Diario de Sesiones 52, de fecha 26/9/2012
Punto 2

· 8L/C-0568 Comparecencia del Gobierno -consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda-, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la Prestación Canaria de Inserción.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Pasamos a la siguiente comparecencia del orden del día, la número 568: del Gobierno -consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda-, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la Prestación Canaria de Inserción.

Doña Milagros Bethencourt, para la primera intervención, por tiempo de cinco minutos tiene usted la palabra.

La señora Bethencourt Aguilar: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

El Grupo Parlamentario Popular, ante el aumento considerable de personas en situación de exclusión social, ha creído conveniente traer a la Cámara el debate sobre la Prestación Canaria de Inserción. Aparece regulada en la Ley 1/2007, que se hacía eco de la necesidad de una ayuda económica para paliar la situación de personas y grupos sociales en desigualdad social. En otras palabras, se instituyó una ayuda para mitigar la pobreza en Canarias, un fin, sin duda, loable que en el Partido Popular compartimos. La norma condiciona esta ayuda a la realización de medidas de inserción, que tendrán que afrontar todos los miembros de la unidad de convivencia del solicitante. La prestación se concede durante un año con el derecho a la continuidad de la ayuda en periodos sucesivos de seis meses y además es complementaria y subsidiaria respecto a cualquier otra ayuda que puedan percibir quienes se encuentren en esta situación. Habrán de ser personas que acrediten residir en Canarias durante al menos tres años, no contar con recursos suficientes y estar inscritos en el Servicio Canario de Empleo como demandantes de un puesto de trabajo. El procedimiento de obtención y la cuantía están regulados en la norma, que activa también a los ayuntamientos en este proceso.

Eso, señorías, es la teoría. En la práctica, bajo el concepto de exclusión social, se integran situaciones que hacen referencia a desigualdades, déficits o desequilibrios que presentan las personas y las sitúan o aproximan a un ámbito de debilidad social. A la exclusión social se puede llegar por varias vías, si bien la falta de recursos económicos es la más evidente. Se tiende por ello a relacionar la exclusión social solo con la pobreza económica, y eso, señorías, es un error. Actuar solamente sobre la falta de recursos económicos es atajar parcialmente un problema y solo deriva en un callejón sin salida.

Para el Partido Popular -y creemos estar todos de acuerdo- una ayuda económica, por importante que sea, aislada de otras políticas, no garantiza en absoluto la inclusión social. El perfil del perceptor de esta ayuda es mujer, con edad de 36 años, en un hogar monoparental, con hijos menores a cargo. Es la descripción, señorías, de una madre soltera en la mayoría de los casos. Además no presenta discapacidad ni enfermedad diagnosticada, pero carece de formación y tiene apenas estudios primarios. Se suele decir, y es una frase manida pero no por ello menos cierta, que la pobreza tiene rostro de mujer.

Hace ya 20 años se concedían -algunos las recordarán- las antiguas ayudas económicas básicas -Aeba-, que perseguían paliar situaciones urgentes de necesidad. Fue conocida también como la paga de madres solteras y estuvo en vigor 15 años. Estas han sido sustituidas a partir del 2007 por la ayuda de la Prestación Canaria de Inserción. Fíjense en el detalle, señorías, señora consejera: 20 años después, en nuestra región, el perfil del perceptor de estas ayudas sigue siendo mujer y sobre todo madre soltera. ¡Qué poco hemos evolucionado!, ¿no les parece? Hay que agradecer a la ley de 2007 que rompiera con el concepto de exclusión puramente económico y tenga en cuenta componentes laborales, económicos, educativos y culturales en los procesos de exclusión. Canarias dejaba atrás, por tanto, la ayuda benéfica y apostaba por la incorporación integral de ese colectivo a la sociedad a través de actividades de inserción. Es la condición sine qua non para recibir la ayuda económica.

Nos gustaría, señora consejera, que nos detallara cómo se ha adaptado la PCI a la nueva realidad de la crisis. Todo ha cambiado desde 2007: hay más paro, menos recursos, y más desigualdad. ¿Cuántos perceptores de PCI tenemos? ¿De cuántos fondos dispone Canarias para ello? ¿Cuánto se tarda en tramitar las ayudas? ¿Qué resultado real se obtiene?

Espero sus aclaraciones.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Pasamos a la intervención del Gobierno. La señora consejera, doña Inés, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Comparece el Gobierno, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para informar sobre la Prestación Canaria de Inserción, y tengo que decir que en la primera intervención de la diputada, pues, es que estamos absolutamente de acuerdo, porque lo que ha hecho, y en lo que probablemente profundizaré yo también, además de darle los datos, bien en esta primera si me da tiempo o en la segunda intervención, es precisamente, pues, exponer lo que dice la ley, pero sería bueno que incluso profundizáramos un poquito más en ella, incluso en el origen de la misma.

Como bien ha dicho, la ley es consecuencia de un momento además histórico, determinado y determinante, que no es otro que la consolidación en su momento de la filosofía del Estado del bienestar, con una economía en los años previos a la aprobación de esta ley en que la misma venía creciendo de forma sostenida. A pesar de ello, todos los Estados así lo reconocían y además se indica en el preámbulo de la ley, en todas las sociedades existen individuos y grupos de población que carecen de medios de subsistencia para atender sus necesidades básicas y que se encuentran en situación de mayor desigualdad social que el resto de la ciudadanía para, desde luego, conseguir el acceso a unos niveles aceptables de calidad de vida y al pleno ejercicio de los derechos considerados fundamentales.

El debate sobre cómo afrontar los problemas que afectaban, que afectan, a estas personas se venía incrementando en los últimos años -estoy hablando de antes del 2007-. La idea de que la pobreza es un fenómeno estructural y multidimensional, estimándose que los procesos que llevan a esta condición obedecen a multitud de factores relacionados entre sí y que no es solo el económico, y, por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo.

El enfoque de la pobreza se vincula de esta manera al concepto de exclusión social, que tiene unas connotaciones muchísimo más amplias que, como digo, las meras de escasez de recursos económicos y considera componentes importantes los laborales, los sociales, los educativos y los culturales para entender que existen procesos que impiden a determinadas personas o grupos alcanzar una posición de autonomía que les permita acceder de forma efectiva a sus derechos primordiales de educación, de vivienda, de trabajo, de cultura.

La puesta en marcha de esta ley, paulatinamente por parte del Gobierno, el Gobierno es quien la financia, quien la coordina, quien la fiscaliza, quien la observa, quien la analiza y quien la evalúa, se va desarrollando desde luego según su propio articulado.

En este sentido, en los últimos años -y voy dándole datos-, a pesar de las restricciones presupuestarias, la financiación de esta ley se ha incrementado, señorías, en un 300%. Hemos pasado de los 7 millones que tuvo en el año 2007 a los 20 millones que tiene en este año 2012. Pero a ello además hay que añadirle, como bien dice la ley y usted también decía, los ayuntamientos son quienes captan o reciben a las personas perfiles de esta ley y los que elaboran su expediente. Para ello empleamos todavía, a día de hoy, algo más de 4 millones, sobrepasamos los 4,5 millones de euros, para dotar a los ayuntamientos de 200 profesionales de lo social que puedan llevar a cabo, desde luego, esta labor. Por lo tanto, ahí va, lo que nos podemos imaginar, el aumento espectacular, presupuestario, de la ley, que supone el aumento espectacular de personas que se acogen a la misma.

Estos trabajadores son los encargados de gestionar la ley, de elaborar el plan de acción individualizado para cada núcleo familiar, de determinar un itinerario de inserción y de ir evaluando la situación y la evolución de cada familia. Pero además el Gobierno es quien otorga, o no, definitivamente la prestación económica o acepta o no el itinerario socioformativo que propone el equipo técnico de los ayuntamientos. Es quien dota además a los ayuntamientos de equipos y aplicativos informáticos, a todos y cada uno de ellos, para que puedan, desde luego, aplicar la misma y además es el Gobierno también el que dicta las directrices para su aplicación. También es el Gobierno el que trabaja, genera las sinergias entre los servicios de empleo, de vivienda, educativos o sanitarios.

Pero además el Gobierno vela también por la buena marcha y por la aplicación eficaz, ofreciendo formación a los profesionales sociales encargados de aplicarla y analizando, desde luego, su ejecución.

El Gobierno ya ha realizado, como he dicho alguna vez en comisión, una evaluación que ha determinado un plan de seguimiento de la ley. Un seguimiento necesario puesto que esta ley se planificó, como usted y yo estamos diciendo, en un momento en el que vivíamos en un crecimiento económico sostenido en el tiempo. Hoy nos encontramos en un escenario completamente diferente y la presión a la que se ven sometidos los trabajadores sociales municipales, una presión absolutamente entendible sin duda, nos induce a cometer o a tomar algunas decisiones incorrectas de la ley, porque la ley habla, señorías, de un concepto de pobreza no pensado en la mera carencia económica sino en un concepto de exclusión, por lo que fue pensada como un fenómeno estructural, como les decía, y multidimensional.

Tampoco debemos olvidar que la situación política también ha cambiado y que estamos en una situación de desempleo brutal en España, no solo en Canarias, en España, y que esto llevó en su momento a que el Gobierno de España se viera abocado -por lo menos así lo trasladaban- a modificar el Plan Prepara y además a llegar a anunciar que se retiraba la ayuda, que es lo que supone este Plan Prepara, de los 400 euros. Afortunadamente, terminó no suprimiéndose pero sí se mantiene y limita el perfil de las personas que pueden acceder a ella. Esto viene a mantenernos a nosotros en la situación siguiente. Recuerden ustedes que en esos 400 euros ahora, para una persona desempleada -estoy hab lando de una ley estatal, no estoy hablando de la PCI-, cuenta, como en la PCI, la coyuntura económica, el colchón familiar; se distribuye en los ingresos de la familia, incluidas las personas mayores, los abuelos, se distribuye entre todos los miembros de la familia, y si llegamos, llegan a 481 euros, no le correspondería la ayuda de los 400 euros y, si no los sobrepasan, sí le correspondería, es decir, que ajustan y lo determinan a un determinado perfil de personas.

En cuanto a cuántas personas están en estos momentos, porque cada mes y cada situación va siendo diferente, hay gente que vamos dando de baja, gente que vamos incorporando, de enero a agosto puedo decirle que son 4.561 las familias perceptoras de la Prestación Canaria de Inserción. Estamos hablando de algo más de 13.000 personas las beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción. Hasta ahora eso ha supuesto una inversión o un coste de 12 millones de euros, con lo cual, como está presupuestada la ley en 20 millones de euros y además con una consigna en el Presupuesto de que si los 20 millones de euros se agotaran, habría que implementar sí o sí esa partida. Es una partida, como ustedes saben, ampliable, porque hay que ser previsores de que la situación podría empeorar.

Recuerden que además esta ley, que fue pionera absolutamente en el Estado, es también la que ofrece las cuantías económicas más altas de todo el Estado. Usted lo decía: 472 euros la mínima; 658,54 la máxima.

Y recordar una cosa muy importante de esta ley, y acabo esta primera intervención, señorías. Esta ley se creó para sacar a la gente de la exclusión social. Se les facilita una renta mínima a cambio de un itinerario socioformativo que le permita salir de la exclusión a la persona que se haga, pues, de alguna manera, eco de la situación familiar. Eso es posible. Pero además es posible que tengamos a una familia o a una persona con un itinerario socioformativo sin prestación económica, señorías, para que se hagan una idea de que realmente la exclusión social no siempre tiene que ver con la situación de recursos económicos. Es decir, itinerario de inserción, sí, siempre; prestación económica no tiene por qué ir siempre. La prestación económica lleva obligatoriamente un itinerario socioformativo y el itinerario socioformativo no tiene por qué suponer la prestación económica. Eso yo creo que es lo que realmente entre todos, no solo lo hacemos ya todos los ayuntamientos, también la parte del Gobierno, sino que yo creo que también sus señorías podíamos ir haciendo también, cuando nos pregunten o saberlo por lo menos, que realmente eso es lo más importante de la ley, que no es la sustitutoria de una persona que ha perdido el empleo o que ha perdido ya la prestación por desempleo. Recordar siempre que la prestación por desempleo corresponde al Estado, que es quien recauda cuando uno está en la vida activa laboral, y que esta es una situación absolutamente diferente. Por lo tanto, que sepamos...; luego le daré, ampliaré los datos que usted está...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.

Pasamos a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Mixto, doña Carmen Hernández, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados.

Hablamos hoy de la Prestación Canaria de Inserción, que es mucho más, como se ha dicho aquí, que una prestación económica. Es el último escalón protector del sistema y es sobre todo una oportunidad de inclusión social, pero la realidad en el momento actual, con graves dificultades económicas, es que la PCI se ha convertido en un dique, en un modesto pero al final un dique, frente a la riada de exclusión que se está produciendo en Canarias. El panorama actual de crisis, sumado a los recortes continuos en lo que son las políticas sociales, está provocando, desde nuestro punto de vista, un impacto irreparable en la realidad social canaria. No voy a entrar en datos pero todos sabemos que la pobreza aumenta, que los datos sobre exclusión social también aumentan. Usted misma, señora consejera, nos decía hace pocos meses que en Canarias, en cuatro años, hemos duplicado la situación de pobreza y exclusión, pasando de un 3 a un 6%. Y además los datos de Unicef, en el ámbito de la pobreza y exclusión infantil, en Canarias son preocupantes. Por eso le hemos solicitado una comparecencia monográfica para hablar de la pobreza y de la exclusión de los niños y niñas canarios. Todo esto genera nuevos perfiles en los usuarios de los servicios sociales, gente que antes nunca se había acercado a los servicios sociales, mayor desamparo, mayor desestructuración familiar, aumento de la marginación, mayor desprotección infantil.

Voy a relatarles algunos de los problemas de los que tenemos constancia, ya sea por nuestro trabajo con los municipios, ya sea por lo que dicen los colegios profesionales de trabajadores sociales, algunos de los problemas que está teniendo la aplicación y desarrollo de la Prestación Canaria de Inserción. El presupuesto se agota antes de finalizar el año y las ayudas concedidas no se pueden pagar durante meses. Muchos ayuntamientos no han mantenido al personal dedicado a la Prestación Canaria de manera continuada, con lo que hay casos muy graves en los que no se tramita la prestación. Se acumulan los expedientes iniciados sin completar y sin seguimiento y no se reciben nuevas solicitudes. Hay retrasos insistentes en la tramitación de la misma como en la renovación. No se ha evaluado la ley, queremos preguntarle qué pasa con la comisión de seguimiento, si funciona. No se están realizando adecuadamente los programas específicos de inserción y no se están aceptando los supuestos de excepcionalidad que así contempla la ley.

En este sentido, desde el Grupo Mixto-Nueva Canarias proponemos una revisión urgente de la ley que permita adaptarla al contexto actual, garantizando una financiación estable y suficiente, retomar con urgencia los expedientes paralizados y reforzar la colaboración técnico-política con los ayuntamientos, que, en definitiva, como usted ha expresado, son los que tramitan la iniciativa. Una colaboración en la línea de agilizar los plazos de tramitación y de aumentar los profesionales, así como la simplificación de los procedimientos que van en la línea de agilizar los plazos de respuesta a esa demanda.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Rosa Guadalupe, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

La señora Jerez Padilla: Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días.

Señora consejera, en su intervención dejó claro cuál es el objetivo de esta ley, como así también dejó claro que el Gobierno de Canarias, a pesar de las restricciones que ha tenido, presupuestarias, pues, ha pasado la ley de tener 7 millones a 20 millones de euros para la financiación de la misma. Y, desde luego, estoy con usted también en que las PCI no se pueden confundir en ningún momento con la prestación de desempleo, que es un derecho que tenemos todos los trabajadores.

Lo que me preocupa ahora mismo, señora consejera, es que organizaciones como, por ejemplo, Redesscan o el Colegio Oficial de Diplomados o incluso algunos miembros de la Fecam manifiesten y opinen que estas ayudas están siendo y están sufriendo retrasos en su tramitación como en la renovación de las mismas y que pueden demorarse desde siete meses, y cinco es realmente lo que tiene la ley.

Señora consejera, mire, yo creo que la valoración, es decir, la evaluación de la ley, es importante traerla aquí y yo creo que para callar todas estas voces en contra de la ley, señora consejera, yo creo que lo que tiene que hacer la consejería es poner en marcha adecuadamente la ley. Pero, desde luego, también estoy de acuerdo con usted en que la situación de la sociedad ahora mismo ha ido variando en los últimos años con la coyuntura de los mercados y la evolución del empleo. Por eso creo que posiblemente esta ley -como decía la portavoz del Grupo Mixto- habrá que cambiarla, habrá que modificarla en alguno de sus artículos, porque, mire, no nos olvidemos de que las personas deben tener garantizados unos mínimos y uno de ellos, señora consejera, aunque no lo queramos, son las PCI, para poder acceder a un empleo que les facilite su integración.

Señorías, no podemos olvidarnos de que ahora mismo la PCI se convierte en esencial para la subsistencia de muchas familias canarias, y ese horizonte no nos lo podemos dejar. Para ello creo que es necesario que tiene que existir, señora consejera, una coordinación entre su consejería y los distintos ayuntamientos de Canarias. ¿Por qué? Porque ese es un objetivo que tiene la ley como fundamental y es obligatorio, señora consejera, sobre todo para poder llevar a cabo la inserción de aquella ruta o de aquello que marca la ley y que los ayuntamientos son realmente los encargados de que lo lleven a cabo.

Sin embargo, señora consejera...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señora diputada, lo siento.

Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, la señora Pulido, por tiempo de tres minutos tiene la palabra.

La señora Pulido Rodríguez: Gracias, señor presidente. Señorías.

Con la Ley 1/2007, por la que se regula la PCI, es decir, la Prestación Canaria de Inserción, que, por cierto, como nos ha dicho la consejera, es pionera en todo el Estado, pues, con ella pasamos a entender las políticas sociales desde una nueva concepción, ya que en ella se regula bajo el concepto europeo de inclusión social, de integración y no como meras políticas asistenciales, como aquellas que han implementado las clases dominantes para paliar mínimamente la miseria que generan y perpetuar el sistema. Así, la PCI tiene como objeto la inclusión social, económica y laboral de aquel sector de la población que se encuentra en riesgo o en exclusión social, entendiendo que la exclusión social viene dada no solo por la escasez de recursos económicos sino también por la ausencia de capacidades, lo que impide a determinados individuos alcanzar una posición de autonomía que les permita incorporarse plenamente en la sociedad. Por ello, lo verdaderamente importante en la PCI pasan a ser los itinerarios de inserción y no la mera ayuda económica.

Sin embargo, en esta situación de grave crisis económica, donde el paro aumenta de manera considerable y, por tanto, las personas que atraviesan por dificultades económicas son cada vez más, algunos intentan confundir mezclando la PCI con la prestación por desempleo, dando a entender que esta prestación canaria es un sustituto de la prestación por desempleo. Y digo que han intentado confundir interesadamente porque mientras la PCI es competencia en materia de servicios sociales de la comunidad autónoma, la de desempleo es una competencia de la Seguridad Social y del Estado. Y además estas van dirigidas a distintos colectivos y en conceptos completamente diferentes, pues mientras que con la PCI se pretende enseñar las capacidades para la búsqueda de empleo, con la prestación por desempleo se reconoce una ayuda a la que tienen derecho los trabajadores por haber cotizado a la Seguridad Social. Por tanto, no juguemos a confundir, porque esta confusión está llevando a un aumento de la demanda de personas que han dejado la prestación por desempleo pero que no cumplen con los requisitos de la PCI, lo que está dilatando el tiempo en la resolución de los expedientes.

Ante esta situación, nos gustaría, señora consejera, que nos dijera cómo están influyendo en las demandas de la PCI los recortes de las políticas activas de empleo que ha aplicado el Gobierno de España, así como las restricciones en la prestación por desempleo, en especial la ayuda de 400 euros para parados de larga duración.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por el grupo solicitante de la comparecencia, Grupo Parlamentario Popular, doña Milagros Bethencourt, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

La señora Bethencourt Aguilar: Gracias, señor presidente.

La PCI incorpora medidas de integración para la población canaria en dificultades. De un estudio de la Dirección General de Bienestar Social respecto al beneficiario de la Prestación Canaria de Inserción en el año 2010 podemos deducir, una vez más, las luces y las sombras de la gestión de la consejera, doña Inés Rojas, y de su Gobierno. Mucho la escuchamos a usted, señora consejera, decir su frase preferida, que ya es más un eslogan: esta es la consejería de las personas. Poco la vemos poner en práctica lo que encierra y ya va siendo hora de que hablemos de ello.

Esta prestación, en efecto, no es una ayuda económica sino un impulso para la inserción social de personas con dificultades. El problema es que su propio departamento, evaluando los resultados obtenidos, concluye que volvemos a estar ante una ayuda asistencialista de entre 400 y 600 euros, una ayuda más. Las evaluaciones son positivas siempre que sean autocríticas, pero si no seguimos las conclusiones obtenidas, estaremos fracasando doblemente.

Vamos al perfil del demandante: mujer de 35 a 45 años, desempleada, con hijos menores a su cargo y sin estudios. Si no hacemos que a estas ayudas del Gobierno les siga una política social y una medida concreta para la búsqueda de empleo, no estaremos haciendo nada, solo estamos contribuyendo a generar más pobreza y sumisión. Lo triste es que no solo es la mujer, de por sí con dificultades, la que se adentra hasta el fondo en la situación de pobreza, es que también sus hijos están en la misma situación engrosando las estadísticas de menores en riesgo, de absentismo escolar. La espiral sigue creciendo y no hay quien la rompa. Luego estas mismas mujeres están en las parroquias pidiendo una ayuda de beneficencia. ¡Qué poco hemos avanzado en Canarias cuando volvemos a encontrarnos en la situación de la posguerra, en que tenemos que tirar de la beneficencia y de las ayudas de caridad para que estas personas puedan comer! Un 35% de los canarios están en esa situación, según los datos que maneja Cáritas.

Lo que necesitamos, señora consejera, es integración, no una suma de voluntades que no llevan a nada y es una pena que así sea. Traigo a colación el adagio "dale a un hombre un pescado y comerá un día; enséñale a pescar y comerá toda la vida". Para que sea más claro, toda ayuda del Gobierno de Canarias que no esté dirigida o bien a la formación o bien al empleo no es ayuda para nadie. Lo dije al inicio de mi intervención, el objetivo con el que nacía la Prestación Canaria de Inserción era la ayuda de personas y colectivos en riesgo de exclusión social, pero estamos en condiciones de afirmar que no estamos contribuyendo a mitigar este problema. No podemos estar dando dinero eterno y la prestación -lo dice claramente la ley- tiene como duración un año. El objetivo es que la persona o el colectivo al que se dirige tenga la tranquilidad necesaria para encontrar un hueco en la sociedad, para no estar excluido. Pero, claro, nos sobran ejemplos en Canarias de la pésima gestión del dinero público, hemos hablado muchas veces del Fondo Social Europeo, del dinero para las escuelas-taller, de las subvenciones al sector agrario y pesquero. Sobran ejemplos, pero este caso es particularmente doloroso. Desde que la ley entró en funcionamiento en el año 2007, el Gobierno ha ido presupuestando una media de 20 millones por año; un total de unos 80 millones hasta el año 2011. En ese tiempo se han insertado en el mercado laboral 838 personas. En resumen, hemos invertido 20 millones para 200 personas insertadas cada año, hemos invertido 100.000 euros, señora consejera, en cada uno de los nuevos empleados a cuenta de la PCI. No lo digo yo y no lo dice el Partido Popular: lo dijo usted en una rueda de prensa en febrero de 2011 cuando hacía una evaluación de la PCI. Una muesca más que añadir a las desastrosas cifras de paro de la comunidad autónoma canaria, que se han duplicado desde el año 2007. Tenemos ahora más de 300.000 parados, prácticamente un tercio de la población activa de Canarias. Así no hay sistema que funcione y desde luego las ayudas públicas no contribuyen en nada a arreglar el problema.

Los canarios estamos cansados de que su Gobierno siga haciendo tan mal uso, incluso electoralista, de las ayudas públicas. ¡Ya está bien! Se lo dice a usted el Partido Popular y se lo dice a usted la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales -Redesscan-. Esa organización, donde está integrado el Colegio Oficial de Diplomados de Trabajo Social, entre otros, informa de que en Canarias hay más de 650.000 personas que podrían tener derecho a esta prestación. Solo la reciben 7.000, un 0,94%; ni siquiera uno de cada 100.

Y usted me corregirá, como hace siempre en este Parlamento, diciendo que las cosas no son así, que esto es una prestación no asistencial sino para la inserción. Pues bien, díganos, ¿dónde está la inserción, señora consejera?, ¿dónde está? Usted lo reconoció en el Parlamento a finales del 2011: apenas 7.000 canarios cobraban la prestación con cargo a los 20 millones de euros y de los 7.000 perceptores apenas 200 consiguen un empleo y salen del círculo vicioso de la exclusión social. Es el reconocimiento de un claro fracaso en la gestión de las ayudas, que solo podemos calificar de muy deficiente.

Yo le aconsejaría a usted, señora Rojas, que se replantee seriamente lo que está haciendo con las prestaciones, porque está claro que los programas asistenciales que tiene parejos no funcionan. Pongan ustedes el dinero de los canarios de verdad a rendir. Y le puedo dar varias ideas.

Primera, potencien una línea de colaboración con las empresas para que puedan contratar a trabajadores con cargo a ese dinero y que no sean cantidades dadas a fondo perdido.

Segunda, pongan en funcionamiento convenios de colaboración con las universidades y los colegios profesionales para que los sociólogos, trabajadores sociales, pedagogos, terapeutas, que deseen desarrollar proyectos de trabajo con la comunidad puedan ayudarnos, a través, por ejemplo, de la investigación, propuestas adaptadas a nuestras singularidades; evaluación de los programas.

Tercera, adopten de verdad una política transversal que facilite a estas familias, no una ayuda a fondo perdido, sino una verdadera ocasión de acceder a un puesto de trabajo o a la formación necesaria para obtenerlo; rescatarlo del callejón sin salida e integrarlo de manera real y efectiva en la sociedad.

Señala también el estudio que las actividades programadas no se ponen en relación con la problemática del perceptor, y me explico: cada ayuntamiento las organiza sobre la base de lo que tiene previsto en las distintas áreas de asuntos sociales y no se da una atención especializada y distinta a cada caso, como sería lo aconsejable. Las acciones de integración se establecen en función de los recursos disponibles y no de la problemática del colectivo. Incoherencia entre recurso y perceptor, cuando 80 millones dan para mucho. La ayuda es percibida por los beneficiarios como una prestación económica condicionada a hacer una serie de actividades. No se les ha hecho ver que es una oportunidad para la inserción; carencia de pedagogía, por tanto. Educación y empleo, señora consejera.

Si estamos de acuerdo con que la pobreza tiene rostro de mujer, yo hoy le digo que estas mujeres canarias viven en la resignación. Igual que el Gobierno de Canarias, un Gobierno resignado a no encontrar una solución a tanto problema como hay en las islas.

A todo ello le añadimos el sistemático incumplimiento de los plazos que marca la ley para determinar si una persona tiene derecho a la PCI. La ley da a la dirección general dos meses de plazo para resolver, una vez reciben el expediente del ayuntamiento. Sabemos que las familias pueden estar hasta 10 meses esperando solo para saber si cumplen o no los requisitos. Lo ha señalado ahora mismo en la intervención la portavoz del Grupo Socialista.

Y nos gustaría hacer un apunte respecto a esta norma. Ya desde la exposición de motivos el legislador dice claramente: "Se establece -y cito textualmente- el derecho al acceso a la prestación, independientemente de su materialización, que queda supeditada a las limitaciones de las consignaciones presupuestarias". Supeditada a las limitaciones de las consignaciones presupuestarias, esto es, si el Gobierno de Canarias tiene dinero, habrá prestación. ¿Les suena, señores de Coalición Canaria y PSOE?: la misma redacción que ustedes tanto critican respecto a las subvenciones a los pasajes para residentes canarios en el ámbito del Gobierno de España, con la diferencia de que el Gobierno de España cumplirá y ustedes no lo hacen.

Solo un consejo, si me permite dárselo. Usted, señora consejera, que trabaja en la consejería de las personas, la de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, recuérdeselo al presidente del Gobierno, el señor Rivero...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señora diputada, tiene usted un minuto para concluir, por favor.

La señora Bethencourt Aguilar: Finalizo. Gracias, presidente.

...para que emprenda las acciones que estas personas necesitan, para que dé futuro a 600.000 personas en exclusión social, para que se deje de frentes políticos con Cataluña, Andalucía y quien le quiere escuchar, y comience a atender lo que de verdad nos importa. Y ahora, si quiere, dígame también que la culpa de esto la tiene Rajoy y el Gobierno de España.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, la señora consejera, doña Inés Rojas, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, señor presidente.

Señora diputada, no sé si usted está en la lista de la ministra de Fomento como la que viaja más de 30 veces al año. Si lo está, probablemente le va a salir usted muchísimo más cara a este Parlamento, es decir, a los canarios.

Pero, miren, no es este el objetivo ni el objeto de la comparecencia de hoy y, cuando la estaba escuchando en la segunda parte, que no fue lo que me pareció en la primera, llegaba un momento en que decía: "no sé si sabe bien de qué está hablando", porque era una incoherencia absoluta. Por un lado, usted dice, entiende, que la Prestación Canaria de Inserción es una prestación económica para insertar a las personas en exclusión social en la sociedad. Para ello ha de llevar un itinerario socioformativo. Sabe además que la ley dice que puede tener este itinerario y no prestación económica. Sabe además que no solo en Canarias las cuantías económicas son las más altas de todo el Estado, solo nos superan, o nos igualan, Navarra, Cataluña y el País Vasco... Bueno, con Cataluña tenemos una diferencia, y es que la nuestra puede ser hasta un año y además prorrogable. Y además a usted le sorprende, le sorprende, porque lo sorprendente es que hayamos insertado personas en el mundo laboral, en un momento como este, en el que lo que se está es perdiendo empleo, en lo que se está es perdiendo empleo, en todos estos últimos años. O sea, que encima logramos insertar a la gente, o sea, funciona.

Pero, bien, no es que venimos aquí a decir que funciona maravillosamente sino que además muchas de las cosas que se han comentado, afortunadamente, ya son historia. Creo que en más de una ocasión me han escuchado decir que, una de dos, o modificábamos la ley -¿lo recuerdan, señorías?-, o modificábamos la ley o la cumplíamos tal cual, que para eso íbamos a hacer una evaluación desde la Dirección General de Política Social, con el equipo de planificación, íbamos a hacer una evaluación para tomar una decisión con muchísimos más datos en la mano. Después de esa evaluación, señorías -se lo trasladé en una comisión parlamentaria, les he trasladado-, el Gobierno ha decidido y cree firmemente que esta ley es posible aplicarla tal como se previó en su momento y que no necesitaríamos modificarla, que lo que sí necesitamos es que se aplique con el perfil real de las personas para las que está trabajada esta ley o para las que está elaborada esta ley.

Por lo tanto, decirles, el presupuesto se acaba antes de final de año -no nos ha pasado este año, nos ha pasado en años anteriores-, se acaba lo presupuestado, pero saben que siempre se implementa esa partida obligatoriamente. En estos momentos vamos por 12 millones de euros, estamos prácticamente en octubre, nos quedan 8 millones hasta acabar el año. Pensamos que, como mucho, tendríamos que hacer alguna incorporación a lo mejor en el último mes del año, pero que vamos bien con los veinticuatro y pico millones de euros que se están invirtiendo a lo largo de este año 2012, a pesar de las restricciones económicas.

Me habla usted -¡es que es absolutamente sorprendente!-, me habla usted de la situación de desempleo que tenemos en Canarias. Yo le voy a recordar, porque dice: tenemos que hablar de la formación, tenemos que hablar del empleo. ¿Usted sabe cuánto ha bajado la partida para las políticas activas de empleo, que son competencia estatal, en cuánto se han reducido este año para Canarias? En 170 millones de euros, señoría. El Gobierno de España ha bajado la formación en un 21%, señoría, y es competencia estatal. A pesar de todo eso, también les quiero decir que el Gobierno elabora, celebra convenios con el Servicio Canario de Empleo, incluso con la Consejería de Obras Públicas, a través de Gesplan, para que estas personas, cuando ya llevan un año cobrando una prestación y asistiendo a un itinerario socioformativo, vean que es posible encontrar un trabajo. Y se les ofrece un trabajo, porque, como bien usted decía, no son personas cualificadas las que se encuentran en esta situación. Pues, bien, señorías, hemos sacado 2.000 plazas -se lo dije también en comisión-, 2.000 plazas para que de esas más de 13.000 personas que hoy se están beneficiando de la Prestación Canaria de Inserción encontraran un empleo. 700 de ellas renunciaron al empleo, señorías, renunciaron al empleo, aun sabiendo que se les iba a retirar la prestación económica. Es que a través de esta ley -lo he trasladado muchísimas veces- creo que también se está inculcando en la sociedad que realmente debemos entender que el dinero de todos los canarios, que facilitamos a través de esa Prestación Canaria de Inserción, se hace para que usted pueda salir de esa situación y pueda encontrar un trabajo. No puede usted negarse a que eso sea así. Debemos ir trabajándolo para lograr... Creo que lo he trasladado también en más de una oportunidad.

Todo el tema de la acumulación de expedientes, afortunadamente... Hemos hecho además la evaluación de la ley -para la diputada del Grupo Mixto-, se hace la comisión de seguimiento, y en esta evaluación lo que sí hemos hecho en estos momentos, los meses que tarde el ayuntamiento en pasarnos el expediente, nosotros estamos mirando, mucho más estrictamente si cabe, que realmente las personas que llegan... Ya lo hacemos con los ayuntamientos, para que ellos ya nos lo den lo más real posible. Pero nosotros también lo miramos, precisamente por ese bien, por lograr que las personas que realmente tienen ese perfil sean las que se beneficien o se acojan a esta ley, tanto en itinerarios formativos como en prestación económica.

No es solo dinero, decía la diputada del Grupo Nacionalista. No es solo dinero, precisamente las personas en exclusión social tienen otras mayores dificultades. Y, miren, la ley además contempla, ya que me habla... Es verdad que el perfil mayor, 7 de cada 10 solicitantes son mujeres, 7 de cada 10 solicitantes son mujeres, estamos hablando de una media de 42 años, entre 30 y 46, y además personas con muy baja cualificación. También estamos hablando de personas mayores, de personas que viven solas, hasta unos 65 años. Ahí estamos hablando ya de 45 a 65, personas que hoy podríamos considerar, son hogares monoparentales o incluso hogares unipersonales.

Pero vamos a los hogares monoparentales, que en el 97% de los casos tienen como cabeza de familia a una mujer con hijos a su cargo, incluso a mujeres víctimas de violencia de género. O sea, a algunos colectivos excesivamente vulnerables la ley no les obliga a que cumplan con ese itinerario socioformativo demasiado estricto. ¿Por qué?, porque entendemos que la madre ha de estar pendiente también de que los niños puedan ir al colegio y los pueda, desde luego los pueda ella atender. Por lo tanto, la ley contempla colectivos excepcionales, como es el caso de la mujer. No verán ustedes un itinerario absolutamente estricto como marca la ley para el resto en el caso de una mujer al frente de su familia con hijos a cargo.

Decirles también que, efectivamente, no son personas con problemas de salud. El 76% de ellas no tiene problemas de salud, más del 95% de ellas tampoco tienen ningún problema de discapacidad. O sea, estamos hablando de personas físicamente bien pero con problemas de habilidades sociales, de habilidades personales, para tomar decisiones en su propia vida, para buscarse las cosas por su propia cuenta, porque ni siquiera a los derechos fundamentales a los que tienen derecho saben cómo ir a buscarlos o cómo conseguirlos. Por eso, desde esa ley lo que se hace es formar a las personas primero para que adquieran las habilidades como personas y después para que sean capaces de poder y tengan la fortuna de poder encontrar un empleo.

En estos momentos hay muchísimas más renovaciones porque, señorías, no nos engañemos, si para las personas que han perdido el empleo con habilidades sociales y personales suficientes y con una formación profesional importante no se consigue un empleo, las personas en exclusión social lo tienen más difícil. Por eso es mucho más larga la Prestación Canaria de Inserción en el tiempo, para garantizarnos que en estos momentos más de 6.000 familias están incluidas y, por lo tanto, sobrepasamos las 13.000 personas que están en estos momentos recibiendo esa Prestación Canaria de Inserción.

Por lo tanto, sí hemos aumentado el paro, hay una situación de pobreza importante en Canarias que desde luego no vamos a poder resolver desde Canarias en solitario. Tenemos que resolver en unidad con España y con la propia Europa. Y necesitamos que, en lugar de estarnos diciendo cómo hacemos uno y cómo hacemos otro, necesitamos que al menos dos de los tres caminemos de la mano. Eso es lo que necesitamos, que al menos dos de los tres, porque la tercera la tenemos prácticamente asegurada, caminemos de la mano y no estarnos diciendo lo contrario de lo que hacemos allí y que nos afecta aquí.

Muchas gracias, señorías.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.

(El señor vicepresidente segundo, Fernández González, ocupa un escaño en la sala).