Diario de Sesiones 49, de fecha 12/9/2012
Punto 1

· 8L/C-0541 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre previsiones de ejecución de obras de infraestructuras para 2012-2013.

El señor presidente: Comparecencias. Del Gobierno, instada por el Grupo Nacionalista Canario, sobre previsión de ejecución de obras de infraestructuras 2012-2013.

Tiene la palabra don José Luis Perestelo Rodríguez.

El señor Perestelo Rodríguez: Buenos días, señor presidente. Señorías, señor consejero del Gobierno.

Siempre pretendemos traer a la Cámara, nuestro Grupo Nacionalista, aquellas preocupaciones que tiene la ciudadanía. Entendemos que es la manera de conectar con la ciudadanía y hacer visible este Parlamento, porque trata los problemas que tienen los ciudadanos en Canarias.

Sin duda la presentación del proyecto de Presupuestos del Estado para el año 2012 significó un hecho importante en la vida política de Canarias. Por primera vez se planteaba un incumplimiento grave de compromisos firmados por un Gobierno, por la Administración General del Estado en este caso, con la Comunidad Autónoma de Canarias. Compromisos que estaban firmados y que estaban con dotaciones presupuestarias, y sobre todo con obras en ejecución, fundamentalmente en carreteras, que estaban adjudicadas y que, por tanto, tenían unas anualidades que debía cumplir el Gobierno de Canarias y que se veía imposibilitado por ese Presupuesto.

Señorías, estos días leía en un periódico de Canarias, el director en Canarias 7 decía: "las singularidades canarias no son un capricho sino una realidad impuesta por la geografía". Es algo fundamental, algo que siempre ha defendido nuestro amigo Tomás Padrón en El Hierro, como presidente del cabildo, y también en este Parlamento, cuando habla de la "ley del volcán". La ley del volcán es la que marca un hecho geográfico fundamental y todas las leyes debemos adaptarlas a ese hecho geográfico fundamental.

Por tanto, como no son un capricho estas singularidades, como no son un capricho estos derechos que corresponden a la ciudadanía de Canarias, ya la propia Constitución española, en su artículo 138.1, establecía la particularidad del hecho insular y el propio Estatuto de Autonomía, en su artículo 30.18, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de carreteras. El Real Decreto 2125, del año 84, de 1 de agosto, materializa el traspaso de funciones y servicios en materia de carreteras a la Comunidad Autónoma de Canarias. La Ley 20/91, de 7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en su artículo 95, establecía que se considerarán de interés general, a efectos de la inclusión de los créditos correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado, hecho importantísimo, a efectos de la inclusión de los créditos correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado, entre otras, las obras de infraestructura que conectasen los principales núcleos urbanos de Canarias.

El 1 de diciembre de 1992 la Secretaría de Estado de Hacienda y la Comunidad Autónoma de Canarias suscribieron el primer protocolo de intenciones.

El acuerdo de la Comisión Mixta Estado-Comunidad acordó afectar el cumplimiento del artículo 95 del Régimen Económico y Fiscal, destinando el 50% de la cantidad que Canarias debía abonar al Estado en compensación de la supresión del impuesto del tráfico de empresas.

Hay otro dato importante. El artículo 96 establecía que las inversiones estatales no serían inferiores al promedio que correspondiese al conjunto de las comunidades autónomas, excluidas en este ámbito las que compensen el hecho insular.

Con estos antecedentes, se firmó el 30 de abril de 1994 un primer convenio de colaboración, coordinación y apoyo para la financiación y ejecución de obras de carreteras de la Comunidad Autónoma de Canarias. El 16 de abril de 1997 se suscribió un nuevo convenio que ampliaba el anterior y ampliaba también las actuaciones, y que podríamos entrar en la segunda parte de mi intervención. A finales del 2005, el Estado reconocía la existencia de un desfase entre el crédito que preveía el convenio y el resultado de sus obras.

Posteriormente, el propio Plan estatal de Infraestructuras establecía, para las actuaciones en materia de infraestructuras y transportes en los territorios insulares, que se enmarcara en la firma de convenios de colaboración entre las respectivas administraciones. Por ello se firma un nuevo convenio el 31 de enero del año 2006. El 17 de noviembre de 2009 se firma una adenda que mejoraba sustancialmente e incrementaba la eficiencia en la ejecución de los referidos convenios.

Como decía al principio de mi intervención, señorías, se ha producido un cambio sustancial en todo este procedimiento de lealtad institucional, de colaboración entre gobiernos, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, desde su propia presentación por parte de este Gobierno.

Por lo tanto, señorías, formulo la comparecencia en los términos de cómo ha reaccionado el departamento de Obras Públicas ante la sorpresa producida por los Presupuestos Generales del Estado. ¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno ante la Administración General del Estado para hacerle ver la injusticia en el expresado recorte? ¿Cómo valora el Gobierno que, a pesar del crecimiento del programa Creación de Infraestructuras de Carreteras en el Estado, se produzca una reducción del Convenio de Carreteras en Canarias? ¿Se produce alguna reunión previa o comunicación del Gobierno del Estado al Gobierno de Canarias para romper de manera unilateral este convenio de colaboración...?

El señor presidente: Un minuto, don José Luis.

El señor Perestelo Rodríguez: 20 segundos, señor presidente.

¿Cómo va a afectar, señorías, señor consejero, a las obras en ejecución o a las que estaban previstas adjudicar este año? ¿Cómo afectará, señor consejero, a las previsiones para el próximo año?

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don José Luis Perestelo.

Por el Gobierno, el señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Señor presidente. Señorías, buenos días.

Los compromisos contraídos de ejecución de las obras de carreteras de interés general del Estado durante el bienio 2012-2013 obedecen, señorías, a la contratación vigente suscrita con anterioridad, en virtud de la senda financiera acordada en la adenda del Convenio en materia de Carreteras, firmado el 17 de noviembre de 2009 y su posterior reajuste el 22 de julio de 2010, con una aportación del Estado para cada uno de estos dos años de 207 millones de euros en cada año; es decir, en el 2012, 207 y en el 2013, también 207 millones. El resto, hasta el año 2017, deberá totalizar otros 1.266 millones de euros.

Hasta marzo del 2012 los trabajos de las obras se desarrollaban conforme al ritmo previsto según las obligaciones contratadas de acuerdo con esa senda financiera.

Sorprendidos a finales del mes de marzo por la información parlamentaria del entonces proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2012, que reveló la previsión unilateral del Ministerio de Fomento de transferir a nuestra comunidad autónoma solamente 68,54 millones de euros de los 207 comprometidos en el convenio, lo que significa una reducción del 67%, y teniendo en cuenta que en ese momento en ejercicio de su ejecución ya se habían gastado 22,4 millones de euros en expropiaciones y que las certificaciones de obra aprobadas ascendían a 19,4 millones, resulta que ya se había ejecutado un total de 41,8 millones de euros, por lo que solo quedaba la insuficiente disponibilidad de 26,74 millones de euros.

Pese a las intensas gestiones para lograr la aceptación de las enmiendas parlamentarias que permitieran corregir tan drástico, sorpresivo y desequilibrado recorte presupuestario, estas fueron rechazadas, consolidándose, en consecuencia, en el texto legal, tan singular como unilateralmente, el incumplimiento de las obligaciones del Estado con nuestra comunidad autónoma. Así, el déficit en relación a los compromisos de ejecución contraídos para el ejercicio 2012 asciende a 138,46 millones de euros.

Señorías, como le hemos expuesto en repetidas ocasiones al Gobierno central, no se trata de quejas infundadas o ajenas al delicado momento económico del Estado, sino de exponer el grave perjuicio ocasionado a nuestra comunidad autónoma por la desproporcionada, sorpresiva, unilateralidad y desconsideración de las circunstancias que justifican los distintos convenios de infraestructuras suscritos entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias.

La injustificada desproporción del recorte resulta evidente si se tiene en cuenta el crecimiento global experimentado por el Programa 453B, Creación de Infraestructuras de Carreteras, de la Sección 17, del Ministerio de Fomento, donde puede constatarse que para el presente ejercicio la previsión legal es 1.782 millones de euros frente a los 1.433,3 del pasado año 2011, que evidencia una subida del 24,33% frente a la reducción del Convenio de Carreteras de Canarias del 67%, 67% en relación con el año anterior.

La sorpresiva unilateralidad a la que me he referido se manifiesta por el hecho de que constituye un principio el que cualquier alteración de lo convenido debe venir precedida del acuerdo entre los firmantes. Tal previsión resulta no solo de la buena fe contractual, más exigible en el caso de las relaciones entre las administraciones, sino que expresamente se encuentre articulada en el propio convenio a través de las propuestas de la comisión bilateral correspondiente. Pero es que además, en este caso, la ministra de Fomento fue puesta en antecedentes por este consejero sobre la justificación del Convenio de Carreteras y la necesidad de modular en relación al mismo cualquier disminución presupuestaria a la que, con carácter general, se viera obligado su departamento y, en todo caso, la súplica de la información previa. Sin embargo, las circunstancias y el alcance de singular recorte de las previsiones del convenio, lejos de conducirse por esta senda de cooperación propuesta, se redujo, súbita y unilateralmente, con quebranto del principio de confianza legítima.

Y en cuanto a la desconsideración de las circunstancias que justifican los convenios, resulta evidente que la drástica y singular reducción de las inversiones en infraestructuras y en concreto en materia de carreteras en Canarias, determinada unilateralmente por el Estado, pese a los antecedentes de los déficits que está obligado a corregir, pone de manifiesto que el Gobierno central no ha tenido en cuenta el mandato legislativo del bloque estatutario canario. En concreto, las previsiones de nuestro Régimen Económico y Fiscal, que obliga al Estado a invertir en infraestructura de interés general el mismo promedio por habitante que en el resto del territorio peninsular. Más insostenible resultaría aún si, pese a las gestiones que hemos realizado, se confirmase la intención, manifestada en los niveles intermedios del Gobierno, de practicar para el próximo ejercicio 2013 análogos recortes.

Ante este panorama, centrándonos en la problemática generada para el presente ejercicio 2012, hemos gestionado con la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad unos recursos adicionales de fondos Feder de nuestra comunidad que pueden aplicarse a algunas de las obras que por su importe de entre 10 y 50 millones de euros y previsión de conclusión antes del 31 de octubre de 2014 resultaran elegibles. El importe cofinanciable es del 50% de cada anualidad. En concreto, para los tres ejercicios las obras y el importe de los fondos Feder aplicables son, para la circunvalación de Arrecife, Costa Calma-Pecenescal, asistencias técnicas y vía litoral de Santa Cruz de Tenerife un total en los tres años de 49,4 millones de euros. Insisto, estas son las únicas obras que son elegibles en este programa.

En resumen, en el presente ejercicio 2012 los recursos económicos disponibles para la ejecución de las obras y expropiaciones del Convenio de Carreteras ascienden a 75,44 millones de euros, que equivalen solo al 36% de lo comprometido. Ante ello, con carácter extraordinario, y para paliar la situación, teniendo en cuenta el grave perjuicio que supondría la práctica paralización de los trabajos, tal reducción se hace a través de la amortización en el ejercicio de unos 40,69 millones de euros, correspondientes a la mayor parte de anticipos de acopio de material y maquinaria abonados en virtud de las previsiones de la legislación de contratos del sector público. Para lo que sumado a dicha cantidad de amortización de los anticipos, si deducimos lo abonado por expropiaciones, nos quedan unos 93,73 millones de euros.

Y, como ya adelanté, señorías, en mi anterior comparecencia en este Parlamento, la aplicación de esos escasos recursos se ha previsto después de un minucioso estudio del estado y circunstancias en que se encuentra la ejecución de cada una de las obras contratadas, en atención a los siguientes criterios de priorización: en primer lugar, a las actuaciones necesarias para la seguridad; en segundo lugar, evitar la paralización de estructuras singulares que puedan afectar a la estabilidad, durabilidad y los sobrecostes de reinicio de las obras; en tercer lugar, el interés general de su puesta en servicio dado su avanzado estado de ejecución; en cuarto lugar, la elegibilidad para la aplicación de fondos Feder; en quinto lugar, la disponibilidad de anticipos amortizables por acopio y maquinaria; y en sexto lugar, el equilibrio territorial posible de las inversiones. Así, por ejemplo, y resumiendo, en el tramo La Caldereta-Corralejo, en Fuerteventura, la anualidad prevista era de 9,17 millones de euros para este año y se ha quedado en 7,31 millones de euros, de los cuales 7 millones corresponden a amortización de anticipos y maquinaria. En el tramo Costa Calma-Pecenescal, la anualidad prevista era, antes del recorte, de 12,3 millones de euros; la anualidad final fijada es de 5 millones de euros, de los cuales 2,5 son de fondos del convenio y 2,5 de fondos del Feder, de esas partidas adicionales de la comunidad autónoma.

En la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, la anualidad prevista era de 19 millones de euros; la aplicada finalmente de 13,60, con el siguiente desglose: 6,5 millones de obra ya ejecutada, pagada con los fondos del convenio, y amortización de los anticipos, 7,1 millones de euros. Pagador-Guía, la anualidad prevista era de 4,63 millones y la anualidad aplicada 4,54 millones, prácticamente la obra para ponerla en servicio. La Aldea de San Nicolás, la anualidad prevista, 15 millones de euros; la anualidad aplicada finalmente de 18,6, porque de recursos del convenio 6,2 y amortización de anticipos, dado el estado en que estaba la obra, 12,4.

En la isla de La Gomera, la anualidad prevista, antes del recorte, era 4,61 millones para la obra Travesía de Hermigua y la anualidad final, de 1,57.

En la isla de Lanzarote, la circunvalación de Arrecife, la anualidad prevista era de 24 millones; la anualidad final fijada de 8 millones, de los cuales de recursos del convenio 4 y recursos del Feder, otros 4... (Ante un comentario que se suscita desde los escaños.) Sí, señoría, si el ministerio cumpliera, pues, nosotros también, pero de esta manera no hay posibilidad. En Yaiza-Arrecife, la anualidad prevista antes del recorte eran 2,86 y la anualidad final aplicada, un millón de euros.

En la carretera, en La Palma, al norte, San Andrés y Sauces-Barlovento, la anualidad aplicada finalmente, 5,04 millones de euros. En Bajamar-Tajuya, la anualidad aplicada finalmente 3,15 millones de euros, frente a los 12,25 que estaban presupuestados. En Los Llanos-Tazacorte, la anualidad prevista antes del recorte, 5,50; la anualidad aplicada finalmente, 1,11 millones.

En la isla de Tenerife, Santiago del Teide-Adeje, de 14 millones de ha pasado a 10 millones, amortizando con anticipos 10,07 millones. En Adeje-Santiago del Teide, la anualidad prevista antes del recorte era 6,75; la finalmente aplicada, 0,32. En la avenida Tres de Mayo, la anualidad prevista antes del recorte era 1,5; la anualidad finalmente, con amortización de anticipos, de 3,8, porque la obra se terminaba ya y tenía que entrar en funcionamiento. La anualidad prevista antes del recorte para la vía del litoral de Santa Cruz...

El señor presidente: Sí. Un minuto, don Domingo.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, presidente.

...5,4 y la anualidad final aplicada, 0,79. En la mejora, recuperación ambiental y paisajística de la TF-1, la anualidad prevista, antes del recorte, era de 4,47 y la anualidad final fijada, 4,37.

Y, señorías, tenemos pendiente a principios del próximo año la amortización de las obras de pago aplazado por un total de 272,80 millones de euros, cuya amortización estaba prevista en la senda financiera del convenio con las cantidades que había que aportar este año y las del año que viene. Sin embargo, señoría, este asunto está sin resolver. Hemos puesto de manifiesto ante el ministerio la posibilidad, de forma ...(Ininteligible.), que se hicieran cargo de la amortización de estas cantidades y estamos en esa negociación. De lo contrario, la comunidad autónoma se vería en un grave perjuicio económico de difícil reparación, por cuanto esto incluso cuenta como déficit a la propia comunidad autónoma.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, don Domingo Berriel.

Por los grupos parlamentarios, Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente, señorías: muy buenos días.

La verdad es que no le arriendo las ganancias al consejero de Obras Públicas. Yo creo que los antecedentes, el sustento jurídico, son más que evidentes para reclamar un trato igualitario con el resto de los territorios del Estado, y no ha sido así en el Presupuesto vigente y no lo va a ser en el próximo. Y no es que yo sea adivino sino sencillamente hay que interpretar las cosas como son. De manera que en materia de inversiones hemos tenido una discriminación histórica por parte de los poderes centrales del Estado, histórica, jamás se cumplieron nuestros derechos, pero ahora, en un periodo de especial crisis económica y de recesión, ese incumplimiento hace más daño porque impacta en la economía y en este caso, además, de forma más severa porque deja a medio hacer un conjunto de infraestructuras que son vitales, no solamente para la movilidad sino para la economía, en el sentido estricto del término. De manera que lamentablemente vamos a tener, con amplísima seguridad, conociendo los números que apunta ya el Presupuesto estatal, la falta de concreción en las relaciones de la Administración General del Estado y con el Gobierno de Canarias, aquella famosa cumbre bilateral que se había anunciado entre el presidente Rajoy y Rivero ha quedado en agua de borrajas, no se ha concretado nada de nada, los tiempos para el nuevo marco presupuestario se agotan y no hay respuestas ni concreciones... De manera que es fácil concluir que vamos a tener un trato presupuestario el próximo año, en materia de inversión y en lo demás, terrorífico, ¿no?

Los compromisos que tiene el Gobierno de Canarias en obras en ejecución y sobre todo la necesidad de los pagos aplazados por las obras que se habían adjudicado por el llamado método alemán generan una situación financiera enormemente comprometida para el Gobierno, que no sé qué solución pueda tener.

Aprovecho para decir dos cosas y finalizar. Una, que nos explique un poco mejor el consejero cuántos recursos del Feder puede utilizar vía cofinanciación en las obras en ejecución y cuáles son los criterios de elegibilidad de esas obras, porque no me quedó claro.

Y decirle una última cuestión. Hemos asistido estos días, ayer concretamente, a una importante movilización y yo decirle que si a los catalanes los tratan mal, a nosotros peor. El pequeño problema que tenemos es que allí reaccionan y aquí no, o no reaccionamos.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Julio Cruz.

El señor Cruz Hernández: Señorías, muy buenos días.

Señor consejero, la realidad que usted ha explicado en la mañana de hoy significa claramente que el Gobierno de España y el Partido Popular practican un nepotismo político sin parangón en los últimos treinta años en inversiones en Canarias. El Gobierno del Partido Popular beneficia a sus comunidades autónomas perjudicando seriamente a la Comunidad Autónoma de Canarias, y eso además lo hace a sabiendas y a conciencia. En esta materia es absolutamente, señoría, injustificado y desproporcionado el recorte que el consejero nos ha explicado. Sube la partida para toda España un 24,33% en materia de infraestructuras; baja en Canarias un 67%. Sube en toda España 305 millones la inversión; en Canarias teníamos un convenio, tenemos un convenio, un contrato firmado por 207 para el 2012 y el Gobierno le da un recorte de 138 millones.

Y usted dice "sorpresiva unilateralidad", señor consejero, y permítame que le diga que a mí me sorprende que usted se sorprenda, porque conociendo, conociendo al increíble señor presidente del Gobierno de España, que desde el primer día que tomó posesión hace todo lo contrario de lo que dijo en época electoral. Todo lo que prometió a los electores, todo lo que dijo que no iba a hacer, está haciendo en el Gobierno de España. Los hechos demuestran que la palabra del señor Rajoy no vale nada. Hoy todos lo saben, en España y en Canarias. Incluso los que votaron al Partido Popular saben que las previsiones, lo que el Partido Popular dice no vale nada.

Pero es que además en Canarias se incumple incluso hasta lo contratado, lo firmado, un convenio hecho y avalado por gobiernos, incumpliendo incluso la propia letra del propio convenio, que establece que si hubiera alguna diferencia o algún problema en la ejecución del convenio hay un mecanismo habilitado, una comisión, para afrontar ese problema. Unilateralidad en la ejecución.

Señor consejero, desde el Grupo Socialista le pedimos que sea firme ante el Gobierno de España, por todos los medios, incluidos los tribunales de justicia si hiciera falta. Si el diálogo no funciona, si el Gobierno de España, del Partido Popular, sigue machacando a esta comunidad autónoma, usted tiene que defender a esta comunidad autónoma. Le ampara la ley, le amparan los contratos, los convenios, le ampara la justicia y le ampara también este Parlamento en esa reivindicación, porque en estos momentos, señorías, y señorías del Partido Popular, tienen ustedes la oportunidad de ponerse de parte de los ciudadanos de Canarias, de ponerse de parte de Canarias, y no seguir aplaudiendo o no diciendo absolutamente nada a la agresión permanente del Gobierno de España a Canarias.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente: Muchas gracias, don Julio Cruz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Jorge Blanco tiene la palabra.

El señor Jorge Blanco: Gracias, señor presidente.

Señor Berriel, le voy a pedir un ejercicio de imaginación. Imagínese que usted toma posesión de su cargo, imagínese que su antecesor en el cargo, el señor Hernández, fuera de otro partido político, del PSOE, por ejemplo. Sé que es difícil verlo en el Partido Socialista, pero imagíneselo usted, señor Berriel. Es más, imagínese que no se llama Hernández, que se llama de otro apellido, bueno, por no herir sensibilidades, mi apellido, Blanco, se llama el señor Blanco. Imagínese que se produce un traspaso de poderes entre personas serias y responsables: "mire, esto es lo que tengo, es más, se lo doy en un pendrive -sabe usted lo que es un pendrive-, se lo doy, toda la información en un pendrive". Usted, que es una persona razonable y seria, piensa que la persona que está al lado suyo también lo va a ser. "Tranquilo, Domingo, todo está aquí, las cuentas están claras y están saneadas", pero resulta que llega a su despacho, abre los cajones y empieza a encontrarse facturas, no una ni dos ni tres sino muchas y muchas facturas, impagadas por supuesto. Resulta que son más de 600 millones de euros los que el Gobierno al que usted sucedió dejó de pagarles a los proveedores, a los contratistas y al pago de expropiaciones. Resulta que usted, que es responsable de AENA también, hay un agujero de 14.900 millones; en ADIF, lo de los trenes, 14.000 millones; en Renfe, 5.400 millones; en Puertos del Estado, 2.000 millones; en el FEVE, 600 millones. Y usted lo que hace, como tendría que hacer cualquier persona responsable, es poner primero orden en la casa para después lanzar un programa de inversiones.

Y si a eso le sumamos, señor Berriel, que esos amigos del señor Hernández, que no se llama el señor Hernández sino el señor Blanco, también engañaron con el cumplimiento del déficit global del mandato de la Unión Europea, resulta que ese traspaso de poderes... No es el incumplimiento del señor Rajoy, la gran estafa en los últimos tiempos en España ha sido el traspaso de poderes entre el Partido Socialista y el Partido Popular: un agujero de más de 30.000 millones en España que los pobres del Partido Popular han tenido que venir a arreglar. Ese es el desaguisado, señor Berriel, señorías, que se ha producido en nuestro país.

Claro que todos desearíamos que las cosas fueran distintas, claro que todos desearíamos, señor Berriel, que las cosas estuvieran mejor, para Canarias y para el resto de España. Desgraciadamente eso no es así, porque por arte del destino esos del desaguisado son hoy sus socios, los que se sientan en el Gobierno de Canarias al lado suyo. Fíjese usted qué paradojas nos da el destino, señor Berriel.

Mire, "desdecirse de lo que se dijo". Pues es verdad, pero es que el primero que lo reconoce es el presidente del Gobierno de España. Claro que él dijo una cosa en campaña electoral porque pensaba que las cosas eran distintas a lo que existió de verdad.

Miren, es que hasta el señor Rivero, en septiembre del año 2011, dijo que no iba a subir los impuestos. Esto lo manifestó el 22 de septiembre de 2011: "¡no voy a subir los impuestos en Canarias!". Mire, y en julio del año 2012 se ha producido el mayor hachazo en la subida de la presión fiscal que se ha producido en Canarias en la historia de la democracia y en la historia de la autonomía. Esa es la realidad.

En fin, yo creo además, yo creo además...

El señor presidente: Muchas gracias, don Miguel Jorge.

Por el grupo solicitante de la comparecencia, Grupo Nacionalista, don José Luis Perestelo Rodríguez.

El señor Perestelo Rodríguez: Gracias, señor presidente. Señorías.

Permítanme que les diga algo que me parece relevante, sobre todo porque nos puede determinar más aún cómo actúa este Gobierno. Coincidiendo con esta comparecencia había una pregunta parlamentaria a la señora ministra Ana Pastor, y decía la ministra de Fomento que era muy importante y que era prioritario para su ministerio el tren de alta velocidad para Galicia. Nosotros, de verdad, nos alegramos por los gallegos, nos alegramos porque sin duda es una infraestructura valiosa, importante en estos momentos, pero que coincide con lo que hemos puesto de relevancia en esta mañana en esta comparecencia. La ministra Pastor es gallega, y nos alegramos por eso también, pero qué curioso que si comparamos la suerte de tener un canario en un ministerio, resulta que el nuestro lo que nos hace es llevar el certificado de residencia en los aviones; o lo que nos hace es bajar las bonificaciones de las tasas aeroportuarias; o lo que nos hace es bajar las primas a las renovables; o lo que nos hace es tomar iniciativas faltando a algo tan fundamental como es la lealtad institucional entre gobiernos, el diálogo entre gobiernos. Porque lo que estamos poniendo hoy sobre el debate, en la mesa, no es exclusivamente el nivel de inversión; estamos planteando el grave incumplimiento, el grave incumplimiento, de un gobierno que de manera unilateral rompe un acuerdo firmado con otro gobierno. Y esto me parece, señorías, que es relevante y me parece que en estos momentos no podemos permitir, los responsables institucionales, seamos 60 o seamos 30, en este Parlamento no podemos permitir que esos incumplimientos tengan además el aplauso de un grupo parlamentario tan importante como el Grupo Parlamentario Popular. Porque, señorías, recuerden la campaña electoral: su campaña electoral se basó fundamentalmente en el engaño de ZP. Permanentemente, en todos los lugares, en todas las islas, con vallas publicitarias, el engaño de ZP a Coalición Canaria, el engaño de ZP a la ciudadanía de Canarias. ¿Y qué han hecho ustedes?: reconocer, el presidente del Gobierno, que está incumpliendo su programa electoral. El presidente del Gobierno de España reconoce que aquel programa electoral que contó con la aprobación de la ciudadanía lo está incumpliendo, y ustedes hablan de incumplimientos del señor Rivero, y ahora lo matizaré. Se atreven ustedes a hablar de incumplimientos: ¿pueden ustedes hablar de incumplimientos cuando el propio presidente del Gobierno de España reconoce que está incumpliendo su programa electoral? Y que, por tanto, y que, por tanto, cuando uno no cumple su programa electoral no queda más remedio que disolver las cámaras y convocar elecciones. No queda más remedio, disolver las cámaras y convocar elecciones, o someter, someter esos cambios a un referéndum, que es lo que debieran hacer. Como hizo el Grupo Socialista o el Partido Socialista cuando gobernó, decían "no a la OTAN" y convocaron un referéndum, porque indudablemente habían cambiado su compromiso electoral.

Señor consejero, ha hecho usted una exposición rápida, una fotografía rápida, de cómo quedan esas infraestructuras en carreteras en Canarias con esos recortes que se han producido. Entendemos que ha hecho un esfuerzo, sobre todo porque valoramos los planteamientos que usted hacía sobre qué objetivos, sobre qué estrategias, sobre qué planteamientos se hacen esos recortes, pensando en el interés general y sobre todo pensando en temas tan importantes como son actuaciones que afectan a la seguridad de las carreteras, que es un tema fundamental; evitar la paralización de estructuras singulares que pueda afectar a la estabilidad o durabilidad y sobrecostes en el reinicio de las mismas; el interés general de su puesta en servicio dado su avanzado estado de ejecución; la elegibilidad para la aplicación de los fondos Feder, que planteaba también el portavoz del Grupo Mixto, el señor Rodríguez; la disponibilidad de anticipos amortizables para acopios y maquinaria; el equilibrio territorial de las inversiones. Esto, aunque pareciera que no es un tema prioritario pero, sin embargo, en Canarias, por la singularidad, por esa ley del volcán de la que hablaba antes, es fundamental ese equilibrio.

Señorías, antes les hacía referencia, digamos, al argumentario legislativo que nos permitía exigir del Gobierno de España el cumplimiento de esos acuerdos, pero hay más cosas, hay más. Hay acuerdos también, por unanimidad de todas las fuerzas políticas, en el Congreso de los Diputados. Hay acuerdos en los que se establecían, en los que se establecían esas prioridades y que, como digo, fueron argumentos fundamentales para la aprobación de nuevos convenios, para suscribir nuevos convenios, y sobre todo para formar parte importante del contexto de las comisiones mixtas Estado-Comunidad. Decía el Congreso de los Diputados que era necesaria la elaboración conjunta entre el Gobierno del Estado y el de Canarias de un documento específico que marcase las directrices de desarrollo territorial sostenido en el archipiélago y de sus infraestructuras, debiendo ser la inversión de la Administración General del Estado en Canarias equiparable al menos a la media estatal en pesetas -estamos hablando de pesetas- por habitante, derivada de los fondos asignados al Plan director de infraestructuras, y se justificaba que la situación socioeconómica de Canarias, con una gran dependencia del turismo, una densidad de población superior a la de otras comunidades autónomas, con un crecimiento demográfico mayor de tal forma que es la población más joven del conjunto del Estado, sin medios de transporte alternativos a las carreteras y unos índices de motorización elevados, exige dotar a esa comunidad autónoma de unas infraestructuras adecuadas que en la actualidad están muy por debajo de la media del Estado debido al retraso histórico en las inversiones. Eso se decía por todas las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados.

Y eso sigue siendo así y lo peor, señorías, es que ustedes, el Partido Popular, están incrementando, separándonos más. Mientras se habla en Galicia hoy de trenes de alta velocidad, mientras se habla en el Estado español de incremento de la inversión en un porcentaje elevado, en Canarias se produce una reducción de más del 60% de los compromisos previamente firmados entre los dos gobiernos, produciéndose claramente un incumplimiento por parte del Gobierno del Estado.

Señorías, ante esto, nuestro Grupo Nacionalista Canario va a apoyar y está apoyando al consejero en la estrategia que se ha marcado. Conocemos la dificultad añadida de la inversión en Canarias por nuestra orografía, por nuestra propia geografía, pero entendemos que el planteamiento que ha hecho hoy su señoría, el señor consejero, en este Parlamento se ajusta a lo que se puede hacer en esta situación de grave incumplimiento. Y animarle a seguir trabajando, a seguir luchando, para conseguir que el Gobierno de España cumpla con aquello que había firmado previamente.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don José Luis Perestelo.

Señor consejero, don Domingo Berriel.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente. Señorías.

En el escaso tiempo que tuve evidentemente es imposible desgranar las razones por las que a una obra se dedica una cantidad u otra. He explicado aquí que he tenido en cuenta, además de las circunstancias objetivas que hemos comentado -de la seguridad... en fin, todo este tipo de estrategias-, también el estado económico de cada una de ellas, las cantidades que tienen anticipadas y que, por tanto, se pueden amortizar, etcétera. No sin un cierto perjuicio, evidentemente, a las constructoras, que tenían el derecho a que esos anticipos fueran amortizados a lo largo de toda la ejecución de la obra. Pero, en fin, tenemos los datos ahí de cada una de ellas y a disposición de sus señorías, porque creemos que se ha hecho un trabajo absolutamente objetivo.

Ahora bien, yo creo que de las intervenciones que aquí se han expuesto creo que hay que remarcar algo. Previamente voy a aclararle a don Román Rodríguez -no sé si está por aquí- que, efectivamente, el criterio que se ha adoptado para aplicar los fondos Feder se concreta en lo siguiente. Es decir, el número o la cuantía total del programa Feder 2005-2012 que nos queda es de 100 millones de euros la totalidad para todas las obras, es decir, presupuesto total de las obras no más de 100 millones; y, por otro lado, que las obras subvencionables sean entre 10 y 50 millones de su presupuesto, la subvención sería del 50%, y además son las que tengan plazo de terminación antes del 2014. En ese sentido hemos cogido las tres obras a las que son susceptibles en estos momentos de aplicar esos fondos, lo cual no implica sino que se descargan en esas esas cantidades, y, por tanto, se descarga el convenio, y en otras, pues, se aplican otras soluciones, otros recursos del convenio. Por tanto, realmente da igual a las obras que se aplique desde el punto de vista de la solución global del problema.

Ahora, yo creo que lo más importante que hay que destacar aquí es que, señorías, un convenio no es un documento político exclusivamente. Lo es, evidentemente, porque es la plasmación de una voluntad política, pero esa es la plasmación de la voluntad, pero el convenio es un instrumento jurídico. Un instrumento que no es capricho de "lo que firmó el anterior yo no tengo por qué cumplirlo". Un convenio con la Administración pública, y más con el Estado, es algo muy serio. Lleva informe, por supuesto, de Hacienda para garantizar la hacienda financiera del futuro y, por supuesto, de la Intervención General del Estado, y hasta del Consejo de Estado. Es decir, es un instrumento jurídico de garantía. El Estado, en sus relaciones con los ciudadanos y otras administraciones, tiene que ser garantista. La garantía del Estado es algo sagrado, es lo primero que le queda, lo más importante del Estado. Un Estado ha ido perdiendo muchísimas cosas que son características del Estado -la moneda, la defensa, las fronteras-, pero la confianza del Estado es lo que no se puede perder para que el Estado siga siéndolo como tal. Y, por tanto, la garantía del Estado es algo, insisto, que no puede discutir ningún gobierno. Nadie puede desdecirse de una cosa firmada, nadie. Puede haber un reajuste de anualidades pactado con la otra parte de la Administración ante dificultades económicas, pero no de forma unilateral hacer una ablación prácticamente completa, dejando solo un treinta y poco por ciento, 33%, del importe comprometido, sin más aviso. Eso es una agresión en toda regla al pacto hecho, suscrito, a través de un convenio.

Por tanto, como el convenio es un instrumento jurídico que tiene que tener garantía, mucho más cuando estábamos dispuestos a negociar un reajuste, una senda más llevadera por parte del Estado, no entendemos en modo alguno esa forma de proceder tan sorpresiva y tan dictatorial, porque ha sido dictatorial, porque ni siquiera han sido capaces de corregirlo luego en el Parlamento cuando se ha puesto de manifiesto, primero, la innecesariedad de ese recorte, porque, señorías, se diga lo que se diga, aquí está en los programas, en la Ley de Presupuestos de carreteras del Estado, y subió un 24%. Sí, se debían 600 millones, y nosotros también debemos y tenemos que pagar, pero, aun deduciendo esos 600 millones, la reducción del programa hubiera sido del 20%, no del 67, como se nos hizo a nosotros. Por tanto, es absolutamente ilegítima la reducción que se ha hecho.

Por eso claro que estamos intentando lo que se tiene que hacer siempre, una negociación política, insistimos, para mejorar esto y no tener que ir a otro tipo de herramientas que el Estado de Derecho pone en manos de los ciudadanos y las administraciones, que en este caso son los tribunales. Y, en efecto, si fracasa la negociación política, este hecho tiene que ir a los tribunales, y estamos preparando la demanda correspondiente. Lo que sucede es que el Estado está aquí jugando con la ventaja, con la exorbitancia del Estado; es decir, dentro de cinco años los tribunales dirán que estuvo mal lo que hizo el Estado, pero seguramente ya esas personas que fueron las responsables de este asunto, pues, ya no tendrán esas responsabilidades y además el problema a nosotros ya, a los ciudadanos canarios ya le habrá hecho absoluta mella, ¿no? Pero evidentemente tenemos que ejercer ese derecho en defensa de los ciudadanos.

Don Miguel, sé que usted es un buen parlamentario, ha hecho usted hoy un meritorio papel, muy meritorio. Le ha tocado hoy a usted, reconozco, tener una gran valentía para defender algo muy complicado. Es como el abogado que tiene que defender al asesino convicto y confeso y resulta que se tiene que buscar un montón de argumentos. Meritorio, meritorio, pero de verdad... ¿Cómo cree que puede ser, cómo cree que puede justificarse en que la transferencia, el traspaso, ha sido de una manera o de otra para incumplir un compromiso? Se podría haber dicho, "mire, no tenemos los 207 millones, vamos a darle este año 200, 250, y podríamos haber discutido", pero no, esto fue un recorte singular, señoría. Ese no fue un problema económico, no fue un problema presupuestario, porque el presupuesto subió, subió el 24%. 1.782 millones de euros se gastó en carreteras este año el Ministerio de Fomento y a nosotros, de forma singular, se nos hizo una reducción drástica a modo de una vendetta o no sé qué, porque no tiene ninguna otra explicación; no tiene explicación presupuestaria, no tiene explicación económica. No se puede alguien amparar en lo mal que va España para seguir subiendo la inversión en el resto del Estado y arreglar el mal de España con el déficit ese enorme, ese problema de traspaso con Canarias exclusivamente, con nuestra región. Es decir, recortándonos la gota del océano, recortándonos la gota del océano, porque mire usted lo que hubiera significado en 1.782 millones corregir este desaguisado con 40 o 50 millones más. Al menos podíamos haber encajado mejor los números este año y el año que viene haber hecho otro esfuerzo... En fin, pero esto no se ha hecho. Por tanto, aquí no hay ningún tipo de explicación, ninguna.

Ni hay tampoco explicación cuando advertimos, porque la ministra era no nueva en política pero sí nueva en el Ministerio de Fomento, y le advertimos: este convenio, que, insisto, que tiene la garantía del Estado, este convenio tiene causa en un mandato legal, en un fuero canario; son las compensaciones a hechos como que, por ejemplo, nosotros no tengamos red de interés general del Estado porque no formamos unión con otras comunidades autónomas y tenemos una situación específica, y esto se corrige de esta manera. Pues no fue así.

Así que, señoría, no hay justificación y lo mejor que podríamos hacer, en ese mérito tan importante que usted tiene, señor diputado, es apoyarnos, apoyarnos para que esta situación se recomponga, que usted también es canario.

Muchas gracias.

El señor presidente: Gracias, señor consejero, don Domingo Berriel.