Diario de Sesiones 53/2012, de fecha 9/10/2012 - Punto 24

· 8L/C-0531 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Naciona­lista Canario (CC-PNC-CCN), sobre las medidas estatales de reducción del sector público local.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Nacionalista Canario, sobre las medidas estatales de reducción del sector público local.

Para la primera intervención, por el grupo proponente don José Miguel Ruano, por tiempo de cinco minutos tiene usted la palabra.

El señor Ruano León: Señor presidente, señorías, buenas tardes. Señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

El motivo de esta comparecencia, señor consejero, presentada a finales del mes de julio, es que entre el conjunto de medidas que el Gobierno de España ha proyectado o ha ejecutado en torno a la búsqueda de soluciones a la crisis hemos comentado en distintas ocasiones que muchas de ellas quizá no tienen el nivel de reflexión necesario. Básicamente por una cosa en la que yo coincido con don Román Rodríguez, con el señor Rodríguez, que en ocasiones ha dicho que el problema es que parte de un diagnóstico equivocado. Luego, cuando se parte de un diagnóstico equivocado, difícil es encontrar la solución a la enfermedad precisa. Y este creo que es el caso de la pretendida respuesta que se da o que se pretende dar con el anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Creo que muchas veces en esta Cámara introducimos debates de contenido, si quieren ustedes, a largo plazo poco preciso, pero en este asunto, en el cual, pues, una vez más estamos hablando de normativa básica, es muy importante que definamos una posición, una posición en torno a un nivel de la Administración pública, el nivel de mayor proximidad, especialmente por lo que se refiere a los ayuntamientos y al mapa municipal de Canarias, muy diverso, por otra parte, muy distinto al mapa que puede haber en otras comunidades, especialmente en las comunidades autónomas centrales, las comunidades autónomas castellanas, en donde el número de municipios en relación a su población es extremadamente amplio. El caso de Canarias es, ante un territorio terrestre de 4.447 km2, 88 municipios. Incluso en la isla de El Hierro, una isla, la isla más pequeña, con un nuevo municipio desde hace escasos años, está perfectamente definida la geografía insular herreña con esos tres límites territoriales municipales.

Por tanto, la pretensión, el proyecto, la búsqueda de una solución al déficit o a la gestión pública desde el punto de vista del nivel básico de la Administración, cual es la Administración municipal, no parece que encuentre en el anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local una solución, al punto de que el propio Gobierno de España anunció ese anteproyecto, lo publicó, lo colgó en la red oficial del Gobierno de España y este proyecto en este momento, este anteproyecto, está en un debate con la Federación Española de Municipios y Provincias en un momento, digamos, estacionario, en el cual el planteamiento de los municipios ha sido muy de contestación al anteproyecto de ley.

Desde el punto de vista del objeto de nuestra comparecencia, señor consejero, nosotros queremos conocer el posicionamiento del Gobierno de Canarias en torno a él y las alternativas del Gobierno de Canarias en torno a un modelo de organización territorial de Canarias respecto del cual el Gobierno de Canarias también ha hecho previsiones, tiene un proceso iniciado. Del cual, aun cuando no sea el objeto específico de la comparecencia, nos gustaría saber algo, porque tiene que ver con la capacidad real del Gobierno de Canarias de ofrecer un modelo alternativo, que creo que en gran parte podría tener utilidad en el proceso estatal de conformación de la estructura local con arreglo a parámetros de equilibrio financiero, que supuestamente es el objetivo que motiva ese anteproyecto de ley. Y es que en nombre del control económico o de la planificación económica general se están haciendo tantas cosas que el título de la legislación básica empieza a ser un título que pretende legislar hasta el último detalle y, por tanto, haciendo impracticable la competencia propia de las comunidades autónomas, específicamente de la canaria, en lo que se refiere al desarrollo legislativo del régimen local.

Señor consejero, nosotros esperamos conocer una posición, una posición que no sea solo de frente al anteproyecto sino también lo que el Gobierno está proyectando en torno a esta materia.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Gobierno, señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Señor presidente, señorías: buenas tardes.

Intervengo en nombre del Gobierno para fijar la posición respecto de esta comparecencia solicitada por el Grupo Nacionalista Canario sobre las medidas estatales de reducción del sector público local.

Atendiendo a lo que me ha pedido el señor Ruano, voy a hacer una primera intervención que voy a centrar, la voy a centrar sobre el anteproyecto de ley que ha elaborado el Gobierno de España y voy a aprovechar el segundo turno para comentar los trabajos y las propuestas del Gobierno de Canarias.

Bien. Desde que ha llegado el Gobierno de España, en el mes de diciembre del año 2011, desde esa llegada del Partido Popular al Gobierno de España, cada una de las propuestas y de las acciones relativas al sector público local, extrapolables al autonómico, están inspiradas en una premisa: aumentar el control sobre las competencias, sobre la gestión, sobre la toma de decisiones de la Administración local y autonómica. Bajo el paraguas de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, el Gobierno de España coarta el margen de maniobra que otorga a los ayuntamientos la autonomía local y el Estado de las Autonomías. ¿Cómo lo está haciendo el Gobierno de España? Fundamentalmente a través de dos vías. La primera, mecanismo formal, a través de la revisión del ámbito competencial del sector público local, cuyo modelo está definido en ese anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuya tramitación -efectivamente, señor Ruano- se encuentra paralizada, bien porque tenemos elecciones gallegas, vascas y catalanas próximamente, bien también, también, por la presión de los propios responsables locales del Partido Popular. La segunda vía, esta es una limitación de facto, donde se imponen límites, cada vez más rígidos, a la financiación local y a las condiciones de estabilidad presupuestaria, que reducen la capacidad y las políticas de gasto de las corporaciones locales.

Bien. Vamos a analizar estos dos campos, estos dos caminos, que ha emprendido el Gobierno de España, en ese propósito de recentralización y de ataque a la autonomía local. El anteproyecto de ley que ha elaborado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas evidencia varios criterios y conceptos inspiradores de la política local del Partido Popular. En su articulado, el Gobierno de España intenta poner coto a la autonomía local, principio que está consagrado en la Constitución española, a favor de los municipios. Ese hecho refleja la desconfianza creciente del Gobierno de España hacia la capacidad de gestión de los ayuntamientos, porque este anteproyecto establece controles y límites mayores a los ayuntamientos que a otras esferas de la Administración, sea autonómica o sea estatal. Controles y limitaciones que se perciben y son especialmente gravosos respecto de los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes. Hay algunos ejemplos que podemos poner. Por ejemplo, se imponen límites al número de personal eventual de los ayuntamientos. Bien, podría explicarse, podría justificarse, ¿pero por qué no se plantea esto mismo en el ámbito de la Administración General del Estado? ¿O por qué a aquellos municipios que tienen menos de 20.000 habitantes se les suprimen los servicios sociales como una competencia obligatoria? ¿Por qué?, ¿qué razón hay?

El Gobierno de España, señorías, se empeña, además, en ejercer una tutela preventiva y genérica sobre los ayuntamientos a través de reforzar la figura del interventor local, en la medida en que estos interventores locales ahora pasan a depender funcionalmente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

También cuestiona el anteproyecto de ley el principio de máxima proximidad, que hasta ahora ha prevalecido en la organización pública española, y ese principio es esencial, sin ninguna duda, para mejorar la calidad de los servicios públicos y para dar una atención personalizada a los ciudadanos; sin embargo, sin embargo, ese principio cede, decae, en favor del principio de la estabilidad presupuestaria y de la suficiencia financiera.

La calidad de los servicios, por tanto, la atención a las necesidades reales de los ciudadanos, pasa en este proyecto de ley a un segundo o a un tercer plano, quedando relegada por lo único que al Gobierno del señor Rajoy parece motivarle, que es el control del mundo local al socaire de la pretendida estabilidad presupuestaria. También este anteproyecto de ley penaliza a los municipios con menor número de habitantes, solo por el hecho demográfico, sin tener en cuenta para nada la calidad de la gestión ni la prestación de los servicios.

Y voy a referirme al caso concreto y específico de Canarias. Aquí, en el caso de Canarias, se olvida una vez más cuáles son las diferencias orográficas, demográficas, de organización político-institucional de la sociedad canaria. No se han tenido en cuenta. Por eso todos los ayuntamientos de Canarias, reunidos en una asamblea de la Fecam el pasado día 3 de septiembre, por unanimidad, han pedido que las singularidades canarias se contengan y se reflejen en el proyecto de ley.

Hay un elemento que quiero también destacar que tiene gran importancia. Se refiere a la modificación que se propone en el anteproyecto de ley respecto del artículo 26, que es aquel artículo de la Ley de Bases de Régimen Local que establece las competencias de los ayuntamientos. Bien. Ahora se fijan por este anteproyecto de ley unos estándares de calidad, de forma tal que aquellos ayuntamientos que no alcancen esos estándares de calidad y tengan menos de 20.000 habitantes pierden las competencias. ¿Quién va a asumir esas competencias? Las van a asumir las diputaciones provinciales, que salen muy reforzadas con este proyecto de ley y, en el caso de Canarias, los cabildos insulares.

Bien. No nos parece bien, no nos parece bien esa política de atacar la autonomía de los ayuntamientos, trasladando las funciones, las competencias de los ayuntamientos a las diputaciones. Creemos que la reforma de la Administración pública local no debe llevar esa senda. En primer lugar, porque nosotros entendemos que cualquier reforma de calado de cualquiera de las administraciones públicas -pero especialmente en el mundo local, en el ámbito local- debe ser acordada, debe ser consensuada en las Cortes Generales entre todos los partidos políticos, porque, si no, nos vamos a encontrar, nos vamos a tropezar con una hipotética situación en la que cada cuatro o cada ocho años, en función del partido que gobierne en España, se van a estar produciendo modificaciones legislativas y alterando el régimen jurídico de los municipios, de las diputaciones o de los cabildos insulares, y eso nos parece que es absolutamente inapropiado, inadecuado e inoportuno, y por eso lo criticamos.

Acabo, señorías, reseñando que la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha supuesto para las comunidades autónomas, pero también para el conjunto de los ayuntamientos, un conjunto de obligaciones de remisión de una densa, prolija, intensa y continua información de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales al Estado, que va a afectar, no solo por la remisión sino por los controles posteriores, va a afectar, sin ninguna duda, al grado de autonomía que precisan los ayuntamientos en Canarias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Concluya, señor consejero.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Concluyo, señorías, concluyo señalando que el Gobierno de Canarias entiende que es preciso, sin duda, acometer una reforma de la legislación básica estatal en materia de régimen local, pero, como digo, hay que hacerla por consenso y hay que hacerla también no solo de la Ley de Bases sino de la Ley de las Haciendas Locales. Y en todo caso ha de respetarse el modelo específico de Canarias, con respeto absoluto y mantenimiento de los 88 ayuntamientos que existen en Canarias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Pasamos a la intervención de los distintos grupos parlamentarios no solicitantes de la comparecencia.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

El señor Rodríguez Rodríguez: Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes.

En tres minutos algunas consideraciones de orden general. Yo creo que no hay ni una sola de las leyes, promulgadas casi todas vía decreto-ley en estos nueve meses, que no tengan como norte dos cuestiones: recortes y centralización. No se ha legislado para otra cosa: recortes, austeridad expansiva, como dicen algunos de los expertos, y recentralización. Y además al Gobierno de España no se le caen prendas para conseguir estos objetivos y si hay que desprestigiar a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas se los desprestigia, aunque esto se vuelva luego en contra. Y lo digo porque los datos son incontestables. El Partido Popular ha llegado a concluir que esto lo iba a separar la gente y que iba a diferenciar de unos y de otros, y están en el mismo saco, insisto, y me remito a las encuestas.

Después de 27 años las corporaciones locales de España necesitaban una adecuación de la normativa a las nuevas circunstancias y no se ha conseguido, y ahora de pronto en 90 días se viene con una ley que tiene el rimbombante nombre de "anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local" y que, yo insisto, es una ley para recortar competencias, recortar gasto y recentralizar el Estado, y los datos son incontestables. Tan incontestables que el propio Partido Popular cuestiona -me refiero a los líderes territoriales y locales- muchos de sus contenidos.

Creo que además es una ley que invade competencias, limita funciones y a través de un mecanismo muy parecido al Fondo de Liquidez Autonómico, el fondo a proveedores, interviene hasta la cocina las cuentas y el funcionamiento de las corporaciones locales. Y como siempre, en la lógica mesetaria que parece presidir casi todos los gobiernos de España, por no decir todos, se olvida de Canarias de forma absoluta y flagrante, ¿no? No saben que esta tierra es distinta, que tiene una historia distinta, unas instituciones distintas, que los cabildos aquí son instituciones relevantes y ni los cita.

Y además se nos mete en el mismo saco de los supuestos despilfarros y la hiperpolítica local. Y tengo que decirles dos cosas. Primero, aquí hay un ayuntamiento por cada 25.000 habitantes; en el continente español hay uno por cada 5.000. Los ayuntamientos de España son responsables del 11,8% del gasto público y solo aportan el 3,4% de la deuda. Y hay que decir que en el primer semestre del año en curso, de los tres ámbitos de la Administración, la única Administración que ha reducido su deuda son las corporaciones locales; sin embargo, parecen los malos de la película.

Creo, sinceramente, que esta ley responde a lo que he dicho al principio, a la filosofía ultraliberal de la austeridad expansiva y a la recentralización del Estado, y creo que es un error y no servirá para resolver los problemas que aquejan a la sociedad española, que es recuperar el crecimiento.

Muchísimas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Socialista Canario, don Manuel Fajardo Palarea, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

El señor Fajardo Palarea: Buenas tardes, señor presidente. Señorías.

Ya ha centrado la comparecencia el proponente de la misma. Hablamos del anteproyecto de Ley para la Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local y el consejero ha hecho un análisis, no solamente desde el punto de vista jurídico sino también desde el punto de vista político, de dónde está ese anteproyecto de ley, que es en una gavetita, porque el Gobierno central no se puede permitir, después de la crisis de confianza que tiene con la Unión Europea, la crisis de confianza que tiene con algunas comunidades autónomas en las que no gobierna, que incluso está dando lugar a una serie de reivindicaciones de carácter soberanista, crisis de confianza con algunas de las comunidades en que sí gobierna, léanse aquellas que en los últimos días han expresado su malestar por la redacción de los Presupuestos Generales del Estado del 2013, ahora lo único que le faltaba es que se pusieran en contra los ayuntamientos en que ellos mismos gobiernan, que es lo que les ha pasado, en definitiva, y que usted ha explicado de forma muy somera pero de forma acertada.

Decir que, efectivamente, el anteproyecto de ley no contempla para nada las especificidades que tenemos en Canarias; es decir, que efectivamente se reunió el día 3 de septiembre la Fecam, y por unanimidad -y yo dije en la reunión que mantuvimos después de esa reunión que los ayuntamientos no son de los partidos, los partidos están al frente de los ayuntamientos por mor de la representación que obtienen en las elecciones-, todos, sin lugar a dudas, y todos por unanimidad, incluyendo aquellos que son gobernados por el Partido Popular, están en contra de este anteproyecto de ley.

Anteproyecto de ley que, como bien han dicho los que han intervenido en el uso de la palabra antes del que les habla, aun admitiendo la necesidad de una reordenación de la Administración local y en particular del sistema vigente competencial, sin embargo, cualquier cambio debe partir de un análisis previo de las competencias y servicios que se vienen prestando por los municipios, de los problemas con que tropieza cada uno de ellos, en particular en cuáles se da concurrencia, duplicidad y por qué, cuáles se ejercen sin título habilitante; pero también ese estudio debería abordar qué competencias y servicios deben prestar los municipios en función de las demandas actuales de los ciudadanos, actualizando lo que nos decían los municipios, el artículo 25 y 26 de la Ley de Bases de Régimen Local. Y solo tras ese estudio se puede hacer un proyecto de ley que dé cumplida respuesta a las reivindicaciones de los ayuntamientos.

En resumen, la consecución de los objetivos básicos que se dicen en la exposición de motivos de este anteproyecto de ley bien pudiera alcanzarse mediante fórmulas e instrumentos distintos de los propuestos, en todo caso más respetuosos con la autonomía local, como usted bien acaba de indicar. La estabilidad presupuestaria, la suficiencia financiera y la eficiencia deben engarzarse con esas garantías y con esos principios, no imponerse a ellos ni menos aún desplazarlos, que es lo que, en definitiva, pretende este anteproyecto de ley, que no es sino otro síntoma más del ADN que tiene el Partido Popular con respecto a los municipios españoles.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, doña Águeda Montelongo, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

La señora Montelongo González: Gracias, señor presidente.

En esta comparecencia donde se habla de la posición del Gobierno de Canarias ante las medidas estatales de reducción del sector público local deberíamos empezar a hablar de varias cosas.

Primero, no creo yo, señor Spínola, que usted venga hoy a contradecir a lo que se comprometió y firmó el señor Rivero en la V Conferencia de Presidentes, donde se comprometió a elaborar un programa de racionalización administrativa al fin de eliminar trabas burocráticas, simplificación normativa y procedimientos y evitar duplicidades. Eso es lo mismo que contempla la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Eso en primer lugar.

Una ley que está basada en el principio de una administración, una competencia. Un anteproyecto que busca una gestión más eficiente y un ahorro al menos de 3.500 millones de euros por la eliminación de duplicidades y competencias impropias para evitar que gasten más de lo que ingresan. Una modificación que actualiza las competencias municipales, atribuyendo con precisión las que deben ser desarrolladas por los municipios, diferenciándolas con claridad de las estatales y las autonómicas, y que no prevé la eliminación de ningún municipio. Falso, señor Spínola: no prevé la eliminación de ningún municipio.

Pero, en tercer lugar, estamos hablando de algo en lo que su Gobierno -Coalición Canaria y Partido Socialista- ha fracasado, y me refiero a algo que usted no sabe ya ni cómo defender, y es la Comisión de expertos, la que se hizo para una reforma de la Administración pública y que usted sabe que ha quedado en nada.

Pero, por otro lado, señor Spínola, cuando usted habla de que esta ley es un ataque a la autonomía de los ayuntamientos, yo creo que tenemos que poner los puntos encima de las íes. Mire, en estos momentos no es normal que haya ayuntamientos que no tienen dinero para servicios sociales y tengan a más de 15 concejales liberados, al margen del personal de confianza. No es normal que en estos momentos haya ayuntamientos donde hay un concejal de Medio Ambiente, con un consejero insular de Medio Ambiente, con un viceconsejero de Medio Ambiente y con un director general de Medio Ambiente. Esas duplicidades hay que acabar con ellas y es lo que pretende esta ley.

Y, por otro lado, señor Spínola, este frente institucional que ustedes intentaban auspiciar contra el Gobierno de España en contra de este anteproyecto tengo que recordarle que acabó con una decepción más de esa política de confrontación del señor Paulino Rivero con el Gobierno de España, donde la Fecam y la Fecai le dieron con la puerta en las narices.

Tienen que escuchar a la gente de la calle, y la gente de la calle está pidiendo simplificación administrativa, adelgazamiento de la Administración. Y eso también se lo digo con respecto a Canarias y al territorio donde todavía estamos esperando por una ley de armonización que no se sabe cuándo va a terminar y el resultado es que todos los planeamientos en Canarias están paralizados y, por ende, la economía y la generación de empleo.

Nada más y muchísimas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del grupo parlamentario solicitante de la comparecencia, el Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

El señor Ruano León: De las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, señor consejero, empiezo simplemente por ese requerimiento que le ha hecho la portavoz del Grupo Popular en torno al final. No creo que a la sociedad le interesen polémicas sobre temas incluso que todavía no tienen ni siquiera condiciones de nacimiento, porque es que es el propio ministerio, es el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el que ha paralizado de momento la tramitación del anteproyecto de ley y, por tanto, me parece un poco, digamos, me parece poco pertinente la defensa numantina que la portavoz popular ha realizado de un anteproyecto que el propio ministerio ha sometido y somete a revisión por la fortísima reacción que en el seno de la Federación Española de Municipios, en la cual el Partido Popular a nivel de España tiene mayoría... Y, por tanto, en ese escenario el asunto tiene muy escasa madurez.

No se puede hacer una aseveración tampoco, señora Montelongo, acerca de la posición que se tiene, habiendo cofirmado una declaración como la que usted ha mencionado, la de la Conferencia de Presidentes, para afirmar que eso significa firmar un anteproyecto de ley como este, porque es que esto realmente, vamos a decirlo en términos meramente objetivos o de técnica jurídica, es bastante malo.

Así que, por tanto, partiendo de eso, vamos a ver si detrás de ahí no hay justamente lo que el señor Rodríguez en otra ocasión ha dicho como diagnóstico equivocado, porque al final la planificación económica general, que es la que otorga título al Estado para en este caso hacer el control del déficit público y de la deuda pública a nivel de todas las administraciones, no puede tener ese carácter omnicomprensivo, no puede estar en todas las decisiones, porque entonces elimina el ámbito de la autonomía. La gravedad de la actividad de parte del Partido Popular, en este momento al parecer la mayoría dentro del Partido Popular, es que están realmente en un proceso de recentralización y están con ello rompiendo el pacto político de la Transición. Y eso tiene especial gravedad, tiene especiales peligros. Empieza a producir efectos, efectos que son anteriores a la propia Guerra Civil española. ¿O es que acaso la reivindicación, por ejemplo...? Sí, sí, sí, ¿pero es que usted no sabe nada de historia, señor Figuereo? ¿Sabe lo que es la república catalana declarada en medio de la República española? Entonces... Sí, pero es usted el que ha hecho el gesto. ¿Yo he hecho gestos en la tribuna?, ¿le he interrumpido yo a usted en alguna ocasión? Pues no me interrumpa usted a mí y entonces no le tengo yo que contestar a su interrupción. Lo cierto, lo cierto, es que lo que se está produciendo en el proceso de recentralización es olvidar la historia de España. Hay que tener especial cuidado, porque el pacto de la Transición política es un pacto construido entre todos, entre otras personas por los que hoy conforman el Partido Popular, aunque como partido no existieran en aquel momento, era Alianza Popular, la UCD... En fin, una estructura política diferente. Pero, ¡cuidado!, cuidado, porque los procesos políticos tienen un modo de hacerse, se han construido sobre la base del acuerdo y romper los acuerdos empieza a agitar las cosas hasta niveles poco conocidos. Esta mañana se lo decía en algún otro asunto, referido en ese caso a la financiación para Canarias de los Presupuestos Generales del Estado, cómo no se podía sin más dejar sin dotación -lo decía también el señor Martín en relación con la subvención a la producción industrial de agua-, no se puede sin más dejar sin dotación partidas referidas al espacio del Régimen Económico Fiscal, porque se está rompiendo con eso el equilibrio, se está rompiendo el acuerdo, se está rompiendo aquello que nos define. Y esto lo están haciendo personas que desconocen por completo la estructura, la relación que con cada comunidad autónoma se tiene. Con nosotros en relación con el Régimen Económico Fiscal, con otros serán otros los problemas. Con nosotros ese asunto.

Y en relación con el mapa municipal canario, con el mapa municipal canario -es lo que le pregunto al señor consejero y al Gobierno-, ustedes tienen la fortaleza de que existe un procedimiento en Canarias, unos antecedentes legislativos, entre los cuales el más remoto está en la Ley del 93, de saneamiento financiero de las corporaciones locales. Lo importante es que en la ley del fondo se define un escenario, un escenario que permite un control, con indicadores de saneamiento económico-financiero que le permiten al Gobierno conocer los remanentes de tesorería de un ayuntamiento, el ahorro neto, el endeudamiento a largo plazo, a través de los condicionantes de cuantía de libre disposición, la gestión recaudatoria, el esfuerzo fiscal... Es decir, son herramientas que permiten, sin duda permitirían, ser utilizadas de cara al control del déficit público en el ámbito municipal y no hay que proceder a reorganizar todo el mapa o a inventarse cifras como la que ha dicho el señor Beteta, cuando habla de que el ahorro va a ser de 3.500 millones. Yo no sé cómo se establece, con qué criterios, qué indicadores, cuáles son los valores, y, créame, intento estudiar y leer, porque entre otras cosas ahora tengo más tiempo que cuando fui consejero y, por tanto, no está fundada, no está fundada la previsión del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando habla de 3.500 millones, entre otras cosas porque las llamadas competencias impropias, que es lo que se supone que podría producir ese ahorro, si no las realizan los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y las tienen que realizar las diputaciones provinciales en el ámbito peninsular, costará algo a las diputaciones provinciales -entiendo yo- y por supuesto en Canarias a los cabildos insulares, a los cuales -como señalaba el señor Rodríguez- se ignora íntegramente en todo el anteproyecto de ley.

Señor consejero, lo que interesa ahora, más allá del debate que a nivel de Estado se producirá, se va a seguir produciendo, es que en el posicionamiento se siga trabajando en la línea que usted nos anunciaba hace unos meses en torno a cuestiones que tienen que ver con la reorganización administrativa de Canarias. Es cierto, es cierto, que cuando pasa el tiempo se acelera la demanda de empezar a producir resultados y es cierto que en ese ámbito usted tiene algunas responsabilidades directas que permiten incluso adelantar algunas conclusiones de la llamada Comisión de expertos. Y, por tanto, en algunos temas, que creo que usted ha comentado en alguna ocasión, como por ejemplo ámbitos competenciales como el bienestar social, es decir, todos los servicios sociales, algunos de los cuales, los especializados, están en los cabildos y los de prestación directa están en los ayuntamientos, es posible que se racionalice esa estructura y que la Consejería de Servicios Sociales deje de prestar, deje de tener cosas como el Plan concertado de servicios sociales, que no es sino una especie de depósito a través del cual pasa al Gobierno el dinero y después el Gobierno lo pasa a los ayuntamientos. No es operativo ese sistema. Y creo que ese es un ámbito en el cual o el Gobierno puntualiza, se centra, se concentra en algunos ámbitos definidos, tres, cuatro, o el proceso se convierte en un proceso que es inllevadero. Como inllevadero será el proceso si se abre en España con este anteproyecto de ley, porque no, porque no se define, no parte de la realidad. El diagnóstico es equivocado y, si el diagnóstico es equivocado, el tratamiento que se da es equivocado.

Ayer una frase del ministro de Economía de España me suscitó una reflexión que comparto íntegramente con el ministro de Economía. ¡Qué sorpresa! Pero es que posiblemente lo primero que tendrá que conseguir el ministro de Economía es que la compartan algunos compañeros de su gabinete y a ver si el de Economía alguna vez se entiende con el de Hacienda, porque es que resulta -el de Hacienda que también lo es de Administraciones Públicas-, porque resulta que decía el señor De Guindos que las dudas sobre el futuro del euro son las que impiden la difícil recuperación económica de España. Si la dificultad está en el futuro del euro, ¿cómo simplificamos los debates tanto, tanto, tanto, que empezamos a echar la culpa, cuando no a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales, a esto, a lo otro, a la llamada clase política...? Se hace una encuesta del CIS y a partir de ahora parece que lo que queremos es volver a centralizar el modelo español, después de lo que costó esa transición que ha sido el ejemplo, el mejor ejemplo en el constitucionalismo español de estabilidad de un modelo territorial. Y algunos se olvidan, por ejemplo, de que en el marco de la propia eurozona Alemania es un Estado descentralizado, un Estado federal, y el caso de Portugal, un Estado rescatado, un Estado unitario. Por tanto, es que es hablar sin saber de nada y al final transmitirle a la sociedad, a la población, a los hombres y mujeres, una distorsión de la crisis, de la severa crisis económica que todos estamos padeciend o, especialmente hombres y mujeres que no entienden la jerga y los debates de macroeconomía que se trasladan de forma hipócrita a debates que nada tienen que ver con la realidad, como es en este caso el control económico-financiero de las corporaciones locales.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Gobierno, para contestar la comparecencia y a los distintos grupos parlamentarios, el señor consejero de Presidencia, don Francisco Hernández Spínola, tiene usted la palabra por tiempo de diez minutos.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Señor presidente. Señorías.

He escuchado atentamente a los portavoces de los grupos que han intervenido en este debate y coincido con la mayoría de las apreciaciones que se han hecho en sus distintas intervenciones, excepto con la de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pero me referiré a cada uno de ellos.

En primer lugar, señor Rodríguez, usted ha venido a corroborar lo que ya había expresado en mi primera intervención: la política del Partido Popular es una política centrada en recortes, más recortes y centralización, no es otra cosa, y el anteproyecto de ley que han elaborado responde exactamente a esos parámetros. No hay una voluntad real de producir una mejora sustancial del ámbito local, porque si así fuera lo primero que tendrían que haber hecho es sentarse con los restantes grupos parlamentarios en las Cortes Generales y en el seno de la FEMP -de la Federación Española de Municipios y Provincias- para alcanzar un acuerdo básico. No lo hicieron. Elaboraron un anteproyecto de ley pensando que con la mayoría absoluta que tienen en el Congreso y el Senado bastaba y sobraba, y ha resultado que no, que no ha sido así. Ni siquiera los propios alcaldes y concejales del Partido Popular se han podido tragar este anteproyecto de ley, que lo han tenido que meter en un cajón del Ministerio de Hacienda. Esa es la realidad.

Comparto también la reflexión que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que parte de la base de la necesaria reordenación del sector público local. Claro que sí, todos lo compartimos. Pero, como bien señala, la estabilidad presupuestaria no puede estar al margen y ha de engarzarse siempre con la necesaria autonomía local y no ser una especie de mordaza que se les impone a los ayuntamientos.

Señora portavoz del Grupo Popular, yo siento que haya tenido que ser usted quien haya tenido que venir aquí a defender un anteproyecto de ley que no defiende ni su propio partido ni sus propios alcaldes ni sus propios concejales, no en el ámbito estatal, incluso en el ámbito de Canarias. Hay un acuerdo unánime -lo recordaba el señor Fajardo-, reciente, de 3 de septiembre, una reunión donde comparecieron y estuvieron presentes los distintos grupos parlamentarios, el Gobierno, los cabildos insulares y los ayuntamientos, y por unanimidad de esa asamblea se dijo: "esta ley, esta ley, no responde a los parámetros que necesita Canarias, hay que cambiarla, no sirve, no hay ni una sola cita a Canarias, no contempla la realidad institucional de Canarias; no, no nos sirve, cambiémosla". Y por unanimidad se adoptó un acuerdo de modificarla, en el sentido de que haya una regulación relativa a Canarias.

Usted, en fin, me ha planteado que si no vamos a respetar el acuerdo de Conferencia de Presidentes y yo le digo, qué tienen que ver los acuerdos de la Conferencia de Presidentes con este anteproyecto de ley. La Conferencia de Presidentes lo que viene a plantear es que haya, es que haya -lo tengo por aquí-, la Conferencia de Presidentes lo que ha acordado es crear un grupo de trabajo en el seno de una conferencia sectorial para elaborar un programa de racionalización, para eliminar trabas burocráticas, simplificar la normativa y evitar duplicidades. Completamente de acuerdo, lo han suscrito todas las comunidades, todos los presidentes de comunidades autónomas. Por supuesto, en eso estamos, en eso estamos, y ahora explicaré qué es lo que estamos haciendo aquí en Canarias.

Habla usted de un frente institucional. Sí, sí, un frente institucional, claro que sí, refrendado y apoyado por los cabildos y ayuntamientos de Canarias. Un frente institucional que consiste solo y exclusivamente en defender los 88 ayuntamientos de Canarias, porque el Gobierno entiende que no sobra ninguno. No sobra en Canarias ningún ayuntamiento. Otra cosa es que pueda haber, digamos, servicios compartidos para generar economía y que haya eficiencia. Eso sí, eso sí, pero suprimir ayuntamientos en Canarias, en absoluto, eso no lo vamos a defender.

Dice usted: "el Gobierno de España no va a suprimir ningún ayuntamiento". Le invito a que se lea el artículo 26 del anteproyecto de ley. Les quita todas las competencias, quedan como carcasas, como carcasas, sin competencias, aquellos ayuntamientos que no cumplan los estándares de calidad. Léaselo, el artículo 26, y no me lea el argumentario del Ministerio de Hacienda, que es lo que ha hecho usted, porque lo tengo aquí, lo tengo aquí, y dice exactamente lo que usted ha expresado.

Dice usted que se va a producir un ahorro de 3.500 millones. Sí, lo dice la nota del Ministerio de Hacienda, pero ¿qué rigor tiene? ¿Qué rigor tiene, cómo se efectúa ese cálculo de ahorro de 3.500 millones en competencias impropias? Lo ha dicho muy bien el señor Ruano, ¿esas competencias, si son impropias y no las van a prestar los ayuntamientos, quién las presta?: ¿el Estado, la comunidad autónoma, los cabildos, los cabildos? ¡Habrá que prestarlas! ¿Cómo se cuantifica un ahorro de 3.500 millones? ¿Quién se cree eso? Absolutamente nadie.

Bien. Señor Ruano, usted ha puesto el ejemplo, que me parece acertado, de cómo en Canarias tenemos una regulación en virtud de la cual la comunidad autónoma cede para mejora, para el saneamiento de las corporaciones locales, de la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal. Es sin duda, es sin duda una generosidad, un acto de generosidad, y de compromiso y de solidaridad del Parlamento de Canarias y del Gobierno de Canarias con los ayuntamientos de Canarias, que destina cada año a los ayuntamientos de las islas una cantidad que está cifrada en unos 208 millones de euros anuales. En la situación, en el contexto económico actual, con las restricciones y reducciones presupuestarias que hay que acometer, que hemos acometido en el año 2012 y en adelante, en el año 2013, que el Gobierno de Canarias se haya comprometido y va a mantener ese fondo por ese importe me parece que es un compromiso muy serio de una actuación solidaria y que pone en valor desde el Gobierno el papel de los ayuntamientos canarios.

Es evidente, es evidente que la tramitación o la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local va a afectar al conjunto de las administraciones públicas, porque es legislación base y, por tanto, va a afectar a todas las reformas que en los ámbitos autonómicos se lleven a cabo y afecta, por tanto, a la reforma en Canarias. No podemos disociar la reforma que pretendemos llevar a cabo en Canarias de la reforma estatal, porque es que en la reforma estatal se van a tocar las competencias, en esos artículos 25 y 26. ¿Cómo van a quedar?, ¿cuál va a ser la regulación final?, ¿cuáles van a ser las competencias que van a estar asignadas en la ley estatal, en la Ley de Bases de Régimen Local, en favor de los ayuntamientos? Esto es muy importante. ¿Los servicios sociales van a estar, van a ser obligatorios, son servicios obligatorios o son servicios facultativos? Ahora, en la regulación actual del artículo 26, en este anteproyecto de ley, resulta que los ayuntamientos que tienen menos de 20.000 habitantes no van a ejercer esas funciones de servicios sociales. ¿Es razonable eso? Pues a nosotros nos parece que no, nos parece que no, pero ¿qué hacemos entonces en Canarias?: ¿nos paramos?, ¿no hacemos nada? Esa es una opción: esperar a que el Estado legisle y a partir de ahí nosotros actuamos. Era una opción. El Gobierno de Canarias la ha desechado, la ha desechado.

Nosotros vamos a seguir el proceso que tenemos en marcha, al que nos hemos comprometido en esta Cámara, y lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, mire, tengo que reconocer que hemos hecho alguna modificación sobre la planificación inicial. Hemos hecho algunos cambios y los hemos hablado con el presidente de la Fecam y con el presidente de la Fecai, y lo que vamos a hacer es establecer un grupo de trabajo técnico para ir analizando materia a materia, materia a materia, y vamos a ver. Y vamos a empezar por los servicios sociales y vamos a ver, diseccionando esa competencia, vamos a ver qué debe estar en los ayuntamientos y qué en los cabildos; y luego vamos a hacer también qué medios presupuestarios deben acompañar a esas competencias. Y cuando lo tengamos, ese primer trabajo, lo traemos aquí y les decimos: el Gobierno de Canarias, con la Fecam y la Fecai, entiende que esa competencia, que será la primera que vamos a analizar, debe distribuirse de esta manera. Y después de esa primera, haremos otra, una segunda y una tercera y una cuarta, y cuando tengamos un paquete haremos, con acuerdo, espero, de todos, haremos un traspaso, un traspaso pactado de competencias de la comunidad autónoma a favor de cabildos o a favor de ayuntamientos.

Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer, y cuando el Estado haya aprobado la modificación de la Ley de Bases, tendremos que cambiar la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, que nos hemos comprometido a ello y queremos traerla al Gobierno. ¿Lo vamos a hacer antes de que el Gobierno del Estado modifique la Ley de Bases? No, ya le digo que no, será después de que el Estado modifique la Ley de Bases de Régimen Local, pero no vamos a estar quietos y vamos a diseccionar, a analizar cada una de las competencias que creemos que son susceptibles de traspaso a cabildos y ayuntamientos. Ese es el proceso que vamos a llevar en Canarias...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señor consejero, le ruego, tiene un minuto para concluir.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Acabo ya, señor presidente.

...y está hablado con el presidente de la Fecai, que es en este momento el presidente del Cabildo de Gran Canaria, y también está hablado con el presidente de la Fecam, que es un alcalde de La Gomera.

Bien. Acabo, señorías, reiterando el compromiso del Gobierno de Canarias de acometer la reforma en Canarias, porque consideramos que es imprescindible, que es necesaria, para acabar con las duplicidades y trabajar también en la simplificación de los procedimientos. Y sobre eso también en esta Cámara informaremos y compareceremos para explicar paso a paso lo que está haciendo el Gobierno en la simplificación de los procedimientos y en la aplicación de la administración electrónica en el conjunto de la Administración pública canaria.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Damos por finalizada la comparecencia.

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  • 8L/C-0531 Sobre -Gobierno-, sobre las medidas estatales de reducción del sector público local.


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