Diario de Sesiones 41, de fecha 12/6/2012
Punto 6

· 8L/PO/P-0445 Pregunta urgente, del señor diputado don Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los autos del Tribunal Supremo que desestiman la nulidad del real decreto que autoriza las prospecciones petrolíferas en aguas territoriales de España, dirigida al señor presidente del Gobierno.

El señor presidente: Última pregunta al señor presidente del Gobierno: del señor diputado don Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario Mixto, dirigida al señor presidente del Gobierno.

Don Fabián.

El señor Martín Martín (Desde su escaño): Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, señorías, muy buenos días a todos.

¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias ante los autos del Tribunal Supremo que desestiman la nulidad del real decreto del Gobierno que autoriza las prospecciones petrolíferas en aguas territoriales de España, próximas a las costas de Canarias, y qué medidas piensa llevar a cabo para frenar estas prospecciones petrolíferas?

El señor presidente: Muchas gracias, don Fabián.

El señor presidente del Gobierno, don Paulino Rivero.

El señor presidente del Gobierno (Rivero Baute) (Desde su escaño): Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado.

Antes decía que los defensores del "no al petróleo" tenemos ganada la batalla, especialmente en las islas más afectadas -en Lanzarote y Fuerteventura-, la batalla política, la batalla institucional y la batalla social. La batalla jurídica está en sus primeros escarceos, no hace sino comenzar, y será una larga batalla, la jurídica. Entre otras cosas, entre otras cosas, porque todavía no se ha entrado en el fondo del contenido del real decreto que autoriza las prospecciones.

Las acciones que va a emprender el Gobierno de Canarias serán las siguientes en la secuencia de los próximos meses. Esta semana presentaremos una queja formal ante la Comisión Europea desde la base de la vulneración de la normativa europea, en concreto con la Directiva Hábitat en lo que significa el artículo 6.3. Estamos a la espera de la remisión del expediente del Supremo. El Gobierno de Canarias tiene 20 días a partir de la recepción del expediente para plantear una demanda contra el fondo de la decisión del Consejo de Ministros de la aprobación del real decreto, cuestión que de momento no ha entrado en el Supremo, sobre la base de dos cuestiones de vulneración de la Ley de Hidrocarburos. En primer lugar, porque el real decreto aprobado por el Gobierno, desde la posición del Gobierno entendemos que vulnera claramente la Ley de Hidrocarburos en lo que se refiere a los plazos para la caducidad -la Ley de Hidrocarburos fija que los plazos para la caducidad de las autorizaciones culmina a los seis años-. Hay que tener en cuenta que la autorización se concede en el año 2001, supera ampliamente los diez años. Y en segundo lugar, el segundo aspecto de la vulneración de la Ley de Hidrocarburos tiene que ver con abortar, en una decisión unilateral para beneficiar una empresa, que pueda haber competencia, concurrencia, en lo que significa la exploración y posterior explotación de los recursos si los hubiera.

Por lo tanto, estas dos decisiones las pondremos en marcha de forma inmediata y no vamos a parar hasta lograr que el petróleo que está en torno a Canarias, si lo hubiera, no sea extraído por una empresa privada y, por lo tanto, no ponga en riesgo, no ponga en riesgo, el bienestar de los canarios. De nuevo la coyuntura no nos puede llevar a equivocarnos como en su día ocurrió con la...

El señor presidente: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno, don Paulino Rivero.

Don Fabián, don Fabián Martín, tiene la palabra.

El señor Martín Martín (Desde su escaño): Muchas gracias, señor presidente.

Hace apenas una semana todos los canarios supimos que los autos de fecha de 4 de junio y 5 de junio del Tribunal Supremo desestimaban los recursos interpuestos en contra del Real Decreto 547/2012. Tanto la publicación de este último como el sentido de las dos primeras sentencias vuelven a incidir en dejar al descubierto lo que todos los canarios admitimos que fue un engaño: la Ley de Aguas Canaria. Aun cuando es una vieja reivindicación nacionalista, tanto el fondo como las formas, presidente, evidencian que su malogrado intento no surtió efecto ni jurídico ni político ni mucho menos social.

Dejando este capítulo a un lado, nos encontramos en un momento en el que la mayoría de los canarios se pregunta: si la Ley de Aguas es una farsa y los tribunales de justicia no nos dan la razón, ¿cuál es el camino que le queda al Gobierno de Canarias? En sus palabras, señor presidente, empieza una batalla dura, larga y apasionante aunque los primeros escarceos jurídicos se hayan perdido. Permítame hacer un par de reflexiones. Primero, ¿puede llamarse escarceo a una sentencia en firme del Tribunal Supremo? Segundo, ¿con qué elementos cuenta usted para garantizar y reconocer, como ha hecho públicamente, que esta pelea se va a ganar en todos los aspectos? Tercero, ¿ha sido el sentido de esta sentencia del tribunal español el primer gran éxito de este Gobierno que justifique alguno futuro?

Una última reflexión. El PIL acompañó al Gobierno de Canarias en la manifestación en contra del petróleo, y lo hizo porque entiende que no se puede dejar a Canarias más que con el riesgo de un aprovechamiento de recursos naturales, que no se sabe si incidirá sobre riqueza, generación de empleo o infraestructuras a esta tierra. En eso coincidimos, pero, con todo ello, ¿existe alguna forma de garantizar algún beneficio sin recurrir, so riesgo de continuo fracaso, a los tribunales? O dicho de otro modo: ¿cabe la más mínima posibilidad de que sentándose Gobierno de España y Gobierno de Canarias se pueda llegar a un entendimiento y acuerdo de aprovechamiento de las explotaciones?

Muchas gracias, presidente.

El señor presidente: Muchas gracias. Muchas gracias, don Fabián.