Prerrogativa parlamentaria recogida en el Estatuto de Autonomía (artículo 10.3) y en el Reglamento (artículo 10.1) por la que los miembros de la Cámara no pueden, durante su mandato, ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito, por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la comunidad autónoma.
