitación de establecimientos turísticos de alojamiento. Sin olvidarnos tampoco de que el modelo turístico no es solo municipal, también es insular, máxime cuando en la disposición derogatoria única de la Ley del Suelo se mantiene en vigor expresamente la directriz de ordenación del turismo, que señala a los cabildos como administraciones directamente responsables en materia turística, a través de sus planes territoriales especiales de ordenación del turismo, por lo que no es, como se indica en la moción, un trámite más sino el ejercicio de una competencia que el legislador canario, este Parlamento, ha residenciado expresamente en los cabildos insulares.

Del punto 3 votaremos a favor, puesto que se dice "reformular la política de incentivos", y parece acertado que, dada la situación actual, dichos incentivos se ajusten a la mejora en el proceso de cualificación y, por tanto, el incremento en materia de plazas adicionales, incrementos en la edificabilidad, cumplimiento de los estándares de densidad de parcela e incentivos de carácter económico, garanticen realmente su utilidad y se conviertan en un verdadero incentivo.

Del apartado 4, que es precisamente la enmienda de modificación que hemos presentado, recordarles que en la última Comisión de Turismo que tratamos sobre los PMM de Costa Calma le planteamos al señor consejero, a pesar de conocer que la competente es la Consejería de Política Territorial, si, dado que la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias acelera los procesos y simplifica, si cabía la posibilidad de que este nuevo instrumento facilitara o desbloqueara la realización de los PMM. Por tanto, nuestra enmienda va al hilo de que podría ser una buena opción para que los PMM puedan ser formulados y aprobados por los cabildos y ayuntamientos, en el sentido de evitar continuas paralizaciones en los citados planes, pero, en particular, respetando la nueva Ley del Suelo de Canarias. Con esto lo que quiero decir es que lo único que podría determinarse con carácter general es respetando los límites generales y particulares del régimen de los PMM, en las mismas administraciones y órganos que la tienen ahora para la aprobación de los planes generales de ordenación, dado que dichos PMM no son otra cosa que la posibilidad de modificar con rapidez y celeridad los planes generales de ordenación, con base en una competencia sectorial clara y rotunda, como es el turismo.

Y del punto 5 entendemos que la coordinación y cooperación entre administraciones y particulares es crucial, sobre todo cuando hay proyectos que quedan suspendidos o paralizados durante años por no llegar a acuerdos, lo que produce un detrimento en la zona para la imagen de los turistas y para los propios residentes. La posibilidad de nuevos incentivos de los centros comerciales de las zonas turísticas más antiguas puede ser positiva, siempre y cuando se defina concretamente cuáles son y se pueda beneficiar el mayor número de municipios en Canarias, tal y como se refleja con la modificación transada en el punto 5, donde se dice: "otros espacios comerciales obsoletos".

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos Chinea.

¿Me fija posición el grupo proponente, por favor? Entiendo que es el texto transado o no sé cómo... Como no está con todo... Le ruego que me fije posición, si es tan amable.

El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): Sí. No sé cómo explicarlo, señora presidenta, porque... Bueno, ya lo dije en mi intervención inicial, el acuerdo al que llegué fundamentalmente con la enmienda presentada por Coalición Canaria, en la que yo me dirijo particularmente al Grupo Mixto en relación con su enmienda, que creo que está perfectamente integrada en el punto 4 del acuerdo al que hemos llegado, porque establece, efectivamente, que los planes puedan ser formulados y aprobados por los cabildos y ayuntamientos. Por tanto, creo que está su enmienda perfectamente integrada en este acuerdo. El resto no las admitimos.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señorías.

Pues entonces en estos términos voy a llamar a votación, señorías.

(Comienza a sonar el timbre de llamada a votación). (El señor Ramos Chinea solicita intervenir).

Sí, perdón, perdón, perdón, hay palabras pedidas.

Sí, dígame, señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA (Desde su escaño): Perdone, señora presidenta, solo quería pedirle si se puede votar el punto 2 por separado.

(El señor Pérez Hernández solicita intervenir).

La señora PRESIDENTA: Iba a preguntar ahora si querían votación.

El punto 2 por separado.

Me pide también la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Dígame, señor Pérez.

El señor PÉREZ HERNÁNDEZ (Desde su escaño): Gracias, presidenta.

Queremos votación separada de todos los puntos.

La señora PRESIDENTA: De cada uno de los puntos. ¿El grupo proponente lo acepta? Sí.

¿Alguna cuestión más? (Pausa).

Votación separada de todos los puntos. Pues vamos a por ello, señorías.

Señorías, comienza la votación del punto 1. (Pausa). (Rumores en la sala).

Señorías, 55 votos... -estamos votando, señorías, por favor-, 55 votos emitidos... -¡señorías, por favor!-, 55 votos emitidos: 30, sí; 25, no; ninguna abstención.

Vamos al punto 2, señorías. (Pausa).

55 votos emitidos: 26, sí; 29, no; ninguna abstención.

Vamos al punto 3, señorías. (Pausa).

55 votos emitidos: 48, sí; 7, no y ninguna abstención.

Vamos al punto 4, señorías. (Pausa).

55 votos emitidos: 35, sí; 20, no y ninguna abstención.

Y, por último, el punto 5. (Pausa).

55 votos emitidos: 48, sí; 7, no; ninguna abstención.

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  • 9L/M-0020 Sobre consecuencia de la Interpelación del GP Popular, sobre la política legislativa para resolver las incógnitas respecto al sector turístico, dirigida al Sr. Consejero de Turismo, Cultura y Deportes. (I-29).

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