Diario de Sesiones 26, de fecha 7/3/2012
Punto 4

· 8L/PPL-0002 Debate de enmiendas a la totalidad. Proposición de Ley de Modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

El señor presidente: Continuamos, señorías. Vamos a entrar en los debates de enmiendas a la totalidad: proposición de Ley de Modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias.

Hay dos enmiendas a la totalidad, es decir, hay una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Mixto. Se debaten, lo saben, señorías, por orden de presentación.

En primer lugar, Grupo Parlamentario Popular, doña Cristina Tavío.

Debatimos las enmiendas a la totalidad a la proposición de ley, no se está debatiendo la ley sino la alternativa. Adelante, doña Cristina.

La señora Tavío Ascanio: Señorías.

Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en defensa de una enmienda a la totalidad que hemos presentado a la proposición de ley de los grupos de Coalición Canaria y del Partido Socialista. Que ya habíamos dicho en su día que no era la mejor solución para un problema que ya tiene, desgraciadamente, demasiados meses, demasiados días, de historia.

En marzo, en marzo del año 2010, intervenía en esta tribuna mi compañero, diputado por la isla de Tenerife, hoy vicepresidente de esta Cámara, Manuel Fernández. Interveníamos para instar al Gobierno a resolver una situación absolutamente injusta. Dijimos entonces y repito ahora que era urgente resolver con carácter previo un problema, porque, de lo contrario, la aprobación de la ordenación del suelo en una de nuestras capitales iba a tener una contestación social absolutamente justificada y absolutamente innecesaria. Fue entonces, precisamente el 22 de marzo del año 2010 -hace ya dos años, señorías-, que le pedimos a nuestro Gobierno, al mismo que hoy es consejero de Política Territorial, a don Domingo Berriel, que fuera sensible con una situación real que se estaba produciendo y que injustamente estaba provocando conflictos innecesarios. Estamos hablando -y es triste tener que recordarlo- de resolver la figura del "fuera de ordenación" cuando afectara a inmuebles edificados, señorías, conforme a Derecho y con toda la legalidad vigente. Instábamos al Gobierno de Canarias a resolver un problema que el mismo Gobierno de Canarias había creado cuando se aprobó la Ley 1/2000, de 8 de mayo, la que todos conocemos como el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias.

Y nosotros dijimos entonces, venimos diciendo desde hace dos años y repetimos hoy aquí: señorías, límites sí, límites a la densidad de la edificación en las zonas urbanas sí, eso es apostar por ciudades más saludables, pero desde luego, señorías, aceptando la ciudad real, salvo que nos pudiéramos permitir expropiaciones pagando justiprecios o a precio de mercado, y a día de hoy no creo que en Canarias, que ningún ayuntamiento, desde luego el de Santa Cruz de Tenerife no, no podríamos indemnizar a más de 10.300 personas, que llevan, pues, más de tres años sin entender qué es lo que está ocurriendo en esta Cámara, de qué estamos hablando y por qué estamos debatiendo un asunto que es muy fácil de resolver y que solo consiste en modificar un artículo de una ley (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Le sustituye el señor vicepresidente segundo, Fernández González).

Mi grupo político lo dijo entonces y lo repite: aquellos límites se hicieron mal y generaron situaciones jurídicas injustas, que llevamos, insisto, mi grupo, dos años pidiendo que se corrijan.

Voy a ponerles un ejemplo de por qué este conflicto que existe en Santa Cruz de Tenerife, pues, ustedes no lo han vivido en otros municipios de Canarias. Y voy a relacionar las dos capitales, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué no hay fuera de ordenación en Las Palmas de Gran Canaria? Pues porque el Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria se aprobó un mes antes de que entrara en vigor el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, precisamente el 8 de mayo del año 2000. En otros municipios del archipiélago, hoy ya sé, porque en su día nos instaron a que siguiéramos consensuando y debatiendo este tema, y claro que lo hemos hecho, que hay otros municipios de nuestro archipiélago que tienen este problema, porque están tramitando sus planes generales y esas densidades, esos límites a la edificación, pues, también les afectan. Pero, insisto, les afectan a inmuebles, a edificaciones, que se hicieron, que se construyeron conforme a Derecho y con todas las bendiciones que nuestro ordenamiento jurídico establece. Y, por lo tanto, yo, de verdad, ya no sé cómo pedirles a todas sus señorías que reformemos ese artículo, que acabemos con este conflicto innecesario y que le demos seguridad jurídica a nuestra gente.

Las consecuencias económicas de este conflicto son incalculables. El daño económico que se le está haciendo a esta ciudad y a esta isla con la parálisis del Plan general de ordenación urbana de Santa Cruz, que lleva ya 12 años, señorías, 12 años, revisándose, es incalculable. Nos hemos reunido en este tiempo con colegios profesionales, con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Ingenieros, con el Colegio de Aparejadores Técnicos, con las federaciones empresariales de la provincia, con la Cámara de Comercio, con la Confederación de Empresarios, con los sindicatos, con los sindicatos de la Sociedad de Viviendas Municipales de Santa Cruz, con los sindicatos de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, con los sindicatos de Visocan -la empresa de viviendas del Gobierno de Canarias, que tampoco puede construir en Santa Cruz de Tenerife como consecuencia de este conflicto-, nos hemos reunido con los sindicatos de Gestur -otra empresa pública del Gobierno de Canarias, que tiene muchos problemas de planeamiento pendientes precisamente de este conflicto-, nos hemos reunido con miles, con centenares de autónomos, de promotores independientes, que no tienen el dinero del Gobierno de Canarias detrás y que, por lo tanto, se han arruinado e n el camino esperando a que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife y la excusa que se está poniendo para no aprobarlo, que es el conflicto de fuera de ordenación.

Se ha perdido, el Gobierno ha perdido -y he hecho el cálculo muy por encima hace un momento-, para resolver, para modificar este artículo, el artículo 34, y para decir que esos inmuebles construidos con licencia, pues, que no hay que tirarlos y que no hay que llamarlos de otra manera... Porque, hombre, explíquenles ustedes que los vamos a llamar, "no, mi casa es de simple consolidación". ¿Pero esto qué es, de simple consolidación? Yo vivo en una casa de simple consolidación, tú vives en una casa de ordenación, pero, ¿qué es?, ¿esto es serio? Esto lo contamos fuera de estas paredes y la gente se ríe de nosotros o piensa que estamos locos o que somos masoquistas. Porque desde luego, ya digo, hemos perdido mucho tiempo y le estamos haciendo un daño económico incalculable a nuestra ciudad, a nuestra isla y a nuestra provincia.

El Consejo Consultivo nos ha dado la razón, pero, mire, dándonos la razón eso no tranquiliza a la gente, que lleva más de dos años defendiendo sus derechos y pidiendo garantías a sus derechos. Y estamos aquí y yo presento esta enmienda a la totalidad, que se la envié a todos los portavoces aquí, en el Parlamento, al mismo tiempo que la presentábamos por el registro de entrada y la verdad es que ni siquiera se han puesto en contacto conmigo para consensuarla. Lo cual me hace sospechar que otra vez más estamos aquí en un problema de quién se cuelga la medalla y no queriendo resolver el fondo del conflicto. Yo les digo, señorías, que a mi grupo político no le importa ceder y tirar esa enmienda a la totalidad y sumarnos a la enmienda del Grupo Mixto, a la enmienda de don Román Rodríguez, porque esto va a ayudar a más de 10.300 personas, que llevan más de dos años preocupadas por si su casa va a ser de simple consolidación o va a seguir estando fuera de ordenación. Y yo les pediría a sus señorías, a quien interviene en nombre del Grupo de Coalición Canaria, que además me consta que ha llevado... -(Ante las manifestaciones del señor González Santiago desde su escaño.) Sí, usted interviene en nombre de Coalición Canaria, señor González. Sí, bueno, pero yo le voy a decir lo que yo le pido. Sí, pero es que usted habla después, yo le voy a decir lo que yo le voy a pedir-: que hoy aparquemos, aparquemos, estas batallitas y que realmente, de una vez por todas, zanjemos este conflicto, que está perjudicando a la economía y, por lo tanto, a muchos estudios de ingeniería, de arquitectura, que han tenido que cerrar, a miles de delineantes, de técnicos, de profesionales, que están en la calle y que podrían volver a trabajar si de una vez por todas, pues, fuéramos valientes y resolviéramos algo tan grave.

Yo espero, de verdad, que usted tenga mejores noticias, señor González. También espero, señor Fajardo Palarea... Como ven, no he querido entrar en el palo que nos da a todo el Parlamento el Consejo Consultivo, en ese dictamen que ha hecho, contundente, porque de verdad que creo que eso es lo de menos, son anécdotas de todo este procedimiento. Lo importante hoy aquí es que nos pongamos de acuerdo en el nuevo texto, que lo aprobemos cuanto antes para que, de verdad, realmente se pueda recuperar la actividad económica en esta capital y en toda la isla de Tenerife.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señora diputada.

¿Turno en contra? Solamente un turno en contra. Quince minutos.

El señor González Santiago: Para rechazar la enmienda a la totalidad no necesito los quince minutos. Yo le comenté a la portavoz del Grupo Popular que mi grupo, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Coalición Canaria-PNC-CCN, iba a rechazar su enmienda a la totalidad, primero por coherencia y congruencia, ya que fue admitida a trámite, fue tomada en consideración nuestra proposición de ley; no su proposición de ley en su momento, que fue rechazada. Igual va a ser rechazada, de nuevo, hoy, presentada como enmienda a la totalidad.

Pero me quedo con la necesidad de llegar a un acuerdo, todos en esta Cámara, para corregir un error con el que... Yo no estoy de acuerdo en el matiz que usted deslizó desde su grupo y desde este escaño hace un minuto, de que la culpa la tiene el Gobierno de Canarias, porque usted sabe perfectamente, perfectamente, que toda la alarma que se ocasionó con la figura del fuera de ordenación y las consecuencias de su régimen jurídico fue en virtud del Real Decreto 1492/2011, de valoraciones, donde disminuía, o el artículo 22 de la Ley del Suelo, disminuía el valor de los inmuebles fuera de ordenación, proporcionalmente a la vida útil; y también otro Real Decreto -estatal, estamos hablando siempre-, el 2009, el 716, que impedía que fueran dados como garantía hipotecaria en créditos hipotecarios. Esa es la alarma y ese es el problema: la minusvaloración de estas propiedades y el no poder ser admitidas como garantía hipotecaria. Ninguna de las cosas había pasado, por cierto, pero con la alarma y con el follón que se montó se puede aplicar aquello de "diga usted que la burra está coja para que no se la compre nadie después". De ahí viene la alarma.

Por eso, y entrando en el fondo del asunto, por eso nosotros planteamos desde... Usted dice que hablaron aquí, una PNL, una proposición no de ley, en marzo. Yo la presenté en el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, en virtud de la tramitación del plan general, el 21 de enero de 2010 -antes-, y en aquel momento aludía, y se aprobó en el Pleno, a la modificación del régimen jurídico de la figura del fuera de ordenación, del régimen jurídico de la figura del fuera de ordenación y las consecuencias en las propiedades de esos vecinos, no de Santa Cruz, sino de toda Canarias, que se quedaran sus viviendas legales fuera de ordenación por causas sobrevenidas de alteración de parámetros urbanísticos en un planeamiento posterior y habían sido construidas legalmente de acuerdo a los títulos administrativos habilitantes en aquel momento. Y por eso decía modificar el artículo 44, no el 34, el 44, que es el que define el régimen de fuera de ordenación.

Y usted dice: "¿y por qué lo vamos a llamar de otra manera?", y habla del varapalo del Consejo Consultivo. Pues, mire, a sensu contrario, si se vuelve a leer el dictamen del Consejo Consultivo, el varapalo nos da la razón, porque dice el Consejo Consultivo: "diferenciar dos figuras, de la anterior figura del fuera de ordenación, ahora fuera de ordenación aplicable a aquellos supuestos, cuando esas construcciones, edificaciones e instalaciones se construyeron fuera de la legalidad, de manera ilegal, sin los títulos administrativos habilitantes para ello en su momento y que han prescrito, la infracción urbanística, por el paso del tiempo, o inmuebles que están afectados, siendo legales ab initio, están afectados porque allí se prevé, pues, una plaza, un vial, un espacio público", etcétera, etcétera, y eso se queda como fuera de ordenación; y la otra categoría, los anteriores fuera de ordenación legales que por la altura quedaban fuera de ordenación para buscar espacio -en virtud de los límites del 34-, buscar espacio para dotaciones sociales, sanitarias, etcétera, equipamientos, esos quedaban fuera y se llamarían de libre consolidación.

Me da lo mismo la palabra, me da lo mismo el título, la diferenciación sí es importante. Por eso el Consultivo llega a decir, "¡hombre!, no llamar con los términos que en el Derecho estatal utiliza este, que es el de fuera de ordenación, a esta figura puede tener como efecto la no aplicación de la normativa estatal". Fíjese, pues si eso es lo que perseguimos, perseguimos exactamente que no se les aplique a unas casas legales que han sobrevenido después en un nuevo planeamiento en fuera de ordenación el que valgan menos o el que no puedan ser utilizadas como garantía de préstamos hipotecarios. Por lo tanto, el Consejo Consultivo, a sensu contrario, está diciendo que esta es la vía correcta para que las casas no pierdan valor y puedan ser utilizadas, ya no aplicándoseles el régimen para el fuera de ordenación, como garantía en un crédito hipotecario.

Así que, fíjese por dónde, llegamos a la conclusión de que esa vía que iniciamos en aquel momento en Santa Cruz Coalición Canaria y el CCN, aprobando aquella moción el 21 de enero, y que después mi grupo, el Grupo Nacionalista Canario, y el Gobierno de Canarias, dentro de una modificación más amplia de la legislación urbanística de Canarias acepta y en la misma línea presento, o presenté, esta modificación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y de los Recursos Naturales, es la correcta. De esa manera se evita ya aquella alarma social, nadie va a perder su propiedad, su propiedad no va a perder valor y además pueden ser utilizadas como garantía de un crédito hipotecario. Primer punto.

Por eso nosotros decimos modificar el artículo 44.4, el régimen jurídico. Que además también, por cierto, el Consejo Consultivo reconoce que es competencia exclusiva de la comunidad, artículo 30.15 y 16, en cuanto a las facultades exclusivas de la comunidad en política territorial y del litoral.

Así que, teniendo en cuenta que es competencia nuestra regular esas figuras, desligamos las figuras, de lo que nunca debieron mezclarse a nivel estatal, en el Reglamento 1492/2011 o en el Reglamento 716. Fue un error allí y aquí lo que nos toca, al Gobierno y a este grupo y al Parlamento, es resolverlo, y estoy de acuerdo con usted en el daño terrible que está causando en estos momentos a la economía de Santa Cruz y a todos los municipios de Canarias que siguen sin plan general la parálisis de los planes generales.

Por lo tanto, vamos a correr y yo les pido, señorías, que en el trámite ahora de ponencia, en el trámite de enmiendas parciales, colaboremos todos, porque nosotros, que usted sabe que hemos, de acuerdo al artículo 34, hemos propuesto, y de acuerdo con el Gobierno, una directriz, la remisión a una directriz general de ordenación, esos límites que encorsetaban en algunos casos el que no hubiera posibilidades de aumentar la edificabilidad para poder tener posibilidad de nuevas infraestructuras, dotaciones sanitarias, sociales, etcétera, nosotros lo remitimos a una directriz general, pero ustedes y el Grupo Mixto, como lo veremos después, se remiten a una modificación directa en el artículo 34. No va a haber problemas, nuestra filosofía es otra, modificación del régimen jurídico, que se contiene en el artículo 44.4 de la ley, pero en el 34 vamos a llegar a un acuerdo, seguro. A mí me da lo mismo, a mi grupo nos da lo mismo, al Gobierno también le da lo mismo, si es a través de una directriz o es en el artículo 44.4. Ahí va a haber acuerdo, y eso es lo que presentan tanto el Grupo Popular como el Grupo Mixto. Eso, el número 2 al artículo 34 o el 2 y el 3 de la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Mixto.

Así que vamos a llegar a un acuerdo y yo lo que les propongo, señorías, en este caso al Grupo Popular, es que, si bien ahora, porque es otra filosofía la que nosotros defendemos, vamos a rechazar la enmienda a la totalidad de ustedes, les propongo que se unan posteriormente al debate en ponencia, aporten su enmienda, sus enmiendas, que nosotros las estudiaremos y las incorporaremos. Que tenemos voluntad de aprobar esta modificación puntual lo antes posible, que ha sido una excepción, que mi grupo ha pactado, mi grupo y el Grupo Socialista, los grupos que apoyan al Gobierno, con el Gobierno para exceptuar, porque hace falta correr más para poder aprobar los planes generales y no seguir causando la alarma social a la que usted se refería, este tema primero, antes de la modificación que está preparando el Gobierno.

Así que hay acuerdo en los dos grupos que apoyan al Gobierno, hay apoyo también del Gobierno en esta línea que estamos trabajando, se soluciona el problema y la parte a la que usted se refiere nosotros estamos en disposición de discutirla en enmiendas parciales, y yo le pido desde ahora que se sumen, porque no sirve de nada que usted me diga que retira la enmienda a la totalidad y se suma a la enmienda a la totalidad del Grupo Mixto, porque van en la misma línea. Y también ya le anuncio que la vamos a rechazar, pero no por nada, sino porque le repito que nosotros, nuestra modificación va en otra línea, pero puede ser complementaria a la suya, y por eso sí le anuncio, a usted y a los representantes del Grupo Mixto, que vamos a ser absolutamente comprensivos en el plazo de enmiendas y en el trámite de enmiendas para incorporar la posición de ustedes.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, don Ignacio.

Ahora para fijar posiciones tienen... ¿Grupo Mixto? ¿No? ¿No hay fijación de posiciones? ¡Ah!, enmienda también. Sí, perdone.

Don Román.

El señor Rodríguez Rodríguez: De nuevo buenos días, señorías.

Es un tema aparentemente baladí pero tiene tela. Es un asunto técnico pero tiene implicaciones políticas relevantes.

Voy a empezar por lo que la señora Tavío decía: lo de las medallas y la política. Es legítimo aspirar a tener influencia sobre los ciudadanos desde las distintas opciones políticas, y esto que es normal y lógico en democracia a veces distorsiona el funcionamiento de las cosas. Yo, y no es ningún mérito sino tengo un problema, la influencia nuestra en la ciudad de Santa Cruz en términos políticos no está expresada, de manera que por ahora al menos no aspiramos a lo que usted llama medallas. Por lo tanto, si sirviera de algo, ni siquiera estaría implicado en la legítima aspiración de representar más gente en esta ciudad.

Vamos a ver, yo seguí con atención, como casi todo lo que pasa en Canarias, el debate del planeamiento de Santa Cruz y la enorme dimensión que el problema del llamado "fuera de ordenación" generó entre las fuerzas políticas y entre la ciudadanía. Cuando aquí los grupos que apoyan al Gobierno presentaron una iniciativa legislativa supuestamente para resolver este problema y usted presentaba una distinta, me pareció en aquel momento bastante más ajustado a este objetivo lo que usted planteaba que lo que planteaban los grupos que sustentan al Gobierno, y luego me referiré a ello, porque usted al menos se quedaba en la exclusiva tarea de aclarar y salvar las dificultades que supuestamente el planeamiento tiene para esta figura del fuera de ordenación. Sin embargo -y esto no es secundario-, la proposición de ley de los grupos que sustentan al Gobierno, además de esto, pretendía otras cosas. Otras cosas muy relevantes y para el que les habla y su grupo absolutamente inaceptables, y es derogar el artículo 34 c) del núcleo duro del ordenamiento jurídico de nuestra comunidad en materia de suelo y planeamiento y ni les cuento la derogación del 36.1 a).1, 1 a).2. Es asunto, primero, que nada tiene que ver con lo primero, o sí, y que es una pura desregulación, barra libre para aumentar la edificación y la densidad en los procesos de planeamiento, que ahora limita correctamente el texto refundido de la Ley del Territorio y de Espacios Naturales. Que además es habitual en el ordenamiento de estas mismas materias en otros territorios del Estado español, que no es ningún capricho de los legisladores de esta comunidad a lo largo de la historia.

Por lo tanto, sobre el primer asunto, que es el que podía justificar esta iniciativa, a nosotros nos pareció que la propuesta que usted hacía -el Partido Popular- se ajustaba al menos a este objetivo, mientras que la propuesta que plantearon los grupos del Gobierno, los grupos parlamentarios, porque es una iniciativa de los grupos parlamentarios, se alejaba y mezclaba peligrosamente esto con otras cosas. Y por eso nosotros votamos a favor de la iniciativa legislativa del Grupo Popular, porque al menos intentaba resolver el problema concreto.

Por tanto, yo creo que el objeto de la norma que se propone por parte del Grupo Socialista y del Grupo de Coalición Canaria tiene una parte vinculada a esta problemática, que además creemos que tiene otro camino o que copia literalmente la propuesta que hacía el consejero del área de este Gobierno en la pasada legislatura en la llamada Ley de armonización y simplificación en materia territorial y urbanística, que vuelve a reiterar el borrador que circula sobre este texto legal que el Gobierno enviará a esta Cámara pronto, el llamado 44.4 del artículo de la ley, que trata de precisar y buscar una salida más adecuada a esta figura. Entonces dijimos y ahora reiteramos que nos parece que el mejor camino para resolver los problemas en materia de planeamiento y urbanismo deben ser las leyes, y las leyes tienen que interpretarse globalmente y de manera coherente, y que la formulación que proponen los borradores de la pasada legislatura y se mantienen en la presente por parte del Gobierno en esta llamada Ley de armonización y simplificación... dar una respuesta adecuada a esta problemática.

Y luego está la otra deriva, la grave deriva de la segunda parte de la proposición de ley. Que les tengo que decir, conociendo un poquito el percal, que no entiendo que el Partido Socialista pueda apoyar eso y tampoco entiendo que lo pueda apoyar Coalición. ¡No lo entiendo!, porque yo sigo las declaraciones y las posiciones políticas de los grupos y del Gobierno y la segunda parte del proyecto de ley es inaceptable, es gravísima, es un atentado a la regulación. Es una chapuza jurídica, lo digo con mayúsculas, chapuza jurídica. Léanse el informe del Consejo Consultivo, dice con relación a esto cosas indiscutiblemente graves: "la flexibilización pretendida puede comprometer los pilares sobre los que descansa la estructura del ordenamiento urbanístico". Bueno, se despacha con afirmaciones documentadas y categóricas desde las formas al fondo. La derogación del artículo 34 la remite a una directriz, no obligatoria, pero no lo hace ni siquiera con la derogación del artículo 36 en sus dos apartados. ¡Una chapuza! Nuestro grupo está radicalmente en contra de la derogación del artículo 34 y más en contra de la derogación del artículo 36 en sus dos apartados, porque no es que establezca aclaramiento sobre el suelo consolidado, es que lo que pretende es dejar libertad absoluta a los planeamientos municipales en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable. Es una vuelta al calcetín, es inaceptable esta propuesta. Me estoy refiriendo a la parte dura de esta propuesta, a la parte inaceptable, a la que nada tiene que ver aparentemente con el objeto que teóricamente persigue la iniciativa legislativa, que es resolver un problema.

Pero, claro, ya decía yo en la anterior ocasión -y lo digo en relación a esta norma y a otras- que es mal asunto, mala técnica legislativa, hacer una ley frente a cada problema. Es que el lío que se arma puede ser terrible. Lo razonable -y lo dice el Consejo Consultivo también- es que estas modificaciones se hagan sobre los textos originarios y se hagan de forma clara y coherente para evitar la inseguridad jurídica, que, por cierto, denuncia de forma taxativa, clara y contundente el informe del Consejo Consultivo. No es razonable que frente a cada problema se produzca una modificación legal. Y, por lo tanto, no nos gusta este procedimiento, como no nos gustan otros procedimientos de legislación al caso, como hace este Parlamento, y lo hemos discutido en otras ocasiones en el primer periodo de esta legislatura (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente).

De todas formas somos conscientes -y por eso nos sumamos a la propuesta del Partido Popular- de que se nos dijo con claridad -y es lo que yo capté de la opinión pública y el debate abierto- que o se recurría a una modificación de la legislación o no había instrumento para garantizar la seguridad jurídica a los dueños de las llamadas "edificaciones fuera de ordenación". Sin embargo, desde aquel momento a este han ocurrido cosas -como yo también me leo la prensa y recabo la documentación pertinente-, ha ocurrido un hecho que a mí me ha parecido una excelente noticia. Esta, es un ayuntamiento que lleva una década y media en una guerra total sobre el planeamiento, donde el fuera de ordenación es un aspecto al que habrá que endosarle algunas culpas, pero no todas, porque no es riguroso. Y en esa guerra que ha habido se ha producido un hecho que a mí me satisface -porque seguramente me estoy haciendo mayor-, y es que se han puesto de acuerdo todos. Yo he leído un acuerdo, una moción, después de presentar la enmienda, porque si no la hubiera presentado de otra manera, de otra manera, donde todas las fuerzas políticas y la parte social articulada en torno a esta problemática han llegado a un punto de encuentro -tengo los papeles-. Sí, yo sé que todo es matizable, pero yo me alegro mucho de que todas las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento de Santa Cruz hayan concluido que el plan es muy importante y hay que acelerarlo, y hayan concluido que el fuera de ordenación cabe resolverlo con el instrumento del planeamiento.

Yo, para buscar más opiniones cualificadas, me he dirigido a algunos amigos que hay en este mundo nuestro, que entienden mucho de este tema, y al menos dos opiniones cualificadas -que no voy a citar porque no tengo su autorización- me han dicho que interpretan que el planeamiento tiene instrumentos suficientes y seguros para resolver el fuera de ordenación, garantizando los derechos del patrimonio de las edificaciones fuera de ordenación y evitando -lo que a lo mejor algunos pretenden- elementos especulativos o plusvalías exageradas. Lo digo porque este hecho a mí me parece relevante. Yo he escuchado al alcalde de la ciudad decir que es un acuerdo histórico al que se llegó en el Pleno de Santa Cruz hace escasamente una o dos semanas -no recuerdo bien porque esto fue después de presentar la enmienda-.

Por ello, mi opinión -el Parlamento tiene un procedimiento y unas técnicas que nos obligan a seguirlas-, mi opinión es que el mecanismo más claro, más transparente y -acuérdense de lo que les digo-, más eficaz es, si de verdad, como dicen cualificados expertos... esta solución cabe con el instrumento del Plan General de Ordenación. Si esto es así, y no me lo dicen los primeros que se dedican a esto, y también me lo dicen relevantes, significados, responsables políticos -que tampoco voy a citar porque no me acordé de pedirles permiso-, me parece que eso sería lo más razonable y remitir a la ley que el Gobierno va a mandar a esta Cámara de simplificación y armonización, pues, esta regulación, que, por cierto, se copia literalmente en el proyecto de ley de los grupos que apoyan al Gobierno. De manera que el artículo 44.4 pueda ser redactado, articulado, de manera más operativa actual para hacer más seguro el fuera de ordenación.

Y por supuesto nosotros estamos totalmente en contra, absolutamente en contra, porque no tiene nada que ver, porque es dar un hachazo a la normativa de planeamiento y urbanismo en Canarias, sin ninguna justificación. Bueno, el Consejo Consultivo, no les voy a cansar porque los que tengan interés que se lo lean, es terroríficamente duro con esa parte del intento de los grupos que apoyan al Gobierno de que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, me cargo yo no sé cuántas cosas, porque no tienen nada que ver.

De manera que, en mi opinión, aunque nosotros hemos presentado un texto, un texto, destinado a intentar resolver el problema de fuera ordenación en la línea de lo que habíamos identificado como un problema de los ciudadanos y de la propia corporación, cierto es que esta novedad de un acuerdo en el ayuntamiento a mí me parece muy relevante, muy significativa, que todas las fuerzas políticas, que las organizaciones sociales que han estado en la polémica, tengan un principio de acuerdo y que por ahí pueda haber un camino. Creo que lo más razonable, y lo digo honestamente, es que el Grupo Socialista y Coalición Canaria retiren esta ley. No es razonable, no es razonable matar moscas a cañonazos, que es lo que hace esta ley. No es razonable sustentar la derogación del artículo 34 para dar barra libre al incremento de densidad y edificación en nuestras ciudades. No lo hace nadie. No es razonable que estos mecanismos puedan ser aplicados al suelo urbano consolidable o urbanizable. No es razonable. Esto es un golpe a la línea de flotación de nuestra normativa básica, de la arquitectura de nuestro sistema de planeamiento y urbanismo, y esto es lo que hace la ley.

Por lo tanto, mi opinión, modestamente, sé que no va a tener fruto, es retiren ustedes esta ley, remitan la regulación del fuera de ordenación a la ley que van a trasladar a este Parlamento sobre este tema y, si esto no fuera posible, pues, trataremos de agarrarnos a las posiciones que defendemos en esta enmienda a la totalidad. Cierto es que la enmienda del Partido Popular y esta tienen la misma lógica, ¿eh? Yo creo que la nuestra es un poquito más precisa, pero, bueno, eso es discutible. En cualquier caso, nosotros sostenemos que hemos hecho esto en defensa del interés general de los ciudadanos de Santa Cruz, en defensa del interés general de los ciudadanos de Canarias y de un ordenamiento seguro en materia de planeamiento y urbanismo...

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Para turno en contra, don Ignacio González, Grupo Nacionalista Canario.

El señor González Santiago: Muchas gracias, señor Román, porque el turno en contra lo ha realizado usted mismo, y además mejor de lo que yo pudiera hacer, porque usted tiene una gran facilidad de síntesis y en este momento la ha ejecutado a la perfección.

En función del acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz, que dice usted por unanimidad, como no hace falta tocar el 34, que es lo que usted toca en la enmienda a la totalidad, evidentemente entonces tenemos razón nosotros, el Grupo Parlamentario Nacionalista y el Gobierno de Canarias, que lo que habrá que tocar es el 44: el régimen jurídico del fuera de ordenación. Estamos de acuerdo. Ya el propio portavoz del Grupo Mixto ha llegado a la misma conclusión que nosotros.

Ahora, igual que el Consultivo, que usted lo cita tanto, y yo me lo he leído y lo he hablado con ellos... Y yo no lo redacto, yo lo hubiera redactado de otra manera, pero yo sí lo extracto y se lo voy a explicar. Mire, el Consultivo dice claramente que la diferenciación del fuera de ordenación en dos figuras, de simple consolidación -o llamémoslo como queramos- y fuera de ordenación para dos casos diferentes. Uno, aquellas construcciones legales que por alteración en un planeamiento sobrevenido posterior de los parámetros urbanísticos quedan en una situación de fuera de ordenación; otra, muy distinta, aquellas edificaciones, construcciones, instalaciones que comenzaron siendo ilegales y que después por el tiempo prescribió la infracción urbanística y no contravienen expresamente el planeamiento, pero están fuera de ordenación; y el otro, las que están afectadas por viales, zonas públicas, etcétera, dotacionales, etcétera... Son dos situaciones totalmente diferentes. ¿Y qué es lo que pasa? Que la legislación estatal, y yo emplazo al Grupo Popular para que sus compañeros en Madrid modifiquen el Real Decreto 716 y el Real Decreto 1492, el de valoraciones y el que impide que el fuera de ordenación pueda ser proporcionado como garantía hipotecaria, porque modificando eso no había que modificar esto. Pero sin que se modifique eso, evidentemente hay que modificar el artículo 44 y separar el régimen jurídico de fuera de ordenación de un caso y del otro, y por eso hay que llamarlo de diferente manera. Y por eso el Consultivo dijo que el efecto jurídico que puede tener el diferenciar estos casos con otro nombre es que no se aplica la legislación estatal. ¡Pues eso es lo que queríamos evitar! ¡Eureka!

Así que nosotros tenemos razón, los grupos que apoyan al Gobierno y que apoyan esta iniciativa, el Grupo Socialista y el Grupo Nacionalista, y además el portavoz del Grupo Mixto nos la acaba de dar y nos la acaba de reconocer.

Y yo -me está diciendo que no la portavoz del Grupo Popular-, y yo no estoy del todo de acuerdo ni con que el acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz fuera en los términos a los que aludió el portavoz socialista -no se mete en la modificación de la ley- ni con que no haga falta, no en Santa Cruz, en cualquier planeamiento municipal, no haga falta modificar también el límite del 34.6, del 34.6. Yo no estoy de acuerdo y lo peor no es que yo no esté de acuerdo, mire, hablando de otros organismos, es que la Cotmac ha rechazado varios planes en ocasiones porque no cumplen con esos límites de 400 habitantes o 12.000 m2 construidos en determinados ámbitos consolidados por la urbanización, con 12.000 m2 construidos en uso alojativo, residencial o turístico. Y, por lo tanto, para evitarnos esos problemas posiblemente haya que tocar el 34.

Pero yo estoy de acuerdo con el señor Rodríguez, estoy absolutamente de acuerdo. Para que no haya ninguna duda de que lo que pretendemos en cuanto a esa segunda parte es regular una situación de hecho y facilitar que esas viviendas que eran legales ab initio sigan siéndolo y que los planes puedan seguir desarrollando y creando las instalaciones necesarias y las zonas dotacionales necesarias, etcétera, nosotros decimos: el Gobierno nos propone, al grupo, que esto sea una directriz general de ordenación; el Consultivo dice que para que sea ley se incluya en la Ley de Directrices, y estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo, porque el acuerdo tiene que ser absoluto, primero de los grupos que apoyan al Gobierno, contando con el Gobierno. Si no, dejaríamos de ser grupos que apoyan al Gobierno, porque sabemos además que el Gobierno está en este momento tramitando una reforma en esa línea. El Gobierno nos propone que eso se deje a una directriz y el Consultivo, que se incorpore a la Ley de Directrices; pues se hará. Ahora, miren, yo todavía soy más amplio y estoy seguro... Ayer hablé con el consejero del área y estoy seguro de que no tendremos problemas ni en el grupo ni con el consejero en adaptar a la línea del Partido Popular o del Grupo Mixto y conseguir lo mismo, que no pretendemos más, no pretendemos barra libre. Para mí es que ni hace falta modificar el 34, sí el 44, sí el 44, porque si usted dice, "no, es que el Ayuntamiento de Santa Cruz, o cualquier ayuntamiento, en su plan pueden crear nuevos fuera de ordenación", ¿y los anteriores, don Román, y los anteriores, en Santa Cruz, del 92, los anteriores, cómo lo resolvemos, que se aplique una legislación estatal vigente en este momento? Pero si eso fuera así, no tendríamos que modificar el 34; pero, como eso no es así, yo pienso que sí hay que modificar el 34. A lo mejor no con una directriz, pues sí entonces en el artículo, en el 34, pero no para barra libre: para regular una situación real y legal que posteriormente devino en esa figura rara, el fuera de ordenación, con consecuencias económicas negativas.

Así que vamos a estar, repito, absolutamente de acuerdo en el periodo de enmiendas, en el debate en la ponencia y vamos a llegar, estoy seguro -y esa es la voluntad de mi grupo, de los grupos que apoyan al Gobierno y de este Gobierno-, llegar a un acuerdo, modificar, claro, en la línea que se está modificando la legislación territorial en Canarias en este momento. En esa línea, llegar a un acuerdo con todos los grupos para que esta modificación... Que si no hace falta, señor Román, pues, tampoco tiene por qué tener una oposición a ella. Si no hace falta, no hace falta. Si en un ayuntamiento no hace falta, pues, no hace falta. Si se puede dentro del plan incorporar todas esas edificaciones que eran legales y que han dejado de serlo posteriormente, pues, mire, no pasa nada. Pero donde no se puede y donde haya que seguir avanzando y seguir creando instalaciones públicas o viales, etcétera, y haya que liberar edificabilidad o densidad global media, etcétera, pues, en esos casos se aplicaría esa fórmula. Que me vale la suya, me vale la suya, o también vale la nuestra, porque una directriz no es barra libre, es de obligado cumplimiento, salvo en los casos en que se justifique. Y por eso en la directriz nosotros decimos: "solo podrá ser motivo de justificación, solo podrá ser motivo de justificar, si no se cumple". No es barra libre. Y dice: "cuando se trate de ámbitos con edificaciones consolidadas en las que...", tal, y dice: "no se aplicará lo dispuesto en la letra c) -esto lo dice usted- del apartado anterior a las zonas y ámbitos cuyo suelo estuviera consolidado por la urbanización". ¡Lo mismo! Y si cojo la del PP -pero ahora no es el turno de responder a la portavoz del PP-, lo mismo.

Así que no es barra libre, no estamos derogando el artículo 34 y dejando esto vagar libremente. No, estamos recogiéndolo en una directriz que, a petición o a sugerencia en el dictamen del Consultivo, del Consultivo, se incorporará a la Ley de Directrices, si esa es la vía que adoptamos entre todos, pero que ya les abrí desde el principio la posibilidad y mi disponibilidad como ponente de esta modificación puntual de mi grupo, de los grupos que apoyan al Gobierno y del propio Gobierno, a incorporarla incluso en el artículo 34.

Así que, don Román, yo no digo nada más, porque usted, al decir que después de lo acordado en el Ayuntamiento de Santa Cruz ya no hace falta modificar el 34, ya su propia enmienda a la totalidad, que solo hablaba del 34, evidentemente ya decae; y como la portavoz del PP se remitió a la suya, que dice que la iba a apoyar y usted renunció a defender la suya, nosotros renunciamos, por supuesto, a defenderla, suplantándolos a ustedes. Así que las damos las dos, las dos enmiendas a la totalidad, por rechazadas.

Y repito: no es que no queramos contar con ustedes, es que aceptamos lo de ustedes, pero nosotros hemos utilizado otra técnica, porque vamos a lo que entendemos que es lo más importante, a regular la figura del fuera de ordenación en la parte que interesa, que es el fuera de ordenación legal por altura, que tenía unas repercusiones por esos dos reales decretos. Que yo repito al Grupo Popular que es conveniente que se estudien en Madrid para que se modifiquen y, mientras tanto, una vez que se modifiquen las dos figuras y quede fuera ya la posibilidad de aplicar esos dos reales decretos al fuera de ordenación, ahora libre consolidación, a los legales, ya después podemos hablar también del 34 en el periodo de enmiendas, y yo me brindo absolutamente a incorporar las posiciones de unos y otros, porque además son razonables y no son contradictorias con la nuestra.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Ignacio González.

Vamos a acumularlo, hay un turno de fijación de posiciones para los grupos que no han intervenido. Grupo Parlamentario Socialista Canario.

Don Manuel Fajardo tiene la palabra. No, no, ya turno de fijación.

El señor Fajardo Palarea: Bueno, buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías.

Don Román, yo no sé si lo ha hecho con intención, yo estoy seguro de que no, o es por no recordar el debate que tuvimos. Es imposible que usted pueda decir que esta proposición de ley está firmada por el Partido Socialista, porque no la hemos firmado. No, no, votada tampoco, se lo explico. Y es imposible que usted me pida a mí que retire una proposición de ley que no ha presentado el Partido Socialista, porque, como usted sabe, el Reglamento de la Cámara establece que, una vez tomada en consideración una proposición de ley, solamente la podrá retirar quien la haya propuesto, previa solicitud al Pleno, que deberá votar la retirada de la proposición de ley. Por tanto, no intente confundir a la ciudadanía, nosotros no hemos firmado esta proposición de ley.

Nosotros lo que hicimos en su día fue, para evitar que dos proposiciones de ley que tenían el mismo objeto entraran en la Cámara a la vez, optamos lógicamente por la proposición de ley de aquel partido con el que tenemos un pacto de gobierno. Pero dije en mi intervención, en su día, que es cierto, como han dicho los otros dos intervinientes, que hubo una PNL que se presentó, pero la PNL que se presentó y se aprobó por ustedes instaba al Gobierno de Canarias a que dictara un proyecto de ley. Esa es la diferencia, decía, y lo sigo diciendo hoy, que ahora lo hacen ustedes mediante una proposición, y me estaba refiriendo al Grupo Popular y al Grupo Nacionalista Canario, porque hay una gran diferencia entre una proposición de ley y un proyecto de ley, en todo lo que tiene que ver con órganos consultivos, que realizan su trabajo en la tramitación de un proyecto de ley, y en la de la proposición de ley menos, y en la participación ciudadana como elemento nuclear de un asunto que no solo afecta a Santa Cruz, porque, pese a que las proposiciones de ley de ambos grupos tienen su leitmotiv en Santa Cruz, uno nombrándola y otro no, lo cierto es que afectan, por ejemplo, a Arrecife y a cualquier ciudad de Canarias. De ahí la importancia de estas proposiciones de ley.

Y además decía: la propia propuesta de las proposiciones de ley en este Parlamento lleva implícita una renuncia a que no sea el planeamiento municipal de ordenación el que regule autónomamente el régimen de fuera de ordenación. En esto usted antes coincidía conmigo. Las dos proposiciones serían innecesarias si se dejase al ejercicio de la potestad del planeamiento municipal la regulación del fuera de ordenación.

Y es más, dije en mi intervención, y después me ha dado la razón, nos ha dado la razón el Consultivo, tenemos nuestras serias reservas sobre las proposiciones, tanto la suya, y me refería a la de la señora Tavío, como la del Grupo Nacionalista, pero creemos que tenemos la obligación de dar salida al problema.

No se trata de colgarse una medalla ni se trata de batallitas, no estamos aquí para batallitas. Es cierto que se podría colegir del momento de la presentación de las proposiciones de ley, que es anterior a la fecha del 20-N, se podría colegir -que no lo hago yo así- que podría haber alguna intencionalidad a la hora de abanderar la defensa de aquellas personas que, siendo propietarias de edificios o edificaciones en fuera de ordenación, pudieran tener un referente como defensores de sus derechos. Se podría colegir del momento de la presentación. E incluso lo que ha ocurrido, en definitiva, después del dictamen del Consejo Consultivo... Por cierto que es muy contundente. El Consejo Consultivo no hace solamente observaciones de carácter general sino las hace también de carácter particular, pero las hace desde la exposición de motivos hasta la última disposición de la proposición de ley. Y yo no voy a hablar de palos. Por cierto, que si hubiera entrado la del Partido Popular, le hubieran dado -lo que ha calificado el Partido Popular- igual palo, igual, igual palo. Por tanto, no hay que buscar culpabilidades. Dije en mi intervención, citando a la consejera de Empleo, que había tenido una intervención anterior, que estamos para arreglar los problemas de los ciudadanos, pero hay una cuestión que es de lógica: para arreglar los problemas de los ciudadanos habrá que contar con los ciudadanos. Y es mucho más, mucho más eficaz el contar con los ciudadanos activando su participación mediante la articulación de un proyecto de ley.

Miren, existen, por tanto, dos soluciones. Aquellos que para evitar los efectos indeseados del fuera de ordenación abogan por que la misma sea solucionada por la denominada Alternativa Cero, lo cual implica no modificar el marco legal vigente en ninguno de sus aspectos, sin que proceda aprobar ninguna de las proposiciones de ley presentadas en este caso. Serían los planes generales de ordenación, según lo establecido en el artículo 44.4, los que pueden definir el contenido legal del fuera de ordenación y, en particular, los actos constructivos y los usos de los que puedan ser susceptibles las construcciones, edificaciones e instalaciones que resulten disconformes con los nuevos instrumentos de ordenación, sin que tengan que ajustarse al régimen de fuera de ordenación que fija el artículo 44 b) del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, el cual solo es aplicable con carácter subsidiario precisamente en defecto de regulación en el planeamiento. Podría ser una de las soluciones.

Y luego hay otra. Yo voy a citar una propuesta de resolución que presentó el Partido Socialista en el debate de la nacionalidad del 2010, que es que se instaba al Gobierno de Canarias a regular, a regular, el régimen urbanístico del fuera de ordenación modificando el artículo 34 c) del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y disposiciones concordantes, para adaptarlo a la realidad urbanística del archipiélago, del archipiélago, en especial en las áreas metropolitanas, reforzando, ¿qué?, la seguridad jurídica, el reparto equitativo de cargas y beneficios derivados del planeamiento y el respeto a los derechos urbanísticos consolidados que se vean afectados como consecuencia del ejercicio de la potestad de aprobación y revisión del planeamiento por parte de las administraciones públicas.

Estas son las dos soluciones que hay. No me puede pedir a mí algo que no puedo hacer, porque no soy proponente de esta proposición de ley. Las soluciones no pueden ser...; no se puede o no se debe decir -poder se puede decir lo que se quiera-, no se debe decir que da lo mismo la solución que se adopte. No, porque son muy importantes las soluciones que se adopten, sobre todo a la hora de respetar el principio de seguridad jurídica, al que tenemos derecho todos los españoles, como derecho que está reconocido constitucionalmente.

En las intervenciones yo creo que han dado ustedes en el clavo. ¿Saben cuál es el problema real que tenemos aquí?: la paralización de los planes generales de ordenación urbana, la aprobación de esos planes generales y la tardanza en la aprobación de esos planes generales. No hay más, no hay más, ese es el gran problema. Por eso me extraña que no se haya retirado la enmienda, por ejemplo, del Partido Popular, porque yo, leyéndome la enmienda... Si es que ustedes reconocen que no son partidarios de modificaciones puntuales. Son partidarios, ustedes se remiten al anteproyecto de Ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y Recursos Naturales que ha anunciado el Gobierno. Y además dice, dice usted, señora Tavío: "somos de la opinión de que los problemas suscitados por la gran cantidad de viviendas que han quedado en situación de fuera de ordenación de Santa Cruz de Tenerife deben resolverse por los responsables municipales, en el marco del propio Plan General de Ordenación del municipio.

Y, miren, para mí sí es relevante el hecho de que se haya llegado a un acuerdo en Santa Cruz. ¿Usted sabe lo que firmó el Partido Popular y Coalición Canaria en Santa Cruz? Algo han leído, yo lo tengo aquí delante: "incluir todas aquellas modificaciones al Plan General de Ordenación expuestas por el equipo de gobierno que garanticen, por un lado, el estricto cumplimiento de los aspectos de legalidad, formal, técnica y de oportunidad del documento y, por otro, la recuperación del mayor porcentaje posible de viviendas fuera de ordenación dentro del documento, no siendo admisible que se contemple dejar las viviendas de los vecinos fuera de ordenación cuando existen nuevos aprovechamientos"; tercero, "evaluar -importantísimo, ¿eh?, y dice mucho y bien de todos los concejales de Santa Cruz-, evaluar los diferentes aspectos expuestos en la presente moción, debatiéndolos en el foro de las reuniones que se están produciendo en la Gerencia Municipal de Urbanismo, con la participación de la Plataforma Ciudadana contra el Plan General de Ordenación Urbana". Participación ciudadana, si esto no es importante... Para mí es que yo creo que es totalmente contradictorio lo que se está defendiendo hoy aquí con lo que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Santa Cruz.

De todas maneras nosotros tenemos una obligación, tenemos un pacto firmado con el Grupo Nacionalista, vamos a rechazar las enmiendas. Ahora, aviso desde ahora que las enmiendas que se presenten por el Partido Socialista en el periodo, en el trámite de enmiendas al articulado, desde luego van a cambiar, si son aceptadas, sustancialmente la proposición de ley del Grupo Nacionalista Canario. Si no...

El señor presidente: Sí. Tiene un minuto, don Manuel. Siga.

El señor Fajardo Palarea: ...si no, es posible llegar a otro tipo de acuerdos, a otro tipo de acuerdos que pudieran dar viabilidad a que en ese proyecto de ley que el Gobierno ha anunciado que va a presentar en esta Cámara pudiéramos dar cumplida respuesta a las incertidumbres de los ciudadanos, no solamente de Santa Cruz de Tenerife sino de todo archipiélago canario, y también contando, porque modificando la ley estatal también se puede generar bastante certidumbre y seguridad, contando con el apoyo del Partido Popular.

Estamos, como dije al principio, para solucionar los problemas de los ciudadanos, no para batallitas, y espero que en un tema tan arduo nos hayan entendido algo de lo que hayamos dicho en el día de hoy.

El señor presidente: Muchas gracias, don Manuel.

(La señora Tavío Ascanio solicita intervenir.)

Dígame, doña Cristina.

La señora Tavío Ascanio (Desde su escaño): Señor presidente, visto que la sesión, en aras al consenso que había hecho mi grupo político de que renunciábamos a nuestra proposición de ley, y vistas las intervenciones del resto de los grupos, le solicito recuperar el texto y que se vote el texto que ha propuesto mi grupo político, y, si usted me lo permite, precisamente por alusiones en el debate en relación a una serie de inexactitudes, me gustaría entrar en el fondo nada más que un momento. Por supuesto, doy por hecho que el resto de los grupos tendría ese minuto de generosidad que yo le pido.

El señor presidente: Bueno, perfectamente... Bueno, la votación, salvo que retiren el texto, se va a votar.