Diario de Sesiones 6, de fecha 20/9/2011
Punto 21

· 8L/C-0045 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

El señor presidente: Bien. Señorías, continuamos con el orden del día y ahora sí vamos a ver las comparecencias, del punto del orden del día 3.2 y 3.6, la comparecencia 19 y la 45, que se van a acumular.

Y para una primera intervención, las intervenciones son por orden de presentación de las comparecencias. Por lo tanto, en primer lugar es el Grupo Nacionalista Canario.

Don Ignacio González Santiago tiene la palabra para presentar su solicitud de comparecencia.

El señor González Santiago: Señor presidente, señorías, señores consejeros del Gobierno, señora consejera.

Decía hace unos minutos su señoría por partida doble, don Emilio Moreno, que se estrenaba en esta tribuna, en este Pleno, y yo tengo que reconocer que me reestreno, después de 12 años, por segunda vez, y además en un tema como el de servicios sociales, que me ha ocupado los últimos cuatro años en una institución como el Ayuntamiento de Santa Cruz, y con este tema en especial.

Y voy a explicar primero la razón de la comparecencia. La razón de la comparecencia es doble también. En primer lugar, porque cinco años después de la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, ha llegado el momento de que el Gobierno explique ya, de una vez por todas, con claridad, las razones del retraso de su aplicación en Canarias o, mejor dicho, del despliegue del sistema previsto de protección a la dependencia en esa ley en Canarias.

Esa es una razón muy importante, pero la otra es mucho más importante, y es arrancar el compromiso del Gobierno y de su consejera de una fecha, y esa es la verdadera razón de esta comparecencia. Yo quiero que la consejera, que el Gobierno -al cual apoyo-, en esta Cámara, que es donde tiene que decirlo, se comprometa públicamente con todos los canarios, los que en este momento sufren alguna situación moderada, severa o de gran dependencia o los que sin duda, que somos todos, la sufriremos en algún momento de nuestra vida, a una fecha concreta en la cual estará desplegado el sistema de dependencia previsto en la Ley de Dependencia.

Y antes de que la consejera se comprometa -que estoy seguro de que lo va a hacer-, voy a hacer tres consideraciones sobre lo que yo creo que ha pasado, para terminar con tres preguntas a la consejera. La primera consideración que se me ocurre es la del conflicto competencial. Verdaderamente, a través de una ley estatal, se vulnera una ley de rango superior como es un Estatuto de Autonomía. Se vulneró, eso es un hecho. Tanto es así que se recurrió la ley estatal por algunas comunidades autónomas, como Navarra, en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque los servicios sociales son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. ¿Cuál fue el subterfugio que empleó el Estado para entrometerse, para violar una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, tan importante como los servicios sociales? Fíjense ustedes lo peregrino del argumento: que, según el artículo 149.1, por lo tanto, es competencia exclusiva del Estado el facilitar las condiciones básicas para propiciar la igualdad de todos los españoles. Si se utilizara ese argumento, desaparecerían las comunidades autónomas, se cargarían absolutamente todas las comunidades y, desde luego, todos los estatutos de las comunidades autónomas. Primer problema, primera consideración que presento, el argumento de ese conflicto competencial (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente, y le sustituye el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández).

El segundo, el chantaje económico. ¿Por qué algunas comunidades no recurren esa ley que vulnera sus competencias propias y exclusivas? Pues porque, si no, no recibían dinero y había algunas que no tenían ningún sistema de protección a la dependencia o no tan potente como otras, que era el caso de Canarias, que sí lo tenían. ¿Y por qué no lo recurren? Porque, si no, no vendría por la vía del convenio, al que obligaban a las comunidades, no vendría la mitad de la financiación del sistema al que obligaba a pasarse la ley estatal. Chantaje económico.

Tercer argumento, la cohabitación. Cada vez que salen datos de todas las comunidades autónomas, Canarias va a la cola. Pero, ¿por qué? Porque aquí están cohabitando desde entonces dos sistemas: el sistema propio de protección de la dependencia, mucho más potente todavía que el estatal, y el estatal, tres veces más. No salen, por ejemplo, casi 36.000, casi 40.000 personas que están protegidas por el sistema de dependencia propio, frente a 13.000, aproximadamente, que están ya con sus planes individualizados de atención del sistema estatal. ¡Claro!, una alarma cada vez que se dan los datos solo de la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias y, sobre todo, del sistema de dependencia de esa ley en Canarias.

Dije tres consideraciones, ahora la segunda parte de mi intervención van a ser tres preguntas muy sencillas. Primera pregunta: ¿les suenan estas razones, comparte esas razones que he enunciado para el retraso de la aplicación de la Ley de Dependencia, el sistema previsto en esa ley en Canarias? En segundo lugar, ¿diría la consejera que nuestro sistema, que, por cierto, se aprobó a través de la Ley canaria de Servicios Sociales en el 87, presidiendo el Gobierno de Canarias Jerónimo Saavedra, es mejor que el estatal, que el establecido en la ley estatal? Y, en tercer lugar, y si eso es así, si la respuesta a las dos primeras preguntas es sí, ¿por qué no recurrió ante el Tribunal Constitucional el Gobierno de Canarias esa intromisión ilegítima, absolutamente, en una competencia exclusiva de la comunidad, del Estado? Y esa no hace falta que me la conteste, ya la contesto yo: por el chantaje económico que suponía y porque se consideró políticamente incorrecto, por la gran campaña mediática de venta de aquella ley estatal, el atacar la propia Ley de Dependencia. Cuando en Canarias lo que habría que haber hecho...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señor diputado, ha acabado sus primeros cinco minutos. Sabe que tiene un segundo turno de 10 minutos, por lo que le ruego que dé por finalizada su intervención. Le doy 30 segundos para acabar.

El señor González Santiago: Me sobran 30 segundos y muchas gracias, señor presidente.

Por lo tanto, le libero de contestar a la última pregunta y me quedan nada más que las dos primeras... (Sin micrófono.) de mi exposición.

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Rosa Guadalupe, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra.

La señora Jerez Padilla: Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes a todos.

Señorías, ¿por qué esta comparecencia al Gobierno sobre la Ley de Dependencia? El porqué es porque hay mucha preocupación en la sociedad canaria por cómo se está llevando a cabo la ley y en qué afecta la Ley de Dependencia a muchos canarios, y sobre todo por cómo se está desarrollando la misma.

La realidad es que nos encontramos con que el 87% de la población canaria tiene menos de 65 años; 13 personas de cada 100 habitantes tiene 65 años o más; el 3% de la población canaria tiene más de 80 años. Por tanto, se estima que 77.284 personas aproximadamente son potencialmente dependientes de la ley (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente).

Desde el 2007, señora consejera, al 2011 -la aplicación de la ley- nos encontramos con que Canarias no ha salido del último lugar en atención a las personas dependientes, como así lo han manifestado, no el Grupo Parlamentario Socialista, lo ha manifestado el Imserso, el CES de Canarias, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, el Diputado del Común, como así lo ha manifestado hoy, esta tarde, en esta sede. Según estos organismos, nos encontramos con que de 100 personas que presentan una solicitud solo reciben atención 27, frente a las 50 atendidas de la media nacional.

También, según los datos dados a conocer por el Imserso, por ejemplo, nos encontramos con que se han presentado alrededor de 36.432 solicitudes, el 1,72% de la población canaria. La media nacional es de 3,37%, con lo que, por lo tanto, 40.000 canarios se quedan fuera del sistema; es decir, una población equivalente a la de Moya o a la de Teror.

Pero es más, aproximadamente el 16,39% de las solicitudes están pendientes de valoración, el doble de la media nacional, que es de 8,69%. A pesar de que en Canarias son muy pocas las solicitudes, no hay agilidad en la gestión, permaneciendo más de dos años valorándolos, que eso era lo que decía el Diputado del Común. Mucha gente se pasa el tiempo, la vida, de oficina en oficina, para que le den la Ley de Dependencia. Pero es más, es que muchos se mueren y no llegan a cobrar esa ley.

Señora consejera, lo más triste es que incluso el Diputado del Común desde el 2007 ha instado continuamente a la Dirección General de Servicios Sociales, diciéndole, "¡eh!, que es que ustedes no están cumpliendo con estas personas, que hay que cumplir". Y eso no lo podemos permitir, señora consejera, tenemos que dar respuesta ante esta ley.

Mire, en cuanto al Estado, desde luego que yo me quedo a veces alucinando con muchas respuestas que dan algunos intervinientes sobre la Ley de Dependencia. Creo que el Estado ha cumplido con creces con Canarias, ha cumplido con creces, aunque muchos opinen lo contrario. En estos cuatro años la comunidad canaria ha recibido del Estado, para mayores dependientes y discapacitados, 99,7 millones de euros, aproximadamente 100 millones de euros, pero nos preocupa que Canarias va a ver mermada su financiación por parte del Estado, porque alrededor, más o menos creo que anda sobre los 150 millones, por la baja aplicación de la misma. Señora consejera, esto no lo podemos permitir.

Mire, y con respecto a lo que decía el Diputado del Común en su informe, decía: "para muchos canarios los trámites de dependencia solo les han servido para realizar numerosas gestiones, perder tiempo, para que al final se les reconociera el recurso que ya tenían concedido desde hacía años, sin que ello se tradujese en una mejora de su calidad de vida". Señora consejera, esto no lo podemos permitir más, tenemos que ponernos las pilas con respecto a la Ley de Dependencia.

Yo, para finalizar, señorías, creo que todo esto es una guerra de cifras, he dicho un montón de cifras, que para los canarios de a pie, señora consejera, se traduce en que no se han realizado adecuadamente las tareas para llevar a buen puerto una ley en la que muchos, muchos canarios y canarias, han puesto grandes esperanzas.

Y es por lo que hoy me gustaría saber de su señoría cuál va a ser la ruta de trabajo de su consejería para que la próxima vez que hablemos de dependencia...

El señor presidente: Sí. Tiene un minuto, doña Rosa, para concluir.

La señora Jerez Padilla: Decía que para que la próxima vez que hablemos de dependencia, señora consejera, aquí, en esta sede, sea desde otro punto de vista y desde otra realidad, y desde luego desde otra perspectiva, porque esta es una ley muy importante. Igual para nosotros no, pero para muchos canarios, que están pendientes de ella y están colgando de un hilo, es muy, muy, importante.

Muchas gracias.

El señor presidente: Gracias, doña Rosa Jerez.

Por el Gobierno, la señora consejera, doña Inés Rojas.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

Pues iniciamos este nuevo Parlamento en esta legislatura, este primer Pleno, digámoslo así, de preguntas y comparecencias, ordinario, pues, con una cosa que a mí me gusta muchísimo, porque, como saben, son siempre pocas, por muchas que sean las oportunidades, para hablar de esta ley y del desarrollo de la misma en Canarias, de la conocida popularmente como Ley de Dependencia. Por eso hoy, señorías, quiero agradecer especialmente a los dos grupos, al Grupo Nacionalista Canario y al Grupo Parlamentario Socialista, la oportunidad que me brindan de poder iniciar, como digo, esta sesión parlamentaria precisamente con esta ley.

Yo, cuando escucho a sus señorías, puedo comprender cómo puede costarme tanto también cuando la gente se nos acerca con las dudas sobre esta ley. Porque cuando escucho a sus señorías y veo que tampoco tienen las cosas del todo claras o no hay del todo la información suficiente, pues, puedo comprender muchísimas cosas. Por eso voy a intentar, de la forma más breve que pueda, para aprovechar bien el tiempo, en darles la máxima información, pero, comoquiera que también afortunadamente tenemos muchas señorías nuevas en este Parlamento, me gustaría situarlas un poquito.

Lo primero que voy a hacer es recordarles cómo y cuándo entra en vigor esta ley. Esta ley debiera entrar en vigor, debió entrar en vigor el día 1 de enero del año 2007, pero no lo hace, lo hace a finales de abril del año 2007, porque es cuando el Estado la regula a través del real decreto. Estamos a finales de abril y en mayo hay elecciones autonómicas en Canarias, y esta consejera, que es la que le toca llevarla a la práctica, con unos pequeños pasos que dio mi antecesora, a partir del 16 de julio del año 2007... No podemos hablar de cinco años, señorías, estamos hablando del año 2011 y, por lo tanto, estamos hablando de cuatro años importantes de desarrollo de esta ley.

¿Qué es lo que pretende esta ley?, ¿qué dice esta ley? Esta ley pretende dos cosas importantes. La primera de ellas no la ha desarrollado, ha desarrollado la segunda. La primera es la prevención. Todos nosotros, si vivimos lo suficiente, vamos a ser personas dependientes un día. Esa es la primera pata de la ley que el Estado todavía no ha desarrollado y la segunda pata es la atención a las personas que ya están en situación de dependencia. ¿Y quiénes son las personas dependientes?, ¿quiénes son? Son las personas mayores, por ser mayores pueden tener una dependencia, y son las personas con discapacidad. Ni las unas ni las otras por serlo son dependientes, pero ese es el motivo por el que sí se es dependiente.

¿Y qué les propicia la ley a esas personas dependientes? Una primera cosa, señorías, prioritaria, prioridad en la ley: servicios que estimulen su autonomía personal, que logren que mantengan esa situación de dependencia el mayor tiempo posible y se deterioren lo menos posible. Esos servicios son servicios de teleasistencia, servicios de ayuda a domicilio, servicios de residencia, servicios de centros de día y de noche. Estos pueden ser públicos o pueden ser privados o concertados. Cuando son privados, el Gobierno en este caso, la ley, daría una, vinculada al servicio, una prestación económica, para coayudar a pagar ese servicio privado. Pero he aquí que además la ley contempla una excepcionalidad; también dice que las personas que son atendidas en casa por alguno de sus familiares pueden recibir una prestación económica para que ese familiar les atienda en casa. Esa es una excepción. ¿Qué pasa? Cuando se pone en marcha esta ley, en aquel 2007, nace con una expectativa increíble, porque lo que más se vende de la ley es precisamente esto último que acabo de decir. No lo más importante de la ley, sino la excepcionalidad de la ley. Todo el mundo creyó -y todavía la mitad del mundo cree- que es una paga, porque cuido a mi dependiente en casa. ¡O porque tengo un dependiente en casa! No porque le cuido: porque tengo un dependiente en casa. Y yo les he escuchado a ustedes, señorías, hoy aquí, esta tarde, decir: "han fallecido sin cobrar la dependencia", es decir, creen que tienen que cobrar una prestación económica. ¿Se dan cuenta, señorías? Si lo creemos nosotros mismos, ¿cómo podemos luego explicárselo al resto de la ciudadanía? Por eso es muy importante que tengamos eso claro.

¿Qué es lo que pasa? Afortunadamente, el Estado cada vez ha ido restringiendo mucho más la prestación económica por cuidado en el entorno familiar, porque fue una situación perversa, digámoslo así. Ante la situación de crisis económica se dieron dos cosas. La primera me gusta muy poco: han vuelto a meter a las mujeres en casa, porque son las cuidadoras históricas de las personas dependientes, y con el cebo -digámoslo también así-, con el cebo de que se les pagaba una prestación económica son las que se quedan en casa para atender a la persona dependiente. Y la segunda, muchísimas personas, cuando -usted lo ha dicho, señora Guadalupe-, cuando estando en un servicio se les adjudicaba el mismo servicio... -luego le explicaré, que eso lo dice la ley, no lo hacemos así nosotros porque queremos-, la gente decía: "¿y la paga dónde está?". Entonces le explicamos: "paga no, si la persona está recibiendo un servicio, el servicio cuesta 600, 1.200, 1.800 euros mensuales, y eso es lo que le viene mejor a su persona, a su familiar dependiente; la paga esa que usted pide es solo si usted le atiende en casa". ¿Y qué hizo la gente?: "pues yo me lo llevo a casa y yo lo cuido en casa". Así, hace dos años, porque hace dos años, principios del 2010, eso lo cortó el Estado, la gente se llevaba su familiar a casa. 60.000 plazas se quedaron vacantes en toda España. La gente se iba de los servicios para cobrar esa prestación económica. Porque en el caso de las personas mayores tenían la pensión que cobra la persona mayor más la prestación económica que le daba la Ley de Dependencia, y eso coayudaba a salvar muchas veces la situación familiar. ¿Qué hizo el Estado? Cortar eso. En estos momentos, señorías, no hay posibilidad de que una persona que tengamos en un centro de día o en una residencia se vaya a casa para cobrar la prestación económica. Ahora eso lo impide el Consejo Territorial de la Dependencia. No. Si usted está recibiendo un servicio, usted sigue en el servicio.

Porque esa es otra, señorías: la ley cuando establece y prioriza esos servicios, que son los que les dije -las residencias, los centros de día-, ¿ustedes conocen que cuando se puso en marcha la Ley de Dependencia se construyeron los centros de día y las residencias para poder darles los mismos a las personas dependientes? ¿Conocen ustedes eso? No, ¿verdad? No. ¿Y entonces cómo les íbamos a dar esos servicios a la gente? Pues porque el artículo 16 de la ley, el artículo 16 de la ley, señorías, dice que estos servicios son los que tienen las comunidades autónomas, es decir, la Ley de Dependencia se nutre de los recursos que teníamos las comunidades autónomas. Esos son los servicios de la dependencia. Claro, cuando tú le cuentas al Estado que tú los servicios que ya tenías están todos cubiertos y además hay lista de espera, es cuando el Estado te dice la otra parte. La ley está puesta en marcha por fases: "usted, en sus centros, en sus servicios, usted y todas las comunidades, han de tener, en un primer momento, las personas grandes dependientes". "No, mire, pero es que en mis residencias no solo hay grandes dependientes: hay dependientes moderados, hay dependientes severos", que en el argot de los planes de Canarias se llamaban de alto requerimiento, de medio requerimiento y de bajo requerimiento. "Mire, pero usted ahora no tiene que atender a los de bajo requerimiento. Esa gente, tendría que eliminar la plaza y usted ocuparla con una persona gran dependiente". Pues no, todo el mundo es conocedor a estas alturas de que el Gobierno de Canarias, de la mano de los siete cabildos, no hizo eso. Nos mantuvimos, a pesar de las críticas, entre todos, entre muchos, también de algunos de ustedes, a pesar de las críticas, mantuvimos que, aunque nos costara más dinero, porque por esa gente el Estado no nos iba a dar dinero, aunque nos costara más dinero, Canarias iba a seguir manteniendo su sistema.

Y aquí quiero aprovechar también al portavoz, al diputado por el Grupo Nacionalista, cuando me decía: "¿es mejor la atención a la dependencia que teníamos en Canarias que la de la propia ley?". Mire, yo solo le voy a decir una cosa: nunca me gusta compararme, para no parecer más grande que nadie, si creo que vale menos que yo, ni parecer más chica, si creo que vale más que yo. Es diferente y compensa más a la gente en el siguiente sentido: la atención a la dependencia en Canarias contempla, por ejemplo, la atención sanitaria. La ley se olvidó de la atención sanitaria. Señor Rodríguez, usted me decía esta mañana que usted formó parte incluso, incluso como profesional de la medicina, pues, recordará que la Ley de la Dependencia se olvidó de la parte sanitaria. Canarias tenía la parte sanitaria. Y yo les decía también al Imserso y al Estado, al ministerio: ¿tengo que quitar las unidades médicas y de enfermería de los centros sociosanitarios de Canarias para cumplir con la ley?, ¿las tengo que quitar? Pues también va a ser que no. Hoy, hoy, en el Estado se está escribiendo el Libro Blanco sociosanitario de España, porque se ha reconocido que, efectivamente, la ley tiene esa pata coja y se ha cogido como buena práctica el ejemplo único, único, de Canarias. Único de Canarias.

Y ustedes me dirán: ¿y por qué -esas 40.000 personas, que usted me decía, señora Guadalupe- 40.000 personas están fuera del sistema? Miren, 40.000 personas estarán fuera del sistema en lo que llamamos Ley de Dependencia, pero yo le aseguro y le garantizo y le demuestro que 40.000 personas son las que están, son personas dependientes atendidas en Canarias por nuestro sistema, que es el mismo que promulga la ley y que es el mismo que le va a dar la ley. Y que es la sorpresa que se va a llevar la gente cuando le digas: "usted tiene una plaza residencial, tiene una valoración, el PIA y le corresponde la plaza que ya tiene"; respuesta de la gente: "¿y entonces a mí esta ley qué me da, si eso yo ya lo tenía, si además hace años que lo tengo?". Pues sí, eso es lo que dice la ley: que si usted ya estaba recibiendo un servicio y que ese servicio, además, es el de la ley, ese es el servicio que le corresponde. No lo decimos nosotros, lo dice la ley, y la hemos aprobado todos los grupos, la mayoría de los grupos parlamentarios que estamos aquí. Lo dice la ley así. La gente se desencanta porque se le publicitó mal.

Más o menos espero haberles situado en lo que propone la ley. ¿Cómo encuentra la ley a Canarias? Supongo que a estas alturas también saben que organizada Canarias, no solo con el artículo 148 de la Constitución, sino con nuestra propia Ley de Servicios Sociales del año 87. Tenemos las competencias en servicios sociales y, en base a ellas, regulamos la atención a las personas dependientes. Y lo hicimos a través de dos planes: el Pcamd, mayores dependientes, y personas con discapacidad. Pcamd y PAD, que cumplía su vigencia en diciembre del 2010 uno y en diciembre del 2008, el de mayores. Con lo cual esta comunidad no puede borrar de un plumazo, por mucha ley estatal que llegue, no puede borrar de un plumazo esos planes que tiene Canarias. No los puede borrar, porque hay una ley que los ampara, es absolutamente lícito. Lo que sí hicimos en Canarias, señoría, desde el año 2008, es crear, conjuntamente con los cabildos, un equipo de personas expertas que nos diseñara el nuevo formato, la nueva estructura que iba a tener Canarias en base a cumplir y desarrollar la Ley de Dependencia. Y así lo hicimos desde el año 2008 y tenemos esa hoja de ruta en la que todos hemos decidido que, efectivamente, ese es el final. Tenemos un largo recorrido ya hecho, hemos modificado normativa canaria, adaptándola a la normativa estatal... Todavía nos queda alguna de ellas. En estos momentos, señorías, yo estoy en condiciones de decirle -y alguien me pedía fechas-, estoy en condiciones de decirle que estamos en la recta final del desarrollo de la Ley de Dependencia en Canarias, pero eso ha sido por un trabajo arduo que se ha hecho a lo largo de estos tres años para atrás con los cabildos y con los ayuntamientos, pero especialmente con los cabildos.

Y ustedes me dirán: "¿por qué las 40.000 personas -en estos momentos estamos en las 49.000-, por qué?" -y les estoy dando datos del 1 de septiembre-. ¿Por qué nosotros, de esas 49.000, 13.000 son las que nos aparecen en las estadísticas del Estado y al resto de las comunidades sí les aparecen, como al País Vasco, cerca de 50.000, que tienen una población similar a la nuestra, por qué? Porque estas estadísticas son las mismas que ellos ya tenían, como nosotros. Solo que hay una diferencia: las comunidades autónomas son las que gestionan esos recursos y en Canarias esos recursos están descentralizados. Esos recursos no los tiene el Gobierno, los tienen los cabildos, en una descentralización que hemos hecho en Canarias y que desde luego vamos a seguir manteniendo. La ley vuelve a centralizar, pero nosotros nos hemos puesto de acuerdo en que no. Nuestro Sicad, nuestro sistema de atención a la dependencia en Canarias, se va a organizar de la siguiente manera, está organizado de esta manera, y todos los pasos que estamos dando van encaminados hacia esa figura, que será de la siguiente forma. Primero, los servicios especializados los seguirán dando los cabildos, la teleasistencia y la ayuda a domicilio la siguen dando los ayuntamientos y la prestación económica la da el Gobierno de Canarias. ¿Y cómo se hace eso? En una comisión de la que formamos parte todos y que se hace insularmente. Cada isla va a llevar sus propias personas dependientes. Para que eso sea definitivo y pueda lograrse ha habido que dar unos pasos transitorios hasta llegar a esa situación. Que es por lo que yo he dicho que, aunque la ley nos da de plazo hasta el 2015, señorías, Canarias muchísimo antes... -yo estoy segura de que en el 2013, pero me gusta siempre avanzarme un poquito más por si acaso, no me gusta dar fechas, que esto es una cosa muy compleja-, pero si las cosas siguen como van, y ya me he reunido en pleno agosto con los siete cabildos, porque han llegado consejeros y consejeras nuevos, para ver si todos respaldábamos de nuevo el trabajo que nos hemos marcado y...

El señor presidente: Doña Inés, tiene un minuto para ir concluyendo, por favor.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, gracias, señor presidente.

Y, efectivamente, por unanimidad los siete cabildos han dicho a principios de agosto que vamos a continuar en la línea que nos hemos marcado para lograr que realmente esos dos sistemas, que ahora conviven, y que el Estado ha permitido que convivieran hasta el 2015, nosotros, en el 2013-2014, ya los habremos culminado.

En la segunda intervención les iré dando muchas más pinceladas.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señora consejera.

Por los grupos no solicitantes de la comparecencia, Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: De nuevo buenas tardes, señorías.

Como nos descuidemos, me refiero a los grupos de la Oposición, los grupos que apoyan al Gobierno nos quitan nuestro papel. Después de escuchar a los portavoces de los dos grupos que apoyan al Gobierno en relación a este tema, nos quedamos sin trabajo.

Señorías, la primera condición para resolver un problema es reconocerlo y yo lamento escuchar a la consejera, y no es la primera vez -es verdad que no en el hemiciclo-, que escucho no solamente que no tenemos problemas sino que somos los mejores, y desgraciadamente no somos los mejores en la atención a esta problemática en nuestra comunidad. Ni entonces, cuando pusimos en marcha los planes sociosanitarios y de discapacidad, que el que les habla tiene bastante que ver con esta situación, puesto que se suscribieron siendo yo presidente del Gobierno de Canarias y el actual alcalde de Puerto del Rosario, consejero del ramo. Hicimos esos programas copiando a otras comunidades del Estado español. Había en España realidades sociosanitarias muy parecidas a las que nosotros pusimos aquí, eso sí, aquí respetando la singularidad institucional. Yo creo, señora consejera, que no reconocer que el problema de aplicación de la Ley de la Dependencia es un problema de gestión es no reconocer la necesidad de una solución urgente.

Suponiendo que el argumento central para captar recursos sea que el sistema estatal no reconoce a los usuarios de los programas preexistentes, yo me pregunto, suponiendo que este sea el elemento central, ¿en cuatro años -le quito un año, no hay ningún problema-, cómo es posible que en cuatro años no hayamos sido capaces, la comunidad canaria, usted, de imponer al sistema español de registro de este programa que las personas que recibían prestaciones por los programas preexistentes contabilicen? No lo entiendo, porque sí lo ha conseguido el resto de las comunidades autónomas. Y me dice usted: "no, es que no nos entienden porque resulta que la estructura competencial aquí no la tiene el Gobierno sino la tienen los cabildos, que son órganos de la comunidad"; yo le doy una respuesta: ¿por qué no trasladó, como es razonable, la estructura competencial, la gestión de la Ley de la Dependencia, a los cabildos insulares? Lo razonable hubiese sido que el Gobierno de Canarias defendiera los intereses de esta tierra, pero la gestión de los servicios sociales especializados, que son estos, compete, en nuestra estructura de distribución, a los cabildos insulares.

Le digo más: ahora en que se habla mucho de la racionalidad del gasto, aquí ustedes cometieron un error de libro, que ha tenido dos consecuencias: más gasto público ineficiente y, lo que es más grave, malas prestaciones a los ciudadanos, generando una nueva estructura en el Gobierno de Canarias para la evaluación de este programa y no reconociendo y aprovechando la estructura de servicios especializados de los cabildos insulares de Canarias.

De manera que, señora consejera, lamento que no reconozca que tenemos un problema grave; que ese problema, suponiendo que se circunscriba a lo que usted dice, no entiendo cómo en cuatro años no hemos sido capaces de que esos servicios se reconozcan como servicios de aplicación por parte de la ley.

Pero me salto y me voy a otro tercio: ¿qué tiene que ver todo esto con los retrasos? Porque, aun suponiendo que todo fuera así y lo aceptáramos, que yo creo que hay un error grave de análisis, ¿qué tiene que ver eso con los retrasos? Nosotros estamos a la cola. Olvidémonos ahora de lo que hacen los cabildos, lo que hace el Gobierno, que si en Madrid no nos entienden... Por cierto, esta interpretación ya no la hace solo la asociación de directores y gerentes de servicios sociosanitarios, tampoco la hace solo el sistema de registro de este programa de atención; la hace el Consejo Económico y Social de Canarias y el Diputado del Común, de manera que ya tampoco puede usted alegar un argumento central en los últimos tiempos, que era que en Madrid no nos entienden. Pero, suponiendo que usted tuviera razón, dígame por qué tenemos, según el informe del Diputado del Común, para el dictamen de los solicitantes 8 meses, cuando la ley establece 90 días; y para el plan individual de atención, 9 meses, cuando la ley establece 90 días. Eso no tiene nada que ver con el argumentario que usted expuso aquí sobre la mesa.

Sinceramente, le invito, le reitero que hagamos un análisis autocrítico de la gestión de esta importante ley. Exijamos al sistema español de la dependencia que reconozca nuestras singularidades, como se las ha reconocido a otros, y gestione bien ese tema. Y hagamos una cuestión muy importante, ahora que está de moda, insisto, lo de la racionalidad del gasto público: si en nuestra estructura competencial se decidió por este Parlamento que los cabildos insulares gestionarían los servicios sociales especializados, ¿cómo el Gobierno de Canarias crea una estructura de 120, 130 funcionarios públicos, no adiestrados en el manejo de semejante tarea? Con lo que al final tenemos una estructura cara, para siempre, yo creo que con eficacia discutible -me remito a los retrasos-, y además estamos desaprovechando la situación de los cabildos insulares. Y digo más: los planes sociosanitarios y de discapacidad, que son para siempre, tienen suspendida la financiación por parte de la comunidad autónoma, porque tenían fecha de caducidad, esto es verdad, pero también hay que reconocer que los servicios siguen funcionando y los cabildos insulares con sus recursos propios no los pueden sostener, como usted bien sabe.

Creo que vamos a tener más oportunidades de reflexionar sobre este tema, pero creo que si usted no reconoce el problema, va a ser muy difícil resolverlo.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Juan Santana Reyes.

El señor Santana Reyes: Señor presidente, señorías, señora consejera.

El Grupo Parlamentario Popular siempre ha considerado que la implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia en Canarias ha sido y es manifiestamente mejorable. Durante los cuatro años de vigencia de esta ley, hemos entendido también las dificultades que ha encontrado para su aplicación. Por un lado, la coexistencia del sistema para la autonomía y atención a la dependencia derivado de la implantación de la ley con los planes sectoriales sociosanitarios de personas mayores dependientes y de atención a la discapacidad, gestionados en colaboración con los cabildos, y, por otro lado, la deficiente financiación del Estado. No obstante, señora consejera, a juicio de mi grupo parlamentario, ya ha transcurrido el tiempo necesario para que hubiera empezado a haber soluciones a muchos de los problemas que está ocasionando la implantación de la Ley de Dependencia en Canarias y no ha sido así.

Hemos escuchado atentamente su intervención y solo hemos obtenido una prolija discusión del estado de desarrollo de la ley en Canarias, pero no hemos oído ninguna solución a los múltiples problemas que presenta la aplicación de la ley y a los que se enfrentan diariamente nuestros dependientes.

Señora consejera, sigue teniendo la tramitación más lenta del país, con un retraso del orden de 20 meses sobre los plazos que establece la ley; mantiene un porcentaje bajísimo de dictámenes respecto a solicitudes, al igual que el porcentaje de prestación efectiva sobre la reconocida. Según estadística del SAD, un 60%, aproximadamente, de los canarios que tienen reconocida su situación de dependientes no les ha sido aprobado el servicio o la prestación a la que tienen derecho. Por no hablar de otras carencias, como la ausencia de programas de teleasistencia o de ayuda a domicilio.

En definitiva, señora Rojas, tiene todavía mucho camino por andar y lo peor es que la mayor parte del mismo ya lo debería haber puesto en marcha. Ya no le valen más excusas: la convergencia de los dos sistemas vigentes en el sistema canario de dependencia debe finalizarla ya y no en el 2014.

Del mismo modo, tampoco le vale ya continuar achacando algunos de los problemas en la implantación de la ley a la deficitaria financiación por parte del Gobierno de España de la Ley de Dependencia, cuando su partido ha dado el visto bueno a los dos últimos Presupuestos Generales del Estado, que implicaba una considerable rebaja en las partidas destinadas a la financiación de la dependencia. ¿Cómo pudo su partido apoyar los Presupuestos para 2010 y 2011 si en estos dos años el Gobierno socialista rebajó las cantidades destinadas a la dependencia desde los 1.958 millones que había en el 2009 hasta los 1.498 millones presupuestados para el año en curso? Ustedes están apoyando a un Gobierno que presume de progresista y de estar al lado de los más necesitados, pero que en dos años ha dado un sablazo de 460 millones a los dependientes españoles. Son socios de un Gobierno que castiga a las comunidades autónomas, obligándolas a financiar el 70%, porque no aporta el 50% que le corresponde.

En cualquier caso, señora consejera, no se puede permitir que el retraso de la atención a los dependientes canarios, ya sea consecuencia directa de su gestión o secuelas de la mala gestión de sus socios de gobierno en España, suponga un nuevo recorte de 1.600 millones de euros a los fondos que recibe Canarias para la dependencia. ¿De qué les ha servido, entonces, apoyar fielmente las políticas más antisociales e irresponsables de Rodríguez Zapatero con las personas dependientes? Son los responsables de los recortes presupuestarios y del decretazo, el decretazo-ley 8/2010, del 20 de mayo, con el que suprimieron de un plumazo el derecho de los dependientes a recibir las prestaciones con carácter retroactivo. Tengo la sensación, señorías, de que solo les ha servido para domesticar el discurso demagógico que ha mantenido el socialismo canario durante estos cuatro años y ya verán que detrás del pecado les llega la penitencia.

A pesar de todo, el Partido Popular, en la necesidad de impulsar la plena efectividad de la dependencia, por ello su futuro y sostenibilidad pasa, a nuestro juicio, por reformar la Ley de Dependencia para hacerla realmente eficaz en sus aspectos fundamentales. Para nuestro partido es necesario que la nueva ley haga viable el sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes, reformando en profundidad el modelo de financiación para garantizar la viabilidad del sistema, financiación estable y suficiente, garantizando el Estado el 50%; contemple un catálogo de prestaciones y una cartera de servicios básica y única, que mejore la tramitación y la gestión de las prestaciones; cuide de manera especial el entorno familiar como centro de referencia para la atención a las personas dependientes; mejore el baremo para la gradación de las situaciones de dependencia; establezca criterios y estándares de calidad en las prestaciones, tanto para la gestión pública como para la privada; mejore la coordinación de los servicios de salud y los servicios sociales, evitando duplicidades y solapamientos, para lo cual se promoverá el establecimiento de equipos de gestión de casos conjuntos...

El señor presidente: Don Juan Santana, se le acabó su tiempo.

Mire usted, le di seis minutos cuando estaban establecidos cinco (Ante una observación que efectúa el señor diputado). Yo en estas cosas les agradezco que no discutan el planteamiento de la Presidencia. Se lo agradezco porque la Presidencia es ecuánime. Usted me pidió seis minutos, un minuto más de lo que se había acordado en la Junta de Portavoces, y se lo di. También se lo di al señor Rodríguez. Cosa que no volveré a hacer en la Cámara; son cinco minutos, y cinco minutos.

Y en las comparecencias -lo dije esta mañana-, los grupos no solicitantes no tienen nada más que el tiempo exclusivo que marca el Reglamento. Está establecido (Ante un nuevo comentario del señor diputado). Le tiene que avisar su portavoz, en todo caso. ¿De acuerdo? Pero yo además le avisé a Águeda, créame.

Y les agradezco que no estemos en estos asuntos discutiendo, porque la Mesa no... Desde luego a mí no me agrada esto, no sé si a otros les agrada.

Bien. Los grupos solicitantes de la comparecencia, por orden de solicitud de la comparecencia.

Don Ignacio González.

(Rumores en la sala.)

No, señorías, yo les agradezco que disculpen, pero es que cuando se empieza a ceder por un sitio, pues, ya es difícil de... Yo lo siento, pero las normas son para cumplirlas y en la Junta de Portavoces, pues, podemos discutir todas estas cosas, pero los señores portavoces, ustedes pregúntenles a los portavoces, que les expliquen los acuerdos.

El grupo, en este caso, al acumularlas, tiene 15 minutos.

Don Ignacio González, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.

El señor González Santiago: Muchas gracias, presidente. Señorías.

Señora consejera, las generalizaciones no son nunca buenas, porque nos metió en la respuesta a los dos portavoces de ambos grupos juntos, y le recuerdo que yo no fui el que le recordó a usted los muertos de la dependencia. Porque usted sabe lo que pienso y sabe que defiendo servicios a los dependientes antes que pagas. Lo sabe perfectamente. Así que yo le rogaría que no hiciera generalizaciones. Yo sé que es difícil, porque se han acumulado dos comparecencias y entonces intervenimos uno detrás de otro, y entonces parece que nos ha respondido a los dos juntos, pero a mí que no me apunten, que no me apunten lo que no he dicho, y algo tan grave como lo que dijo, y ella tendrá que explicarlo, la portavoz que me sucedió. Yo no suscribo esas palabras, en absoluto, y estoy más de acuerdo con el sistema canario. Y por eso, porque creo sinceramente que no nos hayamos enterado aquí, en esta Cámara, porque en todo caso si no nos hemos enterado en esta Cámara, señora consejera, el Gobierno tiene un problema fuera, porque aquí están los representantes de los ciudadanos, de los dependientes y de sus familiares, y que todos seremos en algún momento, como usted dijo, en algún momento dependientes. Por lo tanto, entonces el problema lo tiene el Gobierno, si no ha conseguido transmitirnos a nosotros qué es lo que ha pasado.

Y yo voy a intentar nuevamente explicarlo. Esto es como China, un pueblo, un colectivo, dos sistemas, dos sistemas: el canario, y ahora digo yo más claro que lo que dijo usted, más claro todavía, usted dijo diferente, el sistema canario, frente al impuesto del Estado en la ley estatal, y yo digo mejor y más beneficioso. Usted misma reconoció algunas cosas: la atención sociosanitaria; y yo digo una cosa que usted no dijo: y la gratuidad, frente al copago. Pues fíjese usted si no era mejor. ¡Pues claro que era mejor! ¿Dónde está el problema? Que en las estadísticas de la Ley de Dependencia solo se contabilizan los que están protegidos por el sistema de dependencia de la Ley de Dependencia y no del sistema de protección a la dependencia canario, el nuestro. Y, claro, es que estamos hablando de tres veces más, porque no cuentan. Ese es el problema y eso es lo que hay que decir. Mire, ¿de cuánto estamos hablando? Usted dijo hace un momento: el País Vasco -¿cuántos dijo?-, ¿50.000 personas atendidas?; en Canarias hay 50.000 personas atendidas con menor población. Que se sepa, porque ese es el dato. Y me da lo mismo en qué sistema estén siendo atendidas, porque fíjese usted que yo soy de los que creo que teníamos que haber recurrido aquella ley, como hizo Navarra, porque nuestro sistema era mejor. ¿Y sabe lo que consiguió Navarra? Que después pactó el Gobierno central la retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional, porque lo ganaba. ¿Sabe lo que consiguió?: más dinero.

Así que yo defiendo nuestro sistema. Lo que sí que quiero es que se aclare que en Canarias los dependientes, en uno más otro sistema, dos sistemas, están siendo atendidos al nivel de las comunidades más sociales, por llamarlas de alguna manera, de España, y esa es una realidad.

Ahora le voy a decir otra cosa: ahora, si hay que hacerlo se hace, y si hay que hacerlo se hace y se hace rápido. Y por eso era el motivo principal de esta comparecencia, que usted se comprometiera, arrancarle ese compromiso con una fecha, con una fecha. Que usted dio una fecha un poco amplia y yo me voy a permitir intentar concretársela un poco más. 2013, 2013, finales del 2013, finales del 2013, dos años, en dos años. En dos años es de lo que estamos hablando y usted tiene que establecer -y esa es la pregunta de esta intervención ahora principal-, tiene que establecer un proceso, tiene que establecer un proceso difícil, porque después del 2013, si es finales del 2013 -la ley marca el 2015-, si es finales del 2013, después la comunidad, nosotros, tendremos que seguir suplementando el sistema de la dependencia. Porque ¿qué hacemos con ese colectivo que está siendo atendido con los servicios de nuestro propio catálogo ahora mismo?, ¿qué hacemos? Los nuevos están claros, ¿pero los anteriores que ya están siendo atendidos? Así que es un proceso difícil, pero que yo creo que la gente está esperando a que nos comprometamos, consejera, y que nos comprometamos ya en una fecha cierta. Si es a finales del 2013 y usted está en condiciones, con la holgura necesaria, sabiendo la dificultad de este proceso, de afirmarlo así con esa rotundidad, sabemos que en dos años estará aplicada la Ley de Dependencia en Canarias plenamente y sabremos -y eso es lo que hay que dejar claro- que además la comunidad seguirá suplementando ese sistema, porque hay dependientes que con anterioridad recibían otras prestaciones, que las van a seguir recibiendo, y usted tiene que tenerlo en cuenta.

Otra pregunta que me gustaría hacerla dentro de este proceso hacia la aplicación ya imparable de la Ley de la Dependencia y de lo que supone un sistema de dependencia peor que el anterior, peor que el nuestro: ¿ha considerado el Gobierno que, si el Estado, ya una vez que se esté aplicando plenamente el sistema de dependencia de la Ley 39/2006 en Canarias, financia el 50%, entonces de los programas, de esos recursos, tiene usted que transferirles a los cabildos y a los ayuntamientos? Eso lo tiene que tener en cuenta, porque en estos momentos -usted lo citó- en Canarias los cabildos prestan servicios, los cabildos prestan servicios muy importantes -residenciales, centros de día, centros de discapacidad, etcétera- y los ayuntamientos, y los ayuntamientos también, no solo teleasistencia, sino asistencia domiciliaria y otras, y otras ayudas -a los dependientes, discapacitados, etcétera-, y esos tienen que ser los recursos transferidos. Porque esta mañana hablábamos... -lo poco que pude hablar, porque el desentreno, después de 12 años, hizo que no me adaptara a los cinco minutos que me daba el presidente y me cortó sin despedirme-, hablaba con el consejero de Presidencia de la necesidad de aclarar, de una vez por todas, la duplicidad de competencias. ¿Eso qué quiere decir?: que cada Administración haga una cosa con los recursos para hacerla. O sea, que si el Gobierno les embimba a los cabildos las residencias, los centros de día, etcétera, etcétera, que les dé los recursos; y si el Gobierno les embimba a los ayuntamientos la atención domiciliaria, la teleasistencia, etcétera, que les dé los recursos. Y si, puestos ya a desarrollar, porque no queda otra ya en estos momentos, el sistema de la Ley de la Dependencia, paga el 50% el Estado, pues, que los recursos correspondientes a esos servicios que están incluidos en el catálogo también de la Ley de Dependencia vayan a los cabildos y a los ayuntamientos, porque, si no, no van a poder seguir prestándolos. Sencillamente no van a poder seguir prestándolos.

Yo, consejera, poco más le tengo que decir. Sí quiero darle las gracias al portavoz del Grupo Mixto por el reconocimiento del trabajo de este grupo. No vamos a dejarlo sin trabajo, lo que vamos a obligarlo es a trabajar más. Esa es nuestra obligación como grupo que apoya al Gobierno y, por lo tanto, los primeros interesados en que el Gobierno lo haga muy bien. Le agradezco, sinceramente, la felicitación.

Y al portavoz del Partido Popular, que le pasó lo mismo que a mí esta mañana, decirle que no entendí muy bien lo del pecado y el pecador. Espero que el pecador no hayamos sido nosotros ni sea el Gobierno y sí espero que al final haya absolución, y la absolución está en manos del Gobierno, fijando de una vez por todas la fecha en la que en Canarias se acabó ya este debate; usted no va a tener más que venir aquí a explicarlo, yo tampoco ayudarla ni a darle la oportunidad de que lo haga, y espero que lo zanje ya. No ahora, en su última intervención, diciendo la fecha, 2013, finales del 2013 -se acabó, dos años, muy bien-, sino que, efectivamente, en dos años eso sea un hecho y, por lo tanto, estemos hablando de otras cosas. Estemos hablando de mejorar la situación de otros colectivos, que este esté ya completamente cubierto.

Y en este -y termino con ello- les recuerdo a todas sus señorías que estamos incluidos todos, o estaremos incluidos todos y todas en ese colectivo, porque en algún momento de nuestras vidas tendremos también necesidad de ayuda, de ser ayudados, porque seremos moderado, severo o gran dependiente.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente: Muchísimas gracias, don Ignacio González.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, que presentó la otra comparecencia, doña Rosa Jerez Padilla.

La señora Jerez Padilla: Gracias, señor presidente.

Antes de comenzar mi intervención, sí me gustaría contestarle, porque seguro que se me va a ir, al portavoz del Partido Popular que está muy equivocado. Señor Santana, mire, en lo que no ha recortado el Gobierno central, el que usted dice de Zapatero, es en políticas sociales. ¡En eso no ha recortado! Otros quizás han recortado, pero este, desde luego, le puedo asegurar yo que no ha recortado ni un ápice.

Mire, no quiero entrar, no quiero entrar en detalles de las intervenciones que han realizado otros intervinientes, portavoces, antes que yo, porque creo que el tiempo apremia, pero, desde luego, que con algunos no estoy de acuerdo, porque han dicho cuestiones y cosas aquí que muchos fuera quizás se tiren manos a la cabeza y digan algo que a muchos no nos gustaría.

Dicho lo dicho, señora consejera, mire, de antemano, le manifiesto que le damos un margen de confianza para solucionar este grave problema. Estamos con usted, señora consejera. Lo que hemos traído aquí es una situación por la que está pasando Canarias y por la que muchos canarios nos preguntan cada vez que salimos a la calle o nos sentamos en un banco a tomarnos una cerveza o hablamos con cualquiera. Nos preguntan qué pasa con la Ley de Dependencia, qué soluciones están dando, y eso es lo que nosotros hemos traído aquí. No estamos yendo en contra de nadie, simplemente traemos el sentir del pueblo, el sentir de esas personas que están en ese sistema. No se olviden ustedes de eso.

Yo le decía, y usted lo recordará, que en mi primera intervención en la Comisión de Servicios Sociales usted hizo la exposición de los objetivos, nombró por encima la Ley de la Dependencia, pero sí le dije que el Grupo Parlamentario Socialista lo tendría a su disposición y contara con él en todo momento, pero que tampoco esto suponga para usted un cheque en blanco; es decir, nosotros apoyamos al Gobierno pero también pedimos que el Gobierno agilice una ley tan importante como es la Ley de la Dependencia. Y por eso le digo máxima confianza en usted. Lo que no podemos es seguir con este estancamiento, ralentizado, del sistema de atención a la dependencia en Canarias.

Creemos, señora consejera, que ha sido un problema de gestión y que ahora es el momento, ahora es el momento de cambiarlo y de dar ese giro de 180º, que, en definitiva, están esperando los canarios y canarias que dependen de esta ley. Porque, mire, señora consejera, son muchos los canarios que se encuentran en el limbo de la dependencia, el 60%. Son las personas que tienen reconocido un grado y nivel que les da derecho a recibir prestaciones y servicios del sistema, pero aún no se les ha aprobado, por ejemplo, el PIA, que les permite recibir de manera efectiva estos servicios o prestaciones. Muchos van ya para tres años, que no han sido ni valorados. Algo muy preocupante en cuanto a que muchas de estas personas, por su edad o por sus circunstancias, tienen una esperanza de vida que hará irrecuperable el tiempo en el que estará retrasándose la percepción del servicio o prestación a la que tiene derecho.

Otra cuestión, señora consejera, que en mi primera intervención, como el tiempo era muy corto no se lo pude preguntar, me gustaría que nos aclarase cuál va a ser la medida que usted va a tomar con respecto a la financiación que se hace con respecto a habitante/año para esta ley. Por ejemplo, tenemos y sabemos que La Rioja, aproximadamente, pone 183,33 euros por habitante/año y que en el 2010 creo, y casi afirmo, que Canarias puso aproximadamente 32,50 euros, junto con Baleares, que puso 57,90 euros. Por eso me gustaría que nos aclarase el porqué de esa financiación, creo que es fundamental.

Señora consejera, una cuestión bastante importante y que se debe tener en cuenta es que debemos garantizar que aquellas personas en situación de dependencia que reciben cuidados no profesionales en su entorno familiar estén adecuadamente atendidos. Para ello debemos impulsar lo que usted decía: los servicios de ayuda a domicilio, los centros de día y residencias, y con ello, además de potenciar la creación de empleo, porque, mire, porque debemos tener en cuenta que si Canarias alcanza la actual media nacional de servicios y prestaciones, habría creado alrededor... por lo bajo, 7.240 nuevos empleos. Es decir, la Ley de Dependencia, señora consejera, y nadie aquí me diría lo contrario, es un gran yacimiento de empleo en todos los sentidos, como así se ha manifestado en algunas comisiones.

Señora consejera, el tiempo de espera, no se puede tener a una persona más de tres años para recibir la ayuda o el servicio que necesita. Hablábamos de los fallecimientos, no llegando a recibir incluso los servicios. Pero lo que más me preocupa, señora consejera, no es ya la ayuda, que se corresponde con la realidad, es incluso el grado real, el grado real que tenga esa persona cuando reciba el servicio, porque usted sabe que las personas cuando están en dependencia pueden ir degradándose cada vez más y tendrá que tener y tendrá un grado distinto a cuando se les hizo el reconocimiento la primera vez. Entonces, ¿qué ocurre?, ¿se le vuelve a adecuar dicho grado o sigue con lo mismo y, por lo tanto, no va a ser atendida con el mismo servicio o con la misma prestación? Por tanto, es importante la aplicación efectiva de los plazos de resolución y del procedimiento de urgencia para los pacientes de enfermedades de rápida evolución. A estos era a los que yo me refería, señora consejera.

Por todo ello, debemos agilizar dicha ley y que el tiempo de espera para las personas con reconocimiento de derecho a recibir la ayuda por dependiente no sobrepase los seis meses.

A las críticas de los organismos en mi primera intervención, he nombrado, se les une la continua crítica que hacen los cabildos y los ayuntamientos, se ven desbordados. ¿Y se ven desbordados, según ustedes, por qué?: porque es adonde primero acude el ciudadano. Y son los primeros que le dicen, "mire, es que no podemos, es que no puedo porque no tengo". Entonces, señora consejera, hay que apoyar. Yo le oí decir que se ha reunido con los cabildos; chapó, chapó, siga así. Y sobre todo tenga en cuenta a esos ayuntamientos, a todos los ayuntamientos en general, porque creo que es donde primero acude la persona que tenga problemas y que está dentro del servicio de la Ley de Dependencia.

Señora consejera, confiamos, a partir de ahora, en que la Ley de Dependencia, que nació con el espíritu de convertirse en un pilar más del Estado de bienestar, así como de ser una oportunidad de empleo y formación, se consolide su aplicación y funcionamiento. Ahí tendrá usted al Grupo Parlamentario Socialista, como así se lo dije desde el principio de esta intervención, apoyándola en todas sus decisiones, porque si no apoyamos, estemos en la Oposición o estemos en el Gobierno... Esta ley necesita de ese apoyo de los parlamentarios y cuantos más usuarios podamos atender, señora consejera, pues, más recursos llegarán desde el Gobierno central y antes saldremos del furgón de cola del que yo le hablaba en mi primera intervención y saldremos de las listas de aplicación en que ahora mismo, pues, nos colocan todas las estadísticas.

Señora consejera, mire, con eso estoy de acuerdo con lo que dijo el portavoz de Nueva Canarias, del Grupo Mixto. Haga un análisis, haga un análisis profundo de la situación y tráigalo usted aquí. Reúnanos a los portavoces del servicio social, de asuntos sociales, y comentémoslo. Discutámoslo, discutámoslo, porque igual usted piensa de una manera y yo pienso de otra, el Partido Popular piensa de otra y el Grupo Mixto piensa de otra, y quizás aunando fuerzas podremos salir de aquí.

En definitiva, señora consejera, creo -y para terminar-, dar a los ciudadanos que lo necesitan las prestaciones que la ley regula como un derecho no solo es una cuestión de orden legal sino de solidaridad y decencia, de empatía hacia una situación en la que todos alguna vez nos podremos ver. Y desde luego que ahí, y le decía desde el principio, ahí tiene al Grupo Parlamentario Socialista.

Y yo, sin más, no tengo nada más que decirle, pero creo que esta es una ley muy buena, en contra de lo que muchos opinan. Creo que es una ley a la que le podemos sacar bastante rendimiento y que es una ley que no salió de una chistera, como muchos piensan. Es una ley que tuvo un proceso, tuvo una ficha de financiación, aunque muchos digan lo contrario, y es una ley que todas las comunidades autónomas han apostado por ella.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Rosa Jerez.

Para concluir la comparecencia, la señora consejera de Cultura y Bienestar Social, doña Inés Rojas.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Señor González -señor presidente, primero-, señor González, disculpe usted, que me pareció que en mi primera intervención... No lo hice ni siquiera por contestarles a unos u otros sino por realmente ubicarles un poquito en la situación y es verdad que, a medida que iba explicando algunas de las cosas que cada uno de ustedes expuso, pues, me ayudaba a reafirmar y a aclarar -me parecía a mí- la situación en la que se inició esta ley.

Voy a empezar con el Grupo Parlamentario Popular, al que voy a darle la razón en lo siguiente. Es seguro, es seguro, entiendo que sí o sí, se producirá una reforma de esta ley: sí o sí. Y se va a producir una reforma de esta ley porque todas las comunidades e incluido el ministerio entendemos que, después de cuatro años de inicio de la misma, cuando una ley de esta envergadura se pone en marcha, el legislador en su momento entiende que lo hace para cubrir y cumplir con una serie de objetivos, que luego a la hora de poner en marcha y de llevar a la práctica, pues, no se logran del todo, como es, por ejemplo, la revisión de las prestaciones económicas. En eso estamos todas las comunidades absolutamente de acuerdo, en que esa prestación económica hay que revisarla, porque realmente estamos haciendo leyes antinatura, de tal manera que en estos momentos te encuentras con gente que te dice, "¡oiga!, es que yo no puedo cuidar a mi padre o a mi madre, hablando de personas mayores, porque no me pagan". O sea, ahora parece que tenemos que pagarle a la gente por cuidar a nuestras personas, cuando ese no es, desde luego, el objetivo con el que se creó la ley. Sí se creó con el objetivo, esa prestación económica era para algo muy singular: personas quizá de muchísima edad que no quieren en absoluto salir de su casa y una persona, un familiar, les está cuidando, pues, que ese familiar -vuelvo a reiterar, mujer en la inmensísima mayoría de los casos- pudiera por lo menos incorporarse a la Seguridad Social y al menos, ya que está haciendo esa situación con su persona, familiar dependiente, pues, pueda tener un día una cotización. Eso lo estamos considerando incluso como empleo, como dada de alta en la Seguridad Social. Y decimos: "pues la Ley de Dependencia genera muchísimo empleo". No es ahí donde está el nicho de empleo de la ley, está precisamente en los servicios, que son los que generan además la creación de empleo cualificado, y ustedes deben saber que en Canarias por cada 48 personas que tengamos en un centro residencial se generan 60 empleos directos de personal muy cualificado.

En eso, ahí es donde le doy la razón en que la ley probablemente, con toda seguridad, pues, se va a reformar. Y, como usted bien ha dicho, conoce las vicisitudes por las que ha pasado esta ley, sabe de las dificultades para poder irla desarrollando y, por lo tanto, pues, dándole, como le digo, esa razón, pues, doy un poco por contestada de alguna manera su intervención, señor Santana, y además se la agradezco. No voy a entrar en las disquisiciones que podemos tener entre Partido Popular o Partido Socialista o incluso la propia Coalición Canaria, de quién apoya a quién, y yo le aseguro aquí desde esta tribuna que a quien apoyamos nosotros es a Canarias, y punto (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor viepresidente primero, Cruz Hernández).

El Grupo Parlamentario Socialista. Yo no siento que no tengo el apoyo de la Cámara, se lo aseguro. Yo lo que sí siento es que la Cámara en general... -como bien dice el señor González, seguramente soy responsable de no haber sabido probablemente comunicar convenientemente; también sabiendo, en mi defensa, que no es fácil contracomunicar-, el que ustedes conozcan. Usted decía una cosa que a mí me parece importantísima, porque me pasa cada día también: la gente le pregunta por la calle y la gente se le sienta incluso al lado cuando usted está tomando un café. A todos y a todas les digo lo mismo, cuando una persona, la última que me encontré el otro día, que cuándo le íbamos a pagar, que ella estaba atendiendo a su marido. Si nosotros preguntáramos qué está usted esperando de la ley, en qué no le está atendiendo a usted la ley, ¿su familiar dependiente está en un centro de día?, ¿está recibiendo una ayuda a domicilio?, ¿va alguien a casa a atenderlo?, ¿dónde está?, ¿está yendo a algún centro especializado, a algún centro ocupacional, a algún taller, a alguna residencia-hogar?, ¿dónde está?, ¿qué está haciendo?, la única respuesta posible ahí es que, si solo está en casa y solo está atendido por la persona familiar que les está hablando, por un familiar, es la única circunstancia en la que puede estar esperando por una prestación económica por cuidado en el entorno familiar. Al resto todos tenemos que decirle lo siguiente -ahora le digo qué le diría usted en ese caso-, al resto tenemos que decirle: "mire, lo que le va a dar la Ley de Dependencia, que se va a llamar así, es el servicio que usted ya está recibiendo", para que no se lleve ninguna sorpresa. Y en el caso de que sea una prestación económica -perdonen que intente ser pedagógica con ustedes, pero es que necesitamos que la gente tenga la información veraz-, que sea una prestación económica puede suceder casi seguro lo siguiente: las prestaciones económicas oscilan entre 300 y 510 euros la máxima -les vuelvo a repetir que un servicio es muchísimo más caro y encima nos genera empleo cualificado-, la máxima. ¿A quién se le da 300 y a quién se le da 500? Pues depende de la capacidad económica de la gente. Pues les voy a decir una cosa: la ley estipula que para que una persona demuestre su capacidad económica, además que solo un funcionario de la comunidad autónoma puede ratificarlo, ha de presentar, ha de demostrar su capacidad económica. Para ello necesita que la Seguridad Social, el Registro, el Catastro, puedan demostrar las propiedades que tiene esa persona. Cuando las personas te dicen que no tienen nada, aparece el certificado catastral en el que dice que sí tienen propiedades. "No, mire, pero es que yo ya no tengo eso, porque yo ya lo vendí o lo doné a mis hijos; nosotros ya no tenemos eso", pero no lo han dado de baja en el Catastro y la persona funcionaria de esta comunidad autónoma, de este Gobierno, no puede darle, concederle, la prestación económica. Todos sabemos además lo que tardan estos organismos en contestar.

Por eso -señor González, ahora sí voy a lo suyo y a lo que me decía también la señora Guadalupe-, si ahora nos pusiéramos en este Gobierno, en este Gobierno no, esta persona -que, como repite en el Gobierno...-, si yo me pusiera ahora -voy a personalizarlo-, ahora, a estudiar el proceso, a hacer un análisis, a ver cómo ponemos esto en dos... miren, nos da el 2020 y todavía estamos aquí. No. Para todos. Eso no lo vamos a iniciar ahora. Si yo hoy les puedo decir que de los tres decretos que faltarían para cumplimentar del todo el desarrollo ya de esta ley definitivamente, prácticamente, con toda seguridad, que podemos tener, a finales de este año o febrero del año 2012, si puedo hoy decir eso, es porque venimos trabajando a lo largo de estos años, y cuando digo "venimos", no ha venido el Gobierno solo; el Gobierno en solitario no lo podría hacer, tiene que ser de la mano de los cabildos y de los ayuntamientos.

Ahora podemos empezar a hablar y a decir, y ahora verán todo el proceso. Miren, en estos momentos estamos incorporando del orden de 380, 400 personas mensuales en la Ley de Dependencia. En algunos momentos también hemos incorporado hasta 500 y en otros momentos 100, dependiendo de estas dificultades que les estoy contando, pero a partir de ahora y en estos momentos, yendo las cosas como van, estamos hablando ya de 400 personas como mínimo, 300 mensualmente. ¿Eso es por casualidad, porque ahora vamos a empezar a trabajar? No. Eso es porque hay ya un proceso y un camino muy avanzado. Por lo tanto, conocer eso, por favor.

Ahora es el momento, claro, ahora es el momento por todo lo que hemos hecho. Si no fuera por todo lo que hemos hecho, no sería ahora el momento. A partir de ahora yo sí voy a seguir viniendo a esta Cámara a informar y, como saben, no me cansaré nunca de informar sobre esta ley. Voy a seguir viniendo a informar sobre esta ley. Ustedes me lo pedirán y yo lo pediré también. Y además les vuelvo a decir como en la comisión: me gustaría que tuviéramos un encuentro con todas las personas, diputados y diputadas, que estén interesadas en que hablemos de forma más distendida y sin esta historia del tiempo para que realmente conozcamos por dentro cuál es toda la situación real.

Y decirle que, en cuanto a empleos, solo, imagínense, por 48 creamos 60 empleos directos y estamos hablando de 55 centros públicos para mayores y 127 centros para personas con discapacidad, amén de los concertados, estamos hablando de un buen número de empleos. Pero le diré una cosa: solo del año 2008, final del 2008, principios del 2010, se crearon más de 6.000 empleos a tenor de la Ley de Dependencia. Con lo cual sí que es una ley generadora de empleo y en Canarias también está generando empleo.

Voy a dejar al Grupo Nacionalista para el final para que no... El Grupo Mixto, señor Rodríguez. Yo, volviéndole a escuchar después de la intervención, a veces pienso qué me pasa que no soy capaz de hacerlo entender. A ver, primero, si usted era el presidente del Gobierno en aquel momento y con usted se encauzaron los que hoy conocemos, esos planes sociosanitarios, que tienen los días contados... Si hoy paráramos la Ley de Dependencia, generaríamos un caos en Canarias, porque tienen los días contados nuestros planes. Eso ya se acabó, ya se acabó.

Y dice usted que no solo no reconocemos que tenemos problemas... ¿Que hemos tenido problemas y dificultades para desarrollar esta ley?, me parece que más claro no he podido contar todos los obstáculos que hemos tenido que salvar. Pero lo que sí les voy a decir es una cosa, es que, sin complejos, sin complejos, usted y todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando, sin complejos, sí que es de los mejores planes sociosanitarios que tenemos en España. Y se lo digo yo, que me siento en el Consejo Territorial de la Dependencia y que además tuvimos la oportunidad de sentarnos la que fuera consejera de Sanidad con los consejeros y consejeras de Sanidad y de Política Social de toda España, con los dos ministerios, bueno, era el mismo en aquel momento, Política Social y Sanidad, en el que se reconocía, incluso la propia Comunidad de Madrid, que las personas mayores que están en su residencia, cuando enferman, hay que llevarlas a un hospital. Eso no sucede en Canarias, eso no sucede en Canarias. Sí, sí tenemos una circunstancia diferente mejor y debemos decirlo ya sin complejos. ¡Siempre estamos mirando que lo de los demás es lo mejor!, no, pues, en esto estamos, desde luego no podemos decir sino sentirnos satisfechos. Son buenas prácticas que además ha copiado el Estado.

Dice usted que por qué en cuatro años... Me parece que también lo había explicado, que a lo largo de esos cuatro años, si entendiéramos que tenemos personas en nuestro sistema, ¿por qué en cuatro años, pues, no las hemos podido incorporar ya...? Las vamos a incorporar, pero no incorporaremos a todo el mundo, señor Rodríguez, y me parece que se lo dije al principio y usted sabe mucho de eso. Usted sabe mucho de eso, porque desde el Cabildo de Gran Canaria supieron mucho de eso en la legislatura pasada. Hay mucha gente en nuestros servicios que sí es verdad que, a lo largo de estos últimos años, todos los cabildos, salvo la excepción de alguno, todos los cabildos no incorporaban a nadie en sus servicios que no fueran personas de la Ley de Dependencia, que no fueran personas que habían solicitado la Ley de Dependencia. Y eso es un acuerdo tácito. ¿Sabe usted por qué? Porque hay un decreto en Canarias, al calor de nuestros planes, que regula el acceso a los servicios. Mientras no cambiemos ese decreto, que ha costado ir llegando hasta aquí y ya estamos en ese proceso y en ese borrador, los cabildos podían optar a seguir permitiendo el acceso a personas que no fueran de la Ley de Dependencia. Algún cabildo lo hizo, señor Rodríguez. Por eso no hemos podido incorporar a todo el mundo, porque todo el mundo no va a cumplir. Algunas personas, como se decía aquí, enfermas de alzhéimer no tienen derecho a un servicio residencial y, sin embargo, Canarias se lo está dando.

Hay un peligro muchísimo mayor -veo que se me acaban los minutos-, muchísimo mayor, que me gustaría comentar. La ley tiene la garantía financiera, por llamarlo de alguna manera, hasta el año 2015. ¿Y después?, ¿qué va a pasar después? ¿Lo vamos a financiar en solitario las comunidades? Vamos a ver qué pasa después. Que sepamos también eso. Que hemos desmontado nuestro sistema para incorporar todo a la Ley de Dependencia y vamos a ver si la Ley de Dependencia nos garantiza ese futuro.

Al Grupo Nacionalista decirle eso: si empezáramos ahora, no acabaríamos hasta el 2020.

Los decretos que nos quedan. Usted puso el dedo en la llaga en una cosa. En Canarias, la atención a las personas con discapacidad es gratuita, señorías. Es gratuita, señorías. Eso no lo sabe la gente, se lo tenemos que decir nosotros a la gente. Es gratuita, pero a partir de que incorporemos a la gente en la Ley de Dependencia tendrán que establecer un copago por el servicio que reciben. Ese decreto también lo estamos ya regulando en Canarias. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Esperando a que nuestro PAD, nuestro Plan de Atención a la Discapacidad, venciera, que venció el 31 de diciembre de 2010. Y hoy estamos trabajando con cabildos y con el tercer sector, realizando ese decreto. Por lo tanto, en muy poquito tiempo, no en el 2013, seguro que será muchísimo antes, pero vamos a estipular que en el 2012 definitivamente se ha borrado todo nuestro anterior sistema. Todavía quedarán personas en esos servicios que serán de nuestro sistema y no aparecerán en las estadísticas, pero, señorías, para orgullo de Canarias, la ley no puede ser solo las estadísticas que vemos en el Estado, sino que a quien nos hable desde allá... Nunca el ministerio nos ha puesto a la cola porque lo conoce, han sido otros; tampoco es el Consejo Económico y Social de Canarias... (Corte del sonido producido por el sistema automático de control del tiempo.)

¿Sí?

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, sí, se oye.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): ...por lo cual, que lo ha entendido perfectamente.

Y el Diputado del Común ha hablado hoy de 180 quejas, personas de la dependencia, en 40.000 expedientes que tenemos. Ha hablado de las personas fallecidas. Yo quiero lanzarles aquí hoy una cosa: a las personas fallecidas, primero, la ley no las contempló; Canarias sí las contempla. Todas aquellas personas a las que les ha fallecido una persona dependiente tienen derecho, si se les iba a reconocer una prestación económica, a cobrarla, y la cobran. Lo que pasa es que hay una cantidad de problemas para que la gente demuestre quién es el perceptor de la cantidad económica. Se tienen que poner de acuerdo todos los herederos, señorías, y yo les aseguro que hay unas dificultades enormes. En estos momentos el Gobierno de Canarias podría pagar a todas las personas que han fallecido y no podemos hacerlo. Les digo una cosa: en agosto hemos pagado a...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): ...(Sin micrófono.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Tiene oportunidad en otro momento de seguir ampliando la información a sus señorías.