Diario de Sesiones 36/2012, de fecha 25/4/2012 - Punto 11

· 8L/PNL-0077 Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre acreditación de la condición de residente.

El señor presidente: Señorías, vamos a pasar a la siguiente proposición no de ley -ocupen sus escaños, por favor-, que no tiene enmiendas, del Grupo Nacionalista Canario, sobre acreditación de la condición de residente.

Don José Miguel Ruano.

El señor Ruano León: Señor presidente. Señorías, buenas tardes.

Mi pretensión, al inicio de esta primera intervención en defensa de la proposición no de ley, es mantener un tono de la intervención que propicie el acuerdo. Mi voluntad, la voluntad de mi grupo, y creo que también la voluntad concurrente del Grupo Parlamentario Socialista, en tanto que conocía la iniciativa que presentamos, es que podamos alcanzar un acuerdo que creo que es muy importante para los canarios y canarias, que no cuesta dinero y, por tanto, no va a estar condicionado en el sentido económico por el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Que afecta, sin duda, a una cuestión que tiene que ver con nuestro singular Régimen Económico y Fiscal, consecuencia, por otra parte, de una condición previa, cual es la insularidad y la lejanía del territorio peninsular. Y que, por tanto, este es de aquellos asuntos que requieren, que deben conducirse dentro de parámetros de acuerdo, de consenso, que puedan fijar una posición común, en este caso ante la Administración General del Estado, si somos capaces de anteponer los intereses de Canarias a algunas propuestas que no creo que sean siquiera propuestas de un partido político o de un conjunto de un gobierno, sino de algún titular individual de un ministerio o de algunos altos cargos de un ministerio, que por la razón que sea no conocen bien el funcionamiento del sistema de gestión de la condición de residente en el archipiélago canario, al igual que sucede también para el archipiélago balear, o para Baleares, y las ciudades de Ceuta y Melilla.

La proposición no de ley ha pretendido, pretende, situarse en un ámbito muy de hechos concretos, en la exposición de motivos así se plantea, de tal manera que empieza citando la disposición adicional trigesimocuarta de la Ley 86/97, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del año 98, que se aprobó, naturalmente, a finales del año 97. Incorporó una disposición adicional, la trigesimocuarta, que dispuso la simplificación de la acreditación de la condición de residente mediante el DNI, el documento nacional de identidad.

Esa simplificación ha facilitado la movilidad de la población canaria entre las islas y con la Península, sin duda. El desarrollo de esa previsión legal siempre fue mediante real decreto. De hecho, lo que hacía la trigesimocuarta de la Ley de Acompañamiento era mandatar a que el Gobierno del Estado regulara el real decreto que hasta entonces regía las condiciones de movilidad de canarios, baleares y ciudadanos de Ceuta y Melilla de una manera diferente, imponiendo que el DNI sería el sistema de acreditación. El sistema de acreditación porque concurren en él, en ese documento, pues, la acreditación de ser de identidad y a su vez, formulado tal como está en la ley, en este momento la acreditación de la residencia en un municipio, en nuestro caso en un municipio de Canarias, de las islas Canarias.

Por lo tanto, fue un avance muy importante en el año 98, producto de unos acuerdos políticos -cierto es, de los acuerdos que en ese momento mantuvo Coalición Canaria con el Partido Popular, concretamente con el primer Gobierno de José María Aznar- y que propiciaron una modificación que ha sido y es, afortunadamente, un avance muy importante desde el punto de vista de la simplificación, desde el punto de vista de la movilidad y un éxito, sin duda alguna.

Al albur muy recientemente de un presunto fraude acerca de la condición de residente... digo al albur porque puedo garantizarles que estamos siempre estudiando los datos que se publican sobre estos asuntos y no conocemos exactamente cuál es, en qué cuantía se estima el fraude que puede haber habido en esta materia ni con qué frecuencia y demás. No lo conocemos. Lo cierto es que todos nuestros ciudadanos, la ciudadanía canaria, van y vienen entre las islas y también con la Península acreditando su condición mediante el DNI. Y a su vez, a su vez, insisto, la situación actual, una situación moderna, 2012, donde muchos de nosotros, muchos de los canarios y canarias compran su billete a través de Internet, acreditan mediante una serie de condiciones de un formulario, pinchan y pueden, a partir de ese momento, obtener una tarjeta de embarque y concurrir hacia una ventanilla y acceder a un medio de transporte, que es el avión o el barco.

Hay que considerar además que cuando hablamos de transporte, de movilidad y de bonificaciones al transporte o de subvenciones al transporte, hablamos de modos distintos, el marítimo y el aéreo, y debemos decir que en el marítimo hay concurrencia del Gobierno de Canarias y, por tanto, el Gobierno de Canarias es un, en términos administrativos, interesado, interesado, en cuál es el modelo mediante el que se acredita la condición de residente. Lo digo como también cuestiones de naturaleza jurídica, que van a ser importantes en caso de que se modifiquen sin consultar al Gobierno de Canarias.

Creo, señorías, que estamos en un asunto, como digo, que debe aunar las voluntades de este Parlamento. Entiendo que incluso aquellos que ahora tienen la responsabilidad de gobernar España, en este caso el Partido Popular, pueden en este asunto fijar posición común con el resto de las fuerzas políticas del arco parlamentario de Canarias. Creo que la formulación de la proposición no de ley pretende ser, como dije antes, una relación de hechos objetivos. Pretende dirigirse a quien tiene la competencia, que es la Administración del Estado; pretende trasladar el acuerdo también a quien puede ser afectado, como son las islas Baleares o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y, por tanto, intentemos situarnos en este asunto en una posición común, porque es muy importante que no demos tantos pasos atrás. No podemos volver, no podemos volver a un modelo superado, no podemos volver a un modelo de finales de los años 90. No podemos alegar siquiera que un certificado de residencia dura seis meses en su vigencia, porque, señorías, eso no añade nada nuevo, siempre duraban seis meses. Siempre. ¿Por qué?, porque la legislación reguladora de las bases de régimen local establece que el empadronamiento, a partir de seis meses, cuando te mudas, tienes obligación de comunicar el nuevo domicilio, tienes que darte de alta en un nuevo municipio y, por tanto, empadronarte en otro lugar.

Señorías, no es de recibo en este momento que quienes hemos impulsado procesos de simplificación podamos consentir que se vuelva, quince años más tarde, en una regulación... Cuando además todo apunta hoy a que las nuevas normas de la Administración tienden a la simplificación y a la garantía de derechos de la ciudadanía, no a trasladar al usuario nuevas cargas administrativas. No se niega en esta proposición no de ley que si existe fraude se investigue ese fraude, se propicien condiciones, se establezcan fórmulas de cooperación territorial entre el Estado, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de Baleares y las ciudades autónomas para encontrar puntos que permitan evitar el fraude, si lo hay, porque, como decía antes, no tenemos datos acerca de eso. Y no digo yo que no los haya, simplemente se ha afirmado de forma, digamos, poco empírica, puesto que no está demostrado con hechos concretos, y a partir de ahí se ha condicionado.

Señorías, no podemos ahora, y menos tras la Directiva Bolkestein, trasladar al ciudadano, a la ciudadana, la carga administrativa. Como decía un periodista de un periódico canario, la persecución de la excepción no puede legalizar la sospecha general. No podemos imponer a todos los canarios y canarias una obligación de presentarse, como dice la secretaria general del Ministerio de Fomento en su intervención en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, presentarse ahora ante la ventanilla, donde acreditas tu condición con lo siguiente: cuando estén en la puerta de embarque, en vez de presentar la tarjeta de embarque y el DNI, presentarán también el certificado.

No es de recibo, señorías, volver atrás y creo que tenemos condiciones todos los diputados y diputadas de este Parlamento de Canarias de proyectar una imagen común, una decisión común, en un asunto de tanta envergadura para el día a día de la movilidad de los canarios entre Canarias y con la Península.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don José Miguel Ruano.

No hay enmiendas. De menor a mayor, Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señorías, nosotros participamos de la preocupación de que la modificación del sistema de acreditación para esto tan frecuente entre nosotros, que es coger el avión, se mantenga y, en todo caso, si hubiera instrumentos tecnológicos que lo facilitaran, se simplificara más. No nos parece -porque además, como bien dice el proponente, no conocemos-, no nos parece que el supuesto fraude justifique la vuelta a procedimientos de acreditación más propios de otros tiempos, de manera que, o desde la Administración General del Estado, de manera fehaciente, nos pone sobre la mesa el volumen absoluto del fraude y que el único mecanismo de control es el certificado dichoso o va a ser difícil que la gente lo entienda. Lo digo porque, aunque parece que todo es falsificable, también es falsificable el certificado este dichoso, ¿no?

De manera que nosotros no tenemos duda. Yo creo que la Administración General del Estado debe ser sensible a esta inquietud y preocupación. Somos millones las personas que utilizamos este derecho cada año y parece razonable que, con los desarrollos tecnológicos, se busque una salida. Yo no sé cuál. Creo que el carné de identidad hasta ahora ha servido esencialmente para acreditarnos y me parece suficiente. Insisto, pudiera haber datos no conocidos que le hicieran a uno cambiar de opinión. Y además, como no deben ser secreto de Estado, porque supongo que estas cosas, conocemos los delitos en todos sus órdenes, los informes anuales de las autoridades judiciales, y yo creo que si hubiera aquí un problema de envergadura, pues, habría que ver si hay otros mecanismos para resolverlo.

Por lo tanto, nosotros apoyamos la proposición no de ley. Apoyamos ya una comunicación aquí hace u nas semanas en el mismo sentido y, por lo tanto, pedimos al resto de los grupos que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que la Administración General del Estado comprenda que lo que es una excepción, viajar en avión, en la Península aquí es cotidiano y que ese es un elemento que complejiza -tampoco digo que sea una tragedia, pero complejiza las cosas- y además cuesta, ¿no? En este sentido, nosotros, que empezamos a perder la esperanza de los cambios y de la sensibilidad de los gobiernos de España con respecto a esta tierra, lo que hemos pedido en los ayuntamientos donde nos movemos es buscar la gratuidad, en todo caso, de esta certificación, porque cuesta. No cuesta mucho pero son entre 2 euros y 7 euros. Por lo visto está el rango de lo que cuesta en las distintas corporaciones locales y la verdad es que, visto como hemos visto aquí en intensidad la crisis, pues, no añadir más problemas, ¿no? De entrada, por lo tanto, creemos que el DNI parece suficiente.

Y ahora un chascarrillo, que no conste en acta: hasta que tengamos lo del ADN.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Belinda Ramírez.

La señora Ramírez Espinosa: Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos.

Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista por supuesto apoyamos esta proposición no de ley, cuyo objetivo no es otro que el que el Gobierno del Partido Popular rectifique sobre esa medida que impone a los ciudadanos de Canarias, pues, el hecho de tener que volver a recurrir y volver a presentar el certificado de residencia para acreditar la condición de residente y poder así beneficiarnos del descuento en los billetes.

No entendemos esta nueva medida, una medida más de las que últimamente el Partido Popular nos tiene acostumbrados, que lo único que supone son más cargas, más molestias y más inconvenientes para los canarios y las canarias, puesto que supone que cada vez que tengamos que viajar tenemos que acudir a nuestro ayuntamiento de residencia y, según sea el caso, pues, pagar unas tasas por ese certificado.

No existe justificación lo suficientemente fundamentada para ello, puesto que no se ha acreditado tampoco fehacientemente que haya habido un fraude masivo en la bonificación de los billetes a los residentes. Además, en palabras del propio ministro, del señor Soria, solo ha habido indicios, que no hechos constatados, de que por parte de alguna aerolínea, pues, se hayan cometido irregularidades en este tema. Y, por lo tanto, no tiene sentido, puesto que los canarios no son los que hemos cometido esas supuestas irregularidades.

Y desde luego desde el Grupo Parlamentario Socialista sí estamos de acuerdo con que se adopten medidas que combatan esos desequilibrios y los casos de fraude en la acreditación de la residencia, pero no de esta manera, no con estas soluciones con las que la carga de la responsabilidad, pues, recae, una vez más, sobre los ciudadanos. Lo más lógico es, como decía el señor Ruano, que se creen mecanismos de colaboración entre todas las administraciones y todas las entidades que subvencionan el transporte de los residentes y, por supuesto, que se recurra a los medios telemáticos, pero no recurrir a una medida como esta, una medida más que, junto a la posibilidad del incremento de las tasas aéreas, pues, va a suponer la degradación del servicio y un atraso más en toda regla. Además de que va en contra de la Directiva de Servicios de la Unión Europea, de la Directiva Bolkestein, referida a la simplificación de los procedimientos y trámites para el acceso y el ejercicio de una actividad de servicios y un sistema de cooperación administrativa entre las autoridades competentes.

Efectivamente supone una vuelta a la burocracia, una burocracia que irrumpe, que choca frontalmente con el proceso de modernización tecnológica y con el proceso de racionalización, simplificación y eficiencia administrativa en el que está inmersa actualmente nuestra Administración.

Además de todo ello, pues, todas las dudas razonables que nos planteamos alrededor de todo esto, y que nos preguntamos, pues, qué pasará ante situaciones de viajes de última hora, cuando se nos plantee una situación de urgencia, por motivos laborales o, peor aún, por motivos familiares, por situaciones de emergencia familiar, ¿en esos casos no vamos a tener el derecho al descuento de residente y vamos a tener que abonar la totalidad del coste del billete? ¿Y qué pasará con los estudiantes, se les va a obligar también a abonar la tasa por el certificado de residencia, con la que les está cayendo, con esa política de becas que está manteniendo el Partido Popular, con la subida de las tasas universitarias y todo lo demás?

En fin, señorías, que desde el Grupo Parlamentario Socialista esperamos que el Gobierno del Partido Popular reflexione y dé marcha atrás en esta medida, que no es sino una traba, un impedimento más, para los ciudadanos sin justificación alguna y que supone un enorme retroceso, un paso más dentro del agravio al que está sometiendo el Gobierno del Partido Popular a los canarios y las canarias, a los que no se nos están teniendo en cuenta nuestras condiciones de insularidad y de lejanía, en esta y en otras tantas medidas que semana tras semana nos están cayendo como un jarro de agua fría.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Belinda.

Grupo Parlamentario Popular, don Felipe Afonso.

El señor Afonso El Jaber: Muy buenas tardes-noches a todos.

Esta proposición tiene cosas positivas. En primer lugar, el tono empleado por el señor Ruano, que desde luego invita al diálogo, y además tiene de positivo que se reconoce, implícitamente, que no se van a quitar a los canarios las bonificaciones del transporte aéreo. Normalmente, cuando se hacen las cuentas del dinero que se les quita a los canarios, pues, se les descuenta -las cuentas que hacen ustedes- el descuento de las bonificaciones aéreas. Aquí se reconoce implícitamente que eso no se va a hacer y nos complace que se reconozca.

Hay, desde luego, motivos sociales en virtud de los cuales se ha recortado esta partida, que básicamente son dos: uno, la disminución de pasajeros y, por lo tanto, de perceptores, una razón; y la segunda, la voluntad del ministerio de luchar contra el fraude. Estoy seguro de que todas sus señorías piensan que luchar contra el fraude es, en primer lugar, una obligación legal y, en segundo lugar, una obligación ética, y que en estos momentos sigue siendo una obligación legal pero es doblemente una obligación ética.

En el año 2010 la Federación de Agencias de Viaje denunció un fraude masivo de empadronamiento ficticio que se había detectado en el archipiélago. Nadie quiso investigarlo, se prefirió mirar para otro lado, mientras el problema se ha ido engordando.

Ustedes presentan una proposición que también, como algo positivo, dice que es legítimo y necesario que las administraciones públicas encuentren los mecanismos útiles para el control del fraude. Estamos de acuerdo, compartimos esa apreciación y nos alegramos de que ustedes también lo hagan.

Y yo le anuncio que nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa, porque coincidimos en la necesidad de buscar mecanismos de control. Hasta ahora ha sido exclusivamente el DNI. El tiempo ha demostrado que no es suficiente, que hay que buscar otro y, si ese otro se encuentra de consenso, pues, mucho mejor.

Nuestro grupo parlamentario ya ha mantenido los contactos con el ministerio responsable de esta materia y, desde luego, ya hay una diferencia sustancial entre tener que utilizar el certificado de residencia siempre que se adquiere un producto, un billete, a tener que adquirirlo una vez para seis meses para enseñarlo en la puerta de embarque. Yo estoy seguro de que todas sus señorías, o el 90%, saca su tarjeta de embarque por Internet, todas las semanas, más de una vez. No creo que sea un ejercicio muy alto que una vez cada seis meses, también por Internet, como lo dan muchos ayuntamientos y algunos ya de manera gratuita, y otros se lo están planteando, tengan que sacar también esa tarjeta de embarque. No digo que ese tenga que ser el sistema, pero digo que es un mecanismo de control. Que podrá haber otros y que habrá que ponerlos encima de la mesa. No me vale decir que se vaya a una comisión, que se reúna dentro de tres meses. No, estamos, señor Ruano, en el mismo tono de diálogo que ha utilizado usted, estamos abiertos a esa búsqueda.

Decimos que este es un sistema, que es un cambio sustancial entre tener que sacar por Internet un certificado una vez cada seis meses a tener que hacerlo cada vez que se adquiere el producto, que no es así, sino en ese control en el embarque. Que, repito, no tiene por qué ser el sistema exclusivo y estamos abiertos a ese diálogo, pero que ya es una diferencia sustancial.

También corresponde trabajar, de la misma manera que algunos ayuntamientos ya han dicho que lo van a dar gratis por Internet, que esto se extienda, si este al final es el sistema, se extienda en todos los ayuntamientos y que se pueda adquirir, como es lógico, por este sistema. Y también hay que avanzar, de la misma manera que en muchas compañías aéreas la tarjeta de embarque uno la lleva en el móvil, pues, también se debe avanzar en estos métodos también en el móvil. No todo el mundo tiene un móvil con estas condiciones, pero, repito, son maneras alternativas.

Vamos a votar que sí. Creemos que ese es un mecanismo de control, creemos que es una obligación moral, ética y legal perseguir el fraude, más en los tiempos en que vivimos, y que las peculiaridades del REF no son para que otros comentan fraude. Las peculiaridades del REF son para defender los derechos de los canarios.

Muchas gracias.

(El señor Ruano León solicita la palabra.)

El señor presidente: Muchas gracias, don Felipe Afonso.

Sí, don José Miguel Ruano, dígame, don José Miguel.

El señor Ruano León (Desde su escaño): Señor presidente, solo una cuestión de orden relativa a la unanimidad anunciada por todos los grupos de la Cámara. A la vista de esa unanimidad, producida la votación, sí le pediría al señor presidente que, teniendo en cuenta que en la proposición no de ley se incorpora la comunicación al Parlamento de las islas Baleares y también a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que el acuerdo se expida recogiendo la circunstancia de la votación que se va a producir. Si es unánime, que se produzca en el acuerdo la circunstancia de que el acuerdo se ha adoptado por unanimidad.

Muchas gracias.

El señor presidente: Sí, lo que ha pedido es que en el acuerdo, en lugar de poner 40 o 50 votos, si sale, que se añada "unanimidad" (Rumores en la sala). Bueno, no lo entienden, ¿pero están conformes? Los portavoces, de acuerdo.

La señora Navarro de Paz (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)

El señor presidente: No, eso es un derecho que, bueno, que asiste, ha hecho una precisión técnica, digamos, porque yo... Bien, muy bien.

Bueno, pues, vamos a votar. Señorías, vamos a votar, ocupen sus escaños, por favor. Proposición no de ley del Grupo Nacionalista Canario, sobre acreditación de la condición de residente. Se vota el texto de la proposición no de ley tal como está. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 44 presentes, 44 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Que conste en acta que es por unanimidad.

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