Diario de Sesiones 67, de fecha 6/2/2013
Punto 6

· 8L/PO/P-0756 Pregunta del señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre retrasos en la resolución de las solicitudes de ayudas amparadas por la Ley de la Dependencia, dirigida a la señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

El señor presidente: Siguiente pregunta, a la señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, planteada por don Román Rodríguez Rodríguez. Me comunican que lo hace doña Carmen Hernández.

La señora Hernández Jorge (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados y público que acompañaba.

¿Piensa adoptar medidas especiales para hacer frente a los graves retrasos en la resolución de las solicitudes amparadas por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, retrasos que han sido recientemente denunciados por el Diputado del Común, señora consejera?

El señor presidente: Muchas gracias, doña Carmen.

Doña Inés Rojas, señora consejera.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León) (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Señoría, ya se habían adoptado medidas y que en este momento están en proceso de actualización ante la modificación de la ley, como usted sabe.

Gracias.

El señor presidente: Gracias, doña Inés Rojas.

Doña Carmen Hernández.

La señora Hernández Jorge (Desde su escaño): La verdad es que hablar de la gestión en materia de dependencia del Gobierno de Canarias y de la situación en la que se encuentran las personas dependientes que, teniendo hoy un derecho reconocido, no lo reciben es inevitablemente hablar de fracaso. Y es que solo podemos hablar de fracaso cuando hoy, según los datos oficiales, existen en Canarias 24.659 personas con derecho a una prestación y solo 11.851 son efectivamente beneficiarias de esa prestación económica o de un servicio. Es decir, hay hoy en Canarias 12.808 personas que, teniendo un derecho reconocido, no reciben ninguna prestación. Es lo que se ha venido a llamar en el limbo de la dependencia.

Canarias, señora consejera, está a la cola de las solicitudes, a la cola en dictámenes y a la cola en beneficiarios de la ley. El Gobierno nos reconocía a nuestro grupo recientemente que el tiempo promedio entre la fecha de la solicitud y la resolución del PIA, que es quien efectivamente hace que se reciba la prestación, es hoy en Canarias de 570 días, 19 meses. La ley establece que sean solo seis.

A estas dos fuentes oficiales, al SAAD y a la fuente oficial del propio Gobierno, hay que añadirles las recientes declaraciones del Diputado del Común, que entiendo que sí conoce bien la realidad canaria. Tilda esta institución de enorme gravedad el excesivo retraso en la tramitación del procedimiento de la dependencia por parte de la consejería que usted dirige. Según el Diputado del Común, hay 113 quejas por dilaciones en el programa, en la aprobación del programa de atención individual, y de estos 113 requerimientos hay retrasos de hasta dos y tres años. Por tanto, tilda el Diputado del Común de auténtica violación del ordenamiento jurídico vigente y una clara negligencia sobre los derechos de las personas.

Volvemos a instarla, lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, a que acelere los procedimientos para que esta situación se resuelva, porque empezamos a tener la sensación de que hablar de dependencia con el Gobierno es hablar contra un muro. Un muro que oye pero que realmente no escucha, porque escuchar sería reconocer esta realidad y poner, sin más dilación, en marcha mecanismos para cambiarla y para resolverla.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Carmen.

Señora consejera, doña Inés Rojas.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Rojas de León) (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Señoría, el Estado ha vuelto a modificar la ley, lo que nos obliga de nuevo, una vez más, a modificar la ya modificada normativa en dependencia en Canarias. A esto hay que añadirle además los créditos no disponibles. Como usted bien sabe y todas sus señorías saben, el Estado ha eliminado la aportación, el dinero acordado, lo ha eliminado y ha dejado al mínimo, al mínimo, el mínimo. Esto supone, como me han escuchado en más de una ocasión, que en estos momentos, atendiendo a los presupuestos, no se puede incorporar ni una sola persona más en el sistema, salvo ocupar aquellas vacantes.

A esto hay que añadirle además que hace apenas dos semanas, en el último Consejo Territorial de la Dependencia, se han endurecido hasta el extremo las condiciones para poder recibir una prestación económica -la bajada del 15%, la no incorporación a la Seguridad Social, llevar al menos un año cuidando a la persona dependiente, vivir en su propio domicilio y todo un etcétera, etcétera-, que hace que prácticamente sea inviable hoy poder facilitar la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.

El mayor problema en estos momentos, señoría, de la Ley de Dependencia no es de gestión. El mayor problema de la Ley de Dependencia en estos momentos es económico. Y por si eso fuera poco, es económico y además el Estado debe aportar el 50% del coste de esta ley. No solo no aporta el 50% sino que del porcentaje que aporta aporta el valor estimado de lo que cuesta prestar esos servicios y no el valor del coste real.

Con todo eso, señorías, ustedes saben que a través de los convenios que firmamos con los cabildos, más las prestaciones que da directamente el Gobierno, el Gobierno está garantizando hoy la atención a más de 40.000 personas atendidas en estos momentos recibiendo algún tipo de servicio.

Por lo tanto, señorías, volver a reiterar que desde luego no me gusta cómo están los presupuestos, no me gusta cómo viene el futuro de esta ley. Vengo diciéndolo en este Parlamento año tras año y los presupuestos parecen estar dándonos la razón a esta preocupación.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señora consejera, doña Inés Rojas.