Diario de Sesiones 107/2018, de fecha 21/2/2018 - Punto 1

9L/C-1541 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA CANARIAS (NC), SOBRE LOS DATOS DEL ÚLTIMO INFORME ÍNDICE DEC 2017 DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES.

La señora PRESIDENTA: Tal y como acordamos ayer, empezaríamos hoy con la comparecencia 1541. ¿Correcto? A instancias del Grupo Parlamentario Nueva Canarias a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

Para su defensa, ¿señor Campos? Sí.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora consejera.

Traemos hoy una comparecencia, hemos solicitado su presencia para hacer una valoración sobre un tema que para nosotros es absolutamente relevante, y es la situación de los servicios sociales en Canarias. Una comparecencia que se repite casi todos los años cuando la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales emite su informe anual, haciendo una valoración de los servicios sociales en el conjunto del Estado y en cada uno de los territorios autonómicos. Y digo que para nosotros este es un tema relevante, a pesar de que un año más, desgraciadamente, este informe sitúa a los servicios sociales en Canarias o los tacha de irrelevantes. Irrelevantes porque en cada uno de los objetivos sobre los que se trabaja, que podemos discutirlos, podemos entender que algunos de ellos, pues, quizás no son del todo... no voy a decir fiables, pero importantes, que hay otras cuestiones que habría que valorar. Pero tienen un elemento esencial, y es que miden de la misma manera a todos los territorios. Y obviamente podríamos discutir algunos, pero yo creo que la mayoría sí que son, en primer lugar, objetivos; hacen una valoración tanto desde el punto de vista normativo, de leyes, de regulación, el punto de vista de cobertura de los servicios sociales y el punto de vista, digamos, de prestaciones a la ciudadanía.

Y, como digo, desgraciadamente, Canarias, en los últimos años, ha pasado, a través de estos informes, como en otras muchas materias, a estar en la cola. Un año más vuelve a nombrarlos, como decía con anterioridad, a tacharlos de irrelevantes. Hay que reconocer una cosa, y es que en esta ocasión hay un notable incremento, una notable mejoría con respecto a años anteriores.

Es verdad también, yo creo que eso es fundamental -se lo decía antes de empezar-, yo me voy a centrar fundamentalmente en la parte de recomendaciones. De los aspectos positivos ya se encargará, me imagino, doña Elena Luis con posterioridad de, digamos, ponerlos en valor, la propia consejera.

Y yo soy capaz de reconocer, obviamente, que se ha mejorado con respecto a años anteriores, los distintos indicadores, pero seguimos estando a la cola, seguimos siendo tachados de irrelevantes. Y sobre todo porque, igual que yo no voy a poner el foco de atención exclusivamente en los aspectos negativos, espero que no caigan ustedes tampoco en la tentación de hablar solo de los positivos, porque cuando uno está en el suelo ya es que no se puede bajar más. Por tanto, a partir de ahí, solo con que se dote económicamente y se ponga un poquito más de interés, todo será subir.

Y es verdad, como decía, que en esta ocasión se mejora en la mayoría de parámetros, fundamentalmente en los ámbitos de cobertura y en los ámbitos también, digamos, de las distintas prestaciones. Seguimos teniendo un hándicap pendiente, que podría solucionarse por fin en el 2018, y es en el aspecto normativo. Canarias es de las pocas comunidades ya que no tiene una ley de servicios sociales digamos de lo que se denomina de última generación, una ley de servicios sociales avanzada, una ley de servicios sociales donde se reconozcan ya derechos subjetivos. Pero de eso hablaremos también en la segunda parte de la intervención.

El objetivo fundamental de la comparecencia, señora consejera, es, en primer lugar, su valoración sobre este informe; tacharlos de irrelevantes, cuál es su valoración; cuál es la planificación por parte de la consejería de cara al 2018, al menos en los parámetros que en este informe se trabajan, de tal manera que podamos ir saliendo de ese vagón de cola en el que creo que a nadie le gustaría estar. Eso por un lado. Y luego -y ahí profundizaremos más en la segunda parte-, en el apartado de recomendaciones que hace el propio informe con carácter general y de manera específica para nuestra tierra, para Canarias, a qué aspectos fundamentalmente se comprometen desde la consejería, desde el Gobierno, a actuar a lo largo del 2018, cuál va a ser la planificación, qué niveles de inversión, dónde van a estar las transformaciones. Ayer teníamos oportunidad, en la pregunta que le hacíamos, sobre cuál es o si se está trabajando ya en la evolución de la Prestación Canaria de Inserción. Nosotros tenemos una visión, la presentábamos en ese sentido en nuestra propuesta de enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y es la renta básica. Pero podemos entender que haya otros escenarios, nos da igual que se llame de otra manera, si el objetivo finalmente es el mismo, porque esa es una de las recomendaciones esenciales que hace precisamente también este informe.

Por tanto, estos serían los elementos para esta primera intervención y en la segunda nos centraremos de manera fundamental en las recomendaciones.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campos.

Turno ahora para el Gobierno. La señora consejera.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Buenos días, señorías. Presidenta.

Para empezar, quiero agradecer el tono constructivo con el que el diputado Luis Campos ha hecho su primera intervención.

No voy a centrarme en los aspectos positivos pero sí, desde luego, creo que hay que reconocer, porque es obra de muchísimas personas, también de muchos trabajadores, también de cabildos, también de ayuntamientos, a los que hay que reconocer el esfuerzo en una época complicada de crisis, cargada de recortes, que han asumido en solitario -y de eso podemos hablar largo y tendido- el que hoy nos encontremos por primera vez con un informe de esta organización tan crítica, tan severa, a la que además este Parlamento, medios de comunicación, población en general da máxima credibilidad, y que, como digo, en esta ocasión reconoce en su informe el esfuerzo, la mejoría y los retos a los que nos enfrentamos. Por eso agradezco que usted lo haya mencionado. Y yo no me voy a centrar en eso, me voy a centrar en mi intervención en los datos positivos que esta organización destaca del trabajo en Canarias y de la mejoría que se ha producido en el informe de este año.

Me centro más no tanto en preocuparme como en ocuparme de los datos que no son buenos, de los datos que no nos gustan, porque nos sirven, primero, para valorar y sopesar el trabajo que hay que hacer. Esta consejería trabaja con objetivos, planifica por objetivos. Tiene un claro cuadro de mandos con los indicadores, indicadores que han mejorado prácticamente todos en el último ejercicio. También es verdad que el esfuerzo notable de este Gobierno, que ha pasado de 544 millones en el año 2016 a 700 millones en el año 2018, tiene una repercusión clara, a través de las transferencias en los distintos departamentos, en cabildos y en ayuntamientos, en la mejora del desarrollo de los servicios. Pero es fundamental, como se ha dicho, que salga adelante la nueva ley de servicios sociales, porque una cuestión que valora especialmente esta organización es aquellas comunidades que tienen una ley de nueva generación que establece los derechos y que distribuye las competencias. Y yo estoy convencida de que cuando tengamos esa ley el panorama va a cambiar, y va a cambiar porque estos datos están sacados del presupuesto de la comunidad autónoma básicamente. Por tanto, hay muchos millones, muchos, que ponen cabildos y ayuntamientos con cargo a su presupuesto para atender a las personas que no aparecen. Y desde luego no se puede decir que este sea el único dinero que se dedica a atender a las personas más vulnerables.

Tenemos otro problema, que yo creo que es importante destacar, que arrastran todas las administraciones públicas, que es la falta de personal. Usted sabe que en los últimos años determinadas leyes y normativas han impedido la incorporación de personas. Pero en servicios sociales no hacemos latas de conserva, no fabricamos, atendemos a personas con personas, y cuando nos faltan personas para atender a personas da igual el dinero que se ponga porque no hay quien haga los informes ni quien haga los expedientes. Y eso lo saben muy bien los municipios, los ayuntamientos, que tienen más personas en la puerta a raíz de una época muy dura de crisis, con recortes en los presupuestos y con menos personal.

Yo llevo un año trabajando con Fecam y con Fecai de manera continua, en muchísimas reuniones de trabajo, en las que hemos compartido los objetivos y la planificación, en la que no voy a entrar hoy porque no me daría tiempo, pero que me encantaría explicar aquí. Y es triste, muy triste, escuchar a ayuntamientos decir: "no me des más dinero, porque no lo voy a poder ejecutar, porque no tengo gente; busca la manera de facilitarme personal, lo que necesito es personal". Al final mucha de la lista de espera que tienen algunos ayuntamientos para gestionar la PCI o para gestionar unas ayudas de emergencia no la tienen porque no tengan los fondos, la tienen porque sus trabajadores sociales no dan abasto, porque hay muchas personas solicitando ayuda y ellos tienen uno o dos trabajadores sociales. Y ese fue precisamente uno de los motivos por los que alcancé un acuerdo con la Fecam para que, tras el reglamento de la PCI, no perdieran al único trabajador social que tenían, porque no se justificaba, por el número de PCI que hacían, el pago del trabajador social. Y adquirimos el compromiso de que trabajarían con nosotros en los informes sociales para dependencia y les seguiríamos financiando de manera que no perdieran ese, en muchos lugares, único trabajador social que tenía el municipio.

Hablo de todo esto porque, si hablamos de los servicios sociales en Canarias, tenemos que tener una perspectiva más global. No solo la del dinero que dedica la comunidad autónoma, que ha sufrido una mejoría importante y que así lo reconoce el estudio, tenemos que hablar de que la nueva ley, con sus competencias, con su catálogo de servicios, retratará el mapa verdadero por el que podremos ser evaluados justamente. Y porque además creo que es importante tener en cuenta algunas cuestiones que nos hacen diferentes al resto del Estado.

Por ejemplo, usted lo ha dicho, se mide igual a todas las comunidades autónomas y estamos hartos de repetir, en esta Cámara también, que no se puede medir igual lo que es diferente. Nuestra situación no es igual que la del resto de las comunidades, que la del territorio continental. No es igual en inversión porque Canarias ha sido la comunidad con peor inversión por habitante del Estado históricamente. Con algunas nos separan más de ochocientos euros de media. Diciendo esto, se puede entender que pongamos como ejemplo al País Vasco, que recibe una cantidad de dinero por habitante a años luz de lo que recibimos nosotros.

Pero también hay que tener en cuenta que no solo es una cuestión de inversión -muy importante, por cierto, muy importante, porque con la mejora del último ejercicio, mejora que también consiguieron ustedes en el Estado, con esa mejora ya se han visto resultados, y se van a ver resultados en este ejercicio-, sino que además nuestro territorio no es un territorio continuo, que es que nosotros no somos una provincia dentro del continente, perfectamente comunicada, con posibilidades de desarrollo industrial, con posibilidades de desarrollo económico. Somos islas con enormes dificultades, donde a veces la comunicación se nos hace casi imposible; donde tenemos problemas para conseguir profesionales de determinadas cualificaciones, en muchos rincones de Canarias; donde no podemos plantear, no tenemos igual cantidad de servicios ni de camas sociosanitarias ni de otro tipo de servicios en todas las islas. Eso desde luego resulta también un enorme problema, porque si Gran Canaria y Tenerife tienen sus servicios sociales más desarrollados, con una red de ayuntamientos que pueden tener servicios sociales más potentes, tenemos islas en las que el papel de los cabildos es fundamental. Porque por una cuestión clara de economía de escala, si no son los cabildos los que juegan el papel de la prestación, los municipios no van a llegar.

Por eso creo que hoy es importante, aprovechando la excusa de este informe, que reflexionemos sobre la situación global, qué nos ha traído hasta aquí, qué diferencias tenemos y por qué, en un estudio como este, en el que se nos mide igual, igual, que a Extremadura o que al País Vasco, nosotros tenemos que aspirar a que se nos apliquen determinados indicadores que nos hacen muy diferentes al resto del continente.

Yo les decía antes que es fundamental no solo que sigamos incorporando fondos, no solo que el Estado nos ponga en la media del resto, para mejorar los servicios sociales, no solo que podamos regular, tenemos trabajos que hacer importantes -de los que les hablaré luego en la segunda intervención-, vinculados a la revisión de la PCI -de la que ya les hablé ayer-, la revisión pactada con los sindicatos en la concertación social, con la ley y con otras normativas que tenemos que impulsar para que de verdad nuestros servicios sociales tengan el desarrollo que necesitan.

Pero, mire, para terminar esta primera intervención -y luego hablarle de los objetivos que nos llevarán a mejorar los datos, para que el próximo año, si no dicen que seguimos mejorando, digan por lo menos que hay un salto importante y espero que la ley ayude a ello-, voy a terminar diciendo que el primer problema que tenemos, el que hay que resolver, en el Estado, aquí y donde sea, es que a muchos municipios que tienen recursos económicos para contratar trabajadores sociales se les permita hacerlo, se les permita hacerlo; que se entienda que este personal es prioritario, que no se les siga impidiendo la contratación. Eso es clave para llegar a la ciudadanía.

De momento lo dejo aquí, me quedan apenas diez segundos, y...

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, consejera.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): ...me reservo para la siguiente intervención...

La señora PRESIDENTA: Le puedo dar un minuto más, consejera.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Vale, gracias.

Pues me reservo para la segunda intervención, como les decía antes, lo que nos preocupa y lo que nos ocupa para seguir mejorando los datos, porque estamos trabajando con indicadores que nos van ofreciendo la medida clara de mejora en todos los centros directivos, en todas las direcciones generales y que nos arrojan también los déficits y los espacios donde tenemos que mejorar.

De la mano de cabildos y ayuntamientos, con una descentralización que ayude a ser más efectivos y que ayude a ser más cercanos, estoy convencida de que la prestación va a llegar a muchísima más gente, pero sobre todo que va a llegar antes y que va a llegar mejor. Ese debe ser nuestro reto y en eso es en lo que vamos a trabajar.

Hasta aquí mi primera intervención y ya en la segunda continúo.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, consejera.

Turno ahora para los grupos. Señora Mendoza, Grupo Mixto.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidenta. Buenos días, señorías; buenos días, señora consejera.

Un informe detallado y extenso como este nos sirve para tener en cuenta los aspectos esenciales en el desarrollo del sistema público de servicios sociales a nivel estatal y en particular Canarias, a la vez que también podemos establecer comparativas.

La realidad es que, tal y como expone ese índice, con base -usted ha dicho- en los parámetros que se usan, ocuparemos el número decimosexto del conjunto de las comunidades autónomas y la calificación general, como ya se ha dicho, es de irrelevantes. Pero mejoraremos a nivel general aumentando 0,9 puntos respecto al año 2015, así como en las tres dimensiones que recoge: derechos y decisión política, relevancia económica y cobertura de servicios, por lo que el proceso de recuperación yo creo que en el informe queda patente. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que hay datos correspondientes a entre el año 2015 y el 2017, precisamente la puntuación se basa, entre otras cuestiones, como usted ha dicho, en que carecemos de una ley de servicios sociales, así como de un catálogo y del mapa de cobertura. Elementos que probablemente tendremos en el futuro próximo, cuando concluyamos el trámite parlamentario de esta ley.

Nos parece importante que se refleje el esfuerzo que se está realizando de las entidades locales y que se marque como modelo de mayor eficiencia y eficacia la descentralización de los servicios sociales.

Precisamente en el informe destaca el peso de Canarias como protagonista en la prestación de los servicios sociales básicos a nivel local, con más de un cincuenta por ciento, siendo un porcentaje muy superior respecto a otras comunidades autónomas.

Asimismo, también nos parece igualmente relevante que se exija el cumplimiento del pacto de Estado por la dependencia, firmado por la inmensa mayoría de los partidos en las Cortes Generales, lo que conlleva que el Estado se responsabilice también de garantizar una financiación adecuada y suficiente, que a día de hoy no ha cumplido lo que por ley le corresponde.

Por destacar algunas cuestiones que se reflejan en el informe, hay que seguir trabajando para que el 41,8 % de las personas que tienen reconocido el derecho a recibir atención del sistema de atención a la dependencia no siga a la espera de recibirla. También incrementar profesionales, como ya usted ha dicho, para la mejora y agilización del servicio y no contar únicamente con un profesional por cada 3268 habitantes, aunque ya conocemos también que en estos días se va a proceder a incorporar diez trabajadores sociales de forma urgente para agilizar la tramitación de expedientes en dependencia. Y además mejorar el sistema de teleasistencia, tal y como ya nosotros también solicitamos en una PNL, así también como aumentar los servicios residenciales de financiación pública, al contar solo con el 1,22 % frente al...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mendoza.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. La señora Santana.

La señora SANTANA PERERA: Buenos días.

No vamos a entrar a valorar lo grave de los datos que da sobre Canarias el informe, porque yo creo que es algo que ya todos conocemos de antemano y que hemos debatido en innumerables ocasiones en este pleno. Por ejemplo, el hecho de que seamos la segunda comunidad autónoma con los peores servicios sociales de todo el Estado y además posiblemente seríamos uno de esos territorios en los que más necesidad tendríamos de apostar, pues, por construir un sistema de servicios sociales de calidad.

Tampoco vamos a entrar en el reparto de culpas al respecto. Yo creo que por la historia y la trayectoria de esta comunidad autónoma ya todos sabemos a quién apuntar, y no es una cuestión del "y tú más" ahora mismo sino de buscar soluciones.

Tampoco vamos a reiterar la importancia que tenía haber sacado cuanto antes la ley de servicios sociales, tal cual incluso dijo el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, que la iba a aprobar en el primer año, y esto se ha ido retrasando y ya estamos casi a final de legislatura y la ley todavía está en trámite para su aprobación.

De lo que sí quiero que hablemos es de las recomendaciones que nos hace el informe y que debemos implementar con urgencia.

También quería destacar una de las cosas que expone el informe y yo creo que es de vital importancia por lo gravísimo de lo que expone, sobre una supuesta ocultación de datos por parte del Estado, por parte del Partido Popular, porque si no manejamos bien los datos, pues, vamos a tener muy pocas alternativas de hacer un buen diagnóstico, un buen análisis, para buscar soluciones. O sea, el Partido Popular no solo tiene la culpa de estar dejando de invertir en servicios sociales sino además de la falta de transparencia que tiene y la corresponsabilidad de que por esta falta de transparencia no podamos tomar las medidas adecuadas.

Sinceramente, creo que la fórmula es bastante sencilla: menos dinero para obras, menos dinero para infraestructuras y más dinero para servicios sociales. Tienen una gran oportunidad, señora consejera, y a mí me consta que usted está trabajando en ello, pero convenza al resto de su Gobierno de que en esos presupuestos del 2019, año preelectoral o, bueno, año electoral, invierta más en servicios sociales, que es lo que necesita Canarias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.

Turno ahora para el Grupo Popular. La señora Navarro.

La señora NAVARRO DE PAZ (Desde su escaño): Gracias, presidenta.

Bueno, yo creo que los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, pues, han resumido de manera brillante cuáles son las conclusiones del informe que comentamos. Pero sí añadir un dato que creo que nadie ha resaltado, y es que este informe nada nuevo aporta si lo comparamos con los del año 2015 o el del año 2016, y esto es gravísimo porque no hay que olvidar que el informe recoge los resultados del último año y en el pasado verano, pues, se añadieron o se inyectaron 340 millones de euros para reforzar los servicios sociales.

¿Y las conclusiones? Las conclusiones no pueden ser otras si sabemos cómo está el panorama en Canarias y nuestro panorama es desolador. Ayer lo recordábamos: el sistema de gestión de la dependencia, de los peores; las listas de espera, kilométricas, señora consejera, tanto en dependencia como en discapacidad; la mayor tasa de pobreza de España, más del cuarenta por ciento de los canarios en situación de exclusión social; 500 000 canarios acuden cada año a los servicios sociales municipales; nuestro esfuerzo inversor, ridículo; y así podríamos seguir.

Y, bueno, sí me quiero detener en un punto del informe, el que nos habla de la necesidad de contar con una normativa autonómica. Normativa que, por fin, tras dos años y pico de desidia por parte del Gobierno, tenemos esa normativa. Está aquí, en esta Cámara, una normativa que efectivamente reconoce derechos pero, claro, lo que no nos dice es cómo los va a garantizar. Ese es el gran problema. El texto del Gobierno a día de hoy sigue siendo un brindis al sol: no tiene ficha financiera, no tiene catálogo de servicios y prestaciones y la plena efectividad se va a demorar hasta que entre en funcionamiento o en vigor, mejor dicho, pues, una cantidad tremenda de reglamentos que hay que desarrollar.

Evidentemente el Partido Popular va a mejorar significativamente el texto y, entre otras cuestiones, vamos a intentar que tenga ficha financiera. Ya hemos dicho que queremos que se comprometa el 10 % del importe total del presupuesto para servicios sociales. Vamos a aplicar el principio de una administración, una competencia y, por supuesto, queremos acercar la gestión de los servicios sociales a quienes deben tenerlos cerca, que son los ciudadanos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro.

Turno ahora para el Grupo Socialista. La señora Cruz Oval.

La señora CRUZ OVAL (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

Pues una vez más Canarias sigue siendo una de las peores puntuadas pero, a pesar de ello, se refleja claramente que empezamos a despegar. Bien es cierto que hace referencia a datos del 2016 y esperemos que se siga en esta senda. Aunque insignificante el despegue, pero sí que muestra una clara recuperación.

El informe es claro y es el séptimo informe, y desvela claramente el desmantelamiento al que ha llevado el PP al Estado de bienestar en España, y eso lo refleja claramente en cada una de sus páginas. Y un desmantelamiento del Estado del bienestar que se ceba especialmente en el sistema público de servicio social.

Pero estamos en Canarias y yo creo que lo interesante sería valorar lo que ocurre en Canarias. De los tres aspectos que se valoran, las decisiones políticas y derechos, el aspecto económico y el aspecto de cobertura, contemplan veintitrés indicadores. De esos veintitrés indicadores exclusivamente en tres puntuamos con la máxima puntuación, y eso refleja claramente por qué estamos en políticas sociales donde estamos.

Si nos vamos al apartado de derechos y decisiones políticas, la irrelevancia de los servicios sociales de Canarias viene reflejada en que el sistema de servicios sociales no está incluido incluso en nuestro Estatuto de Autonomía. Y eso es triste, pero es así.

El otro aspecto significativo y que hay que reflejar claramente, que sí que puntúa y puntúa con la máxima puntuación, es si el sistema de la dependencia está integrado en el sistema de servicios sociales, y sí que está integrado y tiene la máxima puntuación. Pero en Canarias está subsumido el sistema de servicios sociales en la dependencia, se generó un derecho nuevo y no se crearon nuevos recursos, y es ahí donde hay una gran deficiencia, donde el Gobierno va a tener que emplearse.

En el aspecto económico es donde puntúan todos los indicadores y refleja claramente una cosa curiosa que no pasa en el resto del territorio nacional, y es la aportación que hacen las administraciones locales. El 73 % -73 %- está financiado a través de las administraciones locales. ¿Eso qué implica? Eso es significativo si hubiera una colaboración por parte del Gobierno de Canarias, porque marca la eficiencia del sistema. Ahora mismo lo están haciendo solo las administraciones locales, necesita el apoyo de la comunidad autónoma. No puedo seguir pero la pregunta es, ¿piensa tener en cuenta...?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cruz Oval.

Grupo Nacionalista, la señora Machín.

La señora MACHÍN TAVÍO: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

El informe Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales del 2017 se evalúa con datos de 2015 y 2016 -importante detalle, es decir, que no se evalúa lo del año 2017- sobre gastos consolidados por la Administración pública, calculando en tres ejes: derechos reconocidos, inversión económica y cobertura de servicios.

Podría parecer que Canarias no sale bien parada de este informe pero hay que explicar las cosas con detalle.

En primer lugar, el informe lo dice de forma muy clara, nuestra comunidad autónoma, tanto en la parte de análisis como en las recomendaciones...; nos dice: Canarias registra una notable mejoría, especialmente importante desde el 2014, se mantiene una línea creciente desde esa fecha hasta los datos que se evalúan en la actualidad, en el 2016, que fue la última evaluación; incrementa la inversión por habitante y año, aumenta el porcentaje que representa esta inversión sobre nuestro PIB, al igual que ha crecido la inversión social en el presupuesto, y valora de forma positiva el incremento en la cobertura del sistema de atención a la dependencia.

En segundo lugar, es fundamental el desarrollo de la ley de servicios sociales. Esta es una de las principales razones por las que Canarias recibe una menor puntuación en el informe. Como saben -y algunos lo han dicho cuando me han antecedido en la palabra-, el anteproyecto de la nueva ley de servicios sociales llegará en breve a este Parlamento, la cual tiene la intención de determinar el catálogo, es decir, la relación de prestaciones y servicios del sistema; tanto el catálogo como la cartera de servicios, el mapa de recursos y todo con garantía financiera. Apostando por la descentralización y coordinación de los servicios sociales a los cabildos y ayuntamientos con competencias específicas, o por lo menos esta es la idea que el Grupo Nacionalista Canario tiene, pero, bueno, que entre todos será una cuestión que debatiremos cuando entre la ley en este Parlamento.

El Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales del 2017 es un informe para mejorar, no para ver quién saca mejor nota. Hay una cuestión innegable, que reconoce el propio informe, que son las grandes diferencias que hay entre las autonomías, pero no solo la disparidad entre la economía sino dentro de las mismas comunidades autónomas. Como por ejemplo Canarias: por su territorio fragmentado y las distintas realidades que tiene cada isla se hace más complicado conseguir una eficiencia porque el gasto obviamente se incrementa.

Para finalizar, estoy segura de que, con voluntad política, todos los grupos parlamentarios de este Parlamento podremos llevar a cabo la ley de servicios sociales, y eso nos va a suponer que en el próximo informe tendremos una mejor puntuación de la obtenida hasta ahora.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Machín.

Turno ahora para el grupo proponente. Grupo Nueva Canarias, el señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Muy bien, señora consejera, en primer lugar, voy a rebatirle algunas de las cuestiones que ha planteado en su intervención, porque creo que es necesario ajustar los términos de lo que estamos debatiendo para que el discurso podamos entenderlo.

Primer elemento. No es cierta una cuestión que usted ha planteado. Este informe no hace referencia exclusivamente a la aportación, a la inversión, que hacen las comunidades autónomas. No es verdad. Este informe, y creo que es lo correcto -y ya usted lo dijo en la anterior intervención hace ahora un año-, teniendo en cuenta que Canarias tiene muy descentralizados, o mejor descentralizados que otros muchos territorios, los servicios sociales, precisamente por esas características de las que usted hablaba antes, a través de los cabildos y de los ayuntamientos, sí que está recogido. El gasto consolidado, por ejemplo, de las comunidades autónomas y corporaciones locales por habitante y año en Canarias está en 302 euros, cuando la media estatal está en 339. O el porcentaje de gasto de los servicios sociales, sobre el gasto total ejecutado de las comunidades autónomas y las entidades locales, en Canarias está en el 8,06 % cuando en el resto está en el 9,06. Por tanto, ese elemento yo creo que es esencial para entender de lo que estamos hablando. Es más, la aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias es muy inferior a la que están haciendo en este momento ayuntamientos y cabildos, el conjunto de ayuntamientos y cabildos. También es cierto que es muy ridícula la aportación estatal, muy por debajo de lo que tendría que estar, sobre todo en el ámbito de la dependencia, y eso obviamente lastra las cuentas de la comunidad autónoma y evidentemente a partir de ahí lastra también las cuentas de ayuntamientos y cabildos. Pero es importante que entendamos que no hace referencia exclusivamente al dinero que aportan las comunidades autónomas, sino también, el detalle viene desglosado por comunidades, y ahí viene claramente definida también la aportación que hacen cabildos y ayuntamientos.

Segundo elemento. Es verdad que nosotros somos diferentes, eso es una realidad. Probablemente este discurso en el Parlamento de Navarra, ellos también van a decir que son diferentes, con sus particularidades; y si lo hacemos en Andalucía, ni le cuento lo que dirán también por allí; y si va a Cataluña, ya ni hablamos, porque cada uno se considera diferente. Pero es verdad que hay unas condiciones objetivas, de lejanía, de fragmentación, todo eso es cierto. Lo que pasa es que es verdad que, hombre, que seamos diferentes no significa que necesariamente tengamos que estar a la cola en todo, por ser diferentes. Y sobre todo por una cuestión: porque ya no es verdad, quizás no ha habido tiempo para que se note, en la transformación, en la inversión, por ejemplo en servicios sociales, pero ya no es verdad que estemos por debajo de la media en inversión. Ya estamos en la media e incluso un poquito por encima de la media. Después de la recuperación del IGTE en su totalidad y de los acuerdos a los que hemos llegado en materia de financiación a través de los presupuestos y si finalmente sale el REF en todos sus parámetros, Canarias ya no va a estar, de momento, en ese parámetro. Por lo tanto, esa excusa ya no nos vale, que la hemos utilizado durante años y era cierta, pero ya ahora no vale, ahora ya no vale.

Es más, ¿sabe qué pasa?, ¿sabe por qué además -y soy muy insistente en esto y voy a seguir siéndolo-, sabe por qué además, siendo cierto durante mucho tiempo que esa realidad estuvo ahí, a mí no me vale, por ejemplo cuando hablamos de educación o cuando hablamos de servicios sociales o cuando hablamos de sanidad? Porque cuando a esta tierra han llegado herramientas que permitían igualarnos con el resto, ¿sabe lo que hicimos?, desde nuestro punto de vista, despilfarrar el dinero. A esta tierra llegaron 160 millones de euros hace apenas dos años, todos los años, de financiación autonómica; por tanto, para financiar los servicios públicos esenciales, entre los que se encuentran estos, los que nos colocan como irrelevantes, donde hemos estado a la cola en muchísimas materias. ¿Y sabe a lo que los destinamos?: a farolas, aceras, a parking, y es verdad que a alguna otra cosita. Pero fundamentalmente a eso. No se destinó nada ni a educación, nada a sanidad y nada a servicios sociales. Y esa realidad le compete a quienes aquí se sientan. Y en eso sí que no tiene nada que ver nuestra lejanía y nuestra fragmentación, son decisiones políticas. 160 millones de euros anuales que nos hubieran colocado, ya desde hace un par de años, en una situación, yo no digo los primeros de España, porque no se trata de eso, porque, es verdad, hay comunidades que siempre van a estar mucho mejor financiadas y que además por sus propias características van a estar en una mejor situación, pero estaríamos muy por encima de esa irrelevancia en la que nos coloca año tras año el estudio.

Por tanto, lo digo porque esto es esencial plantearlo. Tenemos unas realidades que están ahí y que son objetivas, pero, cuando han llegado herramientas que permitirían colocarnos, igualarnos con el resto y salir de la situación a la cola prácticamente en todos los parámetros, nos hemos inventado planes para transformar el modelo económico de esta tierra, que ya ve usted por dónde va, ya ve usted por dónde va.

Pero vamos a entrar en las recomendaciones, como le decía con anterioridad. Reconociendo que en muchos de los parámetros hemos mejorado, en la gran mayoría de los parámetros hemos mejorado, eso es un aspecto positivo y entiendo que empieza a ser ya una consecuencia de ese dinero que empieza a llegar a Canarias. Para nosotros ese es un tema relevante. Pero hay algunos aspectos que son esenciales. Es fundamental, y por eso ahí es donde queremos saber cuál va a ser el compromiso de la consejería, como se lo pedíamos en la primera intervención y algunos de los que me precedieron también lo han planteado. ¿Va usted a hacer caso de las recomendaciones que el informe hace y de qué forma?, ¿y con qué planificación, con qué cronograma?

Ley de servicios sociales. Es verdad que ya está en el Parlamento. A partir de ahora ya depende de nosotros, pero a partir de ahora, porque es que llevábamos años y años esperando a que llegara al Parlamento esta ley.

Pero hay un elemento que es relevante en este estudio. Algunas de las comunidades autónomas que han aprobado leyes de las llamadas de última generación, sin embargo, tienen notas muy bajas porque luego no han sido capaces de desarrollarlas. Por tanto, lo que ellos denominan derechos de papel se han quedado en eso, en papel, y no se han materializado a través de la filosofía de la norma y, digamos, de la materialización en recursos, en medios económicos, en medios humanos.

Por tanto, hay dos elementos que son esenciales y que queremos saber. De nosotros va a depender que la ley salga ya, pero luego va a depender del Gobierno la rapidez para que el catálogo de prestaciones, recursos, salga adelante de manera casi inmediata y para que el plan estratégico de servicios sociales salga adelante de manera casi inmediata, porque, si esto no es así, la ley, en tanto eso no suceda, será derecho de papel. Y en esta tierra, perdone que se lo diga, es que nosotros, vamos, hemos tenido y tenemos leyes de papel, pero que no se materializan, ni le cuento. La de educación, por ejemplo, una, de las recientes, de las de última generación también.

Luego hay un elemento que es básico, y es la mejora de las dotaciones en las estructuras básicas. Canarias tiene un profesional de servicios sociales por cada 3268 personas, frente a la media estatal -que España no es precisamente la campeona mundial en servicios sociales- de 2436. Ahí tenemos un elemento esencial. Y es verdad que dependemos mucho del Estado, pero dependemos también de ustedes. Es verdad que hicieron una medida que nosotros aplaudimos, la corrección, los profesionales, en el ámbito de la Prestación Canaria de Inserción, pero no olvidemos algo, señora consejera: durante muchísimos años -este fue el primer año, 2018- el Gobierno de Canarias mantuvo congelado, ni un solo euro de incremento, ni el dinero que se destinaba a las corporaciones locales, a la Prestación Canaria de Inserción, ni un solo euro a prestaciones básicas, ni un solo euro adicional al plan concertado de servicios sociales. Por tanto, ustedes han colaborado también en aquello que de primera mano han tenido que combatir, el peor momento en muchas décadas en la historia de esta tierra, también en esa situación de abandono.

Se habla de incrementar las cuantías de las rentas mínimas y ahí volvemos nosotros con un elemento que ya introducíamos ayer y en la primera parte planteaba. La renta básica canaria es un elemento que va a llegar a esta tierra, señora consejera, va a llegar, yo creo que va a llegar a todos los territorios, porque al final la realidad se termina imponiendo por encima de las visiones políticas, se termina imponiendo. La gente necesita recursos para poder vivir con dignidad, me pueda insertar o no me pueda insertar, esté en edad de insertarme o no esté en edad de insertarme. Por tanto, la renta básica canaria va a ser una realidad sí o sí. La cuestión es si nosotros nos sumamos al carro de aquellos que ya, algunos desde el 2008 y otros en los últimos años, lo han entendido o vamos a esperar al último momento, como estamos haciendo, por ejemplo, con respecto a los municipios turísticos, con la tasa turística, o con otro montón de cuestiones. Lideremos este proceso, señora consejera, porque no es un elemento solo político. No es para salir bien en esta foto, es porque la gente de esta tierra necesita tener unos ingresos mínimos de calidad. Y es verdad que en el marco de la concertación social esto se va a analizar a partir de ahora, pero a mí no me tranquilizó la intervención de ayer, señora consejera. No me tranquilizó del todo. Cuando hablamos de trabajar...

La señora PRESIDENTA: Un minuto más.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: ...viene a la cabeza la ley de servicios sociales, es que llevábamos trabajando años y años en esa ley. Y la gente no puede seguir esperando a la evolución de la Prestación Canaria de Inserción mucho tiempo. Ojalá yo tenga que venir aquí y rectificar y que en pocos meses tenemos esa evolución de una manera amplia. Usted hablaba de denominarla de otra manera, hablaba de crear pasarelas... Bien, al final eso es la renta básica con todos los artilugios que queramos ponerle. Me da igual que se llame renta básica canaria como la hemos denominado nosotros, renta de garantía de inserción como la denominan en el País Vasco, como queramos llamarla, pero el elemento nuclear, a partir de ahora, de la herramienta fundamental que esta tierra debe tener con la gente que menos recursos tiene no puede ser la inserción, debe ser el ingreso. Es una recomendación de este informe, es una recomendación y una solicitud de los servicios sociales y los colegios profesionales, de los sindicatos, de fuerzas políticas y de comunidades que ya lo desarrollan.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campos.

Turno ahora, para cerrar esta comparecencia, del Gobierno. La señora consejera.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Bien.

En cuanto a la aportación de la Agrupación Socialista Gomera, efectivamente, efectivamente, hay un pacto de estado por la dependencia que el Partido Popular no ha firmado. El único partido que no ha firmado ese pacto. Es muy importante, porque dependemos de este Gobierno, también del Partido Popular, que creó una comisión delegada, que reconoció que había eliminado el dinero que tenía que trasladar a las comunidades, más allá del mínimo por dependiente, y que además las comunidades hemos pedido que se discuta en el ámbito de la financiación autonómica, porque todas las comunidades están asumiendo del orden del 80 % del coste de la dependencia, frente a un 20, un 18, un 17, según el territorio en el que lo quiera mirar. Y ahí todas las comunidades están de acuerdo, de todas las siglas políticas, incluidas también del Partido Popular. Y esto es un aspecto también muy importante, porque esta ley, desde luego, es una ley que viene a atender, probablemente, a uno de los colectivos más numerosos, si hablamos de vulnerabilidad, de todo el Estado español.

Es verdad que hay que invertir más y las cifras que tenemos y que hoy hacen que este informe hable de la mejoría en Canarias y que hable del esfuerzo y que hable de los retos que tenemos por delante, viene propiciado precisamente por eso, porque se ha mejorado la dotación, porque se ha mejorado la aportación de fondos.

Decía el señor Luis Campos que ya no nos vale la excusa de que somos la comunidad peor financiada, pero lo que estamos midiendo hoy es el resultado de la última década, no de los últimos meses. Los servicios sociales no se desarrollan y crecen en un año de mejora. Es verdad que en el último año hemos tenido aportaciones importantes, nuevas, del Estado, hemos tenido una ley de crédito extraordinario. Las cifras han mejorado, hemos pasado, como dije, de 544 millones en el 2016 a 700 millones. Estamos creciendo en la aportación y, por tanto, eso se refleja en los números. Pero esto se refleja ahora, fruto de los acuerdos de antes de ayer. Y lo que está evaluando este informe, el desarrollo de los servicios sociales, es el trabajo hecho de muchos años. El resultado de este nivel de desarrollo es el resultado de muchos años de escasísima inversión, de estar a la cola en inversión por habitante. Insisto, en una comunidad con un nivel de desempleo importante y con dificultades para desarrollos económicos alternativos a aquellos de los que vivimos hoy.

También es importante decir que en este proceso de mejora en la inversión, que es lo que nos ayuda a desarrollar los servicios sociales, que se ha producido desde la comunidad autónoma, desde los acuerdos conseguidos en la última, última, en el último ejercicio presupuestario con el Estado, es importante decir que quien no crece es el Estado, quien mantiene los recortes y los ajustes previos a la crisis es el Estado y que estamos hablando, como dice este informe, al que todos dan máxima credibilidad, de más de cinco mil millones menos. Y eso lo pagan las comunidades autónomas y en nuestro caso también lo pagan los cabildos y también lo pagan los ayuntamientos.

Pero es también relevante, y lo decía la diputada de Podemos, otro aspecto que revela este informe y que dice textualmente: sigue sin existir una fuente oficial de datos de cobertura de servicios sociales tan importante como la atención a las personas con discapacidad, impidiendo conocer algo tan elemental como el número de plazas, centros en estancia diurna, centros ocupacionales para el colectivo. Algunos datos que ofrece el ministerio hacen referencia al año 2015, como los datos sobre centros y servicios para personas mayores, algunos incluso a 2014. Este gravísimo problema a la hora de valorar o planificar racionalmente el desarrollo de los servicios sociales es exclusiva responsabilidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y esto es clave, porque si este informe nos está diciendo que los datos que ofrece el ministerio son estos y con este nivel de fiabilidad, como usted puede comprender, yo tengo serias dudas de que muchísimos servicios que prestan cabildos y ayuntamientos estén aquí. Yo no digo que esté solo el presupuesto de la comunidad autónoma, yo le digo que cuando leo esto tengo serias dudas de que muchos centros y servicios abiertos, con cargo a su presupuesto, por ayuntamientos y por cabildos estén recogidos en estos datos.

Y eso es lo que hay que transparentar y el Estado debe tener unos datos correctos del desarrollo de los servicios sociales, con total transparencia, y debe reconocer todo lo que existe.

Y nos va a ayudar mucho la ley. Nos va a ayudar mucho la ley, porque la ley nos obliga a desarrollar un catálogo y un mapa que podremos poner sobre la mesa para contrastar con los datos que no tiene o tiene mal el ministerio y podremos poner negro sobre blanco dónde está cada plaza y cuánto cuesta, y las diferencias de coste entre una plaza en El Hierro y otra en Gran Canaria. Y eso permitirá que nos evalúen justamente, con un mapa real.

Nosotros hemos empezado a trabajar en ese catálogo ya, porque sabemos que es fundamental, y espero que de aquí al verano tengamos un borrador, porque las mesas se están reuniendo y están trabajando de forma muy participada y muy seria, y ese borrador tendremos que consensuarlo para intentar aprobarlo antes de final de año.

A partir de la aprobación de la ley, se establecía un año. He oído por ahí que se va a plantear una enmienda de seis meses. Bueno, si la ley se aprobara en junio, seis meses, final de año, podríamos llegar -me estoy adelantando al pressing que nos quieren hacer-, pero dependerá también de cuando se apruebe la ley cuando empiecen a contar esos seis meses. Yo sí le digo que ya estamos trabajando, pero por muchos motivos, no solo para que la ley sea realmente efectiva, sino porque tener ese mapa, tener ese catálogo de servicios, nos va a dar los datos reales de los servicios sociales de esta comunidad y no vamos a estar discutiendo ya sobre datos hechos con fuentes que algunas de ellas, como dice el propio gerente de esta asociación, son inexistentes y algunos incluso datan de 2014.

Le decía que para mejorar los servicios sociales esa ley es fundamental: transparentar lo que existe, cuánto cuesta, cuánto pone cada uno, para hablar de cifras reales, no del presupuesto que tiene la comunidad autónoma, sino de cifras reales.

Le decía que no solo se han incrementado las partidas para los ayuntamientos gracias a las enmiendas negociadas en el Estado, que han hecho que podamos transferir más dinero en materia, por ejemplo, de pobreza infantil, sino que este año, y en este presupuesto, y usted lo sabe, hay 15 millones que hemos desglosado aquí, de los cuales gran parte se va a los ayuntamientos a atender la emergencia social, el plan concertado y atender también los servicios sociales básicos. Gran parte. Y no solo dinero para prestaciones de PCI, también dinero para recursos, dinero para poder contratar personal.

Cuando tengamos los datos del 2017 en este informe el panorama será mejor, porque es mucho más el dinero que en el 2017 tenemos y el que se va a financiar a los ayuntamientos. Por cierto, ya he cerrado con todos ellos las aportaciones para este año, aportaciones que ellos mismos públicamente han calificado de mejora muy relevante. Y ese dinero de nuestro presupuesto, al margen de lo que venga del Estado, si se prorrogan los presupuestos y conseguimos que esos millones del año pasado se repitan, pero estos son seguros, estos están en nuestro presupuesto, y eso será lo que nos ayude.

Nos ayudará terminar el catálogo, pero también nos ayudará desarrollar el Plan Canario de Vivienda, la revisión y la ampliación de la cobertura de la PCI, la mejora de las políticas activas de empleo, también atendiendo a los mayores de 30, que se han quedado ahí, como colectivo no tan vulnerable, y que tienen tantas necesidades. Nos ayudará también el desarrollo del plan canario de infancia y familia, en el que ya estamos trabajando, con un diagnóstico que espero poder presentarles pronto. Nos ayudará también la modificación de la ley del menor, las mejoras en dependencia y el desarrollo de infraestructuras sociosanitarias, porque Canarias necesita más camas y necesita camas públicas.

Nos ayudarán muchas medidas que hemos puesto en marcha, muchos objetivos en los que estamos trabajando y que ya les dije que estoy dispuesta a comparecer para detallarlos, porque esta no era la comparecencia.

Y eso, todo eso que es lo que nos ocupa, además de preocuparnos, es lo que nos va a llevar a que estos indicadores no hagan sino mejorar en los próximos años y que sean, desde luego, más justos y que sean una fotografía más...

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, consejera.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): ...que desde el ámbito de lo social se hace en Canarias, no solo por el Gobierno, por cabildos y por los ¡fundamentales! ayuntamientos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.

Hemos concluido esta comparecencia.

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  • 9L/C-1541 Sobre -Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda-, sobre los datos del último informe Índice DEC 2017 de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

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