Proyecto de ley reguladora del estatuto de las personas que ocupan cargos públicos y buen gobierno - Participación ciudadana

Con la finalidad de garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente de la Administración, la presente iniciativa legislativa persigue incorporar al ordenamiento autonómico los principios, valores y reglas de actuación que deben servir de guía para las decisiones y conducta de los miembros del Gobierno de Canarias y cargos públicos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con los objetivos tanto de incrementar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en la actuación transparente y responsable de quienes desempeñan cargos relevantes en las mismas como de dar cumplimiento y desarrollar los mandatos contenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Canarias. De acuerdo con lo anterior, con este proyecto de ley se recogen los requisitos exigibles a las personas para su nombramiento como cargos públicos, en los que se requiere no solo su honorabilidad, sino también la formación y experiencia profesional, disponiendo, además, que los órganos competentes para efectuar los nombramientos tienen la obligación de hacer público el curriculum vitae, con los méritos profesionales y técnicos, en el Portal de Transparencia. En segundo lugar, se recoge y desarrolla la ordenación del ejercicio de los cargos públicos, estableciendo los derechos, deberes y obligaciones de quienes los ejercen, reforzando las normas para detectar y evitar los conflictos de intereses, mejorando el régimen de incompatibilidades y las limitaciones que implican el desempeño de un cargo público, así como incrementando el régimen de transparencia de las actividades, intereses, bienes y derecho patrimoniales. Por otra parte, en concordancia con la legislación estatal básica en materia de buen gobierno, se acogen en esta ley las normas de conducta y actuación a que deben ajustarse los cargos públicos, en la medida en que la ciudadanía viene demandando y exigiendo que quienes ejerzan responsabilidades públicas no solo estén sujetos a la observancia y cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, sino que sus decisiones y conducta se ajusten a una serie de pautas, reglas y principios que tienen más una dimensión ética, pero que conforman el comportamiento exigible y que espera la sociedad de quienes desempeñan cargos públicos. Finalmente, en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que se prevén en la ley, se refuerza y perfecciona el régimen para exigir responsabilidades a quienes sean nombrados cargos públicos. El proyecto de ley se compone de ochenta y ocho artículos, siete disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y nueve disposiciones finales, y se estructura en cuatro títulos. El título I, con la rúbrica de Disposiciones generales, recoge las disposiciones referidas al objeto y ámbito de aplicación de la ley. El título II está destinado a fijar el régimen jurídico de los cargos públicos sujetos a la ley, recogiendo las normas aplicables a los mismos, abarcando desde los requisitos exigidos para su nombramiento hasta las limitaciones que les afectan durante un período de dos años desde que sean cesados en el cargo público que desempeñaban. El título III se ocupa de los principios de buen gobierno, de actuación y conducta de quienes desempeñan cargos públicos del Gobierno de Canarias y de las entidades que integran el sector público autonómico. Finalmente, el título IV desarrolla el régimen de infracciones y sanciones, como mecanismo para garantizar la eficacia de la regulación contenida en la ley, y sin cuya existencia difícilmente podría salvaguardarse.

Iniciativa
9L/PL-0013
Vigente hasta
23/1/2019

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