Diario de Sesiones 36, de fecha 25/4/2012
Punto 5

· 8L/C-0322 Comparecencia del Gobierno -consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda-, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre personas valoradas y afectadas por la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Pasamos a la siguiente, de las que quedaron en el día de ayer pendientes: la comparecencia 322, del Gobierno, a la señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre personas valoradas y afectadas por la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre.

Para la primera intervención por parte del grupo solicitante don Juan Santana, por tiempo de cinco minutos, tiene usted la palabra.

El señor Santana Reyes: Señor presidente, gracias. Señorías.

Señora consejera, dada la actual situación de nuestra economía, en el Partido Popular creemos que es fundamental que los recursos públicos se empleen con austeridad, equidad, eficacia y racionalidad. Estos principios han de aplicarse a cada una de las actuaciones que las administraciones públicas desarrollan. Tenemos que perseguir como objetivo primordial que esa necesaria austeridad de la que tanto hablamos no recaiga en los más débiles. Para ello hay que favorecer que las políticas que regulan los servicios sociales se centren justo en lo que precisan los ciudadanos.

En la comparecencia a Pleno que solicitamos hoy a la señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias pedimos precisamente que se nos explique cuál ha sido la aplicación en nuestra comunidad autónoma de la Ley de Dependencia, personas que se han valorado en los distintos grados que marca la norma y cómo afectará la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, al que me referiré con posterioridad.

En el Grupo Popular consideramos que en cinco años no se ha establecido un marco regulador que establezca para toda España la determinación de la capacidad económica del beneficiario y los criterios de participación de estos en las prestaciones del sistema de dependencia. Esto sucede por dos motivos. En España hay 17 sistemas distintos de atención a la dependencia con diferentes sistemas de acreditación de centros y sobre todo la norma nació sin criterios que establecieran una financiación suficiente. Hay que impulsar la plena efectividad de la dependencia y garantizar la calidad de las prestaciones. Tenemos que mejorar el actual sistema de aportaciones del Estado a la dependencia. Es necesario definir, con un criterio nacional unificado, primero, el contenido de la cartera de servicios; segundo, los baremos de evaluación de la dependencia; tercero, la acreditación de centros y servicios conforme al sistema.

Creemos necesario que Canarias se sume a un gran acuerdo nacional por los servicios sociales y la dependencia, que es uno de los pilares del Pacto por la sanidad y los servicios sociales.

Este acuerdo, ofertado la pasada semana por la ministra Ana Mato a los consejeros autonómicos, se basa en cuatro aspectos fundamentales: uno, debe existir un consenso para ampliar este acuerdo a todas las entidades y organismos del sistema de dependencia; dos, ratificación del contenido de los grupos de trabajo formados por el ministerio con las comunidades autónomas, baremo de valoración de la dependencia, calidad y adecuación de la cartera de servicios y prestaciones a los dependientes, procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones, aspectos económicos de la atención a la dependencia; tres, calendario de actuación de estos grupos, que han de tener un primer avance de conclusiones en el próximo mes de junio; cuarto, y último, y muy importante, es preciso que realicemos una evaluación de los cinco primeros años de aplicación de esta ley.

El Ministerio de Servicios Sociales ha elaborado un diagnóstico nacional sobre estas carencias. Primero, la ley es un laberinto normativo; segundo, se ha abusado de la fórmula que la ley fijaba como excepcional, es decir, se ha primado a los cuidadores familiares en lugar de utilizar la red pública de servicios sociales; tres, la ley no ha contribuido a crear empleo; cuatro, no se garantiza la calidad de la atención, pues no se asegura la formación del cuidador ni la calidad de su servicio; quinto -y muy importante también-, hay un importante desfase económico que debemos corregir.

La plena aplicación de la norma estaba prevista para el 2015, previendo 1.173.000 dependientes; hoy, en el 2012, ya se han contabilizado 1,5 millones de dependientes. Para racionalizar la situación, el Gobierno modificó la Ley 39/2006, de Dependencia, a través del Real Decreto 20/2011, con el fin de ajustar la entrada en vigor gradual de las prestaciones incluidas. Conviene recordar que Canarias es la comunidad autónoma que más incumple los criterios de aplicación de esta ley, como ya hemos puesto de manifiesto en sede parlamentaria...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señor diputado, se le acabó su tiempo. Le dejo un minuto para concluir, por favor.

El señor Santana Reyes: Concluyo, señor presidente.

Señora consejera, le solicitamos que nos informe sobre la aplicación en todo su ámbito en Canarias de esta norma, las personas valoradas según su grado de dependencia y que nos diga si comparte usted el criterio del ministerio respecto a esas carencias.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Gobierno, para informar a la Cámara a petición del Grupo Popular, la señora consejera, doña Inés Rojas, por tiempo de diez minutos, tiene la palabra.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Comparece el Gobierno de Canarias hoy ante el Pleno de la Cámara, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para informar sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias y la influencia o la situación en la que nos deja la puesta en vigor o la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre.

Para el Gobierno, como siempre les digo, esta es una oportunidad más para explicar en qué momento se encentra la ley y sobre todo en qué escenario financiero es en el que nos movemos en estos momentos, y poderles transmitir a sus señorías y también, a través de este Parlamento, a la opinión pública la gravedad de la situación.

También hablaré -usted me lo pide además- de lo que ha sido la ley hasta ahora, cómo nos ha afectado y las consecuencias de alguna toma de decisiones que están siendo determinantes en un tiempo como el actual.

Señorías, la situación en la que se encuentra la financiación de la Ley de Dependencia es más que difícil, de una tremenda gravedad. El Estado, en una decisión absolutamente unilateral, como ya todos sabemos, ha suprimido una partida, que es la correspondiente al nivel de protección acordado que correspondía, de 283 millones de euros, de los que estaba dotada esa partida, aproximadamente unos 8 millones para Canarias. Así se visualiza -y comparto muchísimo, bastante, yo creo que hoy prácticamente vamos a coincidir con la intervención que ha hecho el diputado del Partido Popular-, se visualiza lo que hemos venido diciendo a lo largo de todos estos años, de estos últimos cuatro o cinco años: la falta de garantía financiera de esta ley, la falta además de garantía jurídica de esta ley y además recuerdan sus señorías -sobre todo personas que repiten con respecto a la legislatura anterior- que dije siempre que, dada la forma en que se estaba aplicando la ley, estábamos teniendo en España 17 sistemas de dependencia diferentes. Hoy el portavoz del Partido Popular se ha hecho eco de lo que se acordó la semana pasada en el Consejo Territorial de la Dependencia, en el que el ministerio pone de manifiesto que hay 17 sistemas de dependencia diferentes.

Pero, como les decía, ese pacto y ese consenso que se nos pide -y que desde luego les diré qué pienso de él, aunque creo que ha sido público y notorio que nos sumamos al mismo-, ese pacto, no se nos puede llamar a hacer ese pacto una vez que se han tomado decisiones unilaterales de parar, de cortar, de hacer desaparecer partidas, sino que desde luego también se nos tenía que haber llamado para tomar esa decisión.

Recuerden que el artículo 7 de la ley, señorías, dice que el Estado ha de financiar por dos vías, lo que se llaman dos formas, dos aportaciones económicas que se llaman del nivel mínimo. Una es el nivel mínimo garantizado y la otra es el nivel mínimo acordado. Si quieren, en la segunda intervención, si tengo tiempo, les explico el mínimo garantizado y me voy a centrar en el mínimo acordado. El acordado, dice la ley que, desde luego, la Administración General del Estado ha de acordar convenios con las administraciones autonómicas para que en base al artículo 10 se firmen los mismos para poder incorporar y aplicar esta ley, incorporar personas dependientes al sistema. Y dice el artículo 32, en su punto 2, que desde luego ha de hacerse como acabo de decir, a través de esos convenios con las comunidades autónomas. Bien, señorías, artículo 7, artículo 10, artículo 32, desde luego en estos momentos eliminados por parte del Estado.

Y al mismo tiempo a esto también se suma la entrada en vigor de ese real decreto, en el que se dice que las personas dependientes del grado I y del nivel 2 -que además me pide el portavoz del Grupo Popular- no entrarán en el Sistema Nacional de la Dependencia, tal como estaba previsto, para este año 2012, y que en Canarias afecta en estos momentos, las personas que tenemos en estos momentos con resolución son 2.672 expedientes de grado I, nivel 1.

Como saben sus señorías, esta ley -yo creo que lo he explicado espero que suficientemente-, esta ley vino a invadir competencias de las comunidades autónomas, y eso lo dicen además, pues, todas las comunidades. Pero, bien, fue una ley estatal en la que prácticamente todos los grupos representados en el Congreso de los Diputados en aquel momento, unos con unas condiciones y otros con otras, se decidió que se aprobaba y, por lo tanto, Canarias también la acepta. Pero para Canarias aceptarla al 100% y poderla llevar a cabo desde los primeros momentos al 100%, Canarias tiene que resolver esa invasión de competencias. Canarias tenía -y hablo en pasado- creado un sistema, porque además se llamaba así, es un sistema basado en planes sociosanitarios, el Pcamd, que es el Plan Canario de Atención a los Mayores Dependientes, y el Plan de Atención a la Discapacidad, que es el PAD. Ese sistema, ad emás de ser un sistema descentralizado, con muchísimas garantías, nos permitía construir servicios y nos permitía mantener servicios para las personas dependientes en Canarias. Esa ley viene a decirnos que desde luego esos servicios hay que darlos por derecho, pero no crea ni un solo servicio. Pero dice el artículo 16 de la ley que esos servicios se deben incorporar, los servicios que tienen las comunidades autónomas y que teníamos en Canarias, incorporarlos a la Ley de Dependencia.

Para eso, señorías, a lo largo de estos últimos cuatro años el Gobierno ha estado trabajando con la Fecam y con la Fecai modificando toda la normativa que regulaba precisamente nuestro sistema para adaptarlo al sistema estatal. Siempre, siempre, con el ojo avizor de esto no tiene garantía ni jurídica ni financiera. Estamos desmantelando nuestro sistema que tenemos estructurado económicamente de una determinada manera, lo vamos a desmantelar y luego no sabremos... Saben ustedes que lo he dicho aquí en más de una oportunidad. Pues hoy, señorías, tengo que comunicarles que nuestro sistema ya se ha desmantelado. Es decir, el sistema de Canarias, los planes de Canarias, ya no existen. Tenían su vigencia en el 2008 uno, lo prorrogamos hasta el 2009; el otro acababa en el 2010, lo prorrogamos hasta el 2011. Y en este año 2012 ya no podemos hablar de esos dos planes sino de la Ley estatal de la Dependencia. Solo nos quedan tres decretos para culminar toda la normativa, que ya están elaborados, que irán el próximo viernes al Consejo General de Servicios Sociales para posteriormente pasar ya al Consejo de Gobierno.

Señorías, con esos tres decretos Canarias habrá culminado toda la normativa que regula la Ley estatal de Dependencia. ¿Se dan cuenta de la gravedad de la situación? El Gobierno de Canarias ha desmantelado su sistema y se ha adaptado al sistema estatal. Pero la financiación ahora, ¿qué va a pasar con ella? Hemos desmantelado el nuestro.

Pero sí hemos hecho una cosa que nos va a salvaguardar -y que quiero desde esta tribuna lanzar un mensaje de tranquilidad a la población-, lo que sí hicimos en Canarias y lo trasladamos al Consejo Territorial de la Dependencia, y además la ministra Trinidad Jiménez en su momento nos convoca a todas las comunidades, las dos consejerías, tanto la de Sanidad como la de Política Social, porque nuestro sistema, señorías, mantenía no solo mejores ratios y mejores estándares de calidad sino que además tenía una atención sanitaria que la Ley de Dependencia no contempla. Si yo hubiera hecho caso, si nosotros -que esto no es el Gobierno de Canarias solo- hubiéramos hecho caso de hacer lo que la ley nos decía, en estos momentos no tendríamos la atención sanitaria en nuestros centros y además no tendríamos la financiación de los cabildos, sino que tendríamos que financiarnos solo entre la comunidad autónoma y el Estado, y ahora nos fallaría la parte del Estado. Con lo cual gracias a que en el Consejo Territorial de la Dependencia dijimos: Canarias va a adaptarse a esta ley, pero, ojo, va a mantener sus buenas prácticas. Mantener las buenas prácticas hoy nos permite decir que desde luego estamos en condiciones -ya se ha hablado con la Fecai, como ustedes saben- de poder mantener los servicios que están recibiendo las personas en estos momentos. Lo digo para tranquilidad de la sociedad, que nos está llamando preocupada ante lo que escucha de la eliminación de la partida de dependencia. Las personas que están recibiendo hoy su servicio, de centros de día, de residencias de mayores, personas con discapacidad, en centros ocupacionales, que sepan que el Gobierno de Canarias, con los cabildos, estamos garantizando desde luego la prestación de esos servicios.

Siempre también con la coletilla de que, efectivamente, se ha acordado en ese consejo territorial ese pacto por los servicios sociales y por la Ley de Dependencia, al que Canarias desde luego se suma. Queremos estar ahí en esa mesa, vamos a ayudar al Estado a que desde luego las cosas se hagan de mejor manera. Estamos absolutamente en contra de que de forma unilateral haya eliminado esa partida, pero vamos a sumarnos para seguir trabajando en estas circunstancias.

Es verdad que se nos ha trasladado que...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señora consejera, tiene un minuto para concluir.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): ...absolutamente imposible para que la gente pueda acceder de forma rápida a los servicios. Eso parece que desde luego en el Estado ahora se reconoce y se pretende mejorar.

Y sobre todo me preocupa que parece que el baremo ha hecho que muchísimas personas dependientes hayan entrado en el sistema. Ahora se quieren reconducir estos baremos, porque, como bien dice el Estado, la ley no es sostenible económicamente. Han entrado 350.000 personas más de las que tenían previstas y por eso el Estado corta la partida del nivel garantizado y deja solo para atender a las personas que lo tienen en estos momentos, el nivel mínimo, el garantizado ahora, perdón, y el acordado antes. Lo deja al mínimo, solo para las personas que están en estos momentos recibiendo servicios, con lo cual no se pueden incorporar nuevas personas al sistema ante esta situación.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.

Pasamos a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, por los grupos no solicitantes de la comparecencia, el Grupo Parlamentario Mixto. Desde el escaño, doña Carmen Hernández, tiene usted la palabra por tiempo de tres minutos.

La señora Hernández Jorge (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera, buenos días a todos y a todas.

Antes de entrar de lleno en las cuestiones o en las dudas que nos aparecen por la aplicación de este Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria y lo que afecta a la modificación de la Ley 39, lo que se ha venido a llamar por todos la Ley de Dependencia, sí que me gustaría desde el Grupo Mixto, Nueva Canarias, dejar claro que entendemos que ha sido una buena ley, que es una buena ley, que es una norma que ha venido a colocar algo que es un derecho subjetivo de la ciudadanía, que ha venido a responsabilizar a los poderes públicos de la protección de la población más vulnerable. Históricamente no ha existido una dimensión social de la llamada dependencia y menos aún de la intervención desde lo público. Es una cuestión que ha sido asumida por la familia, sobre todo por las mujeres que soportaban esta realidad, de manera que cualquier frenazo o retraso de esta ley lo es también en el avance de las políticas de igualdad para la inserción de las mujeres. Por tanto, nos parece que es uno de los grandes logros de finales del siglo XX y, por tanto, estamos en la línea de defenderla, aunque como toda norma, cuando se aplique, cuando se desarrolle, aparecen las dificultades, la necesidad de evaluarla y de hacer las modificaciones oportunas, y sobre todo la sostenibilidad económica. Pero eso no invalida lo bueno que tiene la norma.

Por otro lado, sí que es cierto que cuando hemos leído la disposición decimocuarta, donde se plantea cómo ese calendario de aplicación de la ley en los diferentes grados y niveles se frena, nos surgen varias dudas. Está claro que el grado I, dependencia moderada, nivel 1, se queda paralizado hasta el 2014, pero nos surge la duda en relación a la información que hemos obtenido de la Viceconsejería de Políticas Sociales. Según esa información, a datos de noviembre, existen en Canarias 40.204 personas que tienen los expedientes pendientes del PIA, es decir, pendientes de poder recibir una prestación o de poder recibir un servicio. Estos son datos que la viceconsejería nos ha dado desglosados por municipio y por isla y las sumatorias hacen una cifra superior a 40.000. De esos 40.000, 2.986 estarían en el grado I, nivel 2. Nuestra pregunta es cuántos de esos tienen PIA. Es decir, ¿solo se podrán acoger y no tendrán que esperar al 2013 los que tienen el PIA resuelto? ¿Y cuántos son, por tanto? Y si no lo tuvieran, hemos interpretado, de manifestaciones del ministerio, que aquellos que tuviesen, que llevasen esperando más del tiempo legal, es decir, más de seis meses, a pesar de no tener la resolución del PIA, podrían acogerse a la ley.

Un poco las preguntas van en la línea de clarificar, de clarificar, de esa lista de espera que tiene Canarias, que nosotros encontramos contradicción entre los datos que nos llegan de su Gobierno, señora consejera, y me gustaría aprovechar la oportunidad, sin ningún ánimo sino el de clarificar la situación, que nos aclare cuáles son los datos reales. Por un lado...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada. Se le acabó su tiempo, señora diputada. El tiempo, estuvo usted un minuto y medio antes de que funcionara. Ha hablado más de tres minutos, se lo puedo asegurar (Ante las manifestaciones de la señora diputada desde su escaño).

Por parte del Grupo Socialista Canario, doña Rosa Guadalupe, por tiempo de tres minutos, tiene usted la palabra.

La señora Jerez Padilla: Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días.

Señoría, decirle, señora consejera, que esta ley no es sostenible en comunidades donde no se ha llevado a cabo la Ley de Dependencia, pero sí es sostenible en otras comunidades donde la Ley de Dependencia se ha llevado tal cual es y como realmente es la ley. Pero además -usted bien lo ha dicho- es una ley que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios representados en el Parlamento nacional. Fue aprobada porque era una ley viable, una ley que daba solución a los menos favorecidos.

Y, miren, ayer hablamos de la Ley de Dependencia y sus recortes. Este decreto que trae el señor Santana hoy aquí, a esta comparecencia, decirle que fue un regalo envenenado de fin de año que nos hizo el Gobierno del Partido Popular. Esta medida supone la paralización de la ley hasta el 1 de enero de 2013 para nuevos beneficiarios y fue el primer recorte de los 100 días del Gobierno para el sistema de dependencia. Esta modificación, que los juristas consideran que es un fraude de ley, deja a muchos dependientes, a muchas personas, fuera del sistema y no van a tener la atención adecuada. Así y todo la ministra decía: "señores, no vamos a mantener, vamos a reforzar y mejorar especialmente en esta época de crisis el sistema de servicios sociales". Mire usted por dónde, se lo han cepillado, se lo han cargado con los nuevos Presupuestos. Desde que llegaron al Gobierno fijaron la Ley de Dependencia y esa era su fijación: cargarse la Ley de Dependencia.

Señora consejera, usted ha hablado del Consejo Territorial de Dependencia, lo que se había valorado de dicho decreto, lo ha dicho, pero me gustaría saber en qué va a afectar a Canarias esta modificación de este decreto.

Y, para finalizar, decir que la moratoria establecida por el Gobierno del Partido Popular lesiona los derechos subjetivos e impide la capacidad de creación de empleo que la aplicación de la ley ha demostrado.

Señor Santana, esta ley ha creado empleo, gústeles a ustedes o no les guste, ha creado empleo, y está mucha gente esperando por el empleo que pueda crear y seguir creando esta ley y que ustedes con estos Presupuestos se lo han cargado. Se lo han cargado porque posiblemente tengamos que cerrar centros de mayores, centros de dependientes, que ahora mismo estaban funcionando adecuadamente en Canarias.

Señoría, qué pasará con esas personas, señora consejera, evaluadas, que están en el limbo de la dependencia en Canarias, o los que tienen gran dependencia o dependencia severa; o las personas, señora consejera, como decía el señor Santana, que trabajan ahora mismo con la Ley de Dependencia, que el Partido Popular...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Nacionalista Canario, señora Pulido, por tiempo de tres minutos, tiene la palabra.

La señora Pulido Rodríguez: Antes que nada, señorías del Partido Popular, díganle al señor Arenas que las mujeres no estamos dispuestas a volver al hogar (Aplausos).

Tengo que empezar mi intervención diciendo que me resulta un tanto sorprendente que sea precisamente el Partido Popular el que solicite una comparecencia para que se informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia. Y me sorprende, señorías, porque tanto por las medidas tomadas hasta ahora como oyendo algunas declaraciones de sus dirigentes se desprende claramente que la dependencia no es prioritaria para ustedes.

Ya en el mes de noviembre pasado, en una entrevista en el diario El País, el señor Rajoy, cuando aún era candidato, dijo que la Ley de la Dependencia no era viable y que se hará lo que se pueda, dejando la puerta abierta así al frenazo y desmantelamiento que efectivamente han empezado a aplicar. Dicho y hecho. Desde su llegada al poder, primero aplican políticas de frenazo y luego de aniquilación, con recortes a la financiación acordada para mantener lo que teníamos. Así, en diciembre pasado el señor Rajoy, mediante decretazo, y como regalo de fin de año para los dependientes, acordó el frenazo de la misma, con la suspensión de la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema. Y el pasado 30 de marzo, de manera unilateral, como ya nos dijo la consejera, el Partido Popular nos anuncia la suspensión de la partida de 283 millones de euros dejándola a cero, partida correspondiente al nivel de protección acordado por el sistema de dependencia nacional, pues la ley obliga al Estado a financiar el 50% de su coste. Sin embargo, después del tijeretazo en los Presupuestos Generales del Estado su aportación es casi nula, con lo que se incumple el sistema de financiación acordado, pretendiendo que sean las comunidades autónomas las que sustenten la totalidad de las prestaciones y servicios a la dependencia.

Señorías del Partido Popular, imponiendo despidos más baratos y solo con más recortes, sin ninguna política de reactivación económica, solo se consigue un mayor incremento del paro, lo que supone mayor pobreza para esta tierra y un deterioro de los servicios, entre ellos el de la dependencia. Esos son y seguirán siendo los resultados de la política neoliberal que ustedes se empeñan en aplicar, dictados por el eje Merkozy, en contra de la opinión de importantes expertos, entre ellos destacados Premios Nobel de Economía y algunos organismos internacionales.

Señor Rodríguez, deben abandonar su terquedad por el bien de los ciudadanos, y cambiar de política, pues esta nos va a llevar a unos niveles de pobreza solo comparables a los de la posguerra.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del grupo solicitante de la comparecencia, don Juan Santana, por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

El señor Santana Reyes: Señor presidente. Señora consejera. Señorías.

Con lo que hemos oído en los medios de comunicación en estos días en esta materia, declaraciones suyas, señora consejera, lo que oímos ayer en esta Cámara, lo que le oímos hoy aquí a usted y a los grupos que sustentan al Gobierno, hemos asistido una vez más a la exhibición de demagogia que nos ha mostrado el Gobierno de Canarias durante toda esta legislatura. En la búsqueda del enfrentamiento con el Gobierno del Estado para excusarse de sus responsabilidades. ¡Ya está bien de decir que el Gobierno de España, Mariano Rajoy, y el Partido Popular tienen la culpa de todo! Están ustedes abusando de la demagogia, están jugando con la tranquilidad de muchas familias canarias, aunque hoy aquí les ha llamado a la tranquilidad, pero lleva usted ya mucho tiempo incendiando la calle.

Por más que se dediquen a poner a la sociedad canaria en contra del Partido Popular, por más que sigan queriendo engañar, no van a mejorar la situación de los canarios, y eso se consigue trabajando por Canarias. Es el eslogan que rápidamente olvidaron nada más acabar las elecciones.

Señora consejera, usted y yo podemos tener acceso a los mismos datos sobre dependencia, porque solo hay unos datos: los que maneja el ministerio.

La señora Jerez, del Partido Socialista, por favor, por favor, dese usted una vueltita por los Diarios de Sesiones de esta Cámara para que vea usted qué dijeron ustedes en la pasada legislatura sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en esta comunidad autónoma.

Al Partido Popular le constan unos datos nacionales y autonómicos sobre dependencia que no concuerdan con lo que dice usted. Permítame que se lo diga, pero no se debe confundir a los canarios, en un asunto tan serio como la atención a la dependencia, con datos falsos y quejas victimistas injustificadas. Señora consejera, el Partido Popular sube a esta tribuna a ejercer oposición en su derecho responsable para control del Gobierno y exigimos rigor y la verdad. No permitimos excusas, no aceptamos manipulaciones y no toleramos el engaño como argumento justificativo. Vamos, por tanto, a hablar con cifras.

Primer dato falso: Canarias no pierde 283 millones de fondos para la dependencia, como usted ha pretendido hacer creer. Hoy da una cifra, que lo que pierde son 8 millones, pero lleva usted semanas en los medios de comunicación, ayer mismo aquí, diciendo que perdíamos 283 millones, y ese latiguillo lo ha hecho aquí hoy también la portavoz de Coalición Canaria. El Gobierno del Estado suprime de los Presupuestos Generales para el 2012 el nivel acordado de protección para todas las comunidades autónomas, para todas, que en el ejercicio del 2011 Canarias recibió 7.170.745 euros. Según datos del Ministerio de Servicios Sociales, Canarias recibió del Estado 29.159.748 euros en el 2011, nivel mínimo más nivel acordado. Rigor, señora consejera, es lo que exigimos. De esos 29 millones un total de 21,9 millones fueron a cubrir el nivel mínimo de prestación garantizado a los dependientes, que paga en exclusiva la Administración General del Estado. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado contempla para 2012 un incremento de esos fondos más de 22 millones de euros, es decir, sube la cantidad para ese nivel de protección mínima a los dependientes de Canarias.

Segundo dato falso: el sistema de autonomía y atención a la dependencia no perjudica a Canarias en su reparto. El Estado ha financiado el nivel mínimo de protección a la dependencia, del que es competencia estatal, con más dinero que en el 2011. De hecho crece casi un 20%. En el 2011, 1.085 millones; en el 2012, 1.287 millones. Pero es que son cantidades presupuestadas para toda España, no solo para Canarias. El ministerio, de hecho, dice que son cantidades financiadas con carácter general y que el reparto se hace mensualmente en función del número de prestaciones reconocidas por cada comunidad autónoma. ¡Haga sus deberes, señora consejera! El Presupuesto ni siquiera se ha aprobado. Entonces, señora consejera, qué varita mágica ha usado usted para saber que el Estado nos va a perjudicar.

Tercer dato falso. El martes 17 de abril de 2012 leemos en la prensa lo siguiente: "ni siquiera las personas que ya tienen la resolución en la mano podrían recibir la prestación por la decisión del Gobierno del Estado de dejar a cero la partida para nuevas incorporaciones". ¡Eso lo dice usted! El ministerio dice claramente lo siguiente: "a lo largo del 2012 tendrán efectividad los derechos reconocidos a las personas valoradas con el grado I, nivel 2, que a fecha 31 de diciembre de 2011 ya contaran con una resolución aprobatoria o que no contaran con ella y se hubiera sobrepasado el límite máximo de los seis meses para dictar resolución". ¡Eso es lo que está pasando! Y desde luego no se verá afectado el reconocimiento de los derechos de las personas que tengan dependencia severa, grado II, o gran dependencia, grado III. Es decir, el Estado garantiza los derechos de todas esas personas, de todas. ¡Ya está bien, señora consejera!

Usted dijo en ese artículo que van a ser 2.500 las personas que se van a quedar sin prestaciones. Hoy dijo aquí que eran dos mil ciento y algo. ¿En qué quedamos, son 2.500, dos mil ciento y algo? ¿Sabe cuántas dice el ministerio que son?: 83. Señora consejera, déjese de tergiversar, por favor, que este es un asunto muy serio.

Pero hay más: cuatro datos falsos. Esas 83 personas tienen derechos, no se quedarán sin nada. La propia Ley de Dependencia dice claramente en su artículo 7 que es posible establecer niveles adicionales de protección, de modo que una comunidad autónoma atienda al colectivo que, según el calendario de aplicación progresiva de la ley, aún no tuviera reconocido su derecho. Ya ustedes lo han hecho por este procedimiento, a fecha 10 de noviembre valoraron y dictaminaron ustedes a 13 dependientes moderados grado I, nivel 1, que no les correspondía su valoración, dictamen y prestación hasta el séptimo y el octavo año, es decir, hasta el periodo 2013-2014.

La financiación de ese nivel, como usted bien sabe, es exclusiva de la comunidad autónoma. ¡Usted lo sabe! Ahora pregunto yo: señora consejera, ¿podrá usted buscar recursos para esas 83 personas o lo que le preocupan son las anteriores? Claridad y rigor, señora consejera, es lo que exigimos desde el Partido Popular, y la ley lo permite. Yo le aseguro que contará con el apoyo del Partido Popular para tomar las medidas que sean necesarias para que esos ciudadanos canarios sean protegidos en sus derechos. ¡Claro que sí! Y un consejo, a usted y a todo el Gobierno: eliminen ustedes el Diputado del Común y den los tres millones y pico de euros que nos cuesta a los dependientes de Canarias. Hágalo y tendrá usted el apoyo del Partido Popular.

Señora consejera, la situación es muy mala para todos, lo sabemos, lo entendemos y nos preocupa, pero no la vamos a arreglar con quejidos que encima no tienen una base real. Se sustenta usted -lo sabe- en falsedades, en demagogia, en tergiversación de datos, en manipulación.

Como conclusión, consejera, nuestro problema es de carencia de fondos, en efecto, pero también un problema de gestión. Y le voy a dar tres ejemplos. Primero, le recordamos que el pasado año, Canarias en el año pasado, Canarias devolvió 817.000 euros de personas que aun habiendo fallecido el sistema computaba que eran beneficiarias del sistema. Sus bajas no habían sido comunicadas en tiempo y forma...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señor diputado, tiene usted un minuto para concluir.

El señor Santana Reyes: Eso solamente tiene un nombre: mala gestión.

Segundo. También le recuerdo que Canarias es la comunidad autónoma que peor aplica la ley. Según el dictamen del Observatorio de la Dependencia 2011, obtenemos tan solo 0,5 puntos sobre un máximo de 10.

Tercero. También somos la comunidad autónoma con menos solicitudes de prestación. Hay más de 30.000 dependientes y a 1 de enero de 2012 ustedes solo habían tramitado prestaciones para 11.000. 20.000 canarios, por tanto, están esperando que ustedes dejen la burocracia y tramiten las ayudas que merecen.

Se lo dije en mi primera intervención, el sistema de la dependencia tiene fallos, tenemos que detectarlos, como bien ha dicho el Ministerio de Servicios Sociales. Le pido que se sume a ese gran pacto nacional sobre el sistema de dependencia. Sería mejor para todos que usted se sume a eso.

Me gustaría despedirme con una frase del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que creo le viene muy bien a usted, a su Gobierno y al grupo que lo sustenta: "lo que me preocupa no es que me hayas engañado sino que a partir de ahora ya no podré creer en ti"...

(Aplausos.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Gobierno la señora consejera, doña Inés Rojas, por tiempo de diez minutos, tiene la palabra.

(Rumores en la sala.)

Señorías, guarden silencio, por favor. Señora consejera, puede...

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, señor presidente. Señorías.

Yo creo que afortunadamente hay un trabajo detrás o por lo menos un conocimiento de la persona que les habla detrás de un trabajo de una serie de años y si hay algo por lo que no me caracterizo es por no decir las cosas como son. Sin embargo, don Juan, que usted también me conoce y yo le conozco, hablando de demagogia, usted lo que ha hecho aquí es dar hoy un mitin en el que se calienta delante de un micro, recibe el aplauso de sus compañeros y desde luego no dice prácticamente ni un solo dato con rigor, ni un solo dato con rigor. Y le voy a decir por qué. No me podía esperar precisamente que actuara de esta forma, pero ya he visto que incluso le han incitado a que desde luego así fuera.

Canarias se suma al pacto que ha pedido el Gobierno de España, lo pida quien lo pida. Es decir, el Gobierno de España nos llama a un pacto para que acordemos cómo vamos a mejorar las cosas y el Gobierno de Canarias está muy preocupado, ante que el Gobierno de España es capaz de tomar decisiones hoy sin contar con nadie, si nos invitan a una mesa, allí vamos a estar porque no vamos a dejar que hagan las cosas de forma unilateral. Por lo menos vamos a estar allí. Y le he trasladado a la ministra Mato que desde luego cuente con que Canarias, va a estar en esa mesa no, ya están nombradas las personas que van a estar trabajando en esa mesa.

Y en todo lo que usted ha dicho en su primera intervención, prácticamente, le decía que prácticamente en un 90% absolutamente de acuerdo. Todos estos han sido los problemas que ha tenido la Ley de Dependencia en su aplicación a lo largo de todo este tiempo. Ahora, voy a aclararle, a darle datos con rigor que usted no ha dado.

Señoría, vamos a tranquilizarnos. Lo primero de todo, el real decreto dice que las personas que tienen derecho a entrar este año 2012 no podrán hacerlo hasta el año 2013. Pero además el real decreto dice, y dice el señor Santana, que esas personas que las atienda, las puede atender, dice, la comunidad autónoma a través de otro servicio. Pero además dice también que eso es solo para los dependientes del grado I, nivel 1, pero que los grandes dependientes y los dependientes severos en sus dos niveles desde luego siguen teniendo los derechos de poder seguir incorporándose al sistema. Pues, señoría, eso lo dice el real decreto, pero el Estado ha actuado de tal manera que no puede entrar ni el dependiente severo ni el gran dependiente ni el dependiente moderado. ¿Y sabe usted por qué, don Juan?: porque el artículo 7 de la ley... Es que el Estado se ha pertrechado muy bien de que no entre nadie más en el sistema. Y se lo explico muy clarito. El artículo 7 dice que el Estado ha de dar dos mínimos, uno acordado entre las comunidades autónomas, que es la partida de 283 millones de euros. Primer dato no riguroso. No he dicho jamás, qué más quisiera Canarias que el Estado nos hubiera dado 283 millones de euros, ¡qué más quisiéramos! En cinco años, don Juan, en cinco años el Estado nos ha dado 118 millones de euros. La partida es de 283 para toda España, de los que a Canarias le corresponderían probablemente este año alrededor de -usted lo sabe también- esos 8 millones de euros, redondeando. ¿Para qué son esos 8 millones de euros? Para incorporar a las personas al sistema, señoría, para pagar al personal que trabaja y se mueve por toda Canarias, y no precisamente en guagua o en trenes, por toda Canarias, para incorporar a personas en el sistema.

Una vez que se incorporan personas en el sistema, señorías, viene el segundo mínimo que ingresa el Estado y que es el mínimo garantizado. ¿Por qué este es garantizado? Porque por cada persona que incorporemos al sistema el Estado da un mínimo, que desde luego podríamos hablarlo. No me daría tiempo aquí ahora de hablar de que lo que da el Estado es sobre un precio estimado que el Estado cree que cuestan los servicios, que no se acerca ni por asomo a lo que cuestan los servicios. Pero, bien, centrémonos hoy en que da ese nivel mínimo. ¿Ustedes saben de cuánto es ese nivel mínimo hoy para toda España? Don Juan, el Estado no ha aumentado ese nivel mínimo en 22 millones. Debió ser un error suyo, esto no creo que sea falta de rigor, sinceramente creo que es un error suyo. Lo ha aumentado en 220 millones de euros, no en 22, en 220. Teníamos 1.300 millones de euros para el nivel mínimo y este año va a haber 1.500.000. Así, dicho así, diríamos: "el Estado ha subido 200 millones de euros". ¡Pues no, señoría!, cero euros ha subido el Estado. ¿Ustedes saben por qué se incorporan esos 200 millones? Porque son las personas nuevas que en el año 2011 entraron en el sistema. Ese mínimo se tiene que garantizar. Y no hay ni un euro más, ni un euro más para nuevas personas. El Estado está cubriendo exactamente los que están atendidos hoy. Y, por el otro lado, corta a las comunidades autónomas la posibilidad de ingresar a más gente en el sistema. Claro, lo hace con toda la intencionalidad, porque luego no tiene dinero para aportar por cada persona dependiente que se incorpora.

Esos son los datos, don Juan, y ese es el rigor con el que yo sí hablo. De lo que no sé no hablo, de lo que no conozco y de los datos que no tengo, de verdad, bien trabajados no hablo. Prefiero decir, "oye, voy a esperar, voy a informarme y ya les trasladaré", como sabe usted además que hago absolutamente siempre.

Por lo tanto, creo que he contestado a las preguntas de todos. ¿Qué va a pasar con las personas? Pues lo que va a pasar es lo que he dicho antes, lo hemos trasladado y lo hemos hablado en la Fecai, lo he hablado con el tercer sector, nos hemos sentado para ver qué podemos hacer con toda la estructura que tenemos en Canarias, con todo lo que ya teníamos estructurado, qué vamos a hacer, y todos estamos de acuerdo en que en Canarias vamos a garantizar los servicios a las personas que en estos momentos los están recibiendo y vamos a seguir escuchando, a través de estas mesas de trabajo, qué sigue haciendo el Estado y cómo va a lograr que desde luego podamos incorporar a más personas en el sistema.

Pero bien, ya que estamos incluso hablando de cantidades económicas que hemos recibido del Estado, ha dicho la cantidad de 29 millones de euros, y eso es cierto, señoría. El Estado nos ha ingresado 29 millones de euros. Lo que le falta al señor Santana y al Partido Popular, o el Grupo Parlamentario Popular, decirnos es: el Estado ha ingresado 29.761.084 euros; los cabildos han ingresado 29.366.171 euros; la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha aportado 14.398.415 euros; y la Consejería de Políticas Sociales, la consejera que les habla, 62.782.896,28 euros. Esto suma, señorías, 136.308.000 euros. Esos son los datos reales, oficiales y explicados, y además justificados en el Estado. Le decía yo que esos son los 29 millones del año 2011. A lo largo de estos cinco años, el Estado ha ingresado 118, se lo sumamos en el cómputo, 118. ¿Usted sabe cuánto tenemos presupuestado este año el Gobierno de Canarias, entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Políticas Sociales, sin contarle con los cabildos?: 134.054.000 euros. 134 para un solo año. Por eso podemos garantizarles hoy los servicios a las personas que los están recibiendo.

Eso es rigor, señoría. Eso es rigor, pero también les digo una cosa: también es preocupación. Está claro que esta ley es compleja, que tiene muchísimas dificultades, muchísimas dificultades, y lo menos que necesita esta ley es el enfrentamiento de cruce de datos entre unos y otros. Lo que está claro está claro: los Presupuestos eliminan partidas por una serie de circunstancias y entre todos tenemos que ser capaces de ver cómo damos respuesta a la situación complicada que se tiene en estos momentos.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.