Diario de Sesiones 59, de fecha 13/11/2012
Punto 2

· 8L/C-0611 Comparecencia del Gobierno -consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda-, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre ayudas a la renta de alquiler a las familias arrendatarias de viviendas protegidas.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Comparecencia del Gobierno, de la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, instada por el Grupo Nacionalista Canario, sobre ayudas a la renta de alquiler a las familias arrendatarias de viviendas protegidas.

Para la primera intervención, por el grupo solicitante de la comparecencia, la señora Pulido tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

La señora Pulido Rodríguez: Gracias, señor presidente.

Hablar hoy aquí de cómo se determinan las ayudas a la renta de alquiler de la Comunidad Autónoma de Canarias y en qué casos se está produciendo la tramitación de expedientes de desahucio por parte de la empresa Visocan está de rigurosa actualidad, pues no podemos borrar de la memoria las lamentables imágenes de estos últimos meses y días, en los que hemos visto cómo familias procedentes de los sectores más castigados por esta crisis económica no solo se han visto condenadas al desempleo sino que además, al no poder hacer frente a los créditos hipotecarios, se están viendo privadas de su vivienda, llegándose a dar la infamia de ver cómo entidades financieras que han recibido fondos públicos para su saneamiento, apoyándose en cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios, están llevando a cabo la ejecución forzosa del desahucio a centenares y miles de familias, sin ofrecerles ninguna salida, dejándolas en la más absoluta indigencia, y no podemos olvidar que la vivienda constituye un instrumento de cohesión económica y social de primer orden. Por tanto, para conseguir que esta sociedad pueda ser una comunidad de valores compartidos con los que podamos sentirnos plenamente identificados, debemos combatir la exclusión social y fomentar la solidaridad. Por ello tenemos que exigir la paralización de todos los desahucios y un nuevo marco legal que ampare a la familia.

Y justo en este sentido los Grupos Nacionalista y Socialista de este Parlamento hemos presentado una proposición no de ley para solicitar al Gobierno de España que se concite un gran acuerdo que permita resolver la dramática situación que viven miles de familias como consecuencia de los desahucios, pues está demostrado que la carencia de vivienda amenaza la estructura familiar, además de dificultar el acceso al empleo, a la educación y al resto de los servicios públicos.

Por eso, y más que nunca, es necesario desde este Parlamento que en este Parlamento nos coloquemos al lado de las miles de familias que viven por debajo del umbral de la pobreza, junto a los parados, a los que no tienen viviendas o viven mal alojados, pues son estas las personas que sufren la tragedia de la exclusión social. Una situación que no significa solo insuficiencia de los ingresos sino negación de los derechos sociales más primarios, como la vivienda, la educación, la salud y el empleo.

En este sentido, tengo que felicitarla, señora consejera, porque esta comunidad autónoma ha sido y es vanguardia en el reconocimiento y aplicación del derecho a una vivienda digna y adecuada para todos sus habitantes, pues a través de los planes canarios de vivienda se han articulado programas dirigidos a facilitar el acceso a la vivienda a los que menos tienen, así como medidas específicas para incentivar al sector productivo social.

En el caso concreto de las viviendas de promoción pública o de régimen especial en alquiler, que van destinadas a aquellas unidades familiares que no disponen de los recursos económicos necesarios para hacer frente a una adquisición de vivienda de promoción privada, es decir, que hay más de 10.000 familias residentes en este archipiélago que viven en la actualidad en viviendas del parque público pagando un alquiler que en ningún caso supera el 12% de los ingresos de la unidad familiar. Para ello en este ejercicio el Gobierno de Canarias ha destinado unos 18 millones de euros a bonificar el pago del alquiler. Ayuda que no tiene parangón en ninguna otra comunidad autónoma y que hace que Canarias sea la comunidad con una política de vivienda socialmente más avanzada y más justa. En esta materia el Gobierno de España debería tomar nota, copiar y aplicar medidas similares en vez de cargarse, como ha hecho a través de los Presupuestos, la política social de vivienda.

Por todo ello, señora consejera, le hemos solicitado esta comparecencia, para que explique ante esta Cámara cómo se determina la ayuda a la renta del alquiler y sobre qué instrucciones se han dado a la empresa pública Visocan en relación con las familias que tienen deudas de alquiler.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, la señora consejera, doña Inés Rojas, por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Buenos días, señorías. Gracias, presidente.

Vuelvo a pedir disculpas hoy también por mi voz.

Y, efectivamente, el Gobierno comparece a petición del Grupo Nacionalista para informar sobre aspectos de política de vivienda del Gobierno de Canarias y concretamente sobre las viviendas públicas en régimen de alquiler.

Como primer dato, me gustaría trasladar a la Cámara que cerca de 10.000 familias residentes en este archipiélago viven en viviendas sociales, pagando un alquiler que va desde los 2 a los 90 euros mensuales. Para ello, en el 2012, este año que está prácticamente finalizando, el Gobierno de Canarias ha invertido 18 millones de euros en subvencionar el pago del alquiler a familias con ingresos inferiores a 11.000 euros, es decir, a aquellas familias en que entran menos de 1.000 euros al mes en casa. Y, tal como decía la diputada del Grupo Nacionalista, nunca una familia en Canarias pagará por su vivienda más del 12% de los ingresos que entran en la casa.

Como ya hemos analizado, incluso en comisión, en los indicadores de pobreza y de riesgo de pobreza infantil Canarias se encuentra en torno al tercer o al quinto lugar de las comunidades, dependiendo de a qué estudio nos refiramos, pero estamos hablando de esos márgenes. En todo caso, lo que está claro es que los cómputos más relevantes con los que se trabaja son siempre la tasa de desempleo y la de los ingresos, sean estos a través de salarios o sean a través de pensiones. En algunos también influye el índice de precios al consumo o la inflación; sin embargo, la mayor parte de estos estudios no recoge nunca la incidencia que tienen las políticas sociales, sobre todo las políticas de vivienda.

Es incuestionable que gran parte de los ingresos familiares se destinan desde luego precisamente a la vivienda. Por eso es por lo que les decía que Canarias ha establecido que una familia en Canarias que cumpla el perfil de ser demandante de vivienda protegida nunca pague más del 12% de lo que ingresa, de sus ingresos.

Canarias entiende su política de vivienda como una política social que contribuya a la cohesión. En Canarias actuamos con la idea clara de que el acceso a la vivienda es un bien de primera necesidad para la ciudadanía y más aún en la situación actual, cuando miles de familias no pueden pagar ni un alquiler de 200 o 300 euros.

No voy a hablar hoy aquí, señorías, de todas las medidas que ha ido tomando el Gobierno de Canarias a lo largo de estos últimos años, como la de la compra de viviendas a medio construir o como la de los alquileres, la dinamización de las viviendas vacías, la de los alquileres a 50 euros mensuales o como incluso la dinamización de las viviendas vacías a través de la Bolsa de Vivienda Joven. Vamos hoy a centrarnos más en la solicitud de la comparecencia y que va precisamente y llamada por lo que sucedió hace poquitos días, aproximadamente un mes o quizá menos, cuando salta a la opinión pública que desde la empresa pública -valga la redundancia- Visocan se producía un desahucio. A partir de ese momento explicamos cómo el Gobierno de Canarias, desde los primeros días de septiembre, aprobado en agosto, ha aprobado un decreto que facilita, no, que impide los desahucios en las viviendas protegidas de Canarias. Ninguna familia en Canarias que, por una situación sobrevenida de crisis, se vea que no puede hacerle frente al alquiler de las viviendas públicas, el Gobierno de Canarias ha decretado que no se la desahucie sino que desde luego se le recalcule su deuda, se mire incluso con carácter retroactivo, prácticamente desde que se inició la crisis e incluso algún año antes, para que las familias puedan continuar viviendo en esas viviendas protegidas, en las viviendas sociales del Gobierno, y no se vean abocadas a tener que perder la misma.

Otra cosa es, señorías, el caso que se dio, y algunos que se dan, que siempre debemos tener en cuenta. El Gobierno de Canarias en años anteriores, antes de aprobar este decreto, ya había tomado la decisión, y así comunicado tanto al organismo autónomo de vivienda como a la empresa pública Visocan, que no se desahuciara a nadie por este tipo de cuestión, por cuestión económica sobrevenida por la crisis, no porque la familia se niegue a pagar. Ahora ya lo hemos hecho regulado a través de un decreto. Pero, señorías, también hay familias o personas que, pudiendo hacerles frente a esos pagos -estamos hablando de alquileres relativamente económicos-, no hagan esos pagos. Eso todo se recalcula, se estudia la situación de la familia y, si es por dejadez, desde luego se le invita a que abone esa deuda o, si no la abona, claro que terminaría en el juzgado, porque hay otras familias esperando, en lista de espera, para entrar en viviendas protegidas. Sin embargo, en estos momentos, y desde hace tres años, casi por el cuarto año vamos ya, el Gobierno de Canarias no desahucia a ninguna familia por este tipo de problema.

El cómo se regula, lo que hacemos, más o menos prácticamente lo he explicado. Cuando nos encontramos con una familia a la que se le abre un expediente por falta de pago de muchísimo tiempo atrás, a lo mejor incluso de más de un año, siempre se hace el estudio de la familia y se ve cuál ha sido la circunstancia y cuál es el problema. Se le recalcula la deuda. Y sobre todo lo que se hace es, para que incluso en el caso de la empresa pública no entre en una situación en que no recibe los ingresos a cuenta de las viviendas que tiene alquiladas, es a través de subvenciones del propio Gobierno para que eso pueda ser posible. Dentro de equis tiempo se vuelve a mirar la situación de la familia, por si le ha mejorado, y, pues, desde luego vuelva a los estándares de pago con los que accedió a la vivienda.

Por lo tanto, señorías, volverles a reiterar que unas 10.000 familias en Canarias viven pagando un alquiler de entre 2 y 90 euros; que ninguna familia paga más del 12% de los ingresos que recibe por el coste de su vivienda; y que en Canarias, antes motu proprio, porque entendíamos la situación de crisis, y ahora regulado a través de un decreto, no se desahucia a nadie de viviendas sociales por una situación sobrevenida económica.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.

Pasamos a las intervenciones de los grupos no solicitantes de la comparecencia. Por el Grupo Parlamentario Mixto, doña Carmen Hernández, por tiempo de tres minutos, tiene usted la palabra.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas, señoras y señores diputados.

Hablamos hoy de un tema especialmente importante para la sociedad, para las personas, para las familias. Tener una vivienda, tener una vivienda digna, además de ser un derecho constitucional es un elemento fundamental para la dignidad de una persona. Yo creo que perder la vivienda es de las cosas peores que le puede pasar a un ser humano y sobre todo, cuando hay menores en el hogar, se convierte en una situación auténticamente dramática.

Por tanto, nosotros, he interpretado de sus palabras, señora consejera, que no se va a proceder a ningún desahucio por parte de una empresa pública. Resulta inadmisible, desde nuestro punto de vista, que el mismo departamento del Gobierno que tiene como obligación apoyar y proteger a las personas más vulnerables en medio de esta injusta crisis actúe o actuara como lo hace la banca, esa tan denostada, pretendiendo dejar sin hogar a familias canarias.

Por tanto, nos alegramos de que desde el Gobierno se le haya dado una directriz a la empresa pública Visocan, que habrá que recordarle que su fin es un fin social, no otro, que rectifique. Creemos que ha jugado un importante papel la presión social, la dimensión que ha tomado este tema en el ámbito social, las redes sociales, y también -cómo no- la denuncia, a la que nos sumamos, de la Plataforma por la Dignidad de las Personas sin Hogar para que la empresa pública haya rectificado.

La verdad es que es una empresa que en los últimos días aparece envuelta en situaciones que cuando menos creemos que cuestionan su funcionamiento. Por un lado, la polémica que ha generado el hecho de que haya participado en operaciones financieras especulativas, con productos financieros de alto riesgo. Para los que hemos condenado estas prácticas -la perversión que ha supuesto en el sistema financiero mundial dedicarse a hacer negocios especulativos causando esa terrorífica crisis- es inadmisible que una empresa pública cuyo fin es la promoción de la vivienda se dedique a jugarse en la bolsa el dinero de todos los contribuyentes canarios. Y además, como al final se ha demostrado, han jugado en la bolsa de manera irresponsable.

Por tanto, creemos que este hecho, sumado al hecho de que pretendan desahuciar a familias canarias con pocos recursos, nos parecen prácticas abusivas y, en cualquier caso, inadmisibles. Por tanto, nos congratulamos con lo que ha planteado usted de que se van a paralizar.

Y una pregunta en relación al nuevo decreto y a los criterios que se van a manejar para la adjudicación. Quisiéramos saber si se van a revisar esos criterios y cuáles son esos nuevos criterios que se van a implementar en el decreto de cara al futuro para la adjudicación de viviendas en régimen de alquiler y en régimen de propiedad. No sé si afecta también a las viviendas en propiedad.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Señorías, ruego guarden silencio, por favor. Hay un murmullo amplio dentro de la sala.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Rosa Guadalupe.

La señora Jerez Padilla: Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días.

Señorías, tras las personas que pierden su casa está el paro, la escasez o incluso la ausencia de ingresos. La incapacidad de las familias para asumir esa nueva y dramática realidad, la desaparición y la respuesta, muchas veces ineficaz y tardía, de las administraciones hacen que ocurran circunstancias dramáticas como la que le sucedió, por ejemplo, a Amaia Egaña.

Dicho esto, señora consejera, me tranquiliza mucho su respuesta, sobre todo con respecto a la paralización de los desahucios realizados por Visocan. Sin embargo, lo que no entiendo es cómo se llega a ese punto, al desahucio, con esa política de bonificación que usted hoy ha planteado y ha manifestado hoy aquí, porque no existe, en ninguna comunidad autónoma, este tipo de bonificación, adjudicatarios que pagan entre 3 y 90 euros y que llegan a acumular deudas de miles de euros. ¿No está fallando algo, señora consejera?

Incluso no entiendo, por ejemplo, la puesta en marcha de un nuevo decreto de adjudicación de vivienda que recoge la modalidad del sorteo, cuando tengo entendido que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que lo anula. Esperemos, sinceramente, señora consejera, que la nueva redacción del decreto de adjudicación se ajuste a la realidad y a las necesidades de los ciudadanos canarios.

Hemos fallado, señora consejera, hemos fallado en que no hay una política de seguimiento social. No tenemos o no ponemos en marcha programas de prevención que eviten el impago de los alquileres.

Pero además, para finalizar, porque el tiempo no es el que realmente me gustaría, porque es un tema muy crudo y muy desagradable, señora consejera, me gustaría saber qué es lo que va a hacer ante el hachazo, ante el hachazo tan grande que da el Gobierno del Partido Popular a las partidas de vivienda, que de 9,8 millones de euros en el 2012 pasamos a tener solo 1,6 millones de euros. Gobierno que castiga y hunde a Canarias por segunda vez consecutiva, ampliando los graves recortes del 2012 al 2013. ¿Cómo, señora consejera, vamos a mantener todo ese grupo de empresas relacionado con vivienda ante la realidad que se nos avecina, señora consejera, con estos presupuestos que nos da el Gobierno del Partido Popular? Señora consejera, mire, cuente con el Grupo Parlamentario Socialista ante un problema del que no tienen culpa los canarios sino quien realmente se lo genera, que es el Gobierno de la nación, el Gobierno del Partido Popular.

Señora consejera, ante estos hechos, suerte y...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Fernando.

El señor Enseñat Bueno: Gracias, señor presidente. Señora consejera, señores diputados.

A pesar de que ya estamos acostumbrados a la estrategia de distracción de este Gobierno y de los partidos que lo apoyan, estrategia de echarle la culpa de todo y para todo al Gobierno de la nación, la verdad es que esperaba que en este tema tuvieran un poco más de pudor. Por un lado porque, al igual que ha ocurrido con las ayudas del Estado, la ganadería del Posei o el descuento de residentes a las navieras o los planes de dinamización turística, el Gobierno de la nación siempre ha puesto su parte en los convenios de vivienda y es la comunidad autónoma la que ha fallado; y por otro lado porque en el mismo Plan de viviendas de Canarias 2005-2008 y 2009-2012 se reconoce que las competencias de vivienda son del Gobierno de Canarias y que su financiación, en su mayor parte, debería provenir de recursos propios de nuestra comunidad.

Señora consejera, como usted sabe, Canarias es una de las comunidades autónomas con una mayor tasa de paro, un 33%, con un tercio de su población en riesgo de pobreza. El 17% de los hogares canarios tiene a todos sus miembros en paro y de los que cuentan con trabajo el 50% cobra menos de 1.000 euros al mes. Esta es la realidad social y económica a la que deben adaptarse las actuaciones de la consejería, del Instituto Canario de la Vivienda y de la empresa Visocan. Sin embargo, el pasado mes de septiembre saltó a la opinión pública que la empresa Visocan pretendía desahuciar a varias familias por el impago de alquileres, incluso por deudas de apenas 400 euros, y únicamente por la presión mediática usted rectificó y paralizó los desahucios. Señora consejera, es que otra vez, otra vez, su gestión queda en entredicho, otra vez el carro va por delante de los caballos en su consejería y empieza a ser costumbre que usted solo actúe a golpe de titular de prensa.

Mire, el Gobierno de la nación, Partido Popular y el Partido Socialista, han iniciado en el día de ayer, desde el consenso y el diálogo, trabajos para reformar la vigente legislación hipotecaria y en este sentido el jueves el Gobierno aprobará un real decreto en el Consejo de Ministros con medidas urgentes para terminar con el drama social que suponen los desahucios. Le insto a que, como en su día planteó mi compañero, el diputado Jorge Rodríguez, a través de una PNL, a que el Instituto Canario de la Vivienda active un servicio de asesoramiento legal a las familias amenazadas por desahucios, incluso este servicio actúe como intermediario con las entidades financieras acreedoras.

Por último, no olvide que el plan de viabilidad de la empresa Visocan 2012-2014, presentado en mayo, establece el cobro de alquileres como su principal fuente de financiación, un 72%, y dentro de ello las ayudas del Instituto Canario de la Vivienda supone en torno al 75%, por lo que cualquier variación en estas puede hacer necesario reformar dicho plan de viabilidad.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del grupo solicitante de la comparecencia, la señora Pulido, por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

La señora Pulido Rodríguez: Gracias, señor presidente.

Le agradecemos, señora consejera, que una vez más haya aclarado que desde la empresa Visocan no se realizan desahucios de viviendas por motivos estrictamente económicos. Y es más, en la última década el Gobierno de Canarias ha procedido a facilitar el acceso a la propiedad a unas 20.000 familias canarias que vivían en régimen de alquiler en el parque público de viviendas de titularidad de la comunidad autónoma. Para ello, además de subvencionar el 50% del precio de la vivienda, se posibilitó a las familias la elección de fórmulas de pago, de 5, 10, 15 y hasta 25 años, para que cada unidad familiar optara al plazo más conveniente en función de su capacidad para hacer frente a los pagos.

En estos años transcurridos, el Gobierno de Canarias no ha realizado ningún desahucio a las familias que por razones de tipo económico se hayan visto imposibilitadas de cumplir con sus obligaciones de pago. Esto sí que es una política social y redistributiva de la riqueza y no la que se nos presenta en los Presupuestos Generales del Estado, que abundan, en cuanto a la vivienda se refiere, en la misma línea errónea y neoliberal que viene a decretar la muerte de la vivienda protegida.

Por ello nos gustaría, señora consejera, que a la vista del proyecto de dichos Presupuestos nos pudiera explicar qué incidencia van a tener los recortes previstos sobre la política de vivienda de Canarias, pues debe saber la ciudadanía que estas políticas de ayuda de las que nos ha hablado y otras que están previstas por los convenios firmados con el Estado se van a ver seriamente afectadas. Como es sabido, el Gobierno del Partido Popular recorta en más de un 80% la asignación prevista para esta comunidad autónoma en materia de vivienda, pasando de casi 10 millones de euros en este ejercicio, que ya de por sí está recortado con respecto al anterior, a poco más de un millón y medio en el próximo, lo que afecta a todas las áreas de actuación de la vivienda como bien social. En Canarias esto va a suponer la práctica desaparición de los programas de promoción y las ayudas para la rehabilitación y el acceso a la vivienda financiadas con dinero estatal. Esto viene a demostrar, una vez más, el hachazo que el Partido Popular da a una política que contribuye a la cohesión social y territorial, pero también a una política generadora de tejido productivo, generadora de empleo, porque el Gobierno de España sigue apostando por mantener una política agotada, de subir impuestos, suprimir derechos, recortar servicios, en lugar de aplicar políticas de crecimiento y de estímulo económico, como son las políticas de rehabilitación de viviendas y renovación urbana de barrios y zonas degradadas.

Por poner un ejemplo, baste citar que para las viviendas previstas en La Laguna se tenían previstos 4,8 millones de euros -si mal no recuerdo, usted nos lo aclarará- y lo han dejado en una cantidad testimonial, porque, me dirán, para qué sirve para rehabilitar vivienda 100.000 euros que han dejado en la partida. Por lo que con estos Presupuestos, que son profundamente antisociales, señor, señoría, se avanza en la restricción de los derechos sociales y se pone la carga fiscal fundamental en las clases populares. Más allá, pues, de la propaganda política, la realidad de las cifras se empeña en sugerir que ha llegado el momento de cambiar de rumbo, ha llegado el momento de aumentar los estímulos al crecimiento y redistribuir la subida de impuestos para que paguen más las grandes fortunas, los que más tienen.

Y en relación con la vivienda, señora consejera, desde el Grupo Nacionalista Canario seguimos insistiendo, le seguiremos pidiendo, que la rehabilitación, la intermediación social para el alquiler a través de la Bolsa de Vivienda Joven y Vacía, así como también la lucha contra los desahucios, son y seguirán siendo las prioridades que vamos a seguir defendiendo, ya que desde que comenzó la crisis en el 2008 el número de desahucios en España se ha disparado y si antes prácticamente este drama pasaba inadvertido ahora se ha convertido en uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad, que reclama una solución con urgencia. Con la situación se ha vuelto insostenible al no haber viviendas disponibles para el realojo de las familias por parte de las administraciones públicas ni una red de recursos para apoyar a las familias que han perdido sus casas o que están a punto de perderlas. Situación generada por las entidades del sistema financiero que, aun siendo parte responsable del problema, usan una ley ventajosa que les sobreprotege para obviar soluciones a un problema social de primer orden, actuando bajo un único criterio: el del beneficio. Optan por la vía de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, condenando con ello a los ciudadanos a quedarse en la calle y con una deuda de por vida, y, para más inri, con ayuda pública y con un gobierno hasta ahora inhibido ante tamaño problema social.

La situación que todo esto está desencadenando es paradójica y dramática. Los bancos acumulan viviendas vacías y cobran deudas y la población soporta desahucios y vive cada vez más en la pobreza.

Por ello, desde el Grupo Nacionalista anunciamos que vamos a presentar una proposición no de ley para solicitar al Gobierno de España que parte del stock inmobiliario que va a pasar a ese denominado banco malo se conviertan en una bolsa de viviendas que se incorporen al mercado del alquiler, dado que una mayor oferta en los alquileres redundará en beneficio de la ciudadanía. Si tenemos más oferta de alquiler, será más probable que los precios bajen en el sector y tendremos mayor posibilidad de pactos entre las partes, ajustando unos contratos de alquiler adaptados a las circunstancias personales y las familias, para cada caso en que se encuentran.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, la señora consejera de Cultura, Deportes y Políticas Sociales, doña Inés Rojas, por tiempo de diez minutos tiene la palabra.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, señor presidente. Señorías.

Quiero aclararles a todos los grupos parlamentarios -creo que lo tiene claro el Grupo Nacionalista, pero a todos-: la empresa pública Visocan no ha paralizado ningún desahucio por presión mediática ni por nada parecido; es más, el primer desahucio, el desahucio que se conoce públicamente, no se paraliza, se ha desahuciado. Y se ha desahuciado, señorías, porque era de justicia. A veces tenemos que mirar qué y cómo y cuándo se están produciendo las cosas. No puedo ni debo contar aquí cuáles eran los motivos que nos llevaban y que el propio juez decía que había que desahuciar a esa persona. La vivienda no estaba teniendo -solo puedo decirles eso-, no estaba teniendo un uso como vivienda, mientras hay tantas familias esperando una vivienda. Así que, señorías, tengamos mucho más cuidado a la hora de emitir determinadas opiniones.

"Desahucian por 400 euros". Lo primero que tenemos que mirar es que si los alquileres en Canarias van de 2 euros mensuales hasta un máximo de 90, 400 euros ya son unos cuantos meses sin pagar, máxime si encima tenemos la constancia del uso indebido que se estaba haciendo de esa vivienda. Esa vivienda, señorías, como tantas otras que puedan estar en circunstancias no como esta sino otras que no sean económicas, que las familias no les pueda hacer frente, el Gobierno las vuelve a coger para volverlas a adjudicar a otras familias.

Por lo tanto, que quede claro aquí: a la empresa pública Visocan no es que le hayamos dado la orden ahora de "usted no desahucie"; a la empresa pública Visocan y al organismo autónomo, al Instituto Canario de la Vivienda, lo que hemos hecho desde el año 2008, a la entrada ya de esta crisis, es sugerir, evitar que una familia perdiera la vivienda por impago. Lo que hemos hecho ahora es que no solo es motu proprio o por voluntad del Gobierno sino que lo hemos decretado para que realmente las familias, que muchas de ellas, algunas no han pagado a lo mejor desde el 2009 o 2010 o llevan un año o dos años, que puedan ver regularizada su situación. Eso es lo que ha hecho el Gobierno ahora, señorías: darle carta oficial o de naturaleza a una decisión que tomamos creyendo coyuntural ante el inicio de la crisis, allá por el 2008.

Por lo tanto, que quede claro: la empresa pública Visocan no ha desahuciado a nadie, porque cuando sale este desahucio a la opinión pública, señorías, ya está publicado el nuevo decreto del Gobierno, que está publicado desde los primeros días de septiembre. Por lo tanto, la empresa pública Visocan no podía ya desahuciar porque había un decreto que lo impedía y, además, no tenía ningún motivo ni ninguna razón. Sin embargo, sí que se tienen, porque se abren, señorías, los expedientes de todas las familias y personas que no están pudiendo hacer frente a los pagos. Se abren los expedientes, se les llama para, como bien les decía, recalcularles su deuda, estudiar su situación y, por lo tanto, afrontarlo entre todos y que no se produzca el desahucio por los motivos que les estoy comentando.

Pero ustedes habrán oído, incluso habrán visto en la prensa en los últimos días, cómo el Gobierno recaba, recauda de alguna manera las viviendas que por distintas circunstancias estaban dadas a una persona como vivienda social y esa persona, por varios motivos, deja la vivienda. Esa vivienda se vuelve a incorporar, el Instituto Canario de la Vivienda o la empresa la vuelve a activar para readjudicarla a otra familia en segunda adjudicación. Por lo tanto, que quede eso claro, sobre todo en honor a la empresa Visocan. Dice: "cómo se llega al desahucio"; ese desahucio, se llegó así y se desahució, señoría. No se evitó, ese desahucio se produjo y la vivienda se liberó para otra familia. ¿De acuerdo? Entonces, para que tuvieran realmente, porque me parecía que no tenían bien probablemente o no la recordarán bien, la información.

Efectivamente, yo creo que, sin ninguna duda, sin ninguna duda, a quién se le puede esconder que, si tenemos un recorte tan brutal en los Presupuestos Generales del Estado en general y en la política de vivienda en particular, prácticamente desaparece la política de vivienda, y ahora explicaré qué significa esto. Desaparece. ¿Eso va a tener incidencia en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma? Sin duda. Si hasta ahora hemos podido invertir 18 millones de euros en ayudar a las familias que están haciéndole frente a ese alquiler, pues, probablemente...; ya lo veremos, a ver cómo vamos a poder sacar y estirar esos presupuestos para poder de verdad ayudar en la medida en que lo estamos haciendo ahora.

Y con lo que quiero trasladarle al diputado del Grupo Parlamentario Popular, seguramente... Aclararé también algunas cosas que me ha comentado de cómo vamos a quedar en los Presupuestos. Pero voy a comentarle al señor diputado del Grupo Parlamentario Popular.

Mire, yo sé que ustedes, me refiero a todos los diputados en el caso de la Cámara, pero prácticamente a todos los miembros del Partido Popular, cuando nos oyen reivindicar o informar a la población de que los Presupuestos Generales del Estado son un atentado contra Canarias -yo ya no sé qué palabra podemos utilizar-, ustedes siempre dicen lo mismo: "siempre le echan la culpa al Estado". Ustedes dicen que se están acostumbrando ya a eso; nosotros no nos vamos a acostumbrar a escucharles eso mismo a ustedes. Pero sí le voy a decir a usted una cosa: es la primera vez que lo veo intervenir, especialmente en política de vivienda, y creo que tiene seguramente algunos desconocimientos en lo siguiente. Seguro, seguro.

En el Plan Canario de Vivienda, es decir, en la política de vivienda está claro que la competencia la tenemos las comunidades autónomas. Yo no sé si usted sabe que el Plan Canario de Vivienda, el 70% del plan es dinero netamente canario y el 30% del plan es dinero estatal. Porque tenemos un acuerdo con el Estado, señoría, en el que todas las comunidades autónomas tenemos planes de vivienda en los que la comunidad... Mire, en la mayoría de las comunidades autónomas el Plan de Vivienda es el 30% que aporta el Estado. Canarias va mucho más allá y aporta un 70% para desde luego implementar la política de vivienda en Canarias por la necesidad que entendemos. Entonces recordarle eso, que sí, tenemos nosotros las competencias, pero hay una parte importante de ese 30%...

Yo no sé si usted sabe, señoría, que tenemos 46 convenios firmados con el Estado, con el Ministerio de Fomento, con los cabildos de cada una de las islas, con los ayuntamientos donde están los barrios que pretendemos rehabilitar o reponer. Eso supone la rehabilitación o reposición de algo más de 6.000 viviendas en Canarias, supone una inversión de cerca de 200 millones de euros. Esas rehabilitaciones, que ya están iniciadas en distintos barrios de Canarias, suponen que por parte del Estado tendría que haber ahora, en los Presupuestos del 2013, 14 millones de euros para hacer frente a las obras que están iniciadas y a las que están en proceso de adjudicación. Tenemos para eso, bueno, para toda la política, 1.600.000 euros. Eso, señorías, no solo supone -y ya les digo lo que supone para los Presupuestos-, no solo supone que no vamos a poder culminar en el tiempo previsto dichos convenios sino que supone que empresas que tienen adjudicados esos trabajos... No vamos a poder hacerles frente a esos pagos, con lo que eso supone de pérdida de empleo en el sector de la construcción. Por lo tanto, trasladarles que desde luego la política de vivienda, que en el Plan Canario de Vivienda supone el 30%, es absolutamente vital e importante, por esos acuerdos que tenemos firmados y que con 1.600.000 no es posible.

Sí pasa, señorías, que nosotros entendemos que hay una situación de crisis brutal y que en estos momentos ni el Estado, vamos a pensar todos, podremos hacerle frente a la cantidad total de esos convenios. Si el Estado nos convocara, antes de sacar esos presupuestos, nos reuniera y nos dijera, "miren, ese contrato que tenemos firmado no lo podemos cumplir porque tenemos una situación económica complicada: ¿podemos hablar y espaciamos esto en el tiempo y lo trabajamos para que ni las empresas se sientan afectadas y todos podamos hacerle frente a ello?", pues, hablaríamos, que la gente hablando se entiende. Lo que no puede ser es que un convenio de este tipo, en el que ya tienes empresas trabajando, se venga abajo de forma unilateral, porque eso supone la caída en cascada no solo de todas las administraciones que estamos implicadas sino, como le digo, de las empresas, para no nombrarles las familias que están esperando a que se culminen sus viviendas.

Por lo tanto, señoría, creo que el motivo de la comparecencia de hoy era qué pasa con las personas o las familias que no pueden hacerle frente al alquiler de su vivienda...

(Rumores en la sala.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señora consejera -perdón, señorías, guarden silencio, por favor-, señora consejera, tiene un minuto para concluir, por favor.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León): Gracias, señor presidente.

Acabo seguro que antes del minuto.

Total tranquilidad para las familias que no puedan pagar por una situación sobrevenida por la crisis. El Gobierno de Canarias no desahucia a nadie que tenga problemas económicos.

Muchas gracias.

(El señor Enseñat Bueno solicita la palabra.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora consejera.

¿Don Fernando, a qué efecto?

El señor Enseñat Bueno (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señor diputado, la contradicción es normal y habitual en una comparecencia entre el Gobierno y la Oposición, es lo habitual. No hay ninguna razón en la contradicción expresada.

¿Cuál es la contradicción que usted manifiesta?

El señor Enseñat Bueno (Desde su escaño): La señora consejera pretende imponer al Grupo del Partido Popular quién puede hablar y quién no puede hablar en temas de vivienda...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señor diputado, los tiempos los marca la Presidencia y los marca la Mesa conforme al Reglamento. No tiene la palabra.