Diario de Sesiones 59, de fecha 13/11/2012
Punto 9

· 8L/IDC-0001 Informe del Diputado del Común. Informe anual correspondiente al año 2011.

El señor presidente: Concluido el turno de preguntas al señor presidente del Gobierno, le damos la más cordial bienvenida al señor Diputado del Común, a don Jerónimo Saavedra, a todos sus colaboradores, que los vemos también en el palco.

Y don Jerónimo tiene usted la palabra para exponer el Informe anual correspondiente al año 2011 del Diputado del Común.

El señor Diputado del Común (Saavedra Acevedo): Señor presidente del Gobierno. Señoras y señores diputados.

En una época en que tanto nos referimos a la memoria histórica me produce una cierta emoción subir a esta tribuna cuanto falta un mes y pocos días para celebrar el 30 aniversario de la constitución del Parlamento Provisional de Canarias y de mi primera subida, no a esta tribuna porque entonces no había ni escaños sino sillas, para participar en el primer debate de investidura. Eso quiere decir que en esta casa, humildemente, conocen mi palabra, conocen mi voz.

Y hoy vengo aquí con otra función, la de presentarles un informe, correspondiente al pasado año, del Diputado del Común, del que solo soy responsable, efectivamente, en 21 días, dado que tomé posesión el 10 del pasado mes de diciembre.

Este informe, no voy a reiterar disposiciones legales que fijan que antes del 31 de mayo sea presentado ante esta Cámara, como así lo hice, y también ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico el pasado 11 de junio.

Ante la presentación de este informe, es obligatorio indicar que es fruto del trabajo y dirección del anterior diputado, el excelentísimo señor don Manuel Alcaide Alonso, ya que, como bien saben y les acabo de recordar, tomé posesión el 10 de diciembre del pasado año.

Desde el primer momento ha sido mi objetivo dinamizar la institución para hacerla más cercana y eficaz, con criterios que respondan a lo que los ciudadanos exigen de una institución de esta tipología. Con este empeño se decidió modificar la estructura del informe anual, que ya conocen ustedes desde el pasado mes de mayo. El nuevo modelo de informe toma como modelo el guión del propio mandato legislativo de la Ley 7/2001, que en su artículo 47.1 nos indica que "en el informe anual el Diputado dará cuenta...", y enumera desde la letra a) hasta la letra j). Con arreglo a este precepto, por vez primera se elaboró este informe.

Múltiples son los factores que han llevado a la institución a una disfuncionalidad o a una descoordinación en su funcionamiento y probablemente el descenso de reclamaciones presentadas durante los últimos años está unido a la mala imagen que la institución haya podido adquirir por los desacuerdos producidos en esta Cámara -no en la actual- para la renovación del titular del Diputado del Común, el cual, por imperativo legal, el señor Alcaide estuvo en funciones casi un segundo mandato completo. Esa situación de provisionalidad no ha beneficiado en absoluto a la institución.

Por causas que no tienen razón de ser analizadas con detalle ahora, se ha detectado un retraso en la tramitación de los expedientes, como luego se podrá estudiar en el desarrollo de este informe. No parece justificado ni de recibo que la Administración auxiliadora, aquella a la que los ciudadanos acuden con sus últimas esperanzas, sea tan o más lenta en sus procedimientos que aquellas que generaron el conflicto. Es mi deseo e intención modernizar la institución y por ello se ha reforzado la imagen corporativa, se ha modificado la página web y se ha puesto en funcionamiento la administración electrónica. Se ha puesto igualmente en funcionamiento una serie de reformas internas que den como fruto la actualización del trabajo para la modernización y cercanía de la institución a los ciudadanos. En definitiva, se persigue buscar la eficacia y la eficiencia de la institución aprovechando los medios existentes y la predisposición que existe por parte de las administraciones.

Puedo anticiparles que en el siguiente informe, que espero presentar a esta Cámara mucho antes del preceptivo límite del mes de mayo, se reflejarán los efectos positivos alcanzados. Existe capacidad económica y voluntad profesional.

En un momento de crisis como el que atraviesa Europa y España en particular, se hacen más necesarios los mecanismos de control sobre las administraciones públicas, que deben ser más cuidadosas y eficaces en las relaciones con los ciudadanos. Ahora es cuando mayor debe ser el rigor en la gestión, en el respeto a las normas, las formas y los tiempos.

Si, por otra parte, las encuestas de opinión insisten en recordarnos que la clase política se ha convertido en la tercera preocupación de nuestros ciudadanos, precedida solo por el paro y la crisis económica, debemos trabajar todos en recuperar la buena imagen perdida. Para ello será positivo buscar fórmulas electorales que con éxito se aplican en otros países y fortalecen instituciones, que suponen una mayor participación del ciudadano en la vida administrativa y política.

Soy consciente de que algunas de sus señorías van a dividir el presupuesto de esta institución entre las reclamaciones recibidas. El resultado de esta operación será muy poco riguroso, ya que no puede cuantificarse el gasto de gestión de una reclamación de un ciudadano de esa manera. Son muchas las variables que deben ponderarse. Debemos ser justos y ecuánimes a la hora de criticar. A nadie se le ocurrirá hacer esa operación con la institución del Defensor del Pueblo, pues el resultado sería insignificante.

Asumiendo el compromiso de reorganización y adaptación de la institución a las verdaderas necesidades y realidades, paso a exponerles este informe, que, repito, es fruto del trabajo del anterior Diputado, aunque a mí me corresponda su exposición y defensa.

De las quejas presentadas en el año 2011. Voy a resumir por considerar que disponen ustedes con muchísimo detalle, gráficos, desde el pasado mes de junio, de muchos de los contenidos de este informe. En el año 2011 se presentó a la institución un total de 1.217 quejas o reclamaciones. Como habrán observado en la gráfica del informe que todos han recibido, durante los últimos años ha existido un descenso en el número de expedientes. No obstante, hay que saber que la media aritmética de expedientes por año es de 1.391 reclamaciones, pues los máximos históricos que ahí se reflejan, que llegaron a 2.400, 2.600, etcétera, obedecen a la coincidencia con la presentación de grandes conflictos colectivos que, por decisión de los titulares del momento, se tramitaron de forma individual en lugar de hacerlo de forma colectiva al tratarse de un único tema o queja. Este hecho da la apariencia al estudiar la tabla de que los resultados del año 2011 son peores de lo que en realidad son. Conociendo estos datos, deben saber que la media real anual de expedientes por año es de 1.317.

En el año 2011 se recibieron 1.217 reclamaciones, como he señalado, siendo admitidas 824, 220 inadmitidas y 173 trasladadas a otras administraciones. De estos expedientes, 40 quejas fueron de índole colectiva; 7, expedientes de oficio; 631, quejas presentadas por hombres y 534, quejas presentadas por mujeres y 5, de índole anónima. Se admitieron a trámite el 68% de las reclamaciones presentadas, inadmitiéndose el 18%, se elevó, por competencia, al Defensor del Pueblo el 13,6 y un 0,4 fue derivado a otras defensorías, entre ellas el Defensor del Pueblo Europeo.

Significativo, a efectos del grado de utilización de las nuevas tecnologías por parte de nuestros ciudadanos, es qué medios de presentación han utilizado las quejas, las reclamaciones. Significativo es que de forma presencial se han hecho 801 reclamaciones; por correo postal, electrónico, etcétera, 181, 124; es decir, canalizadas por la página web, por ejemplo, 10 reclamaciones. Las reclamaciones presenciales, pues, suponen el 66% de los expedientes tramitados, lo que implica que el ciudadano se acerca directamente a nuestras oficinas porque quiere ser atendido en persona.

La procedencia geográfica de las reclamaciones no se corresponde proporcionalmente con el número de habitantes, porque Gran Canaria tiene el 38,4% de los expedientes; Tenerife, el 34,5; La Palma, el 9,5; Fuerteventura, el 7,2; Lanzarote, el 5% y El Hierro, 1,6; La Gomera, 0,8, etcétera.

Por áreas de trabajo. Las reclamaciones se reparten de la siguiente manera: justicia, 130 expedientes; vivienda, 106; economía y hacienda, 98; trabajo y función pública, 86; servicios públicos, 81; mayores, 77; salud y sanidad, 70; seguridad pública, 69; servicios sociales, 67; discapacidad, 64; educación, 58; actividades clasificadas, 56; y a partir de ahí, hasta 3 en agricultura y pesca.

Por administraciones reclamadas, los expedientes se reparten de la siguiente manera: Gobierno de Canarias, el 48%; ayuntamientos, el 26; Administración General del Estado, 16%; otros entes -Emalsa, Unelco-Endesa, Emmasa, Inalsa-, el 6%; cabildos insulares, el 3%; y las dos universidades canarias, un 1%.

Dentro del ámbito del Gobierno de Canarias, por consejerías, en primer lugar, la Consejería -con la denominación actual, del actual mandato-, Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, 259 quejas, seguida de la de Sanidad, con 112; Educación, Universidades y Sostenibilidad, 87; Empleo, Industria y Comercio, 58, y ya, por debajo de 30, Economía, Presidencia, etcétera.

He aludido a la inadmisión de quejas en el año 2011. Fueron 220 de las 1.217 presentadas. Las causas de inadmisión están tasadas legalmente. 122 corresponden a quejas presentadas por hombres, lo que supone un 56%, y 90 fueron presentadas por mujeres, 41%, ya lo he señalado con anterioridad. Es distinto, en cambio, con las presenciales. Las 5 quejas anónimas, obviamente, por ley se inadmiten -un 2%- y 3 quejas de índole colectiva, que suponen un 1% del total de quejas inadmitidas.

Y vamos a temas ya con cierta enjundia crítica o autocrítica. De las quejas vivas en la institución -estoy siguiendo, como he dicho, el artículo 47.1 de la Ley del Diputado del Común-, para que nos entendamos, en el lenguaje habitual de trabajo de la institución, las quejas que se tramitan dentro del ejercicio anual en el que nos encontramos reciben la denominación de quejas en trámite; por el contrario, todas aquellas que se estén tramitando pero tengan fecha anterior al año de ejercicio, año 2011, se denominan quejas vivas. Conociendo esto, en la institución, a la realización de este informe, existían 729 quejas vivas, esto es, expedientes fechados con anterioridad al 1 de enero de 2011. Repartidos de la siguiente manera: 402 expedientes del año 2010; 242 del año 2009; 58 del año 2008; 21 del año 2007 y 5 expedientes del año 2006; y todavía queda uno del año 2005.

Al solicitar la información necesaria, se detectó un grave fallo en el funcionamiento de la institución; no se estaba dando cumplimiento al principal criterio de tramitación que establece la ley, que los procedimientos del Diputado del Común serán sumarios. Consultados los asesores técnicos que tramitan los expedientes -esos que algunos llaman vulgarmente asesores políticos cuando son asesores técnicos, licenciados en Derecho, todos ellos por exigencia de la Relación de Puestos de Trabajo-, se desprenden los siguientes datos, que han sido analizados para corregir este error en el funcionamiento de la institución, de estos retrasos: primero, falta de respuesta o tardanza en las contestaciones de las administraciones reclamadas, el 70% de esos retrasos; ampliación de datos por parte de los reclamantes -que no los han facilitado al inicio del expediente-, el 10%; y también problemas informáticos por el cambio del programa de gestión que se efectuó hace año y medio, igualmente, un 20%.

En resumen, no es de recibo que los ciudadanos acudan como último remedio, y siempre pensando en la salvaguarda de sus derechos, al Diputado del Común y aquí la demora en la tramitación sea igual o mayor que en la Administración que ha generado la reclamación.

La tramitación de los expedientes de un año debe tener una vía administrativa determinada; no se puede gestionar sin marcar una fecha límite. Se han tomado medidas para instruir un nuevo reglamento de funcionamiento que sea más ágil y responda a la nueva filosofía de eficacia y eficiencia para gestionar de manera sumaria los expedientes, entendiendo que los de un año deben ser dilucidados, como mucho, en los seis primeros meses del año siguiente a su presentación.

Ya he hecho referencia a las causas, o a la inadmisión de los expedientes o de las quejas. Muy por encima les mencionaré que el 43% de los inadmitidos, de las quejas inadmitidas, se debe a falta de datos; por no observarse la vulneración del ordenamiento jurídico, el 16%; por carecer de reclamación previa a la Administración, el 6%; por no respetar el tiempo de respuesta de la Administración pública, el 2%; por tratarse de asuntos que se encuentran sub iúdice, el 10%; por tratarse de conflicto entre particulares, el 14%; por falta de competencia, el 6%, etcétera.

El principal motivo de inadmisión, pues, es imputable al propio ciudadano, ya que, al ser requerido por parte del personal del Diputado del Común para que se amplíe la queja o facilite documentación necesaria para su dilucidación, no la aporta o hace oídos sordos a nuestra petición. Esa falta de documentación imposibilita la tramitación de la queja, por lo que finalmente debe de ser inadmitida.

La segunda es la falta de vulneración del ordenamiento jurídico en las actuaciones o en la actuación de las administraciones reclamadas. Esto confirma que muchas veces las resoluciones y acciones de las administraciones públicas son incomprendidas por los ciudadanos e incluso interpretadas como injustas, pero de hecho no lo son.

El resto se refiere a conflictos entre particulares y no conflictos entre Administración y particulares, defectos de forma y luego naturalmente por falta de competencias, que trasladamos a la defensoría del pueblo de ámbito estatal.

Advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y declaraciones de obstruccionismo. ¿Qué medidas tiene en su mano el diputado de la institución para reflejar, responder, activar, apoyar al ciudadano? Durante el año 2011 ha emitido el Diputado del Común 337 decisiones entre recordatorios de deberes legales, recomendaciones, advertencias y sugerencias. Son las cuatro diferencias que aparecen en el texto legal.

No es necesario precisar qué es recordatorio de deber legal, es decirle a la Administración, "mire usted, que tiene obligación de contestarlo, porque lo dice la ley y que no me ha contestado". Es, en definitiva, una falta de colaboración por parte de la Administración aludida.

La advertencia es para advertir a la Administración que de seguir con la actitud de no colaboración el Diputado elevará a este Parlamento la declaración de obstruccionismo y posible posterior comunicación al Ministerio Fiscal, de persistir la situación señalada.

La recomendación ya se trata de decisiones, consejos, que se elaboran cuando se considera que una Administración debe modificar su actuación con respecto a los ciudadanos para no dar lugar a nuevas reclamaciones. Ello puede llevar aparejada la recomendación de la modificación de la norma.

Y, por último, la sugerencia se elabora cuando se sugiere a una Administración que tenga una mayor observancia de sus competencias con respecto a los ciudadanos y ejercite dichas competencias o corrija ciertas actuaciones.

Se han emitido, lo importante, 85 recomendaciones, pero también preocupante es que haya que emitir 184 recordatorios de deberes legales a las administraciones. Todos estos escritos nos los podíamos ahorrar y supondrían también una disminución del tiempo de tramitación del expediente. El resto son, como ya he dicho, recomendaciones, advertencias, sugerencias.

A partir del próximo informe, y gracias a las modernizaciones que se están introduciendo en la institución, seremos capaces de informar a este Parlamento del número de decisiones que han sido aceptadas y qué medidas se han tomado al respecto por parte de la Administración aludida.

Los destinatarios de los recordatorios esos, que suponen el 55%, en primer lugar son los ayuntamientos, 121 recordatorios recibidos; el Gobierno de Canarias, 50; y los cabildos insulares, 13.

Y las recomendaciones, es decir, aquellas que suponen, diríamos, indirectamente una orden, un consejo, 85 al Gobierno de Canarias, 11 a los cabildos y 8 a los ayuntamientos.

La ley, como ustedes saben, determina que la actuación de una autoridad, funcionario o empleado público que dificulte, sin una justificación adecuada, la investigación de una queja será considerada obstruccionista y entorpecedora de las funciones del Diputado del Común. Podrá hacerse pública de inmediata a través del Boletín Oficial del Parlamento, a cuyo efecto el Diputado del Común causará comunicación motivada a la Mesa de esta Cámara, destacando además tal calificación en el informe anual, como voy a hacer, que en su caso remita a la Cámara.

En virtud de esta potestad, mi antecesor, durante el ejercicio 2011, declaró actitud obstruccionista del -no son los ayuntamientos, son los alcaldes o los presidentes o los cargos públicos que sean. Voy a omitir los nombres, por elegancia- alcalde del Ayuntamiento de Pájara, alcalde del Ayuntamiento de La Orotava -en este caso 9 declaraciones por un mismo tema-, director general de Tributos -estoy hablando del año 2011-, alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, alcaldesa del Ayuntamiento de Antigua y alcaldesa del Ayuntamiento de La Oliva -por 2 expedientes-. Todos estos expedientes han sido publicados en el Boletín Oficial del Parlamento y en él encontrarán las razones por las que se declararon obstruccionistas. En definitiva, siempre porque no responden, ante tanto recordatorio, ante nuevos informes, etcétera, pasan los meses y no se contesta. Y eso es lo que conduce a la declaración mencionada.

Hay actuaciones de oficio en manos del Diputado y está claro que el gran volumen de trabajo viene dado por las quejas presentadas por los ciudadanos, es decir, a instancia de parte, pero cuando lo considere oportuno, y para dilucidar temas de los que ha tenido conocimiento por el propio desarrollo de sus funciones, el Diputado del Común puede actuar de oficio. A lo largo del pasado año se instruyeron 7 expedientes de oficio, sobre discapacidad, economía y hacienda, sanidad y salud pública, servicios públicos y servicios sociales.

De los problemas generales de funcionamiento de la Administración pública canaria, otro de los epígrafes del mencionado artículo 47. Este requeriría una mayor explicación, pero la limitación de tiempo y disponiendo todas sus señorías de detalles de cada expediente y de cada queja, voy solo a hacer referencia a alguno de los problemas más reiterados.

En materia de actividades clasificadas, la experiencia nos demuestra que la Administración ejerce poco sus potestades de inspección y de control en cuanto a actividades clasificadas se refiere, de manera que las inspecciones se efectúan generalmente a raíz de denuncia, siendo las actuaciones de oficio prácticamente inexistentes. Lamentablemente, lo cierto es que algunas administraciones locales, pese a conocer la situación de ilegalidad en la que se encuentran muchas de las actividades, hacen poco uso de su potestad sancionadora y en escasas ocasiones deciden intervenir para solucionar el problema. Los ciudadanos rara vez reciben puntual respuesta a sus denuncias o peticiones en esta área, motivo por el cual acuden a esta defensoría, siendo la falta de medios el principal argumento esgrimido por las administraciones para justificar esa pasividad. La escasez de medios hace referencia tanto a la falta de personal cualificado como a la falta de instrumentos para realizar las mediciones. El problema principal de los sonómetros debidamente calibrados, que tienen que mandarlos a Madrid, y sería un área, señor presidente del Gobierno, que debería reclamar el traspaso a la comunidad autónoma. En este sentido nuestra línea de actuación es siempre la misma: sugerir a la Administración que aumente sus esfuerzos, puesto que la escasez de medios no es excusa para actuar de forma ineficaz. Y al mismo tiempo recordar que cuando la Administración actuante carece de medios puede recabar de otras administraciones públicas la colaboración necesaria para llevar a efecto su cometido, es decir, cooperación administrativa tal y como establece la ley.

A menudo somos testigos de ilegalidades que se perpetúan en el tiempo a la espera de que el órgano competente adopte las medidas oportunas y ejecute sus propias órdenes de paralización de la actividad, dando lugar a sentimientos de malestar y decepción entre la ciudadanía. No obstante, hay que señalar que ese retraso en ocasiones se debe a que para poder llevar a cabo la inspección o la orden de desmantelamiento es preciso una autorización judicial que permita la entrada en el domicilio o el local. Señalar que muchas de las molestias denunciadas consisten en acciones fácilmente evitables por parte de los infractores y son debidas al poco civismo o conciencia social y medioambiental que existe entre la población, viéndose todo ello reforzado con una actitud permisiva de la Administración.

En el área de comercio y consumo, se ha detectado un retraso considerable por parte de los órganos de las administraciones públicas canarias con competencia en materia de consumo en responder a las reclamaciones o denuncias planteadas por los ciudadanos, transcurriendo en ocasiones amplios plazos de tiempo hasta que concluye la tramitación de los expedientes administrativos y el ciudadano recibe una contestación sobre el objeto de la reclamación. Y también es un derecho de los consumidores recibir educación y formación en materia de consumo que les permita conocer sus derechos e intereses legítimos y la manera de ejercerlos con responsabilidad. En ese sentido esta labor formativa no está llegando a muchos sectores de la población.

Área de discapacidad. En el ámbito de Canarias se está demorando más allá de lo oportuno la aprobación del régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, conocida como Liondau, en relación con la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se Establece el Régimen de Infracciones y Sanciones en Materia de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación, etcétera. Igualmente está pendiente de firma el acuerdo entre el Gobierno autónomo y la Administración central para la creación de la correspondiente Junta Arbitral Autonómica de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal.

Uno de los problemas más destacados que presentan los centros base de atención a las personas con discapacidad es el enorme retraso en la tramitación de las solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad y en las solicitudes de revisión del grado de discapacidad por agravamiento. Así, en el transcurso de la tramitación de una queja recibimos un informe emitido por la Dirección General de Políticas Sociales, que anteriormente se denominada de Bienestar Social, en el que nos comunicaba que en ese momento estaban cursando las citas de las instancias de solicitud de reconocimiento de la discapacidad presentadas 15 meses antes. La dirección general señala que el periodo de espera obedece a causas objetivas -cito- predeterminadas por la disfunción real entre el volumen de entrada de solicitudes de reconocimiento de la incapacidad en los centros base -1.300 cada dos meses, aproximadamente-, propiciado por la actual coyuntura fiscal favorable a los discapacitados, y que ha traído aparejado un incremento aproximadamente de un 35% del volumen normal de peticiones o solicitudes en este centro base y los recursos humanos de los que se dispone en los mencionados centros, todo ello sin contar con las incidencia naturales sobrevenidas en la tramitación de los expedientes, tales como subsanación de la solicitud, petición de pruebas o documentación, etcétera. Concluye el informe.

De las quejas recibidas se observa, al igual que se expuso en el informe correspondiente al ejercicio del 2010, una considerable lista de espera para el acceso a los recursos del Plan de Ayuda al Dependiente -PAD-, principalmente en la isla de Gran Canaria, donde parece claro que la oferta de recursos no está adecuadamente dimensionada a la demanda de estos. A la vista de estos datos, el Diputado del Común acordó iniciar una actuación de oficio acerca de la actividad planificadora en nuestra comunidad autónoma en materia de protección social, más concretamente en el sector de las personas con discapacidad y sus familias.

En la actualidad continúan existiendo numerosas barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad en Canarias. Cabe recordar que el artículo 9 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad obliga a los Estados miembro a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás: al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Este mandato general debe obligar a todas las administraciones públicas canarias pero también a los particulares que prestan servicio a las personas a efectuar una profunda revisión de todas sus instalaciones -edificios, servicios, publicaciones, páginas web, etcétera-, de modo que progresivamente se vaya haciendo efectivo el nuevo paradigma de accesibilidad que contempla la referida convención.

Paso por alto las escasas quejas en materia deportiva. Sí se siguen produciendo, según las escasas quejas, un presunto trato discriminatorio a menores de edad en los clubes deportivos por la abusiva y errónea aplicación del derecho de formación.

En el área de economía y hacienda, el principal problema detectado, que se repite año tras año, es la inactividad de las administraciones públicas o la falta de respuesta a las solicitudes de los ciudadanos, olvidando con excesiva frecuencia la obligación de resolver de forma expresa en todos los procedimientos y a notificar cualquiera que sea su forma de iniciación. Mandato establecido en la Ley de Régimen, la Ley 30/92, conocida de todos ustedes, de Procedimiento Administrativo. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento y no podrá ser superior a seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea. Y si las normas reguladoras de los procedimientos no fijan plazo máximo, será de tres meses. Observando esta institución que la Administración no contesta o lo hace tarde, cuando el interesado reitera su petición, lo que produce que el ciudadano, si bien tiene la pretensión de resolver su reclamación principal, termina resignándose a que la Administración pública a la que se ha dirigido, en ocasiones de forma repetida, se digne contestar. Este mandato y el de la obligación de declarar de oficio la preinscripción y la caducidad de los procedimientos, cuando ambas se han producido por imperativo legal, no tiene aplicación en la práctica, ya que, salvo raras excepciones, no se produce nunca.

Le sigue en orden de importancia la falta de devolución de ingresos indebidos o la exigencia indebida de tributos.

En materia educativa, se produce una mejora respecto a años anteriores. No obstante, continuamos con quejas del mal estado de algunos centros educativos en institutos de Enseñanza Secundaria. Remitida la queja a la Consejería de Educación a fin de que informe sobre las medidas adoptadas, nos comunican las acciones previstas para su rehabilitación y mejora, así como la ejecución de las mismas en periodos no lectivos, con el fin de evitar perjuicios de mayor calado al alumnado. Es indudable la mejora de las infraestructuras educativas canarias, pero continuamos con centros deteriorados que deben someterse a acciones urgentes por seguridad e higiene.

Hay múltiples quejas que se han remitido al Defensor del Pueblo por referirse a asuntos cuyo organismo actuando es la Administración General del Estado y que afectan a disconformidad en procedimientos de homologación de títulos, desacuerdos de convalidación de másteres oficiales, defectos de notificación de resoluciones de becas de alumnos, etcétera.

Justicia. Con el retraso en la tramitación de los expedientes de justicia gratuita, no solo se produce el incumplimiento de los plazos establecidos en la Ley 1/96, de 10 de enero, sino que se contribuye a la dilación de los procedimientos judiciales y, por ende, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. La solución a este problema corresponde al Gobierno de Canarias, que debe, igualmente, dotar de medios materiales y humanos suficientes al servicio de asistencia jurídica gratuita.

Hay disconformidad de los ciudadanos con la actuación de los abogados del turno de oficio y las declaraciones de insostenibilidad de los mismos. Se ha detectado en la mayoría de los casos que la disconformidad viene ocasionada por la falta de información adecuada al ciudadano por parte del personal del Servicio de Orientación Jurídica del colegio de abogados correspondiente. Esta deficiente atención al ciudadano debe solucionarse con la colaboración entre la Administración autonómica y los colegios profesionales, formando al personal adecuado adscrito a dicho servicio, con un control posterior.

También demora en las respuestas a las quejas que dirigen los ciudadanos a los colegios de abogados.

La situación de mayores, de los mayores. El Diputado ha venido recibiendo quejas referentes a excesivas demoras en la tramitación de los expedientes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema. De las quejas que se han recibido en el ejercicio 2011 observamos que se ha reducido considerablemente el plazo en el que la Administración autonómica procede a la valoración de los solicitantes y a la consiguiente aprobación de la resolución por la que se reconoce el grado y nivel de dependencia. Sin embargo, continuamos observando retrasos muy elevados en la aprobación de los programas individuales de atención, que en algunos casos llegan a más de 30 meses desde que se produce el reconocimiento de la situación de dependencia o, lo que es lo mismo, excediendo en 27 meses el plazo legalmente establecido. Igualmente, se produce un retraso muy pronunciado en la resolución del recurso de alzada contra las resoluciones que aprueban los programas individuales de atención.

El Diputado señaló, en el epígrafe dedicado a las resoluciones del ejercicio 2011, remitió numerosas recomendaciones a la Viceconsejería de Políticas Sociales e Inmigración, referidas a la necesidad de resolver favorablemente las solicitudes de las personas reconocidas como dependientes y que, como se ha señalado, fallecieron durante el largo curso de tramitación del procedimiento, con anterioridad a la aprobación del PIA. En todos los casos la referida viceco nsejería ha rechazado nuestras resoluciones, amparándose para ello en un acuerdo del Consejo Territorial del SAAD, que es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la excepción de aquellos expedientes en los que se había reconocido a la persona como dependiente y posteriormente se había llevado a cabo el trámite de consulta y el informe social, aunque no se hubiere aprobado el programa individual de atención con anterioridad al fallecimiento. En estos últimos supuestos, la viceconsejería continúa con los trámites y reconoce las prestaciones a favor de los causahabientes del dependiente, no en los restantes.

Por dicho motivo, la institución ha venido exigiendo, sin éxito, que en los supuestos en que no sea viable la continuación del procedimiento administrativo hasta la aprobación del PIA se valore la posible iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración, para indemnizar a los sucesores legales de la lesión sufrida en sus derechos como consecuencia de la demora en la tramitación de su expediente.

Se hace necesario un desarrollo normativo de la atención a la dependencia en Canarias. En el 2011 se aprobó el Decreto 131/2011, de 17 de mayo, en el que se establecían las intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades e incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia del sistema SAAD en el ámbito de Canarias. Se trata de una norma de gran importancia, pues a tenor de la misma los dependientes pueden comenzar a disfrutar de prestaciones compatibles que hasta la aprobación de este decreto no se estaban reconociendo. No obstante, se hace necesario reiterar las recomendaciones que ha hecho este comisionado parlamentario en anteriores ocasiones sobre el escaso desarrollo normativo que se ha producido en nuestro ámbito territorial para implantar el sistema SAAD, en aspectos como la regulación de la cartera de servicios, los precios públicos y el régimen de participación de las personas beneficiarias en la financiación de los servicios o los requisitos de los centros. En definitiva, entendemos que este escaso desarrollo normativo guarda relación con la inexistencia de una adecuada incardinación del sistema de dependencia en el conjunto de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuestión esta que debería abordarse, a nuestro juicio, mediante una norma con rango de ley.

Medio ambiente. Señalar que durante la tramitación de algunos expedientes hemos observado que la Agencia del Medio Urbano y Natural ha optado por el criterio de priorizar sus actuaciones de acuerdo a la entidad de la agresión. Al parecer, esta decisión se debe a una serie de circunstancias que se dan en este organismo desde hace algunos años. Significa ello que muchos de los expedientes incoados por infracciones al territorio no son tramitados y, lo más grave, en escasas ocasiones se procede a la ejecución de las órdenes de demolición dictadas por dicho organismo.

En política territorial, la capacidad sancionadora de la Administración, observando las quejas que se han tramitado en el presente ejercicio, se constata en algunos supuestos que las respectivas administraciones públicas proceden a incoar los correspondientes procedimientos sancionadores sin que los mismos sean resueltos en plazo, caducando los mismos; también sin que las obras resulten legalizadas y además sin que se proceda a la reposición de la realidad física alterada. Con lo cual el infractor no satisface la multa que en su caso hubiera sido impuesta ni la respectiva Administración ejercita la potestad de restablecer el orden jurídico perturbado, contribuyéndose así a tener un desarrollo urbano eficaz y un medio ambiente deteriorado.

En materia de salud, listas de espera. La realidad socioeconómica de Canarias no permite a la ciudadanía, por lo general, disponer de los recursos suficientes para acudir a centros médicos de carácter privado. Su única esperanza y derecho es la solvencia del sistema sanitario público para sus padecimientos. No obstante, esta institución ha conocido de numerosos expedientes de queja tramitados en el 2011 sobre este asunto: lista de espera para operación de colostomía, para consulta en el Servicio de Dermatología, lista de espera para prueba médica de ecografía, Servicio de Cardiología, etcétera. Los datos publicados por el Servicio Canario de la Salud arrojan que el año 2011 se cerró con 24.861 usuarios pendientes de una operación. De ellos, 5.838 llevaban más de seis meses de espera. Esta situación es insoportable para la ciudadanía afectada. Tememos que los plazos previstos de espera puedan prolongarse fruto de recortes.

Tarjeta sanitaria. La demora en la recepción de la tarjeta sanitaria por parte del usuario ha sido motivo frecuente de quejas y cualquier cambio de los datos personales del usuario que implique solicitar una nueva tarjeta o, lisa y llanamente, el extravío de la misma no es satisfecha por la Administración con la rapidez precisa. En múltiples momentos los ciudadanos solicitan cierta información o documentos, por ejemplo el historial clínico, que no logran que les sean concedidos por la Administración pública de turno en aras de satisfacer su inquietud personal, independientemente de iniciar o no posteriormente el derecho a reclamar la posible responsabilidad patrimonial.

Seguridad pública, tráfico y seguridad vial. Se señala que el motivo de muchos expedientes de queja va referido al desacuerdo con la denuncia impuesta, la multa y el desarrollo del procedimiento sancionador. A saber, los ayuntamientos deben respetar las diferentes fases del procedimiento sancionador. La denuncia debe contener la opción del pliego de descargo; posteriormente se debe generar la propuesta de resolución, que puede ser contestada por el interesado mediante alegaciones; y, finalmente, la emisión de la resolución sancionadora ante la que al ciudadano solo le cabe el recurso en vía administrativa o en la jurisdicción contencioso-administrativa. Ahora bien, hay ayuntamientos, por ejemplo el de Santa Cruz de La Palma, que han contestado, a peticiones de informe de esta institución, a pesar de la espera, de forma somera, completa y cumplidora con lo estipulado legalmente. Sin embargo, insistimos, en ocasiones los ayuntamientos no son todo lo rigurosos que prevé la normativa en el desarrollo del procedimiento sancionador, dando lugar a una situación de indefensión del ciudadano, más allá de que en la cuestión de fondo se aprecie acierto o no del agente local.

Servicios sociales. Encontramos expedientes referidos a solicitud de intervención o actuación de los servicios sociales municipales, a través de las ayudas económicas de emergencia social para alimentos, problemas de vivienda, pagos de servicios de agua, luz, alquiler, entre otros. Problemas detectados: escasez o insuficiencia de dotación presupuestaria por parte de las entidades locales; insuficiencia de personal técnico en los ayuntamientos en el área de servicios sociales, en concreto trabajadores sociales, lo que se evidencia en las demoras en la simple concesión de citas previas para la atención a los ciudadanos; demora en la redacción y emisión de los informes técnicos preceptivos para la tramitación de las solicitudes de la PCI en las oficinas de la Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias. Teniendo en cuenta que la ley reguladora de la PCI establece la presentación de todos los requisitos en las oficinas municipales del domicilio del solicitante, así como un informe previo de la unidad familiar del solicitante, debemos destacar que en varias reclamaciones procedentes de los municipios capitalinos se observa la ausencia de personal técnico especializado, lo cual, en una situación socioeconómica como la actual, supone las complicaciones evidentes.

Servicios urbanos. El abastecimiento domiciliario de agua potable, de obligada prestación por parte de los municipios, genera algún tipo de quejas, que reflejan tres tipos de problemas para el ciudadano. En primer lugar, quejas que ponen de manifiesto el desacuerdo con las facturaciones emitidas por las empresas concesionarias del servicio. El desacuerdo principal, porque el interesado no reconozca el volumen de metros cúbicos de agua consumidos, resultando que, en no pocas ocasiones, tras la revisión pertinente del contador, se demuestra el funcionamiento defectuoso de este, dando la razón a los abonados disconformes. En este sentido, hemos apreciado que la actuación de las empresas suministradoras no siempre es todo lo ágil que debería.

En trabajo y función pública, es destacado el volumen de quejas relacionadas con la forma de acceder a un puesto de trabajo en las más variadas modalidades. Con carácter general, porque no se siguen los trámites establecidos en las bases o en la ley. En particular, es importante el número de reclamaciones por la valoración inadecuada de los méritos presentados.

En relación a las listas de reserva o sustituciones, en torno a las llamadas bolsas de empleo de algunos servicios públicos, las denuncias se realizan por no hacer uso de las mismas o por no constituirse o por exclusiones o inclusiones irregulares. El impago o denegación de acceso a becas, ayudas o complementos salariales es otro motivo de queja habitual en la función pública.

En vivienda, solicitantes de vivienda de protección pública y los procesos de adjudicación de viviendas. En este epígrafe, de nuevo se incluye gran número de quejas referidas a unidades familiares que, después de largos años de espera solicitando vivienda de promoción pública, no resultan beneficiarios, por tres motivos distintos. Por un lado, la falta de puntuación en la baremación, siendo el objeto de las quejas la disconformidad con la misma; por otro lado, el desconocimiento de la puntuación necesaria para ser adjudicatario, al encontrarse el proceso de valoración en la fase previa a la publicación de la relación general de admitidos y excluidos; y un tercer motivo, el no cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos, entre ellos no llevar dos años de necesidad de vivienda.

Retraso en el abono de las ayudas para el fomento del alquiler, ayudas al inquilino, habiendo formulado la solicitud de visado y arrendamiento de vivienda y ayuda al inquilino, se producen dilaciones en los expedientes incoados al efecto, tanto en la tramitación del expediente hasta la resolución, como en el abono de las mismas.

Del menor -es otro de los últimos apartados que establece la ley para el informe-. De las 1.217 quejas totales, presentadas en la institución, 35 fueron del área del menor, que supone un 2,8% del total. Fueron tramitadas 29 e inadmitidas, 6. Existe un total de 114 expedientes vivos de años anteriores.

Las causas generales para que se produzca y mantenga este retraso no pueden en absoluto ser imputables a factores externos a la institución; antes al contrario, se ha comprobado que obedece mayormente al factor humano. Por ello se han tomado las medidas oportunas para desbloquear esta situación.

Vayamos concluyendo, con la venia del señor presidente.

Consideraciones finales del Diputado del Común.

En las oficinas del Diputado del Común se ha atendido a un total de 7.719 ciudadanos, que han realizado consultas o han tramitado reclamaciones formales. En la sede de Santa Cruz de La Palma y en las oficinas administrativas de las islas de Gran Canaria y Tenerife, los reclamantes son atendidos por los administrativos y por los asesores técnicos. En las oficinas administrativas de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro atienden a los reclamantes en exclusiva, ya que son el único personal en dichas islas, los asesores técnicos. De las 7.719 personas atendidas fueron, en primer lugar, Gran Canaria, seguida de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro.

Del total de la atención personalizada en nuestras oficinas, en el 53% lo hicieron mujeres y en el 47%, hombres. Ya lo decía en las preguntas de los grupos en la comisión, que probablemente al ser horario matutino las mujeres disponen, por sus tareas domésticas, las que no están en lugares de trabajo, de mayor facilidad para acudir a presentar o a efectuar esa consulta o reclamación.

Finalmente, hay que incluir el capítulo de gestión económica. Ya bien saben todos ustedes, pues el presupuesto del Diputado del Común no es secreto para sus señorías ni para nadie, el pasado año ascendió a un total de 2.967.044 euros, llegando a una ejecución presupuestaria del 86,40%. Por cierto, nuestro presupuesto es muy inferior al de otras instituciones dependientes de esta Cámara y que no rinden públicamente cuentas de cómo lo utilizan. Si efectivamente queremos ser transparentes y justos con los ciudadanos, todos deberíamos rendir cuentas.

Con respecto a la gestión económica, he de decir que desde el primer momento en que tomé conciencia de la realidad de la institución ordené que se tomaran medidas para constreñir el gasto.

Voy a concluir. Con la máxima de ser eficaces y eficientes en la resolución de los problemas de los ciudadanos, se presenta el Informe anual al Parlamento de Canarias con este nuevo formato, para que los diputados de esta Cámara puedan tener una visión de la realidad del comportamiento de las diversas administraciones públicas canarias y por supuesto para que sepan cuál es el trabajo realizado por el Diputado del Común, que, como ya se ha dicho, se ha descubierto que no es, o ha sido, todo lo eficiente que debiera, para lo cual ya se han dado las instrucciones necesarias para ser más eficientes y eficaces y lograr un mejor aprovechamiento de los medios.

No puedo terminar mi comparecencia ante sus señorías sin elevar públicamente algún agradecimiento. En primer lugar, al presidente de la Cámara, por facilitar el pasado año que mi toma de posesión tuviese lugar en Santa Cruz de La Palma, por ser la sede oficial de la institución, y no en el Parlamento, como había sido común hasta entonces. Y, en segundo lugar, a la presidenta del Cabildo de La Palma, por su generosidad al cedernos la Casa Palacio de Salazar para la realización de dicho acto de toma de posesión en la capital insular.

Señorías, con el deseo de que con esta comparecencia tengan un poco más claro el panorama de la realidad de la Administración pública canaria en sus relaciones con los ciudadanos concluyo, agradeciéndoles a todos la atención que me han prestado.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor Diputado del Común, don Jerónimo Saavedra, y muchas gracias también por sus palabras hacia la Cámara y hacia este presidente.

Iniciamos el turno de intervención de los grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, doña Carmen Hernández.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Diputado del Común. Buenos días, señoras y señores diputados.

(El señor presidente abandona su lugar en la Mesa y pasa a ocupar la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández.)

Vivimos momentos especialmente delicados para las instituciones públicas, de enorme desafecto y desapego hacia quienes están, hacia quienes estamos llamados a ser los garantes de los derechos y libertades ciudadanos. En los últimos años hemos visto cómo la institución del Diputado del Común ha ido perdiendo la confianza de la ciudadanía. Esto se pone en evidencia, por un lado, por el número de quejas exiguo y no cabría aquí justificar esta disminución de quejas en relación a esta institución como expresión del buen funcionamiento de la cosa pública. Esa sería una interpretación excesivamente benévola y alejada, por tanto, de la realidad. Nuestra interpretación es que el Diputado del Común no es hoy una institución identificada y reconocida por los ciudadanos de Canarias como la institución para defender, para reclamar, para exigir el cumplimiento de los deberes de las administraciones públicas.

También observamos con preocupación otro hecho que se constata en las diferentes memorias, como es la escasa respuesta y diligencia de las administraciones públicas canarias en general cuando el Diputado del Común se dirige a las mismas. Si esta institución no se convierte en la conciencia crítica o en un instrumento de control y de disuasión del ayuntamiento de turno, del cabildo de turno o del departamento de gobierno de turno, se cuestiona gravemente su verdadera utilidad. Un informe de estas características, si tuviera más impacto, obligaría a cualquier institución a rectificar, a replantearse su funcionamiento, y desgraciadamente, por ahora, esto no es así. El nivel de desobediencia, la falta de respuesta es preocupante, hasta el punto de que se utiliza la misma reglamentación de la ley del Diputado del Común, tiene que recurrir la figura del Diputado del Común a esa ley para poner en manos de la Fiscalía los incumplimientos reiterados de las instituciones.

Por lo tanto, creemos que estos dos elementos ponen en evidencia que estamos ante una institución que tenemos que repensar, que tenemos que rediscutir, en una época donde parece que se impone repensar todo lo público, para evitar que continúe distanciándose de aquellos objetivos para los que fue concebida.

Entrando ya en la valoración general del informe, el número de reclamaciones nos parece un elemento de análisis muy importante, porque nos permite observar el grado de conocimiento, de confianza, que la ciudadanía tiene en la institución. Parece difícil explicar que, a pesar de que en los últimos cinco años con el impacto de la crisis los problemas crecen, fundamentalmente en el ámbito de los servicios públicos, esto no se refleje en un incremento significativo de las reclamaciones. Observando el histórico, podemos ver que hemos ido descendiendo y, por tanto, la conclusión que sacamos es que hay un descontento generalizado de la sociedad canaria hacia el funcionamiento o un desconocimiento, más que descontento, hacia el funcionamiento de esta institución. Prueba de ello creemos que es que apenas se cursan reclamaciones on-line, que resolverían problemas de tiempo y traslados, y más en un territorio como el nuestro, fraccionado. Si a este hecho, además, le sumamos lo que el propio informe recoge, y usted, señor diputado, mencionó antes, que no parece de recibo que la propia administración auxiliadora, aquella a la que los ciudadanos acuden como última esperanza, sea tan lenta o más en sus procedimientos que aquellas que generaron el conflicto.

Por tanto, creemos que con estas dos valoraciones o apreciaciones tenemos identificadas algunas de las razones que pueden provocar este poco nivel de reclamaciones.

El informe recoge en varios momentos elementos de autocrítica, un sano ejercicio, sobre todo si se tiene la intención de mejorar en aspectos que nos parecen fundamentales: la modernización, la eficacia y la eficiencia de la institución. Se plantea una reorganización interna que modernice e impulse dicha institución y para ello es fundamental, desde nuestro punto de vista, acercar la institución al ciudadano, aumentar su grado de conocimiento y, por tanto, nos parece interesante aumentar el nivel de difusión a través de campañas formativas e informativas.

Esperamos que mantenga usted durante toda su actividad como Diputado del Común esa actitud autocrítica tan poco común en Canarias, por lo menos en los responsables públicos.

Importante entendemos que es haber incorporado la perspectiva de género en el estudio de las reclamaciones. Insistimos aquí en nuestra valoración en que no se entiende el poco uso que se hace de las tecnologías, de las TIC, y, por tanto, darle una mayor difusión a la web nos parece que sería una buena fórmula.

Es imposible en tan poco espacio de tiempo que me queda tocar todas las áreas, todas ellas importantes para la ciudadanía, que plantea el informe, y, por tanto, me limitaré a algunas de ellas.

En cuanto a las reclamaciones por áreas de trabajo, es justicia, vivienda, economía y hacienda, mayores y sanidad, junto con los servicios sociales, las áreas que más quejas concentran. En este sentido hacemos una valoración de que si sumamos las quejas de las áreas de mayores, dependencia, servicios sociales, vivienda y menores, observamos que el área de políticas sociales supone el grueso de las quejas de la población canaria, hasta un total de 349 quejas, lo que supone el 28,7 de las quejas totales de la población canaria en el 2011. Esto, señorías, señor Diputado, nos parece un claro indicador de los problemas de gestión que tiene esta área. Problemas de gestión denunciados ampliamente por los propios colectivos profesionales del ámbito social y que desde el Grupo de Nueva Canarias en diferentes iniciativas hemos reflejado.

En el ámbito de los sectores administrativos, el Gobierno de Canarias concentra el 48% de las reclamaciones. También nos parece resaltable que de las 582 reclamaciones dirigidas al Gobierno de Canarias 259 -el 44,5- recaigan en una consejería: Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

En el apartado de las recomendaciones del Diputado del Común se pone sobre la mesa algo que nosotros hemos denunciado de manera reiterada: la necesidad de mejorar la gestión en materia de dependencia. Esperamos que esta recomendación del Diputado del Común, que va en la misma línea de una proposición no de ley presentada en este Parlamento por el Grupo Mixto, y que además fue apoyada por unanimidad recientemente, tenga utilidad y podamos mejorar esa asignatura pendiente como es la respuesta a las personas dependientes.

Aparecen en el informe, en diferentes puntos, problemas vinculados con el área de discapacidad, el mal funcionamiento o la ralentización del funcionamiento de los centros base de atención a las personas con discapacidad, hecho que también hemos denunciado en varias ocasiones.

En el área de mayores, nos parece destacable el hecho de que se vuelva a reiterar en el informe la necesidad de aplicar la Ley de Dependencia y el necesario desarrollo normativo en el ámbito canario.

En el ámbito de la salud y la sanidad, usted refleja las listas de espera, esos 24.861 usuarios pendientes de una operación, de los cuales 5.838 llevan más de seis meses esperando. Insoportable para la ciudadanía afectada, como dice el informe. Nosotros añadiríamos que tremendamente injusto para los que no tienen recursos, para los que no pueden acudir a una consulta privada. Además prevemos que con la crisis esta situación se agrave.

En el área de los servicios sociales, aparecen quejas que coinciden ampliamente con las distintas reflexiones y debates que hemos hecho en la Comisión de Políticas Sociales; quejas en relación a los retrasos en la Prestación Canaria de Inserción; escasez e insuficiencia del presupuesto en ayuntamientos por falta de personal en el ámbito social. Entendemos que ya se comienza a visualizar con claridad el desmantelamiento de los servicios públicos canarios y por eso la necesidad de que el Estado cumpla con el plan concertado.

Y, por último, porque nos parece especialmente relevante, nos preocupan esos 114 expedientes vivos de años anteriores en el área de menores. Nos tranquiliza deducir de sus palabras que esos 114 expedientes van a ser el centro de las prioridades. Es un retraso inexcusable, como bien dice el informe. El nivel de indefensión absoluta de los menores hace que resolver esta cuestión deba ser un tema prioritario para el Diputado del Común.

Nos parece muy positiva la recomendación que se hace de la creación del Consejo Canario de la Infancia, muy positiva la creación de una comisión de trabajo sobre la protección del menor ante los medios de comunicación. Es muy importante, somos conscientes del nivel de influencia que tienen los medios en nuestros niños, en nuestras niñas, en la adolescencia, y, por tanto, es importante que haya una comisión que vigile además el cumplimiento de la ley en esta materia.

Y otro elemento que nos parece importante y preocupante son las quejas vinculadas con los centros de menores, su funcionamiento, cuestionado en el informe y cuestionado en varias ocasiones por la sociedad canaria. Si grave es una situación de desprotección en el ámbito familiar, dramático nos parece que la Administración...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señora diputada, tiene un minuto para concluir, por favor.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente. Acabo.

Decía que si grave es que un menor esté en una situación de desprotección en su ámbito familiar, dramático nos parece que la Administración que retira la custodia de un menor a su familia se convierta en una nueva fuente de desprotección para el menor. Creo que ahí el Diputado del Común tiene una misión tremendamente importante para proteger a los menores que pudieran estar sufriendo algún tipo de situación de riesgo.

Acabo, animando a la institución, representada hoy aquí por la figura del Diputado del Común, a seguir en la línea de la autocrítica, del tesón en la mejora, en la revisión del trabajo, y entendemos que ese debe ser el reto y el objetivo de esta institución.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor Fajardo Palarea: Buenos días, señor Diputado del Común. Buenos días, señorías.

Recordaba don Jerónimo Saavedra Acevedo su paso por este Parlamento como presidente, que lo fue de todos los canarios. Yo también me acordé de ese momento cuando compareció antes para dar cuenta de un informe del Diputado del Común que, como bien él ha dicho, es un informe del Diputado del Común que corresponde al anterior Diputado del Común, porque 21 días solamente ha estado al frente de esta institución después de que fue nombrado.

Y empieza su informe haciendo constar una circunstancia que creemos importante, que es conocer en orden a explicar los datos históricos. Antes quien me precedió en el uso de la palabra había dicho que había decrecido el número de quejas, pero en el informe del Diputado del Común se explica esta circunstancia. Lo decía don Jerónimo Saavedra al iniciar su intervención, significando que la bajada de los últimos años obedece a la coincidencia de que aquellas personas que ostentaron el cargo del Diputado del Común, en vez de acumular quejas sobre idéntico objeto, lo que hacían es que las tramitaban como quejas por separado. Es algo que a lo mejor tiene alguna reminiscencia como consecuencia de la profesión a la que pertenecían, lo que se llama la acumulación de autos; cuando se es magistrado se suelen acumular juicios y a veces no se acumulan y se hacen por separado, ¿no? A efectos estadísticos, suele tener sus efectos positivos.

Aborda, además, el informe una auténtica labor de la institución, cuando dice que no parece de recibo -y se ha repetido mucho- que la Administración donde acuden como último remedio los ciudadanos canarios ante la lentitud o la inacción de las otras administraciones resulta que tarda tanto o más que las administraciones incumplidoras.

Pero el aspecto positivo de este informe es la parte propositiva, la parte de los proyectos que don Jerónimo Saavedra ha explicitado hoy aquí. Nos dice que hay capacidad económica. Yo espero que siga habiendo capacidad económica, pese a que algunos en el resto del Estado quieren la supresión de la figura del Diputado del Común. Existe voluntad política y existen ganas de trabajar del Diputado del Común y del equipo de personas que le asisten. Y además nos viene a decir que, en definitiva, en un momento de crisis como el que estamos viviendo en Europa, en España, se hacen más necesarios -yo soy partidario de eso-, más necesarios los mecanismos de control de las propias administraciones.

Le decía don Jerónimo al anterior Diputado del Común, don Manuel Alcaide -al que recuerdo con mucho cariño y del que nos estuvimos despidiendo cuatro años en este Parlamento-, que para que esta institución tenga el valor suficiente, para que sea apreciada y querida, debe hacerse valer. Por eso, cuando usted hizo el correlato del número de recordatorios de deberes, de recomendaciones, de declaraciones de obstrucción, a veces hay que dar un paso más. Más que nada para que las administraciones sepan que el Diputado del Común es una figura que está creada por ley y que tienen la obligación de contestarle cuando les requiere determinada información. O sea, tienen la obligación de colaborar en la solución de los problemas de los ciudadanos. Antes de entrar en esta sala, le decía que a lo mejor todo consiste en regalarles a todos los que están al frente de los ayuntamientos, cabildos y de las consejerías un librito enmarcado de lo que es la Ley del Diputado del Común. A ver si algunos rectifican en cuanto a su forma de contestar las peticiones que usted hace.

Pues bien, en este momento, don Jerónimo, estamos aquí para fijar posición. Fue misión de la comisión celebrada en su día hacerle a usted las sugerencias, las preguntas, que estimó pertinentes, pero hoy estamos aquí para fijar posición, y ya adelanto que nuestra posición, nuestra fijación de posición es positiva con respecto al informe. En primer lugar, porque es un informe autocrítico -ya se ha dicho-, esperanzado, por los objetivos de futuro que se traza, y es prolijo y detallado. Usted desde luego ha sido prolijo y muy detallado. Y con respecto a la sumariedad que usted reclamaba para la institución, su intervención no ha sido precisamente sumaria, pero ha sido bastante prolija y detallada en cuanto a todo lo que ha tenido que ver con lo que es el trabajo realizado por el Diputado del Común en el año 2011.

Me gustaría destacar varias cosas. Usted habla de los medios que se utilizan para las quejas y establece que el primer medio es el presencial, y nos dice por qué. Nos dice: es presencial porque la gente quiere sentirse oída, quiere sentirse escuchada, quiere sentirse entendida. Nos hace una reflexión que es curiosa, ¿no?: cómo ha bajado la forma de dirigirse al Diputado del Común por la página web, con lo cual habrá que replantearse esa página web; cómo ha subido el correo electrónico y cómo baja el burofax, pese a que el burofax tiene valor legal. Hombre, yo la reflexión que hago es que el burofax cuesta euros; los otros medios no cuestan euros. Quizás sea por eso por lo que el burofax es el medio menos empleado.

Por islas, hace usted un análisis, ya lo ha hecho someramente. A mí me llama profundamente la atención lo mismo que le llama profundamente la atención al Diputado del Común, que es que en El Hierro y en La Gomera sean tan pocas las quejas. Precisamente en El Hierro hay 19 quejas y en La Gomera, 9. Hay más quejas en El Hierro que en La Gomera.

Y con respecto al ranking que podíamos establecer, efectivamente, la justicia se lleva la palma, con 130 reclamaciones. Siguen, en segundo lugar, vivienda; economía en tercer lugar; en cuarto lugar, servicios públicos y, en quinto lugar, mayores. Usted hace una explicación bastante lógica de por qué es la comunidad autónoma la que más recibe quejas. Pues, lógicamente, por el ámbito de sus competencias.

Sí hace también una reflexión en cuanto a que los ayuntamientos reciben muchas más quejas que los cabildos. Yo creo, modestamente, que tiene una explicación: el ayuntamiento es la primera puerta donde tocan los ciudadanos y obviamente se relacionan antes con el ayuntamiento que con los cabildos.

Y también en la fijación positiva de nuestra posición tiene mucho que ver el contenido de denuncia que tiene su informe. Habla usted muy bien de cómo el 70% de la respuesta, en la tardanza, corresponde, es una de las causas fundamentales de la disfunción que se produce al llevar a cabo su misión. El 20% es debido a problemas informativos y el 10%, a la solicitud de ampliación de datos.

Me llama la atención el hecho de la no admisión de las quejas que son imputables al denunciante. Dice usted, en primer lugar, porque muchos de ellos, cuando se les requiere la información, no la dan; en segundo lugar, por la falta de vulneración del ordenamiento jurídico. Pero voy a hablar de la última, y la última es algo muy peligroso que se está dando, que son las denuncias anónimas, aquellos que, bajo el anonimato -no solamente pasa en el Diputado del Común, pasa también en los medios de comunicación-, bajo el anonimato se dedican a desprestigiar, a denunciar a terceros. Usted habla del anonimato y de aquellas que están hechas con mala fe frente a terceros, y habla incluso de la presentación de cinco quejas por el medio del correo anónimo y que han sido inadmitidas.

Las actuaciones de oficio usted las ha relatado. Usted ha hecho -y se me va acabando el tiempo ya- un prolijo y detallado informe por áreas, ha tocado todas las áreas. Yo sí voy a recalcar algunas. A mí me parece lamentable -lo mismo que le parece al Diputado del Común- que algunas administraciones locales, pese a conocer la situación de ilegalidad en que se encuentran muchas actividades, hacen poco uso de su potestad sancionadora y en pocas ocasiones deciden intervenir para solucionar el problema. Esto se llama vulgarmente "mirar para otro lado". A mí me gusta ser coherente -lo decía cuando estábamos en la Oposición y lo digo ahora que apoyo al Gobierno-: esta es una cuestión que no se puede permitir, porque la gente que denuncia llega al momento del desaliento y se terminan diciendo "para qué denuncio si al fin y al cabo la Administración después no hace absolutamente nada".

En el área de economía y hacienda, sí quiero hacer una puntualización, porque esto viene de muy atrás. No voy a nombrar a los anteriores consejeros de Hacienda, pero viene muy de atrás. Hombre, con la que está cayendo, lo que suele pasar o lo que está pasando es que no declaramos la prescripción, no declaramos la caducidad, no devolvemos los ingresos indebidos, no contestamos en tiempo, dejamos pasar los plazos que establece la propia ley; o sea, la propia Administración resulta que es la incumplidora, creando un grave perjuicio para aquellos que, teniendo el derecho a ser reintegrados en el cobro indebido que le hicieron de determinados tributos, no lo hace. Pero además con un agravante para la comunidad: que encima tenemos que pagar intereses de demora, pudiendo hacer, primero, cumpliendo la ley y, en segundo lugar, pues, no teniendo que pagar esos intereses de demora.

Termino, señor Diputado del Común, porque, claro...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señor diputado, perdone un segundo. Tiene usted un minuto para concluir.

El señor Fajardo Palarea: Muy bien.

En el área de justicia, usted ha hecho referencia, ha hecho referencia a las personas dependientes, que me las salto, en el buen sentido de la palabra, porque doña Carmen ha hecho referencia a ellas, y con respecto al menor, en el área de vivienda, pero termino con la reflexión. Usted termina o prácticamente termina su informe con estas afirmaciones que a mí me preocupan: "con carácter general, se ha detectado una excesiva lentitud de la Administración pública en todos sus niveles, y eso -y eso- cuando la Administración responde, porque en muchos casos suele incurrir en silencio administrativo, con claro perjuicio para el ciudadano". Y termina diciendo: "por otra parte, se ha constatado una posición de abuso y poder de la Administración que, amparándose en falta de personal o de liquidez, no abona o tarda mucho en abonar ayudas y subvenciones aprobadas".

Con respecto al tema del personal, una reflexión. Fíjese usted, señor Diputado del Común, muchas administraciones dicen que no responden porque carecen de personal y a nosotros se nos pide que eliminemos personal. Así es la vida, así es la política.

Muchas gracias, señor Diputado del Común.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Nacionalista Canario, doña Flora Marrero, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

La señora Marrero Ramos: Muchas gracias, señor presidente.

Bienvenido, señor Diputado del Común, a esta su casa, igual que a todo el equipo que le acompaña.

Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Nacionalista, lo primero que queremos recordar es el artículo 14 del Estatuto de Autonomía, que dice que el Diputado del Común es el alto comisionado del Parlamento para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas y supervisará la actividad de las administraciones públicas canarias de acuerdo con la ley. ¿Por qué quiero comenzar con el artículo 14 del Estatuto de Autonomía? Porque, señor Diputado del Común, nosotros creemos en la institución y la vamos a defender. No queremos, como está sucediendo en otras comunidades autónomas, que se cuestione una institución que es necesaria, que propicia la cercanía a la ciudadanía, que es un instrumento importante de conocimiento de aquellas situaciones de anormalidad en el funcionamiento de los servicios públicos, de todas las instituciones. Estamos hablando de la comunidad autónoma, hablamos del cabildo, de los ayuntamientos, de las universidades y de este Parlamento, que también tiene una reclamación. Está desglosado perfectamente en este informe y por eso tenga usted claro que desde el Grupo Parlamentario Nacionalista vamos a defender la institución del Diputado del Común, porque nos parece que es útil, nos parece que es necesaria, y lo han dicho también los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra.

Se habla en la propia institución de las advertencias, de las 85 recomendaciones, de los recordatorios de deberes legales, las sugerencias. Y un aspecto importante, lo que usted señala como declaración de obstruccionismo y que no renuncia -lo digo porque lo señaló en comisión parlamentaria-, que de persistir esa situación lo pondría en conocimiento del Ministerio Fiscal. Es un instrumento que tiene usted ahí, del que no se ha hecho uso, pero lo quiero recordar porque usted lo ha dicho en sede parlamentaria.

Le hemos dicho que apoyamos y vamos a defender, por su utilidad, la institución del Diputado del Común, pero también entendemos que es necesaria una modernización. Nos parece positivo este nuevo formato, desglosado por la perspectiva de género, como está recogido en la propia Ley de Igualdad, y también por islas, en algunas de las áreas. Es muy fácil leer ahora el informe y sobre todo a mí me parece muy interesante, y yo creo que es un ejercicio que deberían hacer todas las personas que tengan responsabilidad y desde luego todas las diputadas y los diputados, ir a estas consultas que están publicadas en la web, que muchas tienen carácter anónimo. Y me han llamado la atención, pues, las respuestas que se les dan, porque muchas de las respuestas que se les dan están fundamentadas jurídicamente. Es un ejercicio que me parece positivo. Muchas de las respuestas son contestadas en veinticuatro horas y se ven, se ven todas las quejas, que estábamos acostumbrados a verlo de una manera árida en los informes de otros años. Pues yo creo que acudir a la web y que se hace dinámico, está recogido por áreas, me parece que es positivo.

Por cierto, en el desglose que usted hace de los canales temáticos hay uno que dice "de igualdad y de violencia de género". Saben que es una demanda la petición de la adjuntía. En este momento no están nombrados pero yo creo que sería positivo que en el informe del próximo año, ya que lo tiene recogido en el canal temático, son pocas las denuncias que hay, pero me parece que sería bueno que también estuviese plasmado en este informe, ¿no?, sobre todo porque usted sabe, se lo ha hecho llegar la directora del Instituto Canario de Igualdad, que es una petición de los colectivos, ¿no?, igual que están las diferentes áreas, que está estipulado por la ley. Pero me parece que sería un detalle hacia todos los colectivos feministas y las mujeres, y sobre todo colaboraría a esta sociedad igualitaria entre mujeres y hombres.

En relación a todas las quejas, nos ha llamado la atención, y lo han dicho todos los compañeros, lo que son las quejas vivas. Hay alguna, una concretamente, que viene desde el año 2005. Esto lo relaciono, además, con las quejas que son inadmitidas, que es un número importante, las 220, y muchas de ellas obedecen, como usted bien explica en el informe...; y cuando vemos en los canales temáticos las consultas, que muchas de esas personas no saben bien o no tienen bien claras las competencias que tiene la institución y muchas de las respuestas que les dan ustedes -me refiero a en la web-, les dicen: "acuda al Defensor del Pueblo". Quizás a lo mejor sería bueno que, es verdad que algunas son anónimas, pero que se les diga: no acuda al Defensor del Pueblo sino venga a nosotros, que se lo tramitamos, porque a lo mejor esa persona, pues, ya desiste de su intención.

En las quejas vía telefónica, estamos hablando de 7.719, prácticamente, si hacemos una división, por día son como unas 21 quejas diarias, ¿no?, que se recogen vía telefónica. Quizás, si llamamos por teléfono nos cuesta dinero y si vamos presencialmente no, porque además está en la propia página web, que es el coste de una llamada local. Lo digo ya como anécdota.

Son muy preocupantes los recordatorios de los deberes legales. Me parece un número importante, los 184 recordatorios que usted señala, que lo hace de manera reiterada, pero sobre todo esta situación de que no le respondan por parte de la Administración, ¿no? Recuerdo que decíamos en la comisión que usted había tenido muy buena receptividad cuando ha ido por todos los ayuntamientos, prácticamente, de todas las islas, y sí que le decíamos que a lo mejor cuando vaya la segunda vez ya no va a tener esa misma acogida, porque ya es para reclamar. La primera vez es la bienvenida, pero ahora usted va a ir a reclamar.

Y usted anunció, yo no sé si lo ha hecho, ya lo veremos el próximo año, que va a mandar a su equipo, a sus asesores, a presentarse en las instituciones sin previo anuncio, ¿no?, sino cuando hay quejas pendientes iría a lo que es... Hay algunos ayuntamientos, muy pocos, que tienen ese enlace con el Diputado del Común, pero que se personan. Es decir, va a haber menos trabajo en el despacho y más trabajo en la calle, como usted recoge en el informe. Y desde luego que a mí me parece que eso es importantísimo. Y después darle publicidad, porque esa radiografía de que se va, porque los escritos al final los leemos a quien nos llega, pero muchas veces no se les da traslado. Y además usted ha dicho que va a publicitar, pues, todas estas iniciativas de recordatorio que haga a las instituciones, ¿no?

Pocas personas saben, pocas personas saben que la labor obstruccionista que tienen algunas administraciones se publica en el Boletín Oficial del Parlamento, está recogido aquí en el informe, pero me parece que es importante recordarlo, porque al final, cuando estamos hablando de una denuncia de una irregularidad de los servicios públicos y siempre lo hemos dicho, nosotros no lo vemos como un ataque sino lo vemos como una posibilidad de mejora. De hecho usted dice en el propio informe que la institución que más receptividad y que más escucha sus apreciaciones es la propia comunidad autónoma y menos a lo mejor las instituciones locales. Y a mí me parece que es bueno, pese a que son el 48% las quejas hacia la comunidad autónoma, pero que también recoja en el informe que es la comunidad autónoma la que más escucha y la que más corrige todas aquellas apreciaciones que usted le haga. No quiero entrar en cada uno de los desgloses porque usted lo ha hecho ya de manera bastante extensa.

En el propio informe, en la página 52, usted hace una reflexión y además en la comisión dijo que también la institución actúa a modo de confesión, recuerdo que dijo, ¿no? Dice que ha percibido en el poco tiempo que lleva que muchas personas, hombres y mujeres, acuden a la institución como un refugio y como una última esperanza. Por cierto, habla de ciudadanos; me gustaría que pusiera ciudadanía, por esto del lenguaje genérico. Pero me parece que es importante. Pues, mire, aunque sea no solo para presentar el escrito de queja sino que a lo mejor, que es la función que ustedes tienen, que ustedes tienen en la propia institución, que sirva de orientación hacia dónde deben ir, ya también es útil por eso, es útil por eso, que un ciudadano que está despistado que vaya a la institución y usted le diga, "pues, mire, a nosotros no nos corresponde, debe usted...". Me parece que esa utilidad... Y hay que darle publicidad, y se ve, se ve en la página web, muchas personas ponen su nombre, no los apellidos sino su nombre, pero también los anónimos. Me parece que es un ejercicio positivo.

Usted decía en la comisión que entendía que el incremento del número de quejas de este último año obedecía directamente a la situación de crisis, que está convencido, y también hablaba de este informe sobre la situación de exclusión social que va a empezar a elaborar, que tenía un convenio, y yo creo que es importante que una vez que tenga ese informe lo hiciese llegar al Parlamento, que no esperemos al informe anual, que llegaría a lo mejor en el mes de mayo, porque usted puede, puede venir. Porque es que la situación es tan grave y me parece que cualquier, cualquier información, sabiendo la situación tan difícil que estamos viviendo en este momento, es bueno y sobre todo porque usted tiene en valor lo que es la imparcialidad de ver los temas a lo mejor desde la atalaya...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señora diputada, perdone un segundo, tiene usted un minuto para concluir, por favor.

Puede proseguir.

La señora Marrero Ramos: Tengo un minuto, bueno, no le voy entonces a desglosar las quejas, que quería hacer una reflexión, pero, bueno, como se ha hecho...

Me parece importante también lo que usted anunció en comisión parlamentaria de la reforma del propio reglamento de la institución. Usted ha dicho que esa reforma del reglamento de la institución lo veremos reflejado en el propio informe. Me parece que es positivo, porque al final estamos hablando de lo que decíamos al principio, de la modernización, de la cercanía y sobre todo que sirva la institución como un mecanismo de control sobre la Administración pública, como usted ha descrito.

Y, mire, de todas las áreas, que no tengo tiempo de desglosar, me sigue preocupando, me sigue preocupando el área de bienestar social, el tema de los menores, el tema de discapacidad. Y termino con el tema de los mayores, y lo voy a leer en un párrafo porque voy a esperar a...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señora diputada, usted sabe que el minuto es para concluir; por lo tanto, concluya, por favor.

La señora Marrero Ramos: Me refiero a las conclusiones que ha habido con todos los defensores del pueblo de todas las comunidades autónomas, hay hasta 16 recomendaciones, es decir, que muchas comunidades autónomas en temas de mayores tienen el problema común, y al final dicen, por resumir, que es necesario conformar un nuevo modelo de sociedad fundamentada en la igualdad de hombres y mujeres y que es imprescindible incorporar la perspectiva de género en las valoraciones políticas en las personas mayores.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, don Emilio, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor Moreno Bravo: Muchas gracias, señor presidente. Señorías. Señor Diputado del Común y demás personalidades y funcionarios de la institución.

Muy brevemente, no creo que consuma los diez minutos que se me han otorgado.

Asistimos esta mañana al debate del Informe anual del Diputado del Común que, como tal, debe exponer, conforme al artículo 194 del Reglamento del Parlamento de Canarias, ante el Pleno de la Cámara. Y es de reseñar, con carácter previo, tal como ha puesto usted de manifiesto, que en dicho informe se anticipa, sin duda alguna, que se resume el fruto del trabajo del anterior Diputado del Común, don Manuel Alcaide, y ello como consecuencia de su toma de posesión como Diputado del Común, con fecha 10 de diciembre de 2011. Y el porqué de esta advertencia es evidente: se detecta precisamente una cierta crítica a la actividad desplegada hasta la fecha de su toma de posesión como nuevo Diputado del Común, afirmándose expresamente en su informe que existió durante el año 2011 en su institución una descoordinación entre el funcionamiento y la funcionalidad. Situación, precisamente, que le ha llevado a usted a afirmar que existe una gran desconfianza de los ciudadanos en la institución, cuya actividad durante el año 2011 hoy analizamos. Y, sinceramente, creo que la mala imagen de la institución del Diputado del Común no va a ser exclusivamente la tardanza en la renovación del Diputado del Común durante cuatro años y once meses por parte de este Parlamento, tal como se desglosa en su informe; no, la mala imagen y la falta de confianza por parte de la ciudadanía estriba más bien en la falta de modernización de esta institución y en la falta de respuestas adecuadas a los ciudadanos por parte del Diputado del Común para obtener una ayuda. En definitiva, canarios que, confiando en su institución, han solicitado su amparo con el fin de obtener el oportuno auxilio a sus problemas o denunciar las posibles desviaciones efectuadas por las administraciones públicas canarias por una actuación abusiva o no ajustada a Derecho y que, sin embargo, se han enfrentado ante una administración auxiliadora en ocasiones con una respuesta tan o más lenta en sus procedimientos que aquellas que generaron el conflicto.

Ante esto, es evidente que hay que proponerse nuevas políticas de actuación cara al futuro con el fin de modernizar la institución. Y bien conoce la Cámara cuáles han sido las intenciones del Grupo Parlamentario Popular al respecto, pues fueron objeto de debate en las pasadas elecciones generales. ¿No sería más conveniente en esta época de crisis que se transforme la institución del Diputado del Común de modo que seamos los 60 diputados de la Cámara los que desempeñemos esa labor? Ello significaría una medida de prudencia y, sin duda alguna, un ahorro económico y presupuestario notable.

De otro lado el Grupo Parlamentario Popular no considera ni demagógico ni poco riguroso -que esas son las palabras que usted emplea en su informe- el empleo de criterios economicistas a la hora de abordar la conveniencia y la pervivencia de una institución y más en el momento en el que vivimos. Le recuerdo, señor Diputado de Común, que por parte de algún grupo parlamentario de esta Cámara que apoyó su nombramiento se ha llegado a pedir, utilizando esos mismos criterios economicistas que usted critica, la desaparición de instituciones constitucionales como, por ejemplo, las delegaciones de Gobierno, cuya previsión se efectúa en el artículo 154 de la Constitución española. Le hablo precisamente de declaraciones recientes del presidente del Gobierno en el Pleno de la Cámara, en el Pleno de esta Cámara, con fecha 23 de octubre.

Lo cierto -y uso la terminología que usted emplea en su informe-, lo demagógico tal vez sea mantener esta institución como está, carente de eficacia y de eficiencia, de funcionalidad y de efectividad.

Y es llamativo que se nos acuse de ser poco rigurosos precisamente al pedir una modificación de la institución como la suya y, en cambio, a día de hoy, por su parte, no se hayan nombrado los adjuntos a Diputado del Común, lo que es obligatorio según ley. Dichos adjuntos son los encargados de sustituir al Diputado del Común en los casos de imposibilidad temporal. Y, la verdad, funcionar como hasta ahora, sin adjuntos, supone ni más ni menos que una modificación de facto de su institución. Vemos que usted puede hacer libremente lo que quiere y, sin embargo, cuando una modificación es instada por parte del Grupo Popular, esta es poco rigurosa y demagógica. Sinceramente no lo entiendo.

Es más, pese a las críticas de su informe -y vuelvo a insistir que se hacen en relación con nuestra posición economicista-, lo cierto es que los canarios deben saber que existe un presupuesto de casi 3 millones de euros para tramitar tan solo 1.217 reclamaciones. Y es más, voy incluso más lejos, en ocasiones la actividad que desplega su institución está duplicada por la intervención de otros organismos. Un ejemplo muy concreto: la Administración de Justicia. Con fecha 20 de septiembre de 2002 se suscribió por el Consejo General del Poder Judicial y el Diputado del Común un convenio de colaboración en el que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, la labor fundamental a desarrollar por parte de la institución en los casos de quejas relativas al funcionamiento de la Administración de Justicia sería exclusivamente dar traslado al Poder Judicial o al Ministerio Fiscal de estas quejas, sin perjuicio, eso sí, de las gestiones que el Diputado del Común pudiese realizar ante los distintos sujetos y órganos intervinientes. Esto es, le explico, 130 quejas, que son las que suponen las quejas y expedientes relativos a la Administración de Justicia, es decir, un 10,68% de las quejas globales del año 2011 solo tiene como destino por parte de su institución el traslado al Consejo General del Poder Judicial o a la Fiscalía.

Permítame que vuelva a incidir sobre los argumentos expuestos. Esto denota que existen otros mecanismos de control por parte de otras administraciones públicas más eficaces que la actual estructura del Diputado del Común, por lo que si a ello añadimos el ingente retraso e injustificado en la tramitación de expedientes y quejas formuladas, que usted ha puesto de manifiesto, el defender numantinamente una institución como la actual sería cerrar los ojos a la realidad. Respetuosamente, el Grupo Parlamentario Popular no cree que una propuesta de modificación de una institución pueda entenderse una involución. Lo ajeno a la evolución democrática es mantener las instituciones como si nadas de espaldas a la realidad, y eso, permítame, sí que es demagógico.

Finalizando, y con relación a un tema muy concreto y específico, se recoge en su informe la elevación a la Mesa del Parlamento de un total de 15 declaraciones de obstruccionismo referidas a 6 autoridades, mayoritariamente de ámbito municipal. Pues, mire, lo cierto es que, sin embargo, y la verdad, hemos tenido que esperar a la intervención en el Senado de la actual Defensora del Pueblo para ver que en breve se denunciará a la Fiscalía General del Estado como responsables de un delito de desobediencia a un total de 10 administraciones canarias, por diversos motivos. Lo que evidencia claramente que existen otras instituciones que pueden dar perfectamente cobertura a la defensa de derechos y libertades constitucionales de los canarios, a la supervisión de las actuaciones de derechos y libertades públicas canarias en sus relaciones con los ciudadanos, a fin de garantizar dichos derechos y libertades, tal como prescribe ni más ni menos que el artículo 1 de la Ley 7/2001, que regula la institución del Diputado del Común (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente).

Acabo. Tras el informe fijando posición, su institución, de verdad, sinceramente, necesita rotundamente una reforma.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente: Muchas gracias, don Emilio.

Bueno, pues, yo, concluido el informe presentado por el señor Diputado del Común y fijada la posición de los grupos parlamentarios, no me queda, señor Saavedra, que felicitarle por su trabajo, a la institución, a todo el equipo del Diputado del Común. Reconocer el esfuerzo que están haciendo también por adaptar el funcionamiento de la institución a los tiempos actuales. Sé que están en un plan de austeridad, que lo presentarán a este Parlamento, como usted ha dicho aquí, y que me consta que están trabajando también, conscientes de la situación que vivimos en estos momentos, en todas partes pero especialmente en nuestras islas, por ayudar con profesionalidad y con entusiasmo a todas las personas más necesitadas, que a veces no tienen fácilmente al alcance de su mano recurrir, pues, las irregularidades o a veces también las arbitrariedades de la Administración pública, que las tiene de por sí, no muchas veces que sea con intención.

Así que muchísimas gracias y enhorabuena, don Jerónimo.