Diario de Sesiones 6/2011, de fecha 20/9/2011 - Punto 23

· 8L/C-0028 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la duplicidad de competencias y funciones en las administraciones públicas de Canarias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Pasamos a la siguiente comparecencia: la número 28, del Grupo Parlamentario Popular, sobre duplicidad de competencias y funciones en las administraciones públicas de Canarias.

Para la primera intervención, por parte del grupo solicitante de la comparecencia, don Miguel Jorge Blanco, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra.

El señor Jorge Blanco: Gracias, señor presidente. Señor Spínola, señor consejero.

En el acuerdo de gobernabilidad que firmó Coalición Canaria, el Partido Nacionalista Canario, el Centro Canario Nacionalista y el Partido Socialista Canario para esta VIII Legislatura en nuestro archipiélago, en el apartado tercero concretamente se establece la remisión al Parlamento de una nueva ley de administraciones públicas de Canarias que defina, con criterios de racionalidad y de eficacia, el marco competencial de cada Administración pública de Canarias, evitando la duplicidad de competencias y elaborando la consiguiente carta de servicios a prestar por ella.

Luego, en el discurso de investidura del señor Rivero el pasado 4 de julio, manifestó el propio señor Rivero la promoción de 10 acuerdos, 10 compromisos asumidos por el señor presidente. En uno de ellos manifestó lo siguiente: "abordar la reforma de las administraciones para adaptarla a los nuevos escenarios, con una nueva ley de administraciones públicas canarias". El señor Rivero de los nuevos escenarios francamente no habló nada, no dijo ni una palabra; tan solo habló de la aprobación de una nueva ley. Como si con la aprobación de una nueva ley, señorías, se resolvieran los problemas de duplicidades, de competencias y funciones en Canarias. Lo importante, como es obvio, y usted lo sabe bien, no es la ley en sí misma, ¿no? Yo sé que es bueno y que... en fin. Además es propio de los grupos socialistas permanentemente reclamar la aprobación de distintas leyes, a veces no se sabe para qué.

Pero, en cualquier caso, le quiero decir: lo importante es el contenido. Y de contenido quisiera que usted en su intervención, en su primera intervención, nos hablara en esta comparecencia. Del fondo y no de la forma, señor Spínola. En primer lugar, las causas que genera la situación, porque saber las causas, sin duda alguna, señor consejero, nos ayudará a resolver el problema; y, en segundo lugar, funciones y competencias duplicadas. ¿Por quién se duplican y por qué se duplican?: ¿se duplican por voluntad propia?, ¿se duplican por ineficacia o abandono de la Administración responsable de ejercerlas o se duplican por presión ciudadana o vecinal?

Las funciones, señor Spínola -usted lo sabe bien-, se duplican e incluso se triplican, porque hay cosas en Canarias que hace el Gobierno de Canarias, que hacen los cabildos y los propios ayuntamientos. Y esto no es bueno para nadie, y no es bueno, sobre todo, como comprenderán, para los ciudadanos en general; genera desconcierto, genera desconfianza, genera desaliento, genera aburrimiento y encima genera una carestía en los presupuestos públicos.

Cuando las vacas eran gordas, muy gordas, pues, no se notaba. Se hacía de todo, imagínense, se pagaban hasta entierros... Pero cuando las vacas son flacas, son muy flacas, la cosa cambia. Ya no hay dinero para gestionar las competencias impropias, las que no son nuestras: "la ley dice que esta materia es responsabilidad del Gobierno?, pues, que la gestione el Gobierno". Esta, señoras y señores diputados, es la frase más repetida en estos últimos meses por muchos de nuestros alcaldes y por muchos de nuestros presidentes de cabildo.

Termino, pidiéndole, señor Spínola, que no se quede usted en su intervención en la intención, que sin duda es buena. No le pido un auto de fe ni que diga algo de lo que pudiera arrepentirse en el futuro, pero sí por lo menos que nos exponga las ideas esenciales de qué es lo que quiere este Gobierno introducir en esta nueva ley.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Gobierno, el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola, tiene la palabra, por tiempo máximo de diez minutos (Suena el timbre de llamada a la votación).

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): ¿Hay que votar o no? ¿No hay que votar?

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señor consejero.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Sí. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes, casi noches ya, porque son las ocho de la tarde.

Bien. Como saben -lo dije esta mañana-, uno de los objetivos fundamentales que se ha trazado el Gobierno en esta legislatura y, como usted bien ha señalado...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señorías, la Presidencia está controlando el tiempo. No se preocupen. Tiene diez minutos el señor consejero y, por lo tanto, ruego no interrumpan al interviniente en el atril.

Señor consejero, puede usted continuar.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Sí. Gracias, señor presidente.

Decía que, como bien saben todos -lo dije esta mañana y lo hemos repetido a lo largo de estos meses-, desde que el Gobierno tomó posesión uno de los objetivos fundamentales de esta legislatura, recogido, como usted bien decía, señor compareciente, recogido en el pacto de gobierno y también en el discurso de investidura del presidente del Gobierno, es presentar en esta Cámara un proyecto de ley de actualización de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, que delimite las competencias no solo de la comunidad autónoma sino también de los cabildos y de los ayuntamientos canarios. Por tanto, aspecto esencial acabar con esas duplicidades, acabar con esos solapamientos en los servicios y en los trámites que se realizan por las distintas administraciones públicas.

Desde mi toma de posesión, he venido insistiendo y he venido reiterando la idea de que la gobernanza solo será palpable a medida que se intensifique una verdadera cooperación entre las distintas administraciones públicas, se presten servicios de forma mancomunada en unos casos, insularizados en otros, y también se acometan traspasos, traspasos metódicos y rigurosos, a otras administraciones de distintas competencias administrativas. Con esa finalidad vamos a promover un conjunto de medidas, a las que me referiré a lo largo de esta comparecencia.

No obstante, si me lo permiten, quisiera exponer algunas ideas sobre trabajos previos que han venido acometiéndose por distintos gobiernos anteriores en esta comunidad autónoma. Así, bajo los términos "reorganización administrativa", "descentralización competencial", "pacto local", estos son vocablos que se han utilizado a lo largo de muchísimos años en este Parlamento, que, sin embargo, no se ha podido todavía materializar ese llamado "pacto local". Pero lo que sí es cierto es que existe un conjunto, un bagaje, de trabajos técnicos, de ponencias, de conferencias, que yo creo que son interesantes para el debate que se va a suscitar a lo largo de toda la legislatura y para el desarrollo, en definitiva, de una Administración pública moderna, acorde con los tiempos del siglo XXI.

Pero, a nuestro juicio, ¿dónde radica el problema? Bien. El problema, desde nuestro punto de vista, radica en el propio Estatuto de Autonomía, porque en Canarias, al igual que en otras comunidades autónomas, cuando se aprobó nuestra organización institucional, no se definió con absoluta nitidez y claridad cuáles son las competencias a desarrollar por la comunidad autónoma y cuáles iban a ser también realizadas por los cabildos insulares y por los ayuntamientos. Eso se demoró a una ley, que la primera de ellas se aprobó -recuerdo- en el año 1986. Fue la primera Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, año 86. Una ley que ya empezó a ordenar las administraciones públicas, que ya delimitó una serie de criterios de distribución de competencias. Esta es una ley que fortaleció mucho el papel de los cabildos insulares; sin embargo, poco o casi nada dijo de los ayuntamientos canarios, ayuntamientos que seguían manteniendo las competencias que les asigna la Ley de Bases de Régimen Local. Ese es el esquema que teníamos, año 86. Pasa el tiempo, hay que actualizar esa ley. El Parlamento de Canarias aprueba una nueva ley en el año 90, la Ley 14/90, Ley también llamada de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias. Ley que mantiene a los ayuntamientos y a los cabildos como corporaciones locales, pero da un paso más, de acuerdo con el propio Estatuto, de forma tal que se dota a esos cabildos insulares, en tanto que instituciones de la comunidad autónoma, de iniciativa legislativa, iniciativa legislativa en este Parlamento, y además se configuran -y esto es importante- como representantes ordinarios del Gobierno de Canarias y ejecutores de sus acuerdos. Por tanto, ya esta ley da un paso más allá. Y quiero reseñarles, porque es importante, que en esa ley del año 90, en su disposición adicional primera, se establece un traspaso importantísimo de hasta 28 competencias, que se traspasan a los cabildos insulares, 28 competencias. Estamos hablando del año 90. Pero el hecho incuestionable es que en el mismo territorio operan tres administraciones públicas. Esa es la realidad en la Canarias del siglo XXI.

Y a esa situación hay que sumarle el dato importante también de que los ayuntamientos, como administraciones más cercanas al ciudadano, se han visto obligados a prestar una serie de servicios, sin que tengan la obligación legal de hacerlo. Pero lo han hecho, los ayuntamientos. Son servicios, llamados impropios, que acarrean gasto y que esos gastos impropios generan unas grandes tensiones en las arcas, en las haciendas municipales. Por poner una serie de ejemplos -y voy concretando-, ejemplos donde la incidencia de las duplicidades se observa con más nitidez, con más claridad. Materias, mire, en servicios sociales, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia; en educación, en empleo, en cultura, en turismo, en comercio, en juventud, en deporte, en salud pública, en igualdad, en protección civil, en medio ambiente, en artesanía y en transporte. Fíjense qué elenco de materias tan variadas y diversas. Sobre esas materias operan las distintas administraciones públicas en esta comunidad autónoma. Materias, además, en las que tengo que decirles que intervienen todas las administraciones públicas, pero en algunos casos ni siquiera tienen ningún título competencial. Pongo un ejemplo, artesanía. Los municipios no tienen ninguna competencia, los ayuntamientos no tienen ninguna competencia sobre artesanía; sin embargo, desarrollan las funciones en materia de artesanía.

Podría poner otros ejemplos, que son los relativos a municipios de menos de 20.000 habitantes, que no tienen que prestar un servicio obligatorio en materias tales como extinción de incendios, por ejemplo, protección civil o servicios sociales y, sin embargo, aunque no tengan este requisito legal, lo prestan, prestan esos servicios, aunque no están obligados.

Todo ello genera un conjunto importante de duplicidades, duplicidades.

Y voy a ponerle otro ejemplo, para que vea usted la cantidad de situaciones dispares que se dan. Hay muchas leyes sectoriales de la comunidad autónoma que atribuyen competencias a los tres niveles de la Administración: a la comunidad autónoma, al Gobierno de Canarias, al cabildo insular y también a los ayuntamientos. Un ejemplo, deporte, fomento y promoción del deporte. Usted coge la Ley de Deporte y ve que hay competencias para las tres administraciones públicas.

Bien. Pero un problema importante es que en la sociedad canaria todavía no hemos interiorizado la cultura de ver a las administraciones públicas, estos distintos niveles, como una sola Administración. Y esto es un problema y esto provoca un gran malestar ciudadano. ¿Por qué? Pues porque la falta de coordinación en muchos casos y el exceso de burocracia al final quien lo soporta es el ciudadano. ¿Cuántos ciudadanos van a una Administración a entregar unos documentos, unos papeles, que deberían servir para otros trámites ulteriores y cuando va a la siguiente Administración tiene que volver a repetir esos documentos? Y yo creo que en el siglo XXI no hay derecho a que eso esté ocurriendo. Por tanto, cuestión que tenemos que afrontar y que resolver también.

Vamos a trabajar, por tanto, en la puesta en marcha de medidas que tiendan a cruzar información y que, con sistemas telemáticos, estas cuestiones las podamos ir resolviendo.

Acabo ya en esta primera intervención, luego profundizaré un poco más, en la idea que expuse esta mañana también, que el Gobierno está muy interesado en hacer este trabajo. El Gobierno solo no lo puede hacer ni lo quiere hacer, lo quiere hacer con todos, y por eso una nueva apelación a todos los grupos parlamentarios, a todos los partidos políticos, que tengan representación no solo en el Parlamento, también en los cabildos insulares y en los ayuntamientos. O esto lo acometemos todos de verdad y lo hacemos desde ya, como esta mañana ha quedado claro... El Gobierno lo va a hacer, lo va a intentar. Va a tener inmediatamente reuniones con las distintas instituciones y corporaciones afectadas y vendremos al Parlamento a dar cuenta de todos los trabajos que vayamos acometiendo.

En la segunda intervención podré precisar, después de las intervenciones de sus señorías, alguna cuestión o alguna pregunta que me quieran formular.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Sí, señorías, por los grupos no solicitantes de la comparecencia, por el Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez, por tiempo de diez minutos... de tres minutos, perdón, tiene usted la palabra. Diez minutos cuando solicite la comparecencia.

El señor Rodríguez Rodríguez: Este es un tema recurrente, ¿no? Yo diría que casi todo el mundo lo ha intentado. En la pasada legislatura fue un compromiso también, lo es en esta. Quizás ahora hay un plus de preocupación, que se ha puesto de moda que los problemas de la economía los crea el sector público y que en Canarias este es un problema nuclear de nuestra crisis. Yo no creo en esto, creo que es una simplificación de nuestros graves problemas económicos, pero estoy de acuerdo en que las ineficiencias en la Administración contribuyen a complicar las cosas, a tener peor respuesta a la situación de la economía. Por lo tanto, soy un firme partidario de la agilidad, de la simplicidad, de la seguridad jurídica, etcétera.

Pero yo, que tengo alguna experiencia en la Administración, creo que la primera condición es organizarse bien, porque no todas las administraciones están bien organizadas; segundo, gestionar mejor, y los niveles de profesionalidad en esto de la gestión son francamente mejorables; luego respetarse, porque hay cosas muy claras en la legislación que no se respetan; luego coordinarse. Y si hay que cambiar las leyes para definir competencias y financiación, que se cambien. De manera que de acuerdo, de acuerdo.

Advierto sobre un peligro: con la idealización, la mitificación de que este tema es central para recuperar el crecimiento, el bienestar y el empleo, nos podemos llevar un chasco, ¿no? Esto es fundamental, es necesario, los recursos son escasos, hay que utilizarlos de manera eficiente, los ciudadanos tienen derecho a recibir las prestaciones y servicios con prontitud, con seguridad. Pero este no es nuestro problema, este no es nuestro problema, ni siquiera el número de ayuntamientos: en España hay ocho mil y pico ayuntamientos y nosotros tenemos 88, el 1%, siendo el cuatro y pico por ciento de la población. Nos tocarían 240, si utilizamos la ratio esta de lo que nos toca. Que no quiere decir que esto no haya que hacerlo mejor. El problema es que hay ayuntamientos que han dimensionado servicios de forma indebida, el problema es que puede haber esto en los cabildos y en el Gobierno. Y yo, que no me quiero aprovechar mucho de estas circunstancias, sí que les quiero decir que hay un ejemplo que antes comentábamos: el de la Ley de la Dependencia. No era necesario generar nuevas estructuras: ¡estaban definidas las competencias en servicios sociales especializados en los cabildos insulares desde hace dos décadas! Y llega una nueva estructura competencial y, en vez de aprovechar la profesionalización y esa estructura, se duplica y ahora tenemos doble gasto y malos resultados.

Por eso digo: de acuerdo en la reforma, estaremos cooperando con el Gobierno en esta materia, aquí y en los otros ámbitos institucionales, pero, ojo, que mucho avance se daría si lo que nos toca lo hacemos bien.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo tiene la palabra, por tiempo de tres minutos.

El señor Fajardo Palarea: Gracias, señor presidente.

Telegráficamente, el señor Jorge, como siempre, con la rigurosidad que le caracteriza, habló del tercer bloque del pacto de Gobierno que tenemos firmado con Coalición Canaria, la nueva administración de la ciudadanía. Decir que nosotros estamos de acuerdo con un principio general: el marco normativo estatutario, legal y reglamentario, así como los recursos personales y materiales con los que las administraciones y el sector público cuentan deben ser los adecuados a los servicios públicos que se prestan, desde un planteamiento de eficiencia austero y comprometido.

También estamos de acuerdo con otro principio: el régimen jurídico en la dirección ejecutiva en materia de administraciones públicas debe basarse en la buena gobernanza y la austeridad en el gasto público, como principio rector de funcionamiento.

También estamos de acuerdo y, por tanto, apoyamos la iniciativa del consejero, anunciada hoy, de una nueva ley de administraciones públicas, porque es evidente que, con una coyuntura de crisis económica, con menores ingresos, los poderes públicos han de llevar a cabo políticas de restricción de gasto sobre la base de programas de austeridad, intensificando la cooperación institucional, mancomunando servicios y, sobre todo, evitando duplicidades en aquellos en la gestión de las competencias.

Usted aludía a un párrafo que aparece en el programa de gobierno y decir que yo lo complemento diciendo que además estamos de acuerdo en que la financiación de las haciendas territoriales deberá ser la adecuada al nuevo modelo organizativo que resulte de la distribución competencial gobierno-cabildo-ayuntamiento mediante las modificaciones legales oportunas.

Yo, aunque pueda parecer políticamente no correcto, felicito al señor Jorge por lo acertado de la solicitud de la comparecencia, porque es un tema que es importante, y además estamos de acuerdo -y así está en el programa de gobierno- en simplificar los procedimientos, acercar la Administración de manera más eficiente, reduciendo plazos, costes y cargas administrativas a las empresas, autónomos y a la ciudadanía en general. Es un objetivo prioritario de la acción del Gobierno. El Gobierno, como decía nuestra consejera de Empleo, está para resolver problemas, no para crearlos, y, por tanto, creemos firmemente en eso.

Esta mañana le requerían a usted, señor consejero, para que actuara ya, y yo le digo: actúe con el tiempo prudencial porque las prisas suelen ser malas consejeras. Actúe usted con el consenso que acaba de anunciar, actúe usted con el estudio para saber las causas a las que se refiere el señor Jorge. Por eso es necesario el estudio, porque, si se actúa con prisas y no se actúa con consenso y con estudio, lo que se puede lograr es un efecto perverso; o sea, se puede conseguir con lo que salga de este Parlamento, con la negociación, lo que no quiere, precisamente, el propósito de este Gobierno. Esa es la recomendación que le hacemos desde el Grupo Socialista.

Señor Jorge, entierros, sí. En épocas de vacas gordas hay entierros, incluso hay gente que compra mástiles y banderas mastodónticas, que cuestan cientos de miles, y compran incluso hasta fábricas, como La Favorita, que le cuestan mucho al erario público.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte de Coalición Canaria, don José Miguel Ruano, por tiempo de tres minutos, tiene usted la palabra.

El señor Ruano León: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

Señor consejero, creo que en su primera intervención ha centrado debidamente el debate, el debate, que es, justamente, una presentación de objetivos de su departamento y del Gobierno en su conjunto acerca de la política de las relaciones entre las administraciones públicas canarias. Y lo ha definido, a requerimiento del Grupo Popular, en relación con un proyecto de ley que ya anunciaba usted en alguna otra ocasión, creo que en su propia toma de posesión, y ayer se hacía tras una reunión mantenida con la Federación Canaria de Municipios y también la Fecai.

Señor consejero, señor Jorge, señoras y señores diputados, parece que estamos en este asunto en un lugar común; es decir, parece que todos convenimos -y lo decía también el señor Rodríguez- en que debemos intentar evitar duplicidades, simplificar y demás. Es cierto que hay una historia detrás en los procesos de gobierno y demás, con éxitos y fracasos, y yo, que prometo que en mi actividad parlamentaria no voy a hacer referencias a mi pasado reciente ni al más remoto, por cuanto esa no es ya mi tarea ni tengo ningún complejo de "ex", sí puedo decirle que el pasado para lo que sirve es para que interpretemos qué se hizo mal o no se hizo correctamente, y en ese sentido usted tiene cosas que pueden ser válidas en aquel departamento y cosas que hay que desechar, pues porque no tienen hoy utilidad alguna de cara al proceso que usted emprende.

Va a contar usted con el apoyo del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario en el trabajo que haga en relación con este asunto, que se enmarca, como ya se ha señalado, dentro del acuerdo de gobierno entre las dos formaciones políticas que sustentan al Gobierno.

Pero sí me gustaría hablarle en relación con los tiempos ni decir tampoco -lo dice el señor Fajardo-, ni tampoco lo que mi compañero el señor González esta mañana le decía de ya, pero comprenda lo que quería decir, y yo le digo que en el proceso habrá dificultades entre algunos niveles de la Administración, que no es precisamente el del Gobierno, sino la relación entre cabildos y ayuntamientos, y usted tiene que aprovechar la impronta política que le da el liderazgo en el debate que puede tener el Gobierno y, por tanto, que los tiempos sean los adecuados a la legislatura y al momento en el cual este Gobierno cuenta con todo el impulso necesario para sacar sin dificultad su proyecto de ley.

Aproveche además también el anteproyecto de ley, el proyecto de ley de función pública, que usted se ha comprometido a realizar, porque si lo plantea como un proyecto de ley de las administraciones públicas canarias, también podrá tomar decisiones sobre reasignación de efectivos, que va a ser necesaria en este proceso.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Para el turno de réplica del grupo solicitante de la comparecencia, don Miguel Jorge Blanco, por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

El señor Jorge Blanco: Gracias, señor presidente.

Señor Spínola, nuestro gozo en un pozo. Le pedí, además se lo pedía expresamente, que descendiera algo más de las palabras, de las buenas intenciones, y lo que usted nos ha explicado en su primera intervención es algo, en fin, que todos sabíamos, ¿no? Nos ha dado usted una especie de clase de historia de lo que ha hecho la Administración pública canaria en los últimos años, pero realmente lo que usted pretende hacer como consejero de Presidencia, responsable de esta materia, no lo ha hecho. Yo espero que en su segunda intervención, señor Hernández Spínola, lo pueda hacer.

En cualquier caso, yo sí quisiera hacer una serie de consideraciones. Primera consideración: si quieres que algo no salga adelante, que algo no se apruebe en la Administración pública, crea una comisión. Esta famosa frase de Napoleón Bonaparte dirigida a altos servidores públicos franceses, cuando se pretendía reformar la Administración, tiene el peligro de ser una realidad en Canarias, porque el presidente del Gobierno, a bombo y platillo, en el día de ayer anunció la creación de una comisión formada por expertos y por una empresa externa para la reconversión de la Administración pública canaria. Una comisión que cada tres meses irá diciendo qué es lo que hay que hacer para que el Gobierno lo cambie o lo modifique.

Analicemos la situación, señor Spínola. Una comisión que no se sabe su composición, pero que de antemano cuenta con una empresa externa, ajena a la Administración pública, para que diga a los altos funcionarios de la Administración pública lo que hay que hacer. Como si en Canarias no existieran órganos, no existen altos dirigentes públicos -la Inspección General de Servicios, el Instituto Canario de Administración Pública, la Intervención General, la Secretaría General-, que puedan hacer un análisis riguroso, basado en la experiencia, dicho sea de paso, que es la mejor de las ciencias.

Una comisión que cada tres meses irá diciendo lo que hay que hacer. Por tanto, veremos al Gobierno, trimestre a trimestre, realizando los cambios reglamentarios o legislativos para incorporar esas propuestas. Por lo menos eso es lo que yo entiendo, no sé si mi torpeza en este caso me hace decir alguna osadía. Pero mi pregunta es, si esto es así, ¿dónde queda la ley o el proyecto de ley que usted tiene que presentar en este Parlamento? ¿Cuándo se va a presentar, al principio, a los tres meses, a los nueve meses o a los dos años, señor Spínola? Porque hacer cambios cada tres meses tiene el riesgo de no ver el bosque sino de ver simplemente el árbol que tenemos enfrente.

Segunda consideración. Se está trasladando a los ciudadanos, con declaraciones públicas de responsables políticos, la impresión y la opinión de que tenemos una legislación en materia de Administración pública deficiente, una legislación mala, en definitiva, y que es necesario reformarla en profundidad para sacar a las administraciones públicas canarias del atolladero en que se encuentran ahora. Miren, este es un problema que existía hace cuatro años, que existía hace ocho años, lo dijo el señor Rodríguez anteriormente, y yo no oí ni una sola palabra a nadie para reformarla, probablemente porque existía dinero, crédito público, fondos públicos, para ofertar nuevos servicios, aun sin ser obligados u obligatorios para las administraciones públicas, tanto locales como autonómicas, ocultando un profundo error, y usted lo sabe bien, de crecer y crecer sin pensar que llegarían periodos de penurias como ahora.

¿Es verdad una mala legislación, la que tenemos, señor Spínola?, ¿es mala la Ley de Bases de Régimen Local?, ¿es mala la Ley 14/90, de Administraciones públicas canarias? Yo creo que no. Yo creo que ha sido o han sido los ayuntamientos, los cabildos y el propio Gobierno de Canarias los que de manera voluntaria han ejercicio competencias impropias sin que nadie les obligara. Mire, un informe de la Fecam, que de esto sabe algo, del año 2010 pone de manifiesto que en Canarias las competencias están bien definidas en la ley, pero que se hace caso omiso de ello por parte de las administraciones. Y lo hacen por varios motivos: por rédito político, fundamentalmente el más importante, por desidia o incapacidad de la Administración superior o por presión ciudadana.

Por tanto, yo no creo que sea una mala legislación y no se debe trasladar esa impresión de que el principal problema de la hiperinflación de la Administración pública canaria es una deficiente legislación administrativa. La culpa, insisto, está en las propias administraciones, que, de manera consciente, no han querido renunciar a aquello que no les corresponde, porque la ley así lo ha dispuesto. Y le pongo un ejemplo: la Ley de Cabildos del año 90 transfiere 28 competencias administrativas a los cabildos insulares, tan importantes como política medioambiental en todas sus facetas -protección del territorio, gestión de los espacios naturales protegidos-, la cultura, el deporte, el patrimonio histórico, la asistencia social y servicios sociales, obras públicas, carreteras, aguas, transporte terrestre, turismo, políticas de vivienda, puertos deportivos y de refugio -por cierto, que todavía ni siquiera se ha producido la transferencia-, amén de otras leyes sectoriales que de tapadillo también otorgan u otorgaban competencias a las corporaciones insulares, sin tener además habilitación financiera suficiente para poder hacerlo bien -el señor Pérez sabe muy bien a lo que me refiero-. Si eso es así, ¿por qué el Gobierno del que usted forma parte no ha suprimido muchas viceconsejerías y muchas direcciones generales que sobran en la Administración autonómica de la estructura de gobierno?

Luego habrá una comunicación, o mañana por la mañana, y no voy a profundizar más en este tema, pero, señor Spínola, una cosa es predicar y otra es dar trigo, porque una cosa es proclamar a los cuatro vientos que se está por la reforma y evitar duplicidades y otra cosa es hacerlo. Eso es lo complicado y ustedes no lo han hecho. No tienen la credibilidad hoy en día y la autoridad moral cuando reclaman una Administración más austera, más eficaz y sin duplicidades. Cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo en la formación de este Gobierno, no lo hicieron y no dieron ejemplo.

Y tercera consideración: toda actuación en materia de duplicidad de competencias y funciones pasa, a juicio de nuestro partido, del Partido Popular, por adelgazar la Administración más alejada del ciudadano y acercarla y darle más poder y facultades a las administraciones más cercanas, a los ayuntamientos y a los cabildos. Sobre todo a los ayuntamientos, que, como usted sabe, han sido los grandes convidados de piedra en todos los procesos de descentralización administrativa de Canarias. Y cualquier actuación pasa también por una modificación del sistema de financiación de las corporaciones locales canarias. Una cosa junto a la otra, competencia más dinero, competencia más financiación, que es un binomio que debe ser, a nuestro juicio, inseparable, porque otra cosa, lo sabe usted bien, sería la ruina de los municipios canarios. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular, señor Spínola, le reclamará, a la vez que traiga una nueva ley, que traiga también un nuevo sistema de financiación de las competencias que se otorguen por esa ley a las corporaciones locales, tanto ayuntamientos de Canarias como cabildos de Canarias.

Y ya termino, señor presidente, señorías. Quiero decirle, con el mayor afecto que le tengo, que no creemos en la voluntad del Gobierno para llevar a cabo una tarea tan importante como esta. O mejor dicho, puedo llegar a creer en la voluntad del Gobierno, pero me temo que van a ser incapaces de acometerla en los plazos y en la manera que pretenden. En cualquier caso, sí decirles que tendrá todo nuestro apoyo para ello; que el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular le va a tender la mano para acometer esta reforma, porque creo de verdad, o creemos de verdad, que es buena para Canarias. No pondremos ni una sola chinita en el camino, le facilitaremos en la medida de nuestras posibilidades todo el trabajo que sea necesario por nuestra parte, pero siempre que tienda a la búsqueda de una Administración pública canaria más ágil, más austera, más sencilla, más reducida y más cercana al ciudadano. Ahí va a tener el apoyo del Partido Popular.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Gobierno, para contestar a las distintas intervenciones, el señor consejero, don Francisco Hernández Spínola, tiene la palabra, por tiempo de diez minutos.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Señor presidente. Señorías.

No me extraña, señor Miguel Jorge, que usted sea escéptico, no me extraña nada, porque usted y su partido han gobernado en Canarias muchísimos años y no han hecho absolutamente nada en esta materia, ¡absolutamente nada! Por tanto, no me extraña nada que usted no crea que este Gobierno tiene una voluntad real de acometer un problema que toda la sociedad canaria sabe que hay que acometer; y nosotros, sabiendo de la dificultad de esta empresa, lo vamos a acometer, al menos lo vamos a intentar, y vamos a buscar el acuerdo y el consenso de todos. Ya veo que usted, ya veo que usted, no es muy proclive a ello, a pesar de sus últimas palabras.

Dice usted que no le gustan las comisiones, porque las comisiones no resuelven problemas. Debe usted coordinarse con sus alcaldes, debe usted coordinarse con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que en el día de ayer estuvo en una comisión de la Fecam y de la Fecai y dijo que esta era una muy buena solución, crear una comisión de expertos. A mí, a mí no me gustan nada, no me gustan nada, aquellos que resuelven todo con un hiperliderazgo, que no se basan en comisiones. Sí, sí, ¿sabe de quién hablo, verdad? Esos partidos políticos que lo resuelven todo con la decisión de uno no me gustan, prefiero las comisiones. ¡Claro que sí! Escuchar a todo el mundo. Comisiones en las que van a estar representados absolutamente todos.

Otra cuestión que usted ha planteado: la consultora que va a resolver todos los problemas. No, mire, no va a ser así. Este proyecto quien lo va a liderar es el Gobierno, y así lo ha dicho ayer el presidente en la reunión. Lo va a liderar el Gobierno. No solo el Gobierno, con los cabildos y con los ayuntamientos, con los órganos directivos del Gobierno, que tiene órganos especializados para ello, y además, y además, va a contar con un apoyo, un apoyo externo, como en tantos otros proyectos que se han desarrollado en esta comunidad autónoma de cierta importancia, pero las decisiones quien las va a tomar, evidentemente, es el Gobierno de forma consensuada con los cabildos y los ayuntamientos. Por tanto, desde el primer día pongamos las cosas claras, que usted las tenga, porque veo que no las tenía muy claras.

Habla usted de que la Ley de Bases y la Ley 14/90 no son leyes malas. ¿Y quién ha dicho que son leyes malas? Usted viene aquí, se inventa una teoría y luego expone una argumentación. ¡En absoluto, hombre! La Ley de Bases ha sido una ley muy buena, que ha permitido en el tiempo durante muchísimos años... Esta es una ley del año 1985, por si no lo sabía. Y en cuanto a la Ley 14/90, es una ley que yo creo que ha sido una muy buena ley. Una ley que gozó de un gran consenso, que ha producido efectos, y lo que estamos planteando sencillamente es actualizarla en aquellos asuntos donde veamos que hay que mejorarla, pero el trabajo que se ha hecho por otros parlamentos y que ha gozado de un amplio consenso en esta Cámara claro que lo vamos a respetar. ¿O es que venimos aquí a cambiar las cosas porque sí, porque nos da la gana? Ni mucho menos, ni mucho menos.

Ahora le voy a hablar del procedimiento, le voy a hablar del procedimiento. Mire, el procedimiento es el siguiente. El Gobierno acomete este proyecto desde ya, no pone plazos ni fija fechas. Nos hemos fijado un tope máximo: la legislatura -lo dije esta mañana-, pero el trabajo empieza ya. ¿Cómo empieza?: con esa comisión de expertos, que pensamos que se va a constituir a lo largo de este mes de septiembre, para constituirse. Empezará a trabajar y producirá resultados. ¿El resultado va a ser la ley?: no, ya le digo que no. El resultado es primero examinar dónde están las disfunciones, dónde están las duplicidades, dónde están los costes excesivos o duplicados. Eso es lo primero que habrá que hacer. Y a partir de ahí ir viendo en los tres ámbitos -en el ámbito municipal, en el ámbito insular y en el ámbito regional- qué competencias, que están solapadas, hay que ir atribuyendo a cada una de ellas. La ley será el resultado final de ese proceso.

¿Y solo lo va a decidir esto la comisión de expertos? Ni mucho menos, ni mucho menos. Mire, en la Ley 14/90, que usted ha citado en varias ocasiones, hay algunos órganos que hay que revitalizar. Por ejemplo, la Comisión de Administración Territorial. Esta es una comisión que está prevista me parece que es en el artículo 20 de la ley, que tiene una composición, donde forman parte de ella miembros del Gobierno, miembros de los cabildos insulares y miembros de los ayuntamientos. Es un foro de diálogo donde creo que también podemos ahí tener puntos de encuentro. Es decir, esto es un proceso largo, dilatado, ya lo sabemos. ¿Es difícil? ¿Es complicado? Sin ninguna duda. Decía el señor Ruano: "las mayores dificultades van a estar en las relaciones que se puedan establecer a la hora de discernir competencias entre los cabildos y los ayuntamientos". Sin ninguna duda, claro que va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. Téngalo, téngalo claro.

Yo quiero agradecer las intervenciones del portavoz del Grupo Mixto, de don Román Rodríguez; del portavoz del Grupo Socialista y del portavoz del Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano. Creo que han sido intervenciones positivas. También agradezco, también agradezco esa mano tendida que le hace al Gobierno el Grupo Popular. Claro que sí, y vamos a contar con ustedes, sin ninguna duda, señor Miguel Jorge Blanco, claro que sí, con usted y con todo el grupo y con todas las instituciones en las que gobierna el Partido Popular. Tenemos que hacerlo así y yo agradezco esas últimas palabras suyas donde nos podamos encontrar.

Quiero también decir que hay algunos principios que nos parecen que deben presidir, principios básicos que deben presidir las orientaciones de futuro para encarar este proceso. Primer principio, el de subsidiariedad. Principio que está proclamado en la Carta Europea de Autonomía Local y que recomienda que aquellas tareas públicas que se puedan acometer desde gobiernos locales no se ubiquen en otros niveles de gobierno. Está claro. Este es un principio que tiene, desde nuestro punto de vista, un límite, y es que se garantice la igualdad entre todos los canarios.

Segundo principio, muy importante: la cooperación institucional, fomentando la mancomunidad, mancomunar servicios, pero también insularizar servicios. En Canarias en algunas islas hay servicios que se han insularizado y que han dado muy buen resultado. Podría poner ejemplos de varias islas, pero, por ejemplo, tenemos consorcios de tributos, tenemos consorcios de prevención y extinción de incendios, mataderos, transportes... esos son servicios que en muchas islas están insularizados y se prestan de una forma correcta y adecuada, de forma tal que por los cabildos se ejecutan competencias que algunas de ellas residen en los ayuntamientos. O por ejemplo, la Ley canaria de Residuos, que es una ley del año 99, y que también establece un mecanismo de insularización de este servicio público, recogida de residuos.

Y tercer principio, que tiene que ser también fundamental, que es el principio de lealtad, principio de lealtad institucional. Si aquí no hay lealtad institucional, tampoco esto podrá llevarse adelante.

Es evidente, es evidente, que un proceso de esta naturaleza no solamente puede abarcar la distribución de las competencias. Se ha planteado por parte de algunos intervinientes la necesidad de reformar, de retocar, el sistema de la financiación. Es evidente que si estamos hablando de traspasos, hay que establecer una metodología de traspasos y, por tanto, la financiación de las corporaciones locales será una cuestión que habrá que tocar.

Acabo ya, acabo ya, señorías, poniendo de manifiesto que en la coyuntura actual y sabiendo que esto no es un asunto que va a resolver ni va a ser la panacea de la crisis económica, señor Rodríguez, no lo va a ser, sin embargo, sí que es cierto que los ciudadanos en momentos de crisis económica quieren que sus administraciones públicas sean ágiles, sean eficaces y sean modernas, y desde luego resuelvan los problemas de una manera mucho más eficaz y eficiente. Y eso es lo que pretendemos hacer, eso es lo que pretendemos hacer. Ahora, ¿esto va a resolver el problema de los 250.000 parados de Canarias? Es evidente que no. No lo ha dicho nadie en el Gobierno, nosotros no lo hemos dicho; otra cosa es lo que diga el Partido Popular, que de aquí al 20 de noviembre le escucharemos decir todo tipo de manifestaciones reales e irreales.

Bien. No quiero utilizar esta noche que estamos acabando adjetivos...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): ...(Sin micrófono.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Le dejo un minuto y concluya, por favor.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): ...(Sin micrófono.) la voluntad del Gobierno de tener debates de esta naturaleza en esta Cámara, todos cuantos sean necesarios, porque si hay algo que nos parece realmente relevante es que este sea un proceso participativo y sobre todo muy transparente.

Gracias.

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  • 8L/C-0028 Sobre la duplicidad de competencias y funciones en las administraciones públicas de Canarias.


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