Diario de Sesiones 62, de fecha 18/12/2012
Punto 13

· 8L/PO/P-0674 Pregunta de la señora diputada doña María Luisa Zamora Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el incremento de las tasas judiciales, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Pasamos a la siguiente pregunta: de la señora diputada doña María Luisa Zamora Rodríguez, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el incremento de las tasas judiciales, dirigida al señor consejero de Presidencia.

Para la formulación de la pregunta, la señora diputada tiene la palabra.

La señora Zamora Rodríguez (Desde su escaño): Gracias, presidente. Señor consejero.

La nueva Ley de Tasas Judiciales, aprobada en el pasado mes de noviembre, tramitada con carácter de urgencia ante las Cortes Generales y que salió adelante con los votos en solitario del Partido Popular y la oposición total del resto de los grupos políticos, dificulta a los ciudadanos el acceso a los tribunales y tendrá un efecto disuasorio perverso. Por cierto, que ayer lunes ya se empezaron a cobrar estas nuevas tasas, ya que la semana pasada se publicó en el BOE la orden del Ministerio de Hacienda que contiene los formularios para la autoliquidación de las mismas.

Las tasas afectan a tres de los cinco órdenes jurisdiccionales. En concreto, a la jurisdicción civil, por primera vez a la social o laboral, no afecta a la primera instancia, y a la contencioso-administrativa.

Esta ley, señor consejero, es un ataque brutal al Estado de Derecho, porque supone un intento de privatizar la justicia, al igual que está ocurriendo en otros servicios públicos como la sanidad o la educación. Va a haber una dualidad de justicia, para los que tienen medios y para los que no los tienen, porque muchos ciudadanos de clase media, los que ganan más de 15.000 euros brutos al año, el tasazo, como así lo llaman, los dejará sin posibilidad de defender sus derechos ante los tribunales. Y no lo digo yo, que podría estar equivocada, lo dice la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, el Consejo General de la Abogacía, lo dicen también todos los cuerpos profesionales que forman la Administración de Justicia, operadores jurídicos, sindicatos, organizaciones de consumidores... Por tanto, los que van en sentido contrario no somos nosotros; el que va en sentido contrario y equivocado es el ministro Gallardón y el Gobierno del PP y por eso ya se puede apuntar el triste mérito de conseguir la confluencia en las calles de España de las batas blancas y las batas negras.

Con este sistema de tasas, lo que pretende el Gobierno del PP es sumar unos costes considerables para acceder a la justicia a los gastos de abogado y procurador. Lo que persigue realmente el Gobierno del PP a través de esta ley es impedir el acceso a los tribunales de las personas con menos recursos económicos, produciendo así una grave merma de la tutela judicial efectiva, que constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho, expresado en el artículo 24 del texto constitucional.

Por lo tanto, yo creo que tiene visos de inconstitucionalidad, como así se están ahora presentando ya recursos, y la justificación que el ministro Gallardón da a esa ley es para evitar la saturación de juzgados y ayudar a sufragar los gastos de justicia gratuita. Pero la saturación de la justicia se debe solucionar con la modernización y adecuada dotación de medios, impulsando una justicia ágil y eficaz.

La única razón de esta ley es un afán recaudatorio, y esto ocasiona que una mayoría de ciudadanos, como ya dije, no puedan acceder a la justicia. Por lo que significa un injusto desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva, que nos sitúa ante una...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno. Por parte del Gobierno, don Francisco Hernández Spínola, tiene usted la palabra.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Me preguntaba usted mi opinión. Mi opinión es muy negativa.

La Ley de Tasas Judiciales, aprobada por el Gobierno de España, obstaculiza y puede llegar a impedir a los ciudadanos el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Choca frontalmente contra el derecho a la tutela judicial efectiva, deja indefensos y desprotegidos a los colectivos más vulnerables y divide a la sociedad abriendo una importante brecha.

Nunca una ley ha dado lugar a un clamor en su contra como esta Ley de Tasas Judiciales. La práctica unanimidad de los colectivos judiciales -jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores-, todos han manifestado su rotunda oposición a esta Ley de Tasas, a su extensión a la primera instancia, a su extensión a las personas físicas. En definitiva, va a tener un efecto disuasorio que es claramente injusto. Pero además de injusto creemos que es inconstitucional, que viola el artículo 14, que viola el artículo 24 de la Constitución española y el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los ciudadanos -y deben saberlo, señorías- van a pagar a partir de ahora tasas fijas entre 100 y 1.200 euros, en función de los procedimientos, y a esa tasa fija hay que añadirle además una tasa variable, que significa nada más y nada menos que el 0,5% del total reclamado.

Señorías, el Gobierno de España ha optado ideológicamente por una justicia costosa, una justicia inalcanzable para el bolsillo medio. Fíjense que hasta el propio fiscal general del Estado ha dicho que las tasas le parecen excesivas. El vicepresidente del Consejo del Poder Judicial ha dicho que esas cantidades deben revisarse. No hay quien tolere esta ley aprobada por el Gobierno, por las Cortes Generales, a instancias del Gobierno de España y del ministro Gallardón, al punto de que en el día de ayer todas las asociaciones de jueces y fiscales le han remitido una dura carta al...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.