Diario de Sesiones 14, de fecha 29/11/2011
Punto 22

· 8L/C-0112 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre revisión de la Administración planteada a los representantes de la Fecai y Fecam.

El señor presidente: Siguiente comparecencia: del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la revisión de la Administración planteada a los representantes de la Fecai y Fecam.

Doña Marisa Zamora Rodríguez tiene la palabra.

La señora Zamora Rodríguez: Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes.

No veo al consejero (Refiriéndose al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Hernández Spínola, que no se encuentra en la sala).

El señor presidente: Cierto.

No sabemos quién va a responder, pero en principio... A ver si está...

Doña Marisa, le damos tiempo para que cuente un chiste. No creo que se atreva a tanto (Ante un comentario que se produce desde los escaños). (Pausa.)

La señora Zamora Rodríguez: No, pero si estaba aquí.

El señor presidente: No, doña María. La Mesa tomó acuerdo a las dos y media de la tarde y el acuerdo... Ya no es usted diputada de... Lo sentimos, lo sentimos, pero el Reglamento es el Reglamento.

Lo que sí aprovechamos es para saludar a doña Pepa Luzardo, que nos acompaña aquí nuestra senadora.

Bien. Doña Marisa, ¿le importa sentarse y pasamos a la siguiente? (Ante un comentario de la señora Zamora Rodríguez.)

Muchas gracias, doña Marisa.

Vamos a ver la siguiente... (El señor consejero entra en la sala.)

Bien. Todo vuelve al orden.

Pues, doña Marisa Zamora, adelante.

La señora Zamora Rodríguez: Gracias, presidente.

A veces tenemos necesidades fisiológicas.

Señor consejero -es que antes me fui a dirigir a usted y no lo vi-, traemos al Pleno otra vez un tema que es muy importante para la comunidad canaria, importantísimo, como es la cuestión de la reorganización y modernización de las administraciones públicas canarias.

Esta cuestión es un tema que ya se planteó o está planteado en el pacto de gobernabilidad, en el pacto de gobierno, que también el presidente del Gobierno lo ha resaltado aquí en el discurso de investidura y que el consejero también lo ha puesto de manifiesto como un objetivo fundamental cuando explicó sus líneas de actuación a principios de legislatura y también en la semana pasada al explicar los presupuestos de su consejería.

Señor consejero, para conseguir desde luego una Administración racional, eficaz, viable, es imprescindible estudiar y analizar en el momento actual cuál es el reparto de competencias entre las distintas administraciones públicas canarias para evitar duplicidades y además para saber qué Administración va a gestionar y va a financiar los servicios que se prestan cara a los ciudadanos. Por tanto, se hace totalmente necesario una revisión profunda del funcionamiento de las administraciones públicas para optimizar y racionalizar los recursos y para mejorar la atención de las demandas a los ciudadanos.

En Canarias esta tarea -y usted lo sabe porque ya hemos hablado de ello-, cuando hablamos de la estructura administrativa, este tema es todavía mucho más complejo, porque hay un factor que es determinante, que es el tema del hecho insular, la insularidad. En Canarias confluye no solamente la Administración del Estado sino que confluyen la Administración autonómica, la Administración insular, con siete cabildos, y con la Administración local, con 88 municipios, con lo cual esto conduce a solapamientos y a duplicidades, porque hay competencias que se superponen, se solapan. Y le hablo con conocimiento de causa, porque he sido concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, he sido consejera del Cabildo de Tenerife y he sido consejera del Gobierno y conozco el tema de primera mano. Por tanto, se conduce a competencias que se superponen, conduce a duplicidades, a sobrecostes y a complejidades innecesarias en la prestación de los servicios por parte de dichas administraciones.

Señor consejero, estamos viviendo una época de grave crisis económica de la que no sabemos cuándo vamos a salir, y esta crisis afecta a los empresarios. La CEOE de Tenerife el otro día sacaba un informe de la coyuntura económica del segundo trimestre del 2011 y hablaba de la necesidad de evitar duplicidades, y precisamente para poder recuperar la economía y que no se inhiba la inversión, y es una crisis que afecta a todas las administraciones y al conjunto de la sociedad. Y por eso es totalmente necesario dinamizar la economía, hay que generar empleo, hay que crear riqueza. Y la crisis tiene algo bueno, muy poco, pero algo sí, que es que las crisis dan una oportunidad para cambiar lo que no funciona, y esta crisis va a ofrecer la oportunidad de que las administraciones públicas estudien qué servicios están ofreciendo a los ciudadanos por duplicado y estudiar una Administración más ágil, racional, transparente, eficiente y austera. Todo eso creo que no es poco. Esta reorganización administrativa, lo que hemos llamado en la comparecencia "arquitectura administrativa canaria", ya se ha planteado antes en épocas de bonanza económica, pero ahora no es que se hace necesario, es que ahora es urgente, señor consejero.

Soy consciente de que no es una cuestión fácil, es una cuestión bastante compleja, pero los ciudadanos requieren una Administración pública moderna, acorde con los nuevos tiempos, y una Administración pública conforme a las necesidades del siglo XXI. Necesitamos una Administración que responda a las necesidades de los administrados, que agilice los trámites y los procedimientos, que recorte plazos, que se incorporen las nuevas tecnologías y estén al servicio del ciudadano y una Administración que no paralice la economía cuando un ciudadano quiere abrir un negocio o pedir una apertura o una licencia de edificación, en donde se encuentra con un mar de burocracia y de papeles que se le exigen por parte de varias administraciones y que al final lo que hace es tirar la toalla porque termina aburrido. Un ciudadano no puede esperar, como he visto yo, dos años por una licencia de apertura. Eso paraliza nuestra economía y es todo lo contrario a lo que necesitamos en estos momentos de crisis económica. Lo que hay que dar es facilidades y simplificarle las cosas al ciudadano.

Creo, señor consejero, que también es importante, después lo hablaré, actualizar la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas canarias, porque es necesario un marco jurídico adecuado para que regule perfectamente las competencias de cada una de las administraciones.

Y lo que le quería preguntar en esta primera intervención es qué pasos ha dado el Gobierno para conseguir este objetivo, si existe un plan de trabajo, si ha habido reuniones con la Fecam y la Fecai, si se han determinado... -(Corte del sonido producido por el sistema automático de control del tiempo.) Ya termino, una frase-; si se han determinado los bloques de materias objeto de este proceso y que nos hable del decreto aprobado por el Gobierno el pasado 24 de noviembre, por el que se crea el comité de expertos para abordar estos trabajos.

Muchas gracias, señor consejero.

El señor presidente: Muchísimas gracias, doña Marisa.

Por parte del Gobierno, el señor consejero de Presidencia, señor Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Buenas tardes, señorías. Señor presidente.

Señora portavoz del Grupo Nacionalista Canario, señora Zamora, me parece que trae usted a este Pleno una comparecencia, sin duda, importante y una comparecencia de muchísima actualidad. Hoy comparezco para hablarle una vez más de un asunto que para el Gobierno es capital, es importantísimo. Ya en una comparecencia y en una interpelación anteriores hemos tenido ocasión de exponer distintas consideraciones que convergen en la importancia que el Gobierno de Canarias le da a este asunto, lo que usted señala en su comparecencia como "arquitectura administrativa canaria". Lo hemos dicho, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones: queremos evitar duplicidades, solapamientos, ineficiencias en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como rediseñar las estructuras administrativas y materializar un proceso de medidas de modernización en el conjunto de las administraciones canarias. Especialmente esto es importante en un momento, como usted bien señalaba, en un momento de crisis económica, donde la sociedad en general exige, de una parte, celeridad y simplificación, así como eficacia y eficiencia.

Se trata, por tanto, de garantizar un funcionamiento transparente, plenamente democrático de los gobiernos locales, así como la disposición de unas bases sólidas para que los mismos desarrollen una gestión eficaz y eficiente y austera, tanto de sus intereses como de los servicios que prestan a todos los ciudadanos de Canarias.

En este sentido, y a los efectos de informar a la Cámara de los pasos puntuales que ha ido dando el Gobierno de Canarias, he de señalarles lo siguiente. En primer lugar, el pasado día 19 de septiembre el presidente del Gobierno, el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad y quien les habla mantuvimos una reunión para concertar un programa de trabajo común. Lo hicimos con los presidentes de los cabildos insulares de Canarias y también con el Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios -Fecam-, y básicamente convinimos en acometer una amplia reforma institucional que habría de estar sustentada en el consenso político e institucional. En esa sesión de trabajo se anunció la creación de un grupo de expertos ad hoc, compuesto por representantes de la Fecam, de la Fecai, de las dos universidades canarias, así como también por funcionarios de indudable prestigio en estas áreas. Ese grupo habría de elaborar y presentar propuestas con una periodicidad trimestral. Los representantes de los cabildos y de los ayuntamientos no solo mostraron conformidad sino que apoyaron claramente la iniciativa, que tiene o que tuvo una segunda fase con una reunión que mantuvo este consejero con el presidente de la Fecai y también con la dirección de la Fecam, con su presidente y sus vicepresidentes, en una reunión posterior que tuvimos el día 16 de noviembre pasado.

Unos días después, concretamente el 24 de noviembre, el Gobierno aprueba en un decreto, el Decreto 318/2011, por el que se crea y regula este comité de expertos para la reforma de las administraciones públicas canarias, con el objeto de profundizar e individualizar en qué ámbitos, competencias y servicios existen duplicidades, sobrecostes y complejidades innecesarias en la prestación de los servicios por parte de las tres administraciones públicas. Esta tarea, que a nadie, a nadie se le esconde su complejidad, precisa de un análisis técnico detenido que sirva de soporte a las decisiones que deban impulsarse. Y no solo es algo que afecta a la Administración de la comunidad autónoma, sino que esta tarea tiene que ser compartida con los ayuntamientos y con los cabildos de Canarias para corregir las deficiencias que se vayan detectando.

Bien. Precisamente por ello, el comité está constituido por expertos de reconocido prestigio y experiencia en la materia, los cuales contarán con el apoyo administrativo de la Presidencia del Gobierno y de las Consejerías de Economía, Hacienda y Seguridad en lo que se refiere a la financiación y la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad en todo lo que se refiere al proceso de delimitación de competencias y modernización administrativa.

La misión que tiene este comité de expertos fundamentalmente es la siguiente. Primero, evaluar el funcionamiento y el marco competencial de las administraciones públicas canarias, con el fin de identificar esas duplicidades a las que ya nos hemos hecho referencia, y también analizar la nueva financiación que hayan de tener las corporaciones insulares y locales.

En segundo lugar, hecho ya el diagnóstico, se han de elaborar propuestas y recomendaciones concretas que redunden en beneficio de las administraciones públicas.

Además se ha fijado, para que este comité, digamos, concrete sus propuestas, que trimestralmente se dé cuenta del conjunto de iniciativas y formulación de propuestas que vaya realizando el comité, es decir, cada tres meses está obligado a dar cuenta de las propuestas que vayan elaborando en esos periodos trimestrales.

Yo finalizo este turno, señorías, señalando que en los próximos días va a tener ya lugar la constitución del comité de expertos, toda vez que ya se han recibido, en los últimos días, se han recibido las propuestas de nombres de expertos, propuestos tanto por la Fecai como por la Fecam, como por las dos universidades canarias, a la que se añadirán también algunos funcionarios de la propia Administración de la comunidad autónoma.

Esto es lo que yo, en mi primera intervención, quería señalarles, dando por supuesto que esta tarea no puede -y lo he dicho y lo he reiterado en otras ocasiones, en otras intervenciones, en este Parlamento-, esto es algo que el Gobierno no quiere hacer solo, no puede hacer solo. No lo puede hacer ni siquiera con el concurso de ayuntamientos y cabildos, lo tenemos que hacer entre todas las fuerzas políticas, y desde luego vamos a traer al Parlamento, para informar al Parlamento, de todas las iniciativas que ese comité de expertos vaya realizando trimestralmente.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchísimas gracias, señor consejero, don Francisco Hernández Spínola.

Por los grupos no solicitantes de la comparecencia, don Román Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señorías, yo creo que este es un tema recurrente también, que surge en todos los discursos, que ahora en etapa de crisis, pues, parece adquirir más relevancia y es muy difícil no estar de acuerdo con él. Buscar una Administración más eficiente, que no duplique, que sea segura, que inspire confianza, que dinamice la economía, siempre fue una obligación aunque no lo hayamos conseguido. Ahora es absolutamente imprescindible, ¿no? Por lo tanto, nada que objetar a la tarea. Lo que sí quiero es decir algunas cuestiones en relación a la complejidad de la tarea.

Primero. En relación a las competencias de los municipios, este Parlamento no tiene ninguna capacidad para decidir, porque es legislación estatal en esta materia, las corporaciones locales. Necesitamos una reflexión en relación a este primer nivel de la Administración pública española que compete a las Cortes Generales y que después de 30 años o treinta y pico años de democracia, pues, no se han articulado los mecanismos competenciales, organizativos y de funcionamiento de este primer nivel de la Administración. De manera que es muy importante que participen los ayuntamientos, pero la regulación básica es, evidentemente, de la Administración, en este caso de las Cortes Generales y, por lo tanto, hay ahí hay una limitación. Y lo digo, es una obviedad esto que digo, pero por si alguien estuviera despistado. El planteamiento es que a quien compete regular y actualizar la legislación, las competencias y la financiación de las corporaciones locales es a las Cortes Generales y es una asignatura pendiente de los 30 años de democracia, porque avanzó mucho el ámbito de la articulación de las comunidades autónomas y no avanzó nada el ámbito de las corporaciones locales, y es una histórica reclamación de estas entidades.

Dicho eso, es evidente que es bueno utilizar a los expertos para articular análisis y propuestas, pero al final son decisiones políticas las que determinarán el final de este proceso, ¿no?

Como el consejero ha planteado que vamos a estar puntualmente informados de los avances y de las aportaciones de los expertos, tendremos oportunidad aquí de analizarlas y perfeccionarlas seguramente y darle el sentido político que debe tener cualquier proceso de reforma de estas características.

Y una última consideración, por apuntar un elemento de complejidad: no bastará con definir las competencias, su simplificación, las delimitaciones, sino, lo más importante, la financiación. Cualquier proceso de reforma de calado en esta materia tiene que ir acompañado con las necesarias reformas de los sistemas financieros que articulan la sostenibilidad de los distintos ámbitos de la Administración. Y ese es otro asunto que en época de crisis complejiza un pelín más la solución a ese problema.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Pedro Martín.

El señor Martín Domínguez: Señor presidente. Señorías. Señor consejero.

Creo que interesante, oportuna, necesaria... Es necesario este debate porque, infructuosamente, la Federación Canaria de Municipios, durante el último mandato, ha intentado poner en el orden del día del debate canario la necesidad de clarificar, mejor que clarificar, repartir adecuadamente, las tareas que nos tocan a cada una de las instituciones públicas canarias. Fue infructuoso, al final no salió adelante, y creo que ahora es un buen momento para poner las cosas en claro. Los ayuntamientos lo tienen muy claro, porque la Ley de Bases de Régimen Local, del año 85, deja correctamente, claramente establecido, lo que le corresponde a cada municipio en función de su número de habitantes.

A partir de aquí, de lo que hay que hablar, sin lugar a dudas, es de financiación. Habrá que hablar con cuidado de que esa financiación no puede pasar por una relectura del Fondo Canario de Financiación Municipal, porque en su momento, cuando ese Fondo de Financiación Municipal se estableció, ya se les adosó a los ayuntamientos una serie de prestaciones y servicios que no eran responsabilidad suya, pero que asumimos como propia. Pongo por ejemplo el caso de las inversiones en los colegios, con las infraestructuras en colegios, que ha llevado a los ayuntamientos a que paguen el agua, la luz, el personal de limpieza y cualquier obra de mantenimiento que sea necesario realizar.

Por lo tanto, eso con respecto a los ayuntamientos, que creo que el punto de partida es muy claro y diáfano. Me gustaría pararme brevemente en los cabildos, porque en los últimos años se han convertido, en un exceso de gestión y de acaparamiento de las funciones públicas, en un ayuntamiento más en las respectivas islas. Creo que falta coordinación. Los ayuntamientos tienen claras cuáles son sus tareas; los cabildos a menudo son bastante distintos, en función de la isla de la que estemos hablando, y a menudo han ido creciendo en base a numerosísimas entidades, empresas, total o parcialmente participadas por los cabildos, incluso fundaciones, y creo que ahí habrá que poner un poco de orden para evitar el que se deje a un lado lo que realmente tienen que hacer los cabildos, y es la coordinación de los trabajos de los ayuntamientos, cubrir las necesidades de aquellos pequeños ayuntamientos que necesitan de apoyo técnico, de apoyo jurídico, de apoyo financiero incluso, y que en estos últimos años han quedado un poco de lado, y creo que ese trabajo de coordinación es fundamental.

Por lo tanto, a partir de aquí creo que la iniciativa de poner en marcha y de aunar esfuerzos de cabildos, ayuntamientos, funcionarios y técnicos, bienvenida sea. Ojalá que esta sea una de las tareas que podamos poner en marcha ya y que podamos resolver cuanto antes. Este es un momento decisivo para Canarias, los ayuntamientos lo necesitamos y el próximo Presupuesto del año 2012 deja bien a las claras la urgencia de tomar medidas.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Pedro.

Por el Grupo Parlamentario Popular, sí, don Agustín Padrón.

El señor Padrón Benítez: Gracias, señor presidente. Señor consejero. Señorías.

Bastante tiempo ha pasado desde aquel 19 de abril de 1979 en el que se constituyeron las primeras administraciones locales fruto de la voluntad popular expresada en las urnas. Pocos meses antes, en diciembre del 78, hace más de 33 años, el pueblo español refrendaba por mayoría absoluta la aprobación de la Constitución, esta Constitución cuyo aniversario celebramos dentro de pocos días. Aunque queda mucho por hacer, es cierto que en estos años mucho se ha avanzado y mucho más en la descentralización contemplada por dicha Constitución. El llamado estatuto de las autonomías, proceso que consideramos casi finalizado, a pesar de que algunos se empeñen en mantener abierta de forma constante la vía de la reivindicación de más y mayores competencias, lo cual es legítimo pero que no puede llevar a desvirtuar el modelo constitucional, porque también es cierto que nunca en nuestra historia moderna han gozado las regiones de una mayor autonomía política y administrativa.

Lo que sucede -y permítame que en este lado me posicione de parte de las instituciones locales- es que seguimos aguardando la segunda descentralización, la que permita a las instituciones locales asumir más competencias y que garantice la financiación de las mismas. Todos ustedes han oído y han podido comprobar en persona el tópico de que las administraciones locales son las más cercanas al ciudadano. Aquí reclaman cuando tienen problemas, a estas, por supuesto. Y así las instituciones, en afán de trabajar más y mejor por sus vecinos, ejercen de hecho competencias para las que carecen no solo de título, tantas veces esperado, sino de lo que es más grave, la financiación, que pone en riesgo evidente su estabilidad económica.

Hago, pues, señorías, desde aquí, no tan solo en nombre de un partido político, sino de todos cuantos hemos hecho del municipalismo una vocación más allá de las ideologías, un llamamiento para que los gobiernos del Estado, de las comunidades autónomas, cabildos y ayuntamientos, nos pongamos a trabajar todos, de verdad y sin reservas, en esa segunda descentralización que desde hace tiempo, con paciencia digna de los mejores empeños, aguardamos.

Manifiesta hoy, señor consejero, su voluntad en cuanto a la arquitectura administrativa de la comunidad autónoma y lo justo, dentro de este marco, es que a los gobiernos locales se les reconozca el papel institucional, se les escuche y se les atienda cuando actúan con otras administraciones, y yo creo que con esto entramos en la parte más importante de los objetivos en los que debemos centrarnos desde ahora mismo, y me refiero al nuevo marco jurídico, a la nueva ley de gobierno local, al nuevo sistema de financiación, y ya es hora de que después de más de 33 años revisemos qué competencias han de ejercer las administraciones canarias y que tengan una financiación justa a la que cada uno le corresponde. Es cierto que las circunstancias económicas han alterado el escenario desde hace dos o tres años, pero ya no podemos esperar más, porque los problemas estructurales de las corporaciones locales vienen de antes de la...

El señor presidente: Muchas gracias, don Agustín. En este asunto no hay tiempo añadido.

Sí, señor consejero... Ay, perdón, sí, tiene el grupo solicitante de la comparecencia, doña Marisa Zamora. Sí, disculpe.

La señora Zamora Rodríguez: Gracias, señor presidente.

Coincido en casi todas las intervenciones. Es verdad que el portavoz del Partido Socialista hablaba concretamente de las obras del RAM, y eso sí que es una obligación municipal, porque los colegios de Enseñanza Primaria y Secundaria son de titularidad municipal, o sea, que el dominio es del ayuntamiento; los institutos son otra cosa. Por tanto, eso sí que es una obligación que siempre ha pertenecido al ámbito municipal.

Y empiezo por donde terminé, señor consejero: en la necesidad de una reforma legislativa, en la que coinciden todos, una reforma de la Ley 14/90. Una ley que tuvo un amplio consenso en su momento y que ha sido muy buena para nuestra comunidad autónoma, pero que los años van pasando y las leyes no son inalterables ni inmutables, sino que hay que adaptarlas a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de nuestra sociedad, y si se piensa acometer esta reforma administrativa, pues, habrá desde luego que mejorarla y actualizarla.

Es verdad, cuando hemos ido a la Comisión de Cabildos, que el proceso de descentralización se quedó en esa base, en los cabildos. Yo creo que hay que ir hacia abajo, hacia los ayuntamientos. Hay que terminar con el proceso de descentralización, por supuesto con las competencias financiadas, porque, si no, es imposible llevarlas a cabo. Pero hay que tener el marco administrativo, el marco legal adecuado, el marco jurídico adecuado, como es la modificación de esta ley de régimen jurídico. Y yo creo que las leyes no es que sean malas y buenas, sino que hay que adaptarlas al momento actual que vive la sociedad y hay que concretar y profundizar en qué ámbitos, competencias y servicios existen desajustes y buscar soluciones específicas.

Pero yo sí creo que hay que llevar a cabo este trabajo que antes dije que era complejo y difícil. Es bueno que el Gobierno de Canarias sea quien vaya a liderar este proceso de reforma administrativa, junto con cabildos y ayuntamientos, porque en este tema se necesita lealtad institucional, se necesita un gran consenso, un consenso entre la Fecam y la Fecai. Es necesario contar con una comisión o comité de expertos, tal como viene regulado en el decreto aprobado el pasado 24 de noviembre. Y yo, que he estado leyendo los Diarios de Sesiones donde se ha debatido este tema, en la interpelación y la comparecencia, pues, leía que el señor Jorge Blanco, el 20 de septiembre de 2011, pues, no creía en las comisiones. Porque decía: "si quiere que algo no funcione -repetía, parafraseando a Napoleón Bonaparte-, pues, que se cree una comisión, si queremos que algo no funcione". Pero después, curiosamente, leyendo en Internet, el Grupo Popular, el Grupo Parlamentario Popular, en la Junta General del Principado de Asturias, dice: "pedirá la creación de una comisión en la Cámara para estudiar las posibles duplicidades en la gestión en la Administración autonómica y los ayuntamientos, aclarar las competencias respectivas y abordar su financiación".

Por tanto, yo creo que estamos en la línea correcta, señor consejero. Que el decreto dispone la creación de un órgano colegiado, un órgano integrado por expertos de reconocido prestigio, cuyo cometido fundamental es identificar problemas concretos y proponer soluciones a los mismos, con el fin de que las distintas administraciones puedan valorarlos y dar los pasos necesarios para su implementación. El órgano, como usted ha dicho, estará adscrito a la Presidencia del Gobierno, sin perjuicio de que le presten apoyo administrativo la Consejería de Economía y Hacienda y la consejería que usted preside.

Es verdad, señor consejero, que los ayuntamientos nos han dicho -todos son alcaldes y conocen este tema-: los ayuntamientos constituyen la Administración más cercana al ciudadano, es donde primero va el vecino a solucionar sus problemas más inmediatos y, por ello, históricamente se han visto obligados a prestar servicios aún más allá de sus competencias, sin que tenga obligación legal para hacerlo, que son los llamados servicios impropios, que acarrean gastos y que estos gastos impropios generan muchos problemas en las arcas municipales.

Por lo tanto, la financiación de las corporaciones locales es otro tema que habrá que abordar. Hay que reconocer que es difícil la coyuntura económica por la que atraviesan los ayuntamientos, aunque también hay que decir que los ayuntamientos canarios están mejor financiados que los ayuntamientos de la Península, y eso se lo podemos traer un día aquí en un debate, están mejor financiados, pero es verdad que necesitan un marco legislativo, competencial y financiero adecuado. Algunos ayuntamientos, hemos leído por la prensa, en los medios de comunicación, que incluso no llegan a final de mes para pagar su nómina al personal y por eso hay que sacar adelante un nuevo sistema de financiación, una financiación estable, que proporcione suficiencia financiera a los municipios para atender sus competencias. La financiación local, como sabemos, proviene de la aportación del Estado y también de la corresponsabilidad de los entes locales sobre la base de un sistema de tributos municipales. También, ahora que va a conformarse el nuevo Gobierno estatal, es necesaria una nueva ley estatal de financiación local.

La semana pasada el consejero presentó los presupuestos de su consejería y vimos que el Fondo Canario de Financiación Municipal ha crecido este año, para el 2012, para el ejercicio que viene, en un 4,68%; es decir, ha crecido por encima de la media de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en coherencia con las políticas de apoyo a las administraciones públicas locales. Este fondo quedó fijado para el 2012 en 234 millones de euros para redistribuir en los 88 municipios. El consejero nos explicó que a este fondo que se creó en el año 99, ese primer año se le dotó con alrededor de 110 millones de euros; en el 2011, en este año, ha contado -o sea, 12 años después- con 226 millones, el del 2011; y el año que viene, 234 millones. Por tanto, en estos años se ha incrementado en más de un 100%.

Además otro dato, que creo que es conveniente también y que el consejero también lo ha dicho, es que los anticipos a cuenta de los rendimientos del REF, que han sido superiores a la recaudación real obtenida, el Gobierno se ha sentado con cabildos y ayuntamientos y ha acordado un aplazamiento en las devoluciones de esos anticipos. Por lo tanto, yo creo que esta es otra medida que también pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de Canarias y su sensibilidad con las corporaciones locales y su financiación. Hoy precisamente sale en los medios de comunicación que el Ejecutivo ha ganado tres juicios en defensa del reparto del REF, que, como saben, el 52% se lo queda el Gobierno de Canarias y el 48% se reparte entre cabildos y ayuntamientos.

Señor consejero, hay que acabar con la burocracia ilógica. Las islas necesitan urgentemente una reorganización administrativa. En estos momentos de crisis económica fundamentalmente hay que racionalizar el gasto y optimizar los recursos; hay que revisar la Ley de Sedes, en esta época de las comunicaciones, de las nuevas tecnologías, en que los adelantos informáticos permiten la comunicación instantánea y en tiempo real, es posible la resolución de cualquier problema administrativo. Por tanto, revisión de la Ley de Sedes. Es necesario, repito, la ley estatal de financiación local, que debería marcar un antes y un después para la tesorería de las corporaciones locales.

Para terminar, una reforma como esta debe abarcar todo el ámbito administrativo de la comunidad autónoma de arriba abajo. Las administraciones no tienen que funcionar como compartimentos estanco. Lo que hay que articular son nuevas formas de organización, perfeccionar los mecanismos de cooperación intra e interadministrativa, aplicar al máximo las nuevas tecnologías, hay que mancomunar servicios, hay que insularizar servicios. Pensemos que no puede suceder que en una calle el servicio de limpieza y de recogida de basuras sea prestado por una empresa y en la calle de arriba resulta que la empresa que presta el servicio es otra diferente. Esto es algo verdaderamente... que hay que optimizar los recursos; hay que mejorar las políticas de coordinación, de calidad, rapidez, eficiencia y también -no nos olvidemos- acrecentar los procesos de control y transparencia administrativa.

Señor consejero, todo nuestro apoyo incondicional para que este objetivo fundamental vea la luz, sea real al final de la legislatura, porque hemos dicho que se camine durante... No es un tema tan fácil como para solucionarlo en tres meses. Y creemos en este compromiso que, sin lugar a dudas, va a redundar en beneficio de todos los canarios y canarias y, por tanto, va a tener todo nuestro apoyo en este camino, que no va a ser fácil pero que creo que va a redundar en que todos los canarios tengan una Administración mucho más flexible, mucho más ágil y más moderna.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Marisa Zamora.

Ahora sí, señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Señor presidente. Señorías.

Bueno, yo en primer lugar quiero destacar el consenso, destacar de forma muy positiva y muy favorable el consenso que existe en esta Cámara, de todos los grupos parlamentarios, para abordar esta dificilísima cuestión. Creo que hay una voluntad real de llegar a acuerdos y desde luego por parte nuestra nos vamos a esforzar para que así sea.

Hay algunas cuestiones que se han planteado por algunos portavoces. Ha coincidido, la mayoría de ellos, en la exposición y en el enfoque que ha de darse a este asunto. Así, por ejemplo, el portavoz del Grupo Mixto ha dicho que las competencias de los ayuntamientos están delimitadas en la Ley de Bases de Régimen Local, y eso es cierto, pero tengo que matizar. Tengo que matizar, porque, siendo eso así, también la misma Ley de Bases de Régimen Local dice en su artículo 27 que esas competencias de los ayuntamientos pueden ser objeto de delegación; es decir, el Estado y la comunidad autónoma pueden delegar a los ayuntamientos competencias, señor Rodríguez, y esto es importante. Es decir, que cuando hablamos de competencias no solamente tenemos que mirar el artículo 25, que delimita las competencias de los ayuntamientos, sino también ver otros artículos como este que he citado, que es el artículo 27, que permite que el Estado y la comunidad autónoma, de sus competencias, puedan delegar en los ayuntamientos por razón de eficiencia y por razón de eficacia, y yo creo que en el marco canario eso no debemos, no debemos desecharlo. Esa comisión de expertos debe tratar qué competencias pueden ser ejercidas mejor por los ayuntamientos que por la propia comunidad autónoma o quizás, incluso, por los cabildos insulares.

Estamos todos de acuerdo en que no se puede plantear este proceso de definición competencial sin abordar la cuestión de la financiación en un momento especialmente difícil donde hay menos recursos, donde hay menos ingresos y donde no cabe duda de que plantear una modificación de la ley del 2003, que regula el régimen de financiación, del bloque canario de financiación y de los ayuntamientos y cabildos, pues, sin duda, va a ser un asunto complicado, difícil, pero que en todo caso necesitará de acuerdo y de consenso. No veo otra forma de afrontar este proceso si no estamos todos de acuerdo. Sería un plus de dificultad a añadir a la difícil situación de asfixia que viven muchísimos ayuntamientos canarios, difícil situación por la que atraviesan también las arcas de los cabildos insulares y conocen ustedes muy bien, como yo, cuál es la situación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, los que mañana tendremos tiempo, largo y tendido, de abordar en esta misma Cámara.

Yo coincido con el portavoz del Grupo Socialista, en la medida en que los cabildos insulares deben ejercer una tarea de coordinación, de apoyar técnicamente a los ayuntamientos pequeños. En definitiva, aprovechemos esta reforma obligada de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas para no solamente hablar y delimitar competencias de los ayuntamientos, también de los cabildos insulares. Este proceso, por tanto, va a afectar a todos. Usted se quejaba de la expansión de la actividad de los cabildos; usted es alcalde desde hace muchos años, tiene su experiencia y, por tanto, yo no voy a entrar en ese terreno, en el de la experiencia y en su trabajo como alcalde. En todo caso, creo que debemos profundizar en esa coordinación y sobre todo me parece que este trabajo no se puede llevar a cabo si no partimos de la base del respeto de los principios, en primer lugar, de subsidiariedad. Me parece fundamental que todo este proceso se aborde desde el principio de subsidiariedad, también desde el principio de coordinación y colaboración interadministrativa, y, por último, básico, lealtad. Lealtad institucional entre todas las instituciones para que las cosas terminen funcionando.

Al portavoz del Partido Popular le quiero manifestar su contribución positiva en la intervención que ha tenido. Él se queja de que no ha sido posible llevar a cabo la segunda descentralización. Es verdad que en 20 años de trabajo de este Parlamento no hemos sido capaces entre todos de afrontar este debate. Unos lo llaman segunda descentralización, otros lo llaman pacto local; lo cierto es que, a pesar de que en cada legislatura se habla y se ha hablado de estos asuntos, no han terminado nunca de concretarse. Y entiendo, entiendo que usted abogue por esa descentralización para que la Administración más cercana al ciudadano, que son los ayuntamientos, tenga más competencia y, sobre todo, tenga una mejor financi ación. Usted hablaba de una financiación justa y de una revisión competencial; por tanto, completamente de acuerdo con su intervención.

Y a la portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario quiero también expresarle la coincidencia del Gobierno con sus planteamientos. Ha hablado de la necesidad de modificar la ley de financiación estatal. No cabe duda de que esto es una necesidad perentoria, que el próximo Gobierno de España espero que aborde esta cuestión, modificando la regulación de las haciendas locales.

Ha hablado usted también del Fondo Canario de Financiación Municipal y ha destacado el esfuerzo que ha hecho el Gobierno con ese incremento del 4,68%. Que, teniendo en cuenta que el crecimiento medio del Presupuesto, que es del 1,4, me parece que hay que resaltar y significa ni más ni menos que una apuesta decidida del Gobierno en favor de los cabildos insulares y de los ayuntamientos, en este caso de los ayuntamientos. Y quiero poner énfasis en este asunto porque he oído alguna intervención, no hoy, no hoy, pero he oído alguna intervención en la que se acusa al Gobierno de traer a la Cámara unos Presupuestos que no abundan en el respeto o en el apoyo a los ayuntamientos canarios, y quiero decir que eso no es así en absoluto. Hay un esfuerzo muy notable en favor de los ayuntamientos, no solo a través del fondo sino también, como usted se encargó de destacar, a través de aplazar la devolución de los anticipos a cuenta de los recursos del REF. Algo que ha hecho el Gobierno no solamente para los ayuntamientos sino también para los cabildos de Canarias. Y esto pone de manifiesto con claridad la sensibilidad que tiene este Gobierno con los cabildos y con los ayuntamientos, para buscar siempre puntos de encuentro. Y para las dificultades que existen y que han existido, porque en la legislatura anterior ha habido confrontación y los problemas se han dilucidado a través de los tribunales, por eso están recayendo en este momento sentencias que están siendo favorables a la posición del Gobierno de Canarias, sin embargo, no me parece que sea oportuno profundizar en esa senda del enfrentamiento, de la confrontación, de acabar en los tribunales de justicia, sino debemos buscar fórmulas que permitan resolver y ponernos de acuerdo.

Hemos empezado esta legislatura, llevamos cuatro meses y hay algunos acuerdos que ya, afortunadamente, han dado luz a la resolución de algunos de esos problemas. Uno de ellos, difícil sin duda, es este de la devolución de los anticipos a cuenta y me parece que con el fondo, con el fondo, los ayuntamientos tendrán ahí un colchón que les puede ayudar a soportar las dificultades que tienen con su financiación. No me puedo olvidar de un hecho relacionado con el fondo, y es que hace escasamente 15 días el Gobierno incorporó 24 millones de euros a los ayuntamientos como consecuencia de la revisión de la anualidad del año 2007.

Yo acabo ya señalando, de un lado, la dificultad de este proceso, lo sabemos, pero con valentía lo vamos a acometer, y espero seguir contando con la colaboración de todos los grupos parlamentarios, porque sin el consenso, señorías, es absolutamente imposible que podamos culminar entre todos esta tarea.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, don Francisco Hernández Spínola.