Diario de Sesiones 45, de fecha 26/6/2012
Punto 25

· 8L/C-0457 Comparecencia del Gobierno -consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda-, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre aplicación de la Ley de Dependencia en 2011.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): A la vista del pronunciamiento de la Junta de Portavoces, vamos a continuar con una comparecencia más.

Tiene la palabra el Grupo Popular, sobre la Ley de Dependencia.

La señora Pérez Batista: Buenas tardes. Señor presidente, señorías.

Las políticas en servicios sociales son, sin lugar a dudas, una prioridad para el Gobierno del Estado. Prueba de ello es que en los Presupuestos Generales del Estado el presupuesto del Imserso, donde se encuentran consignados los créditos de la dependencia, se ha reducido para este ejercicio económico 2012 solo un 5%, destinándose, por tanto, la cantidad de 1.407 millones de euros para la atención a la dependencia. Sin embargo, señora consejera, el mayor desarrollo de la Ley de Dependencia no solo tiene que ver con el mayor esfuerzo económico sino con formas de organización y gestión eficientes, así como la lógica implicación de las corporaciones locales.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que el Estado lleva haciendo durante esos años en materia de dependencia, Canarias no aplica las prestaciones y servicios que la Ley de Dependencia plantea, poniendo, señorías, a los ciudadanos en una situación de desigualdad con respecto a otras comunidades autónomas.

Ya en el año 2010, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales hacía afirmaciones muy serias y graves contra el Gobierno de Canarias. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales llegó a decir que el Gobierno de Canarias hacía caja con el dinero de los dependientes. Es más, la citada asociación llegó a manifestar -y lo digo textualmente- que por cada dependiente atendido el Ejecutivo de Paulino Rivero se quedaba con 849,37 euros al año.

Por otro lado, el VII Dictamen del Observatorio de la Dependencia establecía que Canarias, en el año 2011, obtuvo la nota más baja de España en la aplicación de la Ley de la Dependencia, con 0,5 puntos sobre 10.

Igualmente, en el citado dictamen se decía -y vuelvo a citar textualmente-: "Canarias no solo no ha realizado aportación alguna sino que podría estar generando ingresos extraordinarios por la aportación estatal para lo que debería ser y no es, atención a personas en situación de dependencia".

Señora consejera, el objeto de esta comparecencia no es solicitar su dimisión o destitución, como solicitó por nueve veces su actual compañera de Gobierno, Francisca Luengo, del Partido Socialista, sino que usted explique a todos los canarios cómo durante los cinco años de vigencia de la ley Canarias es la comunidad autónoma que año tras año está a la cola de la Ley de Dependencia.

Usted en estos cinco años ha justificado la mala aplicación de la ley utilizando varios argumentos. Uno de ellos es la estructura competencial de nuestra comunidad autónoma, alegando que corresponde a los cabildos insulares la gestión de la Ley de Dependencia y que los servicios prestados por los cabildos no están contemplados en las estadísticas del SAAD-Imserso. Sin embargo, en estos cinco años, señora consejera, debería haber sido una prioridad del Gobierno la inclusión de estos servicios para dirimir si la aplicación de la ley en Canarias es nefasta o simplemente está mal gestionada.

Señora consejera, usted ha reconocido, es cierto que no expresamente pero sí tácitamente, la descoordinación interadministrativa existente entre el Gobierno de Canarias y las corporaciones locales de nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, en estos cinco años no ha sido capaz de articular un sistema de gestión eficiente y que los servicios prestados por los cabildos se reconozcan a los efectos de aplicación de la ley.

Otro de los argumentos que usted esgrime para defender su gestión es la convergencia de dos sistemas vigentes en la estructura asistencial canaria. Por un lado, el sistema de la autonomía y atención a la dependencia derivada de la aplicación de la ley y, por otro lado, los planes sectoriales sociosanitarios de personas mayores dependientes y de atención a la discapacidad. Y, sin embargo, ha pasado ya mucho tiempo para que el Gobierno de Canarias haya sido capaz de articular y de armonizar ambos sistemas, como han hecho ya otras comunidades autónomas. Sin embargo, permítame decirle que sigo sin entender qué tiene que ver la descentralización en la gestión de la ley a los cabildos insulares, la convivencia de los dos sistemas de gestión asistencial, con que Canarias sea la comunidad autónoma que más lenta es en lo que respecta a la tramitación de las solicitudes, que tiene como objetivo final el reconocimiento de la prestación.

Por otro lado, señora consejera, entendemos que la Ley de Dependencia es un instrumento para la generación de empleo y nos gustaría conocer cuántos puestos de trabajo ha creado esa Ley de Dependencia en Canarias en el último año.

Señora consejera, la única intención del Grupo Popular con esta comparecencia es que usted explique la realidad y los avances, si los hay, en la mejora de la aplicación...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias. Muy bien, señora diputada.

Señora consejera, tiene la palabra.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

De nuevo comparece el Gobierno, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para informar sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias, que, como ustedes saben, no me voy a cansar nunca de explicar una y otra vez. Supongo que, tal como ha pasado en el Estado, que la Ley de Dependencia ha ido pasando por distintos ministerios, pues, aquí nos está pasando que también va pasando por distintas personas del Parlamento y cada vez será una oportunidad para explicar a esa persona especialmente, pues, cada una de las situaciones. Por lo tanto, una vez más consideramos una oportunidad.

Vamos a ver lo siguiente, señoría: ¿usted cree que de verdad se puede empezar esta comparecencia diciendo "para el Estado son una prioridad las políticas sociales en general, que no le voy a dar el listado, pero la Ley de Dependencia en particular?". "Sí, pues sí": entonces prácticamente deberíamos dejar de hablar por lo menos para el Grupo Popular, porque no lo van a entender. No es que en el Estado hayan recortado en un 5 o en un porcentaje, aunque fuera el 50; no, no, es que ha desaparecido la partida, la han eliminado. 283 millones de euros eliminados, no bajados en un 5%.

Y además, creo que lo he explicado pero lo vuelvo a repetir, la financiación de esta ley se hace por dos vías o de dos formas: el nivel acordado, que es el que acabo de comentar, 283 millones de euros desaparecidos. No hay nivel garantizado... perdón, vuelvo a decir, el acordado. Y también el nivel mínimo garantizado, que este es una cantidad que podríamos discutir, eso será a posteriori, que será una cantidad que el Estado debe dar a la comunidad autónoma por cada persona dependiente, según el grado y nivel, que incorpore por supuesto al sistema. ¿Y saben ustedes qué ha pasado, señorías? Que eso suma alrededor de 1.500 millones de euros: hoy el número de personas que en España están recibiendo una prestación en el marco de la Ley de Dependencia. Si el Estado ha puesto ese dinero, supone que no habrá ni una persona nueva más porque no ha presupuestado dinero para una persona más. Pero es que además lo que ha hecho es cortar el nivel acordado para precisamente, que es lo que gestiona toda la estructura para incorporar a las personas, lo ha eliminado, con lo cual se garantiza que no se pueda incorporar a personas; es decir, la jugada es perfecta.

Previamente a eso, se ha sacado un real decreto, que ustedes también conocen, en el que se dice que las personas dependientes que tuvieran derecho a entrar este año en el marco de la ley, pues, que no van a entrar este año. Y suma y sigue. Porque no voy a ser yo, va a ser la ministra la que diga en los próximos días cuáles son las decisiones, nuevas decisiones, que va a tomar sobre la Ley de Dependencia.

Pero, señoría, vamos a explicar lo siguiente. El artículo 16 de la ley dice que prioriza una serie de servicios para las personas dependientes, ¿vale? El artículo 16 dice que los servicios son las residencias, los centros de día... que ya conocemos; y el artículo 16 dice, porque no construyó la ley ningún centro de día ni ninguna residencia, como todos a estas alturas ya sabemos, dice que los recursos que tiene la comunidad autónoma, esos son los recursos de la ley.

¿Y qué recursos tiene y tenía la comunidad autónoma cuando entra en vigor la Ley de Dependencia? ¿Empezamos a construirlos en ese momento? No, en Canarias se dan cuatro situaciones distintas como mínimo. En grandes bloques: el Plan Gerontológico. Es un plan de residencia para mayores, creado por el Estado, y que cofinanciaba el Gobierno de Canarias con el Estado. Ese el Estado lo desapareció. Pero ahí tenemos unas residencias de mayores que Canarias en solitario ha tenido que hacerles frente. Siguiente infraestructura: servicio 90, una serie de residencias, también de mayores y de centros de día, construidas en los años 90, y que también se gestionan de una determinada manera, en este caso Gobierno de Canarias y algunos cabildos, según tuvieran las competencias transferidas o no. Siguiente modelo, años 2000, planes sociosanitarios de Canarias. Y aquí, señorías, este es el anticipo, no, esta es la verdadera Ley de Dependencia, parece mal copiada del Estado a la canaria. Y después también están las residencias municipales, que han construido los distintos ayuntamientos y que gestionan ellos, también con ayuda y con financiación del Gobierno y también de los cabildos y fuera del marco de los planes sociosanitarios. Ese es el artículo 16, señorías. En Canarias un galimatías importante.

¿Qué hace Canarias en ese momento? Porque además todo esto gobernado, dirigido, con distintas normativas, que además hay que ir adaptando a la nueva del Estado. Con una forma de acceso, con una forma de acreditar los centros, con una serie de servicios que dan los mismos, con unas ratios, con unos baremos que en el caso de Canarias se llamaban, a las personas que ahora son grandes dependientes hasta hace tres días en Canarias se llamaban "de alto requerimiento"; a las personas que ahora la ley dice que son dependientes severos en Canarias las llamábamos "de medio requerimiento" y a las que la ley dice ahora que son "dependientes moderados" en Canarias las llamábamos "de bajo requerimiento". ¿Y qué es eso del requerimiento, señorías? Nosotros hablábamos de requerimiento según tuvieran necesidad sanitaria de mayor nivel, medio o bajo. De la parte sanitaria la Ley de Dependencia se olvidó de ella. Nosotros en toda esta situación dijimos, acordado con los cabildos, que no íbamos a obviar la parte de sanidad en nuestras residencias. Saben ustedes que después el Estado reconoció esa falta y está escribiendo ahora -no sé si este Gobierno ha continuado escribiendo o el libro se ha quedado tan blanco como empezó- el Libro Blanco sociosanitario de España, en el que, como saben, Canarias estaba participando de forma muy intensa, porque somos la única comunidad que tiene ese modelo de gestión.

Bien. Señorías, con esa situación, además, el Gobierno de Canarias con los cabildos tenía también una planificación de construcción de infraestructuras. Y se estableció desde el año 2000 una primera fase para la construcción de infraestructuras, porque eran insuficientes ya en aquel momento, y una segunda fase que no llegó a producirse porque entró por el medio la Ley de Dependencia, además de la crisis, y paralizó la situación. En la primera fase se construyó toda una serie de infraestructuras en toda Canarias, que solo en la legislatura pasada, señorías, incorporamos algo más de 2.000 plazas en toda Canarias, inaugurando distintos centros, que si alguien está interesado, pues, podría empezar a relatar en cada una de las islas y que además la proponente de esta comparecencia conoce bien, por lo menos las de una isla, las de la isla de Lanzarote.

Además esta situación, esta forma de gestionarnos en Canarias es absolutamente descentralizada; es decir, el Gobierno financia, cofinancia con los cabildos, los cabildos gestionan; los cabildos y el Gobierno construyen al 50% y el Gobierno de Canarias con dos patas -política social y sanidad-, con los cabildos, mantiene el sostenimiento de esas plazas y de esa atención a las personas dependientes. Lo mismo para las personas con discapacidad. En estos momentos, públicos en Canarias, tenemos 127 centros para la atención a la discapacidad en Canarias y algo más de 58 centros, residencias de mayores y centros de día para la atención precisamente a las personas mayores.

Y en Canarias sus planes se vencían en el año 2009 uno y en el año 2010 el otro. La Ley de Dependencia entra en vigor en el año 2007 y aquí empieza el choque de competencias y ya ustedes me han oído más de una vez que logramos un acuerdo con el ministerio para que no engrosáramos nuestros planes y cuando se acabaran nuestros planes entrábamos, desde luego, ya de lleno en la Ley de Dependencia. Pero, previo a eso, el Gobierno con los cabildos y los ayuntamientos hizo todo un trabajo de planificación para que antes del 2015, que es el plazo que nos da la ley para tener incorporado el 100% de la misma, pudiéramos llegar a la situación, señorías, en la que estamos hoy. Hoy estamos en la siguiente situación: en estos momentos estamos firmando con los siete cabildos convenios históricos, por primera vez, después de los años 2000, por primera vez un convenio para la dependencia. Ya no es para discapacidad y para mayores; no, no, no, para la dependencia, donde entra discapacidad y mayores. Todo en uno, de tal manera que antes del 2015, como me han oído más de una vez, vamos a culminar nuestro sistema.

Cuando hablamos de todo esto, además...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Un minuto.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Todo esto ya va encajado -gracias, señor presidente-, ya va encajado en que no vale solo así, habría que ir modificando -como hemos hecho- toda la normativa canaria, derogándola y convirtiendo -que el otro día cuando hablábamos de las inspecciones de los centros ya la mencionábamos- toda la normativa canaria, para que también todo esté ya volcado en el sistema de atención a la dependencia, que en Canarias ya no va a ser ni el PCAD ni el PAD. Se va a llamar, como saben, el Sicad -Sistema Canario de Atención a la Dependencia-.

Estamos, señorías, ya en ese momento y creo que eso es lo que realmente importa, que tenemos más de 40.000 personas en estos momentos recibiendo algún tipo de servicio o prestación económica. Que, por cierto, es lo único que nos diferenció de la ley estatal con el sistema canario. Nosotros no pagábamos una cantidad de dinero a una persona familiar que cuidara a una persona dependiente en casa. Eso no lo hacía el Gobierno de Canarias...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señora consejera.

Por los grupos no proponentes, el Grupo Mixto.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados.

Yo, señora consejera, tengo que decirle que espero que los futuros diputados que ocupen la portavocía de políticas sociales en esta Cámara, y si tienen el honor de estar aquí y usted siendo consejera, no tengan que volver a instar a esta consejería para mejorar la aplicación de la Ley de Dependencia. Lo digo por eso de que parece que usted se toma con heroicidad y estoicidad el tener que repetir.

La verdad es que no es, no es grato seguir insistiendo en este hecho. Yo no me voy a referir al VIII Dictamen porque se ha cuestionado aquí su validez, pero hay datos que son oficiales, los datos del SAAD. Si analizamos los cinco últimos meses Canarias ha incorporado al sistema, de manera efectiva, es decir, personas que realmente reciben la prestación, un servicio o una prestación económica, 74 personas. Esto además tiene consecuencias en la financiación de la ley, porque el Estado paga por personas que efectivamente reciben la prestación y penaliza lo contrario. Ya nos penalizó el año pasado con 1,8 millones de euros por no haber incorporado a más personas al sistema.

Los datos de su propia consejería también nos generan preocupación objetivamente, son datos objetivos. De las casi 19.000 personas que hoy esperan, que están dictaminadas, que tienen reconocido el grado y el nivel pero que no tienen resuelto el PIA, tenemos solo 13.000 personas, 13.834, que reciben la prestación. Creemos que es una cantidad exigua. Que 19.000 personas tengan un derecho reconocido y no reciban la prestación yo creo que es motivo para preocuparse, para ocuparse y para estar continuamente cuestionando qué tenemos que hacer para acelerar la mejora en la aplicación de la misma.

Yo me refería esta mañana al informe del Diputado del Común. Las quejas son insistentes. Denuncia el Diputado del Común que los ciudadanos hablan de 30 meses de espera, 30 meses esperando por el PIA, y de eso no podemos responsabilizar al Gobierno del Estado, señora consejera.

Por tanto, sí entendemos que esta cuestión produce una auténtica indefensión y produce unas desigualdades territoriales que deben hacer que usted, como máxima responsable, se siente con los equipos técnicos de la consejería para revisar y evaluar las políticas. Revisar y evaluar las políticas no es reconocer ni un fracaso ni una debilidad. Yo, sinceramente, creo que tenemos en Canarias un problema de falta de cultura de evaluación. Si no nos vale lo que dice el SAAD, si no nos vale lo que dice el informe de los gerentes y directores de Trabajo Social, de ámbito estatal, ¿qué mecanismo utiliza la consejería?, ¿qué mecanismo de evaluación objetivo para evaluar la aplicación de la Ley de Dependencia se utiliza en la consejería?

Yo voy a insistir en la necesidad de que ponga en marcha la propuesta de este Parlamento por unanimidad, que le instó a usted a agilizar la mejor aplicación de la ley, a acortar los plazos y a descentralizar la aplicación de la misma. Fue un acuerdo unánime, todo el Parlamento le instó a tomar esa iniciativa y...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, doña Carmen Rosa.

Tiene la palabra el Grupo Socialista.

Señora Jerez, tiene la palabra.

La señora Jerez Padilla: Señor presidente, señorías: muy buenas tardes.

Señora consejera, es obvio que salir de los puestos últimos y hacer caso de las recomendaciones dadas por el Diputado del Común debe ser uno de los objetivos fundamentales de su consejería para atender adecuadamente a los dependientes de Canarias. Pero va a ser una meta difícil para usted, y se lo digo cuando tenemos un Gobierno central que, a golpe de decreto, está cambiando cuestiones fundamentales de la vida de cada ciudadano. Por la puerta de atrás, el PP ha colocado unos recortes tremendos en lo que significan los servicios sociales y la Ley de Dependencia. Han quitado de un plumazo, como usted bien decía, 283 millones de euros del nivel acordado de la ley. Así que podemos estar en el principio del fin de la ley, afectando además a miles de empleos.

Este Gobierno del Partido Popular, señora consejera, ha decidido dejar la ley en vía muerta. Estoy convencida de que no quieren que la ley siga desarrollándose, ya que el trato que se está dando a los dependientes deja mucho que desear por este Gobierno. Es de cínicos poner como pretexto la crisis para ahorrar en las personas que lo necesitan para su desarrollo vital y hay personas que no pueden por sí mismas comer o vestirse y que no están recibiendo ninguna asistencia porque la ley se ha suspendido o se va a suspender.

Señorías, estamos ante un drama humano, porque los servicios sociales, señora consejera, y la atención a los dependientes tienen rostro humano, y de eso no nos podemos olvidar. No son simples cifras en los Presupuestos, que es lo que piensan muchos, señorías, sino que son personas a las que les está afectando y a las que estamos perjudicando. Mire, y digo esto, señora consejera, con razón de causa. Mire, veo todos los días a familiares míos, amigos y personas de mi isla que, por una razón u otra, están esperando por esta ley ahora mismo y ahora, cada día tienen menos esperanza de que se la den. Solo y llanamente porque hay políticos que quieren hacer tabla rasa, señora consejera, tabla rasa, y empezar desde cero con esta ley. Con lo cual, señora consejera, yo creo que va a ser muy difícil que usted ponga a Canarias donde tiene que estar, porque lo que le viene encima con el presupuesto del Partido Popular y nada es igual.

Nada más.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señora Jerez.

Por parte de Coalición Canaria, señora Pulido Rodríguez.

La señora Pulido Rodríguez: Gracias, señor presidente. Señorías.

Empiezo diciendo una vez más que me resulta sorprendente y atrevido que sea el Partido Popular el que vuelva a solicitar una comparecencia para que se informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia. Y tiene que sorprendernos, señoría, porque en este país de la mentira, en el que algunos dicen una cosa y hacen totalmente la contraria, nos encontramos con que los que recortan y nos imponen los recortes, los que desmantelan el Estado del bienestar y en consecuencia se cargan la Ley de Dependencia, son los mismos que vienen aquí a pedirnos explicaciones a los demás.

Y si analizamos lo que han hecho en tan solo siete meses de Gobierno, se desprende claramente que el desarrollo de esta ley no es precisamente una de las prioridades del PP y a las pruebas me remito: primero impiden la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema de atención a la dependencia; luego continúan con la eliminación de la partida, como había dicho la consejera, de 283 millones de euros destinados a su financiación y hace apenas unos días el secretario de Estado de Políticas Sociales e Igualdad avanzó que se está revisando la ley en busca de hacerla sostenible. Miedo nos da, señorías, que una vez más, detrás de este vocablo, se esconda una nueva mentira y vuelvan a hacer lo contrario de lo que dicen y el sostenible se convierta en más recortes. Saldremos de dudas en los próximos días, pues hay previstas diversas reuniones en el ministerio para preparar el consejo territorial en el que se planteará la reforma de la ley, con el objetivo de que la modificación se apruebe por real decreto el próximo mes.

Por tanto, con apenas seis años de desarrollo de esta ley, el PP se plantea reformarla y recortarla y esperemos que no sea el principio de una muerte anunciada.

En el caso de Canarias, lejos del estereotipo descalificador que se ha querido crear en torno al sistema de atención a la dependencia, tenemos que reafirmar una vez más lo injusto de esas críticas, fruto tanto del desconocimiento de su verdadera entidad y peculiaridades, entre otros del papel jugado por los cabildos, como de lo correcto de las cosas, que con el esfuerzo, a pesar de las dificultades, que se ha hecho aquí, esfuerzo que nos ha permitido atender a 50.000 personas, de las cuales unas 40.000 son atendidas por nuestro propio sistema de atención a la dependencia. Esta es la realidad, aunque no salgan en las estadísticas del Estado.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señora Pulido.

Tiene la palabra la proponente.

La señora Pérez Batista: Señorías, yo desde luego, antes de empezar con mi segunda intervenci ón, quiero decir que no salgo de mi asombro: ¡es de una desfachatez y de una indignidad política lo que ustedes han planteado!

Miren, señores socialistas, no he sido yo quien ha pedido la dimisión nueve veces de la consejera de Bienestar Social ni el Partido Popular, han sido ustedes. Doña Francisca Luengo, que además ahora es compañera de la señora Inés Rojas, pidió nueve veces, nueve veces, la dimisión por inepta e ineficaz. Es más, decía el 14 de abril de 2010 que a su consejería no la deberían llamar de Bienestar Social sino de "sufrimiento social", señora consejera.

Respecto a usted, mire, los principales recortes presupuestarios los ha hecho el señor Zapatero mediante un real decreto, señora consejera, que se hace, que es el Real Decreto 8/2010, de 20 de mayo. ¿Y sabe qué pasa? Que los reales decretos se convalidan en el Congreso de los Diputados. ¿Y sabe qué?: el Partido Socialista no tenía mayoría absoluta, con el apoyo siempre e incondicional de Coalición Canaria, señora consejera. Señora consejera de Coalición Canaria, los primeros recortes en materia presupuestaria para la dependencia los hicieron ustedes apoyando al Partido Socialista en el Real Decreto 8/2010.

Señora consejera, señorías, la comunidad autónoma canaria ha obtenido una calificación de muy deficiente en el desarrollo del sistema de dependencia al registrar una puntuación de 2,1, la segunda más baja de España según el IX Dictamen del Observatorio de la Dependencia presentado este mes de junio. A fecha junio del 2012 Canarias ha tramitado la solicitud de 38.575 personas, lo cual representa apenas un 1,81% de la población. Por poner un ejemplo, tenemos calificadas las mismas solicitudes que Asturias, que tiene la mitad de la población que Canarias. En lo que respecta a dictámenes, solo 30.000 personas cuentan con un dictamen de la comunidad autónoma reconociéndoles algún grado de dependencia, y eso que en el año 2007 estimaban tener alrededor de 40.000. Canarias vuelve a ser por quinto año consecutivo la comunidad autónoma que menos dictámenes emite en relación a las solicitudes presentadas, pero es que en la fase de reconocimiento de la prestación, a fecha junio de 2012, los datos son, señora consejera, desoladores. La comunidad autónoma canaria ha reconocido el derecho a recibir una prestación con arreglo a la Ley de Dependencia a 11.083 canarios. La media nacional de personas dependientes que esperan por una prestación en el Estado es tan solo del 28%; en Canarias, por única y exclusiva competencia del Gobierno de Canarias, un 56% de personas dependientes aún sigue esperando.

Siento muchísimo, señora consejera, que respecto a la gestión que se ha hecho en Canarias de la Ley de Dependencia no pueda usted excusarse en los recortes del Estado, echar la culpa al Partido Popular, a Mariano Rajoy, a Merkel. La única responsable es usted, su Gobierno, desde el año 2007 al año 2012. Tenemos, señora consejera, los peores datos de toda España.

A efectos comparativos. Mire, usted faltó a la verdad antes a la pregunta de la diputada del Grupo Mixto cuando usted dice que no había ninguna comunidad autónoma que había aprobado. No es cierto. Mire, Castilla y León es la comunidad autónoma que mejor nota saca en la aplicación de la Ley de Dependencia en toda España, obtiene una puntuación del 9,5%, mientras que en Canarias la puntuación es del 2,1, en la aplicación de la ley. Es la comunidad autónoma que peor gestiona la Ley de Dependencia. En Castilla y León, señora consejera, el 94% de las personas dependientes con derecho a prestación ya la reciben, mientras que en Canarias no llegan al 30%. A título de ejemplo, Castilla y León destina a prevención y autonomía personal el 10% de los fondos; Canarias, el 0%. Mientras Castilla y León destina un 12% a la ayuda a domicilio, Canarias, según el IX Dictamen del Observatorio de la Dependencia, destina un 0%. Mientras que Castilla y León destina un 5% a teleasistencia, Canarias destina un 0%. Y respecto a las prestaciones vinculadas a un servicio de aplicación de la ley, que son los que realmente crean empleo, Castilla y León destina el 20%, mientras que Canarias el cero. Digo, reitero, todo esto según el IX Dictamen del Observatorio de la Dependencia.

Señora consejera, las mejores comunidades, las comunidades autónomas mejor puntuadas son aquellas que priman un sistema profesional de atención a la dependencia y, cuando las circunstancias lo requieran, lógicamente se deberán establecer ayudas familiares.

Pero, mire, no solo vamos a comparar a Canarias con la comunidad autónoma que mejor gestiona la Ley de Dependencia, vamos a compararla con otra comunidad autónoma que va, al igual que Canarias, a la cola en la aplicación de la dependencia, Baleares. Baleares es una de las comunidades autónomas que gestiona mal la Ley de Dependencia, eso sí, mejor que Canarias. Baleares tiene un millón de habitantes menos que Canarias y, sin embargo, fíjense, tiene reconocida la prestación a 10.400 dependientes, mientras que Canarias, con un millón de habitantes más, solo tiene reconocida la prestación a unos 11.000 dependientes aproximadamente; o sea, apenas 1.000 dependientes más. Y ello, señora consejera, con una estructura de descentralización a favor de los concells, muy parecido a lo que pasa en Canarias, con menos población y, señora consejera, con menos recursos. Pues Baleares también le ha ganado a Canarias en puntuación respecto a la aplicación de la ley.

Señora consejera, en Canarias la gestión tercermundista en la aplicación de la ley nos ha colocado en los últimos cinco años -decía- en la cola de la aplicación de la ley y solo hay unas víctimas, las víctimas son nuestros dependientes.

Por otro lado, señora consejera, quería hablar de... recordando ahora la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales aprobada, que aprobaron ustedes el viernes pasado. Supone la subida del IGIC en el tipo reducido del 2% al 3% y que supone el encarecimiento de determinados servicios -que no nos debe importar mucho porque, como casi no tenemos...-, que pueden ser la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día y de noche y la asistencia residencial que se presta en plazas concertadas. Esa subida impositiva no la ha hecho el Gobierno del Partido Popular, la ha hecho Coalición Canaria y el Partido Socialista en Canarias.

Resultado de la aplicación de la ley, señora consejera, en estos cinco años: muy deficiente al Gobierno de Canarias y muy deficiente a la consejera de Bienestar Social, y no lo dice el Partido Popular, lo dicen en el Imserso.

Una última reflexión. Usted manifestó, a pregunta del Grupo Mixto, que la ley hace aguas, y eso lo viene usted diciendo y se lo vengo oyendo decir desde el año 2010, pero, mire, señora consejera, la ley es igual para todas las comunidades autónomas y, sin embargo, usted sigue sin asumir que el resto de las comunidades autónomas con la misma ley gestiona mucho mejor que usted y este Gobierno la aplicación de la ley.

Y, por otro lado, decirle que el IX Dictamen del Observatorio de la Dependencia señala que Canarias es la comunidad autónoma que menos dictámenes emite respecto a las solicitudes planteadas y, que yo sepa, es el Gobierno de Canarias el que emite los dictámenes, por lo que no se esconda ni se escude en la descentralización ni en los cabildos insulares. Usted solo conoce dos responsables de su ineptitud: o el Gobierno del Estado o los cabildos insulares.

Por último, señora consejera, no olvide que detrás de esas 38.000 solicitudes hay personas necesitadas, hay personas desprotegidas, por lo que le exigimos que de una vez por todas se implante un sistema de gestión eficaz, una coordinación interadministrativa eficiente y, por último -y lo más importante-, que se agilicen los procedimientos administrativos y la gestión en el reconocimiento de la prestación a nuestros dependientes.

Muchas gracias.

(El señor Perestelo Rodríguez solicita intervenir.)

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señora diputada, doña Astrid Pérez.

¿A efectos de qué es, señor Perestelo?

El señor Perestelo Rodríguez (Desde su escaño): Señor presidente, creo que la señora Pérez ha dicho una inexactitud sobre la actitud de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados.

Perdón, señor presidente, señora Pérez, amiga Astrid...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Tiene un minuto, señor Perestelo, para aclarar si efectivamente se ha producido inexactitud.

El señor Perestelo Rodríguez (Desde su escaño): Sí.

Señora Pérez, lo digo no a efectos de su conocimiento, que sé que los tiene, lo digo a efectos del Grupo Popular, para aclarar una inexactitud que se viene repitiendo Pleno tras Pleno, debate tras debate: Coalición Canaria no apoyó ese real decreto. Y no lo digo como mérito, no lo digo como mérito. Ojalá el Partido Popular hubiera tenido la misma responsabilidad que Coalición Canaria. Seguro que Rajoy lo agradecería hoy y, mucho más, los ciudadanos de España.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señor Perestelo.

Tiene la palabra la señora consejera.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, señor presidente.

Señorías, y señora Astrid Pérez, es cierto, muy cierto, que el Partido Socialista cuestionó muchísimo la gestión del Gobierno y mi gestión particular, la cuestionó muchísimo, y me costó también tener que ir explicándole. La diferencia está en que, mientras el Partido Socialista hoy se ha ido dando cuenta, ha conocido, ha visto la realidad (Risas en los escaños.), en aquel momento ustedes... Un momento, un momento, que van a tener que reírse pero con motivo. Cuando el Partido Socialista cuestionaba mi gestión, ustedes aplaudían lo contrario y apoyaban mi gestión (Rumores en la sala.) Porque cuando se está... Señorías, de verdad, porque es que a veces digo: ¿realmente no lo entienden?, ¿es que podemos hablar así y nos quedamos tan felices y tan tranquilos?, ¿o realmente tengo que bajar al nivel de explicarles y de decirles dónde están las residencias, cuáles son las personas, dónde están, cómo es? ¿Cómo me puede decir...? Vamos a ver, sí hay una cosa clara que la he dicho en más de una oportunidad y vuelvo a reiterarla: el dictamen del Observatorio o de los gestores o de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales de España -lo he reiterado muchísimas veces- ni conoce ni reconoce. Y el sistema además, cuando nos vamos al SAAD... Porque me dicen: "pero si no le hacemos caso a ese dictamen, si no le hacemos caso tampoco al SAAD..."; pues no. Es decir, los datos que hay en el SAAD son reales en cuanto al paraguas de la Ley de Dependencia, en cuanto a medidas, a prestaciones económicas, no en cuanto al resto, porque -también lo he explicado, señorías, exactamente, señorías-, porque el SAAD no reconoce las personas que tenemos en nuestros servicios, no las reconoce hasta que no incorporemos todo el sistema que les conté en la primera intervención definitivamente en el único sistema, que es el de la Ley de Dependencia. Con lo cual seguiremos escuchando dictámenes y datos en el SAAD. Eso es lo que más nos preocupa, a mí me preocupa por cuanto... A ustedes les genera tanta incertidumbre; a mí me ocupa en lo que incluso se ha acordado en este Parlamento, en seguir trabajando en la aplicación de esta ley, en culminar con la normativa para que toda la gente pueda ser incorporada. Entre otras cosas también porque nos supone, ya ven que cada vez menos, también nos supone una aportación económica que en estos momentos está absorbiendo prácticamente en solitario el Gobierno de Canarias.

Pero decir, por ejemplo, que ustedes conocen en Canarias cero teleasistencia, pues, qué suerte si ustedes alrededor, que dicen conocer familias, amigos, vecinos... Hay 6.700 personas en Canarias que tienen teleasistencia en su domicilio. No me pueden decir cero. Está bien que lo diga el SAAD, porque no lo reconoce todavía dentro de nuestro sistema, del sistema de la dependencia, pero nosotros no, señorías. Una cosa es lo que digan los medios en ese aspecto, en los informes a nivel estatal, y otra cosa es lo que nosotros conocemos en Canarias. Vamos a ver, ¿ustedes creen que yo me puedo estar subiendo aquí día tras día sin agotarme, sin agotarme, si estuviera diciendo lo contrario de lo que hay? Pero, vamos a ver, ¿ustedes creen que los cabildos me iban a permitir a mí esto? ¿Pero ustedes creen que los cabildos me lo permitirían?

¿Ustedes saben lo que me están diciendo a mí los ayuntamientos? No, no, no, no vamos a seguir avanzando en esta ley, ante lo que se avecina no vamos a seguir avanzando.

¿Qué es lo que estamos haciendo, señorías, y qué es lo que estamos pensando ante lo que se avecina? Que no lo voy a decir yo, lo dirá la ministra. ¿Qué es lo que estamos pensando? Miren, vamos a afianzar el sistema que teníamos en Canarias, que está demostrado que era el mejor y el más garantista, vamos a seguir afianzándolo porque desde luego con el del Estado no va a poder ser. Si le hubiéramos hecho caso al Estado, señorías, esté quien esté sentado ahora ahí... Antes estaba el Partido Socialista y me lo decía y ustedes estaban allí y me aplaudían; ahora está ahí el Partido Popular. Es decir, siempre estamos como agradando o como teniendo en cuenta que el Estado... -pero, vamos a ver, si las cosas son objetivas- que el Estado está maravillosamente haciendo cosas y no desmantelando el Estado del bienestar. Pero si es que los datos solos lo dicen, si es que no tengo que estarlo diciendo yo, si lo dicen los datos. Pero vamos a ver, que cómo que no.

Miren, nosotros el año pasado, en el año 2011, incorporamos al sistema algo más de 3.300 personas, 3.300 personas. El Estado nos inyectó 22 y, si contamos los otros 7, 29 millones de euros. ¿Ustedes saben cuánto costó, cuánto fue la inversión total del Gobierno de Canarias y los cabildos de Canarias en la Ley de Dependencia?: más de 98 millones de euros, señorías. Y este año que estamos firmando los convenios con los cabildos ya vamos por más de 70 millones de euros. ¿Pero ustedes saben cuánto pagamos a las más de 7.000 familias -otro dato que es cero o 2 o 3-, 7.000 familias que cobran una prestación económica?: 38 millones de euros anuales, señorías. Pero ¿ustedes saben de lo que estamos hablando? Que la ley hace aguas es la primera vez que lo digo, que la ley no era sostenible lo dije desde el primer día, que la ley no tenía seguridad jurídica lo dije desde el primer día, que la ley no tenía ficha financiera desde el primer día y desde el primer día dije: "Canarias...". Yo no sé lo que hacen las demás comunidades en aquel momento. Canarias no debió incorporarse a este sistema hasta que no tuviéramos esa garantía de tener una ficha financiera, pero arrastrados, porque si no no cumplíamos y si no nosotros estábamos, pues, fuera de poder cumplir con lo que todos habían aprobado en el Estado, Canarias también se sumó a esto, señorías, y desmanteló su sistema, señorías. Y me siento responsable de haberlo hecho y de convencer a los cabildos para hacerlo, señorías, y lo hicimos. Hoy no existe el PAD ni el PCAD; hoy lo que existe es un convenio transitorio hasta la creación definitiva del Sicad en el que contamos con una serie de circunstancias que ahora no se van a dar, porque va a faltar la pata del Estado, señorías. Y a ustedes les consta, lo saben porque si ustedes no saben que solo en esta última legislatura aprobamos distintas, inauguramos distintas plantas en El Pino, centro en Arucas, centro en Arinaga, centro en Santa Brígida, Hospital Militar en Tenerife, La Guancha en Tenerife, Tegueste en Tenerife; eso no está en las estadísticas, señorías, eso es hecho con dinero de Canarias y son personas dependientes las que están atendidas en esos centros, y eso no se puede obviar. Aunque también les dije que al presidente o director de la Asociación de Gerentes que está haciendo sus dictámenes le he invitado a que venga a Canarias, le he invitado. Iba a venir en estos últimos días, le ha surgido algo personal y no ha podido ser. Probablemente será después del verano, vendrá a Canarias para que conozca la realidad de Canarias y para que vea qué realmente estamos haciendo aquí y cuántas personas tenemos atendidas aquí, que no nos aparecen, como les digo, en esas estadísticas. Ahora, el día que aparezcan, pues, no sé, el día que aparezcan, que será dentro de poco, ustedes pensaran cómo se ha podido hacer esto, cómo es que de repente aparecen 40.000 personas en el SAAD. ¿Es que de repente descubrimos cómo se podía hacer? No, señorías, serán las mismas personas que tenemos ya atendidas, que por fin se llamarán Ley de Dependencia y aparecerán en el SAAD.

No se me ocurre de qué mejor manera les pueda explicar, porque es cierto que según convenga les interesa ver y escuchar. Quiero entender que es eso, porque, si no, no se explica que ustedes vean la realidad en Canarias y que luego... Y yo también he reconocido que me digan: "no hacen..."; miren, yo lo que les puedo decir es una cosa, aquí hemos hecho un trabajo, no esta consejera ni esta consejería ni el Gobierno, si hay algo y alguien por quien tengo que romper una lanza, y lo digo cada vez que estoy en cualquier reunión, gracias a que los cabildos se sumaron y se mantuvieron con el Gobierno en este sistema. Si los cabildos hoy no estuvieran, señorías, las residencias estarían cerradas; las residencias, como en otras comunidades, estuvieran cerrándolas. Gracias a que decidimos mantenernos como estábamos y miren qué prudentes llegamos a ser.

Y siempre hemos dicho: también hemos tenido dificultades. Claro, porque tenemos gente que nos solicita la Ley de Dependencia, personas que están en las residencias, que están en los centros de día, que están recibiendo un servicio y creían -lo he explicado más de una vez-, y creían que la ley, además de eso, le iba a dar una prestación económica, una paga como la llama la gente. Y cuando le hemos tenido que explicar a la gente, "no, no, a usted lo que le dan es esa misma residencia que usted ya tiene". "Pero cómo, ¿y la paga dónde está?". También me han escuchado...; precisamente anoche escuché a una persona del Partido Popular en una tertulia en la que decía: "recuerden que las familias están sacando -era textual su expresión- a las personas mayores de las residencias para...".

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Señora, señora consejera, tiene un minuto para concluir.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, señor presidente.

Eso me lo han escuchado ustedes aquí cantidad de veces. O sea, yo creo que de verdad, lo que quiero trasladar hoy es que, al margen de todas esas cosas, señorías, estamos en otro momento. Afortunadamente estamos en el momento en que ya prácticamente hemos borrado la normativa canaria, estamos en la normativa estatal, que nuestros planes ya no existen, que estamos bajo un único sistema y que, más pronto que tarde, yo espero que no se tuerzan las cosas por el camino y que antes del 2015 tengamos un único sistema en el que afloren en ese momento seguramente las 50 o 60.000 personas que podamos tener atendidas con algún tipo de servicio como personas dependientes. Y eso, señorías, como ustedes comprenderán, no se habrá hecho de la noche a la mañana, ha sido un trabajo de todos nosotros, sobre todo de todas las instituciones, con todas las entidades que también están colaborando en esta oportunidad. También están colaborando en cómo crear y qué pasos dar para llegar a ese único sistema, el Sistema Canario de Atención a la Dependencia.

Muchas gracias. Buenas tardes.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señora consejera.

Se levanta la sesión y se reanudará mañana a las nueve y media.

Buenas noches.

(Se suspende la sesión a las veinte horas y cincuenta y dos minutos.)