El pleno pide incluir cláusulas de tipo social y medioambiental en los pliegos de contratación de la administración

El pleno aprobó una proposición no de ley, elaborada por el Grupo Mixto, en la que se insta al Gobierno de Canarias a incluir "cláusulas y obligaciones de tipo social y medioambiental "en los Pliegos de Cláusulas en la Contratación Administrativa en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos y empresas/fundaciones públicas, así como en sus anuncios de licitación y contratos".

25/3/2015 Prensa

El texto de la proposición no de ley, a la que se incorporó una enmienda del grupo socialista, fue defendido por Pedro Justo (Grupo Mixto) y debatido por los diputados José Ignacio Álvaro (Grupo Socialista Canario), Flora Marrero (Grupo Nacionalista Canario) y Antonio Luengo (Grupo Popular).

En él, el Parlamento de Canarias recoge que “durante todo el periodo de ejecución del contrato, la empresa contratista no podrá disminuir unilateralmente las condiciones de trabajo en materia de jornada y salario, en términos anuales, ni tampoco cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable que corresponda en cada momento a los trabajados destinados a la ejecución del contrato, en función del convenio colectivo que resulta de aplicación y salvo acuerdo explícito entre empresa y la representación de los trabajadores”.

Asimismo la proposición no de ley, insta a incluir una cláusula por la que dichas empresas “promuevan el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, con especial atención a las personas en situación de exclusión social o en grave riesgo de llegar, que estén desocupadas y que tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo ordinario”.

Las empresas contratistas deberán cumplir, entre otros criterios, con “la eliminación de las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral”, propiciando de modo activo la paridad en la prestación de servicios y la realización de funciones; “la articulación de medidas que combatan activamente el paro, incentivando la inclusión de personal directamente proveniente de la situación de desempleo; y “el fomento de la formación continua durante la ejecución del contrato, como garantía del adecuado servicio al ciudadano”.

Además, el texto insta a “establecer que el 1% de las contrataciones de obras y servicios que el Gobierno de Canarias y el resto del sector público dependiente del mismo se encuadren en un mercado protegido, destinándolas a las empresas de inserción para que realicen la contratación laboral de colectivos de riesgo de exclusión social y en situación de exclusión social”.

En esta línea piden también que “se incorpore a los pliegos de condiciones técnicas de contratación un artículo específico que contemple en los criterios de adjudicación una puntuación de al menos un 10% de peso específico en la valoración global de las propuestas de licitación en procedimientos de contratación, el hecho de que la empresa esté catalogada e inscrita en el registro correspondiente al Gobierno de Canarias como empresa de inserción social”.

“Promover que los diferentes órganos de contratación del Gobierno de Canarias, de empresas públicas y organismos autónomos dependientes del mismo, observen esta prioridad en la contratación de obras y servicios, por la modalidad de contratos menores, así como en el desarrollo de convenios específicos que promuevan la contratación de personas de riesgo de exclusión social y siempre en el marco legal vigente y de la ley de Contratos del Sector Público”, añade el texto de la proposición no de ley aprobado.

Escultura de Pepe Abad en la entrada del Parlamento de Canarias.

Escultura de Pepe Abad en la entrada del Parlamento de Canarias.



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