Diario de Sesiones 14, de fecha 29/11/2011
Punto 25

· 8L/I-0003 Interpelación del Grupo Parlamentario Popular, sobre reducción de empresas, fundaciones y organizaciones públicas, dirigida al señor presidente del Gobierno.

El señor presidente: Entonces vamos con la interpelación del Grupo Parlamentario Popular, sobre reducción de empresas, fundaciones y organizaciones públicas, dirigida al presidente del Gobierno, en realidad es dirigida al Gobierno.

Doña Aurora del Rosario tiene la palabra.

La señora Del Rosario Vela: Gracias, señor presidente. Señorías.

En una coyuntura económica como la actual es un ejercicio de responsabilidad política reducir la maraña de entes, fundaciones y empresas públicas dependientes de la Administración autonómica para disminuir el gasto y aumentar la eficacia en el uso de los recursos disponibles. Interpelamos al Gobierno de Canarias sobre los planes del Ejecutivo de reducción de empresas, fundaciones y organizaciones públicas.

La crisis ha obligado a un ajuste en los comportamientos de gasto y en las pautas de inversión de las familias y las empresas canarias. Sin embargo, por más que la Oposición pregunta de qué modo va a reestructurarse el Gobierno de Canarias no consigue respuestas. A juicio de nuestro grupo, el Gobierno de Canarias solo ha actuado como reacción a la caída de sus ingresos y en ocasiones sin afrontarla, como es el caso de los Presupuestos.

De cualquier modo, lo que el Gobierno de Canarias no ha hecho es reestructurarse, reinventar el monstruoso aparato que es la Administración pública del Gobierno autonómico, partiendo de las necesidades enfocadas de forma austera, que es lo que debe satisfacer.

(Abandona su lugar en la Mesa el señor Presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández.)

Les confieso que ha resultado frustrante durante la preparación de esta iniciativa releer documentación relativa a iniciativas acerca de disminución de altos cargos y personal de confianza, la anunciada comisión externa para la reconversión de la Administración, la comunicación del Gobierno sobre su estructura. Ha sido frustrante consultar los Diarios de Sesiones y encontrarme con que, frente a la voluntad del Partido Popular de que el Gobierno de Canarias adecúe la actual Administración para lograr una más simple, austera y eficiente, el debate era reconducido insistentemente por parte del Gobierno y los grupos que lo apoyan a hablar del pasado y se convertía en un partido de pimpón: "y tú más", "y tú antes", "y tú peor". Apelo a que este otro debate que hoy planteamos sí sea constructivo. Se ha acabado el debate electoral -como bien decían esta mañana- de la convocatoria de elecciones generales y los ciudadanos ya han hablado. Han expresado su voluntad y el que ha tenido oídos para oír ha oído.

En este asunto, señorías, nos va nuestra propia justificación. Coincidimos todos en alarmarnos con el distanciamiento que existe entre la política y los ciudadanos, pero la apreciación de la actividad política seguirá degenerando si la Administración no se aprieta el cinturón por lo menos tanto como lo hacen los ciudadanos que la mantienen.

Por eso, como primera premisa, me gustaría que el Gobierno contestara a lo que se le pregunta: a qué planes tiene sobre los entes dependientes del Gobierno. No a qué planes tendrá, no a los que hará después de comisiones, sin metacomunicarse para evadir el debate y marear la perdiz durante los minutos que dure esta iniciativa para que de la misma no se concluya nada, sino que se responda. ¿Y por qué incido sobre esto? Porque de la comparación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011 con el borrador de Presupuestos del 12 se deduce que no hay propósito alguno de reducir entidades públicas. Y luego podrán contarnos lo que quieran, pero mientras lo que nos digan no se recoja en los Presupuestos no será fiable.

El señor Ortiz dijo ante este Pleno, el pasado día 21 de septiembre, que hay fundaciones y empresas públicas en proceso de disolución por parte del Gobierno de Canarias, pero es tal el mutismo sobre el tema y es tal la incoherencia con los Presupuestos, si me lo permite, que se hace necesario interpelar al Gobierno sobre ello.

En el plan de ajuste presentado por el entonces vicepresidente José Manuel Soria en el seno del Gobierno de Canarias, en el mes de julio de 2010, se sugería la desaparición y la fusión de algunos entes dependientes de la comunidad autónoma. Al hilo de aquellas sugerencias, que entonces fueron tildadas de "ocurrencias", interpelo al Gobierno para que me responda a las siguientes preguntas: ¿considera el Gobierno que tiene algún sentido la existencia de los Canarias Congress Bureau, de los CCB, de Maspalomas-Gran Canaria y de Tenerife?, ¿la existencia de Canarias Cultura en Red o Saturno en la actual coyuntura? A juicio de este grupo parlamentario, obviamente no y si el Gobierno considera justificada su existencia, debe defenderla, pero el caso es que se están manteniendo sociedades deficitarias que no tienen ningún sentido como sociedades públicas. No tiene ningún sentido que obliguemos a todos los canarios, en este momento, a soportarlas con sus impuestos.

¿Qué sentido tiene la existencia de cuatro empresas, Gestur Las Palmas, Gestur Tenerife, Grafcan y Gesplan, todas ellas con un contenido de urbanismo y ordenación del territorio, que pueden fusionarse para ser más baratas y operativas? Desde nuestro grupo, cuestionamos no solo su propia existencia de este modo en el que están configuradas sino algunas de sus competencias, pues las propias consultoras privadas que se dedican a esta materia desde el sector privado denuncian que se trata de una competencia desleal, y lo hacen en un momento de crisis, y es que, ahondando aún más, mantener en cuatro entes lo que se puede hacer en uno es todavía más gravoso. ¿Cree el Gobierno de Canarias que puede seguir obligando a esas consultoras privadas, canarias también, a que sufraguen la competencia desleal que denuncian? Me gustaría que me contestaran si el Gobierno entiende que esto debe ser así y que empresas que echan a sus empleados y que quiebran porque no tienen trabajo deben con sus impuestos sufragar estas entidades públicas.

Como ya se expuso también en su día, con una única empresa para la promoción económica, que fusionara Promotur, Proexca y Sodecan podría operarse de un modo más eficiente, pero no aceptaron el reto y prefirieron el estatismo, que es más caro.

Los Presupuestos ponen de manifiesto que siguen apostando por lo mismo y ha llegado el momento de plantearse, ya no por qué cambiar las cosas, sino si acaso existe alguna razón para no cambiarlas, si acaso es así.

También se propuso unificar las entidades relacionadas con el medio agrícola y rural, las de vivienda, las de radio y televisión, las de formación dentro de la propia Administración y, dada la actual coyuntura, al Gobierno le toca explicar por qué no lo hace.

Por otra parte, ya no en cuanto a la existencia sino con referencia a la gestión de estos entes a los que me refiero, el plan de ajuste sugería eliminar ciertos privilegios de su personal, que son difíciles de defender en la actual coyuntura. Sugerencias que si entonces eran de justicia hoy lo son aún más. ¿Justifica el Gobierno de Canarias que altos cargos de estas entidades cobren más que los directores generales del Gobierno? ¿Justifica que las retribuciones del personal laboral de estos entes no se asimilen a las de la Administración pública, propiamente dicha? ¿Considera razonable que no estén equiparadas las cuantías de las aportaciones a planes de pensiones del personal funcionario de la Administración con las de las entidades públicas a que nos referimos?

Desde el Grupo Popular entendemos que, salvo los pluses percibidos por personal que realice actuaciones de urgencia, emergencia o guardia en ámbitos de seguridad y sanidad no están justificados todos estos privilegios.

No nos vamos a detener en cómo se ha llegado hasta aquí, pero esta situación no es de recibo. El Gobierno, como lo haría cualquier empresa, debe también, desde los órganos de dirección y administración de estos entes, y tan pronto como la vigencia de los convenios colectivos lo permita y en los términos en los que la legislación laboral obviamente lo consienta, renegociar la equiparación de las condiciones laborales de todos estos, en el fondo, trabajadores del sector público. ¿No lo cree así el Gobierno de Canarias?

Termino recapitulando por si la concreción sirve para que la respuesta sea más constructiva. Desde el Grupo Popular queremos saber, respecto del medio centenar de organismos autónomos, sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y fundaciones públicas, qué planes tiene el Gobierno de Canarias y queremos que lo expongan con la misma claridad con que han presupuestado la continuidad de unas entidades insostenibles y que nos digan claramente si las decisiones de austeridad afectan a estos entes, a cuáles y de qué modo.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, el señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Señor presidente. Señorías. Señora diputada.

Como saben y he expuesto ante esta Cámara en varias ocasiones, el asunto de las empresas y fundaciones públicas ha sido objeto de especial atención en las diferentes legislaturas. Un tema recurrente que, según el momento, se utiliza solo como elemento de debate político sin entrar en mayor profundidad. Lamentablemente, la cuestión se ha centrado casi exclusivamente en la discusión sobre el número de ellas y, en lo que respecta a algunos, podríamos estar hablando de casi una enfermiza obsesión, en un intento de llamar la atención con propuestas simples pero que no entran en el fondo de la cuestión. Una cuestión que no es otra que aumentar la eficiencia de los servicios públicos que se prestan reduciendo al máximo su coste. ¿Cómo?: mediante la estricta reorganización de dichos servicios, en los que se incluyen, no lo dude, las empresas y las fundaciones públicas, y eso conlleva un trabajo mucho más complejo que la simple propuesta de extinguirlas o de fusionarlas. Que no lo olvide, estas empresas o fundaciones prestan un servicio público a los ciudadanos. Mire, hay ejemplos recientes en la Administración General del Estado y en algunas comunidades autónomas donde ha existido realmente una fijación por la fusión en el ámbito de las empresas públicas. Resultado real: algunas sociedades menos pero con un coste para los ciudadanos incluso mayor que en la situación anterior. Me estoy refiriendo a cuestiones que han ocurrido en el Estado, en comunidades autónomas como la de Navarra.

En este Gobierno hemos trabajado y lo continuamos haciendo ahora con más ahínco en este sentido, pero con un objetivo principal: ser más eficientes. Por tanto, nuestra hoja de ruta está en reducir los costes que generan estas sociedades, al margen de situaciones mediáticas que se quedan en lo superficial, con planteamientos basados exclusivamente en la reducción de su número. Nuestro primer objetivo, por tanto, es utilizar el medio jurídico, empresas, fundaciones, organismos o la propia Administración, para prestar los servicios que debemos dar a los ciudadanos de la manera más eficaz y eficiente. El segundo es que los costes en la prestación de estos servicios sean lo más reducidos posible, de tal manera que el esfuerzo esté centrado, no en el número, sino en que los costes, no solo de las empresas públicas sino de la Administración en su conjunto, sean los menores posibles para los canarios. Y, tercero, debemos analizar los servicios que prestan para valorar su continuidad en función de su rentabilidad social y económica. Las empresas públicas son eso, empresas en primer lugar. Por esta razón pueden utilizar lo mejor del sistema jurídico mercantil para prestar los servicios de la forma más eficiente y más económica posible. Pero también son públicas, y por ello su objetivo no está únicamente en maximizar sus beneficios; también deben valorar principalmente los efectos sociales de sus actuaciones.

No voy a hacer aquí una defensa de las empresas públicas. No, no creo que sea el momento, pero podemos poner como evidencia, si quieren y si me lo permiten, al sector público empresarial francés, por ejemplo, que ha ofrecido tradicionalmente destacados ejemplos de empresas públicas que han alcanzado un éxito económico, en términos tanto de posición de mercado como de beneficios anuales. Aunque bien es verdad que hay otros sonados ejemplos de lo que no se debe hacer en este tipo de sociedades, sonados ejemplos. Por lo tanto, lo importante no es la figura jurídica bajo la que se presta el servicio a los ciudadanos sino la eficacia de este servicio.

Y quiero remarcar que, según demuestran algunos estudios, no parece ser el tipo de propiedad, si es pública o privada, el factor más determinante del mayor o menor grado de eficiencia productiva, sino el grado de competencia con el que se enfrenta la empresa en el mercado.

Bien. En el proyecto de Presupuestos del año 2012 figuran -en el proyecto-, figuran 13 organismos, entre ellos el Servicio Canario de la Salud y el Servicio Canario de Empleo, eso que llamamos organismos públicos, que queremos cargarnos o reducir o eliminar, entre otros; hay 19 sociedades mercantiles; 2 entidades públicas empresariales; 10 fundaciones y 2 entidades. Un total de 46.

Respecto a la ley del año anterior, comprobarán que existen 2 fundaciones menos -la Fundación Canaria para la Promoción Educativa y la Fundación Canaria para el Conservatorio Superior de Música de Canarias-. En el caso de la primera se incluyó una disposición en la Ley de Presupuestos del 2011 para su disolución. Además están en sus últimas fases del proceso de disolución 2 más: la Fundación Canaria para el Instituto Tricontinental de la Democracia y los Derechos Humanos, que depende de este Parlamento; y la Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias.

Y ya que lo preguntaba antes, como usted bien conoce o debía conocer, están en la misma fase de disolución las sociedades Canarias Congress Bureau Tenerife Sur y Maspalomas, así como Saturno, que, a pesar de dejarla sin actividad, como las dos anteriores, les recuerdo, no tienen ninguna actividad, no se han disuelto hasta que no se termine con la defensa de los intereses de la comunidad autónoma en la empresa Proyecto Monumental Montaña de Tindaya. La disolución de cualquiera de estas tres empresas puede tener efectos negativos en los procesos judiciales que se están sustanciando en estos momentos.

Es decir, como llevamos haciendo de un modo permanente desde hace más de año y medio, realizamos un análisis continuo para tomar cada una de las medidas que incrementen la eficiencia de la Administración pública, también en las empresas y fundaciones. En este proceso están siendo estudiadas todas las entidades y sometidas a análisis todas las entidades que conforman el sector público empresarial y se están tomando medidas. Ya se han tomado muchas de ellas. El objetivo de todo este proceso es encontrar los mejores instrumentos jurídicos para la prestación de las funciones que debe asumir la comunidad autónoma. Este fin está por encima de la búsqueda de una reducción en su número, que, por otro lado, también se está realizando.

Se trata, señorías, de priorizar las acciones, de modo que con los escasos recursos públicos se lleven a cabo aquellas que consideramos prioritarias. En cumplimiento de este principio, en la elaboración de los Presupuestos del año 2012 se ha considerado, con carácter general, la reducción de las aportaciones a las sociedades públicas de la comunidad autónoma en un 15%. Asimismo, se ha ampliado esta decisión, obligando a disminuir las encomiendas a las empresas públicas en un porcentaje no inferior al 5%.

Pero, mire, señoría, si lo que le preocupa es el número y solo el número, le voy a dar algunos datos para centrarnos en algo que usted calificó antes de monstruoso sector público en la comunidad autónoma. Canarias es la quinta comunidad autónoma con menos entidades, la quinta con menos. Muy lejos de las primeras, como Cataluña o Andalucía, respecto a las que tenemos 357 y 280 entidades menos; pero también muy lejos del récord de sociedades en la Comunidad Valenciana, con 156; Madrid, con 176; Baleares, con 160 o incluso Galicia, con el mismo número. ¿Le suenan estas comunidades autónomas, señoría?

Por ello, si les preocupa el número, pueden tener la certeza de que estamos haciéndolo mucho mejor que aquellas comunidades autónomas que en ocasiones parecen querer emular. Sin embargo, este criterio, el criterio de la reducción, tiene otras fortalezas, y es que continuamos en permanente proceso de racionalización, y en este proceso es donde seguimos tomando medidas y lo continuaremos haciendo día a día. Espero que finalmente reconozcan la coherencia de las mismas.

Miren, es más, si analizamos incluso las empresas públicas en relación a la población, seguimos estando todavía en menor número que el resto de comunidades autónomas. Y a lo mejor en Canarias , teniendo en cuenta determinadas circunstancias, ligadas a fragmentación del territorio y a la importancia de los cabildos insulares, a lo mejor cabría que el sector público empresarial tuviese otro tipo de relación y, por tanto, su número tuviese que ser mayor.

Mire, señoría, preguntaba usted antes qué se está haciendo para eliminar determinados privilegios. Bueno, lo primero la negociación y renegociación de numerosos contratos en el seno de las empresas públicas para eliminar y adecuar las retribuciones al conjunto de la Administración, pero señalaba usted, y señalaba bien y ponía un condicionante: "en función de los convenios colectivos". Luego, el condicionante del convenio colectivo, que en ocasiones ha hecho que los salarios de determinados empleados de empresas públicas, no por el salario sino por determinados conceptos o complementos incluidos en esos convenios, haya disparado la diferencia entre el sector público de la Administración y sector público de las empresas públicas. Por lo tanto, es verdad que en ese aspecto se ha elaborado una serie de instrucciones y se han renegociado no solo en el ámbito colectivo sino también en el ámbito individual, para ir eliminando esas diferencias. Es más, se han eliminado privilegios, como usted bien decía, o diferencias en cuanto a las aportaciones, en cuanto a los seguros médicos distintos en las empresas del sector público. En definitiva, se están intentando adecuar las condiciones laborales, en la medida de lo posible, de la Administración a las empresas públicas. No obstante, también tenemos que tener en cuenta que hay sociedades públicas que tienen una prestación completamente distinta o unas acciones o una función completamente distinta y adecuarlo, en su caso, a los horarios de la Administración general no es posible. No todas las empresas tienen la misma función, no todas las empresas tienen un horario exclusivamente laboral, como puede tener el ámbito de la Administración.

En definitiva, señorías, estamos trabajando en la reducción, pero sobre todo estamos trabajando en la eficacia del gasto, que creemos que es mucho más importante y no meramente quedarnos en un número.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Para la segunda intervención del grupo interpelante, doña Aurora del Rosario, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra.

La señora Del Rosario Vela: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, lo importante no es el número, estamos en la misma línea; lo importante tampoco es la figura jurídica de la que se hagan valer dentro de la legalidad, pero de lo que se están haciendo valer es de una administración paralela, manejable y muy cara.

No sirve comparar nuestra Administración con otra de otras comunidades, que son realidades totalmente diferentes, porque, igual que le puedo hablar de que tienen más población, esta tiene otras dificultades, por su naturaleza. Lo que nos preocupa, señor consejero, es la distorsión del mercado en relación con el sector privado. Nos preocupa que la Administración esté duplicando funciones: una mediante los entes y otra mediante la Administración propiamente dicha en su estructura troncal de las consejerías; que la Administración impida el desarrollo económico de la sociedad. No es cuestión de números sino de conceptos. No puede haber empresas públicas que quiten oportunidades a los canarios y encima sufragadas por los canarios. Y ese reflejo de que eso es lo que se está haciendo lo vemos en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma presentados, señor consejero.

Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma no son sino una vaca. Una vaca, un fondo común, en el que los canarios, queramos o no, tenemos que poner, tenemos que participar, y como en esta vaca no le salían las cuentas al Gobierno para que diera para todo le han dado clembuterol, y entonces el día en que los canarios se vayan a comer su filete se van a encontrar con que va menguando en la sartén, porque resulta que estos Presupuestos son unos Presupuestos engordados para poder mantener, entre otras cosas, tantas fundaciones, tantos organismos autónomos, tantas empresas públicas, que son una duplicidad. Y estos canarios que ponen su dinero en esta vaca venga a decir que no están de acuerdo con una Administración sobredimensionada, cara y poco operativa. Y el consejero puede venir aquí a decirnos lo que quiera, pero la gente en la calle lo está diciendo, la Oposición también se lo está diciendo y se lo está demostrando y, aun así, el Gobierno se empeña en gastarse en ello el fondo común. Si un ejemplo de la Administración sobredimensionada está claro, es el de estos entes.

Hubo otro tiempo de vacas gordas en que la Administración podía ocuparse de otras materias más variadas, y eso podía ser cuestionable o no, pero no resultaba tan gravoso para la sociedad. Hoy resulta imperdonable, porque hoy la vaca está muy flaca y, aunque el Gobierno la haya engordado como estrategia, el Presupuesto sigue siendo un Presupuesto restrictivo que debería haber reflejado la austeridad, también con referencia a los entes dependientes de la comunidad autónoma. Pudieron hacer una racionalización de este entramado hace seis meses, cuando conformaron el Gobierno; no lo hicieron. Ahora acaban de perder otra oportunidad con estos Presupuestos. Y ya han visto, señor consejero, que la austeridad pasa factura, pasa factura a quien no la ejerce, como han demostrado las urnas recientemente. Y es que, con respecto a las urnas, no solamente hay que asumir victorias o derrotas que en un momento o en otro nos toca asumir a todos, también hay que asumir responsabilidad. La responsabilidad que tienen ustedes, que es la de gobernar en un momento difícil, de tomar decisiones complicadas, pero decisiones que son necesarias, porque la sociedad está madura para saber que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Y el Gobierno de Canarias tiene encima la suerte de tener a una Oposición constructiva que está dispuesta a apoyarle en tomar medidas de ajuste drástico, pero no está dispuesta a aprovechar la ocasión... Porque es un Gobierno ocupado en equilibrar sus poderes internos y entonces, mediante comisiones externas y juegos florales, van distrayendo el tiempo para que este sea un Gobierno de reparto de poder, no de gestión, sino de reparto de poder.

Señor consejero, ¿a usted no le parece vergonzoso que la prensa haya recogido en este artículo, Los doce magníficos de las empresas públicas canarias, que el Gobierno incumple su ley llegando a pagar 100.800 euros al gerente de Visocan, que a su vez tiene dos altos cargos igualmente bien remunerados? (Mientras muestra un documento a la Cámara.) ¿No le ruboriza? No le ruboriza. Pero es que la noticia de la semana no es esta y a lo mejor, como la noticia de la semana es otra, pues, esta sí le puede ruborizar, y es que Paulino Rivero cambia la estructura del Gobierno...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señora diputada, tiene usted un minuto para concluir la intervención.

La señora Del Rosario Vela: ...Boletín Oficial de Canarias publicó dos decretos, en los que creaba el Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales y otro con el nombramiento de este señor como su responsable; y con encargarle el seguimiento de los trabajos del comité de expertos terminan de cerrar el círculo. Y es que el Gobierno nos dice que no crece en su estructura, pero es que si el Gobierno creía que se podía suprimir una dirección como la Dirección General de Relaciones Exteriores, que han suprimido para que no crezca el Gobierno al crear esta otra, la de Emigración, que se mete en la de Relaciones Exteriores, lo podía haber hecho para adelgazar la Administración, pero no lo ha hecho. Lo ha hecho solamente para recolocar a su gente, para darle algo a alguien que se había quedado fuera. El tópico que echa por tierra la dignidad de la actividad política la cumplen punto por punto en la conformación de la estructura del Gobierno de Canarias. También en el de los entes públicos de Canarias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Para replicar, por parte del Gobierno, el señor consejero de Economía, don Javier González Ortiz, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Señor presidente.

Señora diputada, me perdí en el debate. No sé si estamos hablando de agricultura con tanto de la vaca... Evidentemente, el problema es que esta vaca no da más leche y hay quienes creen que tan solo con mirar la vaca va a engordar o con decirle a la vaca lo que tiene que hacer va a dar más leche. O peor incluso: pintar a la vaca y así parezca mejor y dé más leche. Porque, mire, señora diputada, habla usted de austeridad, pero la austeridad solo dicha y no predicada queda en términos vacíos. Y, mire, señora diputada, a pesar de su tono constructivo, por ejemplo, en determinadas instituciones donde ustedes gobiernan no son ni mucho menos ejemplo de austeridad en su toma de decisiones: en la designación de cargos públicos, en el personal de confianza... Y yo lo lamento, por tanto, que se mantenga simplemente un discurso de cara a la galería.

Decía usted que la austeridad es tomar decisiones, y la toma de decisiones la ha hecho este Gobierno trayendo aquí un proyecto de Presupuestos, presentando prioridades en la educación y la sanidad. Su partido, o, mejor dicho, sus compañeros de partido en otras comunidades autónomas han tomado decisiones presentando sus Presupuestos, minorando las partidas destinadas a educación y a sanidad. Eso es una forma distinta de hacer política. Esa es la diferencia entre predicar y ejecutar.

Mire, tan solo un dato, señoría: hablaba usted del gerente de Visocan. Visocan no tiene gerente nombrado; luego, no hay ninguna persona en Visocan que cobre 100.000 euros. Lamento que usted mire la información exclusivamente de la prensa, pero tiene usted otros medios para tener información. Pero que usted sepa: en Visocan no hay ningún gerente y ninguno cobra 100.000 euros.

Mire, usted habla del sector público, habla incluso de que se podrían juntar los dos Gestures, Gesplan y Grafcan. ¿Pero qué tiene que ver Grafcan? Mire, Grafcan es una empresa puntera en el ámbito de España. Es tan puntera que incluso sale al exterior: tiene contratos y ejecuciones en México, realiza convenios de colaboración, realiza actividad de cooperación en Cabo Verde, por ponerle solo un ejemplo. Pero, mire, cuando usted habla de las empresas públicas, ¿a qué se refiere? ¿Quieren ustedes cargarse la Gestión Sanitaria de Canarias, por ejemplo, eliminar Gestión Sanitaria de Canarias? ¿Esa es una propuesta que hacen ustedes, que es la empresa que presta los servicios de asistencia sanitaria? ¿O la que presta los servicios del Centro Coordinador de Emergencias, por poner un ejemplo, que es un modelo que están siguiendo otras comunidades autónomas? ¿De qué estamos hablando? ¿De verdad ustedes se creen que por meramente fusionar algo en un papel, es decir, yo voy a juntar Promotur, Proexca y Saturno, de esa forma conseguimos ahorrar costes? ¿En qué?, ¿efectivamente en qué? Mire, estudiemos cuáles son los últimos costes de determinadas empresas, como, por ejemplo, Sodecan. Miren, ¿estamos hablando -por poner un ejemplo, o sea, para entendernos entre todos- de eliminar Visocan, con su acción en el ámbito de las actividades de viviendas públicas? ¿Es esa una de las propuestas que están planteando ustedes? ¿Es esa?

Está hablando usted de fusionar determinadas empresas y hay algunas que se pueden, y ya le dije antes que en eso estamos.

Habló usted de los CCB y de Saturno, y ya le expliqué -lo explicaré otra vez- que esas empresas no tienen actividad. Por lo tanto, no tienen ningún coste, más que la devolución... (Ante los gestos en sentido contrario de la señora Del Rosario Vela.) No, más que la devolución de los préstamos de la construcción de los palacios. No tienen ningún coste.

Mire, el problema es la concepción de las empresas públicas, de los resultados de las empresas públicas como pérdidas. Ese es el problema de concepción, que a veces tienen. Por un mero ejercicio contable, por una mera interpretación de la Intervención General del Estado, se considera que las aportaciones de los socios de las empresas públicas deben ser llevadas a pérdidas. Es decir, que cualquier cantidad que destinemos nosotros a una empresa pública para el ejercicio de sus meras funciones, funciones sociales, como puede ser la de Gestión Sanitaria de Canarias, eso se considera pérdidas. Por eso, por eso le animo, señoría, a no quedarnos solo en los titulares de prensa, solo en lo que dicen algunos, porque es verdad que hay titulares de prensa que pueden tener cierto interés mediático.

Pero vayamos a lo que le dije al principio, vayamos a estudiar la efectividad de cada una de esas acciones; vayamos a estudiar si el modelo jurídico bajo el que prestamos un servicio es el mismo, porque, mire, si en vez de hacer una acción del Gobierno a través de una empresa pública...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señor consejero, tiene usted un minuto para concluir la intervención.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Que, repito, por la mera interpretación de la Intervención General del Estado es una pérdida, digo, si esa misma acción la hacemos a través de una dirección general, lo llamaríamos políticas del Gobierno. Es decir, que si la promoción turística la hacemos a través de la Dirección General de Promoción Turística o la hacemos a través de la empresa pública, desde un concepto se llama "inversión", cuando lo hacemos a través de la dirección general, y desde otro concepto se llama "pérdidas". Repito, seamos conscientes de lo que estamos hablando, estamos hablando de la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

Por ponerle un ejemplo -y terminar-, mire, yo creo que hay coincidencia en que, por ejemplo, para llevar a cabo la actividad exterior de los gobiernos necesitamos, para poder operar en ferias en el extranjero, necesitamos tener unos instrumentos jurídicos como las empresas públicas, como Promotur o como Proexca. Promotur que hoy en día está haciendo la labor que le corresponde y no subcontratándola, por ejemplo.

Nada más.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Pasamos a las mociones, señorías. Vamos a ver en esta tarde-noche una única moción. En primer lugar la moción del Grupo Parlamentario Popular, consecuencia de interpelación, sobre política farmacéutica, dirigida a la señora consejera de Sanidad.

Para ver la moción, en este caso ya el Gobierno no interviene.

¿Por parte del Grupo Parlamentario Popular? (El señor González Santiago solicita la palabra.)

Sí, señor diputado, ¿a qué efectos?

El señor González Santiago (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señor diputado, tiene usted razón.