Diario de Sesiones 52, de fecha 26/9/2012
Punto 1

· 8L/C-0549 Comparecencia del Gobierno -consejera de Sanidad-, instada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para dar cobertura sanitaria a personas que la pierden en aplicación del Real Decreto de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

El señor presidente: Comparecencia de la señora consejera de Sanidad, instada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para dar cobertura sanitaria a personas que la pierden en aplicación del Real Decreto de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Don Román Rodríguez tiene la palabra.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente. Señorías presentes.

Esta etapa de crisis está promoviendo cambios diversos y profundos en distintos órdenes de la vida y de las instituciones, ¿no? Uno de ellos son los cambios que se provocan en torno a los llamados servicios básicos, servicios esenciales, al llamado Estado del bienestar. Uno de sus pilares, el sistema sanitario público, consiguió en los últimos 30 años colocarse como una de las bases de ese modelo de bienestar, y conseguir algo que no siempre ocurre en el Estado español: ser un modelo de referencia a nivel internacional. Digamos que la sociedad española tiene virtudes y defectos, tiene cosas que hace bien y cosas que hace mal, y hay una que indiscutiblemente identifica a España en los últimos 30 años como Estado moderno, y es su sistema sanitario.

El sistema sanitario español ha sido referente a nivel internacional, modelo para otros países, ¿no?, pero incluso para otros países muy desarrollados, justamente porque conseguimos aquí un modelo de sistema sanitario universal, gratuito, de alta profesionalización, con una cobertura de servicios amplísima, con un nivel de gratuidad casi total. Esto colocó, ha colocado hasta ahora al sistema sanitario de España como de los mejores del mundo, superando el referente internacional que fue el sistema nacional de salud británico, que es la joya de la corona, la joya de la corona en el Reino Unido es el sistema nacional de salud de ese país.

Se ha producido por la crisis un conjunto de políticas, todas ellas destinadas no a perfeccionar el sistema sino a recortarlo, y hay que ser claro, creo yo, siempre y más ahora con los ciudadanos. El real decreto-ley de abril, denominado "de Medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud", se ha convertido de facto en un instrumento de recorte de gasto y en un instrumento de demonización de las administraciones territoriales de las comunidades autónomas responsables de la gestión de este servicio. Ese real decreto tiene una premisa, y es recortar 7.000 millones desde el momento de su promulgación hasta final de año. Y este es el objetivo que lo promueve. No hay que olvidar que este real decreto responde a este parámetro de recortar 7.000 millones. Por cierto, cuatro días después de que el Gobierno de España presentara la Ley de Presupuestos del Estado en las Cortes Generales, en un intento de tranquilizar a los llamados mercados, cuatro días después de presentar la norma presupuestaria que va a regir los destinos de las finanzas públicas en el Estado español, el Gobierno, presionado por las circunstancias y por los llamados mercados, saca 10.000 millones de recortes -3.000 en educación y 7.000 en sanidad-.

Y este es el objeto de fondo del real decreto-ley: recortar. Y en todo caso, si no se consiguen los recortes, culpar a las comunidades autónomas de que esto no se consiga, porque, aunque este es el objeto del decreto, instrumentar las medidas de recorte que pretende, no hay tiempo, no hay tiempo, y seguramente no hay ni siquiera condiciones para facilitarlo. De forma que la película queda de la siguiente manera: se promueve un decreto por razones estrictamente de ajuste fiscal, en ese decreto se cambia la naturaleza del Sistema Nacional de Salud, se cambia la naturaleza de los derechos de los ciudadanos españoles a acceder a los servicios, se promueven copagos en un conjunto de prestaciones, se compromete un conjunto de mejoras que no han sido tocadas y al final solo va a funcionar el copago a los medicamentos, el copago a alguna otra prestación. No va a haber nada sobre la cohesión sanitaria, no va a haber nada sobre las profesiones, no va a haber nada sobre la reorganización eficiente: sencillamente recortes.

De todos ellos, hemos hablado aquí del copago en los medicamentos y en otras prestaciones que están por desarrollar, pero hay uno que nos preocupa sobremanera porque también es cualitativo, que expresa otro de los valores de la sociedad española y de la sociedad canaria, que es la solidaridad con los que aquí vienen y desgraciadamente están en malas condiciones. Me refiero a los llamados inmigrantes irregulares. Estas personas pierden el derecho, pierden la titularidad del derecho con esta norma. El Gobierno de Canarias ha dicho que está dispuesto a no aceptar esta norma, pero no nos ha dicho cómo lo va a hacer. Y yo es lo que reclamo hoy aquí, que nos diga cómo lo va a hacer cuando tenga el listado de bajas de estas personas en el sistema de registro...

El señor presidente: Tiene un minuto, si quiere, don Román.

El señor Rodríguez Rodríguez: Y esto no es baladí. Miren, hay un conjunto de comunidades autónomas en España no gobernadas por el PP y algunas gobernadas por el PP que no van, que no van, a aplicar a rajatabla el real decreto-ley en relación a este parámetro de excluir del derecho a la atención sanitaria a un colectivo de personas, en este caso inmigrantes irregulares, en España y para ello, para ello, están articulando propuestas, programas, iniciativas, alternativas, soportes legales administrativos, para que esto sea posible, porque detrás de esta atención hay gasto público y, por lo tanto, tiene que haber normas que sustenten ese gasto público. Yo lo que le pido a la consejera es que nos diga cómo lo va a hacer, porque sé que el Gobierno ha dicho que no está de acuerdo con el real decreto. Sé que el Gobierno ha dicho que no a permitir que nadie se quede sin asistencia sanitaria -espero que gratuita, porque el PP dice que la asistencia sanitaria la tiene todo el mundo, el problema es que tendrán que pagar, digo gratuita-, pero lo que no sé -y es muy importante porque estamos a días de que esa situación sea irreversible- es que nos diga qué va a hacer para garantizar a las 30, 28, 33.000, no sé cuántas personas, que están en nuestra tierra, que no tienen el permiso de residencia, pero que viven y conviven aquí y que hasta ahora tenían este derecho a la atención sanitaria, y estoy hablando no de los menores de 18 años ni de las urgencias, estoy hablando de los derechos excluidos, y que nos diga qué tiene pensado, cómo va a instrumentar la respuesta asistencial a estas personas, como están haciendo muchas comunidades autónomas españolas.

Muchísimas gracias. Gracias, presidente.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Señora consejera de Sanidad, doña Brígida Mendoza.

La señora consejera de Sanidad (Mendoza Betancor): Buenos días. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Para dar respuesta a la pregunta que motiva esta comparecencia sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno de Canarias para dar cobertura sanitaria a aquellas personas que la pierden, o que la han perdido, a partir del 1 de septiembre de 2012, en aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012, considero conveniente hacer un breve resumen de los cambios introducidos por esta norma en cuanto afecta a los titulares del derecho.

La entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, pretendió remover los pilares del Sistema Nacional de Salud con una serie de medidas que afectan a las personas titulares del derecho a la asistencia sanitaria pública y para tal fin dispuso lo siguiente.

En primer lugar, con carácter general, se requiere de nuevo la condición de asegurado o beneficiario, para ser titular del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, si bien cambia los conceptos de asegurado y beneficiario. En el concepto de asegurado se incluye ahora a quienes, habiendo agotado la prestación por desempleo, figuren inscritos como demandantes de empleo, no acreditando la condición de asegurado por ningún otro título. El concepto de beneficiario pasa a ser más restringido y se limita al cónyuge o pareja de hecho, al excónyuge, a cargo del asegurado, a los descendientes menores de 26 años o que tengan una discapacidad mayor del 65%, y en todo caso se exige que los beneficiarios residan en España.

En segundo lugar, se mantiene el derecho a la asistencia sanitaria para las personas que no superen determinado nivel de ingresos, que se determinará reglamentariamente. Podrán acceder a ella los españoles, los ciudadanos del espacio económico europeo y los extranjeros no comunitarios que estén residiendo legalmente en España. Cuando se trata de extranjeros no comunitarios, a diferencia de la normativa vigente hasta entonces, se exige que estén en España legalmente.

En tercer lugar, quienes no estén incluidos en ninguno de los colectivos que he enumerado anteriormente podrán suscribir un convenio con la Seguridad Social y obtendrán el derecho mediante el pago de la correspondiente cuota del correspondiente convenio especial.

Y, en cuarto lugar, los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en el territorio español tendrán derecho en los siguientes supuestos: los extranjeros menores de 18 años se mantienen en la misma situación y tendrán derecho en las mismas condiciones que los españoles; los extranjeros de 18 años o más tendrán derecho a la asistencia sanitaria pública en situaciones de urgencia o de enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa; las embarazadas, a la asistencia al embarazo, parto y posparto.

La alarma que genera la publicación de esta norma es muy importante. Hasta este momento cualquier persona podía ser beneficiaria de un asegurado atendiendo simplemente a la convivencia. Por otro lado, para tener derecho a la asistencia como persona sin recursos se exigía que las rentas de cualquier naturaleza fuesen iguales o inferiores en el cómputo anual al salario mínimo interprofesional. Los extranjeros no comunitarios solo necesitaban estar inscritos en el padrón municipal de habitantes y no se requería la residencia legal. Y nosotros nos preguntamos: ¿qué pasará con determinados colectivos, como los mayores de 26 años que no tienen la condición de asegurado pero sus ingresos superan el salario mínimo interprofesional?

El Gobierno de España intentó dar respuesta a la alarma que se generó mediante la aprobación del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud. Esta norma elevó el nivel de renta por debajo del cual los españoles, los ciudadanos del espacio económico europeo y los extranjeros no comunitarios que residan legalmente en España tendrán derecho a la asistencia sanitaria pública hasta los ingresos de 100.000 euros. De este modo, solo quienes obtengan ingresos anuales superiores a esa cifra y -punto importante- los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en el territorio español quedan fuera del sistema público con las excepciones vistas: los menores, las urgencias y las embarazadas.

Por todo ello, me gustaría finalizar esta primera parte de la intervención con una serie de reflexiones sobre este real decreto-ley cuyas bondades acabo de enumerar.

El ministerio envió hasta tres archivos diferentes con los datos de las personas que ellos consideran que sí tienen derecho a la asistencia sanitaria, a través de las bases de datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo. El Instituto Nacional de la Seguridad Social envió una primera base de datos la víspera de la entrada en vigor del real decreto y dos más, posteriores, rectificando cada una la anterior, en la semana siguiente. Además, a fecha de hoy, el ministerio no ha publicado la orden por la que se regulan los convenios especiales que deben firmar las comunidades autónomas con cada uno de los afectados por el real decreto que deseen acogerse voluntariamente a su firma.

Cada inmigrante sin papeles, según el ministerio, tiene tres opciones. Una, puede voluntariamente firmar ese convenio, del que todavía no se ha publicado la orden; puede suscribir un seguro médico privado; o, tres, quedarse sin seguro médico y abonar las tarifas establecidas cada vez que acuda a una consulta médica.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ya efectuó en su día varias consultas al Ministerio de Sanidad sobre el tema que aún, a fecha de hoy, no han tenido respuesta por parte de este ministerio. Todo ello ha generado que Canarias en este momento continúe con el proceso de cruce de datos con esa base de datos que nos remitió el Ministerio de Empleo a través de su organismo, el INSS.

Y una vez más, y sí me parece importante recalcar que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, perteneciente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, quien concede o no el derecho a la asistencia sanitaria y no el Gobierno de Canarias y que la posición de la Consejería de Sanidad ante la aplicación o no de este real decreto es que estamos buscando las fórmulas administrativas alternativas para poder dar asistencia a todas esas personas que finalmente quedan sin ese derecho.

Y, finalmente, habrá que ver la repercusión que tendrá la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de los recursos de inconstitucionalidad promovidos por la Junta de Andalucía y el Gobierno de Asturias contra varios artículos de este real decreto-ley.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señora consejera, doña Brígida Mendoza.

Los grupos no solicitantes de la comparecencia. Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Jesús Morera.

El señor Morera Molina: Muchas gracias, señor presidente. Buen día, señorías.

Bueno, ya tuvimos ayer la oportunidad de escuchar a la señora consejera hablando de este tema con motivo de la pregunta que le realizamos; hoy nos ha aclarado más detalles.

Comentábamos en sesiones previas las dificultades para la puesta en marcha de casi todos los contenidos de este real decreto-ley, fruto de las incongruencias entre lo que se dijo y lo que se va a hacer por parte del Gobierno central y la diversidad de modelos de aplicación del real decreto-ley entre las propias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, en este caso Galicia, que atenderá a los inmigrantes. Todo ello, lejos de ayudar a la cohesión del sistema, genera una heterogeneidad entre los modelos de atención de las comunidades y, por tanto, una desigualdad en el acceso a la salud de las personas que vivimos en este país.

Como supongo que alguien volverá a insinuar que nunca ha habido asistencia universal en España, ya digo que, más allá de resquicios e interpretaciones legales, cuyos últimos agujeros tapamos con la Ley de Salud Pública del 2011, en España, desde 1986, hemos atendido a todas las personas que convivían entre nosotros y, de hecho, hoy no estaríamos hablando de cómo reconducir esto si en ese real decreto-ley no se hubiera eliminado la asistencia universal, porque este problema antes no existía.

Quiero volver a incidir en tres cuestiones clave. Una, que esta disposición del real decreto-ley es humanitariamente detestable, particularmente para una comunidad como la nuestra cuya sensibilidad y solidaridad histórica con los colectivos más vulnerables está fuera de toda duda. En segundo lugar, que esta medida tendrá un impacto negativo en términos de salud pública y, en cambio, supondrá un ahorro poco relevante. Se trata en general de población joven y sana. Y en tercer lugar, que esta normativa generará problemas organizativos en nuestro modelo de asistencia, al desviar exclusivamente hacia Urgencias a este colectivo.

Por último, señora consejera, nuestro sentido común y nuestro respeto a la legalidad nos impiden, obviamente, pedirle que incumpla una ley, pero sí le pedimos que busque la fórmula para que en nuestra comunidad se mantenga la atención gratuita a las personas que quedan sin derecho a esa prestación.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchísimas gracias, don Jesús Morera.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Marisa Zamora.

La señora Zamora Rodríguez: Buenos días, señorías.

Señora consejera, de este tema ya hablamos en una iniciativa, una proposición no de ley, que mi grupo parlamentario trajo a este Pleno, aprobada por mayoría, en la que vimos las nefastas reformas que el Partido Popular está llevando a cabo en el Estado en materia sanitaria y el nefasto Real Decreto 16/2012, que trata de medidas urgentes. Y digo nefastas reformas porque ayer hablábamos de involución del Sistema Nacional de Salud, de que se ha cambiado el concepto del derecho de la persona a la protección de la salud por la palabra, por el concepto de beneficiario o asegurado de un servicio; hablábamos de desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud, de que se han perdido los principios básicos en los que se inspira: cohesión, equidad, universalidad. Ya no es un servicio público, universal y gratuito, se está tendiendo a privatizar un sector público tan importante como es la sanidad. Y además todas estas reformas se están haciendo sin diálogo y sin consenso con las comunidades autónomas. Es decir, que las comunidades autónomas ni siquiera antes del Consejo Interterritorial tenían en sus manos el borrador del real decreto, sino que se encontraron con él a través de los medios informativos, después de las ruedas de prensa que hacen después de los Consejos de Ministros.

Después de que se aprobó la Ley de Extranjería en el año 2000 los inmigrantes han tenido derecho a la sanidad en las mismas condiciones que los regulares y que los nacionales, con la condición de que estuviesen empadronados, y este real decreto lo que hace es restringir esa asistencia sanitaria de los inmigrantes.

En Canarias ha dicho la consejera que se va a seguir atendiendo a los inmigrantes; que por supuesto vamos a seguir reclamando los fondos al Estado porque las políticas de inmigración y extranjería le corresponden al Estado, que la consejería no es la que da y quita la tarjeta sanitaria, sino que es el Ministerio de Empleo, es el Estado, el que les quita el derecho a la Seguridad Social o a la seguridad, la asistencia sanitaria; y por supuesto que se está trabajando, como ha dicho la consejera, en fórmulas y programas especiales de salud para poder seguir atendiendo a los inmigrantes. No como Madrid, que les va a hacer firmar una facturita cuando se den de alta.

Por tanto, esto supone que son medidas no coyunturales por la crisis económica, son medidas estructurales. Hay un cambio de modelo, como ha dicho el señor Rodríguez, y por supuesto el modelo es involucionando, estamos retrotrayendo a más de treinta años el Sistema Nacional de Salud. Un sistema nacional que antes era de aseguramiento y se pasó después, con el gran esfuerzo de todos los españoles, a un sistema universal, público, gratuito y accesible a todos. Por lo tanto, es concepto distinto, es un desmantelamiento del servicio público importante. Está en una agonía el Sistema Nacional de Salud. Esto es muy peligroso, se conduce a la muerte al Sistema Nacional de Salud, y esa culpa la tiene el Partido Popular. Lleva una sigla, que es la del Partido Popular, que desde luego se está rompiendo con todo...

El señor presidente: Muchas gracias, doña Marisa Zamora.

Por el Grupo Parlamentario Popular, doña María Isabel Oñate.

La señora Oñate Muñoz: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

En primer lugar, recordarle a la portavoz del Grupo Nacionalista, Marisa Zamora, que no se quede en la Ley de Extranjería 4/2000, del 11 de enero, que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esa fue modificada varias veces y la última con el voto de ustedes y el Partido Socialista. Fue modificada en la Ley 2/2009, de 11 de diciembre (Comentarios en la sala). No, no, no, vamos a ver, la última ley, la de las libertades de los extranjeros en España, la endureció el presidente Zapatero, apoyado por los Grupos Socialista y Nacionalista, con un apoyo a la expulsión de los irregulares y una reducción de los derechos en sanidad de los irregulares. Así que no nombre la ley anterior, nombre la última, que es de ustedes, de ustedes, no del Partido Popular. Con Aznar estaban todas las libertades, con ustedes no.

Le quiero decir también al señor Román Rodríguez que ha hecho una propuesta interesante, porque estamos en esa misma línea en el Partido Popular. No hay derecho a que alguna persona quede desatendida. En eso estamos todos de acuerdo -el corazón no está solamente en la izquierda, el Partido Popular también tiene corazón-, pero le voy a decir una cosa: aquí lecciones de humanidad, ninguna. 16.000 millones de deuda, señor Román, usted fue presidente de un Gobierno, 16.000 millones de déficit en sanidad. ¿Sabe a qué lleva el buenismo? El buenismo lleva a una injusticia profunda, el buenismo lleva a que no tengamos sanidad nadie, ningún ciudadano español, ¡nadie!, porque no se puede tener un déficit de 16.000 millones, de déficit, no se puede tener.

Por ejemplo, se han cruzado 45 millones de datos de tarjetas sanitarias y había un montón de personas, exactamente 910.000, que vivían fuera y tenían la tarjeta sanitaria, con los impuestos de todos nuestros ciudadanos. Ustedes no defienden a nuestros ciudadanos.

Claro que defendemos a las personas irregulares. Irregulares que se llaman sin papeles, que van con miedo por la calle a que los detengan, que tienen problemas de abusos en contratos de viviendas. Yo he trabajado con los irregulares y yo sé lo que pasa con los irregulares, y a mí nadie me va a dar lecciones de humanidad. Claro que sé lo que pasa, pero lo que hay es que arbitrar una fórmula, primero para que el sistema no decaiga y para que sean atendidos, y esa fórmula está ya inventada.

Les han preguntado a todas las comunidades autónomas qué van a hacer. Todas han respondido, menos el portavoz de Coalición Canaria, el señor Martín, que dijo: "todavía no sabemos qué vamos a hacer". ¡Hombre!, si están tan preocupados por los inmigrantes irregulares, ¿cómo es que no han hecho nada? Desde el último Plan de inmigración con doña Marisa Zamora del año 2005-2006, el II Plan de inmigración, de atención a los irregulares y a los inmigrantes, se quedó en 2005-2006, desde entonces hay un decreto de la consejería que dice que las medidas asistenciales corresponden y competen a la comunidad autónoma. Entonces ¿a qué estamos esperando para sacar, como ha sacado Navarra, Galicia y Extremadura, un dinero para que esas personas sigan teniendo la sanidad que les corresponda? En el sistema no pueden estar, porque ya lo dice la Ley de Extranjería, es para los que...

El señor presidente: Muchas gracias, doña Maribel Oñate.

Por el grupo parlamentario solicitante de la comparecencia, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señorías.

Yo no tengo ninguna duda de la humanidad de la señora Oñate y del grupo parlamentario. Eso no es lo que estamos discutiendo, de lo que estamos discutiendo son leyes que generan nuevas condiciones que, en este caso, limitan conquistas y derechos y que algunos no compartimos, incluso desde las filas del Partido Popular. No hay mejor ejemplo que lo que han dicho algunos dirigentes territoriales del Partido Popular, que no aceptan lo que la ley estatal de manera unilateral ha decidido. En el marco de las competencias y de la legitimidad que tiene el Gobierno para cambiar las normas, pero con el coste y las consecuencias de hacer las cosas como se han hecho.

De manera que no estamos discutiendo aquí ni la sensibilidad de las personas del Partido Popular y menos la de la señora Oñate, que me consta. Yo lo que estoy diciendo es que hay una ley estatal que ha respondido exclusivamente al control del gasto público, a los recortes, que tiene un nivel de improvisación extraordinario, reconocido por todos -fue corregida sustancialmente unas semanas después-, sobre un tema muy sensible y a cuatro días de presentada la Ley de Presupuestos. Que no se olviden de esto: presentan una Ley de Presupuestos cuatro meses más tarde -por razones que ustedes conocen de orden partidista legítimas, y es que había elecciones por ahí- y a los cuatro días de presentada en las Cortes Generales salen nuevas medidas que cuestionan las cuentas y los números presentados, entre ellos esto (El señor presidente abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González).

El planteamiento, por lo tanto, es, esta ley no responde a un intento de mejorar el Sistema Nacional de Salud, de hacerlo más racional ni más eficiente ni más equitativo ni más solvente. Sencillamente la ley pretende recortar gasto público, porque es lo único que guía en estos momentos a los gobiernos de España, en gran medida de Canarias y del resto de las comunidades autónomas. Hoy la única política que prevalece, y para eso modificaron la Constitución, es pagar la deuda a los bancos, la preeminencia del pago de la deuda por encima de los derechos de los ciudadanos. Esa reforma constitucional del artículo 135 marca un antes y un después, lo he dicho aquí algunas veces y desgraciadamente lo oirán muchísimo durante mucho tiempo, porque es un cambio sustancial de nuestras reglas de juego. Por cierto, se cambia la Constitución con una facilidad extraordinaria. En 20 días cambiaron un elemento sustancial de la Constitución, marcando una regla económica en una norma de convivencia social, como es la Constitución, para siempre o casi para siempre, y si no ya lo verán. Por lo tanto, esto es lo que critico yo, que esto no responde a mejorar el sistema, esto responde a generar recortes.

Y además digo lo siguiente, y se confirmará desgraciadamente -ya han visto que algunas de las cosas que yo digo aquí luego se cumplen; no es porque yo sea un profeta sino porque es elemental-: no se van a cumplir las previsiones de 7.000 millones de recortes desde la vigencia de la ley hasta final de año. Y la siguiente película será las comunidades autónomas incumplen los recortes de sanidad y, por lo tanto, son culpables del déficit público, de los males de España, de la economía y del mundo mundial, y esa lógica se ha implantado por la dirección efectiva del Partido Popular a nivel del Gobierno de España. Y eso es desgraciadamente así. Y yo sé que esto no les gusta a todos los votantes del Partido Popular, hay 3,6 millones que dicen que no le volverían a votar, por esto y por otras cosas, y yo sé que hay muchísimos dirigentes del Partido Popular que no están de acuerdo con las cosas que están ocurriendo y que no pueden estar de acuerdo con el cuestionamiento de las bonificaciones al transporte aéreo y menos con la ocurrencia ahora de 8.000 euros por trimestre, dicen. Es decir, yo sé que ustedes sufren: ¿cómo no van a sufrir ustedes con los disgustos que les da este Gobierno un día sí y otro también?

Lo que digo es que esa es la ley, que esto es lo que hay y que tiene muchos impactos negativos. Hemos discutido aquí lo del copago sobre los medicamentos y discutiremos cuando venga el copago sobre otras prestaciones sensibles, como el transporte sanitario no urgente, que es masivo en cualquier sistema sanitario, que es caro y que no podrán soportar, desde luego, los enfermos crónicos, los enfermos habituales del sistema sanitario.

Pero hoy yo pretendía con esta comparecencia poner el dedo en la llaga sobre un aspecto de la ley, y es que excluye del derecho a la atención sanitaria a la gente que convive con nosotros y que no tiene la residencia legal. Sobre este colectivo, no me estoy refiriendo a los comunitarios, europeos, por lo tanto, que viven en España y sus convenios. No me estoy refiriendo ni siquiera a los españoles que ganen más de 100.000 euros. Me estoy refiriendo a esos que usted describía bien, a los que van por la calle temerosos de que los detengan y los expulsen. A esos... -iba a utilizar un calificativo que se podía interpretar mal-, a esa gente que desgraciadamente no tiene nada y que ahora con la crisis tiene menos. A ese colectivo que, dicen, yo leo en los periódicos porque no hay un registro centralizado en la materia, y estamos hablando de 300, 350.000 personas, 400.000 personas en España. Se supone que sumando los empadronamientos y las tarjetas de los servicios de salud se podía calcular aproximadamente. Estamos hablando de eso, de la gente que vino de Venezuela y tiene un hijo que no ha logrado la residencia, de la gente que vino del continente africano o de la gente que vino de países no comunitarios y que está aquí sobreviviendo y que no ha conseguido regularizar sus papeles, en algunos casos trabajando en la economía sumergida. Estamos hablando de ese colectivo, de los más débiles, de los excluidos. A ese colectivo desaparecerá su derecho, su tarjeta, desaparecerá porque lo dice una ley española que es de obligado cumplimiento.

¿Qué han hecho algunas comunidades? Decir: "muy bien, usted dice eso, no me lo consultó, no estoy de acuerdo y en mi tierra, porque tengo ámbito competencial, no lo vamos a aplicar y vamos a buscar una alternativa". Una alternativa que tendrá que hacerse con normativa propia y con recursos propios. Pero flaco favor está haciendo al sistema sanitario y a las arcas públicas quien legisla de esta manera. Y yo lo que le pregunto a la consejera es, como sé que cuando lleguen los nuevos registros o los ficheros desaparecerán 15, 20, 25.000 personas del derecho a la atención sanitaria y no podrán ir a las diez de la mañana, una persona de 26 años, para que la vea el médico de Atención Primaria y le mande sus medicamentos, no podrá hacerlo porque su derecho ha desaparecido, que en Canarias articulemos una propuesta, reglemos un programa, garanticemos unos soportes administrativos, para que esas personas puedan tener este derecho y no se tengan que esconder, no se tengan que esconder; o no forcemos a los buenos profesionales, que han dicho, de manera significativa y hay que agradecérselo, que no van a cumplir la norma. Hay miles de médicos de familia que han salido públicamente: "no vamos a cumplir este tema, porque no estamos aquí para discriminar a los ciudadanos en función de sus papeles sino en función de sus problemas de salud". De manera que no forcemos a que los profesionales tengan que hacer lo que no deben sino busquemos una salida u organicemos un programa, démosles un soporte administrativo, para que si en esta comunidad hay mayoría política, mayoría democrática, que no está de acuerdo con esa barbaridad de excluir este derecho a ese grupo de ciudadanos o de conciudadanos, pues, que lo podamos resolver. Y eso es lo que yo quiero para que no nos coja el toro, porque lo que no me gustaría, y yo creo que a nadie, es que dentro de dos meses nos veamos con un problema, y es que tengamos a la gente sin el derecho, con la expectativa y sin el soporte para hacerlo posible, y eso es lo que yo reclamo. Sé que en el País Vasco, que en Cataluña, en Andalucía, en Galicia, los servicios de salud están buscando fórmulas; lo que digo es que seamos diligentes para garantizarlo.

Y acabo diciendo: esta es una medida que de no concretarse es una barbaridad desde el punto de vista humanitario y de la solidaridad, y menos para un pueblo que ha emigrado a lo largo de su historia y que está volviendo a emigrar, que está volviendo a emigrar de forma significativa. Y hoy la comunicación es global. Yo he escuchado a importantes dirigentes de importantes países decir "están bonitos los españoles negándoles atención sanitaria a los irregulares y luego tenemos a los suyos aquí". Eso, que parecía historia pasada, está volviendo a ocurrir. Es un problema humanitario, es un problema de prestigio.

El impacto económico es pequeño, pequeño. No entiendo por qué hicieron esto, para ganarse un cierto público debe ser. Los problemas de salud pública que se puedan generar excluyendo a sectores excluidos del sistema sanitario son graves.

Y, por lo tanto, yo lo que pido es que, al margen de que generemos y acumulemos fuerzas para cambiar algunas de las cosas que se están promoviendo en el contexto español y que yo creo que están condenadas al fracaso absoluto, en este y en otros ámbitos, mientras tanto, en esta comunidad, y afortunadamente hay una mayoría que piensa distinto, que cree que no se debe excluir a esa gente, y lo que le digo a esa mayoría, y cuenta con nuestra colaboración evidentemente, es que articule los mecanismos administrativos, los soportes y los créditos para garantizar que esa gente cuando pierda el derecho tenga una alternativa legal, digna. Eso es lo que estoy planteando hoy en esta comparecencia, que articulen los mecanismos antes de que tengamos el problema, porque la parte de conciencia y de coincidencia parece ser total.

Muchísimas gracias.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Sí, tiene la palabra la señora consejera.

Sí. Cuando quiera.

Gracias.

La señora consejera de Sanidad (Mendoza Betancor): Quiero dejar patente que el Real Decreto-Ley 16/2012, de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejora de la calidad y seguridad de sus prestaciones, normativa básica y de obligado cumplimiento, refrendado además -no lo olvidemos- por un informe del Consejo de Estado, da inicio a un cambio en el Sistema Nacional de Salud, cambios sustanciales, en los que por vez primera aparecen los tan discutidos copagos en diferentes prestaciones. La primera, en los medicamentos, porque el que por primera vez los pensionistas tienen que hacer una aportación económica para disponer de los medicamentos que precisen es el momento actual.

Canarias siempre ha sido respetuosa con la legalidad y seguirá siéndolo, por lo que se ha instaurado el decreto pero con una salvedad: la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias siempre ha dejado clara su postura contraria en relación a esta medida de copago. En concreto, desde el primer momento apostó por trabajar de tal forma que se minimizara el impacto para la población canaria y será una realidad en breve para los ciudadanos, como ya además hemos hablado en estos días anteriores.

Pero la reforma continuó y el Sistema Nacional de Salud deja también de ser ya no solo universal, también pierde la equidad. Se publica el Real Decreto 1192/2012, por el que se regula el concepto de asegurado y beneficiario, quedando atrás el concepto de ciudadano titular del derecho, entrando en vigor el día 1 de septiembre, aunque hasta la fecha muchas de las comunidades autónomas, entre ellas Canarias, no han podido ponerlo en marcha por motivos comentados ya en la primera parte de la intervención. Recordar que también es de obligado cumplimiento y no perdamos de vista la gran alarma social que su publicación ha generado.

Y en este punto me parece oportuno hacer una reflexión. Somos conscientes -y en ello estamos trabajando- de que la situación actual, y en particular en nuestra comunidad, Canarias, es extremadamente complicada, que hay que vigilar el gasto, controlarlo, para no gastar lo que no tenemos, y sobre todo porque estamos deficitariamente financiados por el Gobierno de España. No obstante, el Gobierno de Canarias está realizando grandes esfuerzos, dedicados todos ellos al mantenimiento de los servicios básicos. El Gobierno de Canarias ha apostado por la sostenibilidad de los servicios básicos, y en ello estamos trabajando.

Llama la atención del Real Decreto 16/2012, que en su exposición de motivos aparecía el control del turismo sanitario. Bueno, parece lógico, aparte, como decía el señor Román Rodríguez, culpar de alguna manera a las comunidades autónomas por lo que estaba pasando.

Y luego analizando el Real Decreto 1192/2012 y el desglose que se hace de los distintos grupos en el aseguramiento, lo que se pone finalmente de manifiesto es que los que realmente pierden el derecho cuando se realiza el cruce de la base de datos que ha enviado el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que depende del Ministerio de Empleo del Gobierno de España, y el que ahora otorga el derecho, los que realmente están afectados, son aquellas personas que componen un grupo poblacional desprotegido, que no tiene posibilidades económicas de escoger dónde se puede tratar.

A mí me gustaría poner un ejemplo práctico, quizás por aquello de que aquí en todos los grupos tenemos sanitarios. Si una persona que no tiene el derecho al aseguramiento por no poder demostrar que es un residente regular de nuestra comunidad y no puede acceder a una consulta por no poder afrontarlo económicamente, por las tres posibilidades que comentaba antes, ante un cuadro, supongamos -para que nos entendamos todos-, un cuadro de tos que viene de hace algún tiempo, malestar general, que pierde peso, bien, no puede acceder a una consulta, y puede tener dos opciones: puede que no le dé importancia y en un segundo tiempo puede que esto se agrave y entonces tenga que recurrir a un servicio de urgencias. Si en este se le diagnostica, pongamos, por ejemplo, una tuberculosis, habrá que hacerle una serie de pruebas, requerirá una hospitalización, un aislamiento, un tratamiento. Pero, lo peor de todo, ya no es solo que esa persona que en un momento pudo pasar por una consulta, y si hablamos de aquello que estamos tratando de tocar, que es que era un gasto bajo porque era una consulta sanitaria, ahora se convierte en un señor, en una persona, que tiene un problema de salud importante, serio y que además está requiriendo toda una serie de prestaciones extraordinarias. Pero lo peor no es eso, es que además ha estado en contacto con muchas personas seguramente alrededor, muchas o pocas, no lo sabremos, pero de lo que sí estamos seguros es de que nos veríamos, encontraríamos, que muchas personas se podían haber contagiado de su enfermedad y nos veríamos ante un problema importante de salud pública y que probablemente no sabríamos, no podríamos detectar a todos aquellos que quedaran infectados. Y eso creo que no se ha tenido en cuenta en este real decreto. ¿Son casos concretos?, no, son casos diarios, los vemos seguramente todos los días. En resumen, nos habrá salido mucho más caro que si hubiésemos detectado antes el problema, porque tendremos otras personas enfermas que quizás detectemos o no. Y eso al Servicio Canario de Salud y más al Servicio Nacional de Salud le saldrá más caro y además creo que estamos entonces dando una atención inadecuada a todas las personas, porque estamos hablando aquí de personas (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández, y pasa a ocupar la Presidencia).

Por tanto, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, con el máximo respeto a la norma básica, entiende que debe garantizar la asistencia sanitaria en los supuestos siguientes, sea cual sea su condición de base: a aquellas personas que a la entrada en vigor del real decreto se encontraran en lista de espera para cualquier tipo de prestación que se les haya indicado, bien una prueba, una intervención quirúrgica, la que sea aquellas personas que mantengan un proceso asistencial abierto. El que ya estaba siendo visto y que tiene una historia clínica abierta y no ha terminado tendrá que seguir en las mismas condiciones siendo tratado por su médico. Pacientes a los que se les diagnostiquen determinadas enfermedades infectocontagiosas con potencial epidémico, como no puede ser de otra manera.

Y, por último, estamos a la espera de terminar la comprobación de datos por parte de nuestros técnicos de las personas que el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha dejado sin cobertura y comprobar las patologías, los procesos abiertos y poder establecer la vía más adecuada que permita dar asistencia a todo aquel que la precise y que no tenga recursos.

A fecha de hoy, y hasta no tener todos los datos, la asistencia se continúa dando como siempre. Todo ello, si revisamos todo este real decreto, todo parece demostrar que hay muchísimas contradicciones en cómo hacer frente a esta situación planteada por este real decreto en todas las comunidades. Han nombrado ya ustedes a Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Madrid... En fin, todas, cada una ha tirado por una vía diferente. Cuando aún tampoco ha sido publicada ni siquiera la orden de cómo se establecerán esos convenios de los que el real decreto habla. No, no existe, no hay nada al respecto, y ahora esperemos, señores diputados, señor Román Rodríguez, el resultado de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional por Andalucía y Asturias, que acaban de ser admitidos a trámite y que caben dos posibilidades -y de eso los letrados saben mucho más que yo-: o lo paran o seguiremos esperando a ver qué deciden.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.