Diario de Sesiones 39/2012, de fecha 22/5/2012 - Punto 23

· 8L/C-0355 Comparecencia del Gobierno -consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad-, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el Plan Estratégico de Justicia 2012-2015.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Pasamos, señorías, a la siguiente comparecencia: del Gobierno, Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre el Plan Estratégico de Justicia 2012-2015.

Para la primera intervención, ¿por parte del Grupo Nacionalista? ¿Por el Grupo Nacionalista? (Pausa.) Bueno, si no, pasamos a la siguiente. Si no, adelantamos, señorías, la comparecencia. Pasamos a la siguiente comparecencia, la 2.6: del Gobierno, Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre supresión de las ayudas al deporte canario.

Para la primera aproximación de la comparecencia, señor diputado del Grupo Popular, tiene la palabra.

El señor Afonso El Jaber (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.) Gran Canaria de distintos clubes deportivos a escuchar esta comparecencia en el tiempo que estaba previsto. Por lo tanto, espero que sea otra la que se debata en este momento.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Bueno, pues, nada, volvemos a la anterior, pero, señor diputado, le aseguro que las comparecencias son cuando tocan, no cuando corresponde.

Bueno, volvemos a la primera comparecencia: del Grupo Nacionalista sobre el Plan Estratégico de Justicia. Don José Miguel Ruano, por tiempo de cinco minutos tiene usted la palabra.

El señor Ruano León: Señor presidente. Señorías, buenas tardes.

La verdad es que para una vez que me levanto, justo a tiempo.

Señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, el motivo de esta comparecencia, de esta solicitud de comparecencia por nuestro grupo, está vinculado a un compromiso, a un anuncio que usted nos hacía en la Comisión de Gobernación. En ella, en la comisión, usted señalaba que su planteamiento sobre la materia que corresponde a su departamento, Justicia, se iba a estructurar en 2012-2015 sobre un plan estratégico. Ese plan estratégico ha avanzado algunas cosas relativas a garantizar un servicio público eficaz y orientado a las personas, al desarrollo de una gestión eficiente de los recursos, al incremento del valor del capital humano, y en ese plano nosotros queríamos aprovechar la oportunidad que nos brinda el plantear una comparecencia en Pleno para hacerle un conjunto de reflexiones y a su vez que pueda usted desarrollarnos qué previsiones tiene en relación con ese llamando plan estratégico.

En primer lugar, partiendo de una cosa que considero esencial cuando se habla de justicia desde una comunidad autónoma y específicamente desde la Comunidad Autónoma de Canarias, que es que la justicia es una competencia compartida, en la cual la responsabilidad del Ministerio de Justicia, sobre todo de la parte normativa, es clave desde el punto de vista de la ordenación sectorial. La responsabilidad, a su vez, del Ministerio de Justicia sobre gran parte de los efectivos humanos, concretamente los secretarios judiciales, es fundamental de cara a la buena implantación de la nueva oficina judicial. La responsabilidad también del ministerio, aún conservando distintas competencias en materia de gestión del personal, a pesar de que es la comunidad autónoma la que paga las nóminas. Todavía tiene la Administración central nada menos que la selección de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, en un planteamiento arcaico, muy condicionado por las posiciones sindicales, y que todas las comunidades autónomas, las 12 comunidades autónomas que tienen responsabilidad, han demandado que se produzca la transferencia efectiva de los efectivos. Naturalmente, estos días, a la vista de la previsión de la retención de la nómina de los funcionarios, los funcionarios de Justicia dicen preferir ser funcionarios al servicio del Estado, en tanto que en el Estado, de momento, no se ha producido una segunda retención de su nómina. Pero, bueno, de momento.

En cualquier caso, el planteamiento respecto de ese asunto es que estamos en una competencia compartida muy compleja. Consecuentemente, las posibilidades que tiene un Plan Estratégico de Justicia las delimitamos en relación a cuál es la responsabilidad que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias. En ese marco quisiera saber, quisiéramos saber qué previsiones tiene en relación con la nueva oficina judicial en el momento actual, si de la Conferencia Sectorial de Justicia recientemente usted ha extraído alguna conclusión en torno a cuál va ser la posición del ministerio. En cuanto al Plan de Infraestructuras Judiciales, habida cuenta de la situación económica tan difícil que afrontamos ahora, es muy probable que no haya posibilidad material de ejecutarlo, pero sí sería deseable conocer si tiene usted previsión de por lo menos desarrollar algunos de los proyectos, aun cuando no puedan ser ejecutados a lo largo de esta legislatura por las razones económicas conocidas. Es deseable también conocer, en el sistema de gestión procesal Atlante, qué avances se pueden producir, la interoperabilidad dentro del marco del convenio EGIS, que suscribió su departamento en su momento con el Ministerio de Justicia y con el Consejo General del Poder Judicial; si se van a desarrollar los sistemas de mediación; y, finalmente, cuál puede ser un planteamiento en relación con la planta judicial futura, aunque usted esta mañana ya anunciaba algunas cosas a una pregunta que le hacía, le formulaba nuestra diputada Marisa Zamora.

Muchas gracias, señor consejero.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Gobierno, el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Buenas tardes, señor presidente. Señorías.

Señor Ruano, en primer lugar quiero agradecerle que haya formulado esta comparecencia en la tarde de hoy, porque me permite explicar los trabajos que viene realizando la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad en relación a este Plan Estratégico 2012-2015.

En primer lugar, creo que sería conveniente situar el contexto en el que estamos en este momento en esta legislatura. Iniciamos la legislatura en un contexto, señor Ruano, de crisis económica; un contexto de revisión de las políticas públicas, de la forma de prestar los servicios; un contexto también de austeridad en el gasto y con una justicia española pendiente de reforma desde la instauración del sistema democrático, desde la Constitución de 1978. Una justicia española pendiente de reforma en sus pilares esenciales, como servicio público fundamental; un sistema público, el de la justicia, que precisa de una importante renovación para hacerlo más eficiente y desde luego más ágil y moderno.

Y precisamente en ese contexto, en ese contexto de crisis, se plantea un conjunto de reformas normativas de muchísimo calado. El Ministerio de Justicia tiene previsto reformar nada más y nada menos que la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Planta y Demarcación, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificar el Código Penal y además tiene que ejecutarse y desarrollarse la Ley Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que, como sabe usted, es una ley de finales del año, de mediados del año 2011. Es decir, que va a ser sometido a una profunda revisión todo el sistema judicial español. Por eso, desde nuestro punto de vista, es imposible afrontar este conjunto de retos sin unas pautas, sin un plan estratégico.

Esto es lo que ha llevado a la Consejería de Presidencia a comenzar la elaboración de un plan que tengo que decir de antemano que no está concluido, que está en fase de borrador; que en este momento tenemos ese plan sometido a consultas y a la participación de todos los agentes implicados. Hemos tenido reuniones con determinados colectivos, pero tenemos un calendario de futuro en el que vamos a establecer y a continuar esas reuniones con el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con la Fiscalía Superior de Canarias, con los abogados y otros colectivos. Ya nos hemos reunido con las asociaciones judiciales, con los jueces, con asociaciones de fiscales, asociaciones, también con los secretarios judiciales y con los procuradores de los tribunales.

Este plan, este plan estará basado o está basado en un proceso de diagnóstico y determinación de programas y proyectos y tiene tres grandes objetivos. Uno, el primero es hacer de la justicia un servicio público eficaz y orientado a las personas; en segundo lugar, desarrollar una gestión eficiente de los recursos; en tercer lugar, incrementar el valor de su capital humano a fin de contar con un personal cualificado y motivado.

Este documento contiene 68 proyectos agrupados en 15 programas, entre los que cabe destacar los de la nueva oficina judicial y fiscal, el fomento de la mediación, las nuevas inversiones, la mejora de acceso a la justicia de los más desprotegidos, la atención al ciudadano, la mejora de los servicios del soporte de la actividad judicial, la colaboración y participación institucional, la mejora de la gestión de los recursos humanos, el desarrollo del capital humano en la Administración de Justicia, la búsqueda de la excelencia, la modernización del Registro Civil, el desarrollo del sistema de gestión procesal Atlante y la mejora de la interoperabilidad, así como el nuevo diseño de la organización judicial.

Me ha hecho usted, señor Ruano, algunas cuestiones en su primera intervención, algunas preguntas, algunas cuestiones que ha planteado referidas a... Primero ha hecho una reflexión sobre que la justicia, esa competencia es compartida, efectivamente, entre el Estado y la comunidad autónoma -tenemos la transferencia desde el año 95-, el papel que han de jugar los secretarios judiciales, que es un papel clave. Nosotros pensamos que habría que plantearse quizá la transferencia de este personal a las comunidades autónomas. Sé que no es la posición que en este momento tiene el Ministerio de Justicia, pero el papel de los secretarios es clave para el nuevo diseño de la oficina judicial a la que usted ha hecho referencia.

En la reciente reunión de la conferencia sectorial celebrada en Madrid el pasado 7 de mayo se ha planteado por algunas comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Autónoma de Canarias, que la selección de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia debe estar transferida a la comunidad autónoma, todo el proceso de selección, y no se nos ha negado esa posibilidad. El ministerio lo que ha dicho es que se van a crear con las comunidades autónomas unos grupos de trabajo para plantear la posible transferencia de, digamos, la posibilidad que tengan las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de justicia para que puedan seleccionar los funcionarios a su servicio.

Coincido plenamente con usted respecto del Plan de infraestructuras, en la medida en que los escasos recursos con los que cuenta en este momento la comunidad autónoma no permiten que en el ejercicio 2012 y desde luego en el 2013 podamos afrontar nuevas infraestructuras judiciales. En el año 2012 la comunidad autónoma ha hecho un esfuerzo muy grande para concluir las dos grandes obras que en este momento están en marcha y que son los edificios judiciales de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna. Pero si usted me plantea previsión de futuro cuando haya recursos, yo señalaría algunos partidos judiciales que precisan de nuevas instalaciones. Por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, un nuevo palacio judicial en Puerto del Rosario o también en Santa Cruz de Tenerife. Creo que Santa Cruz de Tenerife tiene pendiente también una nueva infraestructura judicial que pueda dar cabida al conjunto de órganos y tribunales que existen en este momento diseminados por todo el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Vamos a intensificar el sistema de mediación. Para ello vamos a aprovechar la ley que se ha aprobado y publicado en el Boletín Oficial en el mes de marzo del año 2012.

Y respecto de la planta judicial en Canarias, como esta mañana he indicado, el Gobierno cree que debe producirse una modificación, una reorganización del mapa judicial, pero desde luego no en los términos que ha planteado el informe del Consejo General del Poder Judicial, que reduce de una manera drástica el número de partidos judiciales de 19 a 11. En la isla de Gran Canaria, por ejemplo, únicamente mantiene dos partidos judiciales. El Gobierno cree que es insuficiente y que, por tanto, debe hacerse una revisión, sí, pero teniendo en cuenta las peculiaridades de nuestro sistema, de nuestro archipiélago, de nuestras islas; y además han de tenerse en cuenta no solamente los criterios que ha manejado el Consejo General del Poder Judicial, como son la población y la distancia, creemos que debe tenerse en cuenta también la especialización.

Y desde luego no podemos olvidar los esfuerzos y las inversiones que se han hecho en los distintos partidos judiciales. De la noche a la mañana desde luego el Gobierno consideraría que sería un derroche que determinadas inversiones en infraestructuras que se han hecho en muchos partidos judiciales ahora, de la noche a la mañana, quedaran en desuso.

Por tanto, todos esos criterios los vamos a tener en cuenta a la hora de redefinir el mapa judicial, los partidos judiciales en Canarias, que, como digo, tendrá que ser un proceso dialogado con...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señor consejero, tiene usted un minuto para concluir, por favor.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): ...con el propio Consejo General del Poder Judicial y desde luego con el Ministerio de Justicia, que se ha mostrado muy proclive a dialogar y a escuchar, a escuchar a las comunidades autónomas.

Sin ninguna duda el papel de esta comunidad autónoma tiene que ser muy relevante a la hora de configurar ese mapa de futuro, que tendrá que aprobarse mediante un anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Demarcación y Planta, que se someterá, al parecer, en el último trimestre del año 2012 a Consejo de Ministros y que durante el ejercicio 2013 será objeto de su tramitación parlamentaria.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Pasamos a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente, señorías: muy buenas tardes.

Yo tengo la impresión de que el servicio público de la justicia no ha alcanzado en España su mayoría de edad, a pesar de los 30 años de democracia. Creo que el resto de los servicios públicos, aunque ahora estén en crisis, han evolucionado y se han asimilado y se han aproximado a los países de nuestro entorno. El sistema educativo, con todos sus defectos, es un sistema que aguanta alguna comparación con otros sistemas educativos, el sistema sanitario, ni les cuento, pero yo creo que la justicia -y no sé cuál es la razón- no ha logrado colocarse como un servicio público básico, y eso que representa, de manera notoria, uno de los poderes del Estado.

Creo que la distribución competencial ha contribuido a este fracaso. Creo que la falta de definición, de colocarse en tierra de nadie, ha perjudicado al servicio público de la justicia. Creo que ha sido una mala solución porque la organización de las cosas influye mucho en su resultado y ahí pudiera haber una parte de la explicación del retraso notorio de este servicio público aquí y en otras latitudes.

Yo no he sido usuario de la justicia, afortunadamente, pero tengo compañeros y amigos que trabajan en el ámbito de la justicia y lo que me cuentan se asemeja al servicio de hace décadas. La Administración Tributaria, la Administración de la Seguridad Social, la Administración sanitaria, han logrado niveles de organización, de funcionamiento y de eficiencia absolutamente propios del siglo en el que nos encontramos; sin embargo, en el mundo de la justicia se siguen manejando más los papeles que las máquinas y sigue habiendo procedimientos impropios de la altura del desarrollo tecnológico que nos asiste. De manera que me parece que hay una notable asignatura pendiente en materia de este servicio público en Canarias y en España.

Y además las pocas cosas que salen son negativas. Además de las escandaleras y los procesos de ajuste que se han visto dentro de la Administración de Justicia en los últimos tiempos y ahora dos lamentables noticias, ¿no?: la recentralización de los partidos judiciales, con esa propuesta en ciernes del Consejo General del Poder Judicial, que no respeta ni reconoce la diversidad y la complejidad territorial, y esperemos que sea corregido, pero si depende de las Cortes Generales, siéntense; y la última, y la más preocupante de todas las malas noticias en relación a la justicia, son las tasas judiciales. Solo faltaba que en un servicio deteriorado, de difícil acceso, con pocos medios, altamente profesionalizado, ahora se les ponga una barrera a los usuarios, que es el pago, las tasas exorbitantes que empieza a diseñar el Gobierno conservador en España.

Por lo tanto, señoría, muy bonito, muy bien lo del plan estratégico, pero creo que aquí se necesita más organización, se necesitan más medios, porque si no este servicio seguirá siendo, estará siendo el peor de los servicios públicos de España.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo Palarea, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

El señor Fajardo Palarea: Buenas tardes, señor presidente. Señorías.

Señorías, en las últimas sesiones plenarias se podría afirmar que han polarizado el debate parlamentario todas aquellas cuestiones que tienen que ver con los recortes presupuestarios que nos vienen impuestos desde el Gobierno central, su repercusión sobre los Presupuestos de esta Comunidad Autónoma y sobre todo su posible impacto y afectación negativa en la prestación de los servicios públicos esenciales de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pero, sin perjuicio de lo anterior, es importantísimo que tratemos otros temas de interés que ocupan y preocupan a la ciudadanía, y entre ellos el de la justicia. Materia que se muestra nuclear para el desarrollo de cualquier Estado democrático. De ahí que nuestra Carta Magna la cite desde su preámbulo a su artículo primero, en su apartado primero, y dentro del Título primero, De los derechos y deberes fundamentales, en el artículo 24 se establezca que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión"; y que tenemos también derecho, entre otros, "a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías".

De eso se trata, señorías, de coadyuvar a preservar dichos derechos constitucionales mediante la optimización de los recursos humanos, económicos y materiales que dependen de su consejería, señor consejero, estableciendo objetivos alcanzables, serios, rigurosos, previo proceso de diagnóstico de los problemas, inspirándose no solo en el trabajo de la consejería sino contando con la colaboración y participación en esas tareas para luego concretar programas de actuación con todos los agentes implicados en la justicia: jueces, fiscales, secretarios, funcionarios, instituciones públicas, sindicatos, ONG y colectivos. En definitiva, enjaretando un Plan Estratégico de Justicia que tenga un último y principal destinatario, aparte de los ya mencionados, el justiciable; potencialmente, señor Román Rodríguez, toda la ciudadanía.

De ahí que tras su intervención, señor consejero, no quede otra alternativa que felicitarle por esta iniciativa, porque, señor consejero, para -como se signa en el preámbulo de nuestra Constitución- "consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular" y "establecer una sociedad democrática avanzada" es necesario un servicio público de justicia que sea ágil, eficaz y eficiente; en definitiva, bien planificado y no, como usted ha dicho, reactivo, a destiempo. En fin, señor consejero, para preservar el resto de los derechos y deberes constitucionalmente consagrados necesitamos una justicia de calidad, porque la justicia es la garante de nuestro Estado social y democrático.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, don Emilio Moreno, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

El señor Moreno Bravo: Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero.

Evidentemente, el objetivo de cualquier gobierno es conseguir una administración de justicia que garantice la tutela judicial efectiva de manera ágil, rápida y eficaz, pero tras lo expuesto de este borrador de un plan estratégico -yo creía que hoy venía a hablar de un plan estratégico, no de un mero borrador- la desconfianza del Grupo Parlamentario Popular es máxima. Le cuento: el primero de los programas de este borrador del plan estratégico aborda la nueva oficina judicial. ¿Dónde está la nueva oficina judicial? Y permítame decirle: de nueva oficina judicial, nada de nada. Desde el año 2008 en que se aprobó el Decreto 133, relativo a la creación, organización, diseño y establecimiento de la nueva oficina judicial en Canarias, seguimos sin el establecimiento de esta oficina judicial en el territorio de esta comunidad autónoma, a diferencia de otras zonas del territorio nacional.

Ha pasado un año desde las elecciones autonómicas. La nueva oficina judicial en Arrecife y en Arona, que eran los proyectos, todavía sigue sin establecerse. Y ello precisamente, como nos dijo el otro día en la Comisión de Justicia, es porque no existe o se ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos en relación con la negociación de la RPT. ¿Para cuándo?, esa es la pregunta que formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular respecto al establecimiento de la nueva Oficina Judicial en este territorio autonómico. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar?

Sigo. Una cosa es cierta: recorte de sueldo de los funcionarios, la petición de los funcionarios de justicia de que por parte de la consejería se devuelvan las competencias al Ministerio de Justicia -y le cito expresamente- "ante la clara incompetencia de este Gobierno para gestionar los medios materiales y los recursos humanos".

Otra cosa más. En relación con el programa 14 de este borrador -que me he enterado hoy de que es un borrador- del plan de estrategia de reingeniería de la organización judicial, la intención de la consejería, pese a lo que se ha dicho esta mañana en este Pleno y lo que se ha dicho aquí ahora mismo en esta intervención, en esta comparecencia, es reducir los partidos judiciales. Le explico, precisamente. Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, 8 de febrero de 2012, página 48, a preguntas de este diputado: "el consejero quiere reducir los partidos judiciales". Le digo: "sería muy conveniente que el actual equipo de gobierno estatal -que solo llevaba un mes gobernando-, el Gobierno de la nación, retome de manera inmediata la gestión del proyecto de reforma de la Ley de Planta y Demarcación, con el fin de reducir juzgados y crear los tribunales de instancia" -y aquí viene la enjundia del tema- "y reducir los partidos judiciales". Es decir, antes de que el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de la nación tengan una propuesta sobre la Ley de Planta y Demarcación, ustedes ya estaban pidiendo la supresión de partidos judiciales.

Tasas judiciales. Explique a los canarios que este anteproyecto de Ley de Tasas Judiciales que desea elaborar el Gobierno de la nación permite afectar todo el dinero que se recaude precisamente por el depósito previo de interposición de un recurso de apelación para el pago de la asistencia jurídica gratuita, el 100% del servicio. Concretamente, en esta consejería, 21.300.000 euros. Dígales a los canarios que si, precisamente, ese dinero es satisfecho con estas tasas judiciales, permitirá precisamente a su Gobierno destinar ese dinero a la utilización de otros recursos. Y es así la cuestión...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del grupo parlamentario solicitante de la comparecencia, por el Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor Ruano León: Señor presidente, señorías.

Bien. Entiendo que usted ha hecho un conjunto de preguntas al consejero que corresponde, lógicamente, a él contestar.

Por nuestra parte hay algunas cuestiones que me gustaría también en la reflexión que hacía algún portavoz, como don Román Rodríguez, hacía un planteamiento en torno al modelo. Mire, el modelo, el problema parece que está... Hay un común denominador en todas las comunidades autónomas, que ha mejorado el funcionamiento del servicio público de la Administración de Justicia allí donde la gestión de los medios materiales y personales ha sido asumida por las comunidades autónomas. De hecho, en el territorio del Ministerio de Justicia, comunidades autónomas que están todavía bajo la dirección o la gestión del Ministerio de Justicia, tienen, en casi todas las variables, peores, peores que las comunidades autónomas que gestionan, tanto en edificios judiciales como en sistemas de gestión procesal. Continúan con un sistema de gestión que es el Minerva, un sistema obsoleto y superado por sistemas mucho más modernos como puede ser el Atlante en Canarias u otros sistemas de gestión procesal.

El gran problema del modelo de justicia española justamente, a pesar de esa reciente declaración del ministro de Justicia... -que acaba de llegar; por lo tanto, le eximo de responsabilidad en sus manifestaciones-; dice o echa la culpa a las comunidades autónomas en torno a que no puede ser que haya no sé cuántos sistemas de gestión procesal. Pues, mire, no. Sí que puede ser, gracias a que existe, a que se ha producido el esfuerzo de las comunidades autónomas supliendo el planteamiento que en unos y otros gobiernos -gobiernos del Partido Popular, gobiernos del Partido Socialista-, han impedido un modelo único que por lo menos garantice la interoperabilidad. Y eso se ha suplido -justamente con una pregunta que le formulaba yo antes al consejero- en relación con un convenio suscrito hace dos años del sistema EGIS, que es un sistema, digamos, de interoperabilidad y seguridad común en todos los sistemas procesales. Los sistemas procesales más avanzados, como es el Atlante II, tienen capacidad para comunicarse con los sistemas procesales más avanzados, como, por ejemplo, el que tiene el País Vasco o el que tiene Cataluña; no así con los sistemas del territorio que gestiona el Ministerio de Justicia, porque, insisto, sigue trabajando sobre un sistema obsoleto. En cualquier caso, es uno de los retos que ahora tiene el Gobierno de España, el conseguir o implementar con sus recursos que la interoperabilidad y la seguridad de los subsistemas de gestión procesal de las comunidades autónomas estén perfectamente integrados.

Así que, en cualquier caso, señor Rodríguez, más allá de algunas cuestiones, hay que seguir profundizando en un modelo que sigue caminando con demasiadas desconfianzas.

Y no secundaría yo, más allá de la reivindicación sindical, que cuando uno está en la Oposición, pues, es bueno aventarlas, pero normalmente cuando se está en responsabilidades de gobierno hacer posiciones sindicales resulta bastante más complicado. Y lo más complicado resulta cuando uno quiere estar en las dos partes de la mesa, porque en Madrid resulta que van a estar ustedes en la parte patronal y aquí, en Canarias, quieren estar en la parte sindical. Eso les va a resultar un poco más difícil, don Emilio. Por tanto, hay que tener un único discurso, creo que es importante que mantengamos en estos asuntos un único discurso.

También con la planta judicial. Porque, mire, evidentemente en mi organización política existen, hay muchos alcaldes y tendremos que hacer un planteamiento serio sobre la organización judicial. Y Canarias está bien definida en cuanto a su estructura territorial para incluso pensar en cómo organizar la planta judicial, porque, si usted piensa, las dos islas grandes -con las dos islas grandes me refiero a las centrales en términos poblacionales- tienen tres comarcas naturales: el área metropolitana, el norte y el sur; y las islas pequeñas, las islas no capitalinas, pequeñas, Fuerteventura es territorialmente muy grande pero desde el punto de vista de la gestión de un servicio tiene en estos momentos un único partido judicial, y es posible, y es posible que si se hiciera un planteamiento como el que se hizo en Lanzarote con un buen edificio judicial, con un Instituto de Medicina Legal específico, con un conjunto de recursos especializados, es posible, con la fidelización, con un modelo en donde fueran magistrados, esas plazas fueran provistas por magistrados y no por jueces y garantizaran una mayor estabilidad en la isla, con seguridad el funcionamiento del servicio público de la gestión de la justicia en Fuerteventura sería mucho mejor que el que hay ahora o incluso mucho mejor si se parte en dos partidos judiciales esa isla.

En fin, son reflexiones. No es esa mi responsabilidad, es la del Gobierno de Canarias, y lo que sí creo es que debemos mantener -lo digo en este asunto y lo digo en todos- un único discurso, por más que en un momento determinado a unos nos corresponde hacer tareas de Oposición y a otros tareas de gobierno. Ahora quien tiene una importantísima tarea frente a sí en un marco económico muy complicado es el Gobierno de España, la tiene el Gobierno de Canarias en el marco de sus responsabilidades y sería bueno que en las políticas de gasto público mantuviéramos un mínimo de acuerdo para hacer visible a los ciudadanos que queremos garantizar los servicios esenciales. Y a pesar -y como decía el señor Rodríguez- de que no piensa uno en el servicio de justicia, siempre hacemos referencia a la educación, a la sanidad, a los servicios de asistencia social o a los servicios de bienestar social y nos olvidamos del de justicia, incorporémoslo, incorporémoslo, y digamos con claridad que es fundamental que hagamos políticas de sostenibilidad de los servicios públicos.

Espero, señor consejero, que ese diseño que usted nos anuncia, que tiene, habla de programas, proyectos, objetivos y evaluación de objetivos, pueda concretarse en el sistema de participación que usted señala. Y sería deseable que con todas las dificultades que hay cuando uno no tiene dinero que repartir, porque no lo hay, pues, sería deseable que sea capaz de trasladar a los actores del proceso que la situación es la que es y todos formamos parte de la misma, incluyendo también a los funcionarios judiciales, que en este momento, digamos, están a las duras, a las duras, de formar parte de la estructura autonómica y, por tanto, de recibir la retención salarial que se proyecta, pero que en la mayor parte del tiempo han estado a las maduras. Y, por tanto, unas veces toca a las duras y otras veces, a las maduras.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias.

Señor consejero, tiene usted la palabra.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Bueno, buenas tardes de nuevo.

Voy a hacer algunas consideraciones en torno a las intervenciones que han tenido los distintos grupos parlamentarios.

Me referiré en primer lugar a la intervención del portavoz del Grupo Mixto, don Román Rodríguez, quien plantea cuál es el estado actual de la justicia: una justicia atrasada, una justicia lenta, una justicia que precisa más recursos. Sin duda, así es, así es, pero precisamente por eso hace falta planificar y por eso hace falta poner en marcha y trabajar en un plan, en un plan estratégico para toda la legislatura. Un plan que no solamente ha de contar con el apoyo y la colaboración de todos los agentes sino también de los grupos parlamentarios. Por eso creo que sería bueno que en una materia tan sensible, en un servicio público esencial como es la justicia, se pueda llegar finalmente, cuando el plan esté concluido y se traiga aquí al Parlamento a debate, bien en Pleno o bien en comisión, podamos estar de acuerdo en el diagnóstico de lo que necesita la justicia en Canarias. Como digo, en un momento difícil, en un momento de austeridad, en un momento en el que los recursos materiales y presupuestarios son en este momento menores que los que teníamos hace cinco años, ocho años o dos años. Son menores y van a seguir siendo, porque la coyuntura económica, señorías, es la que es.

Hablaba usted también de las tasas, de las tasas judiciales, y las critica. Efectivamente, es que pueden afectar, la subida ha sido tan grande que pueden terminar afectando a la tutela judicial efectiva. Hay un informe del Consejo General del Poder Judicial, que se va a someter al próximo Pleno, que califica esas tasas de abusivas y exorbitantes. Esa es la realidad.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha planteado la necesidad de contar con una justicia ágil, eficaz y eficiente, una justicia de calidad. Nada más que puedo manifestar el apoyo y la coincidencia del Gobierno con ese diagnóstico.

El portavoz del Grupo Popular, el señor Moreno, hoy ha hecho algunas reflexiones que creo merecen una respuesta. En primer lugar, critica al Gobierno de Canarias porque todavía no ha puesto en marcha la nueva oficina judicial, y yo le pregunto: ¿dónde se ha puesto en marcha la nueva oficina judicial en todo el país?, ¿dónde? El sistema todavía no está funcionando, señor Moreno, y usted lo sabe. Hay algunas experiencias piloto en algunas ciudades, como Murcia, Ciudad Real o Burgos, pero no podemos decir que esas experiencias hayan sido positivas, al menos así lo califica el propio Ministerio de Justicia.

Y dice usted que cuándo vamos a poner en marcha nosotros la nueva oficina judicial. Lo he dicho, lo he dicho en varias ocasiones, lo he dicho en la comisión parlamentaria: queremos que eso se lleve a efecto con los nuevos palacios de justicia, el de La Laguna y el de Las Palmas de Gran Canaria. Será en ese momento; por tanto, a lo largo del año 2013. Creo, por tanto, que esta era una cuestión que ya había quedado perfectamente clara.

Usted también hace una crítica y se coloca al lado de los funcionarios de la Administración de Justicia, que en este momento están descontentos -y yo lo comprendo- con el anuncio que ha hecho el Gobierno de reducción salarial de sus retribuciones. Por supuesto que entiendo la posición del conjunto de los empleados públicos y de los sacrificios que les estamos pidiendo a todos los empleados públicos, pero hemos explicado algo muy importante, y es que esa reducción salarial, que tiene que ver, lógicamente, con el objetivo del cumplimiento del déficit... Cumplimiento del déficit que esta Comunidad Autónoma de Canarias es la primera, la que mejor viene cumpliendo el déficit, como usted bien conoce. Entra, por tanto, en una especie de contradicción, porque por un lado critica las medidas de ahorro y de austeridad y de ajuste que el Gobierno de Canarias pone en marcha, pero al mismo tiempo nos reclama que haya cumplimiento de los objetivos del déficit. Mire, las dos cosas al mismo tiempo no es posible lograrlas, cuando Canarias tiene que hacer un ajuste de 800 millones de euros.

Y le digo más, las políticas que está llevando el Gobierno de Canarias en el capítulo I tienen una finalidad muy clara, y es el mantenimiento del empleo público. Frente a lo que ha hecho el Partido Popular en muchas comunidades autónomas, que es el despido masivo de empleados públicos, eso no lo practica el Gobierno de Canarias ni lo va a hacer, ni lo va a hacer. Por tanto, ¿hemos tomado una medida difícil y dura con los empleados públicos?, sí, se la hemos explicado, y la hemos explicado en varias ocasiones. Ha habido diálogo y negociación y ha habido intercambio de pareceres con los representantes de los empleados públicos. Pero para cumplir con el objetivo de déficit, para que haya estabilidad presupuestaria en esta comunidad autónoma, para ajustar una reducción de 800 millones de euros, teníamos que tocar el capítulo I y por eso hemos tenido que plantear una reducción del capítulo I.

Habla usted de la reducción de partidos judiciales. Ya lo dijo usted. Mire, pero si lo he dicho esta mañana: el Gobierno de Canarias es partidario de una reorganización del mapa judicial, es partidario de la reorganización del mapa judicial. Y si quiere le avanzo algo más; mire, este Gobierno entiende que en todas las islas, con independencia del número de habitantes que viva en cada una de ellas, cada isla debe tener un partido judicial al menos, todas las islas, y dentro de cada isla debe haber, debe haber, pues, por comarcas debe haber partidos judiciales. ¿Que puede haber retoques sobre el mapa actual?, sí, sí, y creo que es normal que se modifique una organización que es del siglo XIX, como decía esta mañana. Por tanto, no veo por qué usted hace tanto hincapié en una cuestión de reducción del número de partidos judiciales como si esto fuera algo extraño. Mire, tenemos un mapa judicial, 19 partidos judiciales, hay que retocar el mapa judicial, veremos cómo, veremos cómo, pero vamos a intentar conjugar diversos intereses y desde luego será un proceso transparente que traeremos aquí al Parlamento y que dialogaremos con los alcaldes y con todos los operadores jurídicos. En el mes de septiembre probablemente el Gobierno de Canarias podrá anunciar una propuesta después de escuchar al Ministerio de Justicia.

Sobre la gestión de las tasas judiciales, yo creo que esas tasas judiciales deben ser gestionadas, en una parte deben ser transferidas a las comunidades autónomas que tenemos competencias en materia de justicia, porque es verdad que la Comunidad Autónoma de Canarias está soportando un gasto muy elevado, de más de 21 millones de euros, en la justicia gratuita. Y en eso estamos. En la última conferencia sectorial el ministerio dijo que iba a enviar un borrador de acuerdo para fijar un marco de colaboración entre el Estado y la comunidad autónoma, de forma tal que podamos participar en la gestión de las tasas judiciales.

Yo quiero decir, señorías, que en estos años, después de la transferencia de la justicia, en Canarias se ha avanzado, se ha avanzado de una forma notable. Creo que algunos planes que se han puesto en marcha están dando resultados y que la herramienta del sistema de gestión procesal Atlante en este momento es una herramienta que ha sido valorada por el propio Ministerio de Justicia. En la reunión que hemos tenido en la conferencia sectorial del pasado 7 de mayo se destacó, se destacó precisamente como una de las herramientas operativas que, digamos, están perfectamente incardinadas para el ejercicio de la interoperabilidad de todos los sistemas que existen en el país.

Nosotros vamos a seguir trabajando en la implantación de la Administración electrónica en el mundo de la justicia. Por eso hemos firmado algunos convenios con el ministerio. Concretamente, en el mes de noviembre del año pasado, en el 2011, suscribimos el convenio para la gestión del Lexnet, que, como sabe, es un sistema de intercambio de documentos judiciales en formato electrónico. Es un sistema que en este momento estamos desarrollando dos experiencias piloto en dos juzgados de primera instancia de Las Palmas y de Tenerife y es un sistema que creo que va a dar, a partir del mes de julio, va a dar resultados muy eficientes.

También somos partidarios de la mediación, de la mediación, y en ese sentido vamos a desarrollar la mediación establecida, prevista, aprobada en la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 6 de marzo, Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. Creemos que hay que ir por esa vía, que la justicia está saturada, que hay que operar sobre...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Sí, señor consejero, tiene un minuto.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): ...en definitiva, que haya soluciones prácticas, efectivas y rentables en la determinación de los conflictos entre partes.

Yo termino haciendo una apelación a la colaboración de todos los grupos parlamentarios. Nosotros creemos que el plan que tenemos en marcha, que hoy es un borrador pero estará acabado después del verano, es un plan ambicioso pero es un plan realista. Nosotros somos conscientes de las dificultades presupuestarias con las que nos encontramos y con las dificultades que vamos a tener en la ejecución de una parte de los recursos materiales y humanos y en las inversiones. Pero estoy seguro de que, a pesar de esas circunstancias complicadas y difíciles, vamos a seguir mejorando y progresando en este servicio público fundamental, que es la justicia, y a ello nos vamos a empeñar a lo largo de los tres próximos años...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señor consejero.

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  • 8L/C-0355 Sobre el Plan estratégico de Justicia 2012-2015.


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