Diario de Sesiones 46, de fecha 27/6/2012
Punto 4

· 8L/PNL-0096 Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales.

El señor presidente: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales.

Tiene enmienda del Grupo Mixto.

Por el Grupo Socialista Canario, doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla.

La señora Jerez Padilla: Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días.

Señorías, ustedes saben que en el anterior Pleno se trajo aquí por parte del Grupo Mixto una proposición no de ley sobre el plan concertado para Canarias. En ese momento el Grupo Parlamentario Socialista dijo que estábamos de acuerdo con lo que se le pedía al Gobierno del Estado, pero sí que no estábamos de acuerdo con lo que se solicitaba por parte de este grupo al Gobierno de Canarias. Coincidíamos en todo lo que se había planteado en ese momento. Incluso dijimos que el plan concertado es un instrumento principal y fundamental para las corporaciones locales para afrontar, como Administración más próxima a la ciudadanía, toda aquella gestión en materia de servicios sociales. Sin embargo, estas prestaciones, el plan concertado, se van a ver afectadas por la reducción desproporcionada en el Presupuesto General del Estado de las mismas. Tenemos que el presupuesto ha bajado un 43%, que va a provocar un... -(Ante la carraspera de la señora diputada.) disculpen es el cigarro-.

El señor presidente: Yo pensé que era la calima de estos días, tenía una excusa perfecta.

La señora Jerez Padilla: Bueno, decía que, bueno, que este plan concertado iba a tener una merma de un 43%, que va a provocar un impacto irreparable en la realidad social. Y esto ha sido así cuando los usuarios se han incrementado en un 39%, porque en estos duros momentos que estamos viviendo muchas personas buscan amparo en los servicios sociales de su ciudad, de su pueblo. Esto quiere decir que muchísimas personas que necesitan ser atendidas urgentemente se quedarán sin asistencia social. El propio Gobierno del Partido Popular, señorías, en su presupuesto reconoce que se van a cerrar en toda España 500 centros, 500 centros, que no es tontería lo que estamos diciendo aquí hoy, y algunos desde luego por el camino que vamos se pueden cerrar en Canarias.

Las políticas que se están llevando a cabo van a acabar con un sistema público que ha costado décadas construir y por ello es necesario concienciar a la ciudadanía y presionar a los políticos que gobiernan en el Estado de la importancia de preservar el sistema de servicios sociales. Todo ello va a afectar a la atención que reciben las familias con problemas socioeconómicos, a personas mayores o con diversidad funcional, a menores en riesgo, etcétera, etcétera, etcétera, porque el etcétera, señorías, es muy grande, porque están siendo muchos, muchos, los que están siendo atendidos con este plan.

Para los ayuntamientos esta reducción presupuestaria tiene como primera consecuencia directa el cierre de servicios, programas y proyectos sociales, en especial aquellos de carácter específico o especializado. Señorías, el tijeretazo dejará a muchas personas, muchísimas personas, sin las ayudas municipales.

En este pilar del bienestar social no solo van a ser los ayuntamientos, las corporaciones locales, las que van a ser afectadas, sino que incluso -ya lo decía en el anterior Pleno- las ONG que prestan servicios a la ciudadanía van a ser también afectadas con este recorte. Estarían en una clara situación de desprotección social.

Por tanto, señorías, este recorte en el plan concertado y en todas las políticas sociales va a provocar, por un lado, más incremento de la pobreza en Canarias, más desamparo en Canarias, más desempleados y desempleadas en Canarias, mayor desestructuración familiar, aumento de la marginación social -que ayer también hablábamos de marginación social-, mayor desprotección infantil, etcétera, etcétera, etcétera.

Detrás de todos estos recortes y medidas del Gobierno del Partido Popular, yo creo que hay una OPA ideológica, y se lo digo sobre los valores que tienen de solidaridad e igualdad.

Señorías, no se deben tocar los derechos fundamentales de la ciudadanía, en ningún momento. Creo que hay que optimizar en la gestión, ser eficaces, saber ahorrar y gastar menos, señorías, pero eso no significa recortar ni perder derechos.

Señorías, esta es la política a la que nos está acostumbrando el Partido Popular: más pobreza, más sumisión y poco a poco han ido, se han ido cargando todos los pilares del bienestar social. Empezaron por educación, siguieron con sanidad, siguieron con servicios sociales, cargándose la Ley de Dependencia, y así suma y sigue, y no sabemos hasta dónde vamos a llegar, hasta el viernes siguiente. Con lo cual vamos a ver. Con ello no nos están garantizando lo que nosotros llamamos la cohesión social, que es de gran importancia para todos los ciudadanos, no solo de Canarias sino de todo el territorio español, que se la están cargando.

Señorías, la insensibilidad y el maltrato que se hacen con Canarias recortando en torno a los 1,7 millones de euros es preocupante, ya que los ayuntamientos canarios no pueden más, no pueden más, y esto puede dar lugar a que se desmantelen los servicios sociales, que es a lo que se van a ver abocados los ayuntamientos y, en definitiva, todas las corporaciones locales de Canarias.

Por tanto, señorías, con esta proposición no de ley lo que pretendemos, por un lado, es que el Gobierno de la nación cumpla, cumpla con Canarias y con los canarios; y, por otro lado, que el Gobierno de Canarias desde luego garantice, porque tiene que ser, garantice unos mínimos socialmente reconocidos a todos aquellos ciudadanos canarios que se encuentran en situación de necesidad. Y por eso pedíamos en nuestra proposición no de ley, primero, que el Gobierno del Estado destine el dinero suficiente, el presupuesto suficiente, para mantener el plan concertado en Canarias; y, por otro lado, decíamos que el Gobierno de Canarias, que el Gobierno de Canarias priorice, dentro de sus políticas de ajuste y redistribución de recursos, derivadas del recorte en la financiación estatal, las partidas destinadas a sufragar el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. En definitiva, estamos implicando a las dos partes: al Gobierno de la nación y al Gobierno de Canarias.

Señorías, creo que esta es una PNL que quiere proteger a los más vulnerables y, por tanto, necesitamos el consenso de todas las fuerzas políticas aquí presentes. Creo que es el momento de olvidarnos de siglas, señorías, ya que estamos en Canarias, pues, no pensar en el Estado, en que están gobernando en el Estado, y apoyar esta proposición no de ley por unanimidad, porque es la única manera en la que podemos ayudar a estas personas que más lo necesitan y sobre todo a esos ayuntamientos que están esperando como agua de mayo el plan concertado y que realmente no va a venir.

Muchas gracias y nada más, señor presidente.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Rosa Jerez.

Para la defensa de la enmienda, Grupo Parlamentario Mixto, doña Carmen Hernández.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente.

La verdad es que es una pena, es una lástima, que no tengamos a nadie del Gobierno que pueda escuchar algo que yo creo que es muy importante para conseguir lo que se supone que es el objetivo de este Parlamento, que es conseguir transmitirle, a través de nosotros, que somos la voz de la ciudadanía aquí, transmitirle lo que le preocupa a nuestra gente, transmitir lo que preocupa a nuestros ayuntamientos. Yo espero que los pocos diputados que hay que apoyan al Gobierno puedan trasladarle la preocupación que tiene nuestro grupo, el Grupo Mixto, Nueva Canarias y el PIL, por esta cuestión.

Ya nosotros presentamos en el anterior Pleno una proposición no de ley expresando nuestra preocupación por un plan que, efectivamente, es un plan muy importante. Yo tengo que recordar y concretar lo que significa en el día a día de un ayuntamiento el plan concertado. Significa alojamiento alternativo, los albergues, la gente sin hogar, que desafortunadamente cada vez tenemos a más personas sin hogar en Canarias; el apoyo a las familias que peor lo están pasando, a las familias en situación de pobreza; la ayuda a domicilio, en Canarias hoy la ayuda a domicilio no se paga con la Ley de Dependencia, pero sí se paga a través de este plan; la información y orientación, es decir, esas personas que no tienen formación y que necesitan que alguien les oriente para poder presentar, por ejemplo, la Prestación Canaria de Inserción. Si no existe un técnico municipal que le oriente a solicitar esa ayuda, no podrá pedir la Prestación Canaria de Inserción. La prevención e inserción a la infancia. Tendremos que hablar en este Parlamento de los últimos datos de Unicef, que ponen, que encienden la luz de alarma sobre la cara más amarga de la crisis. Los que tenemos niños pequeños, además... Y además es una cuestión que no hay que recurrir a la sensiblería, es que es la verdad, ponerle rostro infantil a la crisis es algo que debe estar dentro de nuestras prioridades. Los centros de estancia diurna, donde se trabaja con niños, niñas y padres en riesgo de exclusión. Y un largo etcétera de prestaciones que van a sufrir el varapalo, es verdad que es un varapalo del Estado.

Miren, cuando se habla de que los ayuntamientos tienen que asumir sus competencias, la competencia en materia de darle condiciones de dignidad a la población, la competencia en materia de apoyar a la población en desventaja social, yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo que es competencia de todos y de todas, de todas las administraciones, y todos tenemos que estar a una.

Miren, en la historia de este plan, en la historia de un plan que tiene ya veintipico años, hablamos de que la estructura de financiación de este plan, es decir, quién paga todo esto, miren, el 57% en el año 2009 -esto es un estudio del ministerio, el único que hay publicado por lo menos en la web-, el 57% de este plan en el 2009 lo pagaban los ayuntamientos, el 34 las comunidades y un pírrico 8% lo pagaba el Estado. Esto ahora aún es peor, porque estamos hablando de un año donde el plan tenía una financiación de unos 95 millones de euros. Y yo tengo que decir -porque la verdad es la verdad dígala quien la diga- que ya en la etapa del Partido Socialista este plan sufrió recortes, pero es cierto que ahora nos encontramos con que en el 2012 el recorte es de un 43%. Y, por lo tanto, tenemos un plan para cubrir todo aquello que dije, que es una inmensidad de trabajo en el territorio, en la realidad, 36 millones para toda España. A Canarias le tocan 1,7 millones de euros.

Evidentemente, al Estado hay que seguirle reclamando y por eso apoyaremos la PNL, porque tenemos que estar de acuerdo todos y todas en que tenemos que seguir reclamándole al Estado su compromiso con la gente que peor lo pasa. Si todos somos españoles, según dice la Constitución, y todos tenemos igualdad de oportunidades, el Estado tendrá que tener una especial sensibilidad hacia los españoles que peor lo pasan. Y está claro que, por ejemplo, el criterio de distribución de los fondos no es un criterio que compensa, es un criterio absolutamente desigual. Yo, en la anterior, en nuestra PNL, que fue aprobada, ese punto fue aprobado, instábamos a la señora consejera a que en la conferencia sectorial -y eso va a ir avalado por el apoyo de este Parlamento- instara a la consejera de Política Social a que revisaran los criterios, que son absolutamente injustos, y que no solo se contemplaran criterios poblacionales sino que el criterio de pobreza, el criterio de exclusión, el criterio de paro, el criterio de insularidad, todos esos criterios fueran criterios tomados en consideración para aumentar una partida que ya hemos dicho, ya hemos denunciado, que es una partida pobre, exigua, realmente que no responde a la realidad.

Pero, insisto, esta PNL, señora Jerez -y disculpe que se lo diga-, es para nosotros un gesto, un gesto noble, como no podía ser de otra manera, pero un gesto que no lleva detrás un compromiso real, porque no encontramos otra explicación a por qué este Parlamento no apoyó y no instó al Gobierno a que también se comprometiera a compensar lo que es un castigo a la gente que peor lo pasa en Canarias. A compensar, porque además hemos reconocido, les he dado los datos, son datos oficiales, que realmente los municipios ya no están soportando el 59, que se hablaba en el 2009. Hay municipios en Canarias que están soportando el 75 y el 80% de la financiación del plan concertado.

Y usted decía: "¿qué consecuencias va a tener esto?". Usted hablaba de cierre de servicios; pues seguramente más desempleo en ese sector sociosanitario, más trabajadores sociales y educadores sociales en la calle y probablemente mayor privatización de los servicios sociales en Canarias, que para algunos eso tiene muchas más desventajas que ventajas, aunque no voy a profundizar en las consecuencias de privatizar un servicio esencial o lo que son los servicios sociales.

Decía yo que la financiación de los municipios iba a suponer una, esta merma en la financiación iba a suponer o iba a tener consecuencias importantes. No tenemos los datos en Canarias. Yo me imagino que la consejería hará un estudio o una evaluación al acabar el año 2012 para ver el impacto que han tenido estos recortes en el desarrollo de este plan en el ámbito municipal, pero el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sí ha apuntado algunas previsiones y ha advertido de que el recorte en estas prestaciones básicas de servicios sociales supone, con previsiones oficiales, el cierre en todo el territorio español de 582, 582 centros de servicios sociales, el despido de más de 12.000 trabajadores y trabajadoras, la reducción de usuarios en 3.244.000, pasando de la atención actual, que es de 6.624.000, a una atención que se reducirá a 3.479.000; o la reducción, de manera significativa, del servicio de ayuda a domicilio, que se queda, según las previsiones, a la mitad; la reducción a casi la mitad de usuarios en el capítulo de previsión e inserción social, pasando de 1,4 millones a 730.000; y en alojamientos alternativos, en albergues, etcétera, pasaríamos de 160.000 a 83.000 usuarios. Repito que son datos de todo el territorio español, del Estado, y que sería bueno que la consejería habilitara fórmulas para, en colaboración con la Fecam, ver las consecuencias que va a tener esto en Canarias, en el territorio canario.

Por tanto, reiterar nuestra enmienda, vamos a mantener la enmienda. Creemos que hay que incrementar la partida, la financiación de este plan, para evitar el desmantelamiento progresivo de los servicios sociales municipales, que esto hay que hacerlo en coordinación con la Fecam y con la Fecai.

Y reiterar el papel que juegan los servicios sociales en tiempos de crisis. Reitero una frase que me pareció que ilustra perfectamente lo que significa recortar en servicios sociales en tiempos de crisis, vendría a ser "despedir a médicos en periodo de epidemia".

Por tanto, reiterar nuestra apuesta por ser Canarias el dique de contención, el obligado, tenemos que ser el colchón, el apoyo, para la gente que peor lo pasa. Y nosotros no le podemos decir a nuestra población: "es que el Estado nos ha recortado". Tendremos que seguirle exigiendo al Estado. Siempre vamos a estar con el Gobierno, como opción nacionalista, reivindicando, reivindicando. Que no es pedir, pedir es de pedigüeños; reivindicar es pedir lo que es justo y lo que nos toca por derecho, por derecho además constitucional.

Gracias a todos.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Carmen Hernández.

Doña Rosa Guadalupe, para fijar su posición sobre la enmienda. ¿Lo va a hacer desde el escaño? Muy bien.

La señora Jerez Padilla (Desde su escaño): Sí, señor presidente, desde el mismo escaño puedo contestar a su señoría.

Señora portavoz del Grupo Mixto, no le voy aceptar la enmienda, porque usted me ofrece o plantea el mismo punto que planteó en su proposición no de ley y que usted sabe que tantas discusiones tuvimos en su momento.

Por tanto, creemos que desde luego nuestra proposición no de ley abarca, en el primer punto, la parte del Estado y en el segundo punto abarca la parte del Gobierno, lo que le corresponde al Gobierno de Canarias, y creemos que, bueno, que ese punto va a garantizar al menos unos mínimos sociales reconocidos para todas aquellas personas que lo necesitan.

A mí desde luego me gustaría podérsela aceptar, pero yo creo que con la proposición no de ley nuestra queda suficientemente clarificado cuál es el papel de cada uno.

Nada más.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Rosa Guadalupe.

Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Flora Marrero, para fijar posiciones.

La señora Marrero Ramos: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros, el Grupo Parlamentario Nacionalista, vamos a apoyar esta proposición no de ley fundamentalmente por dos motivos. Uno, porque el primer punto de la proposición no de ley lo tenemos en el acuerdo de gobernabilidad, en la página 33, cuando dice: "garantizar, con la ayuda del Gobierno de España, la estabilidad en la financiación de los diferentes programas sociales que desarrolla en Canarias, incluido el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales de las corporaciones locales". ¿Qué ha pasado? Que en este momento tenemos un escenario, como bien se ha dicho, con una reducción de un 43% en el plan concertado, y esta es la situación tan grave que tenemos en este momento en Canarias.

Y lo que no podemos pedirle al Gobierno de Canarias es que compense aquello que nos ha quitado el Gobierno del Estado. Eso no lo podemos hacer.

Nos ha parecido positivo lo que ha dicho la representante de Nueva Canarias, donde es reivindicar. Reivindicar a quien le corresponde. Si reivindicamos al Estado, vamos todos a reivindicar al Estado, pero lo que no podemos hacer es lo que nos quita el Estado después decirle al Gobierno de Canarias que lo compense. No. Si le corresponde al Estado, que lo pague el Estado, y tenemos que trabajar los nacionalistas en el mismo sentido, porque entonces estamos distorsionando los objetivos, estamos distorsionando los objetivos.

Y después estamos en una situación de un quebrantamiento del Estado del bienestar y, lo peor, se está perdiendo la colaboración con las diferentes administraciones. Y en este caso el Gobierno del Estado está haciendo caso omiso a las reivindicaciones de los ayuntamientos.

Y después nos parece, el segundo punto, que es donde se le pide al Gobierno de Canarias priorizar. Es textualmente lo que decía mi compañera Rosa Pulido en el Diario de Sesiones -que además lo voy a recoger textualmente- del 12 de junio, cuando se estaba viendo la proposición no de ley. Ella decía, siendo el recorte de los 800 millones de euros, de los que 450 corresponden al sistema de la financiación destinado a mantener los servicios públicos esenciales, lo que obliga -decía ella-, lo que obliga -que es lo que corresponde a este segundo punto- al Gobierno de Canarias a priorizar el gasto para garantizar las prestaciones de los mismos, forzando a los distintos departamentos a reformular sus políticas. Esto es simplemente siendo coherentes con todo lo que nosotros hemos pedido.

Decía la consejera, informaba en la comisión, en la comparecencia de exclusión social, que se ha incrementado en un 6% las personas que están en una situación de exclusión social. Y le hemos dicho, y además esto dentro de la hoja de ruta del Gobierno de Canarias, y estamos totalmente de acuerdo en que hay que tener unos criterios diferentes Canarias al resto del Estado. Estamos de acuerdo en que se tenga en cuenta la insularidad, que se tenga en cuenta la lejanía y después nuestra situación. Hay un dato que faltó, que es el 30% de paro. Y en este 30% de paro hay personas que están en una situación de vulnerabilidad. Recordemos lo que hablamos en la comisión: hay personas que están en pobreza, que son las que no tienen la capacidad económica, de la pobreza se pasa a la situación de vulnerabilidad, que es cuando ya empiezas a salir del sistema, y empieza fundamentalmente con aquellas personas que pierden el empleo, y aquellas personas, que las hay y muchísimas en Canarias, que pierden el empleo y que después no tienen el sostenimiento de la familia, porque hay muchas personas que están viviendo -y conozco algún caso muy desgraciado-, que están viviendo con las pensiones de los abuelos, y los abuelos y las abuelas tienen una edad vital. Y esta es la situación muy grave que está pasando en Canarias.

Entonces nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley, pero simplemente porque la hemos tratado ya en otras comisiones y otros plenos del Parlamento, y no deja de ser una hoja de ruta que, repito, está marcada por el programa de gobierno, por el programa en el que nos presentamos los nacionalistas y después en el acuerdo con el Partido Socialista.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Flora Marrero.

Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Milagros Bethencourt.

La señora Bethencourt Aguilar: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Mucho se ha hablado en esta Cámara del Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales, por lo que no voy a ahondar en más literatura sobre cómo y cuándo nace y qué objetivos o finalidad persigue.

Señorías, es cierto que el plan concertado con el que el Gobierno de España colabora con los gobiernos autonómicos para financiar los servicios sociales básicos en los ayuntamientos ha sufrido una caída, pasando de cerca de 86 millones de euros a alrededor de 50, por usar cifras redondas. Y decimos colabora porque no debemos pasar por alto que hablamos de una competencia exclusiva de la comunidad autónoma canaria, asistencia social y servicios sociales, contemplada en el artículo 29.7 del Estatuto de Autonomía. Y ya el pasado enero, en ejercicio de esta competencia, el Gobierno de Canarias y la Fecam firmaron un acuerdo para la financiación de este plan por un importe de 22,6 millones de euros.

Conviene recordar además, sobre todo al grupo hoy proponente, que el plan concertado se ha visto sometido a continuos recortes durante los últimos cinco años, en plena crisis económica y con un Gobierno socialista. Su Gobierno, señora Jerez. Entonces ni el Partido Socialista ni Coalición Canaria levantaron la voz para protestar por el desamparo al que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero condenaba al archipiélago. Tampoco levantaron la voz para anunciar la quiebra del sistema de asuntos sociales y la erosión en los pilares del Estado del bienestar.

Hoy traen aquí una proposición no de ley, prácticamente similar a la debatida el pasado Pleno del Grupo Parlamentario Mixto, con el único fin de concentrar las culpas de todos los males de esta comunidad autónoma en el Gobierno de España y así poder eludir responsabilidades y compromisos propios. Una cortina de humo más a la inoperancia de los dirigentes autonómicos. Porque, señorías del PSOE, seamos sinceros -ya lo he señalado en otra ocasión desde esta tribuna-, ustedes sistemáticamente heredan opulencia y sistemáticamente transmiten miseria. Mire, señora Jerez, escuche bien, las políticas del Partido Popular no son para desmantelar los pilares del Estado del bienestar. Eso, señoría, es lo que hace el Gobierno socialista siempre que llega al Gobierno: esquilmar y comprometer la sostenibilidad del sistema.

Hoy, en un escenario especialmente difícil, la aportación del Gobierno de España para el plan concertado de Canarias ha pasado de los 3,7 millones de euros del pasado año a los 2,1 millones en el actual. Una rebaja de 1,6 millones de euros, que no parece demasiado significativa como para hacer peligrar por sí sola la prestación de estos servicios por las corporaciones locales. Porque, señorías, a pesar del escenario económico adverso, el Gobierno de Mariano Rajoy ha mantenido la misma participación que tuvo Canarias en 2011: un 4,4% en la distribución territorial de los fondos correspondientes al plan concertado.

Invitamos al Gobierno a priorizar y si verdaderamente están preocupados en atender a los más vulnerables, la cantidad en la que disminuye la aportación del Gobierno de España es la misma que invierte el Gobierno de Canarias este año en mantener sus oficinas en el extranjero. Dispendios que hoy no podemos mantener. También pueden darse un paseo por la Sección 19 y encontrarán unos 20 millones de libre disposición. Es decir, si el problema es esa cantidad, es fácilmente asumible por el Gobierno autónomo de Canarias. Pero además, a partir de la entrada en vigor el próximo 1 de julio de la cascada impositiva a la que hemos sido sometidos los canarios, tendrán ingresos más que suficientes para evitar el desmantelamiento de los servicios sociales municipales, salvo que esta subida impositiva sea para mantener el cortijo público, seguir viajando en primera y durmiendo en hoteles de lujo.

A estas alturas de mi intervención es fácil inferir que desde el Grupo Parlamentario Popular no apoyaremos esta proposición no de ley, en base a la siguiente argumentación.

Con lo que respecta al punto 1, el Gobierno de España ha garantizado la misma participación que tuvo Canarias en 2011: un 4,4%. Los Presupuestos están hechos y son los únicos posibles, dada la herencia socialista.

En el punto 2, es una petición descaradamente ambigua, al no exigirse un compromiso expreso al Gobierno de Canarias, titular de la competencia...

El señor presidente: Gracias, doña Milagros.

Bien. Señorías, se va a proceder a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. Se vota el texto de la proposición no de ley, toda vez que no fueron admitidas las enmiendas. Se cierran las puertas. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 52 presentes; 33 a favor, 19 en contra y ninguna abstención.

Queda aprobada la proposición no de ley.