Diario de Sesiones 19, de fecha 22/12/2011
Punto 1

· 8L/C-0195 Comparecencia del Gobierno, a petición propia, sobre los proyectos empresariales que afectan a la ocupación del territorio en Gran Canaria.

El señor presidente: Comparecencia del Gobierno, a petición propia, sobre los proyectos empresariales que afectan a la ocupación del territorio en Gran Canaria.

Señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Ordenación del Territorio, don Domingo Berriel.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Señor presidente, señorías: buenos días.

Permítanme antes que nada que traslade al Partido Popular la felicitación por el nombramiento de su presidente como ministro del Gobierno de España. Cuestión que además, a quienes hemos compartido con él tareas de Gobierno como vicepresidente, nos produce una especial satisfacción.

Comparezco hoy, señorías, a petición propia, para dar cuenta en este Parlamento sobre el estado y circunstancias que rodean a determinados proyectos empresariales, determinadas iniciativas, en la isla de Gran Canaria y cuyas dilatadas dificultades territoriales y/o ambientales, sin perjuicio de las causas que las producen, pues, se le vienen reclamando al Gobierno por parte de sus promotores con gran insistencia y profusión mediática, sobre todo a partir de principios del pasado mes de noviembre. Porque en todas ellas, señorías, la reivindicación se hace siempre al Gobierno, con independencia de dónde radique la problemática y sin perjuicio de que traigan causa determinaciones contrarias o no al planeamiento insular o municipal o por falta de su propio desarrollo. Y lo curioso es que además quienes tienen la responsabilidad de dinamizar ese planeamiento, pues, también se suman a la queja al Gobierno en lugar de ponerse en su tarea.

No obstante, el Gobierno, señorías, en atención a las solicitudes empresariales y reconociendo la trascendencia socioeconómica de esas iniciativas, ha venido trabajando con cada uno de los promotores en aras a remover los obstáculos para la viabilidad de sus iniciativas, dentro, desde luego, de los límites que permita el ordenamiento jurídico y el respeto a la distribución competencial. Como hace, señorías, con toda la problemática que le llega en las distintas materias, si bien se hace necesario ordenar las intervenciones oportunas de las distintas administraciones y sin perjuicio, lógicamente, del cambio o de la modernización en la tarea legislativa, que sí reconocemos que debe impulsar el Gobierno, como está trabajando, como sus señorías conocen. Cambio que, como se ha dicho aquí, tendrá los límites siempre de garantía de la sostenibilidad de nuestros recursos naturales.

¿Y cuáles son los límites, señorías, del Gobierno en el planeamiento y en la problemática que se deriva de las deficiencias del mismo? Al Gobierno, señorías, se le atribuyen en nuestro ordenamiento jurídico determinadas competencias de control en una segunda fase, en los procedimientos bifásicos, que son procedimientos garantistas -uno de los objetivos de que sean bifásicos también es producir esa mayor garantía-, y se le atribuye, señoría, como he comentado en el Decreto Legislativo 1/2000, por el que se aprobó el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, pero que tiene su fuente en los principios de descentralización, desconcentración y coordinación, que vienen reconocidos en el artículo 103 de la Constitución. No rige, como sus señorías saben, el principio de jerarquía institucional en la democracia, es decir, en nuestra Administración postconstitucional. Por tanto, cada Administración, en la esfera de sus competencias, tiene plena autonomía y debe ser respetada. La única excepción que nuestro ordenamiento jurídico ha introducido para el caso de pasividad o imposibilidad de realización de estas tareas de dinamización del planeamiento es la que se introdujo en el artículo 9.2 de la Ley de Medidas Urgentes, cuando se instauró la posibilidad de hacer, de suplir, de hacer un planeamiento supletorio en el caso de inactividad de la Administración insular o municipal, en concreto de la Administración municipal. Es, por tanto, en esa segunda fase cuando tiene que intervenir el Gobierno y, por tanto, no puede haber una segunda fase si la primera no se ha hecho. Es decir, no se puede completar un techo si todavía no se han hecho los cimientos, y es en los cimientos donde hay mucha tarea por hacer.

Tengo que expresar, señorías, aquí una aclaración en esa reivindicación, lo que se arrastra junto con la reivindicación, que es la manifestación muy repetida pero no por ello veraz del bloqueo de la Cotmac a las iniciativas. Esta afirmación, insisto, por reiterada no se corresponde con la verdad. La Cotmac no bloquea absolutamente nada. La Cotmac, que tiene la responsabilidad que le otorga la legislación, el marco jurídico que tenemos, de comprobar la legalidad en la segunda de las fases del planeamiento, lo hace con absoluta objetividad y unidad de criterio, sea cual sea la isla a la que está destinado el planeamiento. Pretender rescatar el viejo pleito insular expresando que la Cotmac en Gran Canaria es más dura o tiene una interpretación distinta a la que pueda tener en Tenerife o en cualquier otro lado sencillamente creo que está absolutamente fuera de lugar.

La Cotmac tiene, señorías, unas competencias, como he dicho, muy claras expresadas en la ley, que básicamente son el control de la legalidad y solamente revisión de aquellos aspectos de oportunidad que afectan a las políticas generales de la comunidad autónoma, y una composición plural. Una composición en la que están los cabildos, en la que está la Fecam, en la que están representaciones empresariales, etcétera, etcétera. Otra cosa es que todos los que tienen representación tengan la responsabilidad de acudir continuamente a sus sesiones, cuestión que también muchas veces está bastante comprometida.

Pero es que además, señoría, la transparencia con la que la Cotmac adopta sus resoluciones es total. Es total porque sus sesiones son públicas y, además de eso, se transmiten a tiempo real por Internet. Por tanto, sus resoluciones, sus reflexiones, se hacen en voz alta, se hacen publicándose a tiempo real, como he dicho, en Internet.

Pero es que, además, las resoluciones que se adoptan se hacen después de haber pasado unas ponencias técnicas donde se revisan los informes y donde los propios interesados, los propios promotores -ayuntamientos o incluso promotores privados- tienen la posibilidad de debatir y discutir sobre el resultado de sus propuestas.

La prueba de la objetividad y del ajuste a la legalidad de las resoluciones que hace la Cotmac está en que, precisamente, prácticamente casi todas las resoluciones de la Cotmac, casi todas las aprobaciones de planeamiento, casi todas las declaraciones de impacto, la mayoría de ellas, son en nuestra comunidad autónoma recurridas por alguien. Siempre a alguien le perjudica o no le gusta cualquier resolución que se adopta. Pues bien, en la gran mayoría, el gran porcentaje, prácticamente, casi en su totalidad, últimamente, están siendo avaladas esas resoluciones por los tribunales de justicia al confirmar las resoluciones adoptadas.

Y no menos falso también es el ejercicio, o el supuesto ejercicio, que se anuncia de arbitrariedad por parte de los funcionarios que tienen la responsabilidad de informar los expedientes que van a la Cotmac. Es verdad que las indeterminaciones de las normas siempre permiten -sobre todo si tienen conceptos jurídicos indeterminados-, permiten, lógicamente, tanto más cuanto más indeterminados sean los conceptos de una norma, el que se tenga disparidad de criterios en la interpretación de la norma. Eso pasa también con los promotores, pasa también con quien propone su propio proyecto, pasa también con los distintos letrados que tienen, que operan en este ámbito. Ahora bien, hay una unidad de criterio que impone luego la propia Cotmac, hay una unidad de criterio que se hace también ya desde las ponencias técnicas y desde hace mucho tiempo hemos hecho un gran esfuerzo sobre la organización y la jerarquización del trabajo en el departamento, de tal manera que hemos procurado poner a los funcionarios de más alta cualificación y profesionalidad precisamente a informar los asuntos de mayor trascendencia e importancia.

Pero la necesidad de un trabajo riguroso en esta materia tan compleja, donde hay bienes jurídicos tan protegidos que están protegidos incluso penalmente, es absolutamente necesaria en estos momentos. La falta de rigor, el dejar pasar, trae consigo importantes trascendencias negativas, también para aquel titular del planeamiento al que se le ha pasado, porque seguro que vendrá la nulidad de los tribunales y, consecuentemente, la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, que habrá de afrontarse con dinero de todos. Además, por supuesto, de las posibles responsabilidades penales que se puedan derivar, sobre todo después de la reforma, del año 2010, de la Ley Orgánica 5/2010, del Código Penal, para quien informe indebidamente un planeamiento.

Y en este contexto, señorías, en este contexto de queja...

El señor presidente: Un minuto para ir concluyendo, don Domingo.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): ¿Yo qué tenía?

El señor presidente: Diez, diez. Se han ido los diez.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): ¿Me he comido diez?

El señor presidente: Sí, señor.

Bien, tiene, tiene...

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Pues en la segunda parte...

El señor presidente: Señor consejero, mire, en vista de las fechas en que estamos, tiene dos minutos.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Bien, señorías, procuraré luego, en la segunda parte, entrar en... (Rumores en la sala.)

Bien. Tengo dos minutos más, voy a aprovechar rápidamente, pero, señorías, en la segunda parte trataré de completar y hablar expresamente de esos proyectos. Pero esos proyectos, esas dificultades, traen causa de la situación del planeamiento en Gran Canaria. ¿Y cuál es esa situación? Pues, miren, el Plan Insular de Gran Canaria se aprobó en el año 2004, aunque no está adaptado a las Directrices, y por decisión insular, decisión del propio cabildo que lo promovió, aplazó su desarrollo a 65 planes territoriales, 16 de ellos planes parciales y 49 planes especiales. De ellos, señorías, solo a partir de la pasada legislatura se inició ese desarrollo y se culminaron solo 3 de ellos. Hay algunos que es verdad que están en fase de terminación. De ellos, por ejemplo, el PTP-14, el Plan territorial de centralidad de Guía-Gáldar, es el responsable de poder hacerse o no de una o de otra manera, determinada manera, uno de los proyectos que más mediáticamente -al que luego me referiré- ha tenido la contestación de los problemas que plantea.

Y de forma parecida están los planes generales. Baste, como botón de muestra, el Plan General de San Bartolomé de Tirajana o el de Mogán. El de Mogán, que tardó veintipico años en publicar sus propias normas subsidiarias y entrar en efectividad.

Por tanto, señorías, creo que tenemos que ir al fondo de la cuestión, qué es lo que pasa con el planeamiento de Gran Canaria, para explicar luego cuáles son los problemas de esos proyectos de los que tanto se quejan los empresarios y cuál ha sido la intervención de los empresarios para también estar en esta situación de inactividad.

Gracias, señor presidente. Luego continuaré.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero.

Intervención de los grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señorías, muy buenos días.

Quiero aprovechar también en esta mañana para felicitar al señor Soria, y por extensión al Partido Popular, por su nombramiento como ministro del Gobierno de España. Aquí le dijimos, le dije al menos yo, que le deseaba suerte y éxito y, si tenía responsabilidades, además de desempeñar la función propia que le asignaran, hiciera de vocero en el Gobierno de España de los intereses, singularidades y peculiaridades de Canarias. Espero que así sea. Tiene representatividad, capacidad y solvencia para garantizarlo. Así que, aunque le felicitaré personalmente, trasládenle ustedes mi sincera felicitación.

Señorías, el señor consejero ha hecho hoy aquí una comparecencia, a petición propia, que entiendo pretende aclarar una polémica, significada por el impacto mediático que ha tenido, sobre las inversiones en un determinado territorio, en este caso Gran Canaria, y las supuestas limitaciones que la tramitación del planeamiento establece para su concreción. Yo creo que el señor consejero dedicó demasiado tiempo a explicar el funcionamiento de las cosas y poco a explicarnos cuál es la situación de las polémicas, ¿no?, y, por lo tanto, no tenemos ahora elementos de juicio, los portavoces, para saber exactamente cuál es la situación de los proyectos que han sustentando la polémica y que motivan, entiendo, su comparecencia hoy aquí. De manera que vamos a tener que hablar de lo general, porque de lo particular va a ser imposible porque no conocemos los detalles.

Yo diría varias cuestiones de orden general. Hay un concepto médico histórico y determinante en el papel de los sistemas sanitarios, que es la medicina preventiva -que luego trataremos en relación a las enfermedades crónicas-, que luego se llevó a la guerra, a la guerra, y hoy hay guerras preventivas. Yo tengo la sensación de que algunos... porque yo me conozco a los actores, como ustedes bien saben. Aquí hay gente que tiene problemas y que quiere resolverlos, que tiene dineros y proyectos para ejecutarlos, y hay gente que pasaba por allí y que se apunta. Y tengo la impresión de que este concepto de la guerra preventiva se va a aplicar en relación a este Gobierno y a los cambios legislativos que se avecinan. Y yo quiero decir -ya conocen mis posiciones en este tema- que nosotros vamos a cooperar, vamos a poner nuestra experiencia, nuestra influencia, al servicio de cualquier proceso de mejora del sistema reglado en la gestión, en el gobierno del territorio, porque sabemos de su importancia para el futuro de esta tierra y sabemos de la importancia del suelo en la economía. Y estaremos siempre al lado del gobierno de turno que intente la búsqueda de la simplificación, de la diligencia, de la transparencia, del respeto, evidentemente, a los procedimientos, a la participación y espero también que al consenso, que es elemento básico que debe imprimirse cuando se toman decisiones que trascienden una legislatura, incluso una generación. De manera que en ese terreno de la cooperación en la búsqueda de más simplificación, más seguridad, más rapidez, nos van a encontrar, porque reconocemos, los que tenemos tiempo en esta actividad, que hay cosas realmente mejorables, hay cosas simplificables, hay cosas que se pueden delimitar con más claridad. Hay procedimientos que se pueden acortar, hay incluso requisitos que se pueden eliminar, fíjense lo que les digo.

Esa es una cuestión en la que nos van a encontrar, colaborando modestamente, como es nuestra presencia en este Parlamento, pero no estamos de acuerdo, no estaremos de acuerdo en la desregulación de uno de los instrumentos básicos para el desarrollo de cualquier territorio, pero lo es más en un territorio insular como el nuestro, que es el gobierno del suelo. El peso específico que en el futuro de un territorio como el nuestro tiene lo que hagamos en él es decisivo. De cómo interpretemos lo que hagamos sobre el territorio tendrá mucho que ver nuestro modelo de desarrollo y nuestro modelo de convivencia. De manera que creemos que las decisiones en esta materia son decisiones que tienen que estar bien sustentadas en un debate amplio, tienen que estar sustentadas en amplios consensos y tienen que tener soportes técnicos suficientes y claros. Porque también les añado que este contexto de crisis es mal momento, mal momento, para promover cambios de orden estratégico, porque la crisis nos obliga a todos, estamos todos angustiados, a promover el cambio, desesperados para conseguir respuestas rápidas, y pudiéramos equivocarnos.

Nosotros vamos a procurar tener la cabeza fría. En el mes de enero, el que les habla y el grupo parlamentario que me acompaña le vamos a dedicar el mes de enero a esto. Le pediremos los papeles, si fuera posible, al señor consejero para aprovechar y estudiar y analizar las cosas. Creemos que las modificaciones se tienen que hacer con rigor, con sosiego, sin presiones, pensando en el presente y en el futuro, teniendo en cuenta el interés general y los particulares, porque en las sociedades democráticas se concilian los intereses particulares con los generales y los empresariales de manera especial, porque tienen impacto en la colectividad. No tienen por qué estar incompatibilizados. Yo no los incompatibilizo, yo los compatibilizo de manera inteligente, y cuando existan contradicciones se subordinan los intereses particulares a los generales. Pero siempre que se pueda encontrar el punto habrá que coincidir. De manera que nosotros estaremos ahí.

Tengo la impresión, y no me alegro de lo que voy a decir y no quiero que los del Gobierno se lo tomen a mal, de que se está trasladando una cierta debilidad del Gobierno al conjunto de la sociedad y, cuando uno traslada debilidad, entonces arrecian los problemas y arrecian los adversarios, y cualquiera es capaz de decir cualquier cosa, y lo digo sin acritud, y no lo digo porque me alegra. A mí me interesa como demócrata, como canario, tener un gobierno fuerte, aunque no sea el mío, y creo que algo de esto está ocurriendo, y me están entendiendo sus señorías que tienen aquí unos cuantos trienios también.

Creo, sinceramente, que la polémica es normal en democracia, que los intereses se expresan de manera muy diversa en las democracias como la nuestra, y lo hemos visto recientemente. Yo creo que desde el Gobierno -y lo ha dicho claro el Gobierno esto- no se va a ceder a nada que no respete la legalidad y cualquier modificación se hará en base a algunos principios en los que podíamos coincidir, pero yo lo que sí creo es que sería bueno también no echar leña al fuego. Y no soy yo de los que rehúyen la pelea cuando hay que pelear, pero cuando hay asuntos de comer en el proceso, es bueno abrir diálogos, abrir espacios de encuentro, y por eso yo me alegré de que el presidente del Gobierno y el consejero Berriel se sentaran con los afectados por esa problemática y busquen el espacio de entendimiento, encuentro y diálogo pertinentes.

Yo me conozco algunos de los proyectos concretos y hay algunos proyectos concretos que si todos ponemos lo mejor de nuestro esfuerzo se pueden desbloquear, porque además tienen proyectos inversores seguros detrás. Hay otros, que también me los conozco, en los que no se ha invertido porque no ha interesado, porque no ha interesado, porque el mercado manda, porque lo que determina la inversión, aunque esta sea una condición que se tiene que dar, no es que estén en el planeamiento los proyectos, lo que determina la inversión es la oportunidad de negocio, la situación del mercado, la disponibilidad de crédito, etcétera, etcétera. Y aquí los que tenemos trienios sabemos que hay inversiones que no se han acometido porque no interesa ni es legítimo. Lo que no parece muy razonable es que a los que tienen proyectos concretos, con las perras en el cajón o el crédito garantizado para invertir, se sumen ahora otras situaciones bastante más discutibles. Como tampoco parece muy de recibo que algunas instituciones, con notable retraso -y hablo de instituciones, después si hay que diseccionar la responsabilidad temporal de cada cual yo no tengo inconveniente-, se sumen al carro, como si no fuera con ellas.

Acabo diciendo: sí a la regulación del planeamiento si esto es para mejorar, para clarificar, para generar seguridad jurídica, para ser diligentes, para facilitar la inversión que interese al conjunto de la ciudadanía; no a la desregulación y no a los ataques preventivos, para facilitar y generar condiciones para que la norma responda, no a los intereses generales sino a intereses minoritarios. ¡Que son legítimos!, no lo discuto; lo que digo es que no deben prevalecer cuanto entran en contradicción con los intereses de la mayoría, y los intereses de la mayoría, hasta que se demuestre lo contrario...

El señor presidente: Un minuto, sí.

El señor Rodríguez Rodríguez: Los intereses de la mayoría los representamos los que aquí estamos: los del Partido Popular, que son un montón; los de Coalición Canaria y el PSOE, que son otro montón, y nosotros, que somos menos pero que estamos ahí. Somos nosotros a los que las leyes, la democracia, nos otorga la responsabilidad de organizar, legislar y gestionar los intereses generales de este pueblo en el ámbito de nuestra competencia, oyendo a los ciudadanos, oyendo a sus organizaciones, siendo sensible con la diversidad, pero nos corresponde a nosotros. Y yo lo que espero es que las polémicas, que son legítimas, que son normales en democracia, no nublen la vista de nadie y que nuestra función de legislar, en este proceso simplificador del que estamos hablando, no perdamos de vista para lo que estamos aquí, que es defender al conjunto, y que no nos dejemos guiar tampoco por los mensajes trucados.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Emilio Mayoral tiene la palabra.

El señor Mayoral Fernández: Gracias, señor presidente. Señorías.

Quiero que mis primeras palabras sean para felicitar al Grupo Popular y, particularmente, al señor Soria por la elección como ministro, nombramiento como ministro, y creo que también es muy interesante para todos nosotros y para toda Canarias. Así que muchas felicidades.

Señoras y señores diputados, la comparecencia del Gobierno para hablar, sobre todo, como ha expuesto mi antecesor en el uso de la palabra, como consecuencia de una polémica que se ha venido generando en los últimos días, en la última semana, en relación a proyectos empresariales y que están ligados, como no podía ser de otra forma, con el planeamiento, supone... O quiero referirme a los antecedentes de una comparecencia anterior solicitada por mi grupo, en la cual ya le decíamos al consejero las dificultades que se planteaban en relación a las adaptaciones de los distintos planes generales urbanísticos a la Ley de Directrices. Allí, en esa comparecencia, les recuerdo que analizamos las causas y dijimos que, de alguna manera, todos somos responsables de las causas, puesto que las causas no son de una u otra forma, lo que indican los procedimientos administrativos aprobados por esta Cámara, y además por unanimidad, y que, por lo tanto, todos debemos cumplir.

Por lo tanto, cuando hablemos de causas en los retrasos, pues, tendremos que decir que es que los retrasos los hemos fijado nosotros al establecer los mecanismos por los cuales se siguen los procedimientos administrativos en materia de planeamiento.

La legislación establece, efectivamente, unos procedimientos, que han sido regulados y han sido modificados por la Ley 6/2009, de Medidas Urgentes, en algunos aspectos que han tratado de agilizar y de intentar resolver algunas de las cuestiones que la legislación nos estaba planteando y que, por lo tanto, queríamos resolver. Pero no es suficiente y por eso se anuncia ahora una nueva reforma.

Señorías, el planeamiento es complejo. Solamente hay que ver las fases por las cuales tiene que atravesar un plan. Hay que hacer un procedimiento de inicio de expediente, que es el primero; posteriormente, hay que hacer un avance; sendas comisiones de seguimiento para aprobar el avance; una vez aprobado el avance, tenemos que redactar la memoria ambiental; la memoria ambiental tiene que ser aprobada por el Consejo de Gobierno, en este caso del cabildo insular, si es planeamiento insular; después tiene que ser mandada, enviada a la Cotmac; la Cotmac puede poner o no las trabas correspondientes para que sea modificada; después hay que aprobar la memoria ambiental en la Cotmac; una vez aprobada la memoria ambiental, hay que hacer la aprobación inicial; la aprobación inicial tiene que salir a información pública por espacio de dos meses; hay que pedir informes a todas las administraciones implicadas, que al final son 30 o 40, entre distintas sectoriales y distintas administraciones; una vez aprobada la aprobación inicial, información pública, tiene que hacerse una aprobación provisional en el pleno correspondiente del cabildo; una vez aprobada provisionalmente, tiene que enviarse a la Cotmac; previo informe de nuevo, tienen que corregirse todas las cuestiones y se aprueba ya al final definitivamente; y luego al cabo de un par de meses sale publicada en el boletín oficial de la comunidad. Este es el procedimiento. El procedimiento que con los meses de información pública, etcétera, etcétera, nos lleva al transcurso de tres años, como mínimo, y a veces teniendo que suspender plazos para cumplir la ley.

Estas son las causas del retraso, pero esta es la normativa que tenemos; por lo tanto, con esa normativa tenemos que funcionar.

Efectivamente, el planeamiento insular, el planeamiento insular de Gran Canaria tiene 64 planes en desarrollo. Así se aprobó el Plan Insular de Gran Canaria en el año 2004, con 64 planes. Yo estoy en disconformidad con que esto se hubiera hecho así, pero es lo que me encontré cuando fui consejero de Política Territorial. Y de esos 64 planes se iniciaron, se habían iniciado 2 anteriores al 2007 y el resto, los otros 22, se iniciaron a partir del 2007 hasta el 2011, hasta mayo del 2011. De esos 23, 10 prácticamente están aprobados definitivamente por... -prácticamente no, provisionalmente, perdón- por el cabildo. De ellos pasaron a la Cotmac esos 10 y ya 5 la Cotmac los ha aprobado definitivamente, 3 publicados y 2 pendientes de publicación, y alguna pequeña corrección técnica, como es el Ptoti y el Plan territorial parcial 8 de Playa del Inglés.

Por lo tanto, eso es lo que hay y, como comprenderán, desarrollar 63 planes, cada uno con todo el procedimiento que antes he elaborado, son causas de retraso ya sobre la marcha, porque además nos los van marcando los plazos.

De todas formas la revisión del PIO, que está acometida, por lo menos lo que yo dejé encargado, fue que se desarrollasen solamente 32 planes, de los cuales 23 ya estaban en marcha, con lo cual quedarían 9 más por desarrollar y así se acabaría el planeamiento de la isla. Espero que esa revisión se lleve a buen puerto, se presente próximamente y tengamos algo más razonable dentro de lo que es el planeamiento insular.

Pero a lo que íbamos: ¿cuál es el problema, el problema, además de estas causas que he citado y que son las que nos hemos dado entre todos, porque además aquí se aprobó por unanimidad todo este procedimiento? Pues las causas relativas a los efectos que tienen estos retrasos y esta falta de planeamiento es que los proyectos empresariales, algunos sujetos al planeamiento, no se pueden llevar a cabo. Y voy a concretarme en algunos que han salido en la polémica. El centro comercial de Gáldar, que se corresponde con el Plan territorial parcial 14 de centralidad Guía-Gáldar. ¿Cuál es el problema que tiene ese plan? Ese plan el único problema que tiene es el desvío, porque es mucho más del centro comercial. El plan es mucho más amplio, coge dos municipios que se tratan de unir en una conurbación urbana y, por lo tanto, mucho más de lo que es el centro comercial. ¿Pero cuál es el problema que tiene? Que el plan establece, el plan insular establece por mandato que haya que separar la vega agrícola de la zona de Gáldar de la zona urbana y, para separar la vega agrícola de la zona urbana, hay que establecer una barrera física, que es la carretera que tiene que integrar o envolver al centro comercial e integrarlo en el barrio urbano. Bien. Esto lo marcó el plan insular. Es verdad que nosotros intentamos, porque sabíamos que iba a haber dificultades, resolver eso a través de una circunvalación del propio centro comercial que evitara tener que hacer el desvío de la carretera. Pero estaba tan claro en el plan insular que cuando lo llevamos a la Cotmac, la Cotmac nos dijo, "no, hay que cumplir estrictamente lo que dice el plan insular del año 2004", y tuvimos que volver a reformarlo y poner ese desvío de la carretera.

Bien. ¿Cuál es la solución que nosotros dimos? Pues la solución que dio en ese momento el Cabildo de Gran Canaria fue que el cabildo se compromete a poner un tercio de los fondos para desviar esa carretera. "Señores propietarios, ¿están dispuestos ustedes a poner otra cantidad?, y el Gobierno está dispuesto a eso y de esta manera llegamos a un acuerdo, sí o no?". Al parecer no se llegó a un acuerdo y ese es el problema que subsiste. Es verdad que ha habido conversaciones, y hubo conversaciones en las que yo participé, entre el cabildo, el Gobierno y la propiedad para intentar resolver esa cuestión, que hoy solamente se puede hacer volviendo a la modificación del plan insular y tratando de que el plan insular no mandate el desvío de la carretera. Esa es la solución a este problema.

Segundo, los problemas de los puertos deportivos. Los puertos deportivos están sujetos, por mandato también imperativo del PIO, al desarrollo de al menos tres planes territoriales, tres planes territoriales: uno relativo a la zona de Anfi Tauro, otro relativo a la zona de Bahía Feliz y otro relativo a Meloneras-Pasito Blanco. Muy bien. En este caso, esos tres puertos deportivos, en el caso de Bahía Feliz concretamente no sería necesario realizar ningún plan, puesto que la concesión administrativa del Gobierno de Canarias es anterior a la aprobación del PIO, y podía haberse hecho. A veces, a veces, se protesta cuando se podían haber realizado ya algunas ejecuciones, algunas obras. Ese, concretamente, se podía haber realizado y de hecho ha habido transmisiones de las concesiones entre el concesionario original y el que hoy la posee. Luego, hay que decir las cosas como son y en ese caso ese puerto deportivo podía haberse realizado. En los casos de Pasito Blanco y Meloneras han estado sujetos a un contencioso entre ambas partes, Pasito Blanco y Meloneras, porque ambos querían tener la concesión para hacer su respectivo puerto deportivo, que es imposible hacer los dos al mismo tiempo. O hay una ampliación de Pasito Blanco o hay un puerto en Meloneras, pero no se puede poner uno enfrente de otro. Y en el caso de Anfi Tauro se está desarrollando un plan que además es a iniciativa de la parte privada y que ella va marcando los ritmos en función de lo que va presentando, y el cabildo, que lo que hace es tramitar ante el Gobierno el conjunto del plan.

Esos son los temas como están en relación, proyectos empresariales, en relación al planeamiento. ¿Que es verdad que tenemos que agilizar todos los procedimientos?, de acuerdo, cámbiense las normas, pero mientras las normas estén, la gestión que hay que hacer es esta.

Quiero decir que yo he estado en la Cotmac cuatro años y tiene razón el consejero cuando dice que la Cotmac es un órgano colegiado, plural, donde forman parte representantes de las distintas administraciones, cabildos y el Gobierno, de distintos colores, como éramos allí, y tengo que decir, y es verdad, que los temas principalmente, casi con carácter general, se aprueban por unanimidad. Pocas veces ha habido discrepancias y, cuando las ha habido -tengo que romper una lanza-, es porque he visto cómo el Gobierno me ha apoyado, cuando yo era consejero del cabildo, en algún plan concreto, frente a otra tesis del propio Gobierno. Pero en general se aprueban por unanimidad.

Cuestión distinta son las ponencias técnicas que elevan los informes, porque, efectivamente, hay dos ponencias técnicas. Frente a un solo órgano, que es la Cotmac, política, existen dos ponencias técnicas, formadas por técnicos: una de la ponencia oriental y otra de la ponencia occidental. Yo no tengo por qué dudar de que unos técnicos sean más flexibles que otros en sus informes. No sé si es que la ponencia oriental tiene más laxitud. No lo creo, yo creo que al final habrá técnicos, pues, más, menos, pero en ambos sitios estarán mezclados. Por lo tanto, no lo creo, pero en cualquier caso revísese, si eso ocurre. Yo no soy de los que creo que se favorezca más a un sitio, se favorezca más a otro, teniendo la misma normativa y teniendo los mismos procedimientos que cumplir ambas, cualquier planeamiento, sea del Cabildo de Tenerife o sea del Cabildo de Gran Canaria.

Y, señoras y señores diputados, vamos a ver el fondo de la cuestión. Es verdad que hay una crisis económica, pero no todo vale, no todo vale...

El señor presidente: Sí, don Emilio, un minuto para concluir.

El señor Mayoral Fernández: Muchas gracias, señor presidente.

No todo vale. Miren, a mí me han llegado muchos proyectos diciendo "es que esto son 900 millones de euros los que se van a invertir; ya sabemos que es suelo rústico, que está protegido, pero suspéndase por el artículo 47, porque esto es un interés general, que hay que crear empleo". Bueno, ¿y cuál es la cantidad límite que hay que poner para el interés general, 900 millones, 500, 100, 1.200? ¿Está en función de saltarnos el planeamiento el número o cantidad de dinero que se va a invertir? Yo creo que ese no es el tema. Yo creo que las normas hay que cumplirlas, que hay que agilizar los procedimientos, que hay que mejorar el entendimiento entre administraciones y los informes técnicos contradictorios que a veces se producen, pero lo que es evidente es que las normas y las reglas del juego tienen que ser iguales para todos.

Y, por lo tanto, yo lo que sí le digo al consejero es, busquemos la forma de salida de estos problemas, pero también respetemos el interés general por encima de los intereses particulares.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Emilio Mayoral.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña María del Mar Julios Reyes.

La señora Julios Reyes: Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.

Permítanme también, en mis primeras palabras, pues, felicitar al Grupo Popular, como lo he hecho también en privado, por el nombramiento de su presidente como ministro del Gobierno de España, y además yo creo que en un área tan importante para Canarias. Con lo cual, bueno, pues, yo creo que también nos tenemos que felicitar todos por que Canarias tenga, pues, un ministro, ¿no?, en este caso un ministro canario.

En segundo lugar, y ya entrando en tema, señorías, pues, agradecer también al consejero el que haya pedido a iniciativa propia esta comparecencia, porque sin duda este es un tema que ha generado y generará mucha polémica siempre, pero es verdad que además se produjo una polémica especialmente, pues, una semana antes de las anteriores elecciones generales. Ya no estamos en campaña electoral y evidentemente este es un tema que, en todo caso, hay que tratarlo, como han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, con tranquilidad, con sosiego, porque no se pueden tomar decisiones equivocadas en esta materia y yo creo que es necesario, de todas formas, aclararlo para tranquilidad de los grancanarios y grancanarias.

Con carácter general, señoría, yo creo que, efectivamente, el binomio territorio y desarrollo sostenible es complejo en general, pero más cuando el territorio es escaso, como ocurre en las islas y como ocurre en Gran Canaria, y más cuando además, por interés general, gran parte del territorio también está protegido, porque si no nos quedamos sin el territorio, y más complejo es aún cuando gran parte de nuestro desarrollo económico, pues, desgraciadamente se ha focalizado y se ha basado precisamente en el consumo del territorio.

El tema es complejo, evidentemente, y hay que abordarlo, y abordarlo implica que no solo sean los inversores sino toda la sociedad en su conjunto la que tenga información y especialmente creo que es responsabilidad de las distintas administraciones que tienen competencia en esta materia. Están obligadas a compartir la información y además a trasladarla verazmente a la sociedad, porque, si no, desde luego la confusión y la incertidumbre que se genera entre unas administraciones y otras, culpándose de la imposibilidad de desarrollar una inversión privada, e incluso, sin ponernos de acuerdo, si es de interés general o no dicha inversión, genera verdaderamente una confusión, que genera gran impotencia en general en la ciudadanía.

Estamos de acuerdo en que hay que tomar decisiones, pero desde luego hay que tomarlas en base o conforme a la legalidad vigente y desde un posicionamiento político claro, que con carácter general quiero trasladar cuál es el posicionamiento en este sentido de mi grupo. Señor consejero, si una inversión, conforme a la legalidad, conforme al ordenamiento vigente, se pierde por culpa de la maraña burocrática, por culpa de la descoordinación entre las administraciones, esto, sin duda, señor consejero, hay que resolverlo. Hay que sentar a todas las administraciones correspondientes y, a su vez, insisto, trasladar verazmente la información a la opinión pública. Si es el cabildo, fuere el que fuese, si es un ayuntamiento, fuere el que fuese, el que pone impedimentos porque no tiene resuelto su planeamiento, desde luego lo primero es apoyarle para que se resuelva y se haga conjuntamente, si es necesario, ese planeamiento; pero también digo, señoría, si no hay la colaboración necesaria, si se rechaza la colaboración, si no hay la lealtad institucional necesaria para abordar temas de complejidad con competencias compartidas o si la estrategia es el enfrentamiento por el enfrentamiento, que muchas veces es una huida hacia adelante, señorías, generando además mayor confusión en la ciudadanía, eso sí que creo que hay que denunciarlo, señor consejero.

Pero también quiero decir con claridad: si lo que se pretende detrás de todas estas polémicas es saltarse la legalidad vigente o abolir los criterios de planificación y de ordenación, que si hay que mejorarlos que se mejoren, pero lo que no se puede es abolirlos o abolir la obligación que tiene la Administración de proteger el territorio, porque alguien lo tiene que proteger, y esa es una competencia de las administraciones, para terminar -si me permiten la expresión- azulejeando hasta el mismísimo roque Nublo, con eso desde luego no van a contar con el apoyo del Grupo Nacionalista. Nuestro grupo está absolutamente en contra de que se bloqueen inversiones que están conforme a la legalidad vigente y son compatibles, y pueden ser, con el interés general, pero desde luego también estamos absolutamente en contra con que no haya regulación sobre el territorio, porque para nosotros el territorio es un elemento fundamental para el desarrollo de Canarias.

Por eso, señorías, también creo que no se puede tratar con frivolidad ni trivializar las consecuencias de no actuar responsablemente en una materia tan compleja. Y la hemos vivido, la estamos viviendo, las importantes consecuencias indemnizatorias que tiene para las arcas públicas cuando no se toman las decisiones correctamente, y las hemos vivido en muchos ámbitos, pero especialmente en la isla de Gran Canaria, y especialmente, pues, quiero recordar aquí lo que significa para las arcas públicas, por ejemplo, el edificio del Canódromo -todos me entienden y voy a usar los nombres comúnmente conocidos-. El edificio del Canódromo: ¿a dónde nos ha llevado, a dónde nos ha llevado? A tener ahí, pues, probablemente una repercusión importante en indemnizaciones que luego tiene que pagar la Administración. O lo que supuso el número de plantas por encima de la legalidad vigente del edificio de la Policía Nacional que está en la avenida Marítima; o lo que ha supuesto también la biblioteca del Estado. Señorías, tomar decisiones, sí, pero tomemos decisiones adecuadas, porque, si no, la repercusión en indemnizaciones es millonaria para las arcas públicas, que tienen al final que pagar los ciudadanos. Señorías, estamos hablando en este sentido de que eso sí que es perder el tiempo y, además, con consecuencias después importantes para el dinero público.

En los temas concretos que han salido en los medios de comunicación, yo quiero comentar algunos temas y preguntarle, señor consejero. Vamos a ver, desde el 2004 hay un Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria: ¿cómo es posible que solamente se hayan aprobado tres planes en la anterior legislatura? ¿En la otra qué ocurrió?: cero, cero, aprobación de ningún plan en la época en que el Partido Popular tenía mayoría absoluta en el cabildo. De los 65 planes solamente se han aprobado 3. Yo me pregunto: ¿qué es lo que está ocurriendo en el Cabildo Insular de Gran Canaria?, ¿cómo es que han pasado siete años para que desde el cabildo no se haya concluido todo el trámite de regular y ordenar el territorio en el ámbito insular? ¿Esta misma situación, este mismo retraso, se da en el resto de las islas? Porque es que este puede ser un elemento importante de por qué no se pueden orientar adecuadamente determinadas inversiones. Concretamente, en relación al centro comercial del municipio de Gáldar, entiendo, señorías, que el papel del Gobierno es controlar la legalidad, que se haga sobre la legalidad, sobre la oportunidad estratégica, pero que tendrá que estar recogido en el PIO y en el plan territorial, en el llamado PTP-14. Me parece que en este sentido se está involucrando el Gobierno para, conjuntamente con las administraciones y con los propios interesados, buscar una solución, pero creo que desde luego tiene que ser conforme a la legalidad y desde luego tienen que derivar, estar claras cuáles van a ser las responsabilidades de quién tiene que financiar el coste de modificar el trazado de la carretera, en este caso la GC-2.

En relación a los puertos, los puertos deportivos, preguntarle cómo van los PT, creo que son el 27 y el 28, que es competencia del cabildo el desarrollarlos. Creo que se está trabajando conjuntamente. Preguntar en este sentido qué información se tiene, cómo están contemplados estos puertos en estos PT. Y desde luego esperar que se esté trabajando conjuntamente con el cabildo.

Pero, para concluir, hay algo que también me preocupa tremendamente, además del gran retraso en el planeamiento insular que acabo de comentar. Es que, desde mi punto de vista -y corríjame, si me equivoco, señor consejero-, el panorama en cuanto a los niveles de planeamiento municipal en la isla de Gran Canaria es dantesco, es dantesco. Tenemos, municipios turísticos, que son la base del motor del desarrollo económico, Mogán: hasta donde yo sé el planeamiento vigente es del año 87, 1987, del siglo pasado. Me parece que tenía un desfase de 24 años. ¿Tiene culpa el Gobierno de que Mogán no tenga un plan de ordenación adecuado al siglo actual? O San Bartolomé de Tirajana: 12 años de desfase en el municipio turístico, el motor de nuestra economía en Gran Canaria y el municipio turístico yo diría que por excelencia de toda Canarias.

Me pregunto en este sentido, también aprovecho la oportunidad, por el Plan de ordenación del...

El señor presidente: Sí, tiene un minuto para terminar, doña María del Mar.

La señora Julios Reyes: ...del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, porque también es un municipio que necesita ordenar su territorio para poder estratégicamente avanzar desde un punto de vista de desarrollo social y económico. Y he puesto algunos ejemplos que no se pueden seguir permitiendo: el Canódromo... en fin, toda una serie de decisiones tomadas por los gestores en un momento dado que han acarreado importantes daños a las arcas públicas municipales. Me gustaría saber qué información se tiene sobre ese planeamiento.

Y concluyo, señorías, yo creo que es importante que se lidere por parte del Gobierno, bueno, pues, lo que creo que ya, la decisión que ya se ha tomado por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé, que es, pues, realizar, conjuntamente con el Gobierno, el planeamiento municipal. Me parece que eso es importantísimo, que se trabaje conjuntamente con las administraciones locales. Pero desde luego la ciudadanía de Gran Canaria tiene que saber esto: si las inversiones se van de la isla de Gran Canaria es en ocasiones, señorías, porque muchas veces los distintos gobiernos municipales o insulares no han acometido en tiempo y en forma...

El señor presidente: Muchas gracias, doña María del Mar.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Jorge Blanco.

El señor Jorge Blanco: Gracias, señor presidente.

Ciertamente debemos estar todos satisfechos por el nombramiento del señor Soria como ministro de Industria, de Comercio y, especialmente, como ministro además de Turismo. Todos los grupos parlamentarios lo han expresado así, nosotros lo agradecemos expresamente en nombre del Partido Popular, y, de verdad, creo que hasta el propio presidente del Gobierno, responsable directo de Turismo en el Gobierno de Canarias, debe ser el primer satisfecho por tener ya, no solo un interlocutor director con el señor Rajoy, sino otro interlocutor, como el señor Soria. Creo que es para estar todos -insisto- satisfechos.

Se ha producido, efectivamente, en las últimas semanas, en los últimos meses, una crítica generalizada por parte de determinados promotores, por parte de empresarios, de diversa índole, en Gran Canaria en relación con la paralización de determinados proyectos empresariales en la isla de Gran Canaria. Ellos alegan, señor consejero, diversos motivos, que se pueden resumir en uno o, mejor, en dos, en dos motivos. En primer lugar, una legislación territorial abusiva, enrevesada, complicada, que impide, en definitiva, que los proyectos terminen, insisto, en solicitudes de autorizaciones y licencias, en plazos razonables. Y en segundo lugar alegan una falta de decisión política que ponga remedio a este dislate. Dicen que existe un gobierno indolente para poner remedio a este asunto y resolver cuestiones lo antes posible, permitiendo, insisto, que proyectos tan importantes para Gran Canaria, proyectos generadores de empleo para Gran Canaria, salgan adelante.

Siempre he dicho en esta tribuna, señorías, que la legislación territorial de Canarias es mala. Es mala por intervencionista, es mala por compleja y es mala por confusa, más allá de los límites tolerables o razonables. Es una legislación que exige a todos -administraciones públicas y particulares- tales requerimientos que ahuyenta a cualquier inversor en Canarias. Incumplir los plazos de la legislación territorial es la norma habitual en nuestro archipiélago. Pero también he dicho en esta tribuna que la legislación es mala desde el inicio, desde que se formuló y desde que se aprobó. Es mala la ley del año 2000, la del Texto Refundido, y son malas las Directrices del año 2003, por intervencionistas y sobre todo por inconcretas. Y si lo eran antes lo son evidentemente ahora. No es que ahora, con la crisis, las normas no sirvan y antes sí servían; el problema fue que cuando las vacas eran gordas nadie, ni los empresarios ni las autoridades, se acordaba y es ahora cuando todos ponen el grito en el cielo para cambiarlas. Pues, ¿saben lo que les digo?: que bienvenida la crisis, que esta haya servido para que exista un consenso generalizado en esta Cámara para poder reformar los textos legales. Hasta los socialistas aplauden sin el menor recato hoy lo que ayer denigraban.

Ayer el señor Rivero, señorías, en su intervención por la mañana, ante una pregunta parlamentaria de la portavoz del Partido Popular, vino a decir que él y su Gobierno son los adalides de la defensa del interés general, acusando al Partido Popular de estar al lado de los empresarios y particulares que defienden su interés particular para amasar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Señorías, ¡qué declaración más impropia de un presidente del Gobierno!, ¡qué desacertadas fueron sus palabras! El señor Rivero no midió bien sus palabras ayer por la mañana. Es que un presidente del Gobierno que está a la altura de las circunstancias no habría dicho declaraciones de ese tipo. Miren, yo tengo un respeto enorme por la figura del presidente del Gobierno de Canarias, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista personal, pero ayer les he de decir, señorías, que sentí vergüenza del presidente de todos los canarios, que también es mi presidente. Este señor no se ha enterado de que en Canarias hay 266.000 personas desesperadas buscando un empleo. Desde la atalaya de su búnker de la Presidencia no se da cuenta de nada. Vive en otro mundo y no se da cuenta de que una de sus tareas fundamentales es remover todos los obstáculos, entre los que están estos, para que todos los canarios puedan tener un empleo digno. Y también debe trabajar para que los empresarios, que son tan canarios como él, esos con los que se reunió el otro día y todo fueron sonrisas, y que según él son los que amasan mucho dinero en poco tiempo, también puedan desarrollar sus proyectos. Tengo curiosidad por saber qué piensan los empresarios, esos que amasan mucho dinero en poco tiempo, la opinión que sobre ellos tiene el señor presidente del Gobierno.

Y para terminar su lamentable intervención, viene a acusar al Partido Popular de ser el responsable de los 5 millones de parados en España. ¡Eso ya es de traca, señorías!, ¡un disparate! Miren, fíjese que fue tal el disparate que no mereció ni un solo aplauso de los diputados de su Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Únicamente algunos conversos del Partido Socialista aplaudieron a rabiar semejante tontería.

Señor Berriel, de 88 municipios de Canarias solo 22 tienen desarrollado su planeamiento, es el 25%, y han pasado ya ocho años de la aprobación de las Directrices: 10 en Tenerife, 6 en La Palma, 3 en La Gomera, 2 en Gran Canaria y uno en Lanzarote. Digo yo, algo se habrá hecho mal. 19 planes aprobados en las islas occidentales y 3 planes aprobados en las islas orientales. ¿Es esto una casualidad? ¿Será que los municipios orientales, sus ponencias técnicas y sus servicios técnicos... los municipios orientales, perdón, son más incompetentes que los municipios de las islas occidentales, sus dirigentes, sus responsables técnicos? ¿O será que los servicios técnicos de la consejería de una isla o de una provincia utilizan criterios y diferentes varas de medir en detrimento de otros servicios técnicos situados en Gran Canaria? ¿O será que hay motivaciones políticas para que esto ocurra -no por usted, sin duda no por usted, sino por otros-? Mire, para ser sincero, yo no lo creo, no creo que haya motivaciones políticas, pero la realidad, señor Berriel, es que los proyectos y los planes de Gran Canaria tardan más que otros en resolverse. Y eso es malo. Mire, tan malo como que las dos capitales de Canarias no tienen su plan definitivamente aprobado; o peor aún, ya lo dijo la señora Julios, que tres de los cuatro municipios turísticos más importantes de Canarias no tienen aprobado ni siquiera su avance de plan general, con lo que eso supone de restricción y paralización de la actividad económica de un sector vital para Canarias.

Señor Berriel, ¿es normal que el Ptoti de Gran Canaria tarde ocho meses desde que lo aprueba el cabildo provisionalmente, se lleve a la Cotmac y, cuando se pone en el orden del día, encima le ponen reparos? ¿O que el Plan de rehabilitación de Playa del Inglés tarde siete meses en ponerlo en el orden del día de la todopoderosa Cotmac? ¿O que el Plan agropecuario se apruebe provisionalmente por el cabildo el 26 de noviembre de 2010 y la Cotmac lo venga a suspender el 17 de octubre de 2011 para correcciones y enviarlo al cabildo -un año después-, señor Berriel? ¿O que el PTP-14, del que hemos hablado, de la centralidad de Guía y Gáldar, que lleva ocho meses pendiente de aprobación en los despachos del Gobierno? ¿Es posible que los planes del cabildo, de vital importancia para el desarrollo de Gran Canaria, se paralicen porque los técnicos discuten eternamente acerca del alcance del significado, por ejemplo, de lo que significa "planta alojativa"? ¿O que no sea una decisión política sino técnica la que decida cuál es el porcentaje del uso residencial en suelo turístico? Son discusiones, señor Berriel, muchas veces bizantinas, que impiden aprobar en tiempo los planes previstos.

Aquí nadie, señor consejero, señorías, pide saltarse la ley. Nadie pide no cumplir la ordenación del territorio. Al menos el Partido Popular no lo pide. Lo que pedimos y reclamamos del Gobierno es, frente a la indolencia, iniciativa política. ¿Por qué no habilitamos el mes de enero para traer el proyecto de ley de armonización del territorio? Frente al temor a las críticas, valentía en asumir decisiones arriesgadas pero necesarias; frente a la parálisis y la enorme burocracia, decisión, simplificación, clarificación y supresión de lo innecesario y de lo superfluo. Si es así, señor consejero, señores del Gobierno, va a tener todo el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Ya se lo he dicho el otro día y el otro día y el otro día: va a tener a 21 diputados votando a favor de la nueva ley de armonización del territorio, y los va a tener nos guste más la ley o nos guste menos la ley, porque estoy seguro de que siempre va a ser mejor lo que traiga que lo que hay. No va a tener problemas, señor Berriel, con la bancada que tiene usted enfrente, porque siempre iremos de cara, pero, amigo, cuídese de la que tiene detrás: a lo mejor le va a dar más problemas de lo que usted prevé.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Miguel Jorge.

Para concluir la comparecencia, señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Ordenación del Territorio, don Domingo Berriel.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente. Señorías.

Bien. Además de contestar a los grupos, voy a intentar que en esta ocasión pueda referirme expresamente a los proyectos que más, al menos mediáticamente, se han puesto sobre la mesa como sufridores de determinadas dificultades, aunque ya el señor Mayoral hizo aquí un repaso, que suscribo y que prácticamente merece poco completar.

Claro que ha habido un ataque preventivo. Si no, ¿cómo se entiende que, si el problema viene tanto de atrás, se concentre en un momento determinado precisamente y se inicie precisamente para tratar de conseguir exactamente lo que se quiere en un sitio determinado en contra de los acuerdos y las decisiones que institucionalmente ya se habían tenido con los empresarios? ¿Por qué inmediatamente, además, no se suman todos esos empresarios quienes desde hace muchísimos años, según ellos, están teniendo problemas precisamente con el planeamiento insular para poderlo llevar adelante y no se les oye ninguna crítica al planeamiento insular sino al Gobierno, a quien se le piden exclusivamente medidas excepcionales? Y saben sus señorías que las medidas excepcionales van contra el principio de igualdad. Tienen justificación exclusivamente, exclusivamente, cuando se trata de salvaguardar intereses exclusivamente generales de forma muy clara, de interés expresamente necesario para la colectividad.

Mire, vamos a ver, la implantación del centro comercial de Gáldar en La Longuera. ¿Cuál ha sido el problema? Aquí se ha dicho: hay un plan insular que dice cómo se tiene que ampliar, es decir, conquistar una parte de suelo que era agrícola para pasarlo a la trama urbana, y el plan insular dice: para que eso sea así, es necesario establecer una frontera clara entre la zona agrícola y la zona urbana y, por tanto, hay que desviar la carretera. Carretera que ya había hecho la Administración pública y que lógicamente ese desvío de la carretera tiene que ser sufragado no por fondos públicos o, en principio, no por el departamento de carreteras. Ese es el problema de todo este asunto, porque a raíz de ahí el cabildo insular, para cumplir con lo que dice el plan insular, efectivamente hizo su plan territorial especial, el PTP-14. Pero cuando llega a la Cotmac ese PTP-14 no se determina ni quién paga esa operación ni en qué plazos hay que hacerlo y la Cotmac lo que le dice, cumpliendo estrictamente la legalidad, es, tienen ustedes que decir quién paga esto y tienen ustedes que decir, tienen ustedes que poner esto desde el principio, porque el proceso urbanizador va por delante del proceso de edificación. Y de ahí viene todo el problema: el promotor, que no quiere pagar ese coste porque no le sale la operación con esa inversión tan enorme. Y entonces la Administración le hace un ofrecimiento, entendiendo que hay un interés general también detrás del interés particular ese, y ponderadamente el cabildo se ofrece, efectivamente, a decir, para viabilizar esa operación, que es buena para todos, buena para el interés particular y también para el interés general, yo creo que con gran generosidad dijo el cabildo: aportaremos el 30%. El Gobierno no dijo cuantía, pero también dijo que ayudaría en lo posible.

Y en ese tema estábamos trabajando, así se estaban llevando las cosas, cuando el promotor tuvo una reunión otra vez con el Gobierno para decirle que el nuevo grupo político que gobierna el Cabildo de Gran Canaria dice que no hay que cambiar la carretera ahora, que lo que hay que adoptar es una medida excepcional de suspender el planeamiento y punto, y así no hay que gastar nada y ponerlo allí. Y eso no es posible, no es posible que el Gobierno pueda atender ese tipo de situaciones así, porque tienen todos que saber que, detrás de esa decisión, cualquier decisión que se tome ahí, va a haber un recurso, ya anunciado no solo por los grupos ambientalistas sino también por todos los que están en desacuerdo en que se use ese suelo agrícola para este asunto. Por tanto, ¿qué ha dicho la Cotmac?: cúmplase rigurosamente lo que dice el plan insular. Traigan el PTP ajustado al planeamiento insular.

Hemos estado y seguimos estando abiertos a cualquier tipo de negociación. El Gobierno no va a contradecir ni un ápice el modelo territorial que el cabildo aporte en este asunto, pero tiene que aportarlo por los procedimientos legalmente establecidos.

La implantación de El Corte Inglés, que también salió a colación, en Meloneras. Sin perjuicio de la cantidad de años que ya se llevaba discutiendo -el ayuntamiento y los promotores- sobre dónde tenía que ir el plan, cuestión ajena absolutamente al Gobierno, la única solicitud que se ha hecho en ese sentido al Gobierno es, aplicando, precisamente, la posibilidad que da la Ley de Medidas Urgentes, se solicitó pasar de un suelo con posibilidad alojativa, un suelo turístico alojativo, a un suelo turístico comercial, pero el único problema que existe es que el promotor, según los informes municipales y según todos los informes recabados, no había cumplido totalmente con sus deberes urbanísticos y, si no se cumple con los deberes urbanísticos, no se pueden tener derechos urbanísticos. Y lo que se le ha dicho es, cumpla primero con los deberes urbanísticos que luego no hay ningún problema en cambiar el uso, atendiendo a lo que dice el artículo 17.2. Por tanto, la solución está en manos del promotor.

Los puertos deportivos de Bahía Feliz. Mire, al puerto deportivo de Bahía Feliz se le otorgó la concesión en el año 2003. Hasta el año 2007 no hicieron absolutamente nada. En el año 2007 vendieron la concesión, la trasladaron, la traspasaron. Se podía haber hecho el puerto de Bahía Feliz, pero no se hizo. En estos momentos, efectivamente, el plan insular dice que hay que hacer un plan territorial especial, lo dice el plan insular. Plan insular que, insisto, desde el año 2004 en que se promovió hasta el año 2007 no se movió un papel en él y, por tanto, no se desarrolló. Y esto lo saben los empresarios, que no se desarrolló nada, lo saben, pero es más fácil disparar contra el Gobierno para decir que adopte una medida excepcional. Y, efectivamente, el promotor pide ahora una medida excepcional cuando no ha sido capaz de aportar ni siquiera al ayuntamiento un cambio de viario que necesita para sus nuevas pretensiones. Ha tenido que ser el Gobierno el que se ha dirigido al ayuntamiento para resolvérselo. El Gobierno está estudiando una medida que permite la Ley de Puertos de Canarias para ver si es viable hacer ese puerto, sin necesidad ahora de tener que esperar por el planeamiento insular, dormido todavía, durmiendo todavía el sueño de los justos.

El puerto deportivo de Meloneras. El puerto deportivo de Meloneras, como se ha dicho aquí, ha estado parado, no por un problema de planeamiento, que también, pero hasta ahora no había surgido ese problema de planeamiento, sencillamente porque estaban peleando los promotores por quién es el que tenía derecho a hacerlo. Y ha sido en septiembre del año 2007 cuando el Tribunal Supremo ha desbloqueado o ha asignado a una de las partes el derecho. Desde ese entonces hasta aquí, o mejor dicho, desde un año hasta aquí se ha pedido que completen el expediente para la declaración de impacto ambiental. Cuestión que no había hecho el promotor, según confiesa él mismo, porque, como estaba en litigio, para qué lo iba a estar haciendo. También necesita de planeamiento. También el promotor, dado que el cabildo no ha resuelto ese planeamiento, el promotor, como entiende que el cabildo tardará mucho en hacer ese planeamiento, le pide una medida excepcional al Gobierno. Medida que se está estudiando, que no se le ha dicho que no, que se está estudiando para poder hacerla. Por tanto, es el Gobierno el que está tratando de remover todos los obstáculos, señoría. Yo espero que todas las administraciones hagan lo mismo y también colaboren con el Gobierno para remover obstáculos, y no tenga el Gobierno que estar trayendo aquí medidas excepcionales, medidas como las de planeamiento supletorio. Que, por cierto, cuando se trajeron aquí se dijo, de forma muy aireada, o muy airada, se dijo que el Gobierno invadía competencias de los municipios con esta medida. Imagínense si, por un lado, se dice que ante cualquier medida se invaden competencias de ayuntamientos o cabildos... Espero que con la nueva ley, que efectivamente trabajaremos en el mes de enero de forma activa con todos ustedes, espero que sepan comprender las cuestiones estas que choquen con las competencias municipales.

El puerto deportivo de Anfi Tauro. Ese plan territorial fue, efectivamente, a la Cotmac, pero resulta que el puerto deportivo de Anfi Tauro, la mitad de la propuesta, de la elección que se había hecho, está en un lugar de interés comunitario, hoy zona de especial conservación de aves. Estaba abierto un expediente de infracción en Europa y lo que se ha dicho es, "mire, sáquelo de ahí para poder aprobarlo de forma inmediata". Hace un par de días han mandado a la Cotmac, y ya mañana va, precisamente el informe de la Cotmac para que pueda continuar su tramitación, porque nos han hecho caso y han corregido esa situación.

En definitiva, señorías, de pasividad nada de nada. El Gobierno está haciendo, supliendo la pasividad de otros, y lo que llama muchísimo la atención es que son los otros precisamente los que le echan la culpa de pasividad al Gobierno. Yo creo que para hablar de las cosas hay que hacer un análisis sosegado de todas las causas. Que seguramente habrá causas también de la Administración autonómica, no digo que no y hemos tratado siempre de corregirlas. Ahora, hay que hacer un diseccionamiento de las causas, no vale hacer demagogia y decir aquí que es que "el Gobierno, el Gobierno y que es que lo que hemos legislado está mal", porque eso no siempre es así.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente: Muchísimas gracias, señor consejero, don Domingo Berriel. Muchísimas gracias.