Diario de Sesiones 38, de fecha 9/5/2012
Punto 2

· 8L/I-0022 Interpelación del Grupo Parlamentario Popular, sobre cumplimiento de acuerdo del Parlamento en relación con el ejercicio de las actividades profesionales del deporte, dirigida al Gobierno.

El señor presidente: Continuamos el orden del día y, como habíamos dicho, interpelación del Grupo Parlamentario Popular, sobre cumplimiento del acuerdo del Parlamento en relación con el ejercicio de las actividades profesionales del deporte.

Don Felipe Afonso.

El señor Afonso El Jaber: Señor presidente. Señorías.

El artículo 43 de la Constitución española de 1978 afirma literalmente: "Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio".

Es evidente la sabia relación que establece la Constitución española entre protección de la salud, la prevención de la misma, la educación física, el deporte y el ocio. Parece que el legislador constituyente pensaba en debates como el de hoy. Directivas europeas como la 2005/36, de 7 de septiembre, o sentencias del Tribunal Constitucional como la 194, de 1 de octubre de 1998, vienen a reforzar esta relación, junto a otra sentencia que establece la obligación de los poderes públicos de regular aquellas actividades profesionales que pueden afectar a la salud y seguridad de las personas.

Es indudable que una sociedad sedentaria como la nuestra ha buscado en el deporte el equilibrio necesario que nos encuentre con nuestra naturaleza. Cada día son más los profesionales de la medicina que recetan actividades y deporte: piscina o cualquier otro ejercicio ante muchas dolencias físicas, psíquicas o sensoriales, por no olvidar la importancia del deporte en las relaciones sociales, frente al individualismo y despersonalización de las relaciones en las sociedades modernas.

Estos fenómenos sociales que afectan a la salud y que irán a más van por delante de las legislaciones y tenemos la obligación de establecer, por el nivel que sea oportuno, el marco competencial de sus profesionales para frenar el intrusismo y ordenar las actividades de títulos de naturaleza distinta, protegiendo la salud del usuario desde la conciliación, eso sí, de intereses legítimos distintos y en busca del superior interés público.

En mayo del 2010, el Grupo Parlamentario Popular, a través de su parlamentario Miguel Jorge Blanco, presentó para su tramitación ante este Pleno una proposición no de ley que, en resumidas cuentas, decía:

La práctica deportiva ha experimentado en nuestro país un enorme auge en las últimas décadas. Se ha convertido en uno de los rasgos diferenciadores de la sociedad contemporánea en la que estamos inmersos. En España han surgido en apenas diez años no menos de ocho tipos de titulaciones relacionadas con el deporte, tanto desde el sistema educativo como del federativo: Maestro Especialista en Educación Física, licenciados, másteres y doctores, por un lado; por otro, Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas o Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. Y finalizando con que las federaciones deportivas reconocidas desarrollan titulaciones de técnicos deportivos, que en su mayoría ejercen su labor en el deporte escolar o deporte base. La implantación de estas titulaciones se ha hecho de forma descontextualizada, encontrándonos en poco tiempo con que menoscaban el estandarte de excelencia y calidad que debe contemplar la formación deportiva, por lo que se hace necesario una nueva regulación de las profesiones del deporte, que contemple todas las especificaciones y evite la confusión y el intrusismo profesional. Por lo que el Grupo Popular presentó una propuesta de acuerdo en ese sentido.

Hasta la última coma de esta PNL vale al día de hoy. Esta proposición no de ley fue debatida en el Pleno del 8 y 9 de junio de 2010, hace casi dos años y prácticamente tres promociones académicas más, y después de analizar las enmiendas presentadas por los Grupos Socialista y Nacionalista se aprobó, por unanimidad, la siguiente resolución, que, entre otras cosas, decía: "el Parlamento insta al Gobierno de Canarias a que, al amparo de sus facultades estatutarias y de la legislación vigente aplicable en España y de la normativa de la Unión Europea, proceda a regular el ejercicio de las profesiones del deporte en Canarias". Casi dos años después la situación está igual y, por lo tanto, peor. Igual porque el Gobierno de Canarias no ha cumplido el acuerdo parlamentario; peor porque en verano finalizará sus estudios una tercera promoción académica desde aquel acuerdo.

Para que se hagan una idea de lo que significa el paso del tiempo sin resolver este problema, solamente en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se incorporan cada año al mercado laboral unos 110 nuevos titulados, que multiplicados por tres cursos ustedes mismos pueden calcularlo. Esto sin contar los técnicos superiores -CAFD-, unos 300 al año, los diplomados en Magisterio de Educación Física, los títulos federativos y las distintas familias profesionales de las actividades físicas y promociones deportivas agrupadas en el Incual -Instituto Nacional de Cualificaciones deportivas-.

Colefc Canarias y Acagede -o, lo que es lo mismo, Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias y la Asociación Canaria de Gestores Deportivos- tienen elaborada una propuesta desde el año 2010. Tiene elaborada una propuesta desde el año 2010 ante -permítanme que se lo diga- la displicencia y callada por respuesta de la consejería responsable. Esta propuesta podrá ser más o menos razonable, podrá ser más o menos ideal, podrá ser la que tengamos que aprobar o no podrá ser la que tengamos que aprobar, pero sirve de base para comenzar los trabajos. Toca hacer el texto definitivo, que debe ser el que mejor y más justamente concilie los intereses legítimos de los distintos colectivos profesionales, que son muchos y a veces tienen intereses contrapuestos, como sucede muchas veces, y también proteger el derecho de los usuarios, pero por no enfrentar a médicos con enfermeros, no puede ser que los segundos estén operando en los quirófanos y los primeros haciendo los otros trabajos. Llega un momento en que hay que regularlos, con consenso, intentando conciliar hasta donde sea posible, creando periodos transitorios, reconociendo ya situaciones consolidadas de personas que durante muchos años han acreditado su profesionalidad, pero intentando llegar a ese final.

Hay cosas necesarias que no cuestan dinero para las administraciones públicas y, en cambio, lo genera la sociedad, produciendo a su vez ingresos y ahorro al sector público. Una de ellas es la de la regulación de las actividades profesionales relacionadas con el deporte y las actividades físicas, por no citar el desarrollo, pendiente desde hace muchos años, el desarrollo de la Ley Canaria del Deporte, que lleva muchos años pendiente de su desarrollo reglamentario. Son esas reformas necesarias en nuestro país y reformas necesarias en Canarias, que ayudan a hacer las cosas mejor, a veces por menos, modernizando nuestras estructuras, modernizando nuestras organizaciones profesionales y adecuando las actuaciones a las necesidades de los tiempos en que vivimos.

Por lo tanto, señorías, señor presidente, señora consejera, creo que la comunidad autónoma a este respecto debe hacer sus deberes y abandonar una cierta dejación habitual de la comunidad autónoma durante muchos años en materia de deportes. Como los muchos meses que estuvo vacante la Dirección General de Deportes, esperando que Coalición se pudiera de acuerdo sobre a quién nombraba, sin que ningún cargo político se hiciera responsable para desesperación de las entidades deportivas, que se quedaron sin interlocutor, y a las hemerotecas me remito. Hasta que nosotros no registramos una pregunta para el Pleno no se realizó el nombramiento. Espero que en este caso sea igual. Es más, me consta que empieza a ser igual.

La política deportiva es mucho más que hacerse muchas fotos, mientras se reparten trofeos o se organizan los torneos de siempre, normalmente delegando en otro su ejecución. Esto afecta, señorías, a más de 4.000 personas, según se calcula, ya que no existe -una cosa que debería resolverse- un registro específico en la materia. Por lo tanto, son muchas miles de personas que trabajan en esta área y, lo que es más importante, muchas decenas de miles de personas que están siendo atendidas por estos profesionales, sin que exista una ordenación real de las competencias de cada uno.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Felipe.

Señora consejera de Cultura, Deportes, Bienestar Social y Vivienda, doña Inés Rojas.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Comparece el Gobierno hoy ante el Pleno de la Cámara para responder a una interpelación interpuesta por el Grupo Parlamentario Popular sobre la regulación de las actividades profesionales, en referencia a la proposición no de ley aprobada en este Parlamento el 9 de junio de 2010.

A mí me parece una oportunidad volver a recordar aquella proposición no de ley, porque, sinceramente, no entiendo muy bien el motivo de la iniciativa, puesto que estamos absolutamente de acuerdo con el grupo interpelante, absolutamente de acuerdo. Pero sí que me parece importante, yo creo que siempre que se refrescan y se recuerdan las cosas, pues, viene muy bien.

Y en este momento el Gobierno quiere fijar ya su posición a favor de la necesidad de regular las actividades profesionales en el ámbito del deporte, ya que, efectivamente, la actividad y la práctica deportiva deben ser conducidas, guiadas, planificadas, desarrolladas y controladas por personal titulado, debidamente capacitado, porque estamos incidiendo directamente en actividades que tienen que ver con la salud física y psíquica de las personas en general, pero también, sobre todo, de la infancia y de la juventud en particular, es decir, de nuestra base.

Y en este sentido quiero señalar -ya lo había hecho usted y no por mucho ahondar no va a ser bueno-, lo que proponía o decía la proposición de ley en su momento, explícitamente decía que se instaba al Gobierno de Canarias, al amparo de sus facultades estatutarias y de la legislación vigente aplicable en España y de la normativa de la Unión Europea, para que proceda a regular el ejercicio de las profesiones del deporte en Canarias. Asimismo, el Parlamento de Canarias solicita al Gobierno de Canarias que inste al Gobierno de la nación a que proceda a actualizar el Catálogo Nacional de Cualificaciones, incorporando las nuevas competencias de las profesiones del deporte.

Inmediatamente, después de la aprobación de esta proposición no de ley, el Gobierno de Canarias encarga a la Dirección General de Deportes que realice el estudio sobre las facultades estatutarias y de legislación vigente para llevar a cabo la regulación de las profesiones del deporte en Canarias. El resultado, señorías, del análisis jurídico es amplio, amplísimo, pero en líneas generales, y como primera conclusión, estima que existe reserva de ley estatal para regular la materia.

Y efectivamente, como primer punto, conviene recordar, la regulación de las profesiones tituladas está sometida al principio de reserva de ley según el artículo 36 de la Constitución española y, por tanto, no se puede hacer por vía reglamentaria.

Como segundo punto, la Comunidad Autónoma de Canarias carece de competencia exclusiva sobre la regulación de las profesiones tituladas, estando limitada su competencia al desarrollo legislativo y a su ejecución.

Además, según el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Canarias, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias, entre las que se encuentra el ejercicio de profesiones tituladas en el marco de lo dispuesto en el artículo 36 y 139 de la Constitución.

Por consiguiente, y como conclusión, para que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda asumir su parte del ejercicio o parte en el ejercicio de su potestad normativa es imprescindible que antes se dicte la pertinente norma por el Estado, y esta ley, pues, todavía no se ha dictado. Aquí, pues, quería detenerme para explicar alguna confusión que se ha podido transmitir a la hora de ver la posibilidad de que la comunidad autónoma pueda legislar en la materia, porque no es lo mismo la regulación del ejercicio de las profesiones que el que nos ocupa, y que está prevista en el artículo 36 de la Constitución y, por lo tanto, como les decía antes, reservada a la ley estatal, con la exigencia de determinados requisitos para el desarrollo de algunos servicios o actividades. No es lo mismo establecer el requisito de que un centro o establecimiento deportivo determinado, por ejemplo un polideportivo o una piscina, sea olímpica o no, o un centro de alto rendimiento, deba contar con un licenciado o una licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, exigencia que claramente puede hacerse por vía reglamentaria y que puede hacer la comunidad autónoma, que lo que es regular el contenido esencial de una profesión.

Por la misma razón, no es lo mismo exigir que en las piscinas de las urbanizaciones privadas exista una persona socorrista, con determinada formación y titulación, que regular la formación de los socorristas acuáticos o que regular la profesión del socorrista acuático, que, como les decía, es una competencia estatal. De hecho, y a excepción de Cataluña, señoría, ninguna comunidad autónoma lo tiene legislado ni regulado en España, porque realmente tiene que estar pendiente de la ley estatal. La única excepción es Cataluña y, como saben, pues, está teniendo gravísimos problemas para poder desarrollarla, puesto que está esperando a que lo haga el Estado para poder llevar a cabo sus competencias.

El Gobierno de Canarias también entiende la necesidad de la regulación en esta materia, tanto por los motivos de salud ya reseñados anteriormente -y que también ha dicho el diputado proponente, también al inicio de mi intervención- como también por la obligación de ordenar y de reglamentar el ejercicio de una profesión que además cuenta con numerosas titulaciones -ya lo decía usted mismo- y que además está en bastante auge. Afortunadamente, pues, todas aquellas derivadas de la enseñanza -ya usted lo mencionaba-, las personas licenciadas, graduadas, diplomadas, maestrías, titulaciones superiores en actividad deportiva general o sectorial, que cohabitan con aquellas proporcionadas por las federaciones deportivas y que tendrán que, sin duda, ser homologadas -en eso también estoy de acuerdo con usted-... Hay que buscar una fórmula para que, desde luego, a través de la ley estatal y luego la regulación autonómica, pues, podamos homologar a todas estas personas, de alguna manera, que, como bien decimos, pues, llevan trabajando en el sector o en el mundo del deporte. Por lo tanto, que el Estado también esas -que podamos nombrar después- profesiones también las pueda incorporar, las incluya, en el Catálogo Nacional de Cualificaciones, incorporando las nuevas competencias de las profesiones del deporte.

Así piensa el Gobierno, pero así piensa también la Unión Europea, que dicta una directiva relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, según la cual -dice- la prestación de servicios debe garantizarse en el marco de un respeto estricto de la salud y seguridad públicas y de la protección de la persona consumidora. Por lo tanto, se deben prever disposiciones específicas para las profesiones reguladas que tengan relación con la salud o la seguridad. Y ya les recuerdo una vez más, señorías, las profesiones reguladas ha de hacerlo el Estado.

Y así lo entiende también el Congreso de los Diputados, ya que en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, y mediante una PNL presentada el 25 de mayo de 2011, se instaba al Gobierno del Estado a que desarrollara la ley de profesiones del deporte.

Es de justicia también resaltar que esta iniciativa del Parlamento, desde luego, se adelanta a la del Estado sin duda, porque recordemos, y es que buscando precisamente, indagando en esta PNL que me proponía el Grupo Parlamentario Popular, encontramos también una del 2005, en la que instábamos a que el Estado regulara e hiciera esa ley.

Yo creo que en estos momentos -lo que le decía al inicio, señoría- agradezco que haya traído esa iniciativa, no porque suscite debate porque estamos totalmente de acuerdo, sino por la oportunidad que supone de volver a ponerlo en valor y de trasladarlo, si lo consideramos, una vez más, al Estado para que desde luego, pues, cumpla y saque adelante esa ley, para que después las comunidades autónomas, pues, podamos regular.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señora consejera.

Don Felipe Afonso, turno de réplica.

El señor Afonso El Jaber: Señor presidente.

Dice, señora consejera, que estamos de acuerdo, pero es que estamos igual que hace dos años o que estamos peor, porque hace dos años este Parlamento adoptó un acuerdo por unanimidad en virtud del cual se decidió hacer algo en el ámbito de nuestras competencias, que quedó claro, y dos años después una parte de este Parlamento, en este caso la bancada azul, el Gobierno, dice que aquel acuerdo era papel mojado y que Canarias no tiene ninguna competencia al respecto. Por lo tanto, no es que estemos igual que hace dos años, es que hemos dado un paso atrás y hemos tirado a la papelera el acuerdo de hace dos años.

Ya cuando se debatió, en este Parlamento se debatió ese tema -ahí están las actas- y se llegó a la conclusión de que, amparándose en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, no existe invasión de competencias cuando una de las partes no la ejerce durante muchos años, en muchas materias competenciales. Eso fue lo que acordó este Parlamento y de ese acuerdo es de lo que venimos a pedirle cuentas. Venimos a pedirle cuentas de ese acuerdo y usted me dice...

No me están poniendo el tiempo, señor presidente, yo honestamente se lo tengo que decir. Me puede quitar un minuto, si quiere, yo lo acepto.

El señor presidente: Debidamente descontado el que usted había consumido.

El señor Afonso El Jaber: Muchas gracias.

El señor presidente: Sí, se le ha descontado a todos.

El señor Afonso El Jaber: Por lo tanto, no estamos igual que hace dos años, no estamos tan de acuerdo como hace dos años; es más, hace dos años, repito, estábamos totalmente de acuerdo y ahora parece que estamos totalmente en desacuerdo. Hemos decidido que lo que soberanamente votó esta Cámara, el Gobierno dice que eso no vale nada, que eso es papel mojado. Y el debate fue en aquel momento, repito, y hoy venimos a pedir la consecuencia de aquel debate.

Como decía antes, señora consejera, algún grupo profesional calcula que en Canarias trabajan alrededor de unas 4.000 personas en actividades físicas y deportivas de manera regularizada. Son cálculos un tanto aleatorios, ya que no existe un registro específico, cosa que tampoco costaría mucho dinero montarlo. Por el mismo personal de la dirección general se podría hacer, ya que más allá de la avalancha de los primeros días luego simplemente es una cuestión de mantenimiento de un registro informático. A lo que hay que sumar todas aquellas personas que lo hacen de una manera sumergida o irregular, que me temo -desde luego todos los estudios así lo advierten- que en Canarias son muchísimas. En definitiva, miles de personas de distintas categorías o titulaciones profesionales que trabajan sin un marco regulatorio de cuáles son sus competencias profesionales, sin saber hasta dónde les habilitan sus títulos, sin saber dónde comienzan y terminan las funciones de licenciados o dónde comienzan y terminan las funciones del técnico. Estas miles de personas trabajan a su vez, como dije antes, con decenas de miles de usuarios y consumidores.

En estas decenas de miles de usuarios existe todo tipo de perfiles: jóvenes, adultos, niños, ancianos, enfermos, personas discapacitadas; en definitiva, una actividad para cada perfil y, por lo tanto, es importante la profesionalidad y la especialidad.

Si hacemos nuestro trabajo, beneficiaremos la calidad de vida de muchos ciudadanos, mejoraremos su formación física, mejoraremos su salud. Tendremos menos enfermos. Todos sabemos que el deporte llevado correctamente es un instrumento de prevención de la salud, tanto física como mental, muy importante, con lo que implica para el bienestar de las personas, la optimización de sus capacidades -mente sana en cuerpo sano- y también ahorro para el Sistema Nacional de Salud. Pero si lo hacemos mal, estaremos en nuevos casos, perdiendo un recurso potencialmente positivo; pero no siendo tan optimistas, si lo hacemos mal, pondremos en riesgo lesiones y enfermedades de muchos usuarios.

Por lo tanto, debemos acabar ya con esta ausencia del orden regulatorio, que, le repito, hace dos años este Parlamento decidió que podía hacerlo, y lo decidió en su debate, lo decidió en sus resoluciones. Y eso es de lo que pedimos que nos informe hoy la señora consejera, y nos ha informado diciendo que le han dicho que eso no vale nada, que hay unos técnicos de la dirección general que han dicho que lo que decidió el Parlamento no vale nada, y eso era todo menos lo que yo esperaba escuchar de usted. Yo esperaba escuchar que en los últimos días se estaban reuniendo, no sé si a consecuencia de esta proposición o no, con la Dirección General de Deportes, con los distintos profesionales. Eso es de lo que yo esperaba que la señora consejera me informara hoy.

Sin duda alguna, hacer política deportiva es mucho más que repartir trofeos, hacerse fotos repartiendo trofeos, mandando cartas a todo el mundo diciendo que el Estado es muy malo, diciéndole a la gente que no puede ir al campeonato de España ni aunque se lo paguen las entidades de las que forman parte, porque Canarias les dice que no, que no pueden ir; y política deportiva es mucho más que organizar los tres campeonatos de siempre, delega ndo su ejecución en otros. La política deportiva, hoy día, en el siglo XXI, es algo mucho más profesional, es algo mucho más serio. Y esta comunidad autónoma nunca ha tenido sensibilidad especial con el deporte. Como, repito, como prueba, la de meses que estuvo vacante la Dirección General de Deportes, sin que nadie sustituyera la función del director general, sin que tuviera un interlocutor el mundo del deporte, como ellos mismos decían. No es que lo diga yo, es que están las hemerotecas para recordarlo.

Por lo tanto, yo le pido que estas cosas, que afectan a decenas de miles de personas, se las tomen en serio, de verdad, se las tomen en serio porque esto afecta a decenas de miles de personas; que se ponga en manos de buenos profesionales, de licenciados en Educación Física, que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria todos los años licencia a más de 115 personas. Por lo tanto, póngase en manos de profesionales y resuelva estos problemas.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias.

Señora consejera, doña Inés Rojas, señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, señor presidente.

Señoría, lo que no vale, lo que no vale es no ser serio. Eso sí que no vale. No podemos estar aquí haciendo un discurso absolutamente demagógico y fuera totalmente de lugar, cuando lo que hemos dicho, no es que no vale lo que haya aprobado aquí el Parlamento de Canarias en su momento, en el año 2010, y yo creo que usted, me parecía -por lo menos me lo parecía a mí- que estaba escuchando. Y no he dicho en ningún momento que no valga. El acuerdo decía que, en base a nuestro Estatuto, en base a la directiva europea y en base a la propia Constitución, a las leyes estatales, que se hiciera la regulación de las titulaciones de las profesiones deportivas. Y en base a eso le decimos que no puede Canarias, y no puede ninguna comunidad autónoma, ni siquiera la catalana, que lo ha intentado y no puede, porque tiene que estar esperando por la ley estatal, porque está sometida a reserva de ley.

Creo que más claro no se podrá decir. A lo mejor más alto sí, pero no voy a levantar el tono sino simplemente a dejarlo ahí y a considerarlo de verdad una auténtica oportunidad.

Y quiero recordarle una cosa. La Dirección General de Deportes tendrá muchos o tendrá pocos, pero tiene buenos profesionales.

Me comentaba usted en su primera intervención, no tanto ahora, que el colegio oficial y demás tenían una propuesta, una propuesta, que sabemos que la tienen y, como bien sabe usted, está hecha en base, además, al borrador de ley que pudiera, que debe elaborar el Estado y que desde luego no puede hacerse porque está hecha en base a la hipotética regulación estatal. Es decir, ¡es que todos estamos de acuerdo en que es absolutamente necesario que lo hagamos! Nos podemos quedar tan felices si nosotros podemos hacer alguna cosa aquí que no vamos a poder aplicar hasta que el Estado apruebe su ley. ¿No será mejor que este Parlamento, una vez más -y ahora usted puede tener influencia directa puesto que gobierna su propio partido-, una vez más instemos a que el Estado regule? Porque es absolutamente necesario, yo creo que sobran los argumentos, porque los ha dicho usted mismo y estoy absolutamente de acuerdo, el Gobierno los comparte al 100%. El Estado que regule ya porque realmente se hace absolutamente necesario.

El Gobierno de Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias, puede decir, como le decía yo al principio, puede decir qué titulación debo exigir para determinados servicios que han de prestarse a los ciudadanos. En lo que yo no puedo entrar es en el contenido que ha de darse a esa titulación. No puedo entrar, señor diputado, y usted lo sabe, es una ley estatal. Pues aprovechemos esta oportunidad para, desde luego, decirle al Estado que adelante y que saque esta ley por la que están esperando las 17 comunidades autónomas.

Porque sí es verdad, yo creo que no hay que recordar aquí, pero nunca está de más tampoco, las bondades del deporte y las bondades de la actividad física, sin ninguna duda, pero yo creo que una sociedad saludable... Ya lo decía -comparto al 100% con usted-, ya los propios tratamientos que nos mandan en la mayoría de las veces suelen ser actividad física, tanto para enfermedades mentales como para enfermedades físicas, con lo cual se hace cada vez más necesario que este tipo de acciones esté llevada a cabo por profesionales que nos sustenten la garantía de tener unas profesiones reguladas, absolutamente; y que todo lo que ha sucedido hasta aquí anteriormente a la ley, pues, que también puedan tener la oportunidad esas personas de que se les incluya en el catálogo de profesiones en la actividad física y en la actividad deportiva.

Por lo tanto, como le decía, simplemente va a ser ahondar muchísimo más. Le recuerdo que no solo es el informe jurídico del Gobierno el que nos dice que tenemos que esperar a esa reserva de ley del Estado, lo dice la propia directriz europea, pero también hay una PNL aprobada en el Congreso de los Diputados en el año 2011, es decir, posterior a la nuestra -es verdad que nos adelantamos-, posterior a la nuestra para instar al Estado a que regule.

Por lo tanto, señorías, y a usted especialmente, pues, animar a que de verdad desde aquí le digamos al Estado la necesidad de que se regule esa ley y en cuanto pueda, pues, se ponga a ello.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señora consejera.

Vamos a saludar y darles la bienvenida a las alumnas y alumnos y profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria Las Indias, de Santa Cruz de Tenerife, y desearles una grata estancia aquí y provechosa.

Señorías, iba a proponerles respecto al orden del día, que vamos a entrar en el último punto, las proposiciones no de ley, que son siete, todas con enmiendas... Calculo que si damos el minuto de gracia, el minuto añadido que se da siempre, va a suponer aproximadamente, a lo largo de la mañana, 50 minutos. Entonces yo les sugiero, propongo que nos ajustemos al tiempo real, porque nos ahorramos casi una hora. No sé si me explico. Entonces, para que sus señorías lo sepan, no habrá aviso de un minuto sino que cuando se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Por eso lo quería decir antes para que las reglas de juego sean para todos y todas.