DISCURSO DEL PRESIDENTE- XXIII AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CONCORDIA

5/ene/2007

Un año más nos reunimos solemnemente en sede parlamentaria para conmemorar el aniversario de la Constitución Española. Han transcurrido ya 28 años desde que, aquel 6 de diciembre de 1978 los españoles con nuestro mayoritario respaldo en referéndum nos dotamos de la Ley de Leyes. 28 años en los que la paz y la libertad, con alguna indeseable excepción, han sido la norma general de nuestra convivencia. 28 años en los que bajo el paraguas de la Constitución y gracias a ella, las comunidades autónomas hemos profundizado y avanzado en nuestro autogobierno alcanzando un nivel de autonomía que nadie hubiera imaginado entonces. 28 años en los que, con el esfuerzo de todos, nuestra sociedad se ha transformado notablemente.

Es verdad que nuestra Constitución calificada como “de la concordia” es joven en el contexto comparado internacional a pesar de ser la segunda más longeva tras la de 1876 y es como ninguna otra, en afortunada expresión de Tomás-Ramón Fernández, una Constitución “vivida”, esto es, de presencia permanente en nuestras vidas.

La Constitución es muchas cosas a la vez, es Democracia, es Igualdad y Libertad, es Pluralismo y Tolerancia, es fomento de la Unidad y fomento de la Diversidad de los españoles. Porque sobre todo somos ciudadanos de una gran Nación y somos a la vez ciudadanos de nuestra tierra, de nuestro municipio, de nuestra isla, ciudadanos de Canarias.

La Constitución es todo lo que no teníamos antes y mucho más. Quienes no conocieron el pasado reciente de España, quienes han nacido y crecido en Libertad, deben tener siempre presente como nosotros que hubo un día en que los españoles hicieron posible el país que anhelaban desde hacía décadas, que el pueblo español, el pueblo canario hubo un día que hizo posible el milagro. Un milagro político, social, económico…ciudadano, que asombró al Mundo, que cambió para siempre y para bien nuestra vida en común. Que nos dio lo que hoy tenemos, los derechos individuales y colectivos de una democracia europea de prestigio en la escena política internacional.

Pero por encima de todo la Constitución de 1978 es la plasmación del espíritu de diálogo que presidió la transición hacia la democracia en nuestro país; una concreción del consenso en torno al sistema de valores que habría de presidir el camino de una España que desde la fuerza del cambio miraba hacia un futuro de progreso. Lo cierto es que la Constitución de 1978 constituye un hecho único en la historia del constitucionalismo español, ya que por primera vez en nuestra historia puede hablarse de una norma fundamental aceptada por todos y elaborada prácticamente por todos, gracias a un espíritu de colaboración y consenso que refleja a la sociedad española y rige su convivencia.

Por eso, el aniversario de la Constitución no es una fecha más en el calendario. Es el tiempo de mirar hacia atrás y comprobar de lo que hemos sido capaces.

Casi treinta años después, la sociedad española convive con tanta naturalidad con lo que han sido sus virtudes más señaladas…( su capacidad de trabajo, su creatividad, su determinación, su orgullo), que a veces parece que no tienen valor, que no merecen tanto la pena.

Es posible que un modelo de convivencia como el español, pasadas ya casi tres décadas, anime a algunos a cuestionar los principios que articulan nuestra convivencia. Lo cual no es necesariamente malo en la medida en que una sociedad abierta y democrática como la nuestra se nutre siempre de la crítica, hasta el punto de que es esencial y sin ella la convivencia enfermaría.

Pero nadie debe equivocarse. Los errores, las equivocaciones de hoy o de ayer, no son un argumento para demoler el edificio constitucional, el modelo de convivencia basado en los derechos civiles, en las libertades, sin olvidarnos, por supuesto, de las obligaciones.

Sinceramente les digo que no conozco un modelo mejor, que no conozco un sistema político más avanzado. Creo en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía porque son expresión directa de la libertad de los españoles y de los canarios, donde nos encontramos cómodos y a gusto, donde expresamos nuestras opiniones y podemos desarrollar nuestro proyecto de vida, personal, familiar, colectivo, con absoluta libertad. Ésta es la convivencia que nos gusta. Sin miedos, en paz, con respeto.

Muchos son los aspectos en los que nuestra constitución ha supuesto un notable avance. Ejemplo de ello es el catálogo de derechos y libertades fundamentales de los españoles recogidos en su Título I, sin duda el más discutido entre los constituyentes., y, especialmente, su nivel de garantías.

Entre ellos hay un artículo que a mi me gustaría destacar en el día de hoy. Me refiero al artículo 10 que sienta, como declaración general, que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.” Una afirmación que todos compartimos pero que desgraciadamente todavía hoy vemos quebrada de manera persistente cuando contemplamos a veces con impotencia y siempre con rabia cómo las mujeres, por el mero hecho de serlo, siguen sufriendo una de las mayores lacras que nuestra sociedad, en muchos temas avanzada, vive: la violencia de género.

Se ha avanzado mucho, muchísimo, en el largo camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres. La equiparación de derechos políticos (recordamos hoy una vez más los 75 años de la consecución del voto femenino) y la de los derechos laborales (tarea todavía inconclusa) no serán más que dos peldaños en una escalera que necesita por encima de todo el más fundamental de todos ellos: el del respeto a la mujer. En esta tarea no cabe más que la más absoluta contundencia y decisión para denunciar, desenmascarar, juzgar y condenar a los maltratadores.

Nuestra Constitución también establece el reconocimiento de la libertad de pensamiento y opinión, cuando durante tanto tiempo las voces habían intentado ser silenciadas. Una afirmación rotunda del pluralismo político y social, reconocido a través de los partidos y la capacidad de unirse para postular diversas visiones sobre el bien común, conscientes de que el diálogo entre posiciones, dentro del marco democrático, necesariamente nos enriquece, porque, independientemente de nuestra pertenencia política, a todos nos une el respeto y reconocimiento a nuestra Constitución y a nuestra patria común.

Y en este punto me gustaría destacar un derecho también fundamental que rige en nuestra sociedad y que en muchas ocasiones no se otorga a todos por igual. Me refiero al derecho al honor un derecho que hay que hacer compatible con el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones. Un derecho que no debería colisionar con la libertad de expresión.

Un derecho, el del honor que algunos, afortunadamente minoría, creen que no es universal y no merece el respeto debido.

Y quiero en estos días recordar algo que la Constitución Española y el Estatuto de Canarias defienden con meridiana claridad: Los partidos políticos.

Los partidos políticos son expresión directa del pluralismo, no la única pero en democracia la más clara de todas las expresiones de pluralidad. España, como Canarias, se expresa en el ámbito político a través de los partidos, que se someten periódicamente al juicio de los ciudadanos.

El ejercicio de la política en primera persona es un ejercicio noble. La política es quizá el oficio más controlado, cuestionado y criticado en nuestro país. Y así debe seguir siendo porque la responsabilidad de quienes representamos a los demás es necesario que sea transparente. Siempre lo he defendido, somos ciudadanos que representamos ciudadanos y debemos siempre dar cuenta de lo que hacemos en nombre de nuestros vecinos, aquellos que han confiado en nosotros, en nuestras ideas, en nuestros partidos.

La inmensa mayoría de las personas que dedican su interés y su esfuerzo a la política son ciudadanos como los demás, trabajadores, empeñados en sus sueños, capaces de acordar para mejorar juntos. Gente de bien, gente que merece mucho la pena. Gente normal.

Como se demostró una vez más hace pocas fechas cuando nos visitaron los Reyes de España. Que la Monarquía ha sido un elemento fundamental en la convivencia que hoy disfrutamos los españoles está fuera de toda duda. El amor que el pueblo canario tributó los Reyes de España hace escasas semanas, también.

Y quiero decirles que si la Corona jugó un papel determinante en ese vivir en común de los españoles desde hace -gracias a Dios- muchos años, también lo es hoy para los canarios, como quedó en evidencia hace apenas quince días. Si los españoles nos juntamos entonces en torno a la Monarquía, los canarios nos hemos vuelto a juntar, chicos y mayores, alrededor de la institución más querida y respetada por todos.

Hace apenas quince días, los Reyes estuvieron en este Parlamento, iniciando una visita histórica a Canarias que les llevó durante cinco días a las siete islas del Archipiélago. En todas, la concordia, el hermanamiento de todas las instituciones, de todos los partidos políticos, en torno a un valor común, compartido, participado por todos. En todas las islas, el cariño, el respeto, la lealtad de los canarios, de Canarias.

Por eso, en este aniversario los canarios, a diferencia del resto de españoles, celebramos con más ilusión la Constitución que hizo posible la vida de la que hoy disfrutamos. Que no es poco. Al contrario, es mucho.

Nuestra Constitución también se refiere a los Extranjeros. Lo hace en su artículo 13 y en relación con ellos no puedo dejar de referirme a un drama del que a pesar de su habitualidad no podemos ni debemos bajo ningún concepto acostumbrarnos. Nuevamente las noticias sobre la llegada de inmigrantes irregulares y el número creciente de los que mueren en el intento de arribar a nuestras costas, ocupa las primeras páginas de los periódicos. O quizás lo que es peor: ya no ocupa las primeras páginas. Siguen llegando. Siguen muriendo. Mujeres, niños. De diez en diez. De veinte en veinte. Cientos. Miles. Pero ya no es noticia de primera.

Frente a ello no basta con lamentos. Hace falta actuar con decisión, con contundencia, y con políticas que afronten el problema como tal. En Canarias, en España y en Europa.

Nuestra Constitución, –como decía- reconoce a Canarias a través del Estatuto de Autonomía, nos reconoce como Comunidad Autónoma, como Nacionalidad dentro de la indisoluble unidad de España, consagra nuestras instituciones, nuestro Parlamento y nuestro Gobierno, la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo, y el Diputado del Común. Reconoce nuestros Cabildos, quizá la expresión más certera de nuestra identidad isleña, y reconoce el origen de todo el proceso al reconocer a nuestros ayuntamientos y a sus vecinos, como fuente de toda la legitimidad de Canarias.

Todo está en la Constitución y nada fuera. Todo en el Estatuto de Autonomía. Hace años que los canarios no tenemos que pedir permiso, ni llamar a la puerta para ser canarios, españoles y europeos en igualdad con los demás. Sin complejos y sin miedos, seguros de nuestra capacidad de afrontar el futuro y ganarnos lo que merecemos.

No puedo dejar de referirme en una fecha como la presente a la reforma en curso del Estatuto de Autonomía, cuya aprobación inicial acometió este Parlamento después de una labor tenaz, sin duda compleja de más de dos años y desgraciadamente sin el consenso deseado. Ahora, como es sabido, la reforma está en manos de las Cortes Generales, allí dónde se residencia la soberanía nacional, donde todos los españoles a través de sus representantes, deciden.

Tanto en Canarias, en este Parlamento, como en las Cortes Generales, la voluntad es compartida. Y la voluntad de unos y otros, desde sus legítimas aspiraciones y creencias, es obtener un nuevo Estatuto de Canarias que dentro del marco constitucional fortalezca las instituciones, que favorezca el progreso de los ciudadanos, en su reconocimiento indiscutible como ciudadanos españoles y canarios y en su bienestar como sociedad plenamente capaz de autogobernarse, con mayoría de edad probada, y de prosperar con fuerza y seguridad.

El Estatuto de Canarias, como el Parlamento de Canarias, está en definitiva al servicio de los ciudadanos. Sin ellos no tendría sentido, con ellos lo tiene todo.

Termino ya. Los canarios y con ellos el Parlamento y el Gobierno de Canarias sentimos especial orgullo y satisfacción en este 28 aniversario de nuestro texto constitucional.

Lo valoramos. Creemos en él. En su futuro. Pero por encima de todo creemos en nuestro pueblo. Un pueblo que ha sabido luchar y prosperar como pocos y que con su estatuto y en el marco de la constitución aspira a seguir progresando en paz y libertad.

Muchas gracias