Diario de Sesiones 13, de fecha 26/10/2011
Punto 3

· 8L/I-0009 Interpelación del Grupo Parlamentario Popular, sobre política general en relación a las corporaciones locales, dirigida al Gobierno.

El señor presidente: Y entonces interpelación del Grupo Parlamentario Popular, sobre política en relación con las corporaciones locales.

Don Jorge Rodríguez tiene la palabra.

El señor Rodríguez Pérez: Señor presidente. Señorías. Señor consejero de Presidencia, Gobernación y Justicia.

La intención de mi grupo al traer a debate hoy aquí esta interpelación al Gobierno es precisamente que el Gobierno de Canarias se pronuncie sobre un problema que nos preocupa, y que nos preocupa mucho. Espero que también al consejero, también a todas sus señorías. Un problema que se está dando, una circunstancia que afecta no solamente a los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias sino en general a todos los municipios de España, pero permítanme que lo haga diciendo que de manera muy especial a los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En la actualidad hay en Canarias 21 municipios de menos de 5.000 habitantes; 5 de entre 5 y 15.000 habitantes; 15 de entre 15 y 25.000; 10 entre 25 y 50; 4 de entre 50 y 100, y permítanme ya decir que 4 de más de 100.000 habitantes, por dar una estructura muy genérica. Pues bien, los ayuntamientos, todos, sin exclusión, los ayuntamientos de todos estos municipios prestan servicios que van desde los más básicos, sea alumbrado público sea limpieza viaria sea recogida de basuras, a otros de atención más directa, como servicios sociales, servicios de personas con dependencia, servicios educativos, servicios de salud, etcétera, y, como usted no desconoce, señor consejero, la situación económica de muchos, diríamos de la mayoría, por no decir de la totalidad, de estos ayuntamientos es dramática, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero.

Coincidirá conmigo en que el modelo de financiación local es la auténtica asignatura pendiente que hay que abordar con valentía y además con urgencia, con suma urgencia. Ya sabemos que esta materia y esta cuestión son evidentemente responsabilidad del Estado, pero acepte que en los últimos años la bajada drástica de los ingresos, fruto de la crisis económica, y a la vez la asunción de competencias, sin tener los municipios la obligación de desarrollarlas ni tampoco la financiación asegurada, pues, ha agravado lógicamente el problema. Competencias además, como bien sabe, que le son impropias, pero que no pueden dejar de prestarlas, so pena de producir una auténtica quiebra en el modelo de cohesión social de estos mismos municipios.

La crisis económica no entiende de colores políticos y sea cual sea el partido que gobierna o que está gobernando en la actualidad la prioridad es la misma: sanear las finanzas locales.

Los ayuntamientos, señorías, señor consejero, se encuentran en una situación límite. La asfixia financiera preside las cuentas de los 87 municipios canarios, de los 87 ayuntamientos canarios, debido precisamente a la situación de crisis económica: caída estrepitosa de los ingresos -licencias de obra, licencias de apertura, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, etcétera-, plantillas sobredimensionadas, amenazas de expedientes de regulación de empleo y una cartera de servicios, señor consejero, muchos de ellos, muchos de ellos impropios, a los que son incapaces de hacerles frente.

Esta situación de emergencia financiera, de emergencia de las arcas municipales, se ha incrementado, se ha agudizado por la falta de recursos. Repito, la bajada de las transferencias del Estado y el aumento de las necesidades sociales ante las tasas de paro que estamos sufriendo, la crisis económica de las familias, que todo ello está haciendo que cada vez en mayor proporción la gente acuda a los ayuntamientos como Administración más cercana.

En definitiva, señor consejero, la situación es poco menos que dramática, porque esta crisis, entre otras circunstancias, ha hecho que la primera trinchera, la primera trinchera, de la crisis sean los ayuntamientos. Y entonces la crisis en los ayuntamientos resulta que tiene rostro, que tiene apellidos, que tiene carné de identidad y que tiene familia y usted, como consejero, como consejero que ahora le corresponde esta materia, pues, tiene la responsabilidad de asumir esta situación actual y de corregirla; o al menos paliarla en parte o, en todo caso, contribuir a resolverla y corregirla. El objetivo, por tanto, de su Gobierno tiene que ser la corrección de la situación actual y la ayuda, sin duda alguna, a los ayuntamientos.

Concluyo diciendo que yo no creo que podamos ni debamos ni tengamos que dar la espalda a los ayuntamientos ni desde luego consentir que sean los ayuntamientos los que paguen la factura de la crisis. Los ayuntamientos, los pueblos, los municipios, han sido, yo creo, un auténtico motor de cambio en nuestra comunidad autónoma en los últimos 30 años y deben ser la institución que con mayor rapidez, con mayor eficacia, pueda dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Y son, sin duda, además, el primer lugar al que acuden los ciudadanos, busc ando la solución a su problema inmediato, unas veces de competencias propias del municipio, del ayuntamiento, y la mayoría de las veces -bien lo sabe usted- de competencias de otras administraciones, y para cubrir esos objetivos son imprescindibles, evidentemente, recursos, recursos económicos.

Así, pues, señor consejero, ¿qué medidas de política general en materia de Administración local va a desarrollar durante esta legislatura el Gobierno de Canarias? ¿Con qué calendario trabaja el Gobierno de Canarias?

Y, por último, decirle algo obvio: el acuerdo con los ayuntamientos en los ámbitos institucionales, en los ámbitos financieros y competenciales, es un elemento absolutamente fundamental para poder tirar hacia adelante y sobre todo para que los ayuntamientos comiencen a respirar y puedan salir del pozo en el que se encuentran.

Señor consejero, nada más.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente: Muchas gracias, don Jorge.

Por el Gobierno, el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Señor presidente, señorías: buenos días a todos.

Subo a esta tribuna para responder a la interpelación, fijar la posición del Gobierno en relación a la interpelación que nos ha formulado en el día de hoy el Grupo Parlamentario del Partido Popular, el señor Jorge Rodríguez. Coincido con usted en la difícil coyuntura por la que atraviesan los ayuntamientos canarios, pero el papel que las corporaciones locales deben tener en este inicio del siglo XXI debe partir de la base de considerar que estas corporaciones locales deben contar con un marco legislativo competencial y financiero adecuado. Por eso desde el comienzo de esta legislatura el Gobierno de Canarias ha expresado su voluntad de producir una redefinición, una actualización y una modernización del marco competencial y de las funciones de las entidades locales. Estamos trabajando en ello. Hemos iniciado la tarea, hemos dado los primeros pasos y avanzamos con convicción para garantizar ese funcionamiento transparente y plenamente democrático de los gobiernos locales, así como proporcionarles una base para que los mismos desarrollen una gestión eficaz, una gestión eficiente y austera de los intereses y servicios generales.

Sin duda la financiación local suscita un importante debate que interesa a todos los ciudadanos, ahora que recién han iniciado un nuevo mandato, en el que sus representantes están palpando las insuficiencias y las limitaciones de los recursos para ejecutar sus programas de gobierno, atender las obligaciones contraídas y garantizar la prestación de los servicios.

Es cierto, como usted ha señalado, que hay muchos ayuntamientos que se encuentran en una situación de asfixia financiera. Creo que por eso es bueno recordar en este momento que la financiación local fue objeto de una serie de actuaciones extraordinarias sin precedentes, promovidas por el Gobierno de España, de forma tal que se les han proporcionado unos fondos adicionales por valor de 13.000 millones de euros, 8.000 iniciales y 5.000 millones con posterioridad en los llamados planes E.

Además se ha afrontado otra serie de actuaciones excepcionales para proporcionar a las entidades locales líneas de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial, que les ha permitido en cierta manera paliar y atender necesidades, a pesar del conjunto de dificultades financieras por las que atraviesa el conjunto de las administraciones públicas.

Pero pensando en el futuro el reto es sacar adelante un nuevo sistema de financiación que debe retomarse con urgencia. Una financiación local que sea estable, cierta, es sin duda garantía de autonomía para las entidades locales, para gestionar sus intereses y prestar servicios de calidad. Ese nuevo modelo de financiación debe proporcionar con carácter general suficiencia financiera a los municipios para atender sus competencias. La financiación local tiene que provenir de las aportaciones del Estado y también de la corresponsabilidad fiscal de los entes locales, sobre la base de un sistema de tributos municipales adaptado a la nueva situación y evolución de la realidad local.

Nos debemos esmerar con urgencia en el impulso y aprobación en la próxima legislatura estatal, ahora, esta que va a comenzar a partir de las elecciones del 20 de noviembre, de una nueva regulación, una nueva ley estatal de financiación local, que cuente -y eso espero que así sea- con un amplio respaldo parlamentario, con un consenso entre las formaciones políticas que resulten elegidas el 20 de noviembre.

En lo que singularmente respecta a Canarias, el sistema de financiación nuestro es especial. Es especial por su triple vía de financiación. Primero, por su participación en el Fondo Nacional de Cooperación Municipal; en segundo lugar, por la participación en los rendimientos de los tributos de nuestro Régimen Económico y Fiscal; y en tercer lugar, por las aportaciones que recibe del Fondo Canario de Financiación Municipal. Sabe usted que ese fondo se creó por una ley del año 1999, y en ese primer año hubo una dotación de alrededor de 110 millones de euros. Hoy, en el 2011, cuando han pasado 12 años, le quiero indicar que la cuantía del Fondo Canario de Financiación Municipal supera los 226 millones de euros. Quiere esto decir que en 12 años de vida del Fondo Canario de Financiación Municipal se ha incrementado en más de un 100%. Es un dato importante que pongo hoy sobre la mesa para su análisis y para su reflexión.

Por otro lado, recordemos que tenemos una ley, la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias, que establece en su artículo 4 la distribución de los recursos del bloque canario de financiación entre cabildos, ayuntamientos y comunidad autónoma. Saben todos que, como consecuencia de ese reparto, el 58% de los recursos va a los cabildos y a los ayuntamientos y el 42% restante, a la comunidad autónoma. También hay que tener presente que en esa norma se crea un fondo insular para inversiones, dotado con el 5%.

La crisis, señorías, se ha reflejado, por supuesto, en las haciendas de las entidades locales. Los alcaldes o los concejales responsables de las mismas han reiterado su preocupación ante una situación que se agrava por meses, hasta el punto de que en algunos casos -y lo estamos viendo en estos días y en estas semanas atrás- se han adoptado ya medidas que inciden en las plantillas laborales de las corporaciones locales. Nosotros estimamos que antes de proceder a los despidos en los ayuntamientos se deben adoptar medidas de flexibilidad interna y de movilidad geográfica y funcional, con reducciones de jornada, a fin de evitar incrementos en el número de parados en Canarias.

Hay que poner en valor los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, los que ha aprobado recientemente el Gobierno la semana pasada. En ese proyecto de Ley de Presupuestos sabe usted que el incremento que se ha fijado es del 1,1%. Hay un incremento de un 1,1%. Sin embargo, quiero indicarle que, respecto de los ayuntamientos, ese crecimiento, la aportación del Gobierno a los ayuntamientos, sube un 5,86% y en el caso de los cabildos insulares, un 2,28%. Creo que estos datos ponen bien a las claras el firme compromiso del Gobierno de Canarias con las corporaciones locales.

Consignemos, además, otro dato importante, y son los referidos a los anticipos a cuenta de los rendimientos del REF, que han sido superiores, los anticipos, a la recaudación real obtenida, y el Gobierno se ha sentado con cabildos y ayuntamientos, se ha sentado, y ha acordado un aplazamiento en las devoluciones de esos anticipos. Creo que esta es otra medida que muy a las claras también pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de Canarias y la sensibilidad con las corporaciones, con los problemas que tienen las haciendas locales de las islas.

Señoría, el Gobierno fijó como uno de sus principios y de sus principales retos para esta legislatura la elaboración de una nueva norma en el ámbito local que delimite las competencias de ayuntamientos, cabildos y Administración autonómica. Esa reforma obedece a una necesidad perentoria y a una exigencia clara de la ciudadanía, que quiere una Administración pública más racional, más eficiente y más austera.

Nosotros reiteramos que el modelo de las corporaciones locales ha de cambiar, el modelo del nuevo sistema de financiación ha de cambiar. Ha de plasmarse, de un lado, en un rediseño competencial. Como le dije al principio, estamos trabajando en ello, pero también en los aspectos económico-financieros de las distintas instituciones establecidas en la comunidad autónoma. En ese sentido, el Régimen Económico y Fiscal, que es el fuero canario, no es el mismo de ahora que el de hace 30 años, sin ninguna duda. Ese es un sistema que ha ido evolucionando con los tiempos, tal como recoge una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que concluye -y esto es importante- que la distribución de los recursos del REF responde a parámetros estatutarios y de legalidad vigente. Lo resalto hoy, porque sabe usted que hay muchas controversias jurídicas, hay muchos recursos que se han planteado por las corporaciones locales frente al Gobierno, en cuanto al reparto de los recursos del Régimen Económico y Fiscal.

En definitiva, el Gobierno es consciente de la difícil situación por la que atraviesan las entidades locales, pero el Gobierno ni abandona ni desampara a las corporaciones locales, como creo que he demostrado en mi intervención. Ahora bien, las corporaciones locales...

El señor presidente: Sí, un minuto para ir terminando, señor consejero.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Acabo enseguida, señor presidente.

Debe actuar tomando medidas de austeridad y contención del gasto.

Nosotros vamos a aplicar los principios consagrados en la Ley 9/2003 y, por tanto, vamos a aplicar desde el Gobierno el principio de lealtad institucional con las corporaciones locales. Es una tarea de indispensable consenso que hay que resolver entre todos. Por eso insistimos y apelamos a la necesidad de participación, acuerdo y consenso de todos, de los grupos parlamentarios, de la Fecam, de la Fecai, para entre todos establecer un nuevo mecanismo de financiación que tenga en cuenta esta realidad actual, difícil, por la que atraviesan las corporaciones locales, en el bien entendido de que es preciso y necesario y urgente una nueva ley estatal que regule un nuevo sistema de financiación para los entes locales y hay que revisar completamente la financiación de las corporaciones locales, en el marco de la nueva ley...

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, don Francisco Hernández Spínola.

Por el Grupo Parlamentario Popular, turno de dúplica, don Jorge Rodríguez.

El señor Rodríguez Pérez: Señor presidente. Señor consejero.

Nosotros defendemos, como no puede ser de otra manera, el fortalecimiento político de los ayuntamientos y desde luego la plasmación efectiva de su autonomía financiera.

Defendemos también la descentralización de la gestión en el ámbito local de todas aquellas responsabilidades que sean más cercanas a los ciudadanos, precisamente por ser este el espacio más cercano a la hora de abordar las necesidades de los ciudadanos desde una perspectiva integral.

Nosotros decimos, además, que hay que mantener y reforzar de manera efectiva la colaboración, como usted ha invocado, con los ayuntamientos, porque hay ayuntamientos que, como usted sabe, han venido desarrollando una carta de servicios muy superior a lo que su capacidad y a lo que su escaso nivel de financiación les permitía.

Discrepo con usted en relación con la buena labor que haya podido desarrollar el Gobierno de la nación, presidido por el señor Rodríguez Zapatero, en relación con los ayuntamientos. Yo creo que el Gobierno de España, el Gobierno presidido por el señor Rodríguez Zapatero, ha cercenado las posibilidades a las haciendas locales y encima en muchas ocasiones les ha culpado, digo, a los ayuntamientos, por parte de muchos miembros del Gobierno de la nación, del despilfarro de la Administración. Fíjese qué injusticia, señor consejero. Miren, la deuda pública municipal -y aquí hay alcaldes y me lo podrán de alguna forma ratificar- supone tan solo el 4,5% de la deuda, frente al 18% de las comunidades autónomas y al 66,5% de la Administración del Estado. Son datos recientes del cuarto trimestre del pasado año publicados por el Banco de España.

Por tanto, señor consejero, ahí sí que coincidimos, hay que reorientar la política municipal precisamente por la situación especial que tiene la mayoría de los ayuntamientos. No puede usted permitir, no puede usted permitir, señor consejero, la quiebra de los municipios.

Y, dado que ha hecho usted -permítame- apelación a la lealtad institucional, al diálogo y al consenso, a ver si usted y yo hablamos el mismo lenguaje: ¿considera usted un ejercicio de lealtad institucional el que el Gobierno de Canarias no les pague el IBI a los ayuntamientos? Me puede usted decir, en su próxima intervención, señor consejero, la norma que ampara esa opción fiscal que ha adoptado el Gobierno de Canarias respecto a los ayuntamientos. Podría, desde luego, constituir un buen ejercicio, y los alcaldes lo agradecerán sobremanera, que usted dé orden inmediata al consejero de Hacienda para que en los próximos Presupuestos Generales de la Comunidad el Gobierno de Canarias les pague el IBI a los ayuntamientos, porque vaya ejemplo que se está dando a los ciudadanos.

Señorías, señor consejero, no tengo tiempo para mucho más, pero quiero recordar y, desde luego, no dejar pasar esta ocasión para volver a recordarles que los ayuntamientos en la actualidad están sometidos a un auténtico manual de supervivencia. Están en situación real de emergencia financiera y tienen la esperanza, señor consejero, tienen la esperanza de ver que los próximos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en fin, van a reflejar precisamente esa situación de asfixia financiera y la corrección que ello debe merecer, para que los ayuntamientos, como digo, puedan salir del auténtico pozo en el que se encuentran en la actualidad.

Nada más, señor consejero.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente: Muchas gracias, don Jorge Rodríguez.

Señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Gracias, señor presidente.

Bueno, usted y yo discrepamos sobre la política del señor Zapatero. Es normal, es lógico, usted es un miembro del Partido Popular que se ha caracterizado, como todo su partido, por criticar todas las políticas del presidente del Gobierno, pero desde luego este presidente del Gobierno, con carácter excepcional, ha financiado a los municipios canarios, a los municipios de toda España, en una coyuntura muy difícil económica, con 13.000 millones de euros. Y no conozco, de los 8.100 ayuntamientos de España, ni uno solo, ni uno solo que haya renunciado a esos fondos. Creo, por tanto, que la sensibilidad del presidente Zapatero con los ayuntamientos es absolutamente incuestionable, y ese dato es manifiesto y es evidente.

Le voy a responder a la otra pregunta que me ha hecho: ¿por qué el Gobierno de Canarias no les paga el IBI a los ayuntamientos? Usted plantea un problema que afecta sobre todo a las viviendas sociales ubicadas, que están situadas y radicadas en los municipios canarios. El Gobierno de Canarias está dispuesto a debatir, analizar esa situación, y lo vamos a hacer a través de los consejeros competentes, de Economía y Hacienda, de Vivienda, en analizar, examinar ese problema real que existe.

Usted comenzó la primera intervención hablando del número de municipios que hay en Canarias y también en España, y me parece que es bueno en esta intervención que tengo, que es corta y breve, hacer algunas referencias a ese número de municipios, porque es un debate que está en la calle. Miren, en España hay, viven 47.150.000 habitantes y en Canarias 2.000.100. En España hay 8.116 ayuntamientos y en Canarias 88. En términos relativos, en Canarias vive el 4,5% de la población española, pero solo uno de cada 100 ayuntamientos españoles está radicado en las islas; es decir, el 4,5 % de la población y, sin embargo, solo el 1% de los ayuntamientos radica en Canarias. Esta es la realidad.

Podemos hacer otro cálculo, y es el siguiente: si en España viven 47 millones de habitantes y estos 47 millones los dividimos por los 8.116 ayuntamientos, resulta que España tiene un ayuntamiento por cada 5.810 habitantes. Si hacemos la misma operación matemática en Canarias, resulta que en esta autonomía tenemos un ayuntamiento por cada 24.151 habitantes, cuatro veces más que el dato estatal, dato que me resulta interesante reseñarle.

El municipio canario con menos habitantes es Betancuria, tiene actualmente 823 personas censadas. En toda España hay 4.586 ayuntamientos que tienen menos de 823 residentes canarios, es decir, 4.586 ayuntamientos menores que Betancuria.

Si analizamos los que tienen poblaciones de menos de 2.000 habitantes, en Canarias hay solo 7 municipios y en España hay 5.789 municipios.

Conclusión, señorías, en Canarias no hay que reducir el número de municipios. No, no es ese el problema que tiene Canarias. Podemos analizar si hay algunos ayuntamientos que están sobredimensionados, eso sí, pero considerar que Canarias, con los datos que he dado, tiene que reducir el número de municipios, creo que es un debate estéril que hay que superar. Y aprovecho esta interpelación que se ha planteado en términos de política general para hablar de las corporaciones locales para dejar y sentar claro estos principios.

Yo voy acabando fijando las conclusiones que hace el Gobierno de esta interpelación que usted ha planteado. Mire, el Gobierno lo tiene claro, la fórmula es evitar la confrontación. La fórmula, en todo caso, es buscar el acuerdo, buscar el consenso, hacer un gran trabajo a lo largo de la legislatura entre todos de redefinir el papel de los ayuntamientos, de los cabildos y de la comunidad autónoma en cuanto a su ámbito competencial; buscar también el acuerdo y el consenso para modificar el sistema de financiación, por un lado en el ámbito estatal -como dije antes-, también en el ámbito de la comunidad autónoma; fomentar la colaboración interinstitucional bajo los principios de lealtad, colaboración y cooperación. Esta tiene que ser la base del funcionamiento de las administraciones públicas en Canarias. Tenemos que hacer un esfuerzo, son momentos duros...

El señor presidente: Sí. Tiene un minuto para ir terminando, señor consejero.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Por tanto, tenemos que buscar la eficiencia, trabajar con menos recursos, pero procurando mantener los servicios sociales en los distintos ámbitos competenciales en los que se dividen, los tres niveles institucionales de Canarias. Ese es el trabajo que va a realizar el Gobierno en esta legislatura y, como digo, espero contar con todos. Iniciaremos pronto el trabajo y vendremos al Parlamento cuantas veces haga falta para dar cuenta de cómo estamos avanzando en esa modificación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administración Públicas Canarias y cómo también vamos estableciendo mecanismos de colaboración y cooperación con cabildos y ayuntamientos canarios.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, señor Hernández Spínola.