Diario de Sesiones 30/2012, de fecha 27/3/2012 - Punto 23

· 8L/C-0276 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre criterios para la racionalización de las empresas públicas.

El señor presidente: Señorías, pues, para ver la última comparecencia de esta tarde: del Gobierno, instada por el Grupo Nacionalista Canario, sobre criterios para la racionalización de las empresas públicas.

Don José Miguel Ruano tiene la palabra.

El señor Ruano León: Señorías. Señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.

Este debate, nuevamente un debate sobre empresas públicas, se incardina, una vez más, en un asunto que viene siendo eje de las últimas sesiones plenarias en esta Cámara y que durante esta misma sesión se ha reproducido una vez más, que son las políticas de contención del déficit público. Políticas de contención del déficit público, decía el señor Rodríguez en una de las intervenciones anteriores, que ciertamente no podemos sacralizarlas, es decir, no es un objetivo socialmente aceptable que el progreso se sustente simplemente sobre el control del déficit. El control del déficit, sin embargo, es condición necesaria para equilibrar la balanza fiscal, sobre todo cuando se forma parte de un amplio club de países o de Estados que forman parte de la eurozona y en este momento Canarias, dentro del Estado español, viene realizando su tarea, como es conocido por los parámetros públicos, con suficiencia, tanto desde el punto de vista de la deuda pública, en la cual es la que tiene el nivel más bajo, como desde el punto de vista del control del déficit, en la que se sitúa entre las comunidades con menor déficit fiscal.

Dicho esto, señorías, que son datos evaluados de forma externa -por tanto, no somos nosotros, no es el Gobierno de Canarias, no son los grupos que apoyan al Gobierno, no es un tercero que tenga algún interés político concreto en nuestro objetivo-, dicho esto, lo que es una realidad es que el gran debate se sustenta, desde unos grupos y otros, en cuál es la relación económica que está establecida, que se establece entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado español; entre el Gobierno de España, ahora mismo detentado por el Partido Popular, que ganó las elecciones de noviembre, y el Gobierno de Canarias, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, que está sustentado sobre dos fuerzas políticas distintas.

Ocasionalmente, he tenido la oportunidad de señalar en esta tribuna que no es un debate entre fuerzas políticas lo que estamos teniendo, que es un debate entre una parte del Estado español, que resulta ser la más lejana, que resulta que tiene la condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, que resulta que tiene un estatus singular por su lejanía, insularidad y que en función de ello tiene una serie de políticas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del reconocimiento por la propia disposición adicional tercera, por su propio Estatuto de Autonomía. Es decir, ese es el marco donde se sitúan las relaciones de todos los asuntos puntuales, concretos y por eso convendría que, cuando analizamos cualquier tema que tenga consecuencias desde el punto de vista del gasto público, seamos serios en las iniciativas que se plantean por una parte y por otra, y me refiero ahora al arco parlamentario de esta Cámara. Quiero decir que no vale que se diga que no estamos haciendo tal control del déficit público, de empresas públicas, de la Administración pública y paralelamente se estén propiciando, promoviendo, iniciativas que como resultado a lo que llevan es a un incremento del gasto público.

Y no comparto tampoco algunas reflexiones, que las puedo compartir desde el punto de vista teórico, porque incluso mejores teóricos hay en esta Cámara, que lo están haciendo desde el punto de vista doctrinal, y no comparto que no tengamos, por otra parte, que hacer el esfuerzo necesario para hacer esa contención, señor Rodríguez, porque posiblemente esa sí es la diferencia entre poder hacer el juicio, el análisis externo, que yo creo que muchas veces de forma muy acertada usted realiza, y otra cosa distinta es cuando uno tiene la responsabilidad después de llevar la decisión concreta. Y por eso antes decía el señor Mayoral, en relación con alguna intervención anterior, que no le arrendaba las ganancias al consejero respecto de esto.

Señor consejero -voy terminando-, desde el punto de vista del control del déficit público, ¿cuál es, cuál es el proyecto concreto del Gobierno para que las empresas públicas sigan prestando el servicio público que la ciudadanía canaria demanda y lo hagan dentro de un planteamiento de sostenibilidad económico-financiera?

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don José Miguel Ruano.

Por el Gobierno, el señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Señor presidente, señorías: buenas tardes.

En primer lugar quiero expresar la firme convicción del Gobierno en la defensa del Gobierno de lo público, en ocasiones hoy demonizado y objeto de fácil demagogia.

Entendiendo la sociedad pública como una sociedad prestadora de servicios a los ciudadanos, que en algunos casos llegan a ser esenciales, como, por poner el ejemplo, el caso de Gestión Sanitaria de Canarias. Se debe entender, y me parece que es lo más importante, que la forma jurídica no es lo importante en la prestación de un servicio público, como tampoco se puede entrar en un debate exclusivamente sobre el número. Lo realmente importante, lo que nos debe llevar al debate, es el objeto de las empresas públicas, su utilidad, su calidad, su eficiencia, su coste. Esto, para centrar la parte del debate, no debe ser óbice para que la comunidad autónoma, como es su obligación, lleve a cabo procesos de racionalización y de reordenación del sector público empresarial, pero teniendo en cuenta que debe mantener lo esencial, eso sí, logrando la máxima optimización de los recursos públicos.

Esta situación no es nueva: el Gobierno de Canarias ha sido uno de los primeros gobiernos autónomos que activó un conjunto de medidas para racionalizar la actividad de las sociedades públicas y también de toda su Administración. Puedo afirmar que comenzamos a trabajar mucho antes que el propio Estado con iniciativas que ahora algunos empiezan a implantar. De hecho, las transferencias de la comunidad autónoma a las sociedades públicas se han reducido sustancialmente. Quiero darles un dato: en el 2009 significaban 335 millones de euros, para el 2012 están previstos 149 millones de euros. En definitiva, un esfuerzo ingente en ese control. Esta disminución a la que hago referencia se consolidó en el 2011 a través de un acuerdo de Gobierno por el que entre el año 2011 y el 14 las aportaciones disminuirían en torno a 100 millones de euros, lo que representaba una disminución final de un 45% en el conjunto de las aportaciones del Gobierno hacia el sector público empresarial.

Somos en la actualidad -y gracias a esta previsión de ajuste que se intensificaba en el 2010- de las comunidades autónomas que menos empresas públicas tienen en el conjunto del Estado. Aunque, insisto, para nosotros el número no es lo que importa y sí el servicio y su coste. Nuestro sector público empresarial está más que dimensionado. En España existe un total de 728 empresas públicas, de las que 19 pertenecen a esta comunidad autónoma, 3 en proceso de disolución en este momento. En este sentido es revelador el dato que apunta a que algunas comunidades autónomas que peores datos ofrecen en déficit público y endeudamiento son justamente las que más número de entes y organismos públicos acaparan.

Al margen, por tanto, de la cantidad de empresas, Canarias debe seguir profundizando en la reorganización de su sector público, ahora si cabe con más intensidad. A ello se han unido varios factores: a la escasez de fondos públicos se añade que algunas de estas sociedades están registrando, como consecuencia de la crisis económica, un descenso notable en su actividad. Sirva como ejemplo más gráfico aquellas que se dedican al ámbito de la promoción de suelos o de viviendas. Por tanto, ante las nuevas circunstancias, nuevas respuestas, lo que se traduce en que debemos adoptar nuevas medidas, todavía superiores, para reorganizar el sector público empresarial.

Con este panorama, unido al obligado cumplimiento del objetivo de déficit, el Gobierno de Canarias no podía quedar impasible, y así, el pasado mes de febrero, adoptó un conjunto de medidas adicionales para racionalizar sociedades mercantiles públicas. Para la adopción de tales medidas se han tenido en cuenta factores determinantes, como la necesidad de mantener determinadas políticas públicas o la reorientación de su objeto para adecuarlas a los objetivos fundamentales. Asimismo, se estimó conveniente eliminar aquellas divisiones de las empresas que ya no desempeñan una función relevante para la prestación de un servicio o para el desarrollo de una política pública.

También se tomó en consideración el redimensionamiento de los servicios y de su personal en función de la financiación prevista, la potenciación de la autofinanciación o el incremento de financiación externa a la comunidad autónoma, la racionalización de las condiciones laborales y la disminución del endeudamiento de las mismas. La meta no es otra que conseguir que las empresas sean viables, que las medidas que se implanten aseguren su supervivencia y que sean útiles para la sociedad al menor coste posible. Porque, volviendo al principio de mi intervención, el Gobierno de Canarias defiende a ultranza el servicio público que se preste, independientemente de la forma jurídica con que se haga, y para que nuestras empresas puedan seguir haciéndolo no cabe otra alternativa que lograr que sean viables, saneadas financieramente y con una configuración organizativa apropiada a las circunstancias.

Entre las principales medidas adoptadas en este proceso de racionalización se encuentra la reducción de los gastos fijos en al menos un 15% en relación con el 2011, lo que supondrá un importe global de, como mínimo, 20 millones de euros. Además se establece la reducción de su endeudamiento en como mínimo 40 millones de euros y la enajenación de activos materiales y financieros por importe de 40 millones de euros.

También en este proceso se incluyó la culminación del proceso de disolución de tres sociedades mercantiles, que todos ustedes conocen: Saturno, Canarias Congress Bureau Maspalomas y Canarias Congress Bureau Tenerife. En este momento estas sociedades, como ustedes bien saben, no tienen actividad y se unen a las fundaciones también ya extinguidas, que son la Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias, la Fundación Canaria para el Conservatorio Superior de Música de Canarias y la Fundación Canaria para la Promoción de la Educación. En esa misma línea, este mismo acuerdo aprobó la desinversión de capital de la comunidad autónoma en al menos 15 sociedades mercantiles de las participadas.

Con carácter general, todas las empresas públicas deben redimensionar sus órganos de administración, se recortan los gastos de dirección, reiterándose la imposibilidad de percibir emolumentos por asistencia a los consejos de administración. No se reciben dietas por asistir a los consejos de administración de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. A esta limitación se añade la racionalización de sus estructuras, de forma que compartan servicios comunes de administración y de gestión, al menos por sector de actividad.

Asimismo, y para la consecución de estos objetivos, se dispone de una batería de medidas específicas para cada sociedad, que tendrán que plasmarse en los correspondientes programas de viabilidad individual que están elaborando en estos momentos las empresas. Estos planes incluirán medidas por las que, dependiendo de cada caso, se podrán establecer ahorros incluso superiores a los del 15% en los gastos fijos a los que hacía referencia anteriormente. Se pondrán a la venta algunos activos inmobiliarios, se incrementarán los ingresos por determinados servicios prestados y se buscarán nuevas vías de cofinanciación con el sector privado.

Asimismo, en el marco de la racionalización del sector público empresarial, se establecen directrices de negociación colectiva y de modificación de las condiciones de trabajo, tendentes a la organización de las comisiones laborales y al aumento de la productividad en cada una de las sociedades. En el ámbito de las encomiendas realizadas por el Gobierno de Canarias o sus organismos autónomos se contemplará una reducción de un mínimo de un 5% en las tarifas actualmente aplicadas.

En definitiva, se trata de decisiones encaminadas a garantizar la continuidad de los servicios que presta el sector público empresarial, adaptando sus gastos a los ingresos disponibles y adecuando su organización a la disminución de la actividad y a la escasez de fondos públicos.

En definitiva, señorías, el Gobierno de Canarias ha sido valiente. Se ha adelantado una vez más a los procesos que ahora otros emprenden para dimensionar sus gastos a sus ingresos, para dimensionar nuestro sector público empresarial a las realidades del momento. Eso sí, sin demonizar a la empresa pública, sin castigar o discutir sobre el número, porque lo importante es hablar sobre si el servicio que prestan o no es el adecuado, pero sobre todo tomando medidas que hagan garantizar la supervivencia de las mismas en el largo plazo. Son medidas, algunas, duras pero necesarias en un momento como el actual.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero.

Por los grupos no solicitantes de la comparecencia, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señorías, buenas tardes.

Nos lleva el debate siempre al mismo lugar. Primero, aquí se ha puesto, de moda no, aquí se ha impuesto como dogma inalterable que para salir de este problema que estamos viviendo hay que aumentar la productividad por la única vía que se ha puesto sobre la mesa, que es reducir los salarios, y que el único mecanismo de que generemos confianza en los mercados pasa por reducir el gasto público, aunque sea a costa de cargarse el Estado del bienestar. Y esto es lo que están haciendo todos, ustedes también, y yo lo que planteo es que esto no es verdad. Otra cuestión es que te veas obligado en un momento determinado a aceptar reglas, aunque no estés de acuerdo con ello. ¡Esto no es verdad! Estas dos máximas que se han impuesto nos llevan al fracaso, al económico, porque cuando uno genera incertidumbre sobre los trabajadores, sobre los consumidores, ¿saben lo que hacen?, es que se detrae la demanda, se paraliza la economía, se genera más incertidumbre, etcétera, etcétera.

Y tampoco es verdad la tesis, impuesta, dominante, de que aquí la clave está en controlar el déficit y la deuda, porque, si no, no tenemos la confianza suficiente para que los mercados financieros nos presten dinero. ¡También es mentira! Primero, tenemos menos déficit y menos deuda y los mercados financieros no se guían por esto. En todo caso se guían por la economía. Y el problema más importante que tiene la economía española y canaria es que no crece y la reforma laboral, las reformas financieras y las políticas en marcha nos están hundiendo cada vez más.

Yo decía el otro día que los recortes para ajustar el déficit público del 8,51 al 5,3 iban a ser de 55.000 millones de euros. Bueno, pues, ya me he quedado corto, porque la retracción de la economía, el decrecimiento de la economía, va a hacer que los ingresos sean sensiblemente inferiores a lo que habíamos previsto hace tres semanas, porque se está hundiendo lo más importante en una economía, que es la demanda, la circulación del dinero, la capacidad de consumir o de reactivar la economía. De forma que yo lo que planteo es que aquí todo el mundo se ha puesto de acuerdo para ver quién recorta más y yo creo que hay que recortar lo que no es necesario y que es ineficiente, que es gasto superfluo, siempre, y ahora también, con más razón, pero eso de recortar más, que es mejor no se sabe para qué, no lo acepto, porque no es verdad, y lo puedo demostrar con datos. No es verdad que esto que se está haciendo de los recortes indiscriminados sea bueno para la economía, sea bueno para el crecimiento, sea bueno para el bienestar. Eso no es verdad, eso es lo que dicen algunas minorías muy poderosas que están imponiendo sus criterios de forma clara, también en esta Cámara.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Julio Cruz tiene la palabra.

El señor Cruz Hernández: Señor presidente. Señorías, muy buenas tardes.

Señor consejero, asistimos en los últimos tiempos realmente a una campaña de demonización de todo lo público, una campaña de demagogia que tiene especialmente, podíamos decir, enfilado a todo el sector público empresarial.

Hay algunos que hablan de recortes, de supresiones, de fusiones, pero al final se quedan en eso, en hablar, porque cuando tuvieron responsabilidades de gobierno en esta materia mucho dijeron pero poco hicieron.

Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario Socialista Canario preferimos hablar de racionalización del sector público empresarial. Racionalización que ya ha emprendido el Gobierno, como usted nos ha explicado, señor consejero, hace un momento. Porque cuando hablamos de racionalización no solo hablamos de recortes en la aportación a las empresas, también nos referimos a la homogeneización de los salarios de las plantillas, a la redimensión de las mismas, a la potenciación de la captación de capital externo y por supuesto nos referimos a marcar las prioridades con respecto a qué acciones se deben seguir desarrollando y cuáles no. Y todo ello, señorías, con un claro objetivo: continuar prestando el servicio público para el que han sido creadas, al menos algunas empresas. Servicios públicos como la contratación del transporte sanitario, laboratorios fitosanitarios, investigación, etcétera.

Estamos de acuerdo en las últimas medidas que usted ha adoptado y ha señalado, de reducción de un 15% de los gastos fijos respecto al 2011, y en términos globales todas esas medidas nos parecen adecuadas. Sin embargo, señor consejero, creemos que los ajustes de forma general sería bueno flexibilizarlos en función del objeto de cada una de las empresas públicas, en función de los ajustes internos que ya se han realizado hasta ahora y en función de las potencialidades que tienen para captar nuevos recursos.

En definitiva, criterios para la racionalización de las empresas públicas, usted lo ha dicho y nosotros estamos plenamente de acuerdo. El objetivo es que las empresas sean viables, que aseguren su supervivencia, que sean útiles para la sociedad para la que fueron creadas, al menor coste posible, y sobre todo defender a ultranza el servicio público que prestan a los ciudadanos. No importa la fórmula jurídica; lo importante en este caso, desde el sector público, es garantizar los servicios esenciales que muchas empresas públicas prestan en Canarias. Independientemente de los cantos de sirenas de algunos, nosotros siempre tenemos que priorizar y poner en primer lugar el servicio público a todos los ciudadanos.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente: Muchas gracias, don Julio Cruz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Jorge.

El señor Jorge Blanco: Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero.

Señor Ortiz, la reorganización del sector público empresarial canario es, a nuestro juicio, a juicio del Partido Popular, un ejemplo claro de lo que significa la indolencia política del Gobierno de Canarias. Esto ha sido como el baile de La Yenka, "un pasito pa'lante y dos pasitos para atrás".

Señor Ortiz, nos ha dicho lo mismo en esta tribuna hoy que en el mes de enero, cuando anunció el plan de viabilidad de las empresas públicas canarias. Ni una cosa nueva ha manifestado, señor Ortiz, en esta tribuna. Y creo de verdad que tiene buena voluntad, porque creo que tiene la razón en este tema y que usted está intentando reducir de verdad el sector público empresarial, pero no le dejan, el resto del Gobierno no lo deja. Es que existe mucho clientelismo político detrás de las empresas públicas de Canarias para que a usted le dejen racionalizarlas y reducirlas. Y esa, señor Ortiz, esa es la verdad.

Nos presentó en enero ese plan de viabilidad de las empresas públicas. Un plan que cada empresa pública tenía que presentar a fecha de 31 de marzo. ¿Los tiene usted en su poder, señor Ortiz, el plan de viabilidad de todas las empresas? ¿Qué ha dicho Hecansa? ¿Se ha trabajado en la venta de los activos de Hecansa? ¿Se ha incrementado su rendimiento o se va a liquidar? ¿Qué ha dicho Gesplan, aparte de hacerle la competencia desleal al sector privado en Canarias, de las consultorías de ingeniería y de arquitectura? ¿Se han reorientado sus trabajos?, ¿se ha reorientado su estructura de coste fijo, se ha reducido? Lo mismo puedo decir de Grafcan. Con Visocan, tres cuartos de lo mismo. Debe enajenar todo su stock de viviendas en venta y revisar sus compromisos de compra, además de reducir su endeudamiento financiero. ¿Se ha hecho, señor Ortiz? ¿Ha enajenado el ITC sus participaciones en múltiples sociedades, que tienen más consejeros que empleados? ¿En cuántas iniciativas de Proexca se ha buscado la cofinanciación del sector privado, tal y como decía el informe que usted presentó en el mes de enero? ¿Se ha iniciado la liquidación de Gestur Las Palmas y Gestur Tenerife, tal como prometieron en el mes de enero, o es que ya se han arrepentido de ello? ¿Se han modificado los consejos de administración para reducirlos a un máximo de siete miembros de todas las empresas públicas de Canarias? ¿Se han reducido las tarifas de las encomiendas que el Gobierno de Canarias hace a todas estas empresas públicas al menos en un 5%, tal y como se establecía en este informe que ustedes prometieron? Señor Ortiz, me temo que a todas estas preguntas usted me va a decir hoy que no.

Y la última -y con esto termino, señor presidente- es ya una broma, el anteproyecto de medidas administrativas para suprimir la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, que ha pasado sin pena ni gloria en este Gobierno de Canarias. Y como no tengo más tiempo, estoy muy ansioso por oírlo.

El señor presidente: Gracias, don Miguel Jorge.

Por el grupo parlamentario solicitante de la comparecencia, don José Miguel Ruano, Grupo Nacionalista Canario.

El señor Ruano León: Señor presidente. Señorías. Señor consejero.

A ver si soy capaz de aprovechar los diez minutos para llegar a la concreción o a la especificación que el portavoz popular hacía respecto de empresas concretas y políticas específicas y el debate global planteado, en el cual una vez más hemos insistido, insiste específicamente el señor Rodríguez.

Mire, señor Rodríguez, en el discurso de lo que ha pasado en esta única comparecencia usted puede apreciar las diferencias, porque básicamente se trata de hacer una política de racionalización del gasto público en relación con el sector público empresarial canario o una política indiscriminada de recortes en el modo de ejecutar una serie de decisiones. Y esto -por desgracia para él- le ha tocado hoy al señor Jorge, que de alguna manera digamos que incurre, salvo alguna cuestión concreta, en la cual podemos, si quiere, entrar, incurre en el mismo defecto que el modelo aquel que yo critiqué ante la moción que su grupo presentó, de la ex viceconsejera de Hacienda, que, como dije en su momento, la señora Rodríguez veía, desde ese punto de vista, el mundo en blanco y negro y las cosas no son así. Las cosas desde el punto de vista del recorte del gasto público tienes que ver qué es lo que recortas, cómo adaptas el gasto público a tus ingresos, cómo equilibras la balanza fiscal, porque es importante no solo el qué, es también importante el cómo. Tal es así que, como dijo el propio consejero, reconoció méritos en esta tarea del anterior Gobierno, en el cual el líder del Partido Popular en las islas era consejero de Economía y Hacienda, además de vicepresidente, y él tuvo la sensatez de no traer aquella ridícula propuesta a la mesa del Gobierno, porque aquello no había manera de sustentarlo.

Por tanto, ahora vamos a intentar precisar algunas de las cuestiones, que sí que plantea el Gobierno actual, sin entrar ahora en debates de muy largo recorrido, señor Rodríguez, en los cuales es difícil. Yo comparto algunas cuestiones que usted ha planteado respecto al tema del crecimiento. Creo que hoy día las comparte gran parte, vamos, tanto de la doctrina como de la clase política, pero desde el punto de vista de la ejecución nosotros estamos a su vez movidos o metidos en una dinámica que nos es ajena. Por eso es tan importante el debate de las inversiones del Estado o de la financiación autonómica, cuantas veces se plantea aquí, mucho más allá de si gobierna un partido o gobierna otro en el ámbito del Estado. Estas son las cuestiones que al final se traducen en realidades concretas a la ciudadanía, servicios a la ciudadanía. El consejero empezó hablando del GSC específicamente, porque es aquella que más visualiza la inmediatez de la respuesta al ciudadano que se en una situación de emergencia, porque es una empresa cuyo objetivo es justamente dar respuesta a la satisfacción en emergencias, salvo un asunto concreto que tiene ahí adosado, cual es el tema del transporte sanitario no urgente, que tendrán que revisar cuál es el alcance del mismo para hacerlo, digamos, más equilibrado.

Yo quisiera, en primer lugar, dirigirme, por tanto, ya, después de eso, a una reflexión que hacía el señor Cruz también respecto del tema del ataque a lo público. Efectivamente, tenemos que plantear esto, tenemos que plantear el equilibrio desde el punto de vista de la racionalización del gasto público. Al final es bueno hacer austeridad. Y lo que le voy a decir al Gobierno, lo que quiero decirle al Gobierno, como grupo que apoya al Gobierno, es que no deje que a usted le gane la delantera el Partido Popular. El Partido Popular no nos da lecciones a nosotros de este asunto, no nos las da. Hemos compartido gobierno y lo hemos hecho bien cuando lo hemos podido compartir, pero de forma digamos unánime jamás ha habido en eso contradicciones en la dirección de uno u otro. Por tanto, usted, como miembro de Coalición Canaria, tiene la responsabilidad en este momento de dirigir la economía y la hacienda del archipiélago y, por tanto, en ese marco difícil, que es el marco estatal y el marco de la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos de déficit por parte del Estado español, y quiero recordarle al Grupo Popular que votamos afirmativamente la propuesta de resolución que planteaba en el último debate de la nacionalidad... En ese compromiso estamos metidos. Por tanto, traduzca, traduzca eso en que al final no tengamos por qué recibir lecciones de quien no nos las puede dar. Y no lo digo porque no lo hagan ellos, yo no estoy ahora recriminando a quien las hace, quien no las hace, pero desde luego no me parece, desde el punto de vista de la seriedad. Yo intento imprimirle en estas cosas seriedad y por eso le dije al señor Jorge -al cual considero una persona que se prepara los asuntos- que por lo menos no se orientara por aquel bodrio específico que heredaban de la que fue viceconsejera de Hacienda, que simplemente tenía como objetivo el recorte por el recorte. Pero es que el recorte, el recorte por el recorte, no sirve, porque hay que saber dónde cortas. Es como si lo hace un neurocirujano -veo a mi ex compañera de gobierno mirándome fijamente, Mercedes Roldós-, porque es como si lo hace un neurocirujano, hay que tener precisión cuando tienes que recortar, porque esa es la cuestión. Esa es la cuestión. O sea, cómo vamos nosotros a tomar decisiones sobre el sector público empresarial del modo en que se ha querido plantear.

Dicho eso, creo que estamos en condiciones, señor consejero, de que usted conteste algunas de las preguntas realizadas por el señor Jorge y alguna que podemos nosotros también hacerle a usted.

Compartimos que la operación que haga no puede ser una hoja de cálculo y tendrá usted la primera dificultad. No es verdad que tenga usted la dificultad en el seno del Consejo de Gobierno, estoy convencido de que no; donde va a tener la dificultad, si acaso, es en el modo de ejecutar las decisiones que usted y el Gobierno tomen en el ámbito, digamos, técnico del departamento, en donde a lo mejor sí que van a pensar que la operación es una operación meramente de equilibrio y, como tal, aplicar la hoja de cálculo. No deje usted que sea una mera hoja de cálculo, pero tampoco deje que algunos gerentes concretos, con nombres y apellidos concretos, vean en determinadas empresas un modo de materializar la opacidad frente a la política -a la política-, que es el Gobierno quien la define, que es usted quien la dirige, en este caso la economía y la hacienda, y es usted, por tanto, el responsable del conjunto del sector público empresarial, aun cuando haya departamentos a los cuales se adscribe el conjunto de las empresas. Específicamente sé que tiene el Gobierno y sé que usted, como responsable, tiene proyectos para algunas empresas, que son las que están en este momento en peor situación. Por tanto, ¿qué previsiones tiene de programas singulares de viabilidad?, ¿cuándo los van a presentar? Específicamente también le podría preguntar por Hecansa como le puedo preguntar -puesto que ya usted se ha referido a aquellas que están en proceso de disolución-, por Hecansa o como le puedo preguntar por GMR -Gestión del Medio Rural de Canarias-, porque son aquellas que conocemos desde hace tiempo que están en dificultad, pero sabemos a su vez que cumplen determinado servicio público, cómo orientar el servicio público produciendo el equilibrio financiero necesario.

Creo que, señor consejero, es importante que mantenga el liderazgo en este asunto.

Y es verdad, y en eso compartimos muchas cosas, que no podemos consentir o asentir frente al discurso de lo no público, porque no es verdad. Nosotros, la igualdad, el principio de igualdad se ha materializado gracias a las políticas que se hacen desde el sector público. Y el origen de esta crisis, de la primera de las crisis, de la crisis del 2008, un origen financiero, más allá de las cuestiones concretas que afecten al Estado español y que nosotros ahora padecemos, a pesar de ser de los alumnos más aventajados en el conjunto de España. Y por esa razón, señorías, por esa razón, señoras y señores del Grupo Popular, el mensaje que se les traslada sobre las decisiones del Consejo de Ministros va mucho más allá de la capacidad que nosotros tengamos de superar esta situación, porque por nosotros solos no vamos a poder. Otras cuestiones, de las cuales podemos hablar más adelante, serán las consecuencias si esos recortes se producen.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don José Miguel Ruano.

Para concluir la comparecencia, el señor consejero de Economía y Hacienda, don Javier González.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Señor presidente. Señorías.

En primer lugar, señor Jorge, no hay problema en el Gobierno. Es decir, no es una discusión en el seno del Gobierno y sí le puedo asegurar que el conjunto de mis compañeros en el seno del Gobierno está implicado en esta tarea. El plan al que le hago referencia es un acuerdo del Consejo de Gobierno. A partir de ahí, y sentada una base, una base en la creencia de que lo importante no es la forma jurídica de la prestación del servicio público sino el servicio público en sí... Porque, mire, últimamente se ha llegado a decir y hablar de que, por ejemplo, en Canarias hay no sé cuántos entes. Es decir, que no solo es el sector público. Mire, cuando se habla de esos entes, estamos hablando, por ejemplo, de las universidades, por poner un ejemplo, del Servicio Canario de Salud, para que todos seamos capaces de entender de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de la empresa GSC -Gestión Sanitaria de Canarias-, si ese servicio que presta hoy en día la empresa pública, que presta la comunidad autónoma a través de una empresa pública, lo prestase a través de una dirección general más del Servicio Canario de Salud, ¿estaríamos discutiendo sobre ella? Estaríamos insistiendo sobre la efectividad o no del servicio, el gasto o no que produce en ese ámbito. Y así podíamos seguir. Mire, sobre Visocan, a la que usted hacía referencia, si las viviendas fuesen en su momento construidas por el Gobierno de Canarias de forma directa y no por Visocan, ¿estaríamos hablando de una cosa o de la otra?

En definitiva, el discurso, por tanto, no es la forma jurídica, el discurso es la eficiencia o no. El discurso sobre el que se basa en este momento es la defensa de los servicios públicos y el Gobierno este va a estar en la defensa de los servicios públicos.

Y, fíjense, lo hemos querido llevar de la siguiente forma. Porque ante alguna petición o información, "oiga, ¿se va a hacer tabla rasa?", no, mire, no se trata de hacer tabla rasa. Se trata de discutir en el ámbito de cada empresa pública su viabilidad. Precisamente porque lo que hacen las empresas públicas es prestar un servicio público, un servicio público que le encomienda, le encarga, en este caso el Gobierno. Los ingresos de esas empresas provienen en su gran mayoría de las transferencias del Gobierno. Es decir, si hemos decidido llevar a cabo la política del transporte sanitario a través de la empresa pública es porque consideramos que es la mejor fórmula de la gestión de ese servicio público. El Gobierno está haciendo esfuerzos en la reordenación del gasto y, por tanto, sabe qué recursos va a destinar a esa política. Y, por tanto, esos son los recursos que va a obtener, los ingresos que va a tener la empresa pública. Y, por tanto, si esos son los recursos que va a obtener la empresa pública, debemos adecuar sus gastos a la política que se ha definido para llevar a cabo un servicio público sobre los ingresos que se destinan. Y por eso el trato se hace de forma individualizada. Y ahí contesto al señor Cruz, de que no hay recorte para todos, no hay tabla rasa. Se trata del establecimiento de un programa de viabilidad individual con cada una de las empresas, desde el reconocimiento del servicio público que prestan, desde el estudio de los ingresos que obtienen y desde el estudio de aquellas políticas de ahorro que podemos llevar a cabo.

Y es verdad, señor Román Rodríguez, que hoy en día hay un debate, un debate mucho más fuerte sobre eso, no solo sobre lo público sino incluso sobre hasta el Estado de las Autonomías y sobre el papel central del Estado o sobre el modelo organizativo que nos hemos dado en el Estado español. Sobre eso habrá mucho tiempo para hablar.

Y para no dejarme el tiempo y poderle contestar a las preguntas que hizo el señor Jorge, por lo tanto, no es indolencia, es acción; a diferencia de la palabrería, el Gobierno actúa. Usted ha hablado de los planes de viabilidad y reconocía en su propia intervención que hasta el 31 de marzo tienen para la firma de ellos.

Y, mire, le puedo asegurar que hemos estado trabajando empresa pública por empresa pública para escudriñar sobre todo, primero, el servicio público que prestan y a partir de ahí los ingresos que tienen, y a partir de ahí aquellos ajustes, controles, que podemos y necesitamos hacer en el ámbito de cada una de las empresas públicas, sin afectar lo principal, que es el servicio público. Y, por tanto, cuando detectamos determinadas insuficiencias, actuamos en ese modelo sobre los ingresos.

No, mire, Hecansa no está previsto liquidarla. Usted se quedó en un borrador que se publicó en la prensa y, por lo tanto, creo que se ha equivocado hasta en lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho, ¿no? Por lo tanto, Hecansa no está previsto liquidarla. Pero sí es verdad que en Hecansa necesitamos establecer un determinado concepto para redefinir su papel formativo y, por lo tanto, el papel de los dos hoteles propiedad de Hecansa o de los restaurantes adscritos. Y es verdad que Hecansa, por ejemplo, es una de las empresas que tiene unos valores inmobiliarios susceptibles de generar economía y ahí es donde, por ejemplo, en el caso de Hecansa, donde estamos hablando.

Y habla usted de Gesplan y la competencia desleal sobre las consultorías y la disminución de los costes fijos. Mire, en Gesplan se han reducido de forma más que notable los costes fijos. En función de la capacidad o no de la generación de actividad económica estarán o no las medidas a llevar a cabo en el ámbito de Gesplan.

Y llegó incluso a nombrar a Grafcan, una empresa que ha hecho unos más que notables recortes. Mire, le invito a acudir a la información publicada de la liquidación de sus cuentas.

Preguntaba usted por Visocan y sobre todo por la revisión. Y sí, es verdad, en Visocan nos estamos revisando la política, pero tampoco se trata de malvender. Le recuerdo que Visocan es un instrumento del Gobierno de Canarias para llevar a cabo una política fundamental, com o es el aseguramiento de alquileres a viviendas con bajos recursos. A lo mejor usted defendería que esa política no la debía haber sacado, sino que debe primarse el alquiler de la vivienda en el ámbito de Canarias, pero el Gobierno de Canarias ha decidido que esa es una política que debía llevar a cabo y que tiene un instrumento como Visocan. Ahora bien, en el momento actual debemos redimensionar esa empresa y, por tanto, adecuarnos a las realidades del momento. Y, por tanto, sobre ese plan de viabilidad de esa empresa estamos trabajando.

Y preguntaba usted también por el ITC y la desinversión en algunas sociedades. Pues, mire, sí, desinversión en algunas sociedades participadas, así le hice referencia antes, en el ITC y, permítame que se lo diga, incluso en conversaciones con otras instituciones, sobre la venta de la participación del Gobierno de Canarias para determinadas otras instituciones de la comunidad autónoma, cuando nos hemos puesto de acuerdo en cómo llevar a cabo determinadas políticas -me refiero al Cabildo de Gran Canaria, por poner un ejemplo-, desde la más absoluta de las normalidades o de las conversaciones en función del redimensionamiento de las actividades. Y no es una crítica, simplemente es una constatación de una realidad para llevar a cabo una determinada acción en el Cabildo de Gran Canaria, que compartimos, que es el desarrollo de los parques tecnológicos, en la creencia de que esa puede ser una buena vía de concertación. Sobre esa filosofía estamos trabajando.

Hablaba usted y preguntaba por los dos Gestures. Mire, los dos Gestures, tanto Gestur Las Palmas como Gestur Tenerife, tienen distintas acciones sobre ellos, alguna es la desinversión de alguna de las sociedades participadas, la otra es el redimensionamiento de los mismos, en función de que su actividad, su sector de actividad, se ha visto mermado por la crisis.

Y preguntaba usted sobre la reducción de las tarifas de las encomiendas y sí se ha realizado.

En definitiva, señor Jorge, lo que quiero decirle es que el Gobierno de Canarias, de forma seria, sin estridencias, sin entrar en un debate de asuntos de demagogia sobre el sector público empresarial, está estableciendo un criterio de racionalización. Lo que no quiere es un criterio de disolución, porque cree que el sector público que prestan es un servicio necesario para la sociedad canaria. Podría hablarle de Promotur o de Proexca. Proexca, que la semana pasada recibió los elogios de determinado diplomático europeo en función de las relaciones que mantenía y las necesidades que creía, o las acciones de Promotur, en la que todo el mundo coincide en que la forma de efectuar la política de promoción turística necesita un instrumento distinto del de una dirección general.

Por lo tanto, lecciones, señor Ruano, le aseguro que no nos van a dar ninguna, porque al final, esto, lo importante son los hechos, lo que hace uno y lo que dice uno, y le aseguro que el Gobierno, al final, cumplirá con sus obligaciones y podrá presentarse ante la Cámara con el trabajo bien hecho, pero desde el reconocimiento de que ese, el discurso que han hecho algunos de ustedes hasta el momento, no es el debate. El debate no se basa en la mera discusión del número sino en la importancia o no del servicio que se presta a los ciudadanos.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero.

Señorías, les quería comentar el desarrollo del Pleno de mañana, porque sabemos que pasado mañana hay un día complicado. Hemos estado hablando aquí en la Mesa, calculando los tiempos. En el peor de los casos, seis y media a siete acabaría el Pleno, en el peor de los casos.

No obstante, según vaya a mediodía, a la una y media o a las dos reuniremos a los portavoces y tomaremos una decisión definitiva, pero que en el peor de los casos a las seis y media. A mediodía tomaríamos una decisión. ¿De acuerdo?

Muchas gracias.

Hasta mañana a las nueve y media.

(Se suspende la sesión a las veinte horas y treinta y nueve minutos.)

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  • 8L/C-0276 Sobre criterios para la racionalización de las empresas públicas.


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