Diario de Sesiones 40, de fecha 23/5/2012
Punto 7

· 8L/PNL-0093 Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre servicio de asesoramiento sobre la deuda hipotecaria y mediación con las entidades financieras.

El señor presidente: Siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el servicio de asesoramiento sobre la deuda hipotecaria y la mediación con las entidades financieras.

Don Jorge Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.

Señorías, es bueno recordar el Reglamento de vez en cuando. Cuando se inicia la votación, no se puede entrar, nadie puede entrar en la Cámara, y hasta que no se da el resultado nadie puede salir. Es bueno recordar el Reglamento de vez en cuando. Lo hago con toda la cordialidad para que no nos olvidemos de las normas.

Don Jorge, disculpe, tiene usted la palabra.

El señor Rodríguez Pérez: Gracias, señor presidente. Señorías.

Estaremos de acuerdo si afirmo que la vivienda es el bien material más preciado para una familia. Es el bien que requiere además el mayor de los esfuerzos económicos por parte de una familia y desde luego nadie deja de cumplir con el pago de una hipoteca si no es por pura imposibilidad.

La crisis profunda que estamos viviendo, señorías, como la que tenemos en nuestro entorno, tiene una plasmación muy clara y obviamente negativa, y lo tiene en el incremento de las ejecuciones hipotecarias que cada día podemos ver como noticia en los distintos medios de comunicación. Lo que deja obviamente en entredicho el derecho a una vivienda digna, un derecho recogido en la Constitución y una de las cuestiones básicas en la vida de un ser humano, junto con la familia y junto con su propia dignidad.

Siempre hemos defendido desde el Grupo Parlamentario Popular que el Derecho ha de ser útil, que es un instrumento al servicio de la convivencia, el desenvolvimiento adecuado de las relaciones privadas en un tiempo y en un espacio definidos, porque no hay lugar, señorías, para la improvisación ni para los experimentos; pero, por otro lado, es preciso estar siempre, siempre -y aquí más que en ningún otro lugar-, en sintonía con las demandas de la sociedad y con sus necesidades objetivas.

Resumidamente, con esta proposición no de ley, señorías, lo que pretende el Grupo Parlamentario Popular es que se facilite a las familias canarias que estén en riesgo de ejecución hipotecaria un servicio gratuito de asesoramiento y de mediación para evitar que pierdan su vivienda; que no haya ni una familia canaria que se quede sin hogar si el Gobierno de Canarias puede hacer lo imposible.

Señorías, muchas familias están viviendo una situación dramática por no poder pagar sus casas por la crisis económica. En 2011 se tramitaron casi 4.500 embargos judiciales y casi 20.000 ejecuciones hipotecarias, lo que significa que prácticamente 4 familias pierden cada día su vivienda, y pierden su vivienda por no poder pagar, como digo, las cuotas de su hipoteca. Son cifras que han ido creciendo exponencialmente como consecuencia de la gestión de la economía.

¿Es consciente, señorías, el Gobierno de Canarias y la consejería con competencias en vivienda de esta realidad? Sinceramente, yo creo que no. Lo que proponemos es la creación de un servicio gratuito de información, de asesoramiento, dirigido precisamente a esas familias, a las familias con dificultades para atender el pago de los préstamos hipotecarios por esta causa, porque están en riesgo precisamente de perder su vivienda principal. Se trata de informar a las familias sobre las consecuencias de su impago de hipoteca y sus responsabilidades ante un posible inicio de procedimiento judicial de ejecución hipotecaria. Un servicio, señorías, que se ofrezca a interceder por la familia con dificultades de pago ante la entidad financiera de que se trate, acreedora, para renegociar, si es posible, un nuevo acuerdo sobre el préstamo hipotecario que haga viable el pago o bien la resolución del contrato hipotecario de manera no onerosa. Que el Gobierno deje, señorías, sus declaraciones de confrontación, en las que pierde mucho esfuerzo y en las que gasta mucha dedicación con quienes no piensan como ellos, y adopte -y este es uno de los temas que realmente abordándolos se acercan a la sociedad-, y adopte de verdad un compromiso social de inversión en las familias que no tienen asegurado lo mínimo.

Señorías, espero su conformidad para responder -y esta es una ocasión clara- de manera efectiva al nuevo reto que ha provocado la terrible crisis económica y social en el ámbito de la vivienda y que se traduce en tantas hipotecas impagadas, en tanta amenaza de desahucio y en la caída del valor de la propiedad inmobiliaria. Un problema, señorías, que exige de nosotros, que la sociedad exige de nosotros, que la sociedad exige de los que les gobiernan, para que con dosis adicionales de lucidez y de responsabilidad entren realmente a resolver o a mediar en un problema que les es realmente gravoso a muchas familias canarias que en estos momentos se encuentran en dificultades de pagar la hipoteca y, por tanto, con el riesgo sobre sus cabezas de perder su vivienda principal. Repito, está en juego el bienestar de la sociedad y además el sistema mismo económico en el que se sustenta.

Espero de la conformidad de todas sus señorías y hagamos con ese voto afirmativo un gesto, un gesto, con el que el Gobierno de Canarias se prestaría a la tarea, repito, de ofrecer un servicio de información, de asesoramiento, de asistencia, de apoyo, a multitud de familias que, encontrándose en graves dificultades económicas, están con el riesgo de perder sus viviendas.

Nada más, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

El señor presidente: Muchas gracias, don Jorge Rodríguez. Muchísimas gracias.

Quisiera, permítanme un momento, darles, en nombre de todos nosotros, la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria de San Juan de La Rambla y a sus profesoras y profesores que les acompañan. Que sepan que siempre es muy grato para todos nosotros que jóvenes de todas nuestras islas vean cómo se desarrolla una sesión parlamentaria.

Enmiendas. Esta proposición no de ley tiene dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Mixto. Don Román Rodríguez Rodríguez tiene la palabra para la defensa de la enmienda.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente, señorías: muy buenos días.

Saludo también a los alumnos y profesores que nos acompañan hoy aquí en esta sesión del Parlamento de Canarias.

En el mes de noviembre el que les habla propuso a este Parlamento una proposición no de ley sobre este asunto, que es una de las expresiones más dramáticas de la grave crisis económica que sufrimos. Miles, cientos de miles de familias a las que les cambió de la noche a la mañana su situación económica y no pueden hacer frente a los pagos de su hipoteca y se encuentran con que pierden su vivienda; y, tan grave como esto, dejan pendiente una parte importante de su deuda si en los procesos de subasta no se completa el total de la hipoteca. Situación dramática que está afectando a miles, cientos de miles de personas, y que ha generado un movimiento ciudadano de protesta justamente para evitar los desahucios, que es la expresión más dura de todo este proceso.

En aquella proposición no de ley que presentamos desde el Grupo Mixto -el PIL y Nueva Canarias- fue enriquecida en el debate de este Parlamento y fue aprobada por unanimidad. Y entonces instábamos al Gobierno de Canarias para que este lo hiciera al de España para modificar las reglas, porque si no se modifican las reglas, esto no tiene arreglo. Y yo he de decirles que la PNL, que agradecí el apoyo de todos los grupos, yo creo que hacía una síntesis del problema y de las soluciones. Y he de decirles que el Gobierno de España, porque esta se aprobó aquí antes del 20 de noviembre, y el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, ha promovido una iniciativa legislativa en esta materia, un real decreto-ley sobre las ejecuciones hipotecarias. Al que el ponente del Partido Popular no ha hecho referencia, me ha sorprendido, porque es una iniciativa del Gobierno de España, que sin resolver los problemas, como ahora apuntaré, sí hace un gesto que yo he de reconocer. Que el Gobierno recién llegado, entre los muchos reales decretos-leyes -porque así es como se gobierna España últimamente-, uno, este, destinado justamente a tratar un problema tan sensible como este, es de agradecer y de reconocer. Aunque he de decir que, como no es de obligado cumplimiento, las condiciones que establece el real decreto-ley, para las entidades financieras sino que es voluntario, tiene eficacia muy limitada, muy limitada. Primero porque no todas las entidades están interesadas en aplicar las previsiones que hace el real decreto-ley y el anexo llamado "código de buenas prácticas"; y en segundo lugar, y esto me preocupa tanto como lo primero, y es porque las condiciones objetivas para acogerse son imposibles. Bueno, imposibles de cumplir no, las cumplen los pobres de solemnidad, los que están en la exclusión más absoluta. Y desgraciadamente este problema de la pérdida de la vivienda afecta a muchísima gente, a gente que hace cuatro años podía ser clase media. De manera que las condiciones que se dan son tan exigentes en el artículo 3 de la ley, del real decreto-ley, que hace casi imposible su cumplimiento.

Por eso, y aunque ha pasado poco tiempo, la eficacia está siendo muy limitada, por estas dos razones. Primero, porque no es de obligado cumplimiento para las entidades financieras y, por lo tanto, se acoge solo quien quiere, a quien le interesa; y en segundo lugar, porque la casuística, las condiciones para poder acceder a esta posibilidad son casi imposibles de cumplir, es decir, tienes que tener una exclusión absoluta y además se tienen que dar todas las condiciones, que no voy a citar porque están en la ley.

De manera que aprovecho para decir que a nosotros nos parece bien la iniciativa del Partido Popular hoy aquí de instar al Gobierno para que se establezca un mecanismo de ayuda, de asesoramiento, a las familias afectadas por este grave problema, pero digo que esto no servirá si no se cambian las condiciones legales para abordar la problemática. Y aunque reconozco, como he dicho, que el gesto del real decreto-ley del Gobierno de España en la materia es un buen gesto -es más que nada-, tiene severos inconvenientes.

Por eso nuestra propuesta en relación a este debate es añadir a la propuesta del Partido Popular una reiterada solicitud al Gobierno de Canarias, para que lo haga al de España en este caso, para que modifique las condiciones hoy de voluntariedad para aplicar los criterios del real decreto y se pueda hacer obligatorio, porque si no no va a haber soluciones. Lo que dicen las organizaciones sociales vinculadas al problema, los movimientos sociales que se han generado en torno al problema, es que no está teniendo impacto, que no está teniendo impacto el real decreto-ley que el Gobierno de España ha puesto en marcha en la materia por las dos circunstancias que he comentado: porque no obliga a las entidades financieras y porque las condiciones y exigencias para acogerse al código de buenas prácticas de entidades son casi inasumibles.

De manera que, señor Rodríguez, la propuesta que le hago es, a nosotros nos parece bien que aprovechando las estructuras del Gobierno de Canarias, sin generar gasto añadido -que no lo dijo tampoco, me sorprendió-, se pueda disponer de un instrumento de ayuda, asesoramiento, a las familias afectadas por el problema, pero añado que el margen del Gobierno de Canarias en esa materia va a ser muy pequeño si no cambian las leyes que posibiliten, efectivamente, que la dación en pago se pueda hacer, librándote del resto de la deuda; si no se buscan fórmulas intermedias como el alquiler o el retraso en los pagos de los capitales y que solo se paguen intereses o ambas cuestiones. Hay un conjunto de casuística que puede suavizar el tema.

De forma que la propuesta que planteamos sería sumarnos a la idea del asesoramiento, pero para que este sea eficaz, instar al Gobierno de Canarias a que inste al Gobierno de España a que este decreto hoy voluntario sea obligatorio y las condiciones para acceder a esta cuestión sean flexibles, sean más realistas, porque si no no se podrá acoger la inmensa mayoría de esas decenas, cientos de miles de personas afectadas. Leía una información del Consejo General del Poder Judicial y planteaba que en el año 11, es decir, el año pasado, 58.400 familias están en esta situación, solo en ese año, y hay una especie de repunte, digamos, porque la crisis, persiste no, la crisis agrava las condiciones de miles de familias. Así que, señor Rodríguez, la idea es apoyar eso pero con esta adición, porque si no no tiene sentido, porque no habrá margen para que el Gobierno pueda hacer su trabajo.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchísimas gracias, don Román Rodríguez.

Hay otra enmienda. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo tiene la palabra.

El señor Fajardo Palarea: Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías.

Buenos días a los alumnos y público en general que asiste a la sesión.

Decía el señor Rodríguez que no es la primera vez que hablamos en esta Cámara del asunto, de la problemática del impago de las deudas hipotecarias. Efectivamente, en noviembre fue presentada y debatida en diciembre, ya después, después de celebradas las elecciones del 20 de noviembre, una proposición no de ley del Grupo Mixto que fue enriquecida y endurecida en sus condiciones, y bastante además, como consecuencia de la presentación de enmiendas del Partido Popular.

Sirva lo que estoy diciendo como antecedentes a la explicación de nuestra enmienda. ¿Qué decíamos en este Parlamento por unanimidad? Decíamos lo que proponía el señor Rodríguez, el Grupo Mixto: el reconocimiento del problema, de la problemática que tienen miles o cientos de miles de ciudadanos en España que no pueden hacer frente a aquellas obligaciones que en su día asumieron como consecuencia de la suscripción de un préstamo hipotecario; pero además, además, a instancias del Partido Popular, y mediante la aceptación de dos enmiendas de sustitución y una enmienda de adición, endurecíamos lo que pedíamos al Estado. ¿Y qué le decíamos al Estado? En primer lugar, que promoviera en las Cortes Generales la modificación de la regulación hipotecaria, de forma que, a) -enmienda del PP-, "incluya el derecho a poder contratar por los ciudadanos que así lo deseen la dación en pago". Ya les dije en su día que la dación en pago estaba regulada en el Derecho español, pero aquí, lo que aprobamos aquí no era a voluntad de los bancos, era si los ciudadanos querían. Lo aprobó, y lo aprobamos, enmienda del Partido Popular.

Aprobamos el segundo punto, que tenía que ver con que se incremente la cantidad considerada inembargable en nóminas, retribuciones, pensiones y otros ingresos en el caso de que la vivienda hipotecada fuera la residencia habitual y teniendo en cuenta además las cargas familiares de los afectados.

Aprobamos una enmienda del Partido Popular que decía que "se aprueben, para los supuestos de buena fe -insolvencia sobrevenida e involuntaria-, que la vivienda hipotecada constituya el hogar familiar, medidas suficientes para paralizar -paralizar- los desahucios, como es el establecimiento de una moratoria, parcial o total, en el pago de las cuotas de amortización".

Y una enmienda de adición del Partido Popular, que decía que "apruebe, con carácter de urgencia para los miles de desahucios ya en ejecución, medidas de protección a las familias similares a las vigentes en los países de nuestro entorno, como son la negociación bajo tutela judicial, en el aplazamiento del desalojo, el alquiler de la propia vivienda hipotecada o la posibilidad de recompra futura".

¿Se dio traslado de este acuerdo, adoptado por unanimidad, del Parlamento de Canarias al Gobierno central? Sí, se ha dado traslado de este acuerdo. ¿Se ha cumplido? No. La respuesta del Partido Popular la ha señalado el señor Rodríguez. ¿Cuál fue?: la promulgación de un real decreto-ley en el que, básicamente, básicamente, de lo que se trata es de un código de buenas prácticas.

¿Y qué dice el Real Decreto 6/2012, de 9 de marzo? Pues dice que a este código de buenas prácticas se podrán acoger o no las entidades financieras -no es lo que aprobamos aquí-; que apoya medidas para familias en riesgo de exclusión social y habla de las cuotas hipotecarias que excedan del 60% de los ingresos; que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro y que se trate de la vivienda habitual. Lo que decía el señor Rodríguez, ¿quién se puede acoger?: quien esté pidiendo prácticamente por la calle. ¿Con todos los miembros de la unidad familiar en paro cómo se va a poder satisfacer incluso el 60% de la cuota hipotecaria? Además se habla de que la vivienda fuera la única propiedad -en este real decreto- que tuvieran y se establece una serie de límites de carácter económico; o sea, 200.000 euros, solamente se podrían acoger las viviendas cuyo préstamo hipotecario alcanzara los 200.000 euros en poblaciones de más de un millón de habitantes, y establece una graduación a menor dependiendo del número de habitantes. Cuestión de la que yo discrepo y de la que discrepan muchos analistas económicos y muchas asociaciones.

Por tanto, ¿se dio respuesta a lo signado o a lo aprobado por unanimidad por este Parlamento por el Gobierno central? No, definitivamente no.

Segunda pregunta, como antecedentes: ¿podría prestar el Gobierno central los servicios que hoy nos pide el Partido Popular que preste el Gobierno de Canarias? La respuesta es sí. Sí, un servicio de asesoramiento para las familias a la hora de concertar la hipoteca o para las familias cuando han impagado las hipotecas. O un servicio de mediación con las entidades bancarias cuando están ejecutando la hipoteca para de alguna manera defender los intereses de los ciudadanos canarios, se puede hacer por el Gobierno central, en cualquiera de las oficinas, las oficinas de la alta inspección que tenemos aquí en Canarias, que dependen del Gobierno central.

¿Podríamos los grupos que apoyamos al Gobierno, como consecuencia del incumplimiento del Gobierno central a nuestra petición, hecha por unanimidad de este Parlamento, votarles que no o despreciar su proposición no de ley, señor Rodríguez? Podríamos. ¿Podría ser esa la respuesta reactiva a la posición del Gobierno central? Podría. ¿Debemos? Creo que no. Creo que no, porque, en definitiva, los perjudicados serían los ciudadanos.

Por tanto, señorías, el sobreendeudamiento familiar se ha producido en los últimos años, como todos conocemos, y tiene su origen en la necesidad de las familias de obtener financiación para la adquisición de viviendas en un mercado en su día alcista que se ha convertido en un problema de primer orden, no solo para la ciudadanía sino también para la economía productiva de nuestro país. Las medidas que se han venido adoptando no están dando resultados y, por tanto, nosotros entendemos -y de ahí nuestra enmienda- que se debe intervenir -el Gobierno de Canarias- con un proyecto transversal y colaborativo en la participación de varios departamentos -por eso hablamos de Viceconsejería de Cultura, Dirección General de Consumo y el Instituto Canario de la Vivienda- y donde se sume la multiplicidad de recursos de la Administración. Así, nuestra enmienda, señor Rodríguez, de sustitución es respetando el espíritu de su proposición no de ley y respetando también parte de su redacción.

Nosotros establecemos en nuestra enmienda una serie de actuaciones concretas. O sea, ¿qué haría la comunidad autónoma? Se ofrecería un servicio de información y asesoramiento dirigido a las familias que vayan a contraer préstamos hipotecarios para adquirir una vivienda, como medida preventiva frente al sobreendeudamiento. Este servicio podría explicar lo que muchas veces los ciudadanos -incluso algunos letrados- que suscriben hipotecas no se enteran muy bien, de cuál es el alcance de lo que están firmando, en muchas ocasiones.

Luego un servicio de mediación. ¿En qué consistiría el servicio de mediación? Mire, en un servicio público, voluntario y gratuito, al que podría acceder cualquier ciudadano que se encuentre en una situación de sobreendeudamiento como consecuencia de la adquisición de su vivienda habitual, siempre que dicho precio no superara los 350.000 euros -nosotros elevamos el precio de la vivienda que aparece en el real decreto-, que dicha vivienda sea la única propiedad, que sus ingresos hayan disminuido, y no por causas imputables a ellos, en más de un 50% de los que tenían antes de contraer la deuda hipotecaria -bajamos el 60% que se hace en el real decreto-ley-. Serían las condiciones básicas. Como decía antes de esta intervención, y hablando con usted antes del inicio de la sesión plenaria, no se trata de constreñir al Gobierno, es darle una serie de directrices.

¿Es algo novedoso lo que estamos diciendo? Le decía, le comentaba yo antes que esto ya se está haciendo en el País Vasco. Lo está haciendo el Gobierno vasco a través del servicio de mediación vasco hipotecario con el apoyo del Partido Popular. Es la única comunidad donde se está haciendo, prestando este servicio. Por cierto, el lunes -con gran éxito-, el lunes lo podrán ustedes ver en los medios de comunicación, en El Mundo y en El País -he elegido dos de diferente línea editorial-, donde en el País Vasco más del 70% de los créditos que se están dando están acogiéndose a este plan de mediación del Gobierno vasco.

¿En qué consistiría la mediación? Fácil, estudiar el inventario del activo y pasivo del deudor y, comprobado que este se encuentre en situación de sobreendeudamiento, la elaboración por profesionales de una propuesta de liquidación de la deuda adaptada a las posibilidades reales del afectado. En el supuesto de que se estuviera ejecutando, intentar por todos los medios intermediar con las entidades bancarias, a través de las medidas que aparecen desglosadas en esa enmienda, para dar una solución concreta a cada caso. Es individualizar las soluciones por las que está pasando cada una de las familias que se pudieran encontrar en esta situación.

Y también, y también habría que arbitrar fórmulas con el Colegio de Abogados...

El señor presidente: Tiene un minuto, don Manuel, para terminar.

El señor Fajardo Palarea: ...Colegio de Abogados y Procuradores e incluso podríamos seguir el ejemplo que tiene el País Vasco -vuelvo a citarlo, PSOE con, hasta hace poco, el apoyo del Partido Popular-, que tiene desde el año 95 un servicio de mediación que está conveniado con el Colegio Vasco de Economistas, en este caso sería el Colegio Canario de Economistas, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas y el Colegio canario de Titulados Mercantiles y Empresariales. Podríamos combinar abogados con personas de este perfil.

En la enmienda también nosotros consideramos que hay que hacer un reconocimiento a las personas, al movimiento llamado 15-M. ¿Por qué?, porque estos movimientos sociales han servido para concienciar a muchas instituciones, a muchos gobiernos, para que tomen medidas para estos asuntos, de ahí que ahí venga, con independencia de que -y no me voy a pelear por eso- la señora Aguirre lo tilde de movimiento, movimiento, agitadores profesionales alentados por el PSOE y los haya acusado de montar jaleo en la calle para que España se convierta en Grecia.

Ahí nuestra enmienda y espero que sea aprobada por el Grupo Popular, por el bien de todos los ciudadanos.

El señor presidente: Muchas gracias, don Manuel Fajardo.

Efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular, don Jorge Rodríguez, para fijar posiciones respecto a las enmiendas.

El señor Rodríguez Pérez: Muchas gracias, señor presidente.

Y con la brevedad que este turno me obliga, solo para posicionar a mi grupo parlamentario en relación con las enmiendas formuladas por los grupos enmendantes.

Señor Fajardo, se es muy valiente cuando se está en la oposición -digo en la oposición a nivel nacional-, porque mientras tuvieron ustedes la oportunidad desde el Gobierno de la nación no produjeron reforma alguna, por ejemplo, reduciendo los salarios de los directivos de las cajas y otorgando ayudas a las entidades bancarias, que lejos de aplicarlas a la facilitación de créditos a quienes realmente lo necesitaban se aplicaban a engordar los beneficios de dichas entidades.

Mire, podemos estar de acuerdo, con algunos matices, en cuantas consideraciones usted ha hecho esta mañana aquí y que ha plasmado de forma literal en la enmienda presentada, pero la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, señoría, es muy concreta, muy concreta. Yo creo, sinceramente, que se desvirtuaría y se desdibujaría del objetivo muy claro, muy definido y muy concreto que la propuesta trae consigo. Yo creo que los ciudadanos, los canarios, que están precisamente -en eso parece que estamos todos de acuerdo-, están sufriendo en sus carnes esta lacra de la crisis económica, en forma de riesgo de perder la vivienda, merecen que el Gobierno de Canarias dé una respuesta, y la respuesta es creación de un servicio específico de asesoramiento y de intermediación. Llámele usted a ese servicio "oficina de intermediación hipotecaria", llamémosle como queramos, pero que sea el Gobierno de Canarias quien, aprovechando la estructura que el Instituto Canario de la Vivienda le da dentro de la consejería del ramo, se ocupe de esta tarea, se ocupe de esta labor. No mezclemos esa otra tarea que corresponde al Gobierno de la nación de modificar las leyes vigentes para intentar, finalmente, que los problemas que estas familias padecen puedan ser resueltos con institutos, con fórmulas, como la dación en pago, etcétera. Eso pertenece a otra esfera de actuación, pertenece a otro nivel de la Administración, pero no a nosotros.

Lo único que queremos -y parece no haber dudas de que el Gobierno de Canarias tiene competencias para ello- es la creación de este servicio, especializado si usted quiere, con los convenios que se quieran por parte de ese servicio con los colegios de abogados precisamente para tener el asesoramiento oportuno, pero no mezclemos en la creación de este servicio cuantas consideraciones se han formulado esta mañana aquí, tanto con su explicación como las que están transcritas en la propia enmienda, porque sería de verdad desdibujar el objetivo concreto que se pretende. Los ciudadanos están esperando de nosotros un gesto, en este caso de sus gobernantes, del Gobierno, para la creación de un servicio que simplemente les informe, les asesore, primero, de las consecuencias que puede tener el impago de una hipoteca y, en segundo lugar, estando en esa situación, de la mediación, de que puedan de alguna forma ser asistidos ante la entidad bancaria para renegociar el préstamo hipotecario o resolver el contrato de la manera menos onerosa posible.

Es así de claro. Por tanto, permítanme que mantenga de forma íntegra el texto de la proposición no de ley y rechace, no por no estar de acuerdo con todo cuanto se haya dicho o se haya escrito, sino porque simplemente no es el objetivo concreto que pretende la proposición no de ley.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

El señor presidente: Muchas gracias, don Jorge Rodríguez.

Para fijar posiciones de grupo, Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel González Hernández.

El señor González Hernández: Gracias, señor presidente.

Yo voy a intentar ser breve. No voy a intentar repetir una serie de argumentos que se han oído aquí.

Todos, quizás, debemos saber cuál es el origen del tema, todos lo sabemos; y sabemos que es que el Código Civil, en el artículo 1.911, dice que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros. Esto hace que realmente la legislación hipotecaria no limita la responsabilidad a la hipoteca sino que sigue manteniendo en vigor el 1.911. Por lo tanto, el arreglar este tema con carácter hacia atrás es francamente difícil.

Yo creo que la iniciativa que ha tomado el Gobierno del Estado me parece una cosa razonable. Efectivamente, tiene unas limitaciones importantes pero es un intento de acercarse a un proceso en cierto modo mediante la mediación, es decir, realmente les establece unas características, el código de buena conducta... Porque yo creo que el problema fundamental ha surgido con que, cuando se han valorado las viviendas, se han valorado mal. Es decir, en una época de auge se valoraba por encima de su valor e incluso las que se valoraron por su valor -fueron pocas- se han depreciado en el mercado y, por lo tanto, a la hora de la ejecución se pueden adjudicar por el 50% de la valoración, y eso produce una enorme injusticia.

Tampoco las entidades financieras creo que tengan el menor interés en hacerse dueños de la vivienda. El problema es que las tienen que provisionar y ahora precisamente uno de los problemas graves que están teniendo es el tener una serie de viviendas... Por lo tanto, todo el ambiente es favorable a que haya un proceso de acuerdo y yo creo que es una sana iniciativa que el Gobierno de Canarias, que tiene unas estructuras de vivienda, se meta en el proceso e intente intermediar entre los ciudadanos y las entidades financieras. Que, insisto, los ciudadanos muchas veces desconocen las posibilidades que tienen y las entidades financieras sin duda están buscando una solución.

Yo creo que las enmiendas que se le habían planteado eran correctas, pero yo también entiendo que el texto del Partido Popular es perfectamente respetable y nosotros lo vamos a apoyar. Sin embargo, creo que debe haber algún error, porque en el tercer párrafo yo no entiendo exactamente lo que se quiere decir, porque dice: "interceder por las familias con dificultades de pago ante la entidad financiera acreedora, con la finalidad de renegociar un nuevo acuerdo por el regreso del préstamo hipotecario". Ahí evidentemente se quiso decir otra cosa, no sé si es para la renegociación del préstamo hipotecario. No sé lo que se quiso decir; desde luego lo que dice no tiene sentido.

Pero insistiendo, volviendo al tema, yo creo que la legislación hipotecaria de cara al futuro tiene que modificarse. Tiene que modificarse y permitir eso, que si una entidad financiera concede una determinada hipoteca con una valoración, pues, la tendrá que, cuando se adjudique, por el valor de la valoración y no tiene por qué perseguir al deudor. ¿Problema? Dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones, y es que, evidentemente, las entidades financieras van a subir evidentemente sus créditos y van a dificultar la concesión de hipotecas, porque ya no podrán acudir al resto del patrimonio del deudor y, por lo tanto, tendrán que limitarse a la propiedad. Pero, sin embargo, yo creo que eso clarificaría el mercado.

Pero, centrándome en el tema, yo creo, sinceramente, que es necesaria una mediación. ¿Y por qué es necesaria una mediación? Primero, la situación de las familias es algo francamente triste. Todos sabemos que, con razón o sin razón, todos los españoles estimamos que la vivienda es nuestro bien más básico, todos nos agarramos a ello. Y, por lo tanto, nadie, como aquí se ha dicho, deja de pagar una hipoteca si puede; si no la paga es porque no puede. Y, claro, con independencia de lo que dice la Constitución del derecho a una vivienda digna, es que no hace falta que lo dijera la Constitución. Todos sabemos que forma parte de la vida del ciudadano la posibilidad de tener una vivienda a su disposición y habría que buscar cualquier procedimiento que le permita mantenerla como mínimo, si no como titular, en uso, mediante un proceso de alquiler o similar. Todo eso, al haber dos voluntades, hace falta alguien que, con conocimientos, con experiencia y con medios, pueda intermediar entre ambos -entidades financieras y personas que han sido sometidas a un proceso hipotecario- y que evite los desahucios. Lo cual es la actividad más triste que pueda haber... Cuando todos asistimos a un movimiento popular de reacción contra los desahucios, es que está reflejando el sentimiento de todos nosotros. Nos guste o no nos guste, sea o no el procedimiento correcto o incorrecto, a todos nos parece mal que a una persona se le prive de su vivienda, que es la base de su vida y de su familia. Por lo tanto, el que el Gobierno de Canarias se implique en este proceso mediante una estructura de coordinación y de cooperación para buscar, durante la resolución de los conflictos, esta vía de conciliación yo creo que es un objetivo fundamental en el desarrollo de una sociedad moderna, una sociedad justa.

Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar la enmienda.

(El señor Rodríguez Pérez solicita la palabra.)

El señor presidente: Muchas gracias, don José Miguel.

Sí, don Jorge Rodríguez tiene la palabra.

El señor Rodríguez Pérez (Desde su escaño): Señor presidente, solo a los efectos de, efectivamente, suprimir del texto advertido por el señor González la expresión "por el regreso". No sé, ni siquiera yo me había dado cuenta de la incorporación de este lapsus que, o bien en la transcripción por parte de nuestro grupo o bien por los servicios de la Cámara, se ha introducido y nada tiene que ver con la frase del punto 2 del texto dispositivo de la proposición no de ley. De modo que la expresión "por el regreso" debe eliminarse. Nada tiene que ver con el contex to al que se refiere la proposición no de ley. Es decir, "renegociar un nuevo acuerdo del préstamo hipotecario".

El señor presidente: Sí, quitar "por el regreso".

El señor Rodríguez Pérez (Desde su escaño): Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

El señor presidente: Aclarado.

Señorías, por favor, ocupen sus escaños. Vamos a votar. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre el servicio de asesoramiento sobre la deuda hipotecaria y mediación con las entidades financieras. Se va a votar la proposición no de ley como está, con una corrección gramatical que todas sus señorías conocen porque se ha hecho ahora mismo. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 52 presentes, 52 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Aprobada por unanimidad.