XXXII Aniversario de la Constitución Española

6/dic/2010

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO

Antonio A. Castro Cordobez

Excelentísimo señor Presidente del Gobierno de Canarias; excelentísimas, reverendísimas, ilustrísimas y dignísimas autoridades y representaciones de los poderes del estado y de las instituciones públicas. Honorables representaciones del Cuerpo Consular, señorías, señoras, señores y medios de comunicación social.

Celebramos un año más un pacto de convivencia, suscrito en 1978 fruto de la generosidad de todos los actores que participaron en su elaboración, y de la vocación de entendimiento, que exige renuncias a las partes para el fin supremo del interés general.

Fue la respuesta decidida, de las cámaras y parlamentarios constituyentes, a la demanda de los ciudadanos de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, derecho de autogobierno, solidaridad entre todos los territorios y reconocimiento de una realidad plural llamada España.

Treinta y dos años después, reiteramos, con satisfacción que el mandato que la sociedad encomendó a sus legisladores se cumplió; que el comportamiento de representantes y administrados fue ejemplar y trajo la normalidad democrática con la que soñaron varias generaciones.

La madurez democrática es una evidencia de cuánto y cómo hemos avanzado, sin colisiones ni agravios, hacia un horizonte de progreso.
Desde el Estatuto de Bayona de 1808, impuesto por los ejércitos franceses, se cuentan nueve normas para la articulación del estado; algunas luminosas, como la Constitución de 1812, y que abrió las puertas al librepensamiento modernizador.

Todas respondieron a coyunturas específicas: revoluciones, avances o retrocesos. Sin embargo, la Constitución de 1978 nació de la voluntad general y del consenso.

La Constitución metió en nuestras vidas derechos fundamentales y libertadas negados durante años; consagró el carácter social del estado de derecho, lo modernizó y abrió su economía; concedió a la ciudadanía el poder de mejorar el lugar donde vivimos y nuestras condiciones de vida; estableció pautas y garantías para su reforma y contiene, no debemos olvidarlo, “las herramientas para afrontar los problemas que es el único medio para resolverlos”, según Juan Marichal, profesor y canario universal. La visión del humanista tinerfeño, al igual que el texto constitucional, tienen plena vigencia.

La libertad y la democracia son conquistas diarias que no pueden caer en la comodidad y la costumbre, y que exigen permanentes acciones de revitalización.

Compartir estas reflexiones nos obliga, aún más si cabe, a reconocer, en toda su crudeza, la crisis económica mundial, que afecta con tanta virulencia a Europa, a España y, especialmente a Canarias por su tradicional dependencia exterior.
No podemos ignorar la gravedad de un problema que, con su terrible estadística en el empleo y la caída de las rentas familiares, tiene a muchos canarios más allá del umbral de la pobreza, y al conjunto de la población sumida en la incertidumbre. No podemos cerrar los ojos ante los dramas humanos que encontramos en cada rincón del Archipiélago.
Es justo resaltar el enorme esfuerzo que el gobierno y todas las administraciones realizan para revertir una situación inesperada, que se ensaña con los sectores más débiles. Esa es la obligación de estas horas; el deber de solidaridad expreso en la Constitución y el Estatuto que nos rigen. Atender a los más necesitados es el cometido público y la orden moral que aplaza cualquier otra meta y compromete a todas las fuerzas políticas y agentes sociales y económicos.
Es imprescindible el diálogo, sin excusas ni premisas excluyentes, el consenso valiente para respaldar las medidas que no admiten demoras y para trazar una hoja de ruta que nos saque de la encrucijada y nos permita devolver a la sociedad el equilibrio, la ilusión y el bienestar que echa en falta.

Hoy, más que nunca, se impone la política, la política con mayúsculas y todos sus valores, porque es la única alternativa para servir la voluntad popular. Desde esa convicción, apelamos a la unidad para desterrar prejuicios e individualismos, para actuar juntos, con responsabilidad y rigor contra una adversidad común que reclama el concurso de todos.

Asistimos a un proceso de cambio que asusta y desconcierta por su vertiginosa aparición y desconocidos efectos. Y nuestra sociedad, que es joven y cuenta con muchos activos, no se puede permitir el miedo al cambio. Al contrario, y tal como ocurrió en ciclos pasados, debe asumirlo con pragmatismo, con fe en nuestra posibilidades; en nuestra gente, en los emprendedores que crean empleo y en los trabajadores capaces de cubrir las metas de productividad, en la juventud más preparada de nuestra historia; en la apuesta por las nuevas tecnologías y en el papel que nuestras universidades y los centros de formación e investigación pueden hacer en ese campo; en las potencialidades, aún por explotar, de nuestra situación geoestratégica.

Tenemos que creer en nosotros y decir, alto y claro, que estamos preparados para los desafíos del siglo XXI; que tenemos fuerza para sobreponernos a las inclemencias de la crisis; coraje para hacer lo que la razón demande y constancia para lograrlo.

Son tiempos de esfuerzo personal y colectivo y de fortalecer valores individuales y sociales, consustanciales al progreso, la libertad y la solidaridad.

La prioritaria colaboración de todos, representantes y representados, en tan alto objetivo no es, no puede ser jamás, un conflicto, sino precisamente el medio para solucionarlo. Esta urgencia aplaza, pero no cambia ni anula, cuestiones esenciales y, en algún caso, irrenunciables para Canarias.

Por sus singularidades incontestables, sus estructuras socio-económicas, la distancia y la fragilidad de las comunicaciones (de la que estos días hemos padecido un gravísimo ejemplo), nuestro Archipiélago requiere un sobreesfuerzo para la recuperación económica, un plus añadido de trabajo de las instituciones, las empresas y los trabajadores, en aras de una competitividad necesaria en todo tiempo y, ahora, inexcusable.

También es preciso recordar a los gobiernos de España y de la Unión Europea que, en nuestro caso, agravado por incuestionables hechos diferenciales de carácter estructural, están obligados a utilizar la máxima sensibilidad y a sostener y aumentar la solidaridad que nuestras carencias requieren.

No resulta ocioso reseñar, en plena crisis o, luego en el periodo de recuperación, las que se perfilan como pautas en el futuro próximo: las reformas constitucionales y estatutarias – abordadas desde el consenso – para dar contenido real al autogobierno canario, ante los retos que comportan su realidad, la situación política del área, el desarrollo del Tratado de la Unión Europea, las resoluciones de la ONU para el entorno norteafricano, y la imparable globalización económica y cultural.

Por eso, dentro de la política de buena vecindad que nos caracteriza e interesa, nos preocupa en estos momentos la reactivación del conflicto del Sahara que permanece entre nuestros dos pueblos, y que vivida con tanta cercanía e intensidad por los canarios, exige el escrupuloso respeto de los derechos humanos, el esclarecimiento de los hechos, el diálogo efectivo entre las partes, y la decidida actuación de Naciones Unidas, la Unión Europea y España, para solucionarlo.

La política exterior en esta área del planeta tiene una importancia capital para Canarias, que quiere y puede jugar en el futuro su papel como plataforma de paz, comercio y cooperación al desarrollo.

Señoras y señores: Esta es la última celebración constitucional en una legislatura con dificultades de sobra conocidas y en la que, por la fuerza de los hechos, la solidaridad, el esfuerzo y el entusiasmo se imponen como guías en su último tramo. La política, en su más genuina acepción, y las instituciones, están y deben estar siempre, por encima de los errores y de los penosos enfrentamientos.

En los meses de mandato que nos quedan y en el futuro, para el que debemos trabajar cada día, no podemos regatear energías para revitalizar el protagonismo de las instituciones, para encausar las aspiraciones de los ciudadanos y para desarrollar nuestra labor de la manera ejemplar que comporta toda vocación: servir y representar digna y eficazmente a nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Por ello, una vez más, desde la legítima representación institucional del Parlamento de Canarias, en el espíritu de la Constitución, apelo a la responsabilidad en todos los ámbitos, políticos, sociales, económicos y culturales, y a la unidad firme y sincera en las grandes cuestiones que demanda nuestro pueblo, sin renunciar a los ideales y principios éticos que cada formación política o grupo social legítimamente defiende.

En el compromiso de hacer cada día un futuro de paz y progreso con el esfuerzo de todos, ¡Feliz Día de la Constitución!

¡Muchas gracias!