Diario de Sesiones 60, de fecha 4/12/2012
Punto 23

· 8L/PL-0007 Debate en lectura única. Proyecto de Ley por la que se Modifica el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y Reguladora de la Licencia Comercial, aprobado por Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril.

El señor presidente: Debate en lectura única. Proyecto de Ley por el que se Modifica el Texto Refundido de las Leyes de la Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y Reguladora de la Licencia Comercial, aprobada por Decreto Legislativo 1 del 12.

Cabe, en primer lugar, la presentación por parte del Gobierno.

La señora consejera de Empleo, Industria y Comercio, doña Margarita Ramos.

La señora consejera de Empleo, Industria y Comercio (Ramos Quintana): Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

El Gobierno de Canarias trae para su debate y aprobación en el Parlamento de Canarias el proyecto de Ley por la que se Modifica el Texto Refundido de la Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y Reguladora de la Licencia Comercial.

Este texto normativo nace a raíz de los cambios introducidos a través del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Como es sabido, un real decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que ha venido a introducir un aparato en una parte interna de todo el cuerpo normativo, un conjunto de medidas conocidas como medidas de liberalización comercial. La disposición final tercera del Real Decreto-Ley 20/2012 establece que las comunidades autónomas podrán efectuar los cambios normativos conducentes a llevar a cabo la adaptación de sus normas internas reguladoras de la actividad comercial para adaptarlas a las exigencias del nuevo texto normativo estatal, para adaptarlas a las exigencias impuestas por el Real Decreto-Ley 20/2012.

En ese sentido hemos de decir, señorías, en primer lugar, que las propuestas que se traen, las medidas con las que el Gobierno de Canarias trata de efectuar la adaptación de su normativa interna reguladora del comercio y de la actividad comercial en Canarias, son consecuencia o, mejor dicho, resultado de un periodo de diálogo con los sectores representativos del comercio en Canarias. Hemos hecho, en primer lugar, una reunión con el Observatorio de Comercio de Canarias, donde hemos escuchado la voz de las confederaciones empresariales y las voces representativas de distintos sectores del comercio en Canarias, el pequeño y mediano comercio, también los grandes establecimientos comerciales, los grandes centros comerciales. Y, por otro lado, hemos convocado a los consejos insulares para recibir por parte de ellos las aportaciones correspondientes a los temas en los que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene capacidad de adaptación a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 20/2012.

Objeto de la ley, por tanto, es establecer el número máximo de domingos y festivos en que los comercios podrán permanecer abiertos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Recordaremos aquí que el real decreto-ley establece un mínimo de 16 domingos y festivos al año en los que pueden abrir los comercios, si bien señala que las comunidades autónomas pueden variar esta cifra aumentándola o reduciéndola, pero siempre respetando un mínimo indisponible de al menos 10 festivos, domingos y festivos, al año.

Pues bien, en este sentido la propuesta de regulación que se trae y que constituye, en definitiva, una modificación del artículo 12.2 del Decreto Legislativo 1/2012, que regula la Actividad Comercial y la Licencia Comercial en Canarias, esta regulación de adaptación consiste en que nosotros proponemos una regulación de mínimos, el mínimo permitido por el real decreto-ley: 10 aperturas en domingos y festivos al año. Y es una legislación de mínimos porque entendemos que a través de ella estamos ampliando el número mínimo que teníamos, que hasta ahora era de 9, pasa a 10, y protegemos, por otra parte, al pequeño y mediano comercio, que es el que más vulnerable se encuentra en la situación de crisis económica actual y sector del comercio al que más daño podría hacer una completa liberalización de los horarios comerciales.

Por consiguiente, se propone una modificación del artículo 12.2 del Decreto Legislativo 1/2012, de la Comunidad Autónoma de Canarias, y además, añadidamente, como novedad, se van a incorporar una serie de hasta cuatro criterios que deberá utilizar el consejero o consejera competente en materia de comercio para determinar cada año los domingos y los festivos que pueden abrir al público los centros comerciales. Y esos criterios los hemos establecido de acuerdo con ese proceso de consenso que hemos abierto con los representantes de los distintos sectores de la actividad comercial: apertura en al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o más festivos, apertura en los domingos y festivos correspondientes a periodos de rebaja, apertura en los domingos o festivos de mayor afluencia turística en la comunidad autónoma y, por último, apertura en los domingos o festivos de la campaña de Navidad.

Como novedad adicional, y siguiendo aquí las recomendaciones efectuadas por el dictamen del Consejo Consultivo, proponemos también la modificación del artículo 12, párrafo tercero, del mismo Decreto Legislativo 1/2012, ya que con anterioridad este precepto establecía que en cada uno de los domingos y festivos de apertura autorizada los comercios, los comerciantes, no podrían abrir al público más de 12 horas. En consonancia, y por adaptación al nuevo marco establecido en el Real Decreto-Ley 20/2012, el nuevo texto que se propone para modificación indica, en el punto 3 del artículo 12 del Decreto Legislativo 1/2012 de Canarias, indica que cada comerciante determinará libremente el horario correspondiente a cada domingo o día festivo en que ejerza su actividad.

Por último, también siguiendo las recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo en su dictamen en relación con esta propuesta de modificación normativa, traemos como propuesta a esta cámara parlamentaria la modificación de la redacción del artículo 12.3 del Decreto Legislativo 1/2012, en la medida en que la determinación de las zonas de gran afluencia turística tiene un tratamiento jurídico diferenciado en el Real Decreto-Ley 20/2012. Por una parte porque ya no son los sectores comerciales los que se dirigen a la consejería competente para solicitar la determinación o declaración de zona de gran afluencia turística, sino que van a ser los ayuntamientos; y, por otro lado, la adaptación normativa que proponemos tiene por objeto y finalidad integrar en el propio decreto legislativo autonómico, en nuestro propio texto refundido, cuáles son los criterios o las circunstancias bajo las cuales es posible solicitar, por parte de los ayuntamientos correspondientes, la determinación de zona de gran afluencia turística.

Recogemos, por tanto, en el artículo 12.3 del texto refundido, lo recogeríamos así si el Parlamento así lo considera, que los ayuntamientos podrán solicitar la calificación de zona de gran afluencia turística cuando concurran siete de los indicadores de las circunstancias que avalan la consideración de esa naturaleza. Como ustedes saben, señorías, si por una parte estamos tratando de contener un explosivo proceso de liberalización de horarios comerciales que dañarían directamente al pequeño y mediano comercio -que es el comercio tradicional y de peso de Canarias, además intensivo en creación de empleo y autoempleo-, por otro lado, estamos tratando de facilitar la utilización del recurso a la declaración de zona de gran afluencia turística por parte de aquellos municipios que cumplan con los requisitos legalmente establecidos, para facilitar así en estas zonas específicas la liberalización de horarios comerciales, que, como sus señorías saben, es algo implícito, es algo indisociado de la calificación de zona de gran afluencia turística.

Por tanto, contención con el margen de liberalización comercial que propugna el Real Decreto-Ley 20/2012. Cumplimos con las exigencias de este real decreto-ley yendo al número mínimo de festivos y domingos en que pueden abrir los centros comerciales en Canarias, pero, por otro lado, integrando en nuestro propio texto refundido los criterios y las circunstancias bajo las cuales los municipios pueden solicitar la calificación de zona de gran afluencia turística y facilitar la actividad comercial en dichas zonas.

Deben saber, señorías -ya voy concluyendo con ello-, que hemos cumplido también con la obligación impuesta por el Real Decreto-Ley 20/2012 de que en cada comunidad autónoma al menos se declarará una zona de gran afluencia turística. Ya se ha declarado así la zona de gran afluencia turística en la demarcación municipal de Santa Cruz de Tenerife, la ciudad de La Laguna ya lo ha solicitado, el trámite está muy avanzado, y también lo ha solicitado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, si bien desde la consejería hemos pedido al ayuntamiento que reintroduzca determinado tipo de correcciones en su solicitud para ajustarla precisamente al nuevo marco establecido en el Real Decreto-Ley 20/2012.

En consecuencia, estas son, señorías, las modificaciones fundamentales, esenciales y básicas, que se proponen efectuar al Texto Refundido 1/2012, de 12 de abril, Regulador de la Actividad Comercial en Canarias y de la Licencia Comercial en Canarias, para proceder a la adaptación que exige el Real Decreto-Ley 20/2012.

Finalmente, he de decir que el trámite de urgencia y de lectura única está justificado por el hecho de que esta adaptación tiene que estar aprobada antes del 31 de diciembre de 2012 para entrar en vigor el 1 de enero de 2013.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente: Muchas gracias, señora consejera de Empleo, Industria y Comercio, doña Margarita Ramos.

Vamos a hacer un turno en contra, si les parece, de diez minutos. No sé si será suficiente.

Sí, sí, sí, hay una enmienda, sí. Hay una enmienda, tiene que salir a defenderla. O sea, vamos a hacer un turno a favor y, digo, después un turno en contra y los demás grupos tendrán otros diez minutos si quieren fijar posiciones, porque la intervención, el turno en contra, que es lo que quiero decir, es una sola.

La señora Navarro de Paz (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)

El señor presidente: Para la defensa de la enmienda, sí, de la enmienda. En contra, pues, otros diez, los grupos que no hayan intervenido.

El señor Jorge Blanco: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, se trae a esta Cámara la modificación del Texto Refundido, el 1/2012, Regulador de la Actividad Comercial y de la Licencia Comercial, consecuencia de unas modificaciones previstas, como bien dijo la señora consejera, motivadas por el Real Decreto-Ley 20/2012, donde se establecen determinadas liberalizaciones o mayor liberalización en relación con la apertura comercial, con los comercios, ¿no?, fundamentalmente en la apertura de domingos y festivos y horarios comerciales. Recomendaciones que, por otro lado, vienen de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como la OCDE, y además modificaciones que, a nuestro juicio, incrementan las posibilidades del consumidor para comprar y también -por qué no decirlo- para conciliar la vida familiar y laboral, aquellas personas que no pueden comprar a lo largo de la semana porque están trabajando, pues, lo puedan hacer los fines de semana o los domingos o los festivos.

Este proyecto de ley, señorías, señora consejera, efectivamente, se adapta a ese real decreto-ley, pero se adapta en lo mínimo, con lo mínimo. Es bastante rácano, se sube exclusivamente de 8 a 10 los domingos o festivos para abrir los comercios, y en nuestra opinión, señora consejera, señorías, se sigue sin mirar a los consumidores. Seguimos sin respetar la libertad individual, la iniciativa empresarial, la libertad que permita a cada uno hacer lo que estime conveniente con su dinero o con sus negocios, a su riesgo y su ventura, sin más limitaciones que el respeto a la ley. No queremos que tenga que venir el funcionario o el político de turno a decirle a uno o a otro lo que tiene que hacer o a prohibirle hacer las cosas que estime oportuno.

A nuestro juicio, no estamos ante un choque entre pequeño comercio y gran comercio, estamos ante un choque entre los comerciantes y los usuarios por un lado y la Administración pública por otro: "no me toquen mi chiringuito político, que esto lo manejo yo y soy yo quien decido, primero, cuántos domingos abro; segundo, qué domingos abro; y, tercero, qué zonas de influencia turística declaro". Parece mentira que un proyecto de ley pequeño, de un artículo solo, dé para tanto, pero que viene a reflejar, en definitiva, cuál es la voluntad de este Gobierno de no hacer, de no innovar en la elaboración de los proyecto de ley que presentan a esta Cámara.

Esta, a nuestro juicio, es una visión, señorías, de una Administración vieja, caduca, antigua y obsoleta; una Administración pública nada acorde con los nuevos tiempos, que demandan más apertura y demandan más liberalización. Señorías, ¿por qué no, en vez de 10, 16 días los que abren los comercios? Es que ese es el sentir de los consumidores, el que abran 10 y no 16.

Hay en el informe que manda el Gobierno una cosa bastante curiosa que a mí me parece una osadía o un atrevimiento. Dice ese informe justificativo, punto 5: "si se aproxima la regulación al sentir de los ciudadanos y puede ser compartida por ellos", y la respuesta del Gobierno: "se aproxima al sentir de los ciudadanos y sin duda será compartida por los usuarios y por los consumidores". Esto particularmente a mí me parece una osadía.

¿Es verdad o no es verdad, quién lo sabe? ¿Es que en otras comunidades autónomas, como Madrid, se ha perjudicado al pequeño comercio?, ¿tenemos datos para con rotundidad afirmar eso? Yo creo que no y, por tanto, estamos yendo contra el sentido, contra las tendencias de todas las comunidades españolas, que están cada vez siendo más liberalizadoras en los horarios comerciales.

¿Por qué, señorías, es el consejero el que decide qué domingos se abre y qué domingos no se abre y no lo decide el propio comerciante, atendiendo a su libertad y a su conveniencia? ¡Qué manía de regular todo, de restringir la libertad, de controlarlo todo, señorías! Parece que al Gobierno, a su consejería, señora consejera, le da angustia, le asusta, que la gente tenga la libertad para decidir lo que tenga o lo que estime más conveniente. Dejen que sean aquellos que arriesgan en sus negocios los que decidan qué días abren y cuáles no. No traten a los comerciantes de menores de edad, puesto que no lo son, señorías, señora consejera.

Por último, ¿cómo que seis meses para resolver un expediente? ¿Es que no somos capaces en el Gobierno de Canarias de resolver un expediente en tres meses? ¿Por qué el silencio negativo, por qué no ponemos un silencio positivo? ¿Es que no habíamos quedado en otras legislaciones, en otros proyectos de ley que hemos traído a la Cámara, de instaurar paulatinamente el silencio positivo, que es el que beneficia al ciudadano? ¿Es que estamos actuando en contra del ciudadano y del consumidor o a favor de ellos? Es que esa es la impresión, señorías, que tienen los ciudadanos, de luchar o de empujar contra un muro de hormigón que es la Administración pública, no solo no me ayuda sino que además me pone todos los traspiés que sean posibles. Esa es la impresión que tienen los ciudadanos de la Administración pública y así, señorías -y con esto termino, señor presidente-, no avanzaremos jamás y otras partes de España, cada vez más abiertas a las nuevas tendencias comerciales, nos ganarán con rotundidad.

Señorías, de verdad, creo que las enmiendas tienen sentido común, son enmiendas de sentido común, y pido a la mayoría parlamentaria que reflexione sobre ellas y apoye estas enmiendas del Partido Popular, que sin duda a nuestro juicio van a mejorar el texto del proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Miguel Jorge.

¿Para el turno en contra? Don José Ignacio Álvaro.

El señor Álvaro Lavandera: Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Señora consejera.

La verdad es que tenía preparada una intervención amable, pero se me ha revuelto un poco la sangre escuchando la intervención del portavoz popular.

Este proyecto de ley, señorías, viene a adaptar el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias -después, después voy con las cosas que se han dicho (Ante las manifestaciones que se pronuncian desde los escaños.)- y R eguladora de la Licencia Comercial, aprobado por Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril. El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad -¡curioso título!-, aprobado con premura y nulo diálogo con las comunidades autónomas, modifica la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, y este proyecto de ley viene a adaptar nuestra legislación a la ley estatal, dentro del escaso margen, el escaso margen, que se confiere a las comunidades autónomas.

Este Gobierno ha adaptado con la opción que compartimos, la que más protege al pequeño y mediano comercio. Sin embargo, el Partido Popular, con su enmienda, viene una vez más a defender los intereses de los poderosos, de los grandes centros comerciales, introduciendo elementos de distorsión de la competencia con ningún efecto positivo para los consumidores, que perjudica claramente al sector del pequeño y mediano comercio, a los barrios donde se asienta, a las calles comerciales, a las zonas comerciales abiertas, a nuestros pueblos y ciudades.

Señorías, ya existe plena libertad, ya existe plena libertad de días y horas para comercios inferiores a 300 m2 o para zonas de gran afluencia turística. No se puede afirmar que en Canarias no haya libertad horaria. Ustedes van desde los 16, al máximo, y nosotros entendemos que los 10 domingos y festivos son suficientes, porque, además, consideramos fundamental -otro aspecto que se cargan con esa enmienda- el papel de las comisiones insulares de comercio para coordinar la fijación de dichos días con la participación del sector -ustedes se olvidan de la participación del sector-, estableciendo además, como lo establece este proyecto de ley, criterios claros y objetivos en contraposición con la ley de la selva que pretenden ustedes instaurar con esta enmienda, de que el grande se come al chico y aquí se acaba todo.

En cuanto a las zonas de gran afluencia turística, el proyecto de ley básicamente traslada la nueva norma estatal, realizando la enmienda del PP un cambio en el tiempo máximo de resolución y los efectos del silencio administrativo. Aquí, una vez más, inclinan la balanza hacia la desregulación. Ciertamente, nosotros regulamos y ustedes no quieren regular, y ese camino, señorías del PP, en ese camino no nos van a encontrar. Imagínense que un expediente se tramita, no se contesta en un periodo de tres meses, se habilita una zona de gran afluencia turística con el efecto del silencio positivo, se revisa de oficio al cuarto mes o al quinto mes por parte del Gobierno de Canarias esa zona de gran afluencia turística y se determina que en ese expediente hay errores de hecho o de derecho que constituyen que eso no es una zona de gran afluencia turística. Imagínese usted los perjuicios que puede tener para esos comerciantes, que tanto le preocupan, el cambiar de nuevo toda la dinámica de la zona.

Pero es que, vamos a ver, ha habido un proceso participativo en la elección de los 10 días. Ha estado el Observatorio de Comercio, han participado todas las comisiones insulares de comercio. Hasta la Confederación de Empresarios de la provincia de Las Palmas está a favor. ¿Saben los únicos que se han mostrado en contra, los únicos que han intervenido para decir que no están a favor de la limitación de 10 días -limitación entre comillas, también hay que decirlo-?: los grandes centros comerciales, los únicos. Con lo cual yo creo que ese consenso hay que respetarlo y hay que valorarlo en la tramitación de este proyecto de ley.

Yo creo que ustedes, en serio, confunden el concepto de libertad con el interés particular de unos pocos, porque bajo la palabra libertad, la libertad de hacer y dejar hacer, confunden que no hay respeto al interés general o al interés de la colectividad o al interés común.

También, con respecto a otras palabras que ha dicho, mire, usted, cuando habla del chiringuito, a mí ya me hace...; sinceramente, creo que ya es demasiado recurrente en todas las intervenciones del Grupo Popular la palabra "chiringuito". Ustedes están reforzando la palabra "chiringuito" y ustedes solo defienden los chiringuitos si están dentro de un centro comercial; si están fuera del centro comercial, no hay chiringuito que valga. Eso es lo que están demostrando en cada una de sus intervenciones.

Permítame que ponga en duda, permítame que ponga en duda, el concepto de conciliación de la vida familiar y laboral que tiene el Partido Popular, permítame que lo ponga en duda, porque el único concepto que tienen de la conciliación es para defender que los grandes centros comerciales puedan abrir los domingos para que la gente pueda ir a comprar, porque de resto, el resto de la semana, parece que esa conciliación no existe.

Y tanto que habla de Madrid, del ejemplo de Madrid, mire, yo le voy a poner el ejemplo de mi pueblo, se llama Puerto del Rosario: abrió un gran centro comercial y todas las calles comerciales parecen hoy un desierto, porque acabaron con todo el pequeño y mediano comercio de la ciudad. Eso es, desde luego, eso es lo que a ustedes les gustaría, pero nosotros no estamos de acuerdo con acabar con nuestros pueblos y con nuestras ciudades.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don José Ignacio.

Para turno de fijación de posiciones, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: ¡Hombre!, nos parece que la iniciativa del Gobierno es obligada puesto que hay un margen de autogobierno de disponibilidad horaria en materia comercial y la legislación básica, pues, obliga a unos mínimos que son modificables en virtud de las circunstancias de cada territorio y, además, la legislación básica hay que decir que surge con escaso consenso y en base a una legítima mayoría pero que, como todo, es discutible, ¿no?

Yo creo que aquí la confrontación no está entre consumidores y comerciantes sino entre comerciantes chicos y grandes. Esta es la contradicción que estamos discutiendo, porque yo creo que es poco realista, los que nos movemos desde hace mucho tiempo en esta tierra ocupados y preocupados por su funcionamiento, yo no creo que se pueda afirmar que nosotros tenemos un problema de oferta comercial, de accesibilidad al comercio. No creo que sea realista. Nosotros en lo que tenemos un problema terrible es de demanda. Este sí que es terrible y ese sí que nos va a condicionar y comprometer seriamente. El problema en estos momentos no está en la oferta. La oferta es amplia, variada y en algunos ámbitos territoriales excesiva, me da la impresión de que muy por encima de la demanda actual y potencial. Solo la impresión porque no tengo ningún análisis de rigor en la materia.

De forma que yo creo que esa contradicción que algunos tratan de colocar en relación a los horarios entre consumidores y oferta comercial yo creo que aquí, siendo realista, la contradicción está entre los pequeños, los medianos y los grandes, porque las condiciones para competir no son iguales. Por eso esta es una decisión que el Gobierno toma no de forma unilateral y este elemento que añado no es baladí en una democracia. Ha habido debates, discusiones, entre los grandes y chicos, entre las organizaciones empresariales, en las organizaciones de todo orden, y yo creo que hay una mayoría amplia a favor de poner límites a los horarios comerciales por el daño que hace a los pequeños y medianos, que están en unas condiciones competitivas muy difíciles con los grandes comercios.

Lo otro no me parece realista aunque sea legítimo decirlo. De forma que nosotros entendemos la adaptación, la compartimos y la apoyaremos.

Me gusta menos lo de los plazos y lo del silencio negativo. Me gustaría conocer una respuesta convincente en esta materia, porque creo que los plazos parecen excesivos y el silencio negativo debiéramos irlo desterrando, aunque en algunas circunstancias para que prevalezca el interés general seguramente se tenga que recurrir a él, pero esa es la parte, digamos, de la propuesta gubernamental que menos me satisface, menos nos gusta.

Y lo que sí creo, donde sí tenemos un problema de oferta es en el sector turístico, ahí sí, porque nuestros visitantes tienen más dificultades para acceder y yo creo que la norma ahora busca mecanismos para mejorar la oferta comercial para nuestros visitantes. Y me parece que la formulación que se hace permite que la variabilidad de circunstancias que se dan en el territorio canario pueda ser recogida en esta normativa.

Finalizo -y que no sirva de precedente, no voy a consumir mi tiempo- diciendo que apoyamos la iniciativa del Gobierno. Nos parece oportuna. Valoramos de manera especial el diálogo con los sectores, de forma que esta es una propuesta que no es solo de la cosecha del Gobierno, sino que recoge las inquietudes de los órganos más representativos del sector. Nos parece razonable y respetuosa con la legislación estatal. Y acabo diciendo que nos gustaría una explicación sobre los plazos y el silencio negativo.

Y un chascarrillo final: a mí las cosas que recomienda el Fondo Monetario Internacional y la OCDE yo las pongo en cuarentena, entre otras cuestiones porque las otras cosas que dice la OCDE y el Fondo Monetario Internacional es ¡viva el capitalismo financiero y que se fastidien los ciudadanos, la mayoría social! Y a esa política desde luego yo ni en lo comercial ni en lo económico y mucho menos en lo financiero hago mucho caso a esos organismos internacionales, que bien pudieran aprender de los muchísimos errores que están cometiendo y las últimas décadas son un buen ejemplo.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, don Isaac Castellano.

El señor Castellano San Ginés: Muchas gracias, señor presidente.

El objetivo de la modificación que hoy nos presenta el Gobierno no es otro que el de adaptar la normativa canaria, en este caso expresada en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, a una legislación estatal en la que se debe enmarcar, en este caso el Real Decreto-Ley 20/2012.

Fundamentalmente este decreto afecta a dos aspectos fundamentales, es verdad que otros de menor entidad, pero afecta a dos aspectos fundamentales: uno es el número mínimo de domingos y festivos en los que se puede abrir libremente y otro es la definición de las zonas de mayor afluencia turística. Entendemos que si se pretendiera una reforma de mayor alcance tendríamos que acudir a otro mecanismo que no fuera este del debate de lectura única, porque para llevar a cabo el mismo tendríamos que contar con diferentes agentes sociales y con un tiempo del que en estos momentos no disponemos.

En cualquier caso, tenemos que ser conscientes de que si establecemos el liberalismo a ultranza que propone en este caso el representante del Grupo Parlamentario Popular, nos vamos a encontrar con la existencia de perdedores y ganadores de este nuevo marco, y esta es una cuestión que no podemos ignorar. Ya decía el representante del Grupo Popular, que parece no mostrar el respeto suficiente por la actividad regulatoria que se ejerce desde las diferentes administraciones, aunque sí que le tengo que reconocer que dice una cosa, dice: "tenemos que respetar la libertad individual sin más restricciones que el respeto a la ley", y eso es lo que hacemos aquí, leyes. Por lo tanto, observo cierta contradicción en su argumentación. En cualquier caso, decía que si estableciéramos el liberalismo a ultranza, nos encontraríamos con perdedores y vencedores. Y si bien el texto propuesto por el Gobierno modifica la legislación actual canaria o la normativa actual canaria, sí que mantiene su esencia, y su esencia es la protección del pequeño y tradicional comercio, que tiene una amplia implantación en Canarias y, como bien decía la señora consejera, hace un uso intensivo del capital humano, del empleo.

Tenemos que tener presente que la capacidad de adaptación a la libertad de horarios no es la misma para las grandes superficies, que podrían llevar a cabo la misma con una simple reasignación del factor trabajo, que la del pequeño comerciante, que no tiene esta capacidad.

Y usted se olvida de una dualidad que existe en el pequeño comercio. Ese pequeño comerciante que trabaja de lunes a sábado, cuando tiene tiempo libre, también se convierte en consumidor, y la pérdida de rentas, la pérdida de rentas de este comerciante tiene un efecto también en la economía canaria que no podemos ignorar.

Yo tengo serias dudas de que la liberalización total que plantea el Partido Popular tenga consecuencias directas en el incremento del consumo. Parece que el representante del Partido Popular lo que nos viene a plantear es que los canarios no consumen porque no tienen tiempo. Este argumento nos parece completamente erróneo. Si el canario no consume es porque está sufriendo los efectos dramáticos de una crisis económica que ya se prolonga demasiado y que, hay que decirlo, empeora día tras día debido a la política de recortes que parece que no tiene fin.

Entendemos que sí, que es cierto que en determinados ámbitos la liberalización es positiva. En Canarias nos encontramos con una circunstancia especial, que es la llegada de turistas. Por eso ya la normativa actual canaria establecía la definición de las zonas de gran afluencia turística, precisamente para no perder la oportunidad de recibir las rentas que podían aportar los turistas que llegaban a nuestra tierra. En este sentido entendemos que se redefine el concepto en la ley estatal, aunque sí que es verdad, como mencionaba anteriormente, mantiene su espíritu.

El representante del Grupo Parlamentario Mixto planteaba la cuestión de los seis meses con respecto a la resolución de la definición de zona de gran afluencia turística y cuestionaba también si era aconsejable o no el silencio, que se entendiera el silencio administrativo de forma negativa, como un rechazo. Y es que no podemos entender este aspecto como contrario a los intereses de nuestra sociedad. Si entendemos, si entendemos que en una decisión de este calibre hay ganadores y perdedores, no podemos tomar la decisión sencillamente porque no se haya producido la reflexión necesaria. Entiendo que esto es lo que justifica que el silencio administrativo sea en este caso negativo, porque no podemos afrontar un cambio de estas magnitudes que se pretenden establecer sin la reflexión debida, sin una reflexión en la que tienen que participar todos los agentes sociales, todas las administraciones y por supuesto también los consumidores.

Me sorprende mucho la obsesión del Partido Popular con eso de referirse a todo lo que tiene que ver con lo canario como chiringuito, sinceramente. En este ámbito el término quizás tenía cierto lugar, en este ámbito quizás tenía cierto lugar, pero ya empieza a ser cansina esa actitud, y no porque nos ofenda a nosotros sino porque ofende al conjunto de los canarios. Ya es hora de que empiecen a respetar nuestras instituciones.

Y me voy a salir un poco del debate con respecto a este asunto, el de los chiringuitos. Basta ya de que todo lo que huela a canario, basta ya de que todo lo que tiene un acento canario, parezca que es digno de desprecio. Hay muchas cosas que tienen acento canario, pero les voy a decir una cosa. Ustedes cogen, ya que se están refiriendo, ustedes cogen, ustedes cogen la Policía Nacional y dicen, o se refieren a ella y entienden que es digna del mayor de los respetos; nosotros lo entendemos. Le cambiamos, cambiamos el cuerpo al que hacemos referencia, Policía Canaria, y se convierte en la guanchancha. A la Televisión Española en Canarias nadie le pide cuentas, a la Televisión Española en Canarias nadie le pide cuentas de cuánto gasta o cuánto no, pero si tenemos una televisión canaria, es que tenemos un chiringuito, el chiringuito particular del señor Rivero.

A las instituciones del Estado, al Gobierno del Estado, le debemos obediencia y nos ponemos firmes; sin embargo, sin embargo, cuando hablamos de nuestro Gobierno, el Gobierno de todos los canarios... (Ante las manifestaciones que se efectúan desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Yo entiendo la falta de respeto continua pero cuando nos referimos a nuestro Gobierno, nos referimos a él con todos los desprecios. Yo, sinceramente... No, dejen que se retraten, dejen que se retraten. Yo, sinceramente, lamento la actitud que mantienen.

En cualquier caso, como decía, por los motivos expuestos anteriormente, y no con estas reflexiones del final, defendemos el texto propuesto por el Gobierno.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Isaac.

(La señora consejera de Empleo, Industria y Comercio solicita la palabra.)

Sí, puede usted intervenir, señora consejera. Le agradezco que brevemente, está terminado el debate, pero lo puede hacer usted perfectamente.

La señora consejera de Empleo, Industria y Comercio (Ramos Quintana): Muchas gracias, señor presidente, por permitirme este segundo turno para precisar algunas de las cuestiones que se han puesto de manifiesto por parte de sus señorías en el debate.

En primer lugar, quisiera decir que en el ánimo del Gobierno de Canarias y formando parte de un principio fundamental de la acción política del Gobierno de Canarias está el ánimo de regular, el ánimo de regular. Forma parte de la vida política. Si los propios representantes políticos y si la propia clase política desmerece la acción de regular, carecerían de sentido muchas instituciones democráticas consolidadas en la Constitución española.

Quisiera puntualizar un aspecto que se ha manifestado por diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, como es el aspecto relativo al plazo y al silencio negativo en relación con la determinación, que es calificación, de zonas de gran afluencia turística. Efectivamente, a primera vista pudiera pensarse que seis meses es un plazo demasiado largo y que tres meses, como se ha propuesto en el texto enmendante, pudiera ser más razonable y más acorde con los tiempos que corren, pero tengan en cuenta, señorías, que ahora la iniciativa no es de la consejería a propuesta de los sectores comerciales sino que la iniciativa es a propuesta de los municipios, de manera que si la consejería tiene que devolver el expediente al municipio y este, a su vez, tiene que abrir un periodo de negociaciones con los comerciantes afectados por las zonas o partes del municipio que van a tener esa calificación, tres meses se queda muy corto.

Y en cuanto a que el silencio sea negativo, bien, en principio no habría mayor problema a que fuera positivo. El problema sí que radicaría en que el silencio operara de manera positiva por inactividad administrativa y luego se verificara que el municipio que ha pedido la declaración de zona de gran afluencia turística ha incumplido los requisitos legales establecidos en el texto refundido nuestro, que son traslación del real decreto-ley, con lo cual habría una gran dificultad para proceder a una revisión de oficio de la determinación de la zona de gran afluencia turística, porque le generaría problemas al municipio y sobre todo problemas al sector comercial, que pudiera verse luego afectado por una declaración positiva y que posteriormente revirtiera en declaración negativa.

Esos son los argumentos que entendemos prudentes, objetivos y razonables que nos han llevado a mantener la literalidad del texto refundido, tal y como estaba recogida en el artículo 12.2, párrafo segundo; es decir, los seis meses, porque ahora intervienen también los municipios y el silencio negativo por las dificultades de una revisión de oficio operada tras una calificación de zona de gran afluencia turística por silencio positivo.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señora consejera.

(El señor Jorge Blanco solicita la palabra.)

Sí, don Miguel Jorge, dígame.

El señor Jorge Blanco (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Señora Ramos, ha dicho usted que en el ánimo de los gobernantes y de los políticos está el de regular. Yo, perdóneme que le diga, en su ánimo está regular. Si yo hubiera estado en su lugar... -en algún momento alguien de este grupo estará en su lugar- está el de desregular, porque lo que hace falta en Canarias, a nuestro juicio, es desregular muchos aspectos de la vida política, económica y social de nuestro archipiélago. Esas son nuestras convicciones. La de ustedes es diferente, es obvio, tanto usted como el Grupo Socialista, en representación del señor Álvaro Lavandera, han dicho que lo que hace falta aquí es más regulación. Yo insisto: aquí lo que hace falta es menos regulación y por eso son las enmiendas que yo he presentado en este día.

En segundo lugar, habla usted de que se ha reunido con todos, igual que el del Grupo Socialista, el representante, perdón, del Grupo Socialista. Mire, no nombraron a los consumidores. Es que nuestra opción es que los consumidores puedan comprar cuando quieran, puedan comprar donde quieran y puedan comprar como quieran. Esa es nuestra opción, no es la de ustedes, eso es evidente, no es la de ustedes.

Y ya con esto termino, señor presidente, para contestar a algunas alusiones del señor representante de Coalición Canaria. Mire, de los diez minutos que estuvo usted interviniendo en ocho se dedicó a criticar la canariedad del Partido Popular. Eso demuestra la falta de argumentos, la falta de argumentos que se tiene por parte de los grupos que apoyan al Gobierno en defender este proyecto de ley.

Muchas gracias.

(La señora consejera de Empleo, Industria y Comercio y el señor Álvaro Lavandera solicitan intervenir.)

El señor presidente: Vamos a ver si centramos esto para saber.

Hombre, evidentemente el Gobierno puede intervenir cada vez que quiera en un debate como este, pero cada vez que intervenga puede reabrirlo. Simplemente se lo digo.

Y, en segundo lugar, efectivamente, ahora, al haber intervenido el Gobierno, doña Margarita, antes tiene la palabra, porque estamos en turno de enmiendas, tiene la palabra en turno en contra, si la ha pedido. Después, al final puede intervenir la consejera, sin reabrir el debate, por favor.

El señor Álvaro Lavandera (Desde su escaño): Con todos los respetos, y sin ánimo de volver a reabrir el debate, el Grupo Socialista o en general lo que pensamos los socialistas cuando hablamos de lo público y la regulación...; bueno, vamos a ver, el concepto "regular" no tiene por qué ser malo en sí. No piensen ustedes que regular es malo, se puede regular bien o se puede regular mal. Hay algunos que regulan mal, y a eso lo llaman desregulación, y nosotros optamos por regular bien.

Por otro lado, en cuanto a que los consumidores... Evidentemente, nosotros también defendemos a los consumidores. Queremos que puedan comprar en cualquier ámbito, con el mayor horario posible. Sí, se sabe ya, y se dijo antes, que los locales de menos de 300 m2 tienen total libertad horaria en todo el territorio español, no solo en Canarias, pero es que nosotros lo que pretendemos es eso, que no desaparezcan opciones de compra. Ustedes quieren que solo haya McDonald's, nosotros queremos que haya McDonald's y McJorero también, que haya McDonald's y McJorero, que haya los dos tipos de hamburgueserías, no solo las internacionales que están dentro de los centros comerciales. Eso es lo que queremos, que haya de todas las opciones posibles para que el consumidor pueda comprar una hamburguesa de carne de vaca molida en Rusia o una hamburguesa de cabra majorera. Simplemente queremos eso.

Gracias, señoría.

El señor presidente: Sí, la señora consejera. Pero yo le recuerdo, doña Margarita, por favor, que no entre, porque estamos... Es que no estamos en el turno de la ley sino de las enmiendas y es difícil no reabrir el debate, ¿eh?, es difícil no reabrir el debate.

La señora consejera de Empleo, Industria y Comercio (Ramos Quintana): Muchísimas gracias, señor presidente, por la cortesía.

Simplemente se ha hecho mención a los consumidores y usuarios y sí me parece absolutamente importante subrayar que a los consumidores y usuarios se les ha escuchado, porque forman parte del Observatorio del Comercio de Canarias, así como de las comisiones insulares.

Pero sí quisiera resaltar que en estos momentos el problema que tenemos -ya se ha indicado aquí- no es de demanda, no es de demanda, o sea, es un problema de falta de capacidad de consumo. Por consiguiente, no creo que estemos atentando contra los derechos de los consumidores y usuarios con el hecho de poner orden, orden, en la regulación normativa que permita que todo el tejido comercial de Canarias tenga unas normas claras, perfectamente reconocibles, de cuándo se abre, qué días de fiesta se abre, qué festivos se abre y cuáles son los criterios para determinar una zona de gran afluencia turística.

Y en cuanto al debate sobre la regulación o la desregulación, ya hemos conocido cuáles son los resultados de la desregulación, especialmente en el ámbito financiero. Los resultados de la desregulación son la causa y el origen de la profunda crisis económica global que estamos viviendo.

Muchas gracias.

(El señor Jorge Blanco solicita la palabra.)

El señor presidente: Muchas gracias, señora consejera.

Sí, don Miguel Jorge, dígame, dígame a efectos de qué... Sí, sí, dígame, dígame por favor.

El señor Jorge Blanco (Desde su escaño): Que la señora consejera no se refiere...; en fin, ha abierto otra vez algunos argumentos que a mí me gustaría rebatir porque...

El señor presidente: Sí, tiene... Es que estamos en turno de enmiendas y efectivamente el Gobierno aquí, el papel es presentar la ley, una vez que interviene en las enmiendas el grupo proponente y lo mismo que el grupo que está en contra... Último turno de intervención, simplemente, y no reabra el debate, para fijar su posición respecto a lo que dijo la consejera. Fijar su posición, que no es...

El señor Jorge Blanco (Desde su escaño): Dos cuestiones, señor presidente.

La señora consejera me ha rectificado porque en su primera intervención no mencionó que había hablado con los consumidores. Parece ser que sí, que usted habló. La cuestión es que no les hizo caso.

En segundo lugar, mire, aquí la cuestión estriba en que uno tenga la libertad de hacer lo que estime conveniente, que es la opción que nosotros defendemos, y la opción que defiende la señora consejera es que mi libertad la dejo en sus manos, y eso nosotros no lo podemos tolerar.

(El señor Álvaro Lavandera solicita la palabra.)

El señor presidente: No, no reabra el debate, por favor.

Don José Ignacio tiene el derecho al turno en contra respecto a lo que dijo, efectivamente, el portavoz del Grupo Popular.

El señor Álvaro Lavandera (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Para reafirmar una vez la posición acerca de dónde está el límite de la libertad de hacer lo que le dé la gana a unos, y es en el abuso sobre el interés común o sobre los que menos pueden o los que menos tienen. Esto yo sé que es difícil de entender desde una perspectiva de derecha, pero yo entiendo que... Espero que la mayoría de la Cámara sí pueda ser capaz y lo suficientemente sensible para entender que hay cosas que hay que proteger, y una de las cosas que hay que proteger en esta tierra nuestra es el pequeño y mediano comercio.

Gracias.

El señor presidente: Vamos a hacer una última llamada por si hay alguien fuera.

(El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación.)

Sí, efectivamente, sí, sí, se vota primero la enmienda y luego, votada la enmienda, se vota la ley, incorporada o no.

Vamos a votar, señorías, el proyecto de Ley por el que se Modifica el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y Reguladora de la Licencia Comercial, enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación (Pausa).

Resultado: 50 presentes; 17 a favor, 33 en contra y ninguna abstención.

Quedan rechazadas.

Vamos a votar ahora, señorías, por lo tanto, el texto del proyecto de ley sin enmiendas, puesto que las enmiendas no han prosperado. Comienza la votación (Pausa).

Resultado: 50 presentes; 33 a favor, 17 en contra y ninguna abstención.

Queda aprobado el proyecto de ley.