Diario de Sesiones 53, de fecha 9/10/2012
Punto 12

· 8L/PO/P-0556 Pregunta de la señora diputada doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre causas por las que se han producido desahucios por Visocan, dirigida a la señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Pasamos a la siguiente pregunta: de la señora diputada doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del Grupo Socialista Canario, sobre causas por las que se han producido desahucios por Visocan, dirigida a la señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

Para la formulación de la pregunta la señora diputada tiene la palabra.

La señora Jerez Padilla (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Señora consejera, esta pregunta viene a raíz de los últimos desahucios de Visocan y de los que nos hemos enterado por la prensa. El PSOE se ha interesado en conocer los motivos que llevan a una empresa pública a desahuciar a familias que viven bajo el umbral de la pobreza y nuestra sorpresa ha sido mayor de lo que esperábamos, porque no tiene sentido que con un alquiler tan bajo, en algunos casos de 3 euros mensuales, la deuda de la familias con la empresa Visocan y la empresa recaudadora Hermanos Alonso Galván llegue a ser de cuantía desorbitada.

Todos sabemos que Visocan es una empresa que gestiona viviendas públicas de marcado carácter social, destinadas precisamente a personas con escasos recursos. Con estos desahucios, señoría, se puede estar vulnerando los derechos de estas personas, tanto el de vivir en una vivienda digna como el relativo a la protección a los menores, si los hay, sobre todo si los menores se quedan en el mayor de los desamparos si son desahuciados de una vivienda social en la que llevan residiendo muchos años.

El desahucio a veces no es la solución, señoría, por parte de una empresa que gestiona recursos públicos destinados a paliar una situación social grave. La consejería saca en su momento, señora consejera, un decreto, el 77/2012, del 30 de agosto, donde se hace mención a cuáles son los beneficiarios de las viviendas sociales con derecho a protección preferente. No voy a decir cuáles son porque ustedes lo saben. Y sabemos además, señoría, que usted a su vez ha sacado otro decreto que les ha dado otra oportunidad y ha modificado el decreto para que puedan acogerse a la bonificación aquellos que no lo han hecho desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2011.

Y me pregunto, señora consejera, por qué, por qué permite que la deuda llegue a ser tan cuantiosa en estos momentos.

Señora consejera, creo que hay que buscar algún tipo de medidas de seguimiento social de las viviendas, ya que a veces las decisiones equivocadas pueden agravar la situación de exclusión social de una familia, y aquí lo hemos hablado muchas veces, de forma que a veces vemos incomprensibles este tipo de actos.

Señora consejera, me gustaría que usted hoy, en sede parlamentaria, diga qué medidas ha puesto en marcha, aparte de este decreto...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, doña Inés Rojas, tiene usted la palabra.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León) (Desde su escaño): Sí. Buenos días, señorías. Señora diputada.

Me complace decirle que me gusta la oportunidad de la pregunta y no el entramado o el relato que ha hecho usted de la misma, pero sí la oportunidad de poder aclarar una vez más: el Gobierno de Canarias no hace ningún desahucio a ninguna familia porque tenga problemas económicos. El Gobierno de Canarias, desde que entramos de lleno en la crisis en el año 2008, a través de esta consejera que le habla, ha dado la orden, tanto a Visocan como al Icavi -como al Instituto Canario de la Vivienda-, para que no se desahucie a nadie por una situación económica sobrevenida por la crisis, sino que se estudiara cada caso para que la gente no fuera desahuciada.

Pero el Gobierno de Canarias ha ido incluso mucho más allá, y es el decreto que usted menciona. No solo lo hace motu proprio dando una serie, pues, de alguna manera, de sugerencias y de órdenes tanto a la empresa como al Icavi, sino que ha llevado a cabo un decreto que, como bien dice usted, se ha aprobado el 30 de agosto y publicado el 7 de septiembre de este año, en el que ninguna familia por problemas sobrevenidos económicos será desahuciada. Ahora bien, ninguna persona que tenga una vivienda social del Gobierno, si no la utiliza como tal, si no la utiliza como tal, con tantas familias que hay fuera esperando por una vivienda, a esa persona hay que abrirle el expediente para que la vivienda vuelva de nuevo al Gobierno y podérsela adjudicar a otra persona.

Y también el caso de familias -usted lo ha dicho-, se pagan 25 euros mensuales por el alquiler casi máximo -2, 5, 10 euros- y hay familias que, pudiendo, no están pagando. Esas personas tienen que abonar lo que deben, pagarlo o decidir que no tienen necesidad de tener la vivienda y dejarla a disposición, por lo tanto, de otras familias.

En definitiva, señoría, cuando se produce un desahucio, siempre es por uno de estos dos casos que he comentado y nunca por un problema económico sobrevenido a las familias. A estas familias, a través de ese decreto, se les recalcula la deuda y se les ajusta en la medida de las posibilidades que pueden en este momento. Dentro de un año o dos años se les vuelve a estudiar su caso para ver si pueden volver a la situación normal de pagar el alquiler medio que se tiene acordado. Pero que se tenga claro: el Gobierno de Canarias no desahucia a ninguna familia ni a ninguna persona por problemas económicos.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.