Diario de Sesiones 67/2013, de fecha 6/2/2013 - Punto 3

· 8L/C-0693 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre frecuencias, plazas y precios del transporte aéreo Canarias-Península y viceversa.

El señor presidente: Entonces vamos a ver la otra comparecencia del señor consejero de Obras Públicas, en este caso instada por el Grupo Nacionalista Canario, sobre las frecuencias, plazas y precios del transporte Canarias-Península.

Por el Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano.

El señor Ruano León: Señor presidente, señorías, señor consejero.

El fundamento de la petición de esta comparecencia, señor consejero, responde a un seguimiento específico que nuestro grupo ha venido realizando en el último año a la problemática de la conectividad del transporte aéreo con Canarias desde la Península y de Canarias con la Península. En ese sentido, señor consejero, hemos presentado iniciativas diversas, de las cuales le puedo citar algunas. Hicimos el 6 de marzo del pasado año una pregunta al presidente sobre la suspensión de actividades de Spanair; en septiembre, sobre el presunto fraude en la acreditación de la condición de residente mediante el DNI; en diciembre, pregunta sobre acciones ante la problemática en las comunicaciones aéreas Canarias-Península; otra pregunta sobre la incidencia del plan de reestructuración de Iberia, realizada al presidente del Gobierno; y en el día de ayer, como es conocido, una pregunta, al presidente también, sobre fijación de un tope a la subvención por residente como proyecta en este momento el Ministerio de Fomento.

Señor consejero, no voy a hacer una comparecencia, no le pedimos información de forma exclusiva sobre decisiones públicas que pueda adoptar en este momento el Gobierno de España como responsable de la competencia sobre el tráfico aéreo, sino sobre la problemática global del transporte aéreo entre Canarias y la Península y viceversa. Quiero decir con esto que hay un conjunto de decisiones privadas que tienen mucho que ver con la situación del tráfico aéreo en este momento entre Canarias y la Península o viceversa. Me refiero específicamente a la pérdida de plazas aéreas entre el archipiélago y la Península, 600.000, con la caída de la compañía Spanair o incluso en este momento al plan de reestructuración de Iberia, conocido también como plan de transformación de Iberia.

En este sentido, decirle que, como señala la propia compañía Iberia en su página web, ha tenido unas pérdidas operativas en los primeros nueve meses del año 2012 de 262 millones de euros y el plan de reestructuración contempla entre otras cuestiones, entre otras cuestiones, aparte de regulaciones de empleo y bajadas salariales, que se están negociando en el ámbito correspondiente, contempla, digo, la aparición de nuevos modelos de compañías en las rutas de corto y medio radio, estableciendo la distancia entre Canarias y la Península dentro de aquellas que se consideran de medio radio, porque no son intercontinentales, no van en dirección a América, que son las de largo recorrido. En este sentido se ha creado dentro del grupo la compañía Iberia Express, que en este momento, en la temporada de invierno, viene cubriendo los tráficos entre la Península y Canarias.

Hay, desde el punto de vista objetivo, aparatos buenos y, desde el punto de vista de su operatividad, los Airbus 320, como aparatos operativos, pero estos aparatos, señorías, tienen un máximo de 177 pasajeros, lo que hay que considerar en relación con el momento en que operaba la matriz Iberia, con otros aparatos también de mayor capacidad como son los Airbus 340.

Señor consejero, sé que no tenemos los datos adecuados para saber realmente cuál es la incidencia en el número de plazas, pero está claro que a la misma demanda con menor oferta se encarecen los precios. Esta es una situación objetiva que se ha producido por decisiones empresariales, primero, la caída de Spanair y ahora un plan de reestructuración de Iberia, que ha sido hasta hace no muchos años compañía de bandera en el Estado español.

Junto a eso, hay decisiones sobre subida de las tasas, sobre acreditación mediante un papel, el llamado papelito, por decirlo así, el certificado de residencia, contrario al acuerdo que se adoptó en esta Cámara, e igualmente en este momento la pretensión de fijar un límite cuantitativo a la subvención por residente.

En este sentido, señor consejero, nosotros queremos conocer cuál es la situación global, en qué medida el Gobierno puede tener actuaciones ante una compañía privada pero frente a la que tenemos que garantizar los tráficos y, a su vez, cuál es la acción prevista por el Gobierno en relación con las próximas decisiones que pretende adoptar el Gobierno de España.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don José Miguel Ruano.

Por parte del Gobierno, el señor consejero de Obras Públicas y Transportes, don Domingo Berriel.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente. Señorías.

En efecto, si analizamos los datos de conectividad de Canarias con la Península y hacemos una comparativa de operaciones que se realizaron en el año 2012 con los datos del año anterior, con el 2011, nos encontramos con que hubo un descenso entre el 2012 en relación con el 2011 del 15,7%, al pasarse de 27.156 operaciones realizadas en el año 2011 a tan solo 19.521 operaciones en el año 2012.

Esta disminución del tráfico, con independencia de la capacidad de las aeronaves, que, como usted ha dicho, también ha disminuido, esta disminución, como digo, se debe fundamentalmente a la caída de la demanda en el mercado doméstico, que ha descendido un 11% respecto al año anterior, y a la desaparición de la compañía Spanair, responsable del 11,4% del mercado doméstico canario, en el 2011, si bien hay que decir que compañías como Ryanair o Vueling han apostado por potenciar su presencia en el mercado canario hasta ahora y han ocupado parte del hueco dejado por aquella compañía.

En cuanto a la conectividad mensual del tráfico Canarias-Península, el informe del Observatorio de conectividad y precios del Estado señala que la reducción de demanda asociada a la difícil coyuntura económica actual ha supuesto la reducción de rutas y frecuencias por parte de las compañías aéreas. Así, mientras en noviembre del 2011 el archipiélago canario contaba con 15 conexiones con la Península, en noviembre del 2012 tenía 9, es decir, 6 menos.

No obstante lo anterior, las conexiones con las principales ciudades, como Madrid, Barcelona, Bilbao, etcétera, se siguen manteniendo. Los seis destinos que han desaparecido son Granada, Vitoria, Alicante, Vigo, Zaragoza y Valladolid, en el decir del observatorio estatal, pero nada dice el observatorio estatal de los efectos también del encarecimiento de las tasas aeroportuarias.

Pero, aunque la conexión con las principales ciudades se mantiene, no así entre las islas menores por ejemplo, se ofrecen menos frecuencias fruto de la adaptación de las programaciones de las compañías a sus nuevas condiciones operativas. Así, en noviembre del 2012 las compañías han programado un 22,4% menos de vuelos que en el mismo mes del año anterior. No obstante, si únicamente se tuvieran en cuenta las conexiones con Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla, ese porcentaje sería solamente un 16,2% menor, equivalente a 54 frecuencias semanales menos.

Lo cierto, señorías, es que la programación de vuelos que nos remiten para esta temporada de invierno coincide básicamente con los datos que le he expuesto anteriormente. Es decir, hay una reducción general de la capacidad aérea, derivada tanto del cese de Spanair como de los ajustes de las compañías en su programación de invierno. Pérdida que no se ve compensada con el incremento de la oferta de otras compañías.

Por otro lado, hay que estar atentos también al anuncio reciente de los planes, efectivamente, sobre Iberia, que incluye un recorte de plantilla de unas 4.500 personas, una reducción de la capacidad en un 15% en 2013 para centrarse en rutas rentables y una disminución de la flota en 25 aviones: 5 de largo recorrido y 20 de corto radio. Todo ello con el objetivo de mejorar sus resultados en al menos 600 millones de euros para el 2015, objetivo cuyo logro esperemos que no requiera una mayor penalización o penalidad para la conectividad aérea de Canarias.

En cuanto a los precios del transporte aéreo, no debe olvidarse que estamos en un mercado abierto a la competencia, donde cada compañía fija libremente las tarifas, a diferencia de un mercado limitado con obligaciones de servicio público, como ocurre en el transporte interinsular, con unas tarifas máximas autorizadas cuya evolución sí se puede controlar, sí puede controlarse por el Estado.

Sobre la evolución de los precios, el informe del observatorio del Estado señala que, tras el cese de operaciones de Spanair, ninguna de las rutas en las que operaba esta compañía desapareció y el hueco dejado por este operador fue absorbido parcialmente por Ryanair o por Vueling; aunque se registró un incremento de precios en las semanas inmediatamente posteriores al cese de operaciones de Spanair, en enero de 2012, que además coincidió con el pico de demanda de Carnaval, y posteriormente la situación se normalizó y los precios se situaron en niveles similares a los meses previos al cese de Spanair. Esto dice el observatorio del Estado. Sin embargo, a este respecto, señorías, debe señalarse que el Gobierno de Canarias tiene otros datos que indican que el precio medio del billete Península-Canarias podría haberse encarecido en el 2012 en torno a un 40%, pasando el precio medio de 461 euros a 600 euros. Esta es la gráfica, señorías, que tenemos de la evolución de estos costes. Llegó a producirse un precio de 838 euros hacia el mes de julio, los meses de junio, julio y agosto del 2012.

Es cierto que estos datos hay que tomarlos también con las debidas cautelas, puesto que la información se obtiene a partir de precios ofrecidos por los operadores turísticos y las agencias on-line, quedando fuera algunas compañías que no utilizan estos canales de comercialización. Pero, en cualquier caso, contrastan mucho con los datos del observatorio del Estado y habrá que examinar la metodología que han empleado para hacer esa estimación. De entrada, ya le digo, señorías, que echamos en falta en el observatorio del Estado la repercusión de las tasas aeroportuarias, que se le cargan directamente al pasajero, pero la realidad es que no se le cargan directamente al pasajero, el pasajero se lo paga a la compañía y, por tanto, forman parte del precio final. Es un coste que, si bien se dice que es del pasajero, es un coste de operación de la compañía, que finalmente sí que lo paga el pasajero. Y eso hay que sumarlo al precio de las compañías. Por tanto, si eso no es así, el precio que se está dando carece de la totalidad de los elementos del coste y, por tanto, es incierto.

Señorías, desde el Gobierno de Canarias seguimos demandando al Estado que se haga realidad el principio de continuidad territorial, aunque sea virtual, garantizando nuestro Régimen Económico y Fiscal propio, nuestro acervo histórico, adoptando medidas que vinculen a la mejora de los transportes, a la conectividad canaria, con lo que se debe, al menos garantizar el 50% del descuento de transporte para los residentes canarios. Que, bueno, ahora parece que el Estado ya está reconsiderando esa situación, pero que efectivamente causó un gran revuelo no solo en esta comunidad autónoma sino también en Baleares, donde aprobó el Parlamento balear una resolución en el día de ayer o antes de ayer precisamente exigiéndole al Estado que no continuara con su idea y con sus actos preparatorios para reducir ese 50% en base a una estimación de precios máximos que es virtual y no real.

Además de eso, señoría, hay otras cuestiones colaterales que también no solo encarecen el billete sino que dificultan el acceso a la movilidad, como es lo que ha contado su señoría, persistir en la exigencia de ese certificado. Un anacronismo que no tiene ningún sentido, cuando hoy por vía telefónica se obtiene la tarjeta de embarque y, sin embargo, hay que ir con el teléfono por un lado y con el papel certificado del ayuntamiento por otro. Parece un choque tecnológico absolutamente incomprensible. Pero es que además ese certificado en muchos de los ayuntamientos también cuesta dinero, o sea, que no solo es el tiempo que se pierde y todo lo que tiene que ver con esos inconvenientes, sino que también cuesta dinero, que hay que añadirle al tema del transporte.

Señorías, el problema de los precios y las medias que sacan los observatorios de precios es un asunto que tiene que mirarse con sumo cuidado y sobre todo analizarse cómo se han obtenido los datos, porque no es lo mismo, no es lo mismo un precio medio sacado también a través de las compañías o lo que significan en esa ponderación las compañías de bajo coste, sobre todo utilizadas por el sector turístico, que los billetes que se sacan para garantizar la conectividad de los residentes canarios, que tienen necesariamente que viajar, no por razones, digamos, que puedan ser programadas más en el tiempo, como es en el caso del turismo, sino por las razones de la vida normal y de la actividad normal. Es decir, aquellos billetes que no pueden ser con el tiempo suficiente programados, con el tiempo suficiente elegidos, y esos son los billetes que están siendo tremendamente penalizados por las compañías aéreas, y el Estado, para garantizar la cohesión territorial, la cohesión de los ciudadanos, tiene que poner freno a eso, tiene que poner coto a eso. ¿Qué herramientas tiene el Estado para eso?: pues todas las que tienen que ver con la incentivación de lo que se pretende. Hoy en día, cuando se pretende hacer una política sobre algo, se procura utilizar las herramientas incentivadoras y, si las herramientas incentivadoras no son posibles, pues, hay que ir a otro tipo de herramientas que impongan más al mercado las condiciones necesarias para el interés general de los ciudadanos. Y, por tanto, el Estado, en última instancia, en última instancia, siempre tiene, cuando le fallan esas medidas incentivadoras, como puede ser la rebaja de las tasas para los aviones con destino o procedencia a Canarias, lo que tiene que hacer, y está justificado por la condición insular, pues, lo que tiene que hacer es establecer entonces las condiciones de servicio público obligatorias necesarias para garantizar esa conectividad mínima indispensable para los ciudadanos para el desarrollo de sus tareas vitales u ordinarias y su mercado.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero.

Los grupos no solicitantes de la comparecencia.

Don Fabián Atamán Martín.

El señor Martín Martín: Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días de nuevo.

El Pleno de ayer y de hoy ha estado marcado especialmente en la fase de preguntas por una serie de cuestiones que son de vital importancia para el presente pero también para el futuro de Canarias. Ahora bien, una de ellas, la del transporte y la de la conectividad, se revela como el eje vertebral, el eje vital, que condiciona el desarrollo del resto de las políticas.

La preocupación que los diferentes grupos políticos hemos expresado, tanto en el día de hoy como en la mañana de ayer, respecto a las propuestas de limitar las ayudas al transporte aéreo de los residentes canarios por parte del Ministerio de Fomento no hace más que servir de altavoz de una alarma creada en el seno de la sociedad insular.

Afortunadamente, los canarios hemos incorporado a nuestro acervo cultural y a nuestro acervo político la necesidad de contar con un hecho diferencial respecto al Estado y, por tanto, de contar con un trato más sensible en lo que respecta a las ayudas que costean lo que para nosotros supone un esfuerzo de necesidad: la movilidad.

En un estudio realizado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por José Ángel Hernández Luis, cuyo título es El transporte aéreo en el contexto socioeconómico de Canarias, y que data de hace más de quince años, se señalan una serie de condicionantes básicos que el Estado debería tener en cuenta respecto a estas islas: las especificidades impuestas por la lejanía y la fragmentación conllevan unos gastos económicos y de tiempo de los que no participan los medios continentales, las posibilidades finitas del transporte aéreo colectivo canario chocan frontalmente con la amalgama de posibilidades infinitas del transporte privado en el continente y, tercero, el transporte aéreo supone una garantía de acceso a determinados servicios, en algunos casos administrativos o comerciales, de naturaleza esencial en el mantenimiento de la calidad de vida personal o incluso empresarial.

Esta base estructural, fundamental en Canarias, es lo que puede estar en juego en el día de hoy. La disposición adicional decimotercera de los Presupuestos Generales del Estado -de los que después hablaremos- puede abrir una vía peligrosa, injusta y claramente desequilibrante para todos los canarios. Hay asuntos que deberían permanecer incuestionables, lo cual no implica que no sean revisables, para el Estado respecto a Canarias. La movilidad y la conectividad es una de ellas, si no la principal.

La redacción de los apartados 2 y 3 de la disposición anteriormente citada son de una ambigüedad tan calculada que pone a los canarios al borde de un abismo: el de anular el principio de continuidad territorial y el de situar a los canarios en la última fila de la conservación de sus derechos. Esto no hace más que ahondar en lo que tanto el consejero como el proponente habían comentado: la subida de las tasas y el mantenimiento del certificado de residencia como garantía para volar.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Fabián.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Julio Cruz.

El señor Cruz Hernández: Señorías, señor presidente, muy buenos días.

La verdad es que, analizando esta situación, yo creo que debemos partir, señorías, de un hecho: la liberalización de los servicios del transporte. La liberalización en un territorio continental, en una época de expansión económica, donde además hay otros modos de transporte, funciona; en una época de restricción económica, donde además no hay otro modo de transporte alternativo, tiene dificultades. Si a eso le añadimos que en el último año las políticas adoptadas por el Gobierno de España van en dirección contraria a los intereses de Canarias en aspectos del transporte, vemos la consecuencia, y la consecuencia se empieza a palpar desde el segundo semestre del 2012 y se agrava en el 2013. ¿Por qué? Porque, miren, el aumento de las tasas aeroportuarias hace menos competitivos los aeropuertos canarios, y lo comprobamos claramente. Con las estadísticas de AENA, entre el 2012 y 2011 la diferencia es que hay 217.638 operaciones menos en todos los aeropuertos españoles, pero de esos 217, el 61% se produce, esa disminución, en Canarias, con 135.000 operaciones menos en Canarias. Por lo tanto, los aeropuertos canarios han perdido competitividad en el 2012 de una manera muy importante por efectos de las políticas del Gobierno del Partido Popular.

Y ese aumento de las tasas aeroportuarios significa menos aviones; menos aviones significa menos plazas, y eso significa aumento de precios. Y esta es una pescadilla que se muerde la cola: al haber menos plazas y menos aviones la gente viaja menos y, consecuentemente, las compañías ponen menos aviones o quitan más rutas. En definitiva, un perjuicio grave a los ciudadanos de Canarias en este aspecto.

Si a eso le añadimos que el Gobierno está más preocupado por pagar menos, por gastar menos de esos 269 millones de euros, que por resolver los problemas de los canarios... Porque lo que le preocupa al Partido Popular, señorías, es la disposición, y se refleja en la disposición adicional decimotercera, cuando establece claramente que la ministra de Fomento podrá fijar, mediante orden ministerial, cuantías máximas bonificables. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo el ministerio y la ministra que está preocupada por que se gastan en Canarias 269 millones. No se preocupa, y lo hemos visto en los últimos días, por una subvención al AVE del 70%, no se preocupa por que cueste más barato viajar de Valencia a la otra punta de España que por viajar de La Gomera o de El Hierro a la isla de Tenerife. Eso no le preocupa, lo que le preocupa es que se gasta en Canarias, como si nosotros fuéramos un gasto. Y ese concepto de gasto para Canarias significa que no le preocupa esta comunidad autónoma y, por lo tanto, no adopta una política de transporte, una política adecuada, a los intereses de Canarias, que es garantizar mejores aeropuertos, más competitivos y mejores plazas para los canarios.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente: Gracias, don Julio Cruz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Manuel Fernández.

El señor Fernández González: Señorías, señor presidente.

Evidentemente, ayer tuvimos tres iniciativas distintas hablando de los famosos descuentos a los canarios, descuentos a la residencia, tres, y hoy seguimos insistiendo, y yo simplemente digo una frase, ministra de Transportes: ningún miembro de mi departamento, ni el ministerio ni el Gobierno ha dicho que se va a suspender el 50% del transporte. Punto. ¿Dónde está el debate?, ¿quién ha filtrado que se iba reducir a 60 euros? El que lo filtró que lo arregle y que lo diga. Textuales en sede parlamentaria. Se acabó el debate, se acabó el debate. Cuando venga el problema, haremos otra vez el debate; ahora no hay preocupación.

Hay una sola preocupación en el aire, que es que los señores que van en preferente y pagan 800 y se les subvencionan con 400 euros no sean iguales a un señor al que le cueste el billete 300 euros y paga 150. Eso hay que arreglarlo de alguna manera. ¿Cómo?: ya lo verá el ministerio y la propia Comunidad Autónoma de Canarias. Se verá.

Segundo, certificado de residencia. Señor consejero, usted todavía no está al día, usted no está al día: ¡yo viajo en Canarias sin certificado de residencia, yo viajo en Canarias sin certificado de residencia! ¡Oiga, señor!, yo viajo en Canarias sin certificado de residencia. ¿Lo quiere ver o no? Viajo con el teléfono y el carné de identidad. Si ustedes no lo hacen, averigüen cómo hacerlo; si ustedes no lo hacen, pónganse al día. Si ustedes no lo hacen... Señor Perestelo, que usted va a La Palma, póngase al día, póngase al día, y venga aquí y le reto a que usted me diga a mí lo contrario. Esto es así. Veo que están en la inopia todos. Claro, claro, así arman ustedes los debates que arman regidos de desinformación, así arman. Yo todos los días, señores, y viajo bastante entre las islas, todos los días, todos los días. No hace falta... (Ante un comentario que se efectúa desde los escaños.) Los ciudadanos también, señorita, los ciudadanos también. No hace falta teléfono... perdón, no hace falta teléfono, que lo hagan, ¿saben? Por lo tanto, no hablamos aquí, seguimos hablando...

El señor presidente: Por favor, señorías, don Manuel, por favor, sí, por favor...

El señor Fernández González: Sí es preocupante, la intervención, parte de la intervención de este consejero y parte de la intervención del proponente de la comparecencia, que es la reducción de plazas y el incremento de los precios de las compañías aéreas. Ese es un gran problema que tenemos en Canarias. ¿Y por qué sucede esto? Sucede fundamentalmente por la situación de crisis profunda que ha bajado la demanda, evidentemente, por la situación de crisis, porque no ha bajado el tráfico, no ha bajado el tráfico solamente en Canarias, precisamente ha bajado en toda España, incluso en el AVE también, muchísimo ha bajado el tráfico. Hay una situación de crisis gorda en España y en Canarias y en Europa. Por lo tanto, ha bajado el tema de la demanda, evidentemente, no lo llevemos a otra situación -si me da tiempo se lo aclaro también-. El tema de esto se soluciona solamente con competencias y el Gobierno de Canarias puede tener la iniciativa de ver la cantidad de miles de compañías que hay en todo el mundo y de atraerlas a Canarias para que hagan transportes en Canarias, para que se baje precisamente, para que suba la competencia y se bajen los precios. No hay otra solución, no hay otra solución.

En el tema de las tasas, hombre, en el tema de las tasas, el gran problema fueron las tasas. Ustedes recuerdan que el Gobierno de Zapatero bajó las tasas por un año circunstancialmente y dirigidas fundamentalmente a aquellos mercados, que se incrementaban nuevos mercados e incrementos de plazas. Eso se demostró, turísticamente se ha demostrado que no ha afectado para nada a la reducción turística, para nada, para nada. Ha habido incrementos precisamente en el tema turístico en Canarias, primero.

Segundo, hombre...

El señor presidente: Muchas gracias, don Manuel, muchas gracias.

Por el grupo solicitante de la comparecencia, Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano (Rumores en la sala).

Señorías, por favor. ¡Señorías!

El señor Ruano León: Señor presidente. Señorías... (Rumores en la sala.)

El señor presidente: ¡Señorías, por favor! Estamos en un asunto y está en el uso de la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista, don José Miguel Ruano.

El señor Ruano León: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero.

Bien. Voy a intentar en primer lugar hacer referencia al contenido de esta comparecencia, al objeto, a la situación, a la búsqueda de soluciones, a que no se consumen proyectos que en este momento pueden ser sumamente gravosos para la movilidad de los canarios con la Península y que, por tanto, podamos tomar las decisiones desde esta Cámara, que es la representación del pueblo canario, para evitar que se sigan lesionando los intereses de los canarios y las canarias en el tránsito entre Canarias y la Península, entre la Península y Canarias. Me referiré al final a las intervenciones de los portavoces de los grupos en relación al asunto que nos convoca.

Señor consejero, la preocupación que quiero trasladarle desde mi grupo y que usted tiene la responsabilidad desde el Gobierno de Canarias de hacer ver al Gobierno de España es que exista realmente una política de Estado de transporte con Canarias. Cuando se habla del REF -le aseguro que tendremos ocasión de hablar de eso cuando tratemos esta tarde la proposición no de ley que versa sobre la presentación de un recurso de inconstitucionalidad-, cuando se habla del REF, su señorías, todos los que tienen la responsabilidad de tomar asiento en este Parlamento, tienen que conocer qué es nuestra historia, cómo se ha forjado, qué conquistas se han logrado a lo largo de los siglos que conforman lo que hoy es Canarias y, en relación con eso, tener una posición. Y, por tanto, señor consejero, respecto de esto, lo que le pido, lo que le pide mi grupo, es que sea usted capaz de trasladar al Gobierno de España que esto no es una suma y una resta, esto es una política de Estado, y quien no es capaz de ver que en el momento actual, con un mercado de transporte aéreo liberalizado, con unos proyectos de compañías que pueden afectar sustantivamente a esa relación entre Canarias y la Península y que, a su vez, si paralelamente, si se conjuga un conjunto de decisiones públicas erróneas, equivocadas, que empeoran esa relación, puede producirse lo que ya se empieza a producir: un mayor distanciamiento. Porque lo que hace, lo que hace una política de transporte básicamente es paliar los efectos de una cuestión que es objetiva, que es la distancia geográfica entre Canarias y la Península. Por otra parte, las islas Canarias, es decir, un archipiélago que entre isla y isla requiere también del transporte aéreo como modo principal de movilidad, por lo menos en el tráfico de personas entre una y otra isla.

Eso, señor consejero, en relación con los datos que usted nos aportaba respecto al observatorio estatal, tiene consecuencias importantes. Porque, en primer lugar, en primer lugar, tiene usted la responsabilidad desde el Gobierno de Canarias y el Gobierno de Canarias de buscar mejores datos; es decir, no podemos contar solo con datos que nos aporta el observatorio estatal si tenemos dudas acerca del funcionamiento real. En la práctica, quien tenga la ocasión de buscar un billete para pasado mañana, por poner un ejemplo, pues, evidentemente puede ver precios, ahora en cualquier... Háganlo, con cualquier de sus iPad abran la página de cualquier buscador y busquen para pasado mañana. Ahora, si usted quiere proyectar, porque tiene un hijo estudiando fuera o lo que sea, para el mes de julio, bueno, pues, puede ser que encuentre usted mejores precios. Pero esta es la relación del mercado, o sea, es que no se es liberal para unas cosas y para otras no. Es que no se puede estar haciendo esa política de entro y salgo cuando quiero y fijar topes, por ejemplo, a un mercado que está liberalizado. ¡Es que está liberalizado! ¿Y cómo puede un portavoz como usted, señor Fernández, venir a decir que es que la ministra ha dicho, que es que la ministra ha dicho que no va a cambiarse el límite del 50%? Pero si es que usted, desde el punto de vista cuantitativo, establece un límite, cambia el límite del porcentaje: ¿o es que va usted a establecer precios máximos, que es lo que establecen en su caso las obligaciones de servicio público, para fijar entonces, de forma precisa, ese 50%?

Miren, yo, en este asunto, señor Antona, le digo a usted como responsable de su grupo, presidente y responsable ahora de negociaciones específicas en asuntos clave para Canarias con el Gobierno de Canarias, le emplazo a que busque un acuerdo con el Gobierno de Canarias, que es un acuerdo con todos nosotros, que es un acuerdo con esta Cámara, porque esto es un tema de política de Estado.

Y usted, que por otra parte es diputado por la circunscripción de la isla de La Palma, sabe que existe además específicamente ahora un problema singular con la programación de la compañía, que ahora no es la matriz Iberia sino Iberia Express, en la frecuencia de los vuelos con la Península. Es posible y es muy probable, y así me lo apuntaba nuestro diputado, el señor Perestelo, que ahí, en esa línea, se requiera establecer obligaciones de servicio público.

En el otro campo, señor consejero, en el marco global de Canarias con la Península, habrá que valorar, dentro del funcionamiento del mercado, si la decisión de la fijación de un precio máximo es una decisión que altera o afecta a las frecuencias.

Es decir, este asunto merece que nos concentremos en él y evitemos chascarrillos, señorías. Esto es un asunto de nivel político máximo, de aquellos en los que normalmente nos ponemos de acuerdo, normalmente nos ponemos de acuerdo para tener una posición común con el Estado. Porque da igual, señor Fernández, que la actual ministra sea del Partido Popular. Si es que cada vez que nos toca un ministro del Gobierno de España hay que contarle las cosas desde la "a" a la "z", porque es que caemos, es como si jugamos a la oca y cae usted en el "pozo" y le toca volver a la casilla de salida, a empezar, a empezar.

Mire, señor Fernández, en relación con su intervención, dice usted lo de los precios de la clase business y demás. Mire, esta es la copia de la Ley 66/97, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, la llamada Ley de Acompañamiento. Allí se acordaron cosas importantes con el entonces Gobierno del Partido Popular, y entre otras cosas dice el artículo 102, el apartado 2 del artículo 102 de aquella ley, lo siguiente: "En ningún supuesto se podrá bonificar el mayor importe que sobre las tarifas ordinarias supongan los precios de los billetes de clase preferente o superior". ¡Desde 1998, señor Fernández!, ¿de qué me está usted hablando?

No juguemos con la verdad, porque la verdad puede ser interpretada, pero la verdad es única. Y la verdad es que en este momento, por razones de funcionamiento del mercado privado y por razones de erróneas decisiones públicas, se está encareciendo la movilidad del transporte de los ciudadanos y ciudadanas canarios con la Península y tenemos que hacerle frente a esa situación. Tenemos la responsabilidad de hacerle frente todos los que nos sentamos en esta Cámara y hacerle ver también al Gobierno de Canarias que tiene una responsabilidad frente al Gobierno de España en posicionar al Gobierno en una política de Estado con Canarias. Que no es lo mismo el transporte aéreo entre Madrid y Sevilla que entre Madrid y Canarias, a ver si se lo hacemos entender. Y me da igual que el actual titular sea del Partido Popular. Ese no es el asunto, señor Fernández, y usted lo sabe, usted lo sabe. Si yo no estoy haciendo un ataque específico al Gobierno porque sea del Partido Popular, ¡es que el Gobierno de España se está equivocando!, y hay que hacérselo ver.

Señoras y señores diputados, el señor Cruz hacía referencia en su intervención a algunas cuestiones que son claves también. ¿Cómo fomentamos en un mercado liberalizado, cómo fomentamos las frecuencias, cómo fomentamos que haya plazas, que la oferta sea una oferta suficiente en relación con la demanda y, por tanto, los precios se mejoren? Y usted hablaba de una política que dio resultados. Podía ser modificada, lo dijimos, la política de tasas, señor Antona, la podíamos modificar. Es decir, podía haber... Se introdujeron medidas en torno a nuevas frecuencias, a vuelos que no eran directos con Madrid, donde está la T4...

El señor presidente: Tiene un minuto. Siga, don José Miguel.

El señor Ruano León: Se podía haber cambiado, pero es cierto que esa era una política clara de fomento.

Las aseveraciones que realizaba el portavoz del Grupo Mixto también me parece que están documentadas. Busca usted un fundamento teórico doctrinal muy importante desde el punto de vista de una de nuestras universidades, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que fundamenta la importancia de no tener alternativa modal al transporte aéreo de pasajeros y, por tanto, la necesidad de que se establezca una política de Estado con Canarias.

Señor consejero, avance usted en esa próxima reunión con la señora ministra y podremos cambiar decisiones públicas erróneas. Erróneas, señor Fernández. No se puede venir a decir tampoco lo del papelito, porque es que el papelito, depende usted cómo obtenga el billete. Si usted lo obtiene de determinada manera, puede ser que la base de datos ya esté funcionando... (Corte del sonido producido por el sistema automático de control del tiempo.) Solo decirle que sabe usted que esa medida entró en vigor el 1 de septiembre,y que no fue posible implementar ese sistema informático hasta muy tarde y que todavía hoy en determinados buscadores eso es imposible de realizar.

Muchas gracias.

(El señor Fernández González solicita la palabra.)

El señor presidente: Gracias, don José Miguel Ruano.

Sí, don Manuel, dígame, dígame a qué...

El señor Fernández González (Desde su escaño): Señor presidente, yo he sido contradicho en la intervención del señor Ruano.

El señor presidente: Un minuto, don Manuel.

El señor Fernández González (Desde su escaño): Señor Ruano -muchas gracias, señor presidente-, señor Ruano, en ningún momento en mi intervención yo hablé de topes. Yo hablé de la afirmación de la ministra, que dijo que sí iba a conservar el 50% durante toda esta... porque está en los Presupuestos del Estado. Rotunda afirmación; por lo tanto, el debate es un debate artificial. Que alguien esté pensando en topes es otro problema. Hoy por hoy está ratificado y estamos haciendo un debate artificial.

Y en cuanto al certificado, aclaro a la opinión pública y a esta Cámara: la implantación del certificado ha supuesto un ahorro por fraude de 8 millones de euros, 9 millones de euros el año pasado por fraude, declarado por la propia ministra. Desmiéntaselo a la ministra: 9 millones de euros. Si estamos convencidos de que ese presentar de vez en cuando un papelito supone que tengamos que pagar, aceptar ese fraude, que se diga en esta Cámara.

Muchas gracias.

(El señor Ruano León solicita la palabra.)

El señor presidente: Sí.

El señor Ruano León (Desde su escaño): Señor presidente.

No voy a, no quiero entrar en repetir cuestiones que se han dicho. Esta Cámara, señor Fernández, tiene un posicionamiento común -otra cosa es que no se haya respetado- en relación con el certificado de residencia. Se adoptó en abril del año pasado, lo votaron ustedes, usted también, y en ese tema se apostaba también por luchar contra el fraude, cosa que no se hace con un certificado muy fácil de falsificar, por cierto.

Y desde el punto de vista de la previsión de fijar una cuantía, de fijar una cuantía, señor Fernández, está establecido en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, la previsión de una fijación... ¿Pero de qué me está usted hablando, que dice que si nos lo hemos inventado? ¿Nos hemos caído del guindo, nos hemos inventado ese asunto?

Señor Fernández, creo que está agotado ya ese debate.

Muchas gracias, señor consejero.

El señor presidente: Bien. Para concluir la comparecencia, el señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias. Gracias, señor presidente.

Le decía a la diputada que debemos popularizar el transporte en su sentido amplio, así que si nos apuntamos todos a eso, pues, seguramente conseguiremos que todos los ciudadanos tengan acceso al transporte y, bueno, haremos bueno el eslogan.

Señor presidente, señorías, algunas precisiones me gustaría introducir aquí, pero hay una cuestión que el solicitante de la comparecencia ha pedido al Gobierno y que yo creo, creo en la obligación pero también tengo la convicción de que, efectivamente, esa es una cuestión nuclear de lo que tiene que ser la política del transporte presente y futura. Es decir, tenemos, efectivamente, que convencer al Estado, porque es el competente en materia de transporte aéreo, de que tiene que establecer las condiciones necesarias para establecer las efectivas condiciones de movilidad entre los ciudadanos canarios, que son los que más difícil lo tienen de todo el Estado español. Los más alejados y, por tanto, los que están en unas condiciones totalmente, con unas dificultades totalmente desproporcionadas respecto al resto del territorio del Estado, en el que se aplican políticas de Estado, evidentemente, en los transportes, como no puede ser de otra manera. Se aplican políticas en las infraestructuras del transporte, en algunos casos muy caras, muy controvertidas. El AVE, por ejemplo, es para mejorar no solo la conectividad sino también los tiempos, las frecuencias, y, por tanto, facilitar el traslado. Dice la Ley de Presupuestos del Estado este año, cuando justifica el incremento de inversión en materia ferroviaria, sobre todo en el AVE, dice que es para la cohesión territorial de España, para aumentar la cohesión. Y evidentemente esa cuestión, si el Estado entiende a Canarias como un territorio propio y a sus ciudadanos con los mismos derechos, pues, tiene que llevar a cabo todas las acciones necesarias, que en este caso no es poner raíles de AVE pero sí poner otras cuestiones.

Y estoy también de acuerdo en que tenemos que mejorar nuestro sistema de información, muy dificultado de obtener por no tener la competencia. Al no disponer nosotros de herramientas que nos permitan llegar al corazón, a las tripas de los datos, evidentemente dependemos de los datos que nos aporte el Estado cuando se los solicitemos o de los que publica, pero no tenemos realmente, ni con la inmediatez ni con la profusión que necesitamos, los datos. Por tanto, ese es un elemento en el que tenemos que trabajar, en el que estoy firmemente decidido en el departamento, de implementar las herramientas necesarias para tener esos datos, insisto, con las dificultades de accesibilidad que muchos de ellos tienen, pero sí que lo tenemos que poner en marcha para poner de manifiesto la situación real al Estado y para tomar nosotros nuestras propias conclusiones.

¿Y para todo eso qué necesitamos? Pues necesitamos, para tener condiciones del transporte, necesitamos controlar, gestionar las infraestructuras del transporte. Por lo tanto, los aeropuertos, que son piezas clave en el encarecimiento o en el abaratamiento del transporte aéreo, tenemos que tener acceso a la cogestión de los mismos, no solo para tener la información sino para influir en dónde deben ir, en dónde deben ir los beneficios que se obtienen del gran tráfico que hay con Canarias, sobre todo de los 13 millones o de los doce millones y pico de turistas que vienen a Canarias. ¿Dónde se deben invertir esos recursos adicionales que generan nuestros aeropuertos? Se deben invertir en mejorar las condiciones del tráfico que necesitan los canarios para su propia movilidad, por ejemplo, se pueden emplear en una reducción de los factores de coste del propio aeropuerto para que sean más competitivos, cuesten menos los aviones y, por tanto, se repercuta menos en el billete y tengan las compañías más margen de maniobra a la hora del necesario beneficio para que haya más competitividad y haya más oferta por parte de las compañías. Pues para eso es estrictamente indispensable una política de Estado en el transporte, que favorezca a Canarias, de acceso a Canarias, de una u otra manera, a la gestión de los aeropuertos.

Pero no solo eso, hay que restablecer muchas cosas más, hay que restablecer el 65% de la subvención a las mercancías, a los productos industriales y demás, que se han reducido.

Hay, en definitiva, que recortar en muchas cosas, pero no en este asunto. Este asunto es esencial y fundamental para la cohesión territorial y para la economía de Canarias, y ahí no se puede estar con recortes.

Y en este sentido voy a aclarar lo siguiente. Es verdad que la señora ministra ha dicho últimamente que no se va a aplicar eso del 50% solo a unos costes reconocibles, por tanto, a una limitación del descuento. Eso es verdad ahora, ahora, es decir, después del revuelo que se montó con el rechazo de Baleares y el rechazo de Canarias, fruto de dos cuestiones que son reales y controvertidas, yo las afirmo aquí. La primera, fruto del aviso que ya hizo el señor Soria dos días antes de una reunión que tuvo lugar para fijar precisamente las tarifas, diciendo que el ministerio ya tenía avanzado, terminado o concluido el modo en que iba a aplicar el tema de las tarifas para poner unos límites a los precios máximos bonificables. Pero es que dos días después o tres días después fue convocada la Dirección General de Transportes de la Comunidad Autónoma de Canarias y también la de Baleares para expresarles cómo iban a ser aplicadas las subvenciones al transporte y establecieron un escandallo de costes reconocibles que están muy por debajo o estaban muy por debajo de los costes finales. Y, por tanto, eso suscitó una reacción inmediata tanto de Canarias como de Baleares, porque sin información previa, sin acuerdo previo, sin debate para ese acuerdo, el ministerio, amparándose en esa disposición legal que tenía la Ley de Presupuestos, ya tenía preconfigurado y tenía absolutamente esbozado y calculado cuánto iba a ser lo máximo que iba a subvencionar las tarifas aéreas. Por tanto, si una tarifa aérea se subvencionaba, por ejemplo, se ponía que el tope máximo subvencionable era, la tarifa de 160 euros, se subvencionaban 80, por ejemplo, ¿no? Pero es que de esa tarifa de 160, aun con lo que comentábamos antes, con las tarifas turísticas de largas fechas que se pueden solicitar con el tiempo debido, etcétera, todas esas hacen que eso esté muy por debajo de las tarifas que tienen que utilizar los ciudadanos canarios cuando se desplazan a la Península y, por tanto, eso, aparte de que esa media no estábamos de acuerdo con ella, eso es un asunto que coloca a los ciudadanos en una indefensión, en una ayuda muy inferior al 50% de lo que les cuesta, muy inferior. Por lo tanto, eso no vale, no vale, porque para que eso valga habría que tener una tarifa tope máxima garantizada, y para garantizar una tarifa máxima solo hay dos maneras, como hemos comentado aquí: o bien porque se incentiva la concurrencia competencial de las compañías aéreas en Canarias, de tal manera que esa competencia, ese liberalismo, dé lugar de por sí a una reducción de los precios, o porque se imponen los precios máximos, porque se prohíbe que haya precios mayores de esos. Y en ese sentido la obligación de servicio público es una herramienta que no presupone una intervención ya directa en las tarifas ni en las compañías sino un tope, un objetivo que no puede ser sobrepasado, y que si se sobrepasa la Administración tiene la capacidad de intervención, la capacidad de exigir el cumplimiento de ese servicio público, e incluso sacando, si llegara el caso, pues, condiciones de slots únicos a la compañía que los quiera cumplir o estableciendo contrataciones de servicio público con la compensación económica correspondiente.

En definitiva, señorías, estoy de acuerdo, hay que hacer una política de Estado muy clara en este asunto, muy consensuada entre todos los grupos políticos. Desde luego el Gobierno de Canarias va a intentar tener una negociación seria con el ministerio en este asunto, porque, insisto, entrar en el tema de transportes, en las reducciones globales que se están haciendo, puede ser muy perjudicial para Canarias.

Un apunte solo en relación con la controversia que aquí se ha creado con el certificado de residente. No hemos estado nunca en contra del control contra el fraude en relación con eso, sino lo que hemos dicho desde el primer día es que en el siglo, en el año y en el minuto en que estamos exigir un certificado es algo como volver 50 años para atrás, que era absolutamente innecesario. Para eso está la informática y la telemática. Y a día de hoy eso no es exhaustivo, si usted coge un vuelo a la Península tiene que llevar un certificado de residente, me lo han pedido a mí ayer mismo. Es decir, si va uno a la Península, tiene que llevar certificado de residente, pero si uno viaja aquí entre las islas a veces también, con lo cual se convierte en una trampa si uno no lo lleva, se puede uno quedar en tierra.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero.

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