Diario de Sesiones 105/2018, de fecha 7/2/2018 - Punto 4

9L/C-1168 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE POLÍTICA CON RESPECTO A LA VIVIENDA VACACIONAL.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Siguiente comparecencia, al señor consejero de Turismo, Cultura y Deportes, sobre política con respecto a la vivienda vacacional. Proponente el Grupo Socialista.

Señora Cabrera.

La señora CABRERA NODA: Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, buenos días.

Una vez más tratamos en sede parlamentaria el debate sobre la vivienda de alquiler vacacional, tan presente a lo largo de esta legislatura, y mucho me temo que no va a ser la última. Ojalá.

Hace tiempo que se decidió por parte del Gobierno y el Parlamento que Canarias tuviera una oferta turística adaptada a sus condiciones, tanto las alojativas como las complementarias, siendo conscientes de que hay determinados usos y actividades que van a quedar fuera de regulación y, por tanto, van a entrar en conflicto directo con los que sí cumplen con los estándares turísticos establecidos.

A lo largo de este debate hemos podido constatar que, aunque no hay soluciones infalibles sobre este tema, no podemos correr el riesgo de sostener una norma que no recoge ni responde a la realidad turística de Canarias. La realidad de nuestro contexto turístico ha ido evolucionando hacia nuevos productos como el alquiler vacacional, respecto a los que la Administración autonómica debe ser sensible y aprobar, de una vez por todas, un marco normativo que le dé cabida y tenga en cuenta sus particularidades.

Si algo ha quedado claro sobre el alquiler vacacional es que ha adquirido un peso y un alcance mayor del que cabía suponer y que sin duda ha venido para quedarse.

El Gobierno de Canarias desde sus distintas consejerías debe hacer una propuesta de regulación que concilie los intereses de todos los sectores implicados. Hay una necesidad de adaptar una realidad vieja a los nuevos tiempos, tiempos en los que el consumidor turístico, que tanto influye, contrata directamente sin un turoperador de intermediario.

El alquiler vacacional se ha convertido en una oportunidad para una mayoría de la población de Canarias y al mismo tiempo es una oportunidad para concederle al visitante una alternativa distinta a la convencional. Se ha convertido en un complemento de nuestra oferta, de ahí que debamos dar los pasos adecuados, señor consejero, encaminados a acabar con la incertidumbre que rodea a esta forma de hacer turismo, reglándola de manera que prime la conciliación de todas las partes y el interés general.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Cabrera.

Señor consejero de Turismo, Cultura y Deportes.

El señor CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES (Castellano San Ginés): Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

Señora Cabrera, tengo que decir que casi puedo suscribir cada una de sus palabras de la primera intervención, salvo el temor a que esta no sea la última vez que hablemos de este asunto, porque yo creo que si hay algo que requiere la resolución del reto que nos plantea el alquiler vacacional es diálogo y esta Cámara sin duda es un entorno idóneo para que este diálogo y esta reflexión se puedan producir. Por lo tanto, salvo este aspecto de su intervención podría suscribir cada una de sus palabras.

El alojamiento turístico de las viviendas de alquiler vacacional ha formado parte de la oferta turística en Canarias desde hace décadas. Por supuesto en el 2010 ya había personas que visitaban Canarias y se alojaban en viviendas de alquiler vacacional, curiosamente en una mayor proporción que en la actualidad, con un porcentaje superior al 10 %.

El alquiler vacacional se ha facilitado en los últimos años debido, entre otras cuestiones, al uso de plataformas peer to peer. Los datos de los que disponemos en 2016 -no tenemos todavía elaborados los de 2017- son que un 8,6 % de los turistas que visitaron nuestro archipiélago se alojaron en este tipo de alojamiento. En términos de oferta, en Canarias hemos pasado de 28 188 viviendas vacacionales publicadas en 2015 a 29 931 en el 2016, lo que significa un incremento del 6,2 %. La oferta de camas de viviendas vacacionales publicadas en 2015 era de 121 847, mientras que en el 2016 fue de 129 685, es decir, un 6,4 % más.

Desde hace unos años el Gobierno de Canarias está intentando dar solución a lo que es sin duda una actividad turística, que es lo que compete a esta consejería. Desde que en el 2013 las Cortes Generales aprobaran que los alquileres residenciales para uso turístico quedaban excluidos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el Gobierno de Canarias ha intentado buscar una solución a este reto, de forma que se puedan compatibilizar todas las actividades turísticas que se dan en el archipiélago. Así, el Gobierno, en la pasada legislatura, aprobó el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las Viviendas Vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, un decreto cuya aplicación -quiero dejarlo claro- sigue vigente, aunque en su día fue matizado por algunas sentencias. No quiero aburrirles con el procedimiento judicial. Básicamente esas sentencias anulaban la prohibición de alquilar viviendas residenciales en suelo turístico, que se encontraban dentro de zonas turísticas, de urbanizaciones turísticas y en urbanizaciones mixtas, además de la prohibición de alquilar habitaciones singulares dentro de una vivienda y el procedimiento de inicio de la actividad. Entonces la comunidad autónoma, mientras se redactaba el nuevo decreto, interpuso un recurso de casación que ha sido admitido por parte del Tribunal Supremo. En todo este tiempo hemos seguido aplicando los preceptos vigentes del actual decreto, conscientes de que hay que ofrecer una solución a este sector que dé seguridad jurídica a todos. Somos conscientes de que la actual regulación respondió a la necesidad de llenar el vacío normativo derivada de la citada exclusión del alquiler vacacional del ámbito de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El decreto contribuyó a ofrecer un marco regulatorio de esta realidad que, sin embargo, ha resultado insuficiente para dar respuesta a los problemas detectados en su aplicación práctica. De ahí la necesidad de un nuevo decreto que va a tener como máxima la defensa que siempre se ha realizado, que siempre ha realizado el Gobierno de Canarias de que el carácter general prevalezca a la hora de definir nuestro modelo turístico. Y este interés general pasa por tener en cuenta la fragilidad de nuestro territorio, la protección del medio ambiente y de nuestros recursos naturales, la seguridad pública y la protección de los derechos de los consumidores.

El Gobierno de Canarias ha realizado un análisis en el que se visualizan los principales retos que plantea la vivienda vacacional para el actual modelo turístico de Canarias, una cuestión ineludible una vez que este modelo se ha ido asentando en nuestra realidad y en la del resto de destinos turísticos. Estos retos responden a cuestiones esenciales como la sostenibilidad del modelo turístico, la compatibilidad o incompatibilidad de los usos turísticos y residenciales, el derecho a la vivienda de los residentes, las garantías laborales y del empleo en el sector, los cambios en la cadena de valor de la oferta turística, el papel de las plataformas digitales y su relación con la Administración pública, el cumplimiento normativo de todas las modalidades alojativas en nuestro actual modelo turístico y la seguridad jurídica, la calidad del destino y de los servicios que ofrece, la seguridad en nuestro destino y la protección de los derechos de los turistas, el mantenimiento, mejora y renovación de la planta alojativa y las diferencias insulares y municipales.

Para responder a estos retos a través del nuevo decreto hemos seguido unas líneas de trabajo que quiero adelantarles. No obstante, se trata de un texto que queremos presentar en los próximos días a los cabildos y ayuntamientos, así como al conjunto de agentes del sector y a la sociedad en general, pues resulta vital para nosotros, como le decía anteriormente, consensuarlo entre todos. Es un documento vivo que debe ser flexible, pues este fenómeno turístico no se experimenta de la misma manera en las diferentes islas y ni siquiera dentro de las islas, de igual manera en los diferentes municipios.

Los pilares sobre los que se asienta el borrador son los siguientes: papel protagonista de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, que es a través de ellos como se podrá facilitar el desarrollo de los nuevos requerimientos del mercado turístico, eso sí, siempre que se incremente la calidad y la competitividad del destino y que favorezca el crecimiento de la economía local y del archipiélago; armonización de la oferta de viviendas vacacionales con el desarrollo del resto de sectores económicos, garantizando el equilibrio social; debemos velar por satisfacer las necesidades de la población y los usuarios turísticos; hacer compatibles las nuevas modalidades de alojamiento con nuestros recursos, infraestructuras, servicios y equipamientos existentes para nosotros y, lo he dicho de forma reiterada, la sostenibilidad es irrenunciable; respeto a la proporcionalidad en la implantación del uso de vivienda vacacional, para así asegurar la calidad de vida de la población residente, su bienestar social y la conservación de los signos de identidad cultural. Esta actividad ha de integrarse en un entorno económico, cultural, social y ambiental de cada isla, municipio y núcleo.

Como les digo, se trata de un texto que ha de ser presentado a las instituciones y a los actores protagonistas del sector, para conocer sus dudas y aportaciones e incorporar las que sean necesarias para alcanzar el mejor de los decretos. En ello estamos, pues no concebimos que un asunto de tal calado como el del alquiler vacacional no se intente regularizar de la manera más consensuada posible. De hecho, les recuerdo que, siguiendo la Ley de Procedimiento Administrativo, todos los sectores implicados y la ciudadanía pudieron realizar sus observaciones a través de la plataforma Canarias Participa. Unas propuestas que enriquecieron el texto que ya hemos elaborado y con el que pretendemos dar respuesta a los problemas detectados en la aplicación del decreto actualmente vigente.

Si queremos abordar el fenómeno del alquiler vacacional de forma integral, necesitamos el concurso de todas las administraciones. Se trata de un fenómeno que plantea muchas oportunidades, como bien indicaba, sobre todo a las familias, a la hora de acceder a las rentas procedentes de la industria turística. Ese es un elemento positivo que no podemos obviar, pero también implica una serie de riesgos que se han observado también en otros destinos turísticos, como los que implica el fenómeno de la gentrificación o el efecto que puede tener sobre el precio del alquiler para residentes.

Por ello uno de los objetivos para garantizar la eficaz implantación de la normativa es que la regulación del alquiler vacacional se realice teniendo en cuenta criterios de planificación territorial y urbanística, por lo que los ayuntamientos y cabildos deberán intervenir. Son ellos los que conocen de forma detallada la realidad de sus entornos y tienen competencias en ordenación territorial y urbanismo. Deben ser, por lo tanto, partícipes de la solución y es nuestra misión involucrarlos.

El borrador del nuevo decreto establece los principios rectores para la ordenación del alquiler vacacional como actividad turística clasificada e incluye algunas novedades sobre el anterior que me gustaría destacar.

En primer lugar, y para atender a la diferenciación entre islas a la que hacía referencia, el núcleo de la gran decisión de la implantación del alquiler vacacional se desplazará a islas y municipios. Serán los cabildos y los ayuntamientos quienes desarrollarán el planeamiento y podrán definir estándares de implantación.

Además otra de las novedades del borrador es que define la habitualidad, entendiendo que hablaremos de alquiler vacacional cuando la vivienda se alquile más de dos veces al año. También se permitirá el alquiler de un número máximo de habitaciones singulares, siempre que el propietario de la vivienda resida en la misma.

Como es lógico, el decreto también regulará los requerimientos para registrarse como alquiler vacacional y se regulará que las plataformas tengan que reflejar la -y esto me parece muy importante- legalidad de las viviendas que ofertan.

Bueno, algún detalle más podré...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Un minuto más, señor consejero.

El señor CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES (Castellano San Ginés): Muchas gracias.

No, necesito incluso algo menos.

En cualquier caso quiero dejar... (se produce el corte del sonido) será el resultado de un trabajo de escucha y consenso y que incluso aquellas cuestiones que he anunciado serán sometidas a debate en este proceso que pretendemos iniciar.

Paralelamente, tendremos que seguir trabajando para mejorar los medios para que la aplicación de este decreto sea efectiva y, sin duda, el Estado debe comprometerse en lo que le compete para que esta actividad turística se pueda desarrollar con todas las garantías económicas necesarias.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor consejero.

Turno de los grupos no solicitantes. Por el Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero.

A nosotros nos alegra, a nuestro grupo, que ya haya un borrador del decreto de las viviendas vacacionales. Nos temíamos que, cuando saliera este borrador, ya habríamos colonizado planetas como Marte y hubiésemos tenido que añadir algún artículo más a este decreto.

Ayer anunciaba el señor presidente que íbamos a tener ya un borrador aquí, en el mes de marzo, si no me equivoco. También he visto que ha anunciado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que va a regular las viviendas vacacionales. Entonces yo me pregunto: ¿realmente existe ese consenso con los ayuntamientos y los cabildos?, porque si están tratando de regularlo será que están viendo esa necesidad porque no está cubierta por el Ejecutivo.

La verdad es que hasta ahora no hemos sabido darles una respuesta a los ciudadanos, y eso realmente es lo que preocupa a la Agrupación Socialista Gomera. Los ciudadanos hasta ahora se han visto desamparados y realmente ellos lo que creen -y se lo digo porque he hablado con muchos propietarios de viviendas vacacionales- es que lo que se quiere es sancionarlos por no estar legalizados y estar al día. Entonces, en ese sentido, vemos importante que se agilice lo antes posible este decreto y puedan ellos regularizar su situación, porque les aseguro que son los más interesados en este aspecto.

Les hablaré un poco del modelo turístico de La Gomera. Siempre ha coincidido el turismo tradicional con el turismo de las viviendas vacacionales y realmente nosotros queremos seguir apostando por ese modelo, porque creemos en las viviendas vacacionales, pero viviendas vacacionales de calidad, reguladas y sobre todo que sean sostenibles y convivan tanto con los vecinos del municipio como con el turismo tradicional. Y en este sentido notamos que cada vez hay un mayor reclamo y, al haber un mayor reclamo, hay un mayor número de viviendas vacacionales y, por lo tanto, hay menos viviendas para alquilar y para poder vivir y residir en ellas. De ahí la importancia también del control del número de viviendas vacacionales en cada municipio, que, como usted bien ha dicho, eso tiene que estar regulado por los ayuntamientos y los cabildos, que son los que mejor conocen sus territorios.

Usted mismo ha dado los datos. Un 8,6 % de turistas se alojaron en viviendas vacacionales. La importancia que está teniendo este sector y la importancia que tiene para diversificar también nuestra oferta turística, eso también es esencial. Sigue aumentando el número de camas, le digo que eso es lo importante, que tenemos que establecer un número máximo de camas y de viviendas para evitar los problemas de los que hemos hablado; evitar problemas como los que se han dado últimamente en algunas comunidades con la gente residente, entre residentes y turistas. Y, como usted bien ha dicho, y estoy de acuerdo, no es igual en todas las islas y, dentro de las islas, tampoco es igual en cada uno de los municipios.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Ramos Chinea.

Turno del Grupo Nueva Canarias. Señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Señor presidente.

Nosotros llevamos años reclamando la regulación de esta actividad por el impacto que tiene en la economía, en la convivencia y en los derechos de la gente. Regulación. Es que no hay que temer a la regulación. Es que la Constitución española lo dice de manera categórica. Es que las actividades económicas se tienen que someter a reglas, y las reglas tienen que estar al servicio del interés general y las deben decidir los poderes democráticos. Yo creo que debiera ser este Parlamento.

Ayer el presidente -no le he escuchado decir nada al consejero- se comprometió aquí a lo que nosotros venimos reclamando, y es un proyecto de ley que regule el alquiler vacacional. De manera que esta no sea una responsabilidad solo gubernamental y menos de un gobierno en minoría; que todos nos comprometamos en este Parlamento a establecer una regulación sobre una actividad de alto impacto en la economía, aunque francamente mejorable en este parámetro, y el impacto que tiene en el tema residencial, en la convivencia de actividades económicas en lugares residenciales, con la distorsión que eso representa. Y también el impacto que está teniendo en las zonas más turísticas en relación con el deteriorado sistema de viviendas que tenemos. No hay viviendas de promoción pública desde hace prácticamente una década, que es una obligación constitucional de esta comunidad. Por lo tanto, tenemos un problema de demanda insatisfecha de esa franja de ciudadanos que tienen difícil acceder al mercado de viviendas privadas. Por tanto, tenemos ya un problema de base que se agrava con el fenómeno del alquiler vacacional. Se han triplicado los precios de los alquileres para los trabajadores, para las trabajadoras, para los funcionarios, en las zonas turísticas, y eso no puede ser un asunto menor.

Nosotros volvemos a insistir: estamos de acuerdo en que esta actividad hay que regularla, que tiene que ser compatible con los intereses de las comunidades locales, con la convivencia en las zonas residenciales, especialmente en los edificios donde se desarrollan las dos actividades, con toda su complejidad. Debe darse un plus de organización y de límites al tema del alquiler vacacional y la mejor manera de encauzar esta regulación, incluido en el tema turístico -el decreto no lo permite-... Nosotros no nos negamos a que exista actividad de alquiler vacacional en zona turística, pero con reglas, con exigencia y con calidad, porque no podemos deteriorar este destino.

De manera que yo vuelvo a insistir: de acuerdo en el decreto provisional, aunque no lo hemos visto, pero sobre todo una ley y que todos aquí nos comprometamos a una regulación al servicio del interés general y por supuesto de los derechos que asisten a los que promuevan esta actividad económica.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Rodríguez.

Turno del Grupo Podemos. La señora Del Río.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Buenos días a todas y a todos.

Yo tenía muchas ganas de hablar con el señor consejero sobre este tema, porque he hablado varias veces pero siempre con la consejera de Políticas Sociales y Vivienda.

Efectivamente la relación que estamos padeciendo y sufriendo, una gran parte de la población, en esta conexión entre alquiler vacacional por un lado -con su parte positiva que no ponemos en duda-, pero con la tremenda consecuencia negativa que está teniendo, especialmente en algunas islas, como ya hemos hablado, en Lanzarote y Fuerteventura, también ya en Tenerife y en Las Palmas, sobre todo en las ciudades, con el proceso de gentrificación que empezamos a vivir... Lo que nos sorprende es que eran cosas que las veíamos venir. Es decir, estamos hablando de un decreto en este caso que llega tarde y mal. Un decreto que se publica, que se aprueba justo el día antes de las elecciones y que la gente no ve hasta después de las elecciones, que también nos preguntamos que algunos tuvieron una fuerte decepción cuando se encontraron qué es lo que había por dentro, en los contenidos. Quizás votantes que si hubiesen sabido lo que iba a haber ni siquiera habrían votado. Es decir, ¿cómo se puede hacer un decreto para el 2015 que ya desde el 2016 empieza a tener un montón de recursos, que lleva sucesivas sentencias y que ahora mismo está en el Supremo?

Es decir, todo esto se hace mal desde el principio, sin hacer lo que parece que se quiere hacer ahora, que nos parece muy bien y que estamos muy de acuerdo: por supuesto una planificación y prever qué cosas, qué consecuencias pueden ocurrir. Que además no nos estábamos inventando nada, que de manera informal ya existía en Canarias desde hace muchísimos años. Pero sobre todo las consecuencias más negativas eran perfectamente previsibles, porque ya estaban ocurriendo en Baleares, ya estaban ocurriendo en Cataluña, en Madrid... Es decir, ¿cómo se puede tener tanta falta de previsión?

Y estos planes que se hacen ahora con el nuevo decreto, con planificación urbanística y territorial, ¿cómo no se hicieron la primera vez? Es que da un poco de vergüenza que estas cosas no se hayan analizado desde el principio y que hayamos generado un gran problema como el que tenemos ahora mismo, salpicando a mucha gente, en el tema de la vivienda, insisto, porque en las islas que nos afecta, insisto, en Lanzarote y Fuerteventura, es un gran problema que tiene que ver con una falta de planificación, con un mal decreto que se hace deprisa y corriendo y que se hace mal. No, ya sabemos por todas.

Pero además, con respecto al futuro, a mí me preocupa en este nuevo... -tenemos muy poco tiempo, pero ya hablaremos más despacio- que la capacidad de carga es superimportante: ¿van a tener competencias los ayuntamientos y los cabildos? Es decir, ¿en cuántos barrios, en cuántas... o sea, qué camas, cuántas viviendas....? Si hemos planificado el turismo de hoteles, ¿cómo no vamos a planificar la capacidad de carga del turismo de la vivienda vacacional? Y otra cosa: se supone que es un turismo, una economía colaborativa, que debe beneficiar sobre todo, o sea, al principio, a las familias, que también se beneficien de la riqueza del turismo. Si queremos que llegue a ellas, ¿cómo se van a dar las licencias?, ¿a los grandes hoteleros y a los grandes tenedores o se van a agilizar a las que tienen una sola vivienda, una familia, que la puede alquilar por temporadas? Bueno, ya lo hablaremos.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Del Río.

Turno del Grupo Popular. Señora Pérez.

La señora PÉREZ BATISTA: Buenos días.

Señor consejero, le oigo y sinceramente no me lo puedo creer. Yo le aseguro que produce una enorme alegría ver que se puede avanzar si uno se lo propone de verdad, produce una gran alegría, y se lo digo porque desde el Grupo Popular llevamos tres años solicitando la modificación urgente del Decreto 113/2015. Y ahora dice usted aquí que ahora van a reunirse con ayuntamientos, con los cabildos, para consensuar el texto: ¿qué han hecho ustedes en estos tres años?

Y solicitábamos urgente la modificación de ese decreto, consejero, porque el decreto vulneraba, por un lado, normas constitucionales y, por otro lado, dejaban ustedes fuera de ordenación normativa a más de la mitad de las viviendas vacacionales por encontrarse en suelo turístico. Y esta postura que llevamos defendiendo desde el Grupo Popular era y es, sin lugar a dudas, la más acertada, si tenemos en cuenta que las tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia avalan nuestra teoría. Sin embargo, el Gobierno, lejos de adaptar la normativa a lo planteado por el tribunal, ha interpuesto recursos a estas tres resoluciones judiciales, con un único objetivo, señor consejero: el afán que tienen en este Gobierno de seguir aglutinando los beneficios del turismo en los tres grandes hoteleros.

Pero no quiero pasar sin hacer una reflexión. Es curioso que sean los partidos de izquierdas que se sientan en este Parlamento aquellos que ponen obstáculos a la vivienda vacacional, aquellos que son los que realmente están obstaculizando la democratización de los beneficios del turismo para todos los canarios. En esto, señor consejero, es verdad que ha conseguido usted una alianza con Nueva Canarias y el Partido Socialista. Es cuando menos curioso que sean estos partidos los que incentiven y compren el mensaje de señores como Marichal, de Ashotel. Baje Dios y lo vea. Culpabilizan de la inexistencia de la vivienda para arrendamiento convencional a la proliferación de la vivienda vacacional. Pero es curioso: estos son los mismos partidos, el Partido Socialista, que durante siete años en este Gobierno no construyeron ni una sola vivienda pública. Llevamos más de doce años sin construir viviendas en Canarias.

Mire, en octubre de 2017, señor consejero, usted dice, hace cuatro meses, y dijo textualmente: en los próximos días se iniciará un proceso de información pública previo a la modificación del decreto. Estamos en febrero y dice usted ahora que usted ahora es cuando va a iniciar contactos con los ayuntamientos y los cabildos. Mire, ¿esto qué es?

Termino, señor consejero, con el mismo argumento que venimos reiterando desde hace algunos años: no podemos afrontar la problemática de la vivienda vacacional bajo viejos y anacrónicos esquemas de un modelo turístico que se está quedando obsoleto. Avance, señor consejero. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias le ha facilitado el camino que hay que seguir respecto a la modificación del decreto y nada mejor, señor consejero...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Pérez.

Turno del Grupo Nacionalista. La señora Calero.

La señora CALERO SAAVEDRA: Gracias, presidente. Buenos días.

Gracias también a la proponente por mantener vivo el debate en torno al alquiler vacacional. Creo que ahora sí que vamos siendo conscientes del calado del asunto y del difícil y delicado encaje que muchas veces tienen en nuestras islas las tendencias o formas de vida importadas de otros lugares.

España cierra el 2017 con 82 millones de turistas extranjeros, de los que 14 corresponden a Canarias, lo que la convierte en la segunda comunidad con mayor importancia en el sector. Crecimos un 7,2 %. Pero quiero llamar la atención sobre un dato: de esos 82 millones de turistas alrededor de 10 millones se alojan en viviendas de alquiler turístico regularizado. Obviamente desconocemos cuántos recurrieron a viviendas alegales o ilegales. Es decir, solo en el plano legal tenemos un crecimiento interanual de un 20 % en el número de turistas alojados en viviendas.

Evidentemente es una realidad para la que no estábamos preparados, pero ni en Canarias ni en ninguna otra comunidad. En Madrid el ayuntamiento acaba de aprobar una moratoria de un año para nuevas autorizaciones en viviendas porque las solicitudes ya les desbordaban. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid prepara un decreto para regularlas. El Ayuntamiento de Barcelona prohíbe abrir nuevos alojamientos de este tipo en el centro de la ciudad, ha reforzado la detección y sanción de los pisos turísticos ilegales y multa a los operadores que los publicitan. Baleares también multa, hasta con 40 000 euros, a quien alquile pisos a turistas y hasta con 400 000 euros en el caso de inmobiliarias, intermediarios turísticos o plataformas digitales. La Comunidad de Castilla-La Mancha está elaborando ahora mismo su norma, en Euskadi también se está tramitando un borrador de decreto y la Junta de Extremadura trabaja en la reforma de la ley del turismo, porque también carece de un marco específico para ello.

En Canarias desde el 2015 contamos con un decreto, del que, como saben, el TSJ anuló algunos artículos, y sabemos que recientemente el Tribunal Supremo ha admitido un recurso de casación contra esa sentencia. Así que por el momento esto implica que sigue en vigor el Decreto 113/2015 hasta que el Supremo dictamine sobre el fondo del asunto. No obstante, ahora sabemos que el trabajo de elaboración del nuevo decreto ya está avanzado y esperamos, consejero, que se culmine lo antes posible.

El reto está ahora en lograr frenar esos efectos perversos que este fenómeno está teniendo en algunas zonas y que en aquellas donde se permita se haga con garantías de calidad y seguridad tanto para los turistas como para los residentes, controlando siempre cómo va afectando a la población residente. Y sobre todo tener claro que debemos convivir con una norma que afecta a zonas, municipios e islas, como se ha dicho, con realidades muy distintas en las que el alquiler vacacional tendrá también una incidencia muy diferente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Calero.

Turno del grupo proponente, el Grupo Socialista. La señora Cabrera.

La señora CABRERA NODA: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, sin duda el anuncio del borrador de decreto es un paso. A nosotros lo que nos preocupaba era el inmovilismo en el que se había instalado el Gobierno, sin ningún tipo de acción en positivo o en negativo, pero al menos intentarlo. Por tanto, lo consideramos positivo, el que usted venga y nos haya explicado en qué va a consistir ese texto. Y también nos gustaría participar del mismo; por tanto, si fuera posible, que nos lo trasladara para nosotros también participar y colaborar y tomar posición en ese texto que se está trabajando desde el Gobierno. Lo digo porque desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos demandado en multitud de ocasiones que se aclare el marco normativo del mercado del alquiler en Canarias mediante una regulación adecuada del régimen del alquiler vacacional. Sin este marco no se puede regular la oferta y, sin regularse la oferta, no tendremos elementos a los que atenernos para adoptar soluciones. Como ya sabemos, la regulación de la vivienda de uso turístico quedó excluida del régimen general en la medida en que las comunidades autónomas promulgaran normas de carácter sectorial que regularan este fenómeno. En Canarias, como todos sabemos también, se optó por delegar este desarrollo normativo al Gobierno mediante decreto, el famoso Decreto 113/2015, que contiene varias medidas controvertidas objeto de recursos judiciales que a día de hoy continúan sin ser resueltas.

La semana pasada conocimos la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Canarias contra la sentencia del TSJ de Canarias que anuló varios artículos del decreto sobre el alquiler vacacional en las islas.

Ante esta situación, el Grupo Socialista ha venido reclamando un cambio de regulación del alquiler vacacional. Hasta ahora hemos planteado distintas iniciativas, de acuerdo siempre con el interés general y partiendo de una realidad a la que no podemos seguir dando la espalda ni dilatando las posibles soluciones que vendrían a enmendar la problemática planteada. Todos somos conocedores de los efectos negativos que la norma ha ido generando durante este tiempo, entre ellos la burbuja inmobiliaria, con características distintas a la anterior, que está convirtiendo un bien esencial en objeto de especulación. Actualmente los precios en el mercado del alquiler de la vivienda desplazan su función social por un interés que conlleva la expulsión de las clases trabajadores de aquellos ámbitos donde resulta más rentable dedicar el destino del inmueble al alquiler vacacional. Si queremos proteger la función social de la vivienda, y para el Grupo Socialista es una prioridad, y evitar conflictos en la convivencia entre el turista y el residente, debemos consensuar qué tipo de inmuebles, con unas características concretas, deben incluirse dentro de la actividad del alquiler vacacional. Lo que no podemos seguir permitiendo son los efectos negativos que la actual norma está generando en aquella parte de la sociedad canaria que pretende obtener de forma legítima rendimientos del sector turístico.

Evidentemente, señor consejero, no hay una solución infalible para este asunto y quizás lo que planteamos hoy, lo que usted ha venido a presentar hoy, puede que no valga para dentro de dos años, pero debemos afrontar el tema con determinación y el objetivo claro de la búsqueda del interés general, sin arrogarnos en ningún caso la defensa de uno u otro sector.

Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Cabrera.

Turno para cerrar la comparecencia del señor consejero de Turismo, Cultura y Deportes.

El señor CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES (Castellano San Ginés): Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

En primer lugar, de verdad que quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios el tono conciliador que han puesto de manifiesto en cada una de sus intervenciones. Yo creo que sin duda eso hará más fácil la labor de consenso a la que hacía referencia, que tendremos que afrontar en este futuro próximo, en el que, repito, el borrador, la propuesta de borrador de decreto del alquiler vacacional será sometida a la opinión de los diferentes agentes sociales. Nuestra idea era empezar en primer lugar por los cabildos a través de la Fecai, de la Fecam, los agentes del sector y, por supuesto, también los grupos parlamentarios, que sin duda tendrán muchas aportaciones que realizar.

Se hablaba siempre de la participación de los ayuntamientos en cuanto a la regulación del alquiler vacacional y tengo que decir que ya existe la posibilidad por parte de los mismos de establecer limitaciones, si razones de urgencia lo requieren, a tenor del contenido de la propia Ley del Suelo. Pero este es un aspecto que, repito, nosotros vamos a impulsar, siendo conscientes de lo que les decía anteriormente: si todos estamos de acuerdo en que la realidad del alquiler vacacional varía entre islas, incluso dentro de la isla de los municipios e incluso, si nos vamos a otro nivel, dentro de los municipios los diferentes núcleos, pues, tendremos que ser capaces de dotarnos de un marco regulatorio que sea capaz de responder a esa flexibilidad. Y, por lo tanto, en este sentido parece más que razonable que, con independencia de las situaciones de partida que establezcamos con respecto a las diferentes tipologías de territorio, los ayuntamientos y los cabildos tengan margen para definir dónde se puede establecer y dónde no el alquiler vacacional, en atención a esas singularidades que se presentan en sus territorios. Por lo tanto, me parece que este aspecto, que es absolutamente relevante, también es imprescindible porque no existe o por lo menos a nosotros no se nos ocurre otra forma de dotarnos de un marco flexible.

La realidad con respecto a La Gomera todos sabemos que es diferente, a tenor de la denominada ley de islas verdes. Por lo tanto, muchos de los preceptos del futuro decreto del alquiler vacacional no serán aplicables en la isla de La Gomera, La Palma o El Hierro. Sí algunos de ellos, por supuesto.

Han hablado en muchas ocasiones de la relación entre el residencial y el turístico. Parece razonable que en este sentido también la Administración insular, cabildos y ayuntamientos, pueda establecer este tipo de proporciones en la relación entre viviendas disponibles para residentes y para turistas, precisamente para evitar, primero, algunos de los conflictos, porque es cierto que, digamos, el tipo de vida, el comportamiento, no es el mismo el de un turista que el de alguien que vive de forma permanente en un territorio. Y este es un aspecto que potencialmente puede originar conflictos y que tenemos que ser capaces de atender.

Se ha hablado también de vivienda pública. Parece razonable que en viviendas de protección oficial no se pueda establecer este tipo de modalidad alojativa, de alquiler vacacional, porque el objetivo de este tipo de viviendas es el que es y no se destina la vivienda a otro fin.

Compartimos algunas de las manifestaciones realizadas con respecto a los principios rectores que deben dirigir la política relacionada con el alquiler vacacional. La misma tiene que estar sometida al interés general, sobre todo en un territorio frágil como el nuestro, con limitaciones que son evidentes. Pero estos son aspectos que han formado parte de la política de nuestra comunidad autónoma de forma reiterada. La apuesta por la sostenibilidad no es nueva y en materia de alquiler vacacional la vamos a mantener. En este sentido, por lo tanto, no va a haber discusión.

Recojo el guante del señor Rodríguez, y además lo hago extensivo al resto de grupos parlamentarios, en cuanto a disposición, que, por cierto, ya me ha mostrado en diferentes ocasiones, para que podamos tener un diálogo sincero acerca de qué medidas se tienen que tomar.

Con respecto al alquiler vacacional, posiblemente hemos pasado por dos percepciones extremas. Cuando se produjo un auge del fenómeno de las plataformas, se vio como una oportunidad, como bien ha manifestado la portavoz del Grupo Popular, como la oportunidad de democratizar el sector turístico, de que el conjunto de la población pudiera ser beneficiaria de los beneficios que genera esta industria, y posteriormente quizás se ha pasado al otro extremo, en el que se ven algunos de los efectos que tiene ya sobre el territorio, una vez considerada la evolución, como fenómenos que se han citado, el fenómeno de la gentrificación, cómo afecta a la población residente, a la disponibilidad de vivienda para el residente. Y posiblemente al final, pues, tendremos que encontrar un punto intermedio en el que el alquiler vacacional no ofrece únicamente bondades y tampoco es el ogro que algunos quieren presentarnos. Es decir, seguramente la virtud la encontraremos en una posición moderada que nos haga aprovechar las oportunidades que nos ofrece el alquiler vacacional y, por otro lado, evitar esos riesgos que, de hecho, fundamentalmente en otros destinos turísticos, ya se han presentado. Esta es una cuestión que tampoco podemos ignorar. Nosotros no somos partidarios de la liberalización total que en este caso plantea el Grupo Parlamentario Popular porque nos impediría afrontar algunos de los retos que implica este fenómeno.

Se hablaba sobre qué es lo que ha hecho esta consejería y, bueno, el que no se hubiera actuado con antelación, pero es que tenemos que seguir la Ley de Procedimiento Administrativo, a la que antes hacía referencia. Decía la representante del Partido Popular: ¿qué es lo que ha hecho su consejería desde que usted asumió el cargo? Pues, entre otras cosas, iniciar el procedimiento de consulta pública previa, a través del cual recibimos muchísimas aportaciones que hemos considerado a la hora de elaborar ese borrador. Es que tenemos que seguir el procedimiento, no nos lo podemos saltar. Y a partir de aquí, a partir del momento en el que contamos con el borrador, lo vamos a someter a debate por parte de todos los agentes implicados. Pero es que no podemos seguir otro procedimiento, hemos seguido el procedimiento que tocaba, ni más ni menos. Por lo tanto, en este sentido no puedo asumir, digamos, algunas de sus manifestaciones con respecto a lo que se ha hecho, porque es que se ha hecho lo que se podía y se debía hacer.

Se ha hablado mucho del tema de los efectos perversos. Repito: nosotros los consideraremos y, por lo tanto, en este sentido, en el debate sin duda saldrán a la luz.

Y se ha hablado de otro aspecto que es relevante, que es de las comunidades de propietarios. En este sentido tenemos que reconocer que el margen de actuación del decreto es limitado. Una de las cuestiones que nosotros hemos solicitado en las reuniones que hemos tenido con la secretaria de estado de Turismo era precisamente la reunión de la conferencia sectorial, porque entendíamos que había elementos que tenían que ser abordados por la Administración del Estado en atención de sus propias competencias y, en este caso, la Ley de Propiedad Horizontal, que afecta a la forma en la que se toman las decisiones dentro de una comunidad. No es competencia de nuestra comunidad autónoma y, por lo tanto, nuestra capacidad, digamos, para establecer un marco regulatorio a este respecto es limitado. Vamos a afrontarlo pero es limitado.

Y, por otra parte, cuestión importantísima, que también hay pronunciamientos de otras administraciones que por lo menos introducen cierta incertidumbre, es sobre la responsabilidad de las propias plataformas. Este es un aspecto que nosotros vamos a introducir en el decreto, ya lo decía en mi primera intervención. Entendemos que sí existe una responsabilidad por parte de las plataformas acerca de la oferta que ponen a disposición de los usuarios, de los potenciales clientes. No compartimos que sean un mero intermediario, que sencillamente puede ignorar. Por lo tanto, vamos a exigir que estas plataformas anuncien los números de registro de la vivienda y a su vez que, en el caso de que este mismo no esté presente, se les pueda exigir la retirada de esta oferta.

Sin duda este es un debate complejo. Como decía, va a implicar el concurso de todas las administraciones si queremos que la solución sea integral, pero en ese proceso estoy convencido de que vamos a avanzar. Y repito: recojo el guante de todos los grupos políticos y la manifestación, la voluntad de que podamos llegar a acuerdos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor consejero.

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  • 9L/C-1168 Sobre -Consejero de Turismo, Cultura y Deportes-, sobre política con respecto a la vivienda vacacional.

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