Diario de Sesiones 67, de fecha 6/2/2013
Punto 8

· 8L/PL-0006 Debate de primera lectura. Proyecto de Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias.

El señor presidente: Entonces debate en primera lectura del proyecto de Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias.

Lo presentará el Gobierno y tiene luego una enmienda de petición de devolución del Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación del proyecto de ley, el señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel.

(Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente y pasa a ocupar su lugar el señor vicepresidente segundo, Fernández González.)

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente.

Señorías, comparezco en nombre del Gobierno para presentar el proyecto de Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Un proyecto que fue aprobado, como proyecto, por el Gobierno el 22 de octubre del pasado año y fue al día siguiente remitido a esta Cámara. Previamente, como es preceptivo, un largo recorrido, imprescindible, de consulta, tanto al Consejo de Turismo de Canarias, intercambiando opiniones con el sector, a las administraciones insulares y municipales, a los departamentos del Gobierno y los centros directivos que tienen preceptiva consulta, al Consejo Económico y Social, que realizó su dictamen el 24 de junio del 2012, y finalmente al Consejo Consultivo de Canarias, que emitió su dictamen el 16 de octubre de 2012, el Dictamen 466/2012, que fue un dictamen favorable, un dictamen positivo, con algunas matizaciones que fueron introducidas y corregidas oportunamente antes de la aprobación del proyecto por el Gobierno.

La ley, señorías, como ustedes conocen ya bien, se estructura en una exposición de motivos, cuya lectura creo que haría casi ociosa la presentación o el extenderme en esta presentación, porque concreta y aclara los motivos y, digamos, la idea-fuerza de la propia ley, que se estructura en 6 títulos, con una ley no muy extensa, una ley concreta, con 33 artículos, 2 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias, 1 derogatoria y 7 disposiciones adicionales, y un pequeño anexo de valoración.

Quizás lo más destacable o lo más importante de resaltar de su texto articulado, pues, está en el título preliminar, en el objeto de la ley, que con precisión se determina que tiene por objeto la renovación y modernización de las urbanizaciones, núcleos y productos turísticos de Canarias mediante la renovación y diversificación de su oferta, la especialización de usos y la modulación del crecimiento de la planta turística, así como la regulación del régimen de autorizaciones administrativas de los establecimientos turísticos y la ordenación de los diversos productos turísticos. En el artículo 3, sus fines concretan este asunto. Por lo tanto, en ese artículo está absolutamente centrado todo el contenido del texto o está anunciado cuál es ese contenido.

Esta norma, señorías, plantea soluciones a problemas detectados en el sector, problemas entre la oferta y la demanda, problemas del consumo de suelo, problemas de la obsolescencia de los establecimientos turísticos, de la mezcla de usos que se dan en los mismos, de los problemas de tramitación, tanto derivados de los planeamientos obsoletos como de la dispersión de competencias, lentitud y complejidad de los procedimientos, etcétera, etcétera.

Y, ante eso, ¿cuál es la idea-fuerza que desarrolla la ley? Señorías, las infraestructuras y las estructuras del sector tienen un grado de obsolescencia y deterioro que en muchos casos resulta incompatible con las necesarias condiciones de competitividad y perjudican a quienes han venido haciendo esfuerzos de conservación, de mejora, de modernización, actuando sobre la calidad de sus productos, destinando parte de sus beneficios, la parte razonable de sus beneficios económicos generados en su actividad a esta puesta al día.

La capacidad de crecimiento del sector es en Canarias muy limitada, como todos saben, pero está tanto o más limitada cuanto menos competitivo es. Por tanto, un factor que condiciona la limitación es precisamente el estado de su propia planta, que lleva a que su demanda caiga o sea muy difícil mantener la propia demanda. Por tanto, es necesario anudar la potencialidad que existe de crecimiento al condicionante de actuar en la competitividad del sector a través de la renovación turística.

Luego, debe propiciarse la reserva del crecimiento potencial priorizándola a esto, al cumplimiento del objetivo de la renovación, que en sí misma realimenta las posibilidades de crecimiento. Y esto se hace estableciendo incentivos a través de las potestades que gestiona la Administración, que son ni más ni menos que las autorizaciones previas. Las condiciones también y los parámetros edificatorios, las densidades, etcétera, que son las que están en la esfera pública, en la esfera de las competencias administrativas, condiciones de estándares de calidad, etcétera.

Y la ley contempla o tiende a que haya un esfuerzo compartido, un esfuerzo público y un esfuerzo privado, esto es, una intervención pública en los espacios públicos y una intervención privada a la par, y no después, en las estructuras privadas. ¿Es eso intervencionismo? Se le puede llamar como se quiera, se le puede llamar con un nombre más o menos rimbombante o más o menos peyorativo, pero lo que es una necesidad, simplemente es la necesidad de una regulación de una actividad estratégica por su relevancia económica y en el empleo, por la relevancia que tiene, económica, para nuestra comunidad. Que además de eso tiene como contrapartida la ocupación extensiva de suelo y la antropización y consumo de nuestros recursos naturales. Por tanto, esa ponderación tiene que hacerse desde los poderes públicos para garantizar que, dentro del respeto a la implantación de las actividades empresariales, estas estén en un orden adecuado para el interés general.

¿Va eso contra la libertad de empresa, como se ha dicho? Entendemos que en absoluto. Una empresa puede dedicarse a hacer tornillos, alpargatas, a la pesca o a la minería, pero en todos los casos tiene que hacerlo con arreglo a la normativa vigente, y la normativa que se le aplica a cada una de las actividades tiene que ver con las contrapartidas que aporta y también con los problemas que traslada al conjunto de la sociedad.

La ley no prohíbe, la ley incentiva, pone condiciones a las nuevas construcciones. Eso es lo que hace la ley. No se puede decir que la ley prohíbe, que es una moratoria continuada. Se pueden construir plazas alojativas nuevas, se puede ocupar esa cantidad o esa capacidad todavía potencial que existe de crecimiento modulado, pero haciéndolo de forma modulada, de forma proporcionada y desde luego priorizando ese crecimiento para los objetivos de calidad. Solo así se puede atender al fin social de la propiedad y a la obligación de los poderes públicos, la obligación que tiene el Gobierno de Canarias, por tanto, de establecer las condiciones económicas de la comunidad para el crecimiento económico, la mejora social y el empleo.

En ese sentido, en el artículo 3, los fines de la ley establecen claramente que es una finalidad de la ley ordenar y modular el crecimiento de la oferta turística vinculándolo a la mejora de la calidad de la planta disponible y la implantación de nuevos equipamientos complementarios; incrementar los niveles de calidad y categoría de los establecimientos alojativos y equipamientos complementarios a través de las herramientas incentivadoras; evitar y, en su caso, reconducir la residencialización de las zonas turísticas, de las áreas turísticas, que es negativa para la actividad turística; dotar a las administraciones de instrumentos eficaces para incentivar y garantizar los deberes de conservación y rehabilitación y de uso efectivo de establecimientos turísticos muy cuestionados, muy deteriorados precisamente en Canarias por falta de una norma clara y concreta sobre esta obligación; recuperar, con esfuerzo público y privado, como he dicho, la imagen y el nivel de satisfacción de los servicios que se prestan al turismo de los núcleos turísticos consolidados, mejorando su ordenación, su aspecto y su cuidado; y favorecer, mediante técnicas de mediación y coordinación administrativa, la disminución de plazos en la tramitación de los proyectos y en la renovación turística. De todo eso se ocupa el proyecto de ley.

Y, en resumen, ¿cuál es su contenido? De forma resumida, insisto, porque sería ocioso desarrollar aquí todo el contenido de la ley, que sus señorías cuentan en estos momentos con el texto. Primero, es cierto que es una norma no temporal, es una norma estable precisamente para dar seguridad jurídica. No es una ley de moratoria, no es un paréntesis, es una ley que ordena y pone ya un claro referente de cuál debe ser la modulación del crecimiento, en qué condiciones se debe producir. Por tanto, la norma no es temporal; sin embargo, señorías, en las disposiciones transitorias segunda y tercera se establece un mecanismo de dación de cuentas a este Parlamento y un mecanismo de posible modificación de normativa tendente, precisamente, a corregir aquellas disfunciones que se vayan produciendo o aquellas cuestiones que se consideren de aplicación de la ley en el futuro necesitadas de una corrección.

La ley prevé el que no se use más suelo, que ya hay suelo turístico clasificado, categorizado y con derechos urbanísticos suficiente, vacante, que se utilice el suelo vacante o se cambie ese suelo por otro; la renovación, rehabilitación y recualificación del sector, con un deber de conservar y rehabilitar claramente matizado y claramente expuesto en la ley; y la apuesta por la calidad. La apuesta por la calidad, diferencia la ley las condiciones de lo que más calidad tiene a lo que no tiene tanta calidad, precisamente porque es la calidad un factor de la competitividad y la competitividad, un factor de posibilidad de crecimiento.

Se persevera en las técnicas de modulación del crecimiento, incentivación de renovación de la Ley, ya, 6/2009, de Medidas Urgentes, de la que ya tenemos experiencia, de la que ya se tienen las claras ventajas y los inconvenientes y ya se sabe perfectamente dónde hay que incidir en la aplicación de esa norma y en la mejora de ella. Y así se establecen o se mejoran los incentivos que estaban ya en esa ley a través de los criterios de edificabilidad, de la modificación de estándares de parcelas, y todo eso permite una reducción en valores más realistas del número de plazas alojativas que se venían otorgando como incentivo en la Ley 6/2009.

Se define también como estratégica la actividad turística, de tal manera que no solo son los incentivos de la ley a los que es posible acogerse los que van a propiciar esa mejora de la actividad turística sino que también cualquier otro incentivo, al ser declarado por la ley una actividad estratégica, puede ser acogido a ese sector.

Se concretan y se aclaran los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad y su inserción en el sistema de planeamiento. Esto que había suscitado alguna crítica, incluso jurídica, de que eran planes al margen del sistema de planeamiento. Se aclara perfectamente en la ley en qué pirámide, en qué parte de la pirámide de la estructura del planeamiento están estos planes. Son planes de naturaleza urbanística, que tienen que ver más con la renovación urbana, con los planes especiales de renovación urbana, que con cualquier otra figura. Por tanto, se aclara su inserción en el planeamiento pero manteniendo su carácter estratégico y abreviado, tanto que se ha pedido aquí... -y esa ha sido precisamente su gran ventaja, la gran solución que ha venido a aportar este tipo de planes-, que son, aun cuando se garantiza la seguridad jurídica, la participación de los ciudadanos, de las instituciones interesadas y demás, sin embargo, tienen una tramitación abreviada por su carácter estratégico, que aprueba el Gobierno, se aprueba con la máxima restricción porque son de tramitación abreviada y estratégicos, y pueden insertar convenios urbanísticos, que aquí también se definen, que son convenios de naturaleza urbanística y de naturaleza de gestión también urbanística, los efectos que tienen estos convenios y toda esta cuestión.

Se regula una nueva sección en un registro turístico denominado Registro turístico de plazas alojativas -al que luego me referiré-, donde se deja constancia de los derechos al otorgamiento de nuevas plazas, con el fin de tener la máxima difusión, la máxima información, para que cualquier inversor que no disponga de plazas alojativas pueda tener rápidamente una información de dónde puede adquirirla, de qué forma puede materializar, aquellas que provienen precisamente de los incentivos que se han materializado como consecuencia de la renovación turística.

Y el título III yo creo que introduce una regulación muy precisa del deber de renovación edificatoria y las consecuencias del abandono y deterioro, estableciendo también el arma, las posibilidades coercitivas que tiene la Administración, y lo que pueden invocar particulares, para obligar a...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Señor consejero, le añado cinco minutos más, si le parece. Sí, termine, si es suficiente.

Puede continuar.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): Que, efectivamente, se dota la Administración de la armazón necesaria, de los medios coercitivos necesarios, para que cuando se abandona este fin del interés general de mantener actualizadas las estructuras turísticas puedan utilizarse, precisamente por el abandono del fin social de la propiedad, las figuras expropiatorias. Figuras que pueden ser invocadas también por los particulares que se vean, de alguna manera, imposibilitados de llevar a cabo el cumplimiento de sus deberes porque otros asociados o copropietarios se lo impidan.

Se articula una estrategia para la especialización de usos en las zonas turísticas, incentivando para este fin precisamente esa especialización de uso; es decir, en las zonas que durante tantos años fueron aprobadas en el planeamiento en Canarias de zonas turísticas mixtas, que, bueno, que no tienen una ordenación adecuada. No es lo mismo una zona residencial que exige dotaciones y equipamientos muy distintos a los que se exigen en una zona turística e incluso actividades, horarios y demás que colisionan con la calidad turística. Por tanto, la ley lo que hace es incentivar esa separación, de tal manera que posibilita la emigración de las residencias de la parte turística o viceversa, incentivando esa transformación.

Y establece un procedimiento abreviado de aprobación convencional de proyectos bastante novedoso, en línea con las más modernas técnicas de mediación en la Administración, propiciando la ventanilla única, la concentración mediante acuerdo común y único sobre el proyecto en base a reuniones, a un acta común entre distintas administraciones y los particulares implicados, de tal manera que en un solo acto de negociación o de mediación pueda ser resuelto un problema que de otra manera estaría muy condicionado por el proceso burocrático, y establece una terminación convencional con esa figura de mediación. Se regula, lógicamente, esta mediación con los límites legales que se pueden tener.

Se ordenan también diversos productos turísticos muy demandados por el sector, como son el condominio, la nueva implantación de las villas, etcétera.

Y, por último, se regula algo que es muy importante para mantener la calidad del turismo, que es la inspección, realmente la autoinspección. Se regulan empresas dedicadas, que tienen capacidad y estarán acreditadas para poder llevar a cabo las inspecciones de este tipo de instalaciones. La primera de ellas se hace a los diez años o la ley establece que tiene que ser a los diez años de la construcción y luego de cinco en cinco años, y lo presenta el propio particular ante la Administración. Piénsese que en esta cuestión lo que se está garantizando es la seguridad de los visitantes y la calidad, en definitiva, del servicio que se presta.

En definitiva, señorías, un conjunto de medidas que aportan o que pondrían a Canarias nuevamente en las condiciones de líder turístico, de líder de destinos de máxima competitividad y, por tanto, de la mejora de nuestra economía y el empleo.

Y voy, señor presidente, si me lo permite, voy a referirme a expresar alguna cuestión con fines más aclaratorios y de posibilitar desde luego o intentar una reflexión sobre la enmienda a la totalidad y la solicitud de devolución del proyecto, en aras de intentar una aproximación a las cuestiones, de tal manera que, si a bien lo tiene, pues, se pueda reconducir esta situación en aras de llegar a un consenso en este proyecto, que es tremendamente trascendente para la economía de Canarias.

Y voy a empezar por las dos primeras cuestiones de la justificación de la enmienda a la totalidad, y que es precisamente el acuerdo que también tiene el partido de la Oposición cuando establece que es verdad que está con el Gobierno y que considera imprescindible la mejora de la calidad de las instalaciones turísticas de Canarias para que sean cada vez más competitivas con destinos similares al nuestro, que está de acuerdo en ese objetivo, en que es oportuno, pero que está también de acuerdo con el modelo de incentivos, con algunos matices, ¿no?, pero que está de acuerdo con el sistema de incentivación. Yo creo que ese es básica y fundamentalmente lo más importante, el 70% del contenido de la ley.

Evidentemente tenemos ideas distintas en cuanto a algunas cuestiones de las que se plantean en esta enmienda, porque esta enmienda viene...

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Puede continuar, señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (Berriel Martínez): ...viene a cuestionar, por un lado, la necesidad de la autorización previa, pero sobre todo viene a cuestionar o a oponer, digamos, a oponer algo que entiende el Partido Popular que debe darse aquí, que es la libertad de empresa sin limitación a la implantación de estas estructuras turísticas. Evidentemente en eso no podemos tener un acuerdo. Podemos hacer una aproximación a los requisitos, las exigencias, a esa cuestión. Esto no es una moratoria continuada, insisto, es una nueva ordenación, una regulación de una actividad estratégica en Canarias. No se trata, no vamos a comparar con los paréntesis de las moratorias ni vamos a hacer un análisis tampoco de qué era peor, haber hecho la moratoria o no haberla hecho, si nos ha ido bien o nos ha ido mal con ella, porque solo podemos analizar, evidentemente, los efectos de la moratoria. Pero si analizáramos los efectos que se hubiesen continuado si no se estableciera la moratoria, pues, tendríamos elementos para poder oponer.

En definitiva, el Partido Popular no comparte la intervención pública en este asunto, a los niveles al menos que se hace. Sobre eso tengo que decir claramente algunas cuestiones. La primera. La autorización previa, insisto, no está reñida con la implantación, con la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución. Y no está reñida con la legislación europea en este campo, porque expresamente la Directiva de Servicios expresamente excluye aquellas actividades que tienen que ver con la ocupación del territorio, la ordenación del territorio o con el medio ambiente. Y es evidente que la ocupación del territorio en la actividad turística es una ocupación impactante, potente y que, por tanto, consiste en una mayor antropización del territorio, con elementos además exógenos, y, por tanto, eso tiene un impacto importante y eso se tiene que regular. Y consciente de eso, la directiva europea, la Directiva de Servicios, dejó fuera precisamente de su aplicación este asunto.

Por otro lado, otra de las cuestiones que reprocha la enmienda tiene que ver con las corporaciones: la distribución competencial y lo que se entiende -ya fue esto expuesto en la Comisión de Cabildos-, lo que se entiende que es una invasión competencial de los cabildos y de los ayuntamientos. Se refiere la enmienda en concreto a los cabildos. Tuve oportunidad de oponer un razonamiento a esta cuestión, que doy por reproducido aquí, pero que necesariamente, como había señores diputados que no estaban en esa comisión, voy a sintetizar rápidamente.

Vamos a ver, no hay ni una sola competencia insular que sea tocada en este proyecto de ley, ni una sola, porque los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad que se establecen aquí, en lo único que podía decirse que tiene que haber una colisión con quien los tiene que promover y aprobar, son planes urbanísticos, en una competencia que no ha estado nunca en los cabildos insulares, que nuestro ordenamiento jurídico no la ha colocado en los cabildos insulares. En todo caso, en los ayuntamientos. Ahora bien, la característica de plan estratégico excede lo que es exclusivamente una cuestión urbanística, porque tiene que ver con la economía de la comunidad autónoma. Por eso, digamos, son aprobados por el Gobierno de forma excepcional y como planes estratégicos, pero no hay ninguna invasión en materia territorial de los cabildos.

Pero, no obstante, yo comenté en esa reunión o en esa comisión que tiempo tenemos a lo largo de este proceso parlamentario de acercar posturas y que, por ejemplo, la intervención del cabildo, la promoción del cabildo también de este tipo de planes no parece que desvirtúe el fin del proyecto. Por tanto, es una cuestión que se podría hablar.

Y luego hay cuestiones como, por ejemplo, algunas cuestiones de las villas y demás, que ya también tuve oportunidad ahí, pero que son cuestiones menores que entiendo que tienen espacio, tiene cabida la negociación en lo que nos queda de tramitación.

Así, señorías, el Gobierno aboga por que tengamos un espacio de encuentro, por que podamos acercar posiciones, acercar posturas que, sin desvirtuar el proyecto que presenta el Gobierno porque lo considera necesario y estratégico, podamos tener la posibilidad de consensuarlo.

Gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente segundo (Fernández González): Gracias, señor consejero.

Don Miguel Jorge, para la enmienda a la totalidad.

El señor Jorge Blanco: Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, señor Berriel.

Iniciamos en el día de hoy el trámite de uno de los proyectos de ley más trascendentales de esta legislatura. El proyecto de Ley de Renovación Turística puede considerarse, si hacemos, por ejemplo, un símil futbolístico, como el jugador estrella que todos los aficionados están deseando ver jugar para ver cómo con él el equipo mejora en su juego y gana a sus adversarios. Si nosotros acertamos, señorías, en la definición final de la Ley de Renovación Turística, si somos capaces de hacer la mejor ley posible, todos los canarios, de una forma u otra, nos veremos beneficiados en algo o en mucho.

Saben ustedes que el turismo es nuestro sector productivo más importante, con gran diferencia frente a los otros, y por eso estamos obligados a acertar todos: Gobierno y grupos parlamentarios. Tendremos que poner toda la carne en el asador, señor consejero -y en eso estoy de acuerdo con usted-, para que el texto final resulte el más idóneo para los intereses de Canarias en su conjunto, pero también para cada una de las siete islas en particular. Nadie debe verse o sentirse descolgado o desplazado del acuerdo final en el texto. Quiero decir de antemano que mi grupo parlamentario hará todo el esfuerzo posible para que se pueda conseguir este objetivo, lo digo desde ahora, para que el Gobierno de Canarias quede satisfecho, para que los cabildos y ayuntamientos se vean identificados con la nueva normativa y para que el sector privado, el sector turístico, pueda también ver recogidas sus aspiraciones en el documento final.

No es pedir la cuadratura del círculo, no lo es. ¿Será difícil?, claro que será difícil, pero creo que los grupos parlamentarios debiéramos en estos momentos dar un ejemplo de responsabilidad para conseguirlo. Mi grupo, ténganlo todos por seguro, lo hará y estoy seguro, señorías, de que el resto de los grupos también lo hará.

Señorías, hemos presentado una enmienda a la totalidad porque creemos que este es un texto manifiestamente mejorable, donde no compartimos asuntos tan importantes como la instauración de una moratoria permanente en varias islas del archipiélago, donde no se implica a los cabildos insulares como se debiera y donde se produce una intervención pública más allá de lo razonable o de lo exigible. Nuestro modelo no es el de la moratoria permanente; nuestro modelo turístico para Canarias pasa por implicar más a los cabildos y ayuntamientos canarios en la toma de decisiones estratégicas y de desarrollo turístico; y nuestro modelo pasa también por implicar más a la iniciativa privada, a la individual y a la empresarial. Tres aspectos que hemos considerado como claves para presentar esta enmienda a la totalidad.

Con toda probabilidad, señorías, este texto seguirá su tramitación parlamentaria y en ponencia trataremos de colaborar activamente en la mejora del mismo, con responsabilidad, con generosidad y también, si es necesario -y lo digo claro y alto-, con alguna renuncia. Tres cuestiones que nosotros ofrecemos pero que también reclamamos del resto de los grupos parlamentarios si de lo que se trata es de llegar a la búsqueda de un encuentro y del acuerdo final.

El Partido Popular y la moratoria son incompatibles. Sencillamente, no creemos en ella, señorías. No casa con nuestra filosofía política, no casa con nuestra ideología. Roza más de la cuenta los límites de la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la Constitución. Aunque sé que para otros no es así, para nosotros sí. Y, por tanto, como no creemos en ella, no la podemos apoyar (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente).

Me dirán que la hemos apoyado otras veces. Es verdad, señorías, y con el pecado viene la penitencia, pero en nuestro descargo he de decirles dos cosas: que las anteriores siempre fueron moratorias temporales y que se produjeron en una coyuntura económica de expansión totalmente diferente a la actual, que requiere medidas de más apertura y de menos regulación normativa frente a lo que nos ofrece este texto. Yo puedo entender, señor Berriel -y permítame esta expresión-, que la socialdemocracia se ha instalado en este Gobierno. Claro que lo puedo entender, pero comprenderá que esto nosotros no lo podremos apoyar.

Miren, hay un organismo público de la Comunidad Autónoma de Canarias muy poco sospechoso de ser liberal, que es el Consejo Económico y Social. Es que en relación con la moratoria se ha expresado de manera tan rotunda que hasta yo mismo, señorías, he tenido problemas con algunos de mis compañeros porque me afearon mi lenguaje sereno. El CES viene a decir lo que transcribo en estos momentos: "Nos oponemos de la forma más rotunda a tal cambio en la concepción de la moratoria turística en lo que supone un retroceso inadmisible para las posibilidades de crecimiento del sector, afectando de forma muy negativa a las necesidades de algunas islas. Hemos de concebir, pues, la moratoria como un proceso en trance de desaparición, propiciatorio para la apertura al desarrollo turístico con instalaciones de calidad adaptadas a los nuevos requerimientos de demanda. Abogamos no ya por el caduco sistema de prorrogar un régimen prohibitivo sino por abrir de manera definitiva el sector y permitir el desarrollo de zonas que durante años han visto cercenadas sus posibilidades de crecimiento. No es lógico medir a todas las islas por el mismo rasero, cuando concurren en esta situación unas con desarrollo turístico completado frente a otras a las que se les ha impedido toda posibilidad de alcanzarlo". Esto lo ha dicho el Consejo Económico y Social, que no liberal.

Señorías, la planificación en su acepción más amplia sirve para ordenar y orientar un proceso determinado, en nuestro caso el desarrollo turístico. Lo que no es justificable es que, apoyándonos en el término "planificación", los poderes públicos vengan a limitar, a restringir o a coartar la libertad y la iniciativa empresarial. No es decir, como muchos pensarán, "con mi dinero y con mi propiedad hago lo que me da la gana". No, no es eso, es sencillamente impedir algo que estamos bastante acostumbrados en Canarias en los últimos tiempos: "son tantas las pegas que me ponen que me llevo la inversión para otro lado".

Este proyecto de ley supone también un paso atrás en la descentralización política y administrativa de Canarias, a nuestro juicio. Si la Ley de Cabildos apostó por que las competencias turísticas estuvieran en manos de los cabildos insulares, el Gobierno se apropia de determinadas funciones que, en opinión del Partido Popular, debieran estar en manos de las instituciones insulares. Los planes de modernización y el registro turístico son dos ejemplos de lo que hablo. No hubo ni uno solo de los siete presidentes de cabildo, señor Berriel, que alabara este proyecto en la comisión general celebrada en enero. Todos lo acusan de ser un texto que considera a los cabildos como instituciones de segundo orden. Y el Partido Popular pone voz hoy en este Parlamento a los temores de los cabildos insulares y enmendaremos el texto en el sentido de otorgar a cada uno lo que le corresponde. Es que no nos vale el argumento que con frecuencia oímos por algunos dirigentes de que, como los ayuntamientos y cabildos son incapaces de sacar su planeamiento adelante, tenemos que venir nosotros, el Gobierno, como salvadores a ordenarlos e imponerles una planificación territorial y urbanística que es la que me gusta a mí, aunque pueda no coincidir con la que le gusta a una isla en mayúsculas.

Señorías, si el camino es sinuoso, que lo es, o muy sinuoso, que también lo es, para la aprobación de la planificación, lo que tendríamos que haber hecho es enderezar ese camino modificando la legislación vigente, por ejemplo la del territorio del 2000, y no buscar atajos como los planes de modernización, que significan, en definitiva, una pérdida casi absoluta de soberanía o de autonomía municipal impuesta. O lo tomas o lo dejas, este es el mensaje que se le ha trasladado a la mayoría de los alcaldes turísticos de nuestro archipiélago.

Claro que compartimos que existan instrumentos de ordenación ejecutiva o pormenorizada que, teniendo carácter urbanístico, formulen y tramiten de manera ágil la renovación urbana de las áreas turísticas, pero creo, señorías, que la opción más sencilla y de más seguridad jurídica hubiera sido dotar de mayor fortaleza jurídica a determinadas figuras ya existentes en la legislación, como, por ejemplo, los planes territoriales parciales, que hubiesen mantenido inalterados los principios de jerarquía, pues estarían sometidos a los planes insulares de ordenación, que son los que, en definitiva, definen el modelo insular que cada cabildo quiere para su isla.

Y aquí o se cree en la descentralización o no se cree. Si es lo primero, toda la actividad legislativa que se produce debe ir orientada en ese sentido, y este proyecto lo que produce es un cambio de sentido de 180º. Y desde luego lo que no se puede es estar permanentemente diciendo que se cree en ello y luego hacer lo contrario cuando se presentan los proyectos de ley. Y este es el Gobierno, en fin, que reclama al Estado más descentralización política y más descentralización administrativa, pero cuando desde abajo les reclaman a ellos descentralización política se la niegan con rotundidad. Eso no es tener credibilidad, es no tener coherencia.

De los planes de modernización no compartimos tampoco la exclusividad, señor Berriel, de su elaboración. Se tendría que abrir la mano para que otros los pudieran elaborar, los cabildos y los ayuntamientos. Y, por qué no, a lo mejor también hasta la iniciativa privada, lógicamente garantizándose el interés general y la aprobación pública de los documentos.

Con esta regulación, nos encontramos, por ejemplo, en Gran Canaria, en Playa del Inglés, con dos instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados: el PTE-8, de regulación de Playa del Inglés, y el Plan de modernización de Playa del Inglés aprobado; uno avalado por las Directrices, el otro avalado por la Ley de Medidas Urgentes, y los dos en vigor. Parece un contrasentido y una hiperregulación, pero esa es la realidad de lo que tenemos hoy y es lo que, en definitiva, tenemos ahora.

Finalmente, creemos que esta ley es muy intervencionista, impropia de las nuevas tendencias legislativas de simplificación normativa impuestas por la Unión Europea y que todos estamos obligados a implantar, aunque sea, en este caso de Canarias, siempre a regañadientes. Miren, la primera intervención pública que, a nuestro juicio, es hoy día un exceso es la existencia de la exigencia de la autorización previa para el ejercicio de la actividad turística. Autorización que tenía que haberse suprimido tras la entrada en vigor de la Directiva de Servicios, pero que aquí, como siempre, nos acogemos a la excepcionalidad de la fragilidad del territorio para no cumplirla. Teniendo en cuenta lo que dice el decreto de desarrollo 142/2010, de la Ley de Turismo, decreto que aprueba el Reglamento de actividad turística de alojamiento, la autorización previa tiene por objeto examinar la memoria de la actividad turística a desarrollar; determinar y otorgar la modalidad, la tipología y la categoría a la que pertenezca un establecimiento turístico y el análisis, además, del proyecto técnico de ejecución. Parece lógico, digo yo, parece lógico que para esto la autorización podría sustituirse sin problemas por una declaración responsable o por la unificación en una sola autorización o licencia que otorgaría el ayuntamiento de todos estos aspectos, más el análisis que la licencia de obra propiamente dicha realiza, y así no se producirían solapamientos de ningún tipo.

O exigir la autorización previa para proyectos exclusivos de renovación o rehabilitación: nos parece un exceso. Y si la renovación consiste en una reducción de camas turísticas disminuyendo la capacidad de carga turística de la isla y, por tanto, entiendo yo, mejorando esa fragilidad del territorio y el medio ambiente, ¿también habría que pedir autorización previa para ello? Si es así, a nuestro juicio, iría desde luego claramente en contra de la Directiva de Servicios, que es, como saben, de obligado cumplimiento.

El problema a mi juicio es que la administración no ha querido desprenderse de la cultura administrativa de la autorización, basada en la imposición de hacer pasar al ciudadano por una administración para el ejercicio de un derecho previo. Es, en definitiva, la voluntad de la administración de controlar el ejercicio de la actividad económica, como la turística en este caso, y de influir y mediatizar en la actividad urbanística de los ayuntamientos turísticos.

Otros ejemplos de intervención excesiva a juicio de nuestro partido. No son todas pero algunas: la exigencia de suscripción de convenios con el Servicio Canario de Empleo para que pueda abrirse y autorizarse un hotel de lujo. Exigencia que no añade nada nuevo al valor del proceso...

El señor presidente: Sí, don Miguel, le voy a dar tres minutos para que concluya, dado que la iniciativa...

El señor Jorge Blanco: A nuestro juicio -gracias, señor presidente-, no añade nada nuevo y es una intromisión en la libertad del empresario. La regulación de las villas, que pondría en peligro la actividad de muchas de ellas, imposibilitando la legalización de las mismas al exigírseles que deben encontrarse en suelo clasificado como turístico, además de colocarlas a una distancia superior a 500 metros de la costa, con lo que ello conlleva, pues, de pérdida, sin duda, de atractivo turístico frente a otras ofertas competitivas. O lo previsto en el artículo 23 del proyecto de ley en relación al deber de atenerse al uso establecido, que nos parece muy bien, señor Berriel, pero que con la actual redacción produciría situaciones muy injustas y se verían comprometidos muchos complejos extrahoteleros, especialmente, como usted bien sabe, en la isla de Gran Canaria, que quedarían fuera del mercado turístico, con el consiguiente perjuicio para muchos pequeños propietarios, cumplidores respetuosos de la norma, frente a otros que no lo son.

Finalizo, señor presidente, finalizo, señorías, tal y como empecé. Creemos que es un texto manifiestamente mejorable, que contiene errores que podrían condicionar nuestro futuro turístico frente a otros competidores emergentes y ya consolidados: la moratoria permanente, el olvido de los cabildos insulares y ayuntamientos y el intervencionismo público. Pero termino como lo hice al principio: ofreciendo mi grupo parlamentario para colaborar en la mejora del texto final. Creo, creemos todo el Grupo Parlamentario Popular, que merece esta ley una aprobación unánime que le pueda dar estabilidad y permanencia en el tiempo a la Ley de Renovación Turística. Nosotros, señorías, señor Berriel, señores del Gobierno, haremos todo lo posible para que eso sea así. Esperamos del resto de los grupos parlamentarios la misma actitud.

Gracias, señor presiente.

El señor presidente: Muchas gracias, don Miguel Jorge.

Concluido el turno a favor de la enmienda de devolución, hay un turno en contra. ¿Quién hace el turno en contra? Don José Miguel González, por el Grupo Nacionalista Canario.

El señor González Hernández: Buenos días, señor presidente. Señores diputados...

El señor presidente: Don José Miguel, don José Miguel, un momentito, por favor, si es tan amable.

Hemos estado viendo que corresponde el turno en contra, que corresponde, y ahora hay un turno de cada grupo de 15 minutos y se acabó el debate.

El señor Rodríguez Rodríguez (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)

El señor presidente: En el turno de fijación de posiciones puede hablar lo que quiera, don Román.

No, ahora hay un turno en contra, que lo hace el Grupo Nacionalista y ya no interviene más. Entonces usted y el Grupo Socialista tienen fijación de posiciones de 15 minutos. Creo que es suficiente, lo hemos estado viendo en la Mesa.

Gracias, don José Miguel.

El señor González Hernández: Señor presidente.

Bien. Sinceramente, quiero decir que me he quedado un poco sorprendido por la presentación de la enmienda a la totalidad y aún más cuando he escuchado las razones que la justifican. Don Miguel Jorge empezó su oposición al proyecto de ley planteando que va a seguir vivo, lo que indica, sinceramente, que su posición respecto a la enmienda de totalidad era más bien táctica.

Yo creo que todos estamos convencidos de la importancia del turismo. Bueno, de eso hablamos mucho, pero voy a decir simplemente que el hecho de que el PIB, el 28... Según cifras de Impactur del 2011, el 28% del PIB y el 33% del empleo dependen del sector turístico; o que haya 240.000 plazas hoteleras ofertadas, con un índice de ocupación del 75, y 190.000 extrahoteleras, con el 50; que haya 111.000 empleos y que el año pasado el gasto de alojamiento de extranjeros fuera de 7.642 millones de euros, indica que estamos precisamente en un tema muy importante dentro de la economía canaria. No debemos olvidar, sin embargo, que la economía canaria necesita diversificación. Eso no quiere decir en absoluto que el sector turístico no siga jugando papeles importantes, y ahí es donde entra la necesidad del proyecto. Porque yo creo que todos estamos convencidos de que hay unas zonas donde el turismo es maduro, un poco ya con instalaciones obsoletas que necesitan modernización y que es necesario conseguir la calidad del turismo.

Pero no nos engañemos: el turismo actual tiene unas determinadas demandas, pero también estamos utilizando para satisfacer esta demanda unas instalaciones que a veces ya no cumplen la necesaria calidad y que compiten con otras que quizás, por motivos políticos, en este momento no se están utilizando. Por lo tanto, no nos quedemos tranquilos en la situación en que estamos y tenemos que reaccionar con objetivos. Tenemos que reestructurar la oferta, como dice la propia ley, la oferta diversificándola, hay que ir a una mejora permanente del... Esto no es una acción puntual, es una mejora permanente del producto. Tenemos que hacer una buena promoción y tenemos que meter más las nuevas tecnologías, incluso en los procesos de relación entre la oferta y la demanda, porque así es como funciona la economía moderna.

Pero todo eso son actividades fundamentalmente de los empresarios. Es la actividad empresarial la que lleva una economía. Nosotros no somos tan liberales bajo el punto de vista ideológico como plantea el Partido Popular, pero creemos en la libertad de empleo y en el Estado social de Derecho que tiene nuestra Constitución. Pero eso no quiere decir que las administraciones públicas se queden separadas, no tengan que intervenir, porque tiene que ser como mínimo un marco jurídico claro y luego los incentivos, que es otra política, porque siempre hay dos maneras de actuar de las administraciones públicas: una es lo que se llama la estaca y la zanahoria, la regulación, y, si es necesario, actuar con disposiciones de carácter sancionador, y los incentivos para ejercer la actividad.

Pero el marco canario está dentro del estatal y del comunitario. Entonces yo creo que es correcto que se analice que la ley que debatimos si está dentro de los dos parámetros: si la administración cumple con su obligación con la actividad empresarial de facilitarle su labor sin interferencias innecesarias, que no estén bien justificadas por el interés general, y, por otra parte, que debe subordinarse siempre el interés particular al general y por supuesto respetar la legislación comunitaria. Y es a través de este análisis donde conviene considerar los reparos que plantea la oposición a través de su enmienda a la totalidad, pidiendo la devolución, por cierto, no con un texto alternativo.

¿Y por qué, en mi opinión, hay que rechazarla? Sin dejar de conceder que cualquier texto siempre es mejorable, señor Jorge, y que, por lo tanto, a través de un debate sosegado y abierto y con unas enmiendas parciales, que no la totalidad del texto articulado, seguro que podríamos mejorar el texto. En primer lugar, voy a referirme a algo en lo que usted ha insistido mucho, que es la acomodación del texto a la normativa comunitaria y concretamente a la Directiva, como todos sabemos, la 2009/123 CE, del Parlamento y del Consejo, que es la llamada Directiva Bolkestein vulgarmente hablando. Es cierto que en su considerando 33 dice que también es aplicada a los servicios turísticos y por supuesto también a los que tienen que ver con la edificatoria. En su artículo 9, la directiva limita la aplicación del régimen de autorización, el que usted critica, a que su necesidad esté justificada por una razón imperiosa de interés general, siempre que el objeto pretendido no se pueda conseguir mediante una medida menos restrictiva. Estamos de acuerdo. Hay que recordar que ya nosotros aquí, en la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que modificamos la Ley de Turismo, decíamos en la propia exposición, la aprobó este Parlamento, que el régimen de autorizaciones anterior evidentemente carecía de proporcionalidad respecto a los temas, y entonces se modificó. Así, nosotros incorporamos la normativa comunitaria estableciendo que el régimen de comunicación previa era el régimen ordinario y reservaba -y este es el tema más importante- la autorización a los supuestos en que la actividad turística tenga incidencia territorial y el bien jurídico a proteger esté vinculado a la protección del medio ambiente. Por supuesto, sin crear discriminación.

Y como instrumento de análisis, ¿cómo se puede acceder al análisis de si tiene incidencia territorial? Mediante la capacidad de carga, hay planes insulares que lo ponen claramente, y, dado nuestro carácter insular, la adecuación del crecimiento a la capacidad de carga de cada isla. Solo puede alcanzarse esto mediante un control ex ante, es decir, saber lo que se va a hacer, y por supuesto un análisis ex post, que ponga de manifiesto si se han alcanzado los objetivos o se han pasado o se han impedido.

En concordancia con estos principios, el artículo 24 de la misma ley, de la que hablaba antes, señala que con carácter general la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de actividades turísticas no estará sujeta a autorizaciones, sin perjuicio del cumplimiento del deber de comunicación, emitiendo en su caso declaración responsable sobre la adecuación de la actividad a la normativa aplicable -la normativa canaria es perfecta-; no obstante, el apartado 2 señala que la autorización administrativa será exigible cuando por razones medioambientales o de ordenación del territorio esté legal o reglamentariamente restringida o limitada la creación de nueva oferta de alojamiento turístico y especialmente siempre que dichas limitaciones vengan justificadas por la ordenación territorial atendiendo a la capacidad de carga de las islas. Por cierto, esta ley fue aprobada con el voto del Partido Popular.

Por otra parte, no se debe olvidar que con carácter complementario también las administraciones públicas deben conocer qué proyectos hay o se pretenden realizar. Porque hay una cosa que cae sobre la actividad pública, que es el establecimiento de las infraestructuras de apoyo, las telecomunicaciones, las energéticas, las de suministro de agua, de energía, etcétera, etcétera, y es necesario conocer y atemperar el procedimiento, de manera que se pueda conseguir la calidad de las prestaciones públicas, porque si no realmente poca calidad puede tener el servicio. Y por eso las propias Directrices hablan de que es importante que se calcule la capacidad de carga. La capacidad de carga, como usted sabe, tiene muchas facetas: la calidad física, la calidad social, la calidad cultural, etcétera, etcétera.

Por lo tanto, yo creo que esto que le acabo de decir pone de manifiesto la carencia de fundamento que ustedes dicen, que el proyecto no se casa con la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y que contraviene lo dispuesto en la directiva.

No se puede ni se pone tampoco en cuestión en este proyecto la libertad de empresa -¿dónde?-, sino que se aplican principios de ordenaciones territoriales que ponen por delante el interés general del particular y evitan actividades desordenadas depredadoras del territorio. Yo no sé si ideológicamente usted no comparte, creo que sí lo comparte, que el interés particular tiene que estar subordinado al interés general.

En cuanto a la Directiva de Servicios, creo que ya he dicho claramente que los principios limitadores que permite son los que aquí se aplican. Es decir, no se limita por limitar, se toman medidas preventivas a través de la autorización previa para conseguir que no haya unas incidencias medioambientales muy importantes.

El presente proyecto yo creo que es consciente de los retos a los que se enfrenta la actividad turística y la necesidad de conservar nuestro territorio dentro de un principio de desarrollo sostenible. Porque nuestras características ambientales, nuestra limitación territorial, nuestra biodiversidad, nuestros paisajes, son factores fundamentales en la oferta turística. Es decir, no sé si podemos pasar -yo sé que usted no plantea tan extremista-, se pase del liberalismo ya decimonónico, pero es que si nosotros en nuestro proceso de liberalización, en su criterio de liberal, actuamos sin control acabaremos cayendo en el mismo caso de la fábula de la gallina de los huevos de oro: lo que es importante para el turismo lo vamos a matar a través de las actividades turísticas, y eso es pan para hoy y mucha hambre para mañana.

¿Qué plantea el proyecto? Yo creo que hay un principio que es fundamental, que no se puede aumentar la calificación del suelo turístico. Yo le he oído a usted una cosa hoy, aunque usted ha hecho por supuesto un propósito, un dolor de corazón, sobre algunas cosas que había dicho y que hoy no asume, pero es que sinceramente... Le voy a comentar algo, sin ningún deseo de molestar, pero, bueno, a veces la memoria es importante recordarla. Yo tengo delante de mí el Diario de Sesiones del Parlamento del 23 de abril y usted decía, refiriéndose a este proyecto de ley, dice: ¿por qué un ciudadano de un municipio de Canarias tiene que soportar la incapacidad de su ayuntamiento en aprobar su planeamiento municipal? ¿No es necesario que a aquella administración que el Estatuto de Autonomía le otorga las facultades territoriales y urbanísticas se le otorgue también la facultad de actuar por subsidiariedad en este caso?

También me parece una medida lógica que a ustedes les parece un disparate: se adoptan medidas para promover la rehabilitación de la planta alojativa -sigue siendo el proyecto anterior-, hotelera, extrahotelera, medidas de carácter incentivador, convenio de sustitución, y dice: "todo ello sin clasificar un metro más en el suelo turístico". ¿Es malo apostar por la rehabilitación? Etcétera, etcétera. Es decir, por un lado usted en aquel momento parece que participaba más de la posibilidad de que, cuando haya una acción a nivel municipal, actúe otra autoridad administrativa, que hoy en día pone en cuestión. Bueno, evidentemente el poder cambiar de idea no es nada rechazable. Es decir, usted puede opinar una cosa hoy y mañana, por una serie de condiciones, puede cambiarla.

¿Qué hace la ley? Puntualiza los incentivos a la rehabilitación, no solo mediante, usted sabe, mediante plazas adicionales, pero posibilitando incrementos de edificabilidad y modulación de los estándares de densidad, como hablaba el consejero, e incluso de carácter económico. Se introduce un importante instrumento para posibilitar la rehabilitación en la tradición en la materia urbanística, que es el deber de los titulares de mantenerlo en condiciones, si no...; la posibilidad de actuar, hacer unas inspecciones y control, tanto de la calidad turística como de la estructura.

En resumen, es un proyecto de ley ambicioso que cuenta con el informe favorable del Consejo Consultivo, por cierto, ha dicho el consejero que prácticamente todas sus alegaciones han sido aceptadas. Y yo creo que, efectivamente, puede tener mejoras, puedo llegar a concluir con usted que algunos de los puntos se pueden mejorar. Pero el que nosotros pensemos que algunos de los preceptos pueden requerir puntualizaciones y mejoras, y para ello tenemos plazo... Y usted sabe cómo hemos atemperado el tratamiento de este proyecto. Ya había entrado el Gobierno con un proceso más rápido y tomamos una medida de carácter transitorio como ampliar el plazo para poderlo discutir con mesura y tranquilidad. Eso es por lo que le digo al principio que no entiendo cómo usted ha entrado con una enmienda a la totalidad, cuando lo lógico hubiera sido criticar el proyecto y plantear que en el proceso de enmiendas parciales podíamos llegar a un acuerdo. Pero, bueno, eso no impide que lo podamos plantear. Por ello le digo que me alegro de que en su propia enmienda manifieste su conformidad con que el Gobierno considera, como dijo el consejero, imprescindible mejorar la calidad, en eso estamos de acuerdo; que también considere adecuados los incentivos a los empresarios, que también es un tema básico de la ley. Y si estamos de acuerdo en lo esencial, pienso que a través de posibles enmiendas parciales, un buen trabajo de ponencia, conseguiremos un texto con mayores acuerdos, lo que es aún más importante, que permita a los empresarios avanzar en la modernización de esta actividad.

Quiero decirle con ello, señor Jorge, que, sinceramente, yo creo que sus argumentos... Hombre, todo el mundo, cuando habla, habla con sus profundas bases ideológicas y le salen a flote. Yo creo que no estamos tan lejos. Yo pienso que usted también tiene que entender perfectamente que el interés general tiene que superar al particular; que no podemos hacer una actividad turística descoordinada y sin control que al final lo que haga es que acabe con nuestros recursos básicos, que es el territorio, la calidad, nuestra diversidad, nuestros paisajes, y que, por lo tanto, ese proceso hay que atemperarlo y controlarlo. Podemos discutir cómo y el procedimiento hasta qué punto y qué punto. Podemos incluso hablar de cuál es la implicación de unas u otras administraciones, todo eso lo podemos discutir, pero si estamos de acuerdo en lo esencial, estoy seguro de que al final tendremos un proyecto que todos podamos compartir.

El señor presidente: Muchas gracias, don José Miguel González.

Turno de fijación de posiciones, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señorías, muy buenas tardes.

Yo diría que solamente haciendo bien, este Parlamento, el trabajo referido al papel que el ordenamiento jurídico y la propia Constitución otorgan a los poderes públicos en materia turística se justificaría. Estamos hablando del sector de la economía canaria más relevante, el que nos sacó de la miseria y el que nos ha colocado en razonables niveles de desarrollo y al que vamos a estar vinculados con seguridad siempre si hacemos las cosas bien. El turismo es decisivo, determinante, de interés general, absolutamente vital para el presente y el futuro de esta tierra. Y esta ley, en consonancia con otras, con las competencias de esta comunidad y con una tradición legislativa determinada, intenta actuar sobre él para mejorarlo, con dos grandes objetivos que son siempre los que han animado las leyes reguladoras en la materia y que ha decidido este Parlamento a lo largo de la historia. Primero, defender y reconocer la importancia en la estructura económica, en el bienestar y en el futuro de Canarias, con dos objetivos concretos: hacerlo más competitivo... Porque este es un sector en crecimiento a nivel mundial. El sector del ocio tiene una demanda en crecimiento. Nosotros tenemos condiciones competitivas extraordinarias, por el clima, por las circunstancias, por el espacio físico, por la pertenencia a la Unión Europea y al Estado español, por un conjunto de circunstancias esta es seguramente la actividad económica a lo largo de nuestra historia en la que hemos sido competitivos por nuestras propias condiciones. Que no hemos necesitado ni de protección ni de incentivos, sencillamente esta actividad es una actividad que podemos desempeñar de forma eficiente. Por lo tanto, ninguna duda sobre la importancia estratégica del turismo, sobre el valor que tiene para el bienestar de esta tierra y sobre el interés general que lo debe presidir en todas las decisiones.

Nosotros compartimos la finalidad y el objetivo del texto legal, que, por cierto, llega con retraso, pero si es para hacerlo bien a nosotros nos parece secundario. Pero he de decir que hay algunas cuestiones de contexto que nos preocupan, que nos inquietan, porque nos pueden hacer que equivoquemos nuestras decisiones. Esta ley debió venir acompañada por un informe evaluativo, por una comunicación que nos dijera qué ha pasado en esta tierra con decisiones anteriores, cuál ha sido el impacto. Este Parlamento, por unanimidad, hace ya una década, decidió establecer límites al crecimiento con el objeto de mejorar la competitividad del sector turístico, de cualificar el sector turístico, con el objeto de favorecer la gran asignatura pendiente del sistema turístico, que es la renovación de las ciudades maduras, antiguas, obsoletas, como las quieran llamar, de la planta alojativa también. Y he de decir que sería muy razonable, ahora que retomamos este debate en este Parlamento, legítimamente, que tuviéramos un balance, una medición, el conocimiento de lo acontecido para poder decidir con acierto. Si nosotros decidimos parar el crecimiento o que este lo hiciera sobre determinados parámetros de calidad, tenemos que saber qué pasó con esta decisión, cuáles han sido sus consecuencias, medibles.

Si nosotros decidimos apostar por una de las claves del futuro de este sector, que es la renovación turística, es la actualización de las ciudades e instalaciones que envejecieron, si hemos hecho apuesta por eso, tenemos que saber qué pasó en estos años: ¿hemos conseguido el objetivo?, ¿no lo hemos conseguido?, ¿cuáles son los aciertos, cuáles son los errores?, ¿de qué han servido las decisiones que hemos tomado? Sin esta consideración, es difícil acertar, porque las leyes que regulan, que intervienen, que planean sobre las actividades económicas, que es competencia del sector público, recogido de forma inequívoca en el Título VIII de la Constitución española... -que algunos debieran repasarse, porque solo se leen los artículos que les convienen-. Esta actuación nuestra, compatible con el ordenamiento jurídico, hay que hacerla con rigor, con solvencia, con conocimiento de causa. Cuando se legisla, se legisla para intentar mejorar la realidad a la que nos dirigimos y conocer cómo se ha comportado esa realidad es decisivo para el acierto, y no tenemos información suficiente sobre qué ha pasado con la moratoria, qué ha pasado sobre la orientación que decidimos en base a calidad, en base a la diversificación. No sabemos qué ha pasado con la propuesta estratégica de renovación.

Por lo tanto, echamos de menos este tema y nos parece un error. Está delimitado en las normas, lo dicen las leyes, que aquí había que venir con un informe acompañando a esta norma sobre lo acontecido para poder decidir en consonancia con esa realidad y lo que pretendemos transformar.

El segundo elemento de contexto que echamos de menos desde nuestro grupo es el poco debate que ha tenido semejante y relevante norma. Las razones pueden ser diversas. Puede que la crisis también esté opacando casi todo e incluso un debate de estas características, puede ser que el Gobierno no haya seguido los procedimientos de motivación pertinentes para que exista debate. No hablo de participación institucional, que te mandan el tocho y tus técnicos hacen alegaciones, las consultan y las envían. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que hoy aquí no hay nadie de los sectores implicados escuchando lo que aquí podamos apuntar o decidir. No ha habido debate. Lo ha habido en otras ocasiones, en esta no, y es una mala señal para una ley de esta envergadura.

Y, en tercer lugar, creemos que se pierde la oportunidad, aunque esto no sea definitivo, del agrupamiento en un solo texto de semejante ley. Creo que ahora vamos a tener con esta norma, si sale adelante, que saldrá, cinco normas que regulen los temas turísticos. Y creo que uno de los problemas de este y de otros sectores regulados de la Administración pública no es tanto que no sea necesario regularlos sino la dispersión normativa, las contradicciones, las insuficiencias e incluso la inseguridad jurídica que pueda generar.

Por lo tanto, falta evaluación, falta debate y creo que se pierde la oportunidad del agrupamiento en un solo texto de semejante tarea.

Dicho esto, he de decirles que nosotros teníamos la opción de presentar una enmienda a la totalidad, que lo hubiésemos hecho con texto articulado porque ahora tocaba hacerlo con una respuesta de texto. Y no lo hemos hecho de forma consciente y después de un debate intenso, porque compartimos lo esencial de la ley. Compartimos la finalidad, el objeto, lo que persigue, lo que quiere la ley, y nos parecía que, como esto tiene una mayoría parlamentaria, lo que nosotros podíamos hacer es enriquecer, perfeccionar, mejorar, evitar que retroceda el texto que el Gobierno ha presentado aquí, porque, yo que ando por esta tierra y me muevo mucho y conozco el percal, aquí puede ocurrir que lo que ustedes presenten sea recortado. No enmendado y mejorado sino que demos pasos atrás y en cuyo caso nos habremos arrepentido, seguro, en su momento de no haber presentado la e nmienda a la totalidad.

De forma que nosotros creemos que la ley tiene esos elementos de carácter general positivo, y entro a considerar algunos de sus aspectos y no todos porque es imposible en 15 minutos semejante norma, ¿no? Aquí, en la técnica parlamentaria, tendríamos que ser capaces de diferenciar los debates por su calidad, por su profundidad, por su capacidad de impacto en el bienestar de nuestra gente. Ayer dedicamos aquí cuatro horas a un asunto menor y hoy vamos a dedicar una a un asunto mayor, estratégico. Pero esto es lo que hay y yo no sé si seremos capaces en esa reforma del Reglamento de diferenciar estas cosas, porque hoy sí que tiene sentido nuestro trabajo, porque hoy sí que hablamos de las cosas de comer.

Y voy a hacer referencia a cuatro contenidos y al final haré algunas consideraciones de orden general.

Primero. Nosotros somos partidarios, y la ley también, de la moratoria, con mayúsculas. Nosotros no tenemos complejos en la regulación. El complejo lo debieran tener los desreguladores, los que hicieron el desastre financiero o los que hicieron el desastre de desregulación del suelo, que ha sumido a medio mundo en la miseria. ¡Estos son los que deberían tener complejos! Nosotros no tenemos ningún complejo en desempeñar la función democrática y compatible, no, mandatada por el ordenamiento jurídico de intervenir en la planificación económica, porque lo dice la Constitución, porque lo hacen todos los países del mundo y sobre todo los más desarrollados. Eso de la libertad en abstracto para algunos funciona eso, para algunos. De forma que nosotros decimos que no a más suelo turístico y si hubiera que calificar más suelo turístico por unas circunstancias especiales en un territorio determinado, tiene que ser a cambio de la desclasificación en ese mismo territorio del que se añada.

Decimos también limitar el crecimiento. Aquí tenemos una duda, aquí tenemos una duda que en nuestro texto alternativo hubiésemos planteado. Nosotros creemos que el crecimiento, las limitaciones al crecimiento no tienen que ser indefinidas, pueden ser por tres años, por cinco años y a lo mejor ni siquiera tienen que estar asociadas a determinadas calidades, determinadas más o menos por intuición, sino cantidades. Dejamos eso para el debate en comisión y en ponencia. Sí creemos que no se puede crecer de cualquier manera y sin control, porque tiene una consecuencia indiscutible, y es que si se permite el crecimiento no habrá renovación y, si no hay renovación, condenamos a esta tierra y a su sector más estratégico al fracaso. Si nosotros no combatimos la lumpenización de los destinos maduros, que es lo que está ocurriendo y ocurrirá en las próximas décadas, si nosotros no recuperamos los destinos maduros, los mejores lugares del archipiélago, estaremos haciendo un flaco favor a las futuras generaciones. Por eso la limitación del crecimiento tiene el sentido de orientar hacia la calidad de la oferta turística y tiene el sentido de que los esfuerzos públicos y privados se orienten sobre una actividad que es estratégica, que es determinante para el territorio y para la economía, como es la renovación. De manera que ninguna duda en esta materia.

Lo que decimos sobre la renovación es que, como no hemos tenido éxito, para no reconocer que es un fracaso, no hemos tenido éxito en la intervención, en el esfuerzo, porque ha sido incompleto, porque no se han cumplido los plazos, porque hemos hablado mucho y hecho poco. No hemos avanzado en el proceso de renovación, lo que sí es indudable es que sigue siendo una tarea primordial, decisiva, para este sector económico, para su competitividad, para su supervivencia en el futuro. Y, por lo tanto, creemos que ahí hay que seguir haciendo esfuerzos.

Tenemos dudas de que los incentivos edificatorios sean, digamos, suficientes para promover en este momento la inversión, porque en este momento lo que hace que no se invierta no son ni más o menos leyes ni más o menos incentivos, sino que es la falta de crédito, la crisis económica.

Tenemos, aunque reconocemos la oportunidad y la utilidad de los PPM, de los planes estos de mejora y modernización, creemos que puede interpretarse que invaden competencias y sobre todo nos preocupa que pueda ser un asunto arbitrario, nos preocupa mucho. Yo estoy estudiando algunos y no me gustan algunas de las cosas, no me gustan algunas cosas del listado, porque no tienen nada que ver con el interés general. Esa es mi percepción. Cuando lo tenga estudiado, lo expresaré públicamente. De manera que de acuerdo en esos instrumentos provisionales que debieran ser, de acuerdo en que no invadan competencias y de acuerdo en que puedan ser promovidos por todos los ámbitos competenciales: por los ayuntamientos, por los cabildos.

También tenemos dudas sobre la estructura competencial, y la discutiremos, y la posible recentralización que pudiera darse.

Y acabo, porque hay poquísimo tiempo para hablar de asuntos tan relevantes, con la oferta irregular. Un mandato, una de las tareas pendientes del sistema turístico, es que tenemos...; bueno, aquí, en este Parlamento, hemos repasado las actas de las sesiones, se ha llegado a hablar de 600.000 camas fuera de la regla, de la norma, de 400, de 150, de 120. No sabemos cuántas camas hay fuera del sistema turístico, no lo sabemos y no lo sabe el Gobierno, a pesar de los varios intentos que ha habido en la última década. Y yo le digo al consejero que con dos disposiciones transitorias de ocho renglones no se resuelve esto. Es tan difícil, es tan complejo, es tan diversa la casuística, que necesitamos un instrumento normativo de más potencia para ver cómo buscamos el proceso de regularización, que es un mandato de la Ley de Directrices, que es una obligación resolver, pero me parece que esas dos disposiciones no dan, no son suficientes para resolver semejante tarea, desconocida tarea...

El señor presidente: Sí. Tres minutos, don Román.

El señor Rodríguez Rodríguez: De manera que la moratoria del suelo y plazas, la renovación, los PPM, la estructura competencial, la oferta irregular y su necesaria regularización obligan a mejorar el texto.

Y acabo, para no abusar de la confianza del señor presidente, diciendo lo siguiente: no hay nada, nada, en las consideraciones legales, en los acuerdos de orden político y social de la última década, relevante, significativo, que no haya sido decidido aquí por este Parlamento en abril del año 2003. Nada. No me refiero a la casuística y no me refiero a las técnicas, me refiero a los objetivos. Nuestras necesidades son hacer del turismo un sector estratégico, competitivo y diverso, y para ello necesitamos cualificar la oferta, diversificarla. Necesitamos renovar las ciudades y las instalaciones que quedaron obsoletas, necesitamos mejorar la formación del personal y de los empresarios. Este es el mandato inequívoco, claro, contundente, de las leyes de directrices que aquí aprobamos en su momento, razonablemente reiterado por las leyes posteriores, absolutamente copiado por el pacto de Fuerteventura 2008 y 2020. ¡Igual!

De manera que, vuelvo a insistir -y acabo con esto-, que tenemos los objetivos claros desde hace mucho tiempo, las tareas marcadas desde hace mucho tiempo. Lo que no es fácil es intervenir sobre ellas ni hemos hecho todas las cosas bien. Por eso creo que esta norma muy importante podrá contribuir a desentrañar, a resolver, a operativizar respuestas que, teniendo clara su necesidad, no hemos sido capaces de hacerlo.

Nuestra posición será contraria al voto particular porque estamos totalmente en contra de esa filosofía, de esas ideas que no tienen nada que ver con nuestro ordenamiento jurídico ni con nuestra tradición, ni aquí ni en otras latitudes, porque el partido que propone esta enmienda, por la supuesta libertad de empresa, aprobó las leyes de directrices y aprobó la Ley 6/2009, de Medidas Urgentes, que es la misma lógica. Y yo creo que la posición de ustedes cambia en función de si están en el Gobierno o están en la Oposición y no en función de otros argumentos. Esa es mi humilde opinión.

Sí creo interesante la aportación de la enmienda a la totalidad en relación a la estructura competencial, y ahí entraremos.

Acabo diciendo que nuestra posición es dar apoyo político, si ustedes quieren, a las necesidades de ese tema, pedir que no retrocedan sobre los objetivos y parámetros que han marcado en la norma y nosotros procuraremos, en la medida de nuestras posibilidades y modestia, colaborar en enriquecer y mejorar este texto legal, porque nos va una parte importante...

El señor presidente: Muchas gracias, don Román.

Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Jesús Álvaro Lavandera.

Ah, no, perdón, don Pedro Martín. Me equivoqué con su compañero de escaño.

El señor Martín Domínguez: Muy buenos días, presidente. Señorías.

Parece razonable que este debate lo comience haciendo referencia a una propuesta al tiempo que a la ley que hoy debatimos, una propuesta del Partido Popular de enmienda a la totalidad, porque creo que nos ayudará no solo a responder, porque creo que corresponde hacer una referencia a su planteamiento, y al tiempo también a entrar en aspectos importantes de la ley.

Evidentemente el Partido Popular habla de la moratoria. Lo conocimos también, este planteamiento, en la Comisión de Cabildos, y ya han comentado que estuvieron en su momento a favor de la moratoria. Mire, sinceramente, hay algunos, entre los que me incluyo, a los que nunca nos gustó la moratoria, como probablemente no les gustó la moratoria a algunos diputados y diputadas del Grupo Popular pero la apoyaron. Y lo que no parece razonable es que si se apoyó y se sacó con mayoría de esta Cámara ahora, en un movimiento de péndulo, pretendamos cambiar las reglas del juego y pasar al otro lugar, a un liberalismo absoluto en función de las leyes del mercado. Parece que ese no sería el motivo.

Ni hay motivos tampoco para hablar de intervencionismo cuando se habla de corporaciones locales y lo cogen como un elemento de referencia para intentar encontrar el apoyo de cabildos y ayuntamientos. Pongamos las cosas en su lugar. Los cabildos son los que definen el territorio en el que se implementa la ley, a través de los planes territoriales insulares. Son los que definen el terreno de juego. Otra cosa es que haya cabildos que no hayan hecho su trabajo, pero eso es otro asunto. Por lo tanto, la ley parte del criterio inicial de que los cabildos definen el territorio.

En el capítulo V se deja la posibilidad a los cabildos -y ahí podríamos profundizar- de que precisamente sean los cabildos los que puedan regular, a manera de arbitraje, las plazas y el traslado de plazas alojativas. Y por ahí podríamos también avanzar y mucho, como mucho en un criterio que tenemos en nuestro grupo, y es que esta ley, siendo necesariamente genérica, debería aterrizar en cuestiones más concretas, modularse en función de las islas y de las comarcas. Y ese es un trabajo que podrían desarrollar perfectamente los cabildos con el Gobierno autónomo, sobre todo utilizando una herramienta tan potente como la de los incentivos.

El Partido Popular hace referencia a algunos aspectos que a mí me parecen importantes. Por ejemplo, habla de las villas y plantea que las exigencias que se plantean a las villas son excesivas, porque las pueden hacer poco atractivas y poco competitivas. Y es curioso, miren, si algo en la ley y si algo en la normativa es bastante laxo son los estándares de calidad que se establecen para los apartamentos y villas, las instalaciones extrahoteleras. Y son muy blandos, curiosamente aprobados por una consejería gobernada en su momento por el Partido Popular, lo firmó doña Rita Martín. Unos estándares de calidad para villas y apartamentos que son unos estándares bajísimos, realmente de pena. No quiero criticar yo a la exconsejera, porque creo que probablemente iba con la intención de poder regularizar buena planta de esa que todavía sigue estando alegal, y por ahí podía haberse entrado bajando los criterios y así poder regularizar zonas turísticas. Y yo creo que era una iniciativa interesante, pero desde luego convendrán conmigo en que en esa normativa, en el Decreto 142/2010, al que hace referencia la norma, en un apartamento de cinco estrellas gran lujo su dimensión máxima eran 50 m2 y en una villa de lujo, 56 m2. Desde luego creo que en cualquier barrio popular podremos encontrar apartamentos y chalés adosados con dimensiones bastante más amplias que estos que en su momento fijó la norma. Y desde luego si algo tiene no es de ser restrictivo, probablemente la relectura que tengamos que hacer sea para ampliar, aumentar, los niveles de espacio.

Con respecto a las autorizaciones previas -y cojo solo un par de asuntos que me parecen importantes en su intervención- a los establecimientos hoteleros, el Grupo Popular no está de acuerdo con el criterio de que solo se podrán implantar en suelos con la consideración legal de urbanos, con los derechos urbanísticos consolidados, quedando expresamente prohibido en suelos turísticos autorizar la ejecución simultánea de urbanización y edificación. Mire, yo no estoy de acuerdo con este criterio y mi grupo probablemente tampoco. Creo que se tiene que modular y estamos de acuerdo con usted en que se debería cambiar. Pero no olvide que no está aquí por casualidad este criterio: el Gobierno lo ha planteado porque gracias a este planteamiento se ha ahorrado al erario público, a las arcas de la comunidad autónoma, muchas situaciones en las que tendríamos que haber estado obligados a pagar supuestos derechos indemnizatorios. Es una cautela que establece el Gobierno importante, necesaria y que permite, desde luego, garantizar, uno, que antes de empezar a edificar las urbanizaciones estén terminadas y evitar que algunos aprovechados que no han hecho su trabajo urbanizador vengan luego a tocar en la puerta del Gobierno para conseguir la rentabilidad que no consiguieron de la manera en la que tenían que haberlo hecho: construyendo una edificación y previamente la urbanización y el producto turístico. Por lo tanto, creo, sinceramente, que podríamos avanzar en esa línea. Seguramente podríamos llegar a acuerdos para que, en lugar de exigir una urbanización completa, se pudieran establecer fases concretas, definidas, que tuviesen los sistemas generales completos. Y creo que por esa línea podríamos avanzar y mucho.

Por lo tanto, creo que en buena medida el planteamiento que ustedes hacen, de verdad, yo pensé encontrarlo con más enjundia, con más documentación, más profundo, pero al final nos hemos quedado con cuatro o cinco aspectos que casi querían justificar el porqué de una enmienda a la totalidad y que están más basados en un criterio partidista que incluso ideológico o político.

En fin, entrando en las consideraciones propias de la ley, creo que es importante volver otra vez a incidir en la necesidad de la simplificación. Simplificación a la que hace referencia, a la que hemos aludido en tantas ocasiones aquí, a la que hace referencia el Consejo Consultivo de Canarias, y creo que podríamos ir avanzando, señor consejero, en aprovechar la Ley de Directrices para refundirla. Con esta ley es una muy buena oportunidad. Antes hablaba el señor Rodríguez de cinco leyes; si no recuerdo mal, son seis leyes las que actúan sobre precisamente el mismo ámbito: turismo y ordenación territorial y urbanística.

Papel de las corporaciones locales. Ya he hablado de los cabildos. Mire, los ayuntamientos la verdad es que quedan en esta ley con un papel absolutamente testimonial, sus determinaciones no son vinculantes. El artículo 15 prácticamente pone fuera la necesidad de exigir licencia municipal. Y ojo con las licencias porque son importantes como control de la edificabilidad, como control de leyes básicas, sobre incendios, sobre accesibilidad, se obliga a que el dinero que se pueda obtener vaya destinado al ámbito en el que se actúa... En fin, y ya otros asuntos que he comentado, como que al final el ayuntamiento es el que paga en caso de que la rehabilitación no la lleve a cabo el propietario de los inmuebles y luego, subsidiariamente, ya se encargue de que se le pague.

En definitiva, creo que el papel de los ayuntamientos queda tocadísimo, casi anulado, pero no quiero parecer en mi intervención una especie de alcalde resentido con una ley que le recorta capacidades, porque creo que si a los ayuntamientos, con la intención de agilizar los trámites administrativos y hacer eficaz la gestión, consiguiésemos que los planes urbanísticos, tanto a nivel documental como de alcance de sus determinaciones, tengan los mismos o similares criterios de tramitación y alcance que los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad, al menos lo diría para aquellos ayuntamientos que tengan el plan general aprobado o los que tengan aprobado el plan general y adaptado a directrices. Si consiguiéramos darles la potencia que tienen los planes de modernización a la gestión del planteamiento municipal, sin duda daríamos un salto histórico en la gestión y en la agilización urbanística en Canarias.

Incentivos. Los incentivos, consejero, son atrevidos, son audaces, y es que, si no, no son incentivos. Estamos de acuerdo, los apoyamos y creo que, evidentemente, habría que entrar en su análisis pormenorizado. En el caso de los incentivos a la edificabilidad, en algunos casos nos preocupa porque podríamos llegar a casos de densidades de 400 plazas por hectárea y recordemos que la Ley de Directrices ya establece como zona saturada 200 plazas por hectárea. Quiero ejemplificar este caso. Por ejemplo, en el caso de los incentivos por edificabilidad, que son un tanto peligrosos y que hay que manejar con cautela, hay zonas turísticas, por ejemplo, miraba algunos municipios de Canarias y me quedé con el municipio de Yaiza, que podría ser este como cualquier otro, donde hay zonas con una edificabilidad de 0,13. La ley, si la llevamos hasta sus últimas consecuencias en edificabilidad, podría sumar un 0,50. Podríamos llegar a 0,63 de edificabilidad. Eso en determinadas zonas podría ser complicado, porque si esto lo traducimos, de una manera un poco pedestre, a camas, podríamos encontrarnos con que en lugares donde ahora mismo hay 4.000 camas podrían pasarse, quizás, a cerca de 18.000 camas. Puede ser una herramienta útil, sin duda, pero habrá que modularla y por eso vuelvo al interés de que esta ley hay que hacer que aterrice, junto con los cabildos, en las islas y en las comarcas.

Los incentivos en materia de densidad de parcela, interesantes porque son una manera de regular la situación alegal de muchos inmuebles. Importante que entremos en este ámbito. No olvidemos que la reducción, no obstante, del estándar de densidad supone, en términos generales también, una reducción de la calidad de los establecimientos.

Los incentivos en plazas adicionales, lo mismo: pueden ser interesantes, muy interesantes, porque podrían ejecutarse en la misma parcela en lugares como Fuerteventura o Lanzarote, pero en Tenerife o en Gran Canaria probablemente sean una invitación a buscar nuevos suelos, urbanos o urbanizables. Yo creo que no necesariamente eso es malo, pero habrá que poner límites, y nosotros plantearemos probablemente que pueda rondar un 50% de incremento como máximo.

Planes de modernización. Estos son un bombazo, son lo máximo, porque permiten... Estos son el sueño de cualquier administración local, tener una herramienta potente que elimina casi plazos, que elimina trámites burocráticos que a veces no nos llevan a ninguna parte. Por lo tanto, me parecería importante que pudiésemos hacer una definición muy clara. Yo propongo una línea general, consejero, para que tenga en consideración; simplemente definir los planes de modernización como instrumentos urbanísticos de ordenación pormenorizada cuyas determinaciones suplen las del planeamiento municipal vigente, sin ningún problema, y las de planeamiento insular no adaptadas a esta ley, en un ámbito continuo y completo de zonas turísticas previamente delimitadas. Parcelas con discontinuidad entre ellas y determinados suelos situados dentro de las zonas turísticas. Intento acotar el ámbito de actuación, creo que se puede simplificar y hacerlo más operativo.

En el deber de conservación y rehabilitación, completamente de acuerdo, aunque creo que debería clarificarse el cómo y el cuándo de estas actuaciones.

Y en villas y apartamentos de lujo no voy a hacer nuevamente referencia a este apartado, pero solo quería añadir que deberíamos hacer un análisis como muy detallado de los establecimientos de condominio y, sinceramente, reflexionar sobre la limitación de tres meses al año como reserva de uso de los propietarios o copropietarios. La verdad es que con la intención de controlar que una zona turística no se convierta en algo residencial puro y duro queremos decirle al propietario que tiene que estar muy poquito tiempo en su propiedad, pero cuando esa propiedad, como he tenido la oportunidad de comentar, puede costar un millón, 2 o 3 millones de euros, probablemente... -y es difícil además controlar si está dos meses o si está cuatro-, pongamos fórmulas que sean fácilmente controlables, que no creo que sean las temporales. Podríamos plantear la posibilidad de elevar las exigencias de esas villas, las exigencias de los apartamentos, elevar el número de metros cuadrados, la serie de áreas comunes, el número de áreas comunes y su extensión, las áreas privativas y su extensión. Si regulamos eso, que lo podemos controlar y bien, probablemente estaremos incrementando el nivel de calidad de esos ámbitos turísticos, sin preocuparnos del tiempo en que su propietario puede estar en él. Si además, como es de cajón, tienen que eliminarse equipamientos como colegios, equipamientos religiosos y de todo tipo, evitamos que esto se convierta en un residencial puro y duro.

Definiciones. Consejero, en relación a las definiciones, tuve la oportunidad de comentar en la intervención que tuve en la Comisión de Cabildos... Es que, de verdad, necesitamos definiciones muy claras, claras, concretas y con el menor número de variables posible, porque al final la gestión diaria, la cotidiana, la que va a quedar cuando esta ley se apruebe, es la de ir a las distintas consejerías, a las direcciones generales, tener que sentarnos con los técnicos y que cada uno haga su interpretación. Si las interpretaciones se dejan al albur de lo que quiere hacer cada uno y de su visión -que algunos la tienen- de que están llamados a salvar a Canarias de la depredación, y no son precisamente políticos, pues, nos vamos a encontrar en un camino proceloso, por dejar al albur de la interpretación particular de cada uno términos tan complicados como la capacidad de carga, que ya tuve la oportunidad de comentar en su momento que es un término que me preocupa. Me preocupa porque en las islas, por ejemplo, la capacidad de carga tiene que ver con la capacidad energética que se tenga en la isla, y vivimos en unas islas con una situación de provisionalidad energética grande. Se habla de residuos, de tratamiento de aguas... En fin, cualquiera puede poner cualquier pega en ese ámbito si quiere y creo que esa no es la intención del Gobierno y no es la intención si queremos desarrollar esta ley.

También habría que definir otros aspectos como las zonas saturadas, como la zona mixta turístico-residencial, los estándares de equipamiento o ya les comenté ese ente, que me dejó así un poco descolocado, que es el centro directivo competente, porque manda un montón pero nadie sabe exactamente quién lo compone y por qué tiene tanto poder, un poco al margen de las administraciones municipales e insulares.

Quisiera concretar, finalmente, en el aspecto de las definiciones hacer referencia a algo que quizás pueda parecer menor pero creo que entraremos en un aspecto que de verdad me preocupa. Cuando hablamos de definiciones, se define muy bien el equipamiento turístico complementario. ¿Y por qué hago referencia a este apartado, que puede ser menor? Porque puede tener unas consecuencias perniciosas. Creo que debería plantearse que estos equipamientos deberían excluir, deberían excluirse de esa definición las actividades comerciales y las hosteleras, y además algunas que se cuelan de rondón, que parece que también son...

El señor presidente: Sí. Tres minutos, don Pedro.

El señor Martín Domínguez: Sí. Termino. Gracias, presidente.

Termino con esto, los equipamientos turísticos, porque tiempo habrá de entrar ya en el detalle de los distintos aspectos de la ley, pero en lo del equipamiento turístico quería hacer una reflexión, porque deberíamos, digo, excluir los equipamientos comerciales, los de hostelería, los de agencias de viajes, porque a través de los incentivos, si un incentivo puede ser para un promotor turístico, el que le demos posibilidades de colocar equipamientos turísticos, y estos son las tiendas, nos podemos encontrar con un perfil de zona turística llena de tiendas, bares, tiendas, bares, agencia de viajes, tiendas, bares. Probablemente ese no es el objetivo de la norma y lo que tendríamos es que especificar que los equipamientos turísticos complementarios probablemente debieran ser algo del tipo de un pitch and putt, de un acuario, de un parque acuático, y que luego no son excluyentes con estos otros servicios de hostelería o similares.

En definitiva, creo que esta ley tiene muchos aspectos revisables, pero creemos en nuestro grupo que es una ley necesaria, es una ley que pone un punto y seguido a un desarrollo turístico en Canarias que ya necesitaba de una modulación. Creo que es un intento arriesgado por parte del Gobierno de resolver un problema, de resolver muchos problemas en el ámbito turístico en un momento complicado.

Va a contar desde luego con el apoyo de nuestro grupo. Desde luego no compartimos el criterio del Grupo Popular de esta enmienda a la totalidad, porque es que vamos a encontrarnos en un montón de elementos en común con el Partido Popular. De hecho, ellos mismos apoyaban un elemento fundamental de la ley, la de los incentivos, que es un pilar fundamental de esta ley, los incentivos, y el Partido Popular estaba de acuerdo con ellos o así lo deduje de su planteamiento de enmienda a la totalidad.

Nada más. Consejero, espero que además de ser debatida con los distintos grupos tengamos la oportunidad también de abrir las puertas a muchos sectores que están esperando por esta ley, que la necesitan, y sobre todo que ayude no solo a regular, no solo a regular, sino a incentivar la inversión.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Pedro.

Vamos a ver, señorías, ocupen sus escaños.

Señorías, vamos a proceder a la votación de la enmienda de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre el proyecto de Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Insisto, se vota la enmienda de devolución: comienza la votación (Pausa).

Resultado: 54 presentes; 19 a favor, 35 en contra y ninguna abstención. Queda rechazada.

Por lo tanto, el proyecto de ley continúa su tramitación en ponencia, comisión, periodo de enmiendas y debate final en esta Cámara.