Diario de Sesiones 25, de fecha 6/3/2012
Punto 27

· 8L/I-0014 Interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, sobre aplicación de la Ley de la Dependencia, dirigida al Gobierno.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Por lo tanto, acabado el punto del orden del día, señorías, pasamos al siguiente punto del orden del día: interpelación. Interpelación del Gobierno, a petición del Grupo Parlamentario Mixto, sobre aplicación de la Ley de la Dependencia, dirigida al Gobierno.

Para la presentación de la interpelación en primer lugar doña Carmen Hernández, por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

(Se oyen comentarios en la sala.)

Señorías, por favor, ruego guarden silencio. ¡Señorías, por favor!

Doña Carmen, para su primera intervención, tiene usted la palabra.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras, señores, diputados y diputadas.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida por todos como la Ley de Dependencia, es una importante ley para la calidad de vida de la ciudadanía. Convierte en un derecho subjetivo y universal la atención por parte de los poderes públicos a las personas que se encuentran en situación de dependencia, que hasta ahora era considerada una prestación discrecional de las administraciones o un asunto de caridad. En este sentido, se le ha definido como el cuarto pilar del Estado del bienestar, junto con el derecho universal a la sanidad, a la educación y al sistema de la Seguridad Social.

Es una ley que entró en vigor el 1 de enero de 2007 y, de forma progresiva, va amparando diversos grados y niveles de dependencia, empezando por los más graves. Actualmente está en vigor para los grados de gran dependencia, grado III, y para la dependencia severa, grado II. No obstante, la valoración de su aplicación en Canarias estos cinco años ha sido muy polémica y desde luego los datos oficiales existentes colocan a nuestro archipiélago a la cola de las comunidades españolas en su aplicación. Así, el octavo dictamen del Observatorio de la dependencia, que elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, publicado el pasado mes de diciembre, sitúa a Canarias como la comunidad con peor nota.

Según este informe que se basa en la evaluación en relación a 12 parámetros, como son el número de personas efectivamente atendidas, el tipo de servicios que se prestan, el número de los que, teniendo derecho, aún no reciben la correspondiente prestación, el tiempo que se tarda en los trámites administrativos o la aportación de las administraciones autonómicas al desarrollo de la misma. En esto Canarias ocupa el último lugar, obteniendo una preocupante puntuación de 0,5 sobre los 10 puntos posibles. De hecho, el dictamen señala que la situación del archipiélago es la más preocupante, puesto que en sucesivos informes no ha superado la puntuación de 0,5. Una situación que contrasta con comunidades como el País Vasco o Castilla y León, que han obtenido la excelencia en la aplicación de esta ley, 10 puntos sobre 10.

Si utilizamos los datos oficiales del Sistema de Autonomía y Atención para la Dependencia -a partir de ahora lo citaré como el SAAD-, del Imserso, observamos que el resultado es igualmente lamentable. Canarias es la comunidad que está a la cola en solicitudes, a la cola en dictámenes y a la cola en beneficiarios de la ley. Según el SAAD, a 1 de enero de 2012 en Canarias había 37.771 solicitudes, hay 30.840 dictámenes, el 1,45, cuando la media española es de 3,19, y existen 11.009 beneficiarios, el 0,52, cuando la media está en el 1,59.

Por tanto, hay en las islas, según estos datos, 19.831 personas, casi 20.000 canarios y canarias, dependientes, que teniendo reconocido el derecho a recibir una prestación no la perciben. Y si utilizamos los datos de la propia Consejería de Política Social, tenemos que existen 31.435 expedientes sin resolver -esto es una respuesta a una pregunta por escrito hecha por un grupo parlamentario- y 14.424 programas individuales de atención, conocidos como PIA, emitidos por esta comunidad autónoma.

Nos resulta inexplicable que la consejería, ante la tozudez de estos datos, declare que los dependientes atendidos no contabilizan en la estadística del SAAD, porque eso en sí mismo es un reconocimiento de la poca diligencia en la aplicación de esta ley por parte del Gobierno de Canarias, porque es obligación del Ejecutivo lograr que las personas dependientes atendidas, existentes, sean reconocidas como titulares de este nuevo derecho y para ello hace falta que sean evaluadas según el procedimiento establecido. De hecho, esta es la razón por la cual en el año 2011 Canarias recibió del Estado más de 1.600.000 euros menos que el resto, porque en la distribución de recursos por parte del Ministerio de Sanidad y Política Social entre las distintas comunidades autónomas se pondera más el número de personas dependientes efectivamente acogidas a la ley y disminuye la aportación por la población potencialmente dependiente. En definitiva, la Administración del Estado incentiva la aplicación de la ley y penaliza la falta de diligencia en la aplicación de la misma.

Es un triste ejemplo de la mala aplicación de la ley, que según ha informado la propia Consejería de Políticas Sociales a una pregunta por escrito remitida por nosotros, por el Grupo Parlamentario Mixto, los inaceptables retrasos para resolver las solicitudes, el tiempo promedio entre la fecha de solicitud de una prestación de la Ley de Dependencia y la resolución de la misma -nos responde la consejería- es de 570 días, unos 19 meses, cuando lo establecido legalmente es de menos de seis meses.

Voy a hacer especial hincapié, como elemento de sostén de nuestros posicionamientos en relación a la Ley de Dependencia el último informe del Consejo Económico y Social de Canarias, por entender que es un órgano independiente, que es un órgano autorizado y un órgano además donde participan los diferentes agentes sociales y económicos de Canarias.

En este último informe que decía, el informe anual 2010/2011, donde el CES además toma como datos y como referencia los aportados por el propio Observatorio estatal de la dependencia, así como los datos del SAAD -y cito textualmente-, el Consejo dice: "El proceso de tramitación en Canarias de la Ley de la Dependencia es lento", haciéndose así eco de una información del comité de empresa de la consejería de bienestar del Gobierno de Canarias. "Otras fuentes -continúa el informe del CES- también llaman la atención sobre los excesivos plazos de espera en Canarias", refiriéndose en este momento a la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Los plazos medios de espera en la obtención del servicio o prestación se sitúan para la media estatal en 14 meses: 11 meses para la elaboración del plan individual, el PIA, a lo que hay que sumar los 3 meses de espera para la valoración. Es decir, que hasta que no se emite el PIA -el Plan Individual de Atención- el ciudadano no puede percibir ni la prestación ni el servicio. Por tanto, el PIA es el momento por el cual el ciudadano ya puede tener derecho a alguna de las dos cuestiones: a la prestación económica o al servicio.

En este análisis comparativo -recoge el CES-, Castilla y León tiene siete meses de promedio -se sitúa muy cerca, por tanto, de los seis meses establecidos por la ley-, mientras que en el otro extremo se sitúa Canarias, con casi 24 meses de espera, desde la solicitud hasta la resolución de la misma, es decir, hasta la emisión del Plan Individual de Atención. Estamos hablando, por tanto, de más de año y medio.

Y como expresión clara de que cuando desde nuestro grupo expresamos nuestra preocupación por este tema lo hacemos con razones más fundadas, es relevante que una de las conclusiones del mismo, del Consejo Económico y Social, dice: "como este Consejo ha manifestado anteriormente al pronunciarse sobre la implantación de la Ley de Dependencia en Canarias, a partir del análisis de los datos del sistema de información del SAAD se pueden extraer conclusiones preliminares sobre la mala situación relativa que muestran estos datos sobre la implantación de esta ley". Por un lado cita ciertos indicadores, como la baja proporción de dictámenes respecto a las solicitudes, o la bajísima ratio existente entre prestaciones efectivas y reconocidas. Podrían ser el reflejo -sigue citando el CES- del problema de gestión en el proceso de aplicación de la Ley de Dependencia. Por tanto, el Consejo Económico y Social coincide con la tesis que defiende el Grupo Mixto de que hay una mala situación en el desarrollo de la Ley de Dependencia en Canarias y que hay un problema de gestión en relación a la misma.

Por tanto -y para acabar-, nos preocupa el reciente acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, donde se plantea aplazar hasta el 1 de enero de 2013 la aplicación de la Ley de Dependencia para nuestros beneficiarios, aunque manteniendo la cobertura para los actuales beneficiarios de la misma, según señala. Diríamos que esto abre aún más incertidumbre sobre el futuro de la aplicación de esta ley en Canarias.

Por todos estos datos que hemos expuesto, por todos estos argumentos, que son datos objetivos constatables, interpelamos al Gobierno, interpelamos a la señora consejera de Políticas Sociales para que nos explique qué medidas piensa adoptar para mejorar la aplicación de la Ley de Dependencia, especialmente para lograr que las personas que, teniendo derecho a una prestación, efectivamente la perciban, y también qué consecuencias cree que va a tener el aplazamiento por un año del desarrollo de la ley anunciado por el Partido Popular.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, señora consejera, doña Inés Rojas, por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

La Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia -y quiero además hacer, como bien ha hecho la diputada, la señora Hernández, el nombre textual de la ley-, esta ley tiene dos patas, dos patas. La primera de ellas es, tal como viene en su nombre, la promoción de la autonomía personal, o la promoción para la autonomía personal, y la segunda pata es la atención a las personas cuando ya están en una situación de dependencia. Quiero hacer ese recalco por lo siguiente: la primera pata todavía no ha sido puesta en marcha por parte de la ley. No ha sido puesta en marcha, ustedes no han escuchado absolutamente nada a lo primordial de la ley, que es prevenir la dependencia; lograr que las personas lleguemos a una situación de dependencia lo más tarde posible. Hablando de que, desde luego, como decíamos esta mañana a efectos de una pregunta del envejecimiento activo, si vivimos mucho, vamos a ser dependientes sí o sí. Pues ustedes verán -quiero hacer ese recalco por lo que van a escuchar después, a continuación-, ustedes verán que cuando el Estado decida poner en marcha la primera pata de la ley, Canarias aparecerá como que, desde luego, está a cero o a la cola, probablemente, en promoción de la autonomía personal de las personas en Canarias. Y yo esta mañana les daba un dato solo, solo, de los centros públicos que atienden a las personas mayores para que su situación física y mental esté en las mejores posibles para que lleguen lo más tarde posible a una situación de dependencia, y estábamos hablando de más de 25.000 personas en Canarias. Esa es la primera pata de la ley, que, como digo, no se ha puesto aún en marcha.

Se pone en marcha la segunda pata y yo quiero ir al País Vasco y a Castilla-La Mancha, porque son comunidades que, hablando de población, pues, se parecen, son bastante similares -en población, no en sus condiciones- a la nuestra. Castilla-La Mancha tiene 2.115.334 habitantes y tiene en estos momentos 38.833 personas dependientes atendidas. El País Vasco tiene 2.184.606 habitantes y tiene en estos momentos 43.811 personas dependientes atendidas. Canarias tiene -tenemos- 2.126.769 habitantes y tenemos 41.460 personas atendidas. Las dos primeras están prácticamente a la cabeza y la tercera está a la cola. ¿Tiene esto explicación, señorías? Comoquiera que quiero situar a la Cámara hoy en cuál es el punto en el que estamos en la aplicación de la Ley de Dependencia, no quiero ponerme a recordarles de nuevo cuál era la situación de Canarias antes de la puesta en marcha de esta ley en el año 2007 y cómo Canarias se puso o se adelantó como mínimo siete años antes en la atención a las personas dependientes. No con discrecionalidad, no como un servicio asistencialista; no, no, no, prácticamente no, con toda seguridad, en condiciones mejores que las que establece hoy la propia Ley de Dependencia.

País Vasco -por volver a ponerlo de ejemplo- y la Comunidad de Castilla-La Mancha, me dirán ustedes, "¿y por qué aparecen con esos números y estos números de Canarias no aparecen?". La situación de las personas que están en los servicios en Canarias antes de que empiece la Ley de Dependencia, dice la señora diputada que es obligación nuestra coger a esas personas, evaluarlas, valorarlas e incorporarlas al sistema. Ese sería nuestro gran deseo. Más que nada, ¿por qué?: porque si las incorporamos... No porque van a estar atendidas de forma diferente sino porque si las incorporamos tenemos un mayor número de personas y encima el Estado nos aporta una cantidad económica por ellas. Pero hete aquí dos cosas. La primera, que no puedes hacer eso de oficio: "yo les propongo tal y los pongo en la Ley de Dependencia". Es voluntario, eso es voluntario. Y lo segundo, tenemos en Canarias... -se lo he contado, señorías, en más de una oportunidad; siempre les he dicho que no me cansaré y seguiremos; afortunadamente estamos ya en otro proceso, afortunadamente-, el otro problema es que si valoráramos, y valoramos, a todas las personas, porque previamente les explicamos que deben ponerse en este sistema, un porcentaje muy alto, demasiado alto, no cumpliría las condiciones para estar en los servicios que Canarias les está dando ahora y tendríamos, si los incorporamos a la ley, que retirarlos de esos servicios, porque la Ley de Dependencia no les daría el servicio que ahora están recibiendo. Sí, señorías. En Canarias eso no lo vamos a hacer, ya se lo dije en más de una oportunidad.

Pero además eso no lo está haciendo el Gobierno en solitario. No es el Gobierno en solitario quien decide, "¡qué va, no vamos a hacer eso!". Que desde luego lo haríamos, porque si un día decidimos que este era nuestro modelo, la gente ahora no tiene la culpa de que ese fuera nuestro modelo y ahora, como hay un modelo estatal, le decimos, "mire, ahora usted no puede estar en la residencia, porque resulta que hay una ley que dice que usted no tiene derecho, porque usted no es una persona gran dependiente o dependiente severo y la ley dice que para un dependiente moderado no hay derecho residencial. Usted tendrá derecho a otro tipo de servicio, pero el residencial que tiene ahora, no". Como digo, no lo ha decidido el Gobierno solo, lo hemos hecho con los siete cabildos y con la Fecam, con los ayuntamientos. Y hemos decidido, y nadie nos va a mover, aunque recibamos 1 millón o 2 millones menos del Estado. Lo está pagando Canarias en solitario, Canarias, ayuntamientos y cabildos, al 50 o al 60%, según incorporamos la parte sanitaria. No nos vamos a mover de aquí.

Hemos acordado lo siguiente: vamos a continuar con nuestro modelo, pero sí que vamos a colocar a todas las personas que, cumpliendo los requisitos, están en nuestros servicios, vamos a incorporarlas en dependencia, y afortunadamente esto va caminando de forma bastante importante. Y a las nuevas personas que se van incorporando desde luego se va a dar estrictamente lo que les corresponde por ley. Que, por cierto, hemos ido cambiando a lo largo de todo este tiempo también toda nuestra normativa, porque esos planes que teníamos en Canarias... O sea, una persona está en una residencia no por la discrecionalidad de nadie, sino porque nos establecimos unos criterios con unos decretos y unas órdenes que permiten un acceso a esos servicios. Todo eso lo hemos modificado, de tal manera que en estos momentos en Canarias se pueden recibir más de dos servicios. Más de un servicio seguro: una ayuda a domicilio con un centro de día, una ayuda a domicilio con teleasistencia... Se puede recibir más de un servicio. Lo que no se puede recibir en Canarias y es incompatible es el servicio y la prestación económica a la vez. Eso no, más de un servicio sí y vamos a seguir manteniéndolo.

Y también hemos dicho: no entran más personas a las que no les corresponda un servicio residencial, eso no. No despedimos a nadie pero no incorporamos a nadie nuevo, a pesar de que todavía no tengamos el decreto de acceso, que está en estos momentos en el horno, ya para ir al Consejo General de Servicios Sociales y al Consejo de Gobierno. Pero hemos tomado ese acuerdo en Canarias todos los cabildos y hemos dicho: en aras a que vayamos incorporando nuestros planes a ese sistema, no incorporamos a nadie más.

Y hoy, señorías, yo les tengo que decir una cosa: Canarias se adelantó con esos planes, que desde luego... -y aquí se sienta el que fuera presidente del Gobierno en aquel momento, con el que se crearon esos planes-. Nos adelantamos de forma importante, somos un modelo en el Estado. Quienes nos ponen a la cola no es el propio Estado ni es el ministerio, es una asociación de gerentes y directores, que además jamás han preguntado a Canarias -lo acaban de hacer hace muy poquito con otras circunstancias, que me parece de lo más interesante-. Pero sí ha comprendido el Estado -y además luego se lo dejaré ver-, sí ha comprendido el Estado que Canarias tenía que ir adaptando, borrando esos planes, y, señorías, tengo que decirles que hoy nuestros planes prácticamente ya no existen. El Plan de atención a mayores dependientes ya se ha borrado del mapa de Canarias. Estamos ya en la estructura de la Ley de Dependencia, únicamente con convenios específicos con los cabildos. Eso sí, manteniendo -como les decía- aquellos a los que, aunque no les corresponda el servicio, mientras duren, van a ocupar y a seguir teniendo esa plaza, aunque la paguemos solo en Canarias.

Y hoy decirles que estamos en una plataforma absolutamente diferente. Esta ley, que volvió a centralizarnos, cuando nosotros con nuestros planes descentralizamos, en estos momentos estamos en condiciones ya de la descentralización. Cada isla va a recibir a sus personas dependientes, cada isla será la que resuelva la situación de las personas dependientes, será la que destine, con una comisión de acceso, de la que forma parte el Gobierno, la que destine que a los servicios se va desde los ayuntamientos y desde el cabildo y las prestaciones económicas las aportará el Gobierno. Esa va a ser la estructura definitiva que vamos a tener en Canarias y que en estos momentos estamos ya, para... Incluso para no separar mayores dependientes con discapacidad...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señora consejera, tiene usted un minuto para concluir, por favor. Le queda un minuto para concluir.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): ...la atención a las personas dependientes en Canarias, los mayores, la situación de las personas con discapacidad, es un servicio gratuito que prestamos en Canarias. Saben ustedes que la ley no permite eso y que hemos tenido que ir adaptando toda nuestra normativa. Bien. Pues que sepamos que todos estos decretos están ya para finalizar, para ser aprobados, y que definitivamente tendremos lo que... ¿Se acuerdan de finales del 2009?, que les dije: "tendremos lo que llamaremos el Sicad -el Sistema Canario de Atención a la Dependencia-, que hará que las personas dependientes por ser mayores y las personas dependientes por tener discapacidad vayan en un único bloque, y desde luego se lleve y se trabaje desde toda Canarias, en todas las islas".

Ese es el trabajo que quería trasladarles esta tarde, en el momento en el que estamos, recordándoles siempre desde dónde partimos y hacia dónde vamos.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.

En turno de réplica, por el grupo proponente de la interpelación, señora Hernández, por tiempo de cinco minutos, tiene usted la palabra.

La señora Hernández Jorge: ¿Sí?

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, puede proceder.

La señora Hernández Jorge: Discúlpeme, señor presidente.

Sí, la verdad es que, oyéndola, señora consejera, la pregunta que me viene a la mente es si el resto de las comunidades, que sí han conseguido que sus beneficiarios contabilicen en las estadísticas estatales, no tenían planes sociosanitarios preexistentes y, por tanto, no tuvieron ese problema que usted plantea, que yo puedo entender que es real. Y también incluso entendería que es una labor ingente coger a cada uno de los mayores, las personas con discapacidad de cada uno de los centros canarios y que pasaran por un proceso, primero, de información, para que voluntariamente quisieran acceder al sistema, y luego por un proceso de valoración y dictamen. Pero es que han pasado cinco años para haber hecho ese trabajo y, por tanto, entendemos que hemos tenido tiempo para, de manera progresiva, ir incorporando a todas esas personas en la estadística estatal, porque, sinceramente, creo que Canarias no se puede permitir un euro en materia de dependencia y menos más de un millón y medio. Pero, en cualquier caso, ahí estaríamos hablando de cómo compatibilizar dos sistemas y hacer esa tarea.

Pero luego hay otro elemento que nos parece tremendamente importante, que es la demora; es decir, una cuestión es el no poder, el no sacar a personas que se están beneficiando de un servicio, de una prestación, para poder incluir a otra y otra cosa es que hay casi 20.000 canarios que tienen derecho a una prestación o a un servicio y no lo están recibiendo, y eso es un problema de gestión. Y eso no lo valoramos nosotros desde Nueva Canarias solamente. Usted citaba que el observatorio estatal no es un estamento oficial. Yo he tenido acceso en los últimos... -el observatorio estatal me refería al de directores y gerentes, directores y gerentes-, pero yo citaba esta mañana y he tenido acceso a un informe reciente que han emitido los colegios profesionales de trabajadores sociales de las dos provincias, en un informe además extenso, minucioso, yo creo que con un alto valor porque está elaborado por todos los profesionales que trabajan en Canarias en materia de mayores y dependencia, no solo de los ayuntamientos y de las corporaciones insulares, de los cabildos, sino también han participado en la elaboración de esa valoración del desarrollo de la ley los trabajadores sociales de la propia comunidad autónoma, y reflejaban que hay un problema de demora, un problema de retraso, y además localizaban y focalizaban perfectamente cuál es la razón de esos retrasos, por qué tardamos casi dos años en ofrecerle al ciudadano una prestación o un servicio. Y aportaban varias cuestiones y yo voy a citar algunas de las que nosotros entendemos que son sumamente importantes.

El hecho de que Canarias haya optado por un modelo de desarrollo de la ley centralizado, sin descentralizar en aquellas instituciones como son los cabildos y los ayuntamientos, que son las que en la práctica desarrollan la atención a los mayores y a los dependientes. Y de hecho, en el documento al que le hago alusión, plantean que se debe distribuir la aplicación de la ley haciéndola coincidir con la actual estructura competencial, de forma que los ayuntamientos y cabildos elaborarían y aprobarían el PIA, porque ya gestionan los servicios, y la consejería reconocería el grado y el nivel de las personas con dependencia. Entonces estamos hablando de que existen mecanismos en el trámite y en la resolución de los expedientes y de los dictámenes que agilizarían el proceso.

En ese mismo informe reflejan la necesidad de modernizar los servicios sociales canarios, en la línea de aplicaciones informáticas. Citan aplicaciones informáticas que se están desarrollando en otras comunidades y que han generado avances en los plazos. Yo creo que en lo que coincidimos, señora consejera -estoy convencida-, es en que esas 19.000 personas que están esperando por un servicio -ya sea una residencia, un centro de día o ya sea una prestación económica, que supondría un gran alivio para su familia y para la calidad de vida diaria-, no pueden seguir esperando a que nosotros encontremos una salida durante años.

Por tanto, yo creo que es urgente, es necesario, que el Gobierno en este sentido se agilice; que los problemas que hemos puesto hoy sobre la mesa no son planteamientos únicos y exclusivos del Grupo Mixto; que coinciden los informes del SAAD, coincide el observatorio estatal, coincide el Consejo Económico y Social de Canarias, coinciden los colegios profesionales de Trabajo Social de ambas provincias... En fin, que todos no podemos estar equivocados, señora consejera, que lo más razonable es aceptar que algo no está funcionando bien y que rectificar y reorientar las cosas cuando no funcionan yo creo que es un síntoma de sabiduría y un síntoma de estar a la altura y a las expectativas de lo que esperan los canarios y las canarias de los gestores públicos.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, en turno de réplica, señora consejera, por tiempo de cinco minutos tiene usted la palabra.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, señor presidente.

Señoría, claro que las demás comunidades no tenían planes y sí tenían atención social; claro que las demás comunidades... Sabe usted que ni siquiera la propia ley tenía la atención sociosanitaria, como sí se puso en marcha en el año 2000 en Canarias y que se está escribiendo en España el libro sociosanitario, el Libro Blanco sociosanitario de España, y aquí está además la que fuera consejera de Sanidad, que nos tocó ir a las dos precisamente a poner el modelo de Canarias... ¿Te acuerdas Mercedes (Dirigiéndose a la señora Roldós Caballero.), cómo éramos las únicas, la única comunidad de España que tenía precisamente una atención sociosanitaria, que nadie puede pensar que las personas dependientes no necesitaran también la atención sanitaria?

Señoría, como usted comprenderá, no es ahora cuando podremos ir o vamos a ir a decirles a todas las personas que están en los servicios que las vamos a incorporar. Prácticamente las tenemos todas incorporadas ya. En estos momentos de las casi nueve mil y tantas personas que tenemos solo en servicios residenciales, tres mil y pico de ellas no tendrían derecho a estar en los servicios residenciales. Para Canarias sí se van a quedar ahí. Con lo cual, por mucho que subamos, vamos a tener hasta 6.000 y no tendremos nunca las 9.000, con lo que supongo que queda bastante claro.

Pero además hay una cosa que debemos saber, y que creo que la he expuesto aquí más de una vez: hay una lista de espera en el Gobierno de Canarias y hay una lista de espera en cada uno de los cabildos de cada isla, y la lista de espera de unos y otros es la misma. Y lo que está pasando con los tiempos, que hay que reconocer que sí, que también hay dificultades de gestión, sin ninguna duda, pero que el problema está en toda España; que cuando España tenía una media de 18 meses -en la ley, el trámite de la ley-, en el año 2010 el Estado ya decidió, el Consejo Territorial de la Dependencia, decidió modificar los procedimientos para que tardáramos 6 meses, y es en lo que vamos nosotros también caminando.

No es Canarias quien centraliza la ley. En lo que dicen los trabajadores sociales tienen toda la razón. O sea, Canarias está aplicando la ley de forma centralizada, la centraliza la ley. La ley dice que son los gobiernos autonómicos los que la tienen que aplicar. Ese ha sido nuestro problema, que en Canarias nosotros teníamos los servicios descentralizados, sí o sí. Además no le hablo en solitario, le estoy hablando en nombre de todas las instituciones canarias, porque estamos trabajando conjuntamente de la mano y además con el tercer sector.

Se dice que aproximadamente en Canarias, por la población mayor que tiene, podríamos tener alrededor de 55.000, algo más, de personas dependientes. Tenemos atendidas en estos momentos 41.460. Hemos estado siempre cruzándonos los datos de qué pasa y hemos comprobado que, efectivamente, es la misma lista y además los tiempos, son muchas las casuísticas, pero la mayoría de ellas es, valoras a una persona que te ha solicitado la Ley de Dependencia; cuando le haces el PIA, que dice usted, con toda razón, es cuando va a recibir el servicio o una prestación económica, le adjudicas un servicio, que es el que ya tiene, y la gente dice: "¿cómo?, ¿esto es la ley, si yo eso ya lo tenía?; o sea, a mí la ley no me está dando nada nuevo". Con lo cual renuncian y vuelven a poner en valor, en vigor de nuevo ese expediente. Dicen, "mire, mire, eso yo no lo quiero así, tal", y vuelve a estar en valor o en vigor ese expediente. Con lo cual sí hay una lista de espera, pero es una lista de espera de la que afortunadamente hoy puedo decirle a la Cámara lo siguiente: en estos momentos, con la estructura que ya estamos creando, cuando la tengamos definitivamente consolidada, que empezará ahora, a partir de marzo, con los convenios con los cabildos, nosotros en estos momentos estamos ya incorporando a 300 personas mensuales a la Ley de Dependencia. Esto, después del trabajo que hemos venido haciendo, con los técnicos y con los equipos directivos de cada uno de los cabildos y de la Fecam, nos permite hoy decir que estamos en una situación totalmente diferente, muy avanzada, en la que afortunadamente, si los Presupuestos del Estado lo permiten, vamos a poder responder y cubrir perfectamente esta ley. Pero me preocupan los Presupuestos del Estado, me preocupa que las personas que ahora mismo, no ya las nuevas, ¿las que ahora mismo están recibiendo un servicio lo tienen garantizado por ley? Usted decía que era el cuarto pilar del bienestar, eso dice también la ley. No es el cuarto pilar del bienestar si no tiene una ficha financiera. ¿Usted se imagina la Seguridad Social, la sanidad o la educación sin presupuesto definido cada año, sino a la espera de a ver qué pasa y a ver si realmente hay dinero suficiente o no? Eso es lo que nos va a pasar. ¿Nos va a pasar eso también en Canarias? Si el Estado no tiene dinero suficiente, ¿vamos a afrontar en solitario las comunidades autónomas a las personas que les hemos concedido el derecho...?

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señora consejera, concluya. Tiene usted un minuto para concluir.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Concluyo.

Tenemos este año 117 millones de euros para la atención a la dependencia en Canarias. Es decir, si nosotros vamos incorporando -imagínense- una media de 300 personas mensuales, y las podemos cubrir este año, ¿y el año que viene?, ¿y el 2014?, ¿y el 2015? ¿A partir del 2015 qué va a hacer la ley, si tiene como fecha tope para su puesta en marcha el 2015? ¿Después del 2015 está asegurado que vamos a recibir los dineros para las personas a las que a lo largo de todos estos años les hemos creado el derecho? No está asegurado. Eso me preocupa, señorías.

Muchas gracias. Buenas tardes.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.