Diario de Sesiones 63/2012, de fecha 19/12/2012 - Punto 11

· 8L/PL-0008 Informe de ponencia. De la ponencia designada para el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales Complementarias a las de la Ley 4/2012, de 25 de junio.

El señor presidente: Y vamos a ver ahora, nos queda una proposición no de ley, pero se va a ver antes el punto número 6, que es el informe de la ponencia designada para el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales Complementarias a la Ley 4/2012.

Entonces comenzamos directamente con la fijación, con un turno sobre el dictamen de la ponencia y fijación de posiciones de los grupos parlamentarios.

¿Grupo Parlamentario Mixto? Se pasa directamente a... (Ante un comentario del señor Rodríguez Rodríguez.) Eso no es obligado, don Román. Al haber unanimidad en la ponencia... ¿El Gobierno no desea intervenir? (Pausa.)

Estaba comentándole que es turno de fijación de posiciones y es evidente que se tiene que referir al dictamen de la ponencia. De la ponencia, bien digo.

¿Renuncia a la fijación de posiciones? ¿Don Román? (Pausa.)

(El Gobierno no está presente en este momento.)

Vamos a esperar, vamos a esperar un momentito.

(El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Hernández Spínola, entra en el salón de Plenos.)

Definitivamente el Gobierno va a presentar el proyecto de ley (Pausa).

Bien. Para la presentación del proyecto de Ley de las Medidas Administrativas y Fiscales tiene la palabra el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Perdonen el retraso pero las indicaciones que me habían dado esta mañana era que empezábamos con una proposición no de ley y eso es lo que justifica el retraso, porque he asistido con los miembros de la Mesa y la Junta de Portavoces a la reunión que acaba de finalizar en este momento.

El Gobierno presenta esta tarde el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales Complementarias a la Ley 4/2012, de 25 de junio. Efectivamente, en el mes de junio, el Gobierno elevó al Parlamento, a este Parlamento, un proyecto de ley que tenía por objeto introducir en el ordenamiento jurídico una serie de medidas administrativas y fiscales que permitieran a la comunidad autónoma cumplir los objetivos de déficit y estabilidad presupuestaria establecidos por el Gobierno de España y la Unión Europea para el año 2012. De ese debate salió aprobada la Ley 4/2012, de 25 de junio, en la que el Gobierno introdujo medidas para aumentar los ingresos, reducir el gasto público e incrementar la eficiencia en la prestación de servicios por la Administración autonómica. Entre ellas, una reducción lineal de las retribuciones de los empleados públicos, eliminación de diferentes organismos públicos y también diversas modificaciones tributarias que han sido objeto de largo debate en esta Cámara. Tan solo unas semanas después, el Gobierno de España aprobó un Real Decreto-Ley, el 20/2012, un texto en el que el Gobierno presidido por el señor Rajoy abordaba cuestiones similares, solapándose, por tanto, la legislación estatal con la aprobada en el ámbito autonómico.

La aprobación de ese real decreto-ley obliga al Parlamento de Canarias a revisar la legislación vigente en el ámbito autonómico y el texto que hoy debatimos y presentamos en esta Cámara consta de 4 artículos, 3 disposiciones adicionales, 1 transitoria, 1 derogatoria y 6 disposiciones finales.

El texto que hoy trae el Gobierno al Parlamento tiene, por tanto, como objetivo garantizar la concordancia entre la normativa básica estatal, de obligado cumplimiento por las comunidades autónomas, con la legislación de ámbito autonómico. Especialmente importantes resultan los cambios aplicados en el sistema de retribuciones de los empleados públicos, ya que la fórmula que aprobó el Parlamento de Canarias en junio ha resultado desplazada por la normativa básica estatal, aprobada por el Gobierno de España en el real decreto-ley al que he hecho referencia.

El proyecto de ley elimina formalmente del ordenamiento jurídico la fórmula canaria para establecer la que, con carácter obligatorio, incluyó el Gobierno de España y que supone que este año, año 2012, los empleados públicos no cobrarán la paga extraordinaria de Navidad o de diciembre o, en el caso de los laborales, la paga adicional del mes de noviembre, ya que la reducción de las retribuciones del personal al servicio público realizada por el Estado supone en la práctica totalidad de los colectivos afectados una minoración superior a la que se contenía en la Ley 4/2012. El promedio de reducción supera, como saben, el 7% en la medida que adoptó el Gobierno de España, 2 puntos por encima de la que aprobó en su momento, en su día, el Parlamento de Canarias.

Además este texto legislativo que hoy debatimos establece la fórmula que finalmente se va a aplicar, se está aplicando, a todos los altos cargos del Gobierno de Canarias, desde su presidente a todos los miembros del Gobierno, pasando por viceconsejeros, directores generales y secretarios generales técnicos y asimilados, a quienes desde el mes de julio se les han reducido sus retribuciones en un 7,14%, de su retribución bruta anual. Los altos cargos del Gobierno de Canarias son quienes más han visto mermada su capacidad económica durante el año 2012, como una muestra de compromiso y austeridad del Gobierno en este momento difícil, de necesario ajuste presupuestario. La reducción que les correspondía a todos los altos cargos, aplicando la fórmula general de eliminar la paga extra, no alcanzaba para los altos cargos el 3%. Es lo que les correspondería aplicar, un 3%, no llegaba al 3%; sin embargo, este Gobierno, el Gobierno de Canarias, ha sido de los pocos, de las comunidades autónomas, que ha ido a la banda máxima, es decir, ha aplicado la reducción del 7,14% en sus retribuciones brutas anuales, para todos, para todos los cargos directivos.

Bien. Quiero hacer o quiero señalar en este punto que no hizo lo mismo el Gobierno de España; que el Gobierno de España aplicó una reducción del 7,14% solo para el presidente, la vicepresidenta y los ministros; que a partir de ahí para los secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales del ámbito de la Administración General del Estado no se les aplicó esa reducción del 7,14%, sino una reducción de en torno al 3%.

Otro asunto que reguló el Real Decreto-Ley 20/2012 y que obliga a realizar modificaciones legislativas en el ámbito autonómico está relacionado con la regulación del complemento para la prestación económica para la situación de incapacidad temporal de los empleados públicos. La normativa básica -por tanto, de obligada aplicación en esta comunidad autónoma- que aprobó el Gobierno del señor Rajoy impide complementar la prestación hasta el cien por cien de las retribuciones a los empleados públicos que estén en situación de incapacidad temporal por enfermedad o accidente laboral. El real decreto-ley establece una horquilla de mínimos y máximos para el complemento a la prestación y deja libertad a las autonomías para establecer el porcentaje final de cobertura que dará a sus empleados públicos. En el caso de Canarias, el Gobierno ha elegido la mejor opción posible para los empleados públicos, dato que quiero resaltar. Dentro de la horquilla, de la banda en la que nos podemos mover de acuerdo con la normativa básica, el Gobierno de Canarias favorece a los empleados públicos, de forma que elige la mejor opción para los empleados públicos yendo al tope máximo del complemento que permite la legislación básica en esta materia. El proyecto de ley que hoy se debate en el Parlamento formaliza este sistema de complemento de la IT para todos los empleados públicos.

El Gobierno, además, propone a este Parlamento mantener el complemento hasta el 100% del salario mensual en casos de riesgo durante el embarazo, sumando este supuesto a los ya incluidos en la legislación básica estatal, como son hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y los casos en los que la situación de incapacidad se deba a contingencias profesionales.

El Gobierno, asimismo, quiere valorar y valora la enmienda presentada por el Grupo Nacionalista Canario y el Grupo del Partido Socialista para que el riesgo durante la lactancia natural también se mantenga con un complemento del 100%.

Otras medidas que se contienen en la ley -como digo, es una ley que tiene cuatro artículos-: inspección médica. El proyecto de ley, en su artículo 3, regula el traspaso de la inspección médica para docentes desde la Consejería de Educación a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Con ello se unifica el servicio de la inspección médica para todo el personal de la comunidad autónoma, manteniendo, eso sí, como viene siendo tradición, la autonomía del Servicio Canario de Salud.

Protectorado. Hay algunas modificaciones puntuales que se han introducido para precisar el ámbito funcional del protectorado de las fundaciones canarias y se modifican determinadas tasas, suprimiendo unas tasas y rebajando otras, cosa que es importante, rebajando el coste de hasta un 50% en la inscripción de la constitución de las asociaciones, porque esto nos lo había pedido el colectivo de asociaciones de Canarias. Le habían pedido al Gobierno una reducción de las tasas y aprovechamos esta ley para hacerlo, en un 50%. Es una fórmula de comprometerse con la participación ciudadana. Por eso lo hemos hecho.

Finalmente, el proyecto de ley introduce dos modificaciones puntuales sobre impuestos: una referida a precisar la consideración de los comerciantes minoristas a efectos del IGIC y la otra, por la que se faculta al consejero de Economía y Hacienda para establecer la forma, plazos y condiciones para el ejercicio del derecho de devolución previsto en la Ley del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma sobre los Combustibles Derivados del Petróleo.

Acabo ya, señorías, señalando que este proyecto de ley no es otra cosa que la adaptación, en el ámbito de la comunidad autónoma, de la normativa básica estatal que se contiene en ese Real Decreto-Ley 20/2012, que aprobó el Gobierno de España, el Gobierno del señor Rajoy, y que luego fue lógicamente convalidado por las Cortes Generales. Es un proyecto de ley que va en la línea de producir los ajustes en el gasto público para mantener la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

Acabo con una reflexión, y la reflexión es que estamos en el mes de diciembre, momento en el que esta Cámara se dispone a aprobar este proyecto de ley. Al Gobierno le hubiese gustado poder hacerlo con un mecanismo más ágil y por eso el Gobierno echa en falta no poder utilizar la vía de la aprobación de un decreto-ley para solventar con urgencia y prontitud asuntos de este calado que afectan, como digo, a la estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera. Esto es lo que conduce a una demora, desde nuestro punto de vista, excesiva en el tiempo. Una ley, un real decreto-ley que aprueba el Gobierno de España y luego convalidan las Cortes Generales en el mes de julio, estamos hoy, en el mes de diciembre, adoptando medidas, aprobando una ley, para adaptarnos a esa legislación básica. Y el Gobierno lo lamenta, porque le gustaría haberlo hecho en un tiempo mucho menor, pero tenemos imponderables. La tramitación de cualquier proyecto de ley por el Gobierno exige la intervención de múltiples órganos, como son el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo y muchos órganos internos de la propia Administración.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero de Presidencia y Justicia, don Francisco Hernández Spínola.

Entonces entramos ahora efectivamente en el turno, único turno, para los grupos parlamentarios, sobre el informe de la ponencia y fijación de posiciones.

Don Román.

El señor Rodríguez Rodríguez: Buenas tardes.

Bueno, me alegro de que esto se haya normalizado. Me parece que despacharse una ley de esta envergadura, tal como se pretendía antes de la llegada del señor consejero, porque aquí se cambia el orden del día con demasiada frecuencia... Tenemos una Junta de Portavoces hace cinco minutos y yo me entero de que cambia el orden del día de nuevo cuando llego a la Cámara, ¿no? Desde luego la colaboración del Grupo Mixto va a cambiar en relación a la modificación del orden del día. Siempre somos favorables a hacerlo pero vamos a tener que cambiar, porque es imposible organizarse de esta manera y menos un grupo pequeño como el nuestro. Y supongo que el Gobierno, que hace más cosas, pues, más de lo mismo, ¿no?

Agradezco, en cualquier caso, que una ley de estas características la defienda el Gobierno, porque si usted no se llega a dar prisa, hubiésemos hablado aquí sin conocer la posición del Gobierno sobre un tema que es trascendente.

Esta ley que hoy estamos discutiendo aquí -y que aprobarán los grupos del Gobierno, supongo, porque nosotros no la vamos a apoyar- detrae a la masa salarial de los empleados públicos 150 millones de euros. 150 millones de euros. Por cierto, eran 109 cuando se tramitó la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales y, en virtud del real decreto-ley estatal, de ajustes, pues, aumenta la reducción salarial de los empleados públicos del 5 a más del 7%. De manera que hoy los que voten esta ley estarán detrayendo de la masa salarial, de la capacidad adquisitiva de los empleados públicos, 150 millones de euros, para que sepamos de lo que hablamos y de la importancia que tiene. Y además estaremos retrayendo y reduciendo derechos de los trabajadores públicos cuando tienen la desgracia de enfermar, porque aquí, en este país, desgraciadamente, ya no se salva nadie de la quema, incluidos los que tengan la desgracia de enfermar.

De manera que esta ley que hoy trae el Gobierno aquí trata, no, cumple con las previsiones de las leyes básicas que el Estado ha ido promulgando a mansalva y, por lo tanto, nosotros, que hemos discutido la mayor sobre cómo se está abordando esta crisis y hemos discutido que la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales no reunía los requisitos que desde nuestro punto de vista debiera reunir, ni por los procedimientos ni por el fondo ni en relación a las medidas fiscales ni en relación a los recortes, evidentemente hoy aquí manifestamos nuestro rechazo, nuestra oposición, a seguir recortando a los que no tienen responsabilidad, a seguir detrayendo recursos de la economía. Luego nos quejaremos de que en estas Navidades la gente no consuma, ¿pero cómo va a consumir la ciudadanía si la mitad está en paro y a los que trabajan cada día se les restan derechos, en las empresas públicas y en las privadas? Así nos va. Esta ley está destinada a eso, a recortar derechos, a recortar salarios, a recortar capacidad adquisitiva, a recortar capacidad de consumo, a recortar, en definitiva, demanda económica, de servicios y de bienes y a deprimir más la economía.

Por lo tanto, de eso estamos hablando hoy aquí, aunque algunos tengan prisa. Aquí estas son las cosas, las que retratan un Parlamento, estas son las decisiones que tienen consecuencias sobre la vida de la gente. Puedo entender las prisas en determinados debates que traemos en ocasiones a este Parlamento que trascienden poco a la vida de la gente, pero esto que estamos discutiendo aquí les va a complicar la vida a decenas de miles, a decenas de miles de trabajadores públicos estas Navidades y espero que en el futuro esto se corrija.

Hemos detraído con esta ley 150 millones del capítulo I por esta vía, a los que hay que sumarles 110 millones más de no renovación y de despidos. 250 millones de euros menos en el capítulo I en el año 12 y casi 90 en el próximo año. En total, 350 millones de euros de capítulo I se detraen escasamente en un año. Y eso, además de complicarles la vida a los que han perdido el empleo, a los que van a ver reducido su salario, a los que si se enferman les van a descontar cantidades injustas, ¿eh?, va a deprimir la economía, va a ser malo para el futuro, no va a contribuir en nada para salir de esta.

De manera que en esta ley de hoy nosotros volvemos a reiterar nuestra crítica, clara, contundente, sin ambages, sin medias tintas, a esta política de recortes que machaca la mayoría social y que además no sirve para recuperarnos de la crisis.

Somos plenamente conscientes de qué es lo que pretende el Gobierno en este tema, es cumplir con la legislación de orden estatal. E insisto, este recorte sobre la masa salarial de los funcionarios ha aumentado 2 puntos, 42-43 millones de euros sobre lo previsto en la Ley de Medidas Administrativas.

Nosotros volvemos a reiterar esta clara posición contraria a este tema y decimos que desgraciadamente no será el final del túnel. Estos 250 millones de menos en el año 12, esos casi 90 millones de menos en el año próximo en la ley que estamos tramitando en este Parlamento y los recortes que vendrán seguirán haciendo pagar la crisis a los mismos y nosotros desde luego no vamos a ser cómplices de una política que sabemos que está condenada al fracaso, que sabemos que no tiene fin. Sí, bueno, el fin es seguir hundiéndonos, porque todo esto lo que hará es que seamos más pobres, que tengamos menos capacidad para recuperarnos de esta importante crisis.

Acabo haciendo una consideración sobre el procedimiento elegido. Yo comprendo que el Gobierno tiene que cumplir las leyes y tiene que cumplir los plazos y que sería incluso deseable que el Gobierno tuviera la posibilidad del decreto-ley para situaciones de urgencia. Yo he defendido siempre eso en los contenidos de la reforma estatutaria. Por cierto, que no la tenemos porque algunos se empeñaron en otras prioridades no necesariamente de interés general, pero no tenemos hoy un Estatuto que nos permita eso y otras cosas, porque aquí no se ha sido lo diligente que se debía ser. Pero empiezo a temer los decretos-leyes porque hemos vivido el último año más terrible de decretos-leyes de la historia de la democracia. Debemos llevar como 27-28 leyes trascendentes, que modifican las condiciones de vida de la gente, que limitan o eliminan derechos, por un procedimiento que ni siquiera tiene el control del Parlamento, ni siquiera tiene el control por supuesto de la opinión pública. De manera que, aunque no es que me arrepienta de la tesis de que un Gobierno con responsabilidades, con altas responsabilidades, que gestiona intereses generales, pueda recurrir a un instrumento de toma de decisiones como el decreto-ley, pero casi empiezo a pensar que a lo mejor, aunque vayamos más lentos, es preferible que se discutan las cosas en los parlamentos. Es preferible que los ciudadanos sepan las cosas que aquí decidimos, porque en los procedimientos de toma de decisiones de alto interés, como ese procedimiento de los decretos-leyes, pues, al final se quedan en el despacho y entre minorías. Al menos hoy, aunque sea tarde y a trancas y barrancas, estamos discutiendo que esta ley que hoy ustedes traen aquí por imperativo legal es una ley que limita derechos, que santifica recortes y que va a deprimir la economía y empeorar las condiciones de vida de nuestra gente.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchísimas gracias, don Román Rodríguez.

Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Emilio Mayoral.

El señor Mayoral Fernández (Desde su escaño): Señor presidente, desde aquí, desde el escaño.

Y a mí tampoco me gusta, don Román. ¿Cómo nos va a gustar a alguien que se recorten derechos, en este caso rebajar los sueldos a los funcionarios? Pero lo que hoy se debate aquí es una adaptación a un imperativo legal, como ha terminado diciendo en la tribuna, que nos obliga a aceptar lo que se ha planteado desde el Gobierno nacional y, por lo tanto, esta ley establece, pues, esas dos condiciones de, por un lado, la disminución de los gastos de personal relativos a la paga extra del mes de diciembre y, por otro lado, el tema de la incapacidad. Es verdad que de rondón la ley introduce otros dos elementos: uno para la consideración de los comerciantes minoristas y otro también para hablar de las fórmulas de la devolución del impuesto de combustibles, aprovechando, supongo, ya que se traía la ley, pues, para introducir estos dos elementos. Pero, bueno, básicamente, el concepto, la filosofía de esta ley, era adaptarnos a la legislación básica estatal, estamos obligados a ello.

Yo comparto absolutamente que los criterios por los cuales se está produciendo todo este tipo de recortes vienen adoptados por las políticas económicas o macroeconómicas dictadas a nivel europeo. Yo ni siquiera le echo la culpa ya a Madrid, porque yo creo que, efectivamente, les obligan también a una serie de recortes, aunque es verdad que hay luego matices y hay, evidentemente, posibilidades de hacerlo de alguna u otra forma. Pero, bueno, la mayor es que el déficit y la lucha contra el déficit que se plantea a nivel europeo desde luego no nos va a sacar de la crisis sino que va profundizar en ella.

En cualquier caso, y muy brevemente, el Grupo Socialista apoya, junto con las enmiendas que había presentado con Coalición Canaria, la ley para su adaptación básica y el contenido en la misma expresado.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Emilio Mayoral.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano.

El señor Ruano León: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

Pensaba realmente que la intervención en este proyecto de ley debía y debe ser una intervención breve, pero quizás con la intervención del Grupo Parlamentario Mixto, del portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, siempre volvemos a la casilla de salida, en un debate en torno a cuáles son las decisiones macroeconómicas que se están tomando del entorno económico del que formamos parte, la eurozona, sobre, en definitiva, si se da cumplimiento al pacto de estabilidad y crecimiento. De la estabilidad sabemos algo; del crecimiento, de momento todavía nada. Pero eso no significa -y creo que es importante que se diga, creo que el señor Mayoral lo ha dicho también-, no significa que nosotros estemos al cien por cien con ese conjunto de decisiones. Al final el formar parte de ese entorno económico lleva a un conjunto de servidumbres. Yo me resisto también, desde el punto de vista doctrinal y teórico, a muchas de esas decisiones. Podríamos hablar de ello, creo que lo hemos hecho en alguna otra ocasión en debates de mucho contenido que hemos tenido, sobre deuda pública, sobre FLA, en definitiva, sobre temas de naturaleza económica. Pero, señor Rodríguez, le digo lo que creo que en alguna ocasión le dije en alguna Comisión de Presupuestos, que es que al final el que tiene la responsabilidad de gobernar tendrá que tomar las decisiones que tenga que tomar en relación a cómo gestiona el periodo de crisis, que yo digo el periodo de depresión económica.

Y en ese sentido, y en ese sentido, esta no es una ley desligada del proyecto de Ley de Presupuestos. No es una ley desligada de un modo de hacer una política, si quiere usted, digamos que suaviza, que suaviza de alguna manera el impacto que podrían tener otras políticas en relación a cómo se gestiona la crisis; es decir, cómo se establece un suelo para los servicios públicos básicos, cómo el Gobierno ha decidido plantear como prioritaria la defensa de su sistema educativo, la defensa de la sanidad, la defensa de los servicios básicos, la aportación que se hace a cabildos y ayuntamientos justamente para que presten los servicios sociales básicos, la defensa en iniciativas, en proposiciones no de ley, como esta mañana realizaba nuestra diputada Nuria Herrera, en torno a los bancos de alimentos... Es decir, hay modos distintos de afrontar la crisis y el Gobierno de Canarias lo está haciendo. Quizá usted, en el momento, digamos de la oposición en el papel que tiene en la Cámara, que nosotros valoramos también en cuanto a las aportaciones que realiza, pues, quizás tiene más libertad para hacer ese tipo de discursos, que tienen un contenido teórico razonable, respetable e incluso en muchas ocasiones a compartir, pero que no solucionan el problema inmediato que tenemos desde los grupos que apoyamos al Gobierno, que tiene el Gobierno, como al final responsable de la gestión de los intereses públicos de los canarios y de las canarias, y esa es la cuestión.

¿El Gobierno lo ha hecho bien en este asunto? Lo ha hecho razonablemente bien. Adapta la legislación eliminando incluso alguna parte de su régimen de tratamiento de los sistemas, por ejemplo, ha adaptado el tema de la retención salarial. Ya la ley de junio preveía que si a nivel de Estado se tomaban decisiones en esa materia aplicaríamos la normativa del Estado en función de su carácter o su naturaleza básica. Y lo que se hace es trabajar sobre una decisión, señor Rodríguez, y esto es importante, donde no se puede seguir improvisando. Es decir, el gran drama de la toma de decisiones a destiempo, y eso se practica mucho con el instrumento del decreto-ley, por tanto, disiento de algunas manifestaciones esta tarde...; es decir, el consejero de lo que ha hablado es de la necesidad de que tengamos la herramienta en el marco del Estatuto de Autonomía y para resolver algunas cuestiones, pero las condiciones que se establecen en la Constitución para el decreto-ley del Estado son en casos de extraordinaria y urgente necesidad y existe la necesidad de planificar mejor las cosas. ¿Por qué? Porque, mire, si el Gobierno del Estado decide, por ejemplo, una retención salarial tan significativa como la que ha realizado sobre el conjunto de los empleados públicos, hubiera sido distinto que lo decidiera en enero, y en ese caso se podría ver cuál era el impacto de la paga, en lugar de hacerlo en Navidad. Lo mismo se planifica mejor y se hace la mitad en julio, la otra mitad en Navidad, la incidencia sobre la economía es otra. Pero, como se improvisa, como se improvisa, el resultado es justamente que se hace sobre una paga directamente vinculada al consumo navideño, directamente vinculada al funcionamiento de la economía, y consecuentemente produce necesariamente, incide en el crecimiento.

Por tanto, en relación con el decreto-ley y en relación con la decisión estatal, es censurable que, desconociendo o disintiendo incluso de la medida sustantiva, pongamos que aceptamos que se tramite, pero no puede ser que todo esto sea, que cada viernes tenemos un conjunto de sorpresas en forma de decreto-ley que nos anuncian y que tenemos que ver en el boletín oficial del día siguiente.

Por tanto, hay modos distintos de afrontar la crisis. Creemos que el Gobierno lo ha hecho razonablemente bien. Incluso el consejero destacaba cómo ha aplicado el régimen de retención salarial al conjunto de los altos cargos de la comunidad autónoma. Al final estas cosas cuando suceden nadie las destaca y cuando no suceden o incluso cuando se inventan, pues, está todo el mundo hablando, y si quieren mañana tendremos ocasión de verlo con motivo de algunas de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios en relación con la Ley de Presupuestos de Canarias.

Por tanto, señorías, estas cosas que no se destacan se están haciendo, y se están haciendo sobre la base de un tema que es principial, principial, 'de principio', y es la defensa de los servicios públicos: educación, sanidad, servicios sociales. Quien pierde el norte en eso al final se equivoca día a día en el conjunto de las decisiones. Y hay veces que en la política fiscal -y hablamos de tasas, hablamos de muchas cosas-, pues, se pueden cometer errores que afectan, sí, directamente al consumo y algunas veces escuchamos discursos, que yo no quiero decir liberales porque al final no son liberales sino neoconservadores, y esos, dentro del liberalismo, del arco amplio del liberalismo, son discursos que corresponden a determinada época histórica, la más reciente, en el siglo XX, la época de los 80, con Reagan, con Thatcher, en fin... Y hay teorías que nos dicen de esa manera y, sin embargo, se practican después disminuciones de la renta disponible con decisiones en torno al impuesto sobre la renta, al impuesto sobre el valor añadido, en fin, en el caso del marco continental, y sobre un conjunto de decisiones que afectan sin duda al consumo, que deprimen más la economía, como usted señala. En fin, compartimos cosas de estas, pero al final tenemos que tomar las decisiones.

¿Y cómo se están haciendo?: conservando o protegiendo al máximo los servicios públicos. Y esta, esta ley, es una herramienta más de cómo se ha venido haciendo esa política. Y el Gobierno lo hace, por ejemplo, introduciendo nuevos supuestos en la no deducción por IT, por incapacidad transitoria, lo hace introduciendo el supuesto que señalaba el consejero de Presidencia en torno a la baja por maternidad, a la que suma el posible peligro durante la lactancia. En fin, un modo social de encarar la solución. Y eso en el marco de ese principio del que hablábamos también en otro tipo de debates, el que se habló aquí cuando hablamos del Informe Solbes, sobre la paridad social como objetivo. Porque el gran drama, el gran drama de las decisiones que en la eurozona se están adoptando es que se está rompiendo la paridad social en Europa, y esto no sabemos cuánto tiempo tardará en volverse a alcanzar. Dicen que habrá un momento en que se toque suelo y que después, una vez se toque suelo, se empiece a crecer. En fin, lo veremos.

En todo caso creo que, desde el punto de vista de la concreción de las medidas, el Gobierno ha acertado en el modo de ejercerlas a través de este proyecto de ley. Se han hecho algunas enmiendas que mejoran algunos de los supuestos, como señalaba el consejero de Presidencia, y creo que en ese sentido nadie ha intentado hurtar debate alguno. Incluso en la ordenación quisiera señalarle, señor Rodríguez, que fue un asunto que la Mesa planteó en relación con la ausencia previsible de algunos diputados de islas no capitalinas, que deben coger vuelos a las siete, a las ocho. En fin, no quiero entrar en eso, es un asunto que se ha planteado, pero que usted lo ha planteado con vehemencia y mirándonos a nosotros, y nosotros no tenemos nada que ver.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don José Miguel Ruano.

Grupo Parlamentario Popular, don Jorge Rodríguez tiene la palabra.

El señor Rodríguez Pérez: Señor presidente. Señorías. Señor consejero.

Desearía que no se trataran de un reproche las últimas palabras con las que usted terminó su intervención y abandonó esta tribuna, cuando se refería al hecho de la tardanza, la demora, con la que este proyecto de ley viene hoy a debate y a su aprobación si procediere después de la votación que corresponda, porque quiero recordarle que el real decreto-ley del que trae causa este proyecto se aprobó en el mes de julio y el Gobierno de Canarias aprobó este proyecto de ley el 15 de noviembre, y tan solo en un mes nos hemos dado cita aquí para poder llevar a cabo su debate y su aprobación. Por tanto, este Parlamento y sus señorías hemos cumplido con nuestra tarea, así no el Gobierno de Canarias.

Ya se ha dicho, señorías, que este proyecto de ley, que esta iniciativa legislativa, viene justificada por la necesidad de la adaptación de la legislación autonómica a la legislación básica contenida en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, pero, señor consejero, este proyecto de ley no es solo eso, no solo es eso, va mucho más allá y modifica determinados artículos que nada, nada, en absoluto tienen que ver con la Ley 4/2012 que aprobamos en este Parlamento en el mes de junio, así como la de modificación también de otros artículos de otras leyes, como la de Fundaciones, la de Tasas, Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias y la del Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo.

No manifestamos reparo alguno, señor consejero, a la legalidad del proyecto de ley, pero sí le reprochamos, y ya se lo advirtió también el Consejo Consultivo y también el Consejo Económico y Social de Canarias, la técnica legislativa utilizada, que afecta primordialmente a la seguridad jurídica, que entre otros elementos principales me gustaría destacar dos. Por una parte, el proyecto de ley presenta un contenido heterogéneo, incluyendo materias que afectan al personal al servicio del sector público autonómico y que vienen motivadas por la entrada en vigor -lo acabo de mencionar- de la legislación básica en la materia, pero también otras modificaciones que afectan a normas de carácter tributario y a las fundaciones canarias. Lo decimos, señor consejero, porque esta falta de homogeneidad material impide que se dote al conjunto de la regulación de una trabazón lógica que permita su conocimiento directo cuando uno lee realmente el destino de la norma, con lo que se atenta -y usted lo sabe bien, que forma parte de ese mundo como yo-, afecta duramente, intensamente, a lo que denominamos la certeza del Derecho. La modificación en un solo texto, señor consejero, de una pluralidad de disposiciones legales genera -usted lo sabe bien- no solo incertidumbre en sus destinatarios, con afectación concreta a la seguridad jurídica, sino que además dificulta a este Parlamento, bueno, pues, un debate sosegado, monográfico, concreto, certero, sobre lo que realmente hemos de valorar en relación con lo que nos propone el Gobierno y, por tanto, la incidencia que todo ello puede tener en el ordenamiento jurídico canario.

En este proyecto de ley se habla de modificación de determinados artículos de la Ley 4/2012, con el objetivo, digo, de adaptarnos a la legislación básica, pero también se incluyen otras modificaciones que en realidad -usted lo sabe bien- no son modificaciones sino que son derogaciones, derogaciones.

Repito, la técnica legislativa utilizada lo que provoca, señor consejero, es complejidad en el conocimiento de las normas y sobre todo este proyecto de ley no responde a su verdadera finalidad y, si no, me remito a la exposición de motivos. Su contenido normativo tiene escasísima conexión con lo que se presenta en la exposición de motivos como objetivo y finalidad esencial de la misma, que es asegurar la sostenibilidad de las finanzas de la comunidad autónoma y preservar la prestación de los servicios públicos.

Por todo ello, señor presidente -termino ya-, señor consejero, señorías, nos parece, al Grupo Parlamentario Popular le parece mucho mejor, en fin, situarnos en el no, en el no, pese a que sea una adaptación gran parte del texto del proyecto de ley a una legislación básica del Estado, pero nos parece, de verdad, que está el Gobierno excediéndose en sus, no digo atribuciones, pero sí en sus oportunidades para hacer cierto el derecho que nos es, de alguna forma, necesario cumplir y, sobre todo, los destinatarios de las normas van a verse realmente confundidos cuando ven no solamente el título de la ley, cuando ven la exposición de motivos, sino cuando comprueban que el texto normativo nada tiene que ver con lo que se anuncia, incluso con el propio texto de la denominación del proyecto de ley.

Nada más, señor presidente, señorías. Muchas gracias.

El señor presidente: Muchísimas gracias, don Jorge Rodríguez.

Señor consejero, señor consejero de Presidencia, si usted desea intervenir, para concluir el debate. Brevemente.

Muchísimas gracias.

Desea intervenir porque lo prevé el Reglamento.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Señor presidente. Señorías.

Ha habido dos grupos parlamentarios que se han manifestado contrarios a la aprobación del proyecto de ley. Tienen toda la legitimidad, por supuesto, para hacerlo, pero sí que creo, sí que creo que es conveniente recalcar algunas cuestiones.

La primera: con esta ley no se produce ningún recorte. No es la ley del Parlamento de Canarias la que produce recortes. Los recortes se aprueban por un real decreto-ley de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. Que quede claro esto.

Y he oído decir aquí, en esta tribuna, que se limitan derechos y que se recortan. No nos gusta a nadie, a ninguno, estoy seguro de que a ningún diputado. Al Gobierno tampoco le gusta traer esta ley de adaptación y de cumplimiento de la normativa estatal. A nosotros tampoco nos gusta traer aquí una ley que recorta derechos de los empleados públicos, que recorta la incapacidad temporal. No, no nos gusta, pero tenemos que cumplirla. Porque yo preguntaría: si alguno de los parlamentarios que se han subido a esta tribuna gobernaran, ¿qué harían?, ¿qué harían?, ¿los parlamentarios que se han subido a esta tribuna qué harían si gobernaran?, ¿cumplirían la ley o no la cumplirían? Estamos en un Estado de Derecho.

Miren, hay algunas comunidades autónomas -lo hemos visto recientemente- que han intentado sortear la ley. El País Vasco ha intentado pagar la paga extra de los empleados públicos en el mes de diciembre. No ha podido, no ha podido sortear la ley, porque el Gobierno de España ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional ha suspendido la decisión, la resolución, del Gobierno vasco. Por tanto, en un Estado de Derecho este Gobierno al menos va a cumplir la ley, lo va a hacer, le guste o no le guste, y estas decisiones no nos gustan.

Segunda cuestión que también quiero dejar muy clara. Compartiendo que el contenido de la ley es heterogéneo, es decir, que se han regulado en esta ley algunas cuestiones que no tienen que ver efectivamente con lo contenido, con lo dispuesto, en ese real decreto-ley, quiero decir que esta ley consta de 4 artículos, esos 4 artículos están referenciados al real decreto-ley; esta ley consta de 3 disposiciones adicionales, las 3 disposiciones adicionales están referenciadas al real decreto-ley; consta de una disposición derogatoria y una disposición transitoria. Todo eso en el marco del real decreto-ley. Por tanto, mayoritariamente el contenido de la ley responde, responde, al real decreto-ley estatal. Y es verdad, y el Gobierno asume, que en las disposiciones finales se han regulado unas materias, digamos, que no tienen una conexión directa con el real decreto-ley y el Gobierno lo hace por necesidad, por necesidad, aprovechando la tramitación de este real decreto-ley, como han hecho todos los gobiernos de toda la historia democrática en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico. Podría ponerle cien mil ejemplos y creo que no es una buena técnica, creo que no es una buena técnica. Pero, en cualquier caso, sí que quiero disipar una duda: no hay ninguna duda sobre la seguridad jurídica. Certeza y seguridad jurídica la hay y está corroborada por quien tenía que hacerlo, que es el Consejo Consultivo de Canarias, que dice que este proyecto de ley se adapta al ordenamiento jurídico y que no vulnera ninguna norma.

Y con esto acabo, agradeciendo las intervenciones de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. Quiero también darles las gracias porque las enmiendas que han presentado mejoran el texto y espero el próximo año no tener que traer leyes como esta, que desde luego al Gobierno de Canarias no le gusta nada.

Gracias.

El señor presidente: Muchísimas gracias, señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

Vamos a votar, señorías. Bien, vamos a proceder a votar el informe de la ponencia sobre el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales Complementarias a la Ley 4/2012, de 25 de junio. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 46 presentes; 28 a favor, 18 en contra y ninguna abstención.

Queda aprobado el dictamen de la ponencia y, por lo tanto, el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales.

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  • 8L/PL-0008 Sobre De Medidas Administrativas y Fiscales complementarias a las de la Ley 4/2012 de 25 de junio.


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