Diario de Sesiones 48, de fecha 11/9/2012
Punto 25
· 8L/C-0543 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre trabajos para sofocar los incendios en los últimos meses.
El señor presidente: Y como se había anunciado, pasamos a ver la comparecencia 542: del Gobierno, realizada por el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, a petición propia, sobre las actuaciones desarrolladas ante los incendios acaecidos en el periodo estival. Hay otra comparecencia de similar contenido: del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre los trabajos para sofocar los incendios en los últimos meses.
Se ha decidido acumular el debate e informarles que el desarrollo del debate va a ser el siguiente: una primera intervención del Gobierno, por quince minutos; luego intervendrán los Grupos Mixto, Nacionalista Canario y Popular, por diez minutos cada uno; luego el Grupo Parlamentario Socialista, como proponente de otra comparecencia, por quince minutos; y cierra las intervenciones el Gobierno con otros quince minutos.
En consecuencia, tiene la palabra el señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz.
El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Presidente. Señorías, buenas tardes a todos y a todas.
Aunque toda Canarias ha sentido como propios los incendios acaecidos en este verano, mis primeras palabras van dirigidas de forma especial a los ciudadanos de La Gomera, Tenerife y La Palma para trasladarles el afecto y solidaridad de este Gobierno, cuestión que estoy seguro de que la harán extensible todos los grupos de esta Cámara.
Hemos vivido unos episodios sin precedentes en esta comunidad autónoma, no por superar el volumen de hectáreas quemadas, unas 13.000, sino por el número, las condiciones, virulencia y coincidencia de los incendios. Se han sucedido una serie de hechos realmente extraordinarios. Se han registrado hasta el 31 de agosto 175 conatos, de los que 13 fueron en Gran Canaria, 99 en Tenerife, 41 en La Palma y 22 en La Gomera. De ellos, hasta en seis ocasiones el Gobierno de Canarias asumió la dirección del plan como consecuencia de la subida al nivel 2 de gravedad. 4 de ellos fueron calificados como grandes incendios al superar la superficie afectada en más de 500 hectáreas. Varios se dieron de forma simultánea. Fue necesario movilizar una gran cantidad de recursos humanos y materiales, tanto públicos como privados. Se hizo frente a las más adversas condiciones meteorológicas y a las grandes dificultades de acceso y se procedió a la evacuación preventiva de unas 9.000 personas.
Expongo, en primer lugar, estos datos para darnos cuenta del escenario por el que hemos pasado y es en este escenario donde hemos logrado, señorías, lo más importante: no tener que lamentar víctimas mortales, ni de ciudadanos ni de los efectivos que han luchado contra el fuego. A ellos, efectivos y técnicos que han demostrado profesionalidad y dedicación, este Gobierno quiere trasladarles especialmente su más profundo agradecimiento. Una gratitud que hacemos extensible a todos aquellos que intervinieron y que hicieron frente a una situación complicada y extraordinaria. Unos técnicos que, ante el enorme reto que supone combatir los grandes incendios que hemos sufrido en Canarias, han sabido tomar y proponer las decisiones adecuadas a los responsables de los planes en cada isla y al propio Gobierno. No les quepa la menor duda de que este Gobierno respalda su actuación por su acreditada formación, conocimiento y experiencia en la extinción de incendios en un territorio marcado por una orografía tan compleja como la canaria.
Nuestro sistema de emergencias está preparado para encarar la gran mayoría de los incendios. Canarias no está desprotegida y la gestión de su modelo es imitado por otras comunidades autónomas.
Disponemos de medios propios para responder a más del 95% de las incidencias que se producen, según lo acredita la estadística y la resolución de la amplia mayoría de los 175 incendios que se han registrado en lo que va de año. El Gobierno de Canarias mantiene 5 helicópteros multifuncionales de forma permanente durante todo el año. Unos medios que se han visto reforzados este verano con 2 helicópteros más del Cabildo de Gran Canaria y 1 del Cabildo de Tenerife. A estos se añaden los proporcionados por el Estado, que aporta 3 helicópteros más. Tan solo contando con la disposición de medios aéreos de esta comunidad autónoma, Canarias se sitúa como la primera comunidad autónoma en medios aéreos por hectárea arbolada y la tercera por el total de hectáreas.
Además contamos con un plan de actuación de protección civil, elaborado al efecto y homologado por el Estado. Este plan, denominado Infoca, establece las pautas, protocolos y medidas a tomar para afrontar los incendios forestales. Un plan que ha sido aplicado de forma escrupulosa y puntual en todos y cada uno de los incendios producidos.
En este ámbito de la seguridad y las emergencias no debemos olvidar la realidad insular de Canarias. En aras de lograr una mayor efectividad y dada la fragmentación de nuestro territorio, la prevención y lucha contra incendios, al igual que otras muchas materias, no puede acometerse de mejor manera que a través de nuestros cabildos insulares. Por esta razón, desde el año 2002 los cabildos tienen transferidas las competencias, por lo que son ellos los que planifican y cuentan con los recursos que consideran necesarios para tal fin.
En consecuencia, nuestro sistema de emergencias está basado en una necesaria descentralización, pero articulado en la coordinación y en la colaboración entre los cabildos y con la comunidad autónoma, sobre todo en lo que se refiere a satisfacer medios de extinción añadidos. Es decir, todos los medios de Canarias están disponibles para intervenir en cualquier suceso que pueda producirse en cualquier isla, independientemente de su titularidad, plan de actuación que se ejecute o el nivel decretado del incendio.
Solo cuando se hacen necesarios medios adicionales por la dimensión del suceso es cuando los cabildos pueden solicitar una subida de nivel, el tipo 2, ya que es esa la única vía posible para acceder a los medios extraordinarios del Estado. En ese caso es la comunidad autónoma quien coordina las tareas y quien ostenta la dirección del Plan Infoca. Por su parte, mientras el incendio se encuentra en un nivel 1, 0 o 0B, es el cabildo de cada isla a quien compete la dirección del plan y, por tanto, son sus autoridades las responsables de activar los recursos para luchar contra los incendios.
El otro nivel de gravedad, tipo 3, es aquel que, considerándose comprometido el interés nacional, así sea declarado por el ministro del Interior, a iniciativa propia, a instancias del presidente de la comunidad autónoma o del delegado del Gobierno.
En cualquiera de los casos, es el director de extinción, como técnico forestal adscrito a cada cabildo, quien demanda los medios necesarios, dirige la extinción, propone la elevación o la rebaja de los niveles de gravedad y evalúa el incendio. Son sus opiniones y valoraciones las que determinan las decisiones finales decretadas por la dirección del plan. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido mientras los incendios han estado, en seis ocasiones, bajo la dirección del Gobierno de Canarias.
En todos y en cada uno de ellos, además, se ha dado un absoluto consenso entre la dirección de extinción y la dirección del plan sobre las decisiones tomadas.
Como he descrito, entre las funciones de la dirección de extinción está la de proponer los cambios de nivel en función de parámetros técnicos que están previamente definidos.
A continuación, y debido a los mayores efectos que han tenido estos incendios en la isla de La Gomera, relataré, de forma pormenorizada, las circunstancias que lo rodearon. El incendio en La Gomera se originó en Alajeró el 4 de agosto y ese mismo día el cabildo, a petición de la dirección de extinción, solicitó elevar el nivel a 2, iniciándose los contactos de forma inmediata con el ministerio para la disposición de más medios aéreos. Durante los dos días siguientes, el fuego fue atacado por varios frentes hasta que el 7 de agosto se constató que el incendio ya no avanzaba fuera del perímetro, comenzando las labores de enfriamiento. Esta situación se mantuvo en la jornada siguiente, 8 de agosto, día en el que continuaron las labores de perimetrado y enfriamiento, acreditándose la ausencia de llamas. Ante estas circunstancias, a primera hora de la tarde el director de extinción dio por estabilizado el incendio, proponiendo la rebaja del nivel de gravedad. Una decisión que fue asumida por el Gobierno de Canarias, retomando, por tanto, el cabildo las funciones de coordinación. Insisto en que esta decisión solo se decretó cuando el director de extinción dio por estabilizado el incendio. Una situación que fue idéntica en el resto de rebajas de nivel que sucedieron en las islas de La Palma y de Tenerife, donde -recuerdo- no se reprodujeron los incendios. Para estas islas, además de para La Gomera, estaba anunciada una nueva ola de calor para el día 10 de agosto, aunque con resultado muy distinto al registrado en La Gomera. Mientras en La Palma, donde se había decretado dos días antes una rebaja de nivel y también permanecía el incendio estabilizado, no sucedió nada, en Tenerife la zona previamente incendiada tampoco se reactivó aunque se originó un nuevo incendio que nada tenía que ver con el anterior. Por tanto, queda acreditado que la rebaja del nivel en La Gomera, vinculada a la ola de calor, que también afectó a las otras islas, no fue la causa de la reactivación del incendio.
Debo aclarar que un incendio se da por estabilizado cuando, sin llegar a estar controlado, evoluciona dentro de las líneas establecidas; mientras que el controlado es aquel en el que se ha conseguido detener su avance. Se trata de conceptos perfectamente definidos en los que no cabe interpretación alguna.
La llegada del cambio de nivel el día 8 no significó que dejaran de actuar los medios. Solo dejaron de hacerlo los medios extraordinarios aportados por el Estado. Así, durante los días siguientes -9 y 10 de agosto- siguieron trabajando los medios insulares y autonómicos. No obstante, desde el Gobierno de Canarias se cursó a este cabildo y al resto de las islas recomendación para extremar la vigilancia y establecer las medidas preventivas que se consideraran necesarias debido a las altas temperaturas que se iban a registrar en el archipiélago. Es decir, bajar el nivel de gravedad no fue la causa de que se reactivara el incendio, ya que el cambio se realizó con todo el respaldo técnico.
Según el informe realizado por los técnicos de extinción sobre los sucesos durante el 10 de agosto, día en que se reactivó el incendio, se seguían realizando labores de control. En la zona de Las Tajoras hubo una reproducción que fue atajada por una autobomba y varios medios aéreos. En Potricos hubo también reproducciones que pudieron ser controladas. Lamentablemente, un rebrote en la zona de Pinos Redondos, Pajaritos, en el entorno del perímetro, no pudo ser atajado, lo que provocó un nuevo incendio sobre las doce treinta horas. Posteriormente, a las catorce treinta horas se reactivó en Potricos un fuego que se unió al frente que bajaba desde el alto de Igualero. Las condiciones de viento ese día condicionaron enormemente su dimensión, propagándose por varios puntos y con cambios de dirección muy variables.
Estos fueron los acontecimientos del 10 de agosto durante el periodo en el que el cabildo ejercía la dirección del plan. Situación que, ante la reactivación del incendio, motivó nuevamente que se solicitara el nivel 2, asumiendo, por tanto, de nuevo la comunidad autónoma la coordinación del incendio.
Por lo tanto, como he dicho, el hecho de que el incendio se diera por estabilizado significa que, sin estar controlado, evoluciona dentro de las líneas de control. El hecho de darlo por estabilizado es compatible con que existan materiales incandescentes en el interior del perímetro, estando la diferencia entre controlado y estabilizado en que en el primero se consigue aislar y frenar su avance y propagación, mientras que en el segundo, sin llegar a haber frenado su avance, se está comportando y evolucionando dentro de las líneas de control establecidas y según se espera por parte de la dirección de extinción.
Por otra parte, en este como en la totalidad de los incendios registrados en Canarias este verano, han influido notablemente unas extremas condiciones adversas que no han tenido precedentes. Un escenario que ha dificultado enormemente las tareas de extinción. Desde el mes de mayo hemos padecido un total de siete olas de calor. Una situación extremadamente anormal. La humedad estuvo por debajo del 20% y las altas temperaturas vinieron acompañadas de rachas de viento superiores a los 40 km/hora.
El número de grandes incendios y la coincidencia en el tiempo de varios de ellos también han supuesto un hecho diferencial.
En definitiva, han acontecido circunstancias extraordinarias que han necesitado una respuesta extraordinaria. Aunque nos pese, los incendios son inevitables y continuarán sobre todo de la mano intencionada del hombre.
No obstante, y a pesar de haber logrado lo más importante, que ha sido salvaguardar vidas humanas, este Gobierno no puede caer en la autocomplacencia. Todo siempre es mejorable, todo es actualizable y todo es analizable. Mal camino tomaríamos si nos diéramos por satisfechos después de los efectos de estos incendios.
Por tanto, aun reconociendo el gran trabajo desarrollado por técnicos y efectivos, la suficiencia de medios para la mayoría de las emergencias habituales y la aplicación de medidas más que contrastadas, el Gobierno tiene la intención de tomar varias iniciativas para aquellos sucesos de carácter extraordinario, como los recientemente acaecidos. Entre ellas destaca la revisión de las actuaciones de forma conjunta con todas las administraciones que han participado, lo que podría implicar la revisión de protocolos, como la disposición actual de medios, para dar una respuesta aún mejor si pudiese, las medidas preventivas y la vigilancia y guarda de nuestros montes. Y digo todas las administraciones porque lo que esperan los ciudadanos para estos casos extremos es efectividad y resolución, al margen de quien ostente la dirección del plan o quien...
El señor presidente: Tiene dos minutos para ir concluyendo, señor consejero.
El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Digo todas las administraciones, porque lo que esperan los ciudadanos para estos casos extremos es efectividad y resolución, al margen de quien ostente la dirección del plan o quien aporte los medios de extinción. La responsabilidad de las administraciones está, por tanto, en avanzar en soluciones, mejorar las condiciones e intentar poner todos los medios a nuestro alcance para siempre mitigar los efectos del fuego, sobre todo en la preservación de las vidas humanas. Una circunstancia que, a pesar de la virulencia y de algunos momentos muy peligrosos, hemos logrado en Canarias.
Espero que en ese sentido podamos trabajar en la tarde del día de hoy.
Muchas gracias.
El señor presidente: Muchas gracias, don Javier, señor consejero.
Corresponde a los grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.
El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente, señorías: muy buenas tardes. Señor consejero.
Sean mis primeras palabras para expresar la solidaridad del Grupo Mixto y de Nueva Canarias con los hombres y mujeres de la isla de La Gomera y sus instituciones. Un incendio es una catástrofe que extrema las situaciones, que pone en peligro la vida de las personas, los bienes y también ese elemento común del patrimonio natural. Estamos, por lo tanto, ante una de las catástrofes que genera un impacto en las personas, en la colectividad y hay que expresar con claridad la solidaridad ante esta población y ante sus instituciones.
Este es un formato difícil para debatir en profundidad y con rigor de una situación como la vivida, de manera que yo, irremediablemente, voy a compartir mis reflexiones y aportaciones entre lo que hoy pueda aportar aquí en esta intervención, mañana en una proposición no de ley en relación a los medios materiales para la extinción y también mañana, a iniciativa de otro grupo, la posibilidad de un espacio de investigación, de forma que va a ser imposible que en este debate de hoy incorporemos el conjunto de reflexiones que pudiéramos aportar.
Lo que sí les adelanto es que lo que anima a Nueva Canarias, al Grupo Mixto, en este debate no es ajustar cuentas, no es buscar responsabilidades en abstracto, sino reconocer qué ha pasado y si ha habido errores, ineficiencias, protocolos no adecuados, que aprendamos de ello y se corrija. De manera muy especial nos anima que las instituciones públicas estén a la altura de las circunstancias ahora, después del incendio, para atender las necesidades de las personas, de las familias, de las pequeñas empresas, de las instituciones de la isla, porque el incendio deja huella en lo psicológico pero también en lo material. Y, por lo tanto, las normas que regulen las ayudas se tienen que adecuar a las circunstancias de cada momento y de cada lugar. No es lo mismo el decreto del Estado en grandes latifundios que el decreto del Estado en pequeñas propiedades como en la isla de La Gomera.
Y la tercera cuestión que nos anima en este debate y lo que discutamos aquí mañana es aprender y mejorar, porque no somos los mejores. En esto desde luego no somos los mejores y, por lo tanto, hay que ser autocrítico. Algo habrá que corregir, algo habrá que mejorar. Aquí hay instituciones responsables de la prevención y de la extinción de los incendios que no disponen de recursos. Hay una isla que no dedicó nada este verano a la vigilancia del monte porque no tiene medios.
Por lo tanto, sí quiero, después de decir esto, tres cuestiones. Miren, la situación de la climatología, la sequía, el abandono del campo, el escaso desarrollo de los planes de uso y gestión de los espacios naturales, la poca cultura de prevención, de lucha contra las emergencias y las situaciones extremas, harán que, desgraciadamente, esta historia se repita. Y, por lo tanto, tenemos que aprovechar esta experiencia para aprender y una clave indiscutible de la lucha contra las catástrofes -y esta es posible- es prevenirla, tratar de evitarla.
Dice algún experto que se evitan los incendios en invierno, que se apagan los incendios en invierno, y hay que decir que en esto de la prevención nosotros no aprobamos. El abandono de nuestros montes, el abandono de nuestros campos, el escaso o nulo desarrollo de los planes de uso y gestión de los espacios protegidos son condiciones objetivas, junto con los elementos climáticos, para que se produzcan cosas como las que hemos vivido y, por lo tanto, tenemos que prevenir.
Se han quemado este verano en el Estado español 184.000 hectáreas, cuatro veces más que el año anterior. Ha habido 10 muertes. Afortunadamente esto no ha ocurrido en nuestra tierra, pero 10 muertes. El daño medioambiental es extraordinario, los costes económicos muy significativos. Dice algún analista que 1.800 millones de euros representan las 184.000 hectáreas que se han quemado este verano.
Y allí y aquí invertimos poco en prevención, pero cuando ocurre el desastre tienes que recurrir a lo que sea. Y ahora tenemos familias que han perdido sus enseres, sus viviendas, sus pequeños cultivos, sus animales; tenemos gente impactada con lo que significaron las evacuaciones y tenemos un monte de un extraordinario valor que ha tenido un daño casi irreparable, porque, según algunos expertos, algunas de las zonas afectadas no se recuperarán ni en 100 años.
Por lo tanto, yo quiero hacer un llamamiento a la prevención, ¡y a no conformarnos!, porque no es verdad: mañana pondremos ejemplos de que no es verdad que seamos los campeones en la prevención y en la extinción de incendios, yo diría que tenemos hasta suerte. Por lo tanto, prevenir.
Hay un dato que me daban este fin de semana en la isla de La Gomera, y fue una propuesta concreta para un cortafuegos en Valle Gran Rey en relación a los cañaverales, que son un elemento inflamable, extraño por otra parte, y que se presentó un proyecto en el 2010 al Gobierno de Canarias y que nunca fue contestado; y decía el experto que hizo el proyecto que aquello era condición para que el día que hubiera un incendio se extendiera por aquel valle, y ha ocurrido. Aquel proyecto no se respondió. No sé por qué razón, tampoco lo saben los afectados. De manera que en ese terreno, y mañana entraremos en algún detalle, hay que mejorar.
No creo que estemos sobrados de medios para enfrentar estas situaciones y no creo que las islas menos pobladas tengan condiciones objetivas para hacer frente a esta situación. Todos sabemos, cuando se produce un incendio de estas características, en las condiciones climatológicas de alta temperatura, baja humedad y vientos, los primeros minutos, las primeras horas son decisivas. Hay algún experto que dice que la primera media hora. Yo preguntaría -porque no tengo mucho tiempo ni oportunidad- cuánto tiempo transcurrió desde que se solicitó al 112 la alerta de este incendio y en cuánto tiempo respondió el primer medio aéreo del Gobierno de Canarias. Me gustaría saber eso, desde la llamada a la movilización del primer medio aéreo.
Pero yo creo que en materia de emergencias y de seguridad tenemos mucho que aprender. Empezamos tarde. Recuerdo siempre esta situación. Fuimos la última comunidad del Estado español que creó la Dirección General de Seguridad y Emergencias, la última. Desarrollamos en aquella etapa un conjunto de infraestructuras y políticas que, en el mejor de los casos, están congeladas, si no en detrimento o en retroceso. Sin ir más lejos, esta mañana alguien me mandaba una información del expediente de regulación de empleo de Gestión de Servicios Sanitarios y de Seguridad, que hoy presentaban. De los tres técnicos de planes de emergencia dos serán despedidos y dos técnicos, uno sobre patrimonio y otro de seguridad, también se van a la calle. Los recortes en materia de seguridad se pagan, y se pagan con creces.
Desgraciadamente, e insisto en lo del tiempo, no disponemos de él para precisar que en esta materia no es verdad que hayamos avanzado. En esta materia tenemos que revisar los medios, las estructuras, la coordinación, porque la percepción que se tiene desde fuera no es precisamente para aplaudir y algo tendrá que ver el malestar generalizado que se produce en la isla de La Gomera en relación a lo acontecido. Sé que una situación como esta genera tensiones, genera cargas subjetivas, pero es cierto también que hay datos objetivos que de tener tiempo valdría la pena considerar.
Acabo reiterando por donde empecé. Ahora, sin perjuicio de la prevención, de las políticas de emergencia y seguridad, que deben ser reforzadas desde nuestro punto de vista, toca ayudar a los que lo están pasando mal porque han perdido sus bienes, porque han perdido cuestiones básicas para su vida. Y hay que decir que con el decreto estatal y con el decreto canario, conociendo la estructura de propiedad, conociendo los lugares afectados, habrá que ser un propietario con todos los papeles en regla -que no es fácil en el ámbito rural- y muy diligente para aprovechar las ayudas que se ponen en marcha. Creo, sinceramente, que las normas no se pueden aplicar igual en el continente que en el archipiélago, ni siquiera igual en las islas más pobladas que en las menos pobladas, ni siquiera igual en el ámbito urbano que en el ámbito rural. Los dos decretos promovidos por ambos gobiernos no parecen, no parecen, adaptarse a las circunstancias, a las necesidades, a los problemas concretos, y yo pediría también ahí flexibilidad.
De manera, señor consejero...
El señor presidente: Un minuto para ir terminando, don Román, un minuto.
El señor Rodríguez Rodríguez: Aun reconociendo que nosotros no vamos a buscar aquí ni el deterioro de este Gobierno ni del otro, ni de uno ni de otro, aun reconociendo que frente a una emergencia es muy fácil que se cometan errores y que haya dificultades, lo que sí digo es que no he visto ni el más mínimo atisbo de autocrítica por parte del señor responsable, porque creo que desgraciadamente hay elementos críticos en esta como en cualquier catástrofe. Seguro que servirán para mejorar. Sería bueno que eso quedara claro. No se han hecho las cosas a la perfección, no hemos sido perfectos ni en esta ni frente a ninguna catástrofe.
Por lo tanto, sería deseable que aprendiéramos y espero que mañana, cuando hablemos de los medios, pongamos énfasis sobre la necesidad que tenemos de seguir apostando por estas políticas, que desgraciadamente, desgraciadamente, no suelen ser prioridades en los gobiernos, y lo sabemos. Es más fácil impresionar a la ciudadanía con las carreteras y estas cosas, pero la prevención, la seguridad y las emergencias es un valor de desarrollo básico, y en esta tierra todavía hay mucho que mejorar.
Muchísimas gracias.
El señor presidente: Muchas gracias, don Román.
Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano León.
El señor Ruano León: Señor presidente. Señorías, buenas tardes.
Tras la información del Gobierno y la intervención del portavoz del Grupo Mixto, nuestro grupo quiere hacer referencia a algunas cuestiones que consideramos esenciales para este debate y para los debates que vamos a tener en torno a este mismo asunto en iniciativas de otra naturaleza.
En primer lugar, hay que decir, sobre todo cuando aquí hablamos siempre de competencias, a quién corresponden, que hay que establecer un buen reparto de las competencias entre las administraciones públicas canarias, que la competencia para la prevención y lucha contra los incendios forestales es de los cabildos insulares.
En segundo lugar, hay que decir que los incendios forestales pueden llegar a constituir una emergencia de protección civil y consecuentemente, en relación a la gradación, a la gravedad que pueda adquirir ese incendio forestal, puede determinar la necesidad de concurrencia de medios ajenos a cada uno de los cabildos insulares y en función de eso se fijan respuestas distintas. Los niveles de gravedad van desde el 0B, 0A, nivel 1, todos ellos en el ámbito del cabildo insular; nivel 2, en el ámbito de la comunidad autónoma, del Gobierno de Canarias; y el nivel 3, como señalaba el consejero de Seguridad, el nivel 3 de emergencia nacional es un nivel que prácticamente no se produce en el caso de este tipo de siniestros, salvo que la afectación pueda producirse en instalaciones de interés nacional. En fin, circunstancias muy especiales que en general, en el régimen de protección civil que se domina, por el Plateca -el Plan Territorial de Protección Civil de Canarias-, no se dan.
En fin, esto es importante, señorías, señor Rodríguez, es importante, porque o inscribimos el debate en torno a lo que representa el cómo se da respuesta, que es mucho más, mucho más que un tema de competencias y demás... Básicamente es dar la respuesta adecuada a la resolución del incendio, porque se juegan vidas humanas. Usted, señor Rodríguez, se ha referido a temas de que si no somos los campeones -supongo que no-, habló de suerte, y yo que tuve seis años esa responsabilidad puedo decir que tuve mucha suerte, efectivamente, muchísima suerte, pero es que, además de suerte, hay que tener otras cosas. Yo, pues, mire, soy creyente pero mi nivel, quizás, los fundamentos religiosos de mi actividad no son suficientes como para creer que las cosas se van a resolver por fe. Y es cierto que existe un plan contra los incendios forestales en Canarias, un buen plan de incendios forestales con relación a los niveles de gravedad, y cuando funciona, es decir, cuando la realidad se ajusta a las previsiones del plan y cada uno hace lo que tiene que hacer, las cosas funcionan, funcionan razonablemente bien. Eso no significa, señor Rodríguez, señorías, que no se tenga que tener suerte, que eso es algo inconcreto, intangible, en afrontar ese gran problema, como cualquier otro problema.
Miren, en todos los niveles de coordinación, en todos ellos, la coordinación de los medios aéreos la hace el Cecoes-112. Todos los medios aéreos, en cualquiera de los niveles, abastecen o dan respuesta a la demanda que por parte de los cabildos insulares, en esos niveles primeros, 0A, 0B y 1, se produce. Todo el plan funciona, por tanto, con el conjunto de medios a dar respuesta en esos primeros niveles. Usted se refería a los conatos; el consejero hizo referencia, concretó cifras exactas del número de incendios producidos, registrados, en todas las islas con masa forestal de Canarias, las cinco islas que tienen masa forestal. En fin.
El nivel 2 representa, además de la coordinación y dirección por parte del director del plan, consejero de Seguridad -señora Navarro, consejero de Seguridad-, es el director del plan, y quisiera... -si quieren, entramos al decreto, al decreto de reglamento orgánico del departamento, etcétera; no es el caso-, a mí me gustaría que pudiéramos esta tarde hablar, digamos, con fortaleza acerca de cómo se ha dado respuesta, incluso a los errores. El consejero ha dicho que va a hacer propuestas en torno a mejoras, porque, mire, básicamente un plan es eso. Yo, por ejemplo, soy responsable del Pevolca, pero ¿usted cree que cuando hacíamos el Pevolca sabíamos que en un par de años íbamos a tener un volcán y que el volcán iba a ser submarino, que...? Pero es que es imposible saber eso. Entonces cuando se producen los incidentes, las emergencias, después hay que producir una adecuación de aquel propósito global, de trazo gordo, que se ha realizado en un papel a la realidad. Y, por ejemplo, en El Hierro se ha visto que el plan -el Pevolca- requiere un semáforo distinto, una graduación distinta, de los niveles de gravedad. Esas son cosas que se ven también en los incendios forestales. Por tanto, esperamos que el consejero traiga una propuesta en ese sentido.
Mire, en una emergencia las prioridades son las que determina la norma básica de protección civil -ley orgánica del año 85-: las personas, primero las personas; segundo, los bienes; tercero, la masa forestal o agraria, agrícola. En fin, esto es así. Y en los incendios forestales hay que producir, cuando se producen esos niveles de gravedad, esa respuesta, incluyendo en el primer nivel, incluyendo en el nivel de protección de las personas, a los efectivos que trabajan contra el fuego. Por tanto, esto es clave y no es baladí, cuando se hace balance, el sentirnos satisfechos de poder decir que en Canarias no ha habido muertos. Puede ser que también haya cuestiones de suerte ahí, por supuesto, porque si cojo recortes de prensa donde hay cosas muy emotivas de aquel que se quedó en la casa, cogió la manguera del jardín -y hay casos de esos irresponsables-, entonces, pues, puede ser muy emotivo y demás y muy digno intentar salvar tu casa, pero si se ordena la evacuación, hay que evacuar. Y hay un sistema de responsabilidades que impone que hay que evacuar y nuestra responsabilidad -la de los diputados y diputadas que nos sentamos aquí hoy-, hacer visible la verdad para que las personas tengan confianza en su sistema de seguridad y emergencias. Por tanto, no es baladí hablar de que no ha habido víctimas, porque las víctimas en España, en el Estado español, desde 2009 han sido 96 personas en incendios forestales. En este año 2012, como usted dice, 10 personas. Por tanto, primera clave, de esas ninguna en Canarias, en ninguna parte, y durante todo el periodo.
Masa forestal quemada. España -datos 2012-, 181.000 hectáreas quemadas. De esas 181.000, 13.000 en Canarias. Nuestro medio terrestre, como es conocido, es muy pequeño, apenas 7.500 km2 terrestres, y cuento ahí a las islas sin masa forestal. De esas se han quemado 13.000 hectáreas y de esas, concretamente 3.962 hectáreas en la isla de La Gomera. Una incidencia importante en una isla preciosa, en una isla bonita, como es esa, porque la afectación es grande.
Pero, mire, lo más importante -tengo muy poco tiempo- es saber si el sistema se produjo o funcionó como ordena el plan y si el incendio estaba estabilizado, si la dirección de extinción propone la bajada de nivel en cuanto que entiende que el incendio está estabilizado, hay que producir la bajada de extinción. Porque, mire, entre otras cosas, los medios aéreos, señora Navarro, no se van porque les dicen que se vayan. El plan funciona de forma automática y es la propia Administración del Estado en relación con sus recursos la que demanda que, de acuerdo con los niveles de emergencia, se adecuen los medios con los que se da respuesta. No podemos estar siempre en nivel 2 y se produjo nada menos que en la isla de Gran Canaria, en Caserones, que un incendio casi agrícola lo llevan a nivel 2 para que intervenga la Unidad Militar de Emergencias. Esto ha ocurrido así y eso es llevar a la hipérbole un sistema de atención que requiere que todo ese conjunto de recursos sirva a un propósito único que tiene que dar respuesta en las cinco islas con masa forestal.
En fin, creo que las explicaciones del consejero han sido suficientes, pero antes, en unos segundos, señor consejero, me gustaría decirle lo siguiente. Luche para que mantenga la credibilidad del sistema de seguridad y emergencias de Canarias, para que mantenga la credibilidad en estas circunstancias, en este guineo que ha sido en el último tramo de agosto, en medio de la emergencia, una batalla entre administraciones públicas o entre partidos políticos...
El señor presidente: Tiene un minuto, don José Miguel.
El señor Ruano León: Sí, muchas gracias, presidente. Voy cerrando.
...entre partidos políticos. Eso es lo peor que puede sucederle al sistema, porque el ciudadano necesita confianza en quienes dirigen el proceso para que su respuesta sea adecuada, en este caso una evacuación, y nadie abandona fácilmente su casa, señor consejero.
Por tanto, le queremos pedir que en pro de la credibilidad, en pro del futuro, en pro del funcionamiento del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, todo lo que usted nos ha dicho lo vamos a querer por escrito, detalladamente. Queremos saber cómo pasaron las cosas, cómo sucedió el pase o los cambios de nivel, qué estructura se dio o qué respuesta se dio.
Y quiero también aprovechar la ocasión, estos escasos segundos, para decir que no ha habido ningún problema con la Administración del Estado. ¡Ninguno! Señores del Partido Popular, agradecemos a la Administración del Estado su esfuerzo. La distancia no la va a arreglar el Partido Popular ni el Partido Socialista ni nadie. La distancia que hay entre Canarias y la Península es la que es y la respuesta es la que necesitamos tener. Estamos a 2.000 km de Madrid, a más de 1.300 km de la costa peninsular española.
Muchas gracias.
El señor presidente: Muchas gracias, don José Miguel Ruano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, doña María Australia Navarro.
La señora Navarro de Paz: Señor presidente, señorías.
Asistimos hoy en este Parlamento a una manifestación más -diría yo- del alejamiento del señor presidente del Gobierno de los problemas que verdaderamente afectan y preocupan a todos los canarios.
La enorme magnitud y las drásticas consecuencias que han tenido los incendios acaecidos en Canarias durante este verano, sobre todo el de la isla de La Gomera, que aprovecho para saludar al presidente del Cabildo de La Gomera, al alcalde del municipio de Valle Gran Rey y al representante de La Gomera Se Mueve; insisto; decía que sobre todo el de la isla de La Gomera, desde nuestro punto de vista, exigían la presencia activa del presidente aquí, en esta comparecencia. ¿Para qué? Pues para darles a todos los ciudadanos de nuestras islas una explicación de por qué ha habido tantos incendios graves, qué es lo que ha fallado, como bien decía el portavoz del Grupo Mixto, en la prevención, qué es lo que ha fallado en la extinción de los incendios, pero sobre todo en la gestión de los mismos. Y aunque todos los canarios, insisto, por la gravedad del tema, esperaban las explicaciones del presidente del Gobierno, el señor Rivero, lo estamos viendo, ha preferido escudarse en uno de sus consejeros, presumimos que para no tener que dar la cara.
Señor consejero, le agradezco los datos, las cifras y las explicaciones que nos ha dado sobre los incendios que han azotado nuestra comunidad autónoma durante este verano, pero por la situación de emergencia extrema, por el riesgo real de pérdidas humanas, por la evacuación masiva de la población, por la acción devastadora del fuego sobre viviendas, fincas y montes y por el enorme daño que ha sufrido un espacio natural único, patrimonio de la humanidad, me va a permitir, señor consejero, me van a permitir, señorías, que yo centre mi intervención en el incendio de La Gomera. Y obviamente, señor consejero, después de escucharle nos ha quedado muy claro a todos estos diputados que su Gobierno no tiene la menor intención de arrojar luz sobre lo ocurrido y lo único que pretende es seguir proyectando sombras, como viene haciendo desde que se produjo la reactivación del incendio el pasado día 10 de agosto.
Es evidente, señorías, que la prioridad de este Gobierno, una vez más, es la de diluir las responsabilidades o la responsabilidad sobre lo ocurrido, en lugar de reconocer, señor González Ortiz, que se han cometido errores en la gestión del incendio de La Gomera. Porque, mire, solo si reconocemos que se han cometido errores, podremos mejorar, y podremos mejorar en la prevención, efectivamente, señor Rodríguez, y también mejorar en la extinción de incendios en toda Canarias.
Señor González Ortiz, insisto, es hora de que usted reconozca en nombre del Gobierno y de que asuma en nombre del mismo que se equivocaron, que bajaron la guardia en un incendio que ha causado gravísimos daños a la población y a más de 4.000 hectáreas en La Gomera. Insisto: solo si ustedes son capaces de asumir sus errores, solo entonces estaremos todos en condiciones de poder mejorar y avanzar en el futuro de la gestión de la responsabilidad que tiene nuestra comunidad autónoma.
Señor Ruano, tenemos responsabilidad en la prevención y en la extinción de los incendios forestales, pero hoy, sin embargo, lejos, señor consejero, lejos de escuchar un tono de autocrítica, que creo que es lo que esperaban todos los canarios, el Gobierno, a través suya, ha acudido al Parlamento a escurrir el bulto y -permítame que se lo diga- y a tapar sus vergüenzas, confirmando con ello que a este Gobierno no le preocupan lo más mínimo los incendios, señorías. La actuación del Gobierno, queriendo confundir a la opinión pública, yo creo, si me lo permite, ha sido lamentable en cuando a la competencia, han querido confundir sobre este extremo. Y, miren, así, soslayando sus competencias en materia de prevención, insisto, y extinción de incendios, han tratado de trasladar su responsabilidad al ministro de Agricultura, al presidente del Gobierno de la nación, a la Guardia Civil e incluso al Cabildo de La Gomera. Eso sí, hasta que por conveniencia sellaron el presidente del Gobierno y el presidente del Cabildo de La Gomera lo que desde el Partido Popular hemos denominado un pacto de silencio y de vergüenza mutua. Y aquí está, señor González Ortiz, aquí está.
Pero, miren, es que, no contentos con ello, hemos escuchado hoy mismo aquí, en sede parlamentaria, y previamente se lo escuchamos a usted, al presidente del Gobierno, señalar a los técnicos como responsables de las erróneas decisiones que se han tomado por parte del Gobierno. Y, claro, yo aquí traería a colación y le recordaría al presidente del Gobierno que un gobernante que culpa a sus inferiores de sus propios errores, ya se sabe, no merece seguir siendo gobernante.
Señor González Ortiz, ¿es que acaso se han olvidado de que el señor Rivero, el señor Pérez y usted mismo visitaron el pasado 7 de agosto la isla de La Gomera para comunicar a la opinión pública, con un gran despliegue propagandístico y mediático -por cierto, como es habitual en este Gobierno-, que el fuego estaba casi estabilizado, que, por tanto, la extinción final debería corresponder al Cabildo de La Gomera y que los medios de apoyo facilitados por el Gobierno de la nación ya no eran necesarios? ¿Es que se ha olvidado también de que antes de decretar la rebaja de la alerta usted mismo, señor González Ortiz, usted mismo, reconoció abiertamente que la existencia de puntos calientes y la llegada de una nueva ola de calor ese fin de semana podría provocar una reactivación del incendio? Señor González Ortiz, ¿cómo se puede bajar la guardia, rebajar la alerta y prescindir, voluntariamente, señor González Ortiz, de los hidroaviones -e insisto, señor Ruano- del Estado y a la vez reconocer la inminencia de riesgos extremos de reactivación del fuego por la llegada de una ola de calor? ¿No será que la rebaja de la alerta se debió más bien a criterios políticos que técnicos, señor González Ortiz? ¿Qué tenemos que pensar después de haberle escuchado, que el Cabildo de La Gomera quería rescatar la dirección de la extinción del incendio para llevar la comunicación pública del mismo? ¿Por qué, porque antes lo había hecho el Cabildo de La Palma? ¿Tenemos que pensar eso, señor González Ortiz? ¿Qué tenemos que pensar, si una vez asume el Cabildo de La Gomera la dirección de la extinción del incendio de dicha isla y el presidente del Gobierno de manera inmediata se dedica, a través de los medios de comunicación, a pedir ayuda al Gobierno de España y a la Unión Europea, porque quiere extinguir definitivamente el incendio del que se había hecho cargo?
Señor González Ortiz, los gomeros, y también el resto de los canarios, señorías, se están haciendo estas y otras muchas preguntas. Por ejemplo, ya lo decía esta mañana, ¿por qué el señor Rivero o el señor Pérez han sido incapaces de volver a La Gomera para valorar in situ sobre el terreno los efectos devastadores del incendio?
Señor González Ortiz, señores del Gobierno, hay demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas excusas, demasiado afán por confundir y distraer la atención. Y, de verdad, demasiada desesperación por secuestrar la verdad, y eso, señorías -estoy segura de que coincidirán conmigo-, nos abochorna a todos, pero, señor González Ortiz, les retrata a todos ustedes: al Gobierno y a sus socios políticos, a los grupos políticos que lo apoyan. ¿Por qué?, porque se han obstinado, se han obstinado en tapar sus responsabilidades a través de un vergonzante -insisto- pacto de silencio entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de La Gomera. ¿Y para qué? Pues, miren, muy sencillo, para que nadie hable, para que nadie diga nada, para que nadie recuerde lo que ocurrió. Pero, mire, en La Gomera, los gomeros y sobre todo el resto de los canarios nos hacemos una pregunta: ¿qué es lo que hubiera ocurrido si el Gobierno hubiese mantenido la alerta y la dirección en la extinción definitiva del incendio de La Gomera con el apoyo sobre el terreno de los medios dispuestos por el Gobierno de la nación?, ¿qué es lo que hubiese ocurrido?
Señorías, la historia que hemos escuchado hoy aquí sobre los incendios acontecidos en Canarias y particularmente sobre La Gomera en realidad es la crónica de un fracaso. El fracaso de un Gobierno que defiende con uñas y dientes su competencia en la prevención y extinción de incendios y, sin embargo, es incapaz de asumir su propia responsabilidad, las responsabilidades que comporta el ejercicio de tales competencias. El fracaso de un Gobierno, señor González Ortiz, que se avergüenza de sí mismo y se esconde durante semanas intentando borrar su fracaso, censurando, señor González Ortiz, censurando, en la comunicación oficial del incendio, el famoso decreto de rebaja de la alerta. El fracaso de un Gobierno, señor González Ortiz, que se aprovechó una vez más de la televisión pública canaria en su propio beneficio para hacer un publirreportaje sin fin por el que desfilaban -¿no lo recuerdan, señores diputados?- día tras día los prohombres de este Gobierno. Eso sí, hasta el 10 de agosto, porque a partir de entonces todo el mundo se escondió. El fracaso de un Gobierno, con su presidente al frente, que ahora exige medios aéreos al Estado...
El señor presidente: Tiene un minuto, doña María Australia.
La señora Navarro de Paz: ...y además diciendo que lo está interesando desde el año 2007, cuando gobernaban otros que también ahora se esconden. El fracaso de un Gobierno -y esto, insisto, es un dato relevante- que no reclamó hidroaviones ni otros medios adicionales en ninguna de las tres reuniones anteriores al verano que fueron convocadas por el ministerio para informar a las autonomías del dispositivo y despliegue de medios estatales de apoyo para la campaña veraniega de incendios.
Señores del Gobierno, señorías, ha llegado la hora de decir la verdad, de asumir las responsabilidades que pudieran corresponder, y es que, señorías, La Gomera, los gomeros y los canarios se merecen el respeto, se merecen disculpas por parte del Gobierno, que no ha sabido estar ni durante el incendio ni tampoco ahora a la altura de las circunstancias.
Muchas gracias.
El señor presidente: Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Pedro Martín. Saben que tiene 15 minutos, porque era el grupo también solicitante de una de las dos comparecencias.
El señor Martín Domínguez: Señor presidente. Señorías.
Este verano que ahora termina desde luego ha sido francamente duro en cuanto a la incidencia de incendios, sobre todo en La Palma, con 2.600 hectáreas calcinadas sobre una superficie total de 7.500 del espacio natural Cumbre Vieja, y particularmente, sobre todo, ha sido muy duro en Tenerife y La Gomera. En estas dos islas los operativos puestos en marcha consiguieron lo esencial: la protección de la vida de nuestros ciudadanos.
Dicho esto, en Tenerife, con 6.600 hectáreas quemadas en el sur y 280 en el norte de la isla, la magnitud de los incendios, no obstante, la hemos de medir sobre todo en la calidad y en el gran valor de la masa forestal afectada. En la zona de Tágara y de Niágara, árboles centenarios mantenían aún sus rescoldos hasta hace tan solo unos pocos días. En este último frente, en el oeste, se pidieron medios aéreos el lunes por la tarde. El dispositivo entró en acción en la mañana del jueves y, además de la actuación mediante algunos cuestionables cortafuegos, se demostró que el operativo no tenía capacidad para abordar la extinción conjunta de todo el siniestro.
En La Gomera el incendio ha sido devastador por la gran extensión de suelo calcinado, 4.000 hectáreas, por la duración del siniestro y sobre todo por el elevado número de ciudadanos afectados en sus propiedades. Pérdidas valoradas aproximadamente en 71 millones de euros. Tendrá oportunidad mi compañero Julio Cruz, con una proposición no de ley, también en abundar en su momento en este asunto.
El Gobierno ha sido decidido -es verdad- al promover, en el mes de agosto, una línea de ayudas para contribuir a recuperar las viviendas afectadas, equipamientos y llevar a término planes de empleo específicos para la reparación de los daños medioambientales. Si queremos que esta medida de verdad sea efectiva, hay que contar -eso quiero decirlo- con las corporaciones municipales y que los ayuntamientos afectados sean los gestores de esos programas de empleo.
En el Parlamento nacional el Partido Socialista proponía la aprobación de un real decreto-ley para paliar los daños de los incendios. El pasado viernes el Gobierno de la nación daba curso a esa iniciativa y en nuestras islas cabildos como el de La Gomera ya tienen trabajando a desempleados en la recuperación ambiental de las zonas afectadas. Sin embargo, siendo las ayudas y su cumplimiento muy importantes, la sensación que queda en Tenerife y en La Gomera es que se necesitó probablemente una mayor coordinación, una comunicación más fluida que echaron en falta en muchos ciudadanos y, sobre todo, más medios para parar el fuego antes.
No es nuevo el fenómeno de los incendios en Canarias. Entre el año 2001 y 2011 ha sido afectado un total de 44.975 hectáreas de superficie forestal, tanto arbolada como no arbolada. Se han producido en este periodo 1.260 incendios con una media anual de 114 siniestros. Los datos dejan bien a las claras el problema que tratamos hoy y la necesidad de realizar un trabajo continuo, tanto en la mejora de la prevención como en la extinción, una vez producido el siniestro.
Este verano con los incendios acaecidos en nuestra comunidad autónoma se evidenció la falta de medios, sobre todo aéreos, que son los determinantes en la actuación contra el fuego en un territorio como este de complicada y abrupta orografía. Se hace necesaria la revisión de las medidas y protocolos que permiten hacer frente a los incendios forestales para enfrentarnos con mayor eficacia a su extinción.
Los más importantes incendios de este verano no tuvieron el componente de permanente imprevisibilidad de los acaecidos en el año 2007, donde a las constantes altas temperaturas y baja humedad teníamos añadidos unos fuertes vientos. Sin embargo, permanecieron durante días y semanas, y eso contando con la fortuna de que los incendios no llegaran a coincidir en los episodios más intensos en varias islas a la vez. Si eso hubiese sido así, la propagación del desastre y sus efectos serían aún mayores.
Siendo propositivos, quisiéramos hacer desde mi grupo algunas reflexiones sobre medidas a tomar, tanto en la fase de prevención como en la de extinción.
Hablando de prevención, es inevitable abordar este asunto porque, aunque no sea objeto del Plan de protección civil y de atención a las emergencias por incendios forestales, buena parte del éxito de sus actuaciones pivota sobre los logros que hayamos alcanzado en prevención. Por cierto, el Infoca sería oportuno mediante alguna fórmula, la participación de los ayuntamientos a través de la Fecam, porque estoy seguro de que tendría mucho que aportar y todos sabemos que las inversiones que muchos ayuntamientos han venido realizando en equipos contra incendios, en accesos forestales, en bomberos voluntarios y en protección civil han sido muy importantes y seguro, como digo, que aportarían mucho a sus trabajos.
Hablando de prevención, mejora de pistas forestales. Las pistas forestales tienen como función principal las labores de gestión, el servicio de prevención y extinción de incendios y los trabajos de aprovechamiento. En general no fueron construidas con las condi ciones técnicas que permiten garantizar la circulación segura de vehículos contra incendios. La mayoría de ellas no dispone de capa de rodadura ni el ancho necesario para que circulen vehículos de extinción. El tránsito por estas, las escorrentías producidas por las lluvias y las rodaduras de algunos vehículos generan daños en los firmes no asfaltados y el no realizar mantenimiento continuo hace que puedan estar en condiciones impracticables. Aquí tienen mucho que decir los cabildos. Los cabildos porque carecen en su mayoría, prácticamente todos, de un plan de pistas forestales en cada una de las islas con masa forestal, pero más importante incluso que este hoy es la financiación de un plan de mejora y mantenimiento al menos de aquellas que transcurren por espacios de especial concentración de arbolado, las próximas a las zonas que pudieran funcionar como cortafuegos, las de acceso a torres de vigilancia y las que conducen a depósitos de agua en zonas de la corona forestal. El Gobierno de Canarias ha de tutelar la efectiva realización de estos trabajos por los cabildos y las mínimas transferencias de financiación necesarias para un progresivo trabajo de mejora.
En este punto, en aquellas vías de especial interés y de manera selectiva, repito, de manera selectiva, la utilización de asfalto no debería ser una alternativa a desechar por pruritos medioambientales. Acaba siendo una alternativa más económica porque evita el recurrente movimiento de tierras y, por lo mismo, además más ecológica. Es el necesario aporte de tierra para cubrir las zonas erosionadas, eso produce sorribas que en nada ayudan al equilibrio medioambiental de las zonas que queremos proteger.
Necesitamos una actualización de la infraestructura hidráulica que se puede emplear en la extinción de incendios forestales. Poniendo como ejemplo a Tenerife, una de las islas que mejor tiene inventariadas sus infraestructuras hidráulicas, la misma está integrada por una red de depósitos, de tuberías, de difícil mantenimiento por lo disperso de la zona forestal. Actualmente hay aproximadamente unos 60 depósitos de agua para carga en tierra, cuya titularidad se reparte entre Medio Ambiente, parque nacional y ayuntamientos. Hay también unos 55 depósitos de agua para carga de medios aéreos y se dispone de unas 370 tomas de agua para camiones, de las cuales en 206 corresponde su gestión al área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife y el resto a particulares. Sin embargo, todo esto no es suficiente ni en Tenerife ni en el resto de las islas, porque aún están menos dotadas que esta.
En el ámbito de la infraestructura hidráulica proponemos que se incremente el número de depósitos de agua próximos a la zona de gran masa boscosa y/o de difícil acceso para garantizar una más rápida y eficaz acción de los medios aéreos; utilizar la cercanía de nacientes, porque son muchos los que están a una cota muy alta. La proximidad de canalizaciones de abastecimiento, municipales o comarcales, a las que sacar una derivación podría garantizar el agua necesaria para esos depósitos. El aumento de los recursos hídricos, unido a la reducción de los tiempos de desplazamiento, para que los medios terrestres y especialmente los aéreos puedan realizar su trabajo con mayor eficacia es -y creo que en eso estaremos de acuerdo- importantísimo. Determinar un plan de ubicación de esos depósitos y un proceso paulatino de construcción es crear el apoyo necesario a cualquier tarea de extinción, sobre todo si disponemos de los recursos aéreos que nuestra comunidad necesita. Finalmente, implicar a los ayuntamientos para la obtención de los recursos hidráulicos y a los cabildos para los trabajos técnicos y de infraestructuras necesarias, junto con el Gobierno autónomo, no supondría un objetivo económico inalcanzable en un plazo razonable y, por lo tanto, creo que hay que ponerse a ello.
Incrementar siempre, yo creo que de forma selectiva, el número de áreas, cortafuegos y fajas auxiliares. Proponemos incrementar y acentuar la labor de implantación de la selvicultura preventiva. En la actualidad se está acentuando el uso de la selvicultura preventiva, que tiene escaso impacto ambiental y cuya finalidad es conseguir masas con mayor resistencia a la propagación del fuego. Para ello se debe actuar sobre determinadas zonas a través de fajas auxiliares y áreas cortafuegos. Mediante fajas auxiliares porque se crean zonas a ambos lados de las pistas, donde se trata la vegetación para reducir su carga y reconducir esta hacia estructuras vegetales menos inflamables; las áreas cortafuegos, en donde eliminamos vegetación, creemos que no han de ser una prioridad por su elevadísimo impacto ambiental. Sin embargo, de acuerdo con los tres niveles de la Administración pública, podríamos definir dónde se hace inevitable su creación.
No voy a entrar en el recurrente asunto de la limpieza de montes y retirada de pinocha. Es necesario y es evidente. Pero la pinocha, que tiene un efecto beneficioso en el ecosistema boscoso, su exceso, es verdad, genera sin duda un mayor peligro de combustión. Sin embargo, los alcaldes sabemos que a menudo las subastas de pinocha se quedan desiertas y que, cuando hay interesados, por esa escasa rentabilidad no retiran ese material vegetal de donde realmente supone un peligro: las zonas del interior de los montes y los espacios más abruptos.
Proponemos la necesidad de plantearnos incrementar el número de torres de vigilancia, al menos para intentar cubrir entre el 80 y el 100% de la superficie boscosa. Las torres no son infraestructuras especialmente costosas. El personal a su cargo sí que representa una cuantía sustancial. Por esa razón podrían ejercer una labor temporal durante el año. Sin embargo, el servicio de observación debería permanecer las 24 horas del día durante la época de mayor riesgo.
Creemos en la revisión de los criterios de clasificación urbanística. En estos últimos años ha sido frecuente por parte de algunos cabildos y del Gobierno autónomo, llevados por un impulso proteccionista a menudo carente de fundamentación, la clasificación de terrenos destinados a la agricultura tradicional con alguna figura urbanística que incrementa la protección de esos suelos y, por lo tanto, las limitaciones para la explotación agrícola. Por ejemplo, aprovechando la cercanía a zonas de monte, se amplían ámbitos como los de bosque potencial en espacios destinados a cultivos de vid o de papas. Resultado: se puede seguir con los cultivos pero no se permite su ampliación, su modificación, la construcción de muros y, por lo tanto, se acaban dejando sin cultivar y al final, por lo tanto, se acaba frenando uno de los principales impedimentos al fuego, las huertas de cultivo. Esta situación ha de ser revisada en los planeamientos municipales para favorecer el fomento de los suelos agrícolas tradicionales en los márgenes de nuestros montes.
En la fase de extinción, es verdad que Canarias encierra una especial dificultad por su orografía y la lejanía de la Península. La competencia de gestión en la lucha contra incendios forestales en España corresponde a las comunidades autónomas; sin embargo, la Administración General del Estado, además de conservar competencias en materia de legislación básica, mantiene competencias. Así, es competente para aportar los medios materiales y personales de refuerzo en materia de prevención y extinción de incendios y de coordinación con las labores de extinción.
La ubicación geográfica de Canarias dificulta en sí misma las tareas que en materia de extinción de incendios corresponden a la Administración General del Estado. De este modo los medios materiales y personales que pueden aportar tardan muchas horas en llegar, a veces días, y el tiempo de actuación es un elemento determinante en la progresión y gravedad de un incendio. Resulta, por lo tanto, imprescindible garantizar la presencia permanente de medios de extinción aéreos estatales en las propias islas, que complementen los que ya tienen la comunidad autónoma y los cabildos, al menos durante la temporada de mayor riesgo de incendios.
Es evidente el importante papel de los hidroaviones en la extinción de incendios. Su capacidad de carga, 5.346 litros de agua, supera la de cualquier helicóptero disponible. Por lo tanto, la presencia permanente de este recurso en Canarias es importante y ha de formar parte del compromiso del Estado para con los ciudadanos de esta comunidad autónoma.
Actualmente en la isla disponemos de 11 helicópteros, de los cuales 10 tienen una capacidad de transporte de 1.500 litros de agua y uno, 4.500 litros. Sin embargo, en un país en el que los incendios forestales son una constante todos los años -en este verano se han quemado en España, ya se ha comentado, alrededor de 180.000 hectáreas y una vez más se han perdido vidas humanas- se hace necesaria la adquisición o incluso el alquiler de nuevos medios por parte del Estado.
Los hidroaviones, a pesar de su eficacia, tienen limitaciones. Por un lado, solo pueden cargar en aeropuertos o en el mar, siempre que las condiciones lo permitan. Por otro lado, la altura a la que han de trabajar en algunas zonas de nuestra isla dificulta su maniobrabilidad. Sin embargo, en países con tanta o más masa arbórea como la nuestra se ha optado por la adquisición de modernos helicópteros de elevada capacidad. En países como Estados Unidos, Australia o Italia, estos autogiros han resultado decisivos en el ataque a incendios de gran dificultad de extinción. Creemos pertinente que nuestra comunidad autónoma solicite al Gobierno de España la adquisición de helicópteros del tipo Erickson Air-Crane, que pueden incorporar un depósito de 10.000 litros para almacenar tanto agua como productos retardantes del fuego. Esto significa más del doble que un Kamov y prácticamente la misma capacidad en una sola actuación que siete helicópteros convencionales juntos. Tienen capacidad para abastecerse tanto en el mar -incluso en situaciones en las que un hidroavión no puede hacerlo- como en cualquier embalse. Además, pueden volar a alturas superiores a otros medios convencionales utilizados en estas situaciones y, finalmente, sus prestaciones lo hacen muy versátil. Así, estos helicópteros prestan servicio tanto en extinción de incendios y protección civil como en construcción, como en transporte de material pesado o voluminoso. Se han demostrado eficaces en ámbitos tan diversos como el transporte de material militar pesado o elevadas torres eléctricas completas para llevarlas a zonas de difícil acceso. En situaciones de estrecheces económicas, el arrendamiento por el Estado durante los meses de estío es una opción, como lo es su adquisición dada su posible utilización por diversos ministerios del Estado -Medio Ambiente, Fomento, Defensa- o su arrendamiento a empresas públicas o privadas, lo que permitiría amortizar una parte importante de la inversión.
Por todo lo dicho hasta aquí, la adquisición por parte de nuestro Estado de estos helicópteros y su cesión puntual o periódica, en virtud de un convenio...
El señor presidente: Don Pedro, tiene dos minutos para terminar.
El señor Martín Domínguez: ...un enorme avance en la lucha contra los incendios -bien, gracias-. Por lo tanto, de esta forma proponemos el establecimiento permanente de una base de hidroaviones en Canarias que complemente los medios de los que ya disponen el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares. Instar al Gobierno de España para que disponga, mediante compra o alquiler, de al menos dos helicópteros de gran capacidad, tipo Erickson Air-Crane o similar, para su puesta a disposición de las comunidades autónomas del Estado en caso de siniestros graves o que pudieran derivarse en graves.
Quiero terminar haciendo referencia a la efectividad de la aplicación de los niveles de riesgo. Definir distintos niveles de riesgo en los incendios y los medios e instituciones que participan en su extinción es algo evidentemente útil; sin embargo, los últimos acontecimientos y la experiencia de estos últimos años debería hacernos reconsiderar si los niveles actuales son los adecuados y si la activación de medios en coordinación con los cabildos debería ser distinta, priorizando la rapidez y contundencia en la respuesta, en lugar de la espera a la subida de grado para disponer de más medios, cuando se ha demostrado que la rapidez y concentración de medios en los primeros estadios del fuego son fundamentales para su extinción.
Aunque es evidente que no se puede plantear por sistema la elevación de los niveles por el elevado número de conatos y pequeños incendios que se producen en nuestras islas que no derivan en gran incendio, creo que lo acontecido este verano se deriva a una reconsideración que haga el sistema más operativo. De igual forma, rebajar el grado de un incendio viene dado por análisis técnicos según la evolución favorable del siniestro, pero como medida cautelar deberíamos establecer un margen temporal de seguridad lo suficientemente amplio para reducir los márgenes de error en casos de complicación, sobre todo cuando no hay coincidencia temporal de varios incendios.
Me queda poco tiempo. He venido aquí a hacer propuestas, a plantear iniciativas. Estuve al frente de un incendio durante unas semanas. Doña María Australia, usted no estuvo al frente de ningún incendio y, sin embargo, ha venido aquí a hacer una descalificación completa del Gobierno. No ha estado al lado ni cerca, ha venido a descalificar al Gobierno. No le he oído ni una sola propuesta. Hubiera sido interesante, porque más allá de la permanencia o no del presidente en su lugar, probablemente... (Corte del sonido producido por el sistema automático de control del tiempo.) Déjeme terminar, me quedan seis segundos. Una delicadeza del presidente.
Decía que más allá de... (Rumores y comentarios en la sala.) Tranquilo, hombre, ya se ha acabado.
(La señora Navarrro de Paz solicita la palabra.)
El señor presidente: Gracias, don Pedro Martín.
Sí, doña María Australia, dígame.
Sí, dígame, doña María Australia. Tienes el micrófono, lo encendí y lo apagaron ustedes.
Sí, dígame.
La señora Navarro de Paz (Desde su escaño): Por alusión directa, señor presidente, me gustaría contestar al diputado.
El señor presidente: No, no ha habido alusión, ha sido contradicha. Tiene un minuto.
La señora Navarro de Paz (Desde su escaño): No, no, perdón, presidente, me ha dicho que no tengo experiencia en temas de...
El señor presidente: Ha sido contradicha.
La señora Navarro de Paz (Desde su escaño): No, contradicha no, porque no hay...
El señor presidente: Alusión...
La señora Navarro de Paz (Desde su escaño): Me ha dicho que no, ha proferido directamente...
El señor presidente: Usted pide la palabra...
La señora Navarro de Paz (Desde su escaño): ...un descalificativo en cuanto a que no estoy con formación ni preparación porque no he estado al frente de un incendio y quería corregirlo, porque a lo mejor no sabe mi currículum en cuanto a este tema.
El señor presidente: Doña María Australia, doña María Australia, le doy un minuto por haber sido contradicha.
La señora Navarro de Paz (Desde su escaño): Bien, gracias, bien, perfecto.
Señor diputado, evidentemente no he sido alcaldesa ni presidenta de ningún cabildo, pero sí he tenido la responsabilidad, en nombre del Gobierno de Canarias, en temas de seguridad y, por lo tanto, sí me he visto con esa responsabilidad en concreto, en temas de incendios. Le recuerdo, desgraciadamente, el que sufrimos en aquel momento en la isla de El Hierro. Por lo tanto, sí tengo experiencia, sí puedo subirme a esta tribuna en nombre de mi grupo y explicar y dar la opinión del mismo a través de mi aportación.
Dicho esto, las propuestas creo que no es usted el que nos tiene que indicar quién las debe hacer. En todo caso, nosotros entendemos que las debe hacer quien tiene la competencia, que es el Gobierno de Canarias, o bien hacerlo entre todos a través de una comisión de investigación, que así lo plantearemos en este Parlamento en el día de mañana.
Muchas gracias.
(El señor Martín Domínguez solicita la palabra.)
El señor presidente: Tiene, tiene un minuto.
El señor Martín Domínguez (Desde su escaño): Señor presidente, cuando hice la afirmación no pude terminar. Querría saber si puedo acabar de...
El señor presidente: No, yo le doy un minuto dado...
Sí, tiene un minuto.
El señor Martín Domínguez (Desde su escaño): Para contestar.
Bien, yo me refería...
El señor presidente: Para que usted lo use...
El señor Martín Domínguez (Desde su escaño): ...yo he estado durante unas semanas en las labores del incendio. Le decía a la portavoz del Grupo Popular que ella no ha estado en esas labores de incendio y que me hubiera gustado que hubiese venido aquí a proponer ideas, sugerencias, iniciativas, que sin lugar a dudas vengan a mejorar las actuaciones en futuros incendios. Eso es lo que realmente es importante en esta Cámara, más allá que ir al desgaste del consejero o del presidente del Gobierno.
En cualquier caso, ella, que comenta que ha estado al frente de incendios, a mí me gustaría aprovechar para preguntarle si en esos incendios las iniciativas las tomaba ella o lo hacía teniendo en cuenta la opinión de los técnicos que estaban a cargo del incendio.
El señor presidente: Bien. Han visto ustedes que no se pueden reabrir los debates. No correspondía ahora hacerle ninguna pregunta, lógicamente, porque ya estamos fuera de turno. De todas maneras son opiniones y han tenido los dos la oportunidad de aclarar sus posiciones.
Para cerrar el debate, por el Gobierno, el señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz.
El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Presidente, señorías.
Con la intención de abundar en el esclarecimiento y explicación de estos sucesos, voy a precisar algunas de las afirmaciones que se han hecho durante y después de los incendios. Se trata de informaciones y declaraciones que faltan a la verdad y que solo han perseguido intoxicar y confundir.
Una de esas falsedades se produjo esta mañana, en esta misma Cámara, cuando se afirmó que la bajada del nivel en La Gomera se ejecutó a través de un decreto del presidente, cuando la realidad es que se hizo a través de una orden de esta consejería. A pesar, por tanto, de la burda manipulación... Es esta una muestra clara de los intereses partidistas a los que responden algunos, aun a riesgo de quedar en evidencia, como así sucedió, y más aún dado, como usted bien ha explicado, su currículum, que conoce perfectamente cómo se opera en el plan. Es usted, por tanto, conocedora del mismo.
Miren, señorías, la demagogia tiene poco recorrido, sobre todo porque no puede sustentarse en datos y hechos ciertos, y esos hechos comprobables, fechados y documentados son sobre los que intentaré incidir ahora un poco más.
La más grave de estas afirmaciones se refiere a que el Gobierno de Canarias fue el responsable en la reactivación del incendio de La Gomera al bajar el nivel y retirar los medios de extinción. Una acusación y una falsedad carente de toda base por las explicaciones que anteriormente les ofrecí, sobre los términos en los que se produce, que pretende responsabilizar políticamente la gestión realizada por este Gobierno durante el incendio. La falta de rigor de la afirmación es tan clara que, de ser así, se estaría, por lo tanto, culpabilizando a todos y cada uno de los responsables, técnicos o no, de la gestión de todos los innumerables incendios producidos en toda España, donde se aplican de forma idéntica tanto los protocolos como las condiciones técnicas necesarias para decretar los cambios de nivel. Unos cambios que no forman parte de decisiones aleatorias y mucho menos políticas, señora Navarro, mucho menos políticas, al estar estos descritos en los planes de actuación para la extinción de incendios. Por lo tanto, lo que se está negando es la eficacia de esos planes, autorizados y homologados por el Estado, y la capacidad de los técnicos para ejecutarlos.
Sin embargo, donde unos quieren ver negligencia y descuido este Gobierno ve profesionalidad y dedicación de sus técnicos, que tomaron unas decisiones avaladas -le recuerdo- por este Gobierno en su momento y que, transcurridos los hechos, continuamos haciendo. Porque no olvidemos lo central: el mismo plan de actuación, las mismas decisiones y los mismos técnicos, esos que propusieron esas medidas fueron los que lograron que, a pesar de la extrema peligrosidad que tuvo el incendio en algunos momentos, digo, esas mismas decisiones con esos mismos técnicos fueron los que lograron que no tengamos que lamentar la pérdida de vidas humanas, ni de ciudadanos ni de efectivos de extinción. Esos mismos técnicos, a los que este Gobierno defiende.
Y también con los mismos criterios técnicos y con los mismos indicadores se valoró y se propuso la bajada de nivel en la isla de La Palma y no se reprodujo; o en Tenerife. Esas son cuestiones y hechos irrefutables.
Es tan evidente que se rebajó el nivel cumpliendo todos los parámetros que, señora Navarro, mire, la propia delegada del Gobierno, el día 13 de agosto, y tras una visita a La Gomera realizada el 6 de agosto, declaró lo siguiente: "estuve en la zona con el ministro y estaba todo apagado, y eso fue así; en ese minuto estaba controlado porque estuve allí y lo vi con mis propios ojos en el mismo corazón del incendio". Eso lo dijo la señora delegada del Gobierno el día 13 con referencia a su visita el día 6 de agosto. Y mucha razón tiene, por tanto, la delegada. Por tanto, desde el día 6 de agosto, efectivamente, no hay llamas, aunque a pesar de esa circunstancia el director de extinción, avalado por el director del parque nacional de Garajonay, no lo dio por estabilizado hasta dos días después. El 6 dice la delegada del Gobierno que no había ni llamas y el 8, cuando el director de extinción propone la bajada de nivel. Por ser claros.
Por todo lo anterior, sería deseable y exigible que se mostrara una mayor responsabilidad y rigor a la hora de emitir juicios de valor y conclusiones erróneas en asuntos tan graves como son las emergencias. Una falta de rigor que se ha extendido a otras consideraciones. Se ha dicho que el Gobierno esperó incluso al último minuto para solicitar medios aéreos al Estado y que en algunos casos estos fueron pedidos de noche. Miren, es lo rotundamente incierto que se esperara al último minuto para solicitar estos medios, y no porque lo diga el Gobierno sino porque se puede acreditar con la información referente. No hubo retraso, por tanto, alguno nunca en solicitar medios aéreos, unos medios que fueron requeridos según las necesidades que mandaba siempre la dirección de extinción y que fueron asignados por el Estado en función de sus disponibilidades. Por lo tanto, construir argumentos de crítica en base a que los medios aéreos se pidieron de noche es casi tanto como pedirles a los incendios que solo se produzcan de día.
Como muestra, y según se puede corroborar en la documentación disponible, el 4 de agosto fue declarado en La Gomera el nivel 2 a las veintiuna quince horas. Una vez asumida la coordinación por parte de la comunidad autónoma y tras un análisis técnico de la situación, se realizaron los contactos telefónicos previos para conocer la disponibilidad del Estado. Una vez conocida esa disponibilidad, se solicitaron tres hidroaviones a las cero horas quince minutos. En respuesta a esa petición, los hidroaviones llegaron 20 horas más tarde.
Otro significativo ejemplo y que coincide con la reactivación del incendio en la isla se produjo el 10 de agosto. La comunidad autónoma asumió el nivel 2 a las catorce treinta horas y dos horas más tarde fueron requeridos dos hidroaviones, una petición que se reiteró a las diecinueve treinta. Luego, se pidieron por la tarde. Bueno, pues, estos hidroaviones comenzaron a actuar 23 horas después de la primera solicitud. En los siguientes días, el tiempo que tardaron en actuar los hidroaviones después de la petición estuvo entre las 19 y las 24 horas. Se trata de unos retrasos que han sido justificados con una sentencia: los hidroaviones no pueden volar de noche. Un argumento que, siendo técnicamente obvio, no justifica que Canarias, la comunidad más alejada, no pueda contar con una respuesta más inmediata, como sí ocurre en los territorios peninsulares e incluso en las islas Baleares.
No es el Gobierno de Canarias quien elige los medios del Estado ni quien decide los hidroaviones que deben cruzar el océano, que puedan cruzar el océano, o que puedan volar de noche, no. Y si paralelamente se niega una base permanente para que estos medios extraordinarios estén aquí, será el Gobierno de España quien deba establecer las soluciones para que todas las comunidades autónomas estemos en igualdad de condiciones en los tiempos de respuesta de una emergencia.
Dicho esto, y por lo expuesto anteriormente, es constatable que no hubo retraso, como se ha dicho, en la solicitud de medios y sí demasiada demora en que estos llegaran para actuar en el incendio.
Una confusión que sí se ha producido a lo largo de todo este periodo es sobre si el Estado dispone o no de los medios suficientes para atender las emergencias en España y en especial en caso de incendios simultáneos. Mientras algunos representantes del Estado calificaron de limitados los medios disponibles y otros aludieron a que siempre hubo una respuesta puntual y adecuada, lo cierto es que no hay consenso ni siquiera en cuánto disponemos. Mientras unos dicen que hay 12 -el ministro de Medio Ambiente, por ejemplo, dice que solo tiene 12-, el número de efectivos en la Delegación del Gobierno se dice que son 14 y la página web del ministerio eleva a 28. Por lo tanto, ya no sabemos qué número creernos.
Paralelamente a esto, es decir, el día 10, se desarrollaron 18 incendios más en el resto de España, según información facilitada por el propio ministro de Medio Ambiente, teniendo, por tanto, el Estado que distribuir sus medios entre las distintas comunidades autónomas; incendios en Asturias, Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Extremadura, Cantabria y La Rioja. Ante este cúmulo de incidencias, fue el Estado como titular de los medios extraordinarios disponibles quien decidió su distribución en función de las emergencias y no en función de los tiempos en los que Canarias en su momento los solicitó.
Miren, hemos hablado sobre todo de si hay medios suficientes, de si no, de si tenemos los medios extraordinarios... Lo que no parece lógico es que la comunidad autónoma, ninguna comunidad autónoma, adquiera unos medios extraordinarios para hacer frente a la totalidad de sus catástrofes, porque, si no, no se entendería para qué estamos o existen medios de ámbito estatal, para qué estamos entre todos costeando medios extraordinarios, si ese es el planteamiento, ¿no? Es decir, en un contexto como el actual donde tenemos que evitar las duplicidades. Y esta opinión, lo digo porque han dicho, "no, que Canarias compre sus propios hidroaviones", es decir, que cada comunidad autónoma tenga los medios extraordinarios. Es lo que se ha dicho por determinados representantes. Pues, mire, esa no es la opinión, por ejemplo, del actual presidente del Gobierno de España, el señor Rajoy, quien en el 2007, y tras los incendios de Gran Canaria, dijo textualmente: "un ayuntamiento o una comunidad no puede tener los medios para prevenir y atender las catástrofes que se pueden producir. Un Estado está para algo y si es incapaz de atender las situaciones de desastre, se convierte en un organismo inútil".
Señor Rodríguez, preguntaba usted cuál fue el tiempo de activación desde la primera llamada: ocho minutos el día 4 y en el día 10, pues, no hubo tiempo de activación porque ya estaban actuando en ese sentido; por lo tanto, no hubo diferencia.
Y habla usted de recortes en materia de seguridad. Mire, le puedo asegurar que sigue siendo una prioridad de este Gobierno o así ha sido. Mantenemos, a pesar de las enormes dificultades y la crisis económica, mantenemos los cinco helicópteros durante todo el año el Gobierno de Canarias.
Dice usted que no hemos avanzado. Mire, usted sabe que sí hemos avanzado, y hemos avanzado mucho desde hace una serie de años.
Y por supuesto que la apreciación ciudadana es lógica. ¿Qué le vamos a decir a un ciudadano que ha perdido su casa? Pues, evidentemente, cualquier cosa que podamos hacer nosotros o explicarle nosotros no va a ser suficiente para los ciudadanos. Lo que podemos hacer las administraciones es tener una respuesta eficaz para intentar paliar esa circunstancia.
Y hablaba usted incluso de que no ha habido una sola autocrítica. Debía estar tomando notas porque no me oyó. Dije claramente que creía necesario sentarse en una mesa entre las administraciones para estudiar qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se pueden hacer. Siempre, siempre, por tanto, todo es mejorable.
Y habla usted de la suerte. Mire, está bien, la suerte me parece un ámbito fundamental, pero yo creo en el trabajo y en la capacidad. Por eso, porque no creo en la suerte, es por lo que actuamos; si creyésemos solo en la suerte, dejaríamos a ver qué pasa y no tomaríamos ninguna decisión. Mire, por eso, por ejemplo, se decidió la evacuación preventiva de la parte alta de Valle Gran Rey y Guadá y gracias a esa decisión preventiva, basada en criterios técnicos, en una posible reactivación, hoy no tenemos que lamentar desgracias personales. No por suerte sino por capacidad técnica, la propuesta de esos técnicos a los que algunos quieren criminalizar. Eso es capacidad, por tanto.
Y por supuesto que sí hay credibilidad en el sistema, creo que debemos tener mucha credibilidad en el sistema. Ya le dije antes que somos capaces de atajar el 95% de las situaciones de los incendios que se producen en Canarias solo con los medios dispuestos por la Comunidad Autónoma de Canarias. Más del 95% en un verano como el que hemos tenido, con estas enormes dificultades.
Señora Navarro, preguntaba usted que por qué no estaba aquí el presidente y que el presidente tenía un alejamiento, que por qué no había comparecido el presidente. Mire, solo una pregunta: ¿le ha hecho usted esa misma pregunta al señor Rajoy cuando no ha comparecido en el Congreso de los Diputados cuando hemos tenido en España las peores cifras de incendios? ¿No, verdad? No se la hace, no se atrevería, no se atrevería a hacerla.
Mire, y es verdad, necesitamos arrojar luz y para eso, para arrojar luz, no para confundir, estamos aquí hoy, para intentar darle la información; lo que pasa es que no le interesa escucharla.
Ha dicho usted que se bajó la guardia. No, eso es mentira: ¡no se bajó la guardia! Mire, tal es falso que no se bajó la guardia que, previendo la ola de calor y en contacto con el cabildo, destinamos dos brigadas de Tenerife y una de Gran Canaria a reforzar las tareas de extinción. Por lo tanto, no se bajó la guardia, eso es absolutamente falso. ¡Absolutamente falso, absolutamente falso! Y eso usted lo sabe perfectamente con el 2 y el 1 intentando confundir a los ciudadanos.
Y, mire, una cosa muy clara que dijo usted y eso sí que no podemos pasarlo: no se ha trasladado la responsabilidad a nadie, no se ha trasladado la responsabilidad a nadie. He dicho que las decisiones se han tomado en función de las propuestas de los técnicos que yo avalo, porque confío en su capacidad más que demostrada y su profesionalidad. Por lo tanto, que quede claro: yo no le he trasladado la responsabilidad a ninguno. Contamos cómo se toman esas decisiones por la capacidad, capacidad de esos técnicos más que demostrada. Seguro, seguro, seguro, que más que usted y yo tienen.
Y, mire, tampoco hemos trasladado la responsabilidad a los cabildos. Hemos dejado claros cuáles son los ámbitos competenciales. Mire, hay que alabar a los cabildos y la cooperación entre todos. En los incendios, por ejemplo, de La Gomera han estado trabajando gente de todos los cabildos. Todos los cabildos se pudieron en contacto con aquellos cabildos que tenían incendios para poner a disposición sus medios a través del Gobierno de Canarias y, por lo tanto, debemos agradecerles también la profesionalidad de todos esos equipos de extinción, de todas esas gentes que han estado ahí peleando, en la lucha contra el fuego.
Y, mire, para que quede claro, es que hay circunstancias, por tanto... que usted ha dicho que se bajó la guardia y que se retiraron los medios. Mire, permítame leerle solo una sola consideración: "normas generales de intervención de los medios del ministerio para el apoyo a las comunidades autónomas en la cobertura de los montes con incendios forestales". Estas son las normas que rigen la actuación de los medios extraordinarios del Estado. Muy bien, en su página 17 dice: "no se emplearán en este caso las BRIF -pero las utilizan para todos- para labores de remate y liquidación, salvo situaciones excepcionales autorizadas por...". Es decir, mire usted, los medios del Estado, los medios del Estado, no se permite su utilización una vez declarado el fuego por estabilizado para actuar ellos. Y, mire, no le cuento la cantidad de problemas que hemos tenido en ese tipo de gestión. Por tanto, necesitamos establecer cuestiones que mejoren esa coordinación, evidentemente, evidentemente. Pero, mire, con la colaboración de todos y no con una situación ficticia, como se ha hecho referencia ahora, de tener que elevar de un nivel 1 al 2 simplemente por la mera actuación de la UME, cuando nunca ha sido así. Eso es una consideración absurda de desconocimiento de cuál es el nivel competencial de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los cabildos en Canarias son instituciones también de la comunidad autónoma y ejercen esas funciones...
El señor presidente: Sí, tiene dos minutos, don Javier.
El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Gracias, presidente.
Por tanto, no es asumible el cambio de criterio de que para poder activar la Unidad Militar de Emergencias en un momento determinado se exija, como se ha exigido en este verano, la necesidad de activar el nivel 2 para una actuación en un incendio tras del 1. Esa es la claridad de la situación.
Por lo tanto, confianza y credibilidad en el sistema, sí, debemos tenerla; somos capaces de resolver la mayoría de los problemas. Hemos reclamado medios y algunos se han podido entregar y otros no. La respuesta, por ejemplo, y aquí quiero agradecer al Gobierno de Marruecos su respuesta en el envío de dos hidroaviones en el momento más delicado de la situación.
No nos olvidemos, por tanto, de que la prioridad, señor Martín, de un plan es la defensa de las personas. Evidentemente se puede discutir en un momento determinado ante la necesidad de si los medios aéreos deben actuar en el monte, uno u otro; lo que no se puede discutir es si los medios aéreos, los medios terrestres, deben actuar para la protección de las vidas humanas o la protección de los caseríos. Sobre eso creo que está más que aclarado.
Y sí han coincidido incendios en las islas de forma virulenta y, por lo tanto, con dificultades. Y sobre todo hay que hacer un llamamiento para que tengamos cuidado en los peligros que supone que cualquiera se dedique a actuar por su cuenta en un incendio, porque se pone en riesgo no solo la vida de uno mismo sino incluso de aquellos que después tienen que actuar.
Permítanme terminar con unas palabras de Gabriel Leblic, doctor ingeniero de Montes, diplomado por el National Advanced Resource Technology Center, de Estados Unidos, que dice: "sería bueno que se terminara con la discusión peregrina de si ha existido o no coordinación de medios para el control y extinción o si estos han sido suficientes. Empezando por lo segundo, diremos que cuando un gran incendio se está desarrollando no hay medios humanos o materiales suficientes para frenar su avance, mientras no cambien las condiciones climatológicas extremas o la continuidad de la vegetación".
Y, por último, acabar con el convencimiento establecido en las últimas décadas de que los grandes incendios se controlan arrojando agua desde el aire a sus frentes, acción totalmente inútil, pues estos frentes, mientras exista combustible, avanzan desprendiendo más de 2.500 kilocalorías por metro cuadrado, por lo que en un frente de 1.000 metros -normal en este tipo de incendios- sería necesario que 600 hidroaviones de gran carga arrojaran esta de forma simultánea a lo largo de todo el frente para frenarlo.
Señorías, intentemos...
El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero de Economía y Hacienda.