Diario de Sesiones 68, de fecha 26/2/2013
Punto 25

· 8L/C-0856 Comparecencia del Gobierno -consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad-, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre proyecto de regulación estatal sobre régimen local.

El señor presidente: Comparecencia del señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, instada por el Grupo Nacionalista Canario, sobre el proyecto de regulación estatal sobre el régimen local.

Para la presentación de la comparecencia, tiene la palabra don José Miguel Ruano, por el Grupo Nacionalista Canario.

El señor Ruano León: Señor presidente, señorías, buenas tardes. Señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Quisiera empezar, en la motivación de esta solicitud de comparecencia por parte de nuestro grupo parlamentario, refiriéndome a que ya tuvimos una ocasión de tener aquí un debate, justamente en la sesión plenaria del 9 de octubre del pasado año. Lo hacíamos, señorías, lo hacíamos, señor consejero, por la preocupación que tiene nuestro grupo parlamentario sobre el marco básico en materia de régimen local que sustituye o modifica sustancialmente la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985. Hablamos, por tanto, de un texto normativo con una vigencia relativamente grande en el ámbito de la democracia española y, por tanto, el proceder ahora a su modificación es también un hecho muy relevante en el conjunto de decisiones legislativas que ha tomado el Gobierno de España en el último, vamos, desde que está en el Gobierno, desde finales del año 2011.

Quisiéramos trasladar a sus señorías y al señor consejero nuestra preocupación por cómo está en este momento ese anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que ha sido remitido por el Gobierno de España al Consejo de Estado; conocer qué posibilidades tenemos de que finalmente el texto que el Gobierno remita a las Cortes Generales sea un texto que incorpore especificidades que se refieren a nuestro archipiélago, a la organización territorial de nuestro archipiélago, a nuestro modo de autogobierno, que incorpora a los cabildos insulares no solo como Administración local sino también como instituciones de la comunidad autónoma, y el Estatuto de Autonomía -quiero recordarlo- es bloque de la constitucionalidad y obliga, por tanto, también a la Administración del Estado en la modificación de la legislación ordinaria.

A nuestro juicio, señor consejero, se vuelve a cometer un error en el diagnóstico -creo que hemos hablado en ocasiones de eso- cuando hablamos de con qué medidas pretendemos combatir, digamos, el gasto público en exceso, suponiendo que el control del déficit, la estabilidad presupuestaria, sea siempre el objetivo. A mí me parece que en ese escenario lo que está ocurriendo es que la estabilidad y la racionalización, que deben ser un medio y no un fin en sí mismas... Porque ¿en la Administración local cuál es el fin, la estabilidad de la Administración local o el fin es la prestación de servicios públicos por parte de los ayuntamientos a la ciudadanía de manera eficiente y eficaz? Teniendo en cuenta que además son y es también un principio constitucional -y hay que considerar que quizás en el anteproyecto no se recoge debidamente-, el de la proximidad, la máxima proximidad a los ciudadanos.

Señorías, quiero recordar en este análisis que la deuda del Estado en España, la deuda pública, en datos todavía no del 2012 sino del 2011, es, del Estado, un 84%, las comunidades autónomas un 13%, las corporaciones locales un 3%. Y el déficit autorizado para este año 2013 es, para el Estado, un 3,8%, para las comunidades autónomas un 0,7% y para las corporaciones locales, el 0%.

En este sentido, queremos manifestar nuestra preocupación a su vez por un tema que tiene que ver con un ámbito competencial, cual es el de los servicios sociales. En particular, para los municipios de menos de 20.000 habitantes -y en Canarias son 60 municipios en esas circunstancias- no se establece una prestación por parte de los municipios sino, justamente lo contrario, se dice que serán las comunidades autónomas -se refiere en ese caso a las comunidades autónomas, en otros casos se refiere a las diputaciones provinciales, y a los cabildos los equipara a las diputaciones provinciales-. Y, por tanto, digamos que introduce factores muy complicados teniendo en cuenta que nuestro modelo de prestación de servicios sociales, y alguna vez le hemos requerido a que termine ya las transferencias del Gobierno a los cabildos en lo relativo a que los cabildos son los responsables de la atención especializada en materia de servicios sociales y los ayuntamientos, los de las prestaciones básicas. Por tanto, el proyecto estatal modifica sustancialmente un modelo que nos hemos dado nosotros.

Iba a dar lectura al texto de la Fecam en relación con este asunto que remitió a la FEMP. No lo voy a hacer en esta primera intervención y espero que su Gobierno se posicione en torno a este anteproyecto y a las propuestas que pueda hacer de desarrollo futuro, cuando sea ley finalmente.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don José Miguel Ruano.

Por el Gobierno, el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Señor presidente, señorías: buenas tardes.

Creo que esta es una comparecencia muy oportuna toda vez que hay un debate nacional sobre este proyecto, sobre esta iniciativa del Gobierno de España.

Ante todo, me gustaría valorar la oportunidad de abordar la reforma de las administraciones públicas en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico. Las dificultades generales por las que atraviesa el modelo de Administración en España son obvias y requieren una transformación que permita mejorar las estructuras, reduciendo sus costes sin perder eficiencia, y, lo más importante, sin renunciar a la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Ese es el fundamento básico.

Por tanto, comparezco, señorías, hoy concretamente para emitir la opinión del Gobierno de Canarias sobre una propuesta de texto legislativo que aún hoy es un borrador. Y aclaro este asunto por dos motivos. Primero porque este hecho otorga a Canarias una gran oportunidad para elevar una propuesta conjunta, nacida del consenso, que permita incluir en este texto un trato singular al archipiélago canario. Un trato singular que está plenamente justificado por las características diferenciales de nuestra propia organización administrativa y política respecto de la existente en el territorio peninsular. Los cabildos insulares, únicos en todo el Estado, son obviamente diferentes a las diputaciones provinciales, tanto en su ámbito de actuación como también por la forma de elección de sus integrantes. En el caso de los cabildos, de los presidentes, como saben, por sufragio universal directo y secreto, tal como viene regulado en la Ley Orgánica General de Régimen Electoral. Cabildos que tienen, como ha dicho don José Miguel Ruano, tienen una naturaleza bifronte, son instituciones de la comunidad autónoma y son también corporaciones locales. De ahí que quiera iniciar esta comparecencia haciendo un llamamiento a todas las fuerzas del arco parlamentario para promover acuerdos que permitan defender las instituciones, las instituciones canarias, ante las instituciones estatales, poniendo de manifiesto el trato singular que merecen las islas en lo que en el futuro será esta Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Un consenso que estamos trabajando también desde el ámbito institucional con la Fecam y con los siete cabildos insulares.

En segundo lugar, porque el Gobierno de España inicialmente anunció que tendría este proyecto de ley para su debate en las Cortes Generales en el presente curso político, algo que no ha podido cumplir. Y no ha sido posible porque, como el Gobierno de Canarias ha repetido en numerosas ocasiones cuando nos hemos referido a este proceso de reorganización de la Administración pública canaria, se trata de una tarea complicada, difícil, compleja, que requiere mucho diálogo y que necesita meditación y trabajo antes de avanzar una propuesta. Las ideas que inicialmente esgrimió el Gobierno de España suscitaron tal rechazo de propios y ajenos que tuvieron que replantearse sus propuestas. Precisamente los alcaldes y representantes municipales del Partido Popular fueron los primeros en mostrarse críticos con la idea que se reflejó en el borrador que elaboró el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Unas críticas que a día de hoy siguen vivas y que continúan dilatando la aprobación del texto por el Consejo de Ministros. Cada semana se introducen modificaciones en el texto, en un intento por limar las reticencias que provoca entre el municipalismo. Reticencias que el Gobierno de Canarias considera justificadas, ya que aún hoy, en el último borrador que se conoce, que es el del 18 de febrero, el articulado implica la práctica desaparición de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Este régimen que describe el articulado, que inicialmente, inicialmente, evita suprimir directamente los más de 6.000 ayuntamientos que en todo el Estado tienen una población inferior a 20.000 habitantes, establece un sistema en el que, manteniendo las estructuras representativas de los ayuntamientos, esto es, alcaldes y concejales, reduce hasta tal punto el ámbito competencial que transforma a los ayuntamientos en unos meros cascarones, condenados a desaparecer en una muerte dilatada y progresiva.

Además este borrador otorga a las diputaciones provinciales la posibilidad, igual que también a los cabildos insulares, de intervenir en el ámbito municipal. ¿Por qué? Primero porque para los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, que en Canarias son 21 de los 88, la propuesta prevé la intervención de los mismos por los cabildos insulares si incumplen el principio de estabilidad presupuestaria. En segundo lugar, para los que tienen población de más de 5.000 habitantes y menos de 20.000, 28 en Canarias, 28 ayuntamientos en Canarias, el texto prevé que se les puedan retirar las competencias en los servicios que no cumplan una serie de estándares, que serán prefijados por un real decreto aprobado en Consejo de Ministros.

Para que veamos la repercusión real que tendría en Canarias esta norma, de ser aprobada tal como se encuentra en este momento, les voy a poner algunos ejemplos. En primer lugar, 60 de los 88 ayuntamientos de Canarias tienen una población inferior a 20.000 habitantes, según datos oficiales del padrón municipal actualizado por el INE. Estamos hablando de municipios de tanta importancia social, económica y administrativa en las distintas islas como pueden ser, en Tenerife, Güímar, El Rosario, Santiago del Teide o Santa Úrsula; Santa Brígida, Guía o La Aldea, en Gran Canaria; San Bartolomé o Yaiza, en Lanzarote; Antigua o Tuineje, en Fuerteventura; o Santa Cruz de La Palma, la capital de la isla, en la isla de La Palma; sin mencionar los casos de La Gomera y El Hierro, islas en las que el mapa municipal quedaría condenado plenamente a su desaparición. No habría ayuntamientos ni en El Hierro ni en La Gomera.

El desmantelamiento de competencias, capacidades y servicios municipales programados en esta propuesta del Gobierno de España dejaría el mapa municipal real de nuestras islas del siguiente modo: en Tenerife, 12 municipios de los 31 actuales; en Gran Canaria, 9 de 21; en Lanzarote, 4 de 7. En Fuerteventura solo se salvarían 2 ayuntamientos de los 6 existentes. Más grave es el caso de la isla de La Palma, en la que de los 14 municipios solo Los Llanos supera los 20.000 habitantes, y, como ya les indiqué, La Gomera y en El Hierro quedarían sin poder municipal.

El texto del Estado apuesta, por tanto, con claridad por eliminar de facto los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y aboga por aumentar las capacidades de aquellos ayuntamientos que tienen más de 20.000 habitantes. A estos sí que se les dan competencias; expresamente se plantea la delegación del Estado y de las comunidades autónomas a favor de ayuntamientos que tienen más de 20.000 habitantes. Pero, una vez más, el texto de este borrador olvida la situación de Canarias, porque en Canarias muchas de esas competencias que aparecen en un listado del proyecto de ley y que se pretende que se deleguen en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, en el caso de Canarias ya han sido traspasadas en virtud de la disposición adicional primera de la Ley 14/90, que regula el régimen jurídico de las administraciones públicas canarias. Es decir, que esas competencias ya las tienen los cabildos insulares. Esa es la realidad.

Por tanto, nosotros estamos convencidos y nos preocupa especialmente... Ha hecho el señor Ruano una referencia expresa a las competencias en materia de servicios sociales y tengo que decirle que desde el punto de vista del Gobierno nos preocupa mucho desapoderar a los ayuntamientos de las competencias en materia de servicios sociales, porque nosotros estamos convencidos de que esas competencias, las prestaciones básicas, tienen que estar residenciadas en los ayuntamientos y los servicios especializados en los cabildos insulares. Por tanto, estamos radicalmente en contra del contenido de este proyecto de ley en esta materia concreta referida a los servicios sociales y la Administración que ha de prestar los servicios. Carece de toda lógica, carece de toda lógica, el intentar traspasar esta competencia y residenciarla en las comunidades autónomas.

Otro aspecto que nosotros consideramos crítico y que está reflejado en la propuesta del Gobierno es la tendencia a la privatización de los servicios públicos. Como ya expresé, este Gobierno, el Gobierno de Canarias, apuesta por mantener los servicios públicos, mientras que el Gobierno de España expresamente deja paso a la privatización al contemplar, en la disposición adicional sexta, el siguiente tenor: si se trata de servicios mínimos -es decir, los previstos, los contemplados en el artículo 26, servicios mínimos-, podrían gestionarse indirectamente. Es una advertencia, una señal clara de esa privatización. Esa tendencia a la privatización también se refleja en la propia exposición de motivos de la ley, cuando, al describir los objetivos de la misma, cita, entre otros, favorecer la iniciativa económica privada, favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

También nos preocupa, también nos preocupa, la intromisión en lo que es la autonomía local, que ha de ser preservada y que está consagrada, como saben, en el artículo 140 de la Constitución española.

En conclusión -acabo ya, señorías-, nosotros consideramos que este proceso que se ha llevado adelante es un proceso oportuno y la reforma hay que acometerla. Por tanto, consideramos que es un proceso oportuno que requiere del esfuerzo y del consenso de todos. Creemos que aún es posible modificar en toda su tramitación parlamentaria este texto, pero nosotros planteamos tres premisas: la primera, la defensa del Estado del bienestar y la garantía de los servicios públicos; en segundo lugar, el respeto firme a la autonomía local; y, en tercer lugar, y especialmente -quiero hacer hincapié en ello-, la inclusión de la singularidad canaria, porque las características orográficas, políticas, administrativas y demográficas de Canarias son argumentos más que suficientes para que este Gobierno defienda la conveniencia de este trato diferenciado para Canarias en esta ley. Una diferencia que permita a las instituciones públicas...

El señor presidente: Un minuto.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): ...de Canarias una mayor autonomía a la hora de organizar su esquema institucional, su esquema competencial. Un objetivo para el que el Gobierno espera el apoyo de todas sus señorías y, por tanto, de todos los grupos parlamentarios que tienen representación en esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, don Francisco Hernández Spínola.

Los grupos no solicitantes de la comparecencia, don Román Rodríguez.

El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente, señorías: muy buenas tardes.

Consideraciones de orden general porque este debate es en profundidad y este no es el formato evidentemente, al menos para los que no hemos solicitado la comparecencia.

Esta es una ley que se hace sin análisis, sin valoración y además yo sostengo que no es oportuna, es oportunista. Lo que está detrás de esta ley son los recortes, la misma lógica que ha inspirado a todas las leyes que llevamos en esta legislatura. Cómo reducimos el gasto público y no importa a qué precio, eso es lo que está detrás de esta norma. Aquí no hay la voluntad de delimitar competencias en los distintos ámbitos de la Administración. Esto no es verdad porque es que no hay ningún sustento previo que lo ponga en evidencia. Esta ley no pretende delimitar estrictamente las competencias: la subsidiariedad, la descentralización, la proximidad... No, esta ley pretende dos cosas: una muy peligrosa y la otra terrible. La primera es la antipolítica. Aquí se ha estado durante los últimos años diciendo que hay 400.000 concejales, que los alcaldes son unos despilfarradores y se ha trasladado la sensación de que el problema de la economía española lo tenemos en los ayuntamientos, ¡y es mentira! Ni tenemos más ayuntamientos que los países de nuestro entorno ni los ayuntamientos aportan a la deuda más que el 3% del PIB ni los ayuntamientos están en desequilibrio presupuestario. Todo esto es mentira, todo esto es la mentira para sustentar una contrarreforma oportunista que lo que pretende es limitar las competencias de los ayuntamientos, reducir la autonomía municipal, recentralizar el Estado, ahorrar gasto público a costa de servicios y lo que quede se privatiza. Este es el trasfondo de esta norma y no verlo así es no saber de qué estamos hablando. No hay sino que leerse los antecedentes y la propia ley para concluir que aquí al final lo único que se pretende es ahorrar 7.500 millones en los tres primeros años de aplicación de la norma. Y, como ustedes comprenderán, no se van a ahorrar 7.500 millones de euros sobre las bases de la reducción de los salarios de los concejales. Que, por cierto, son un 20% en el conjunto del Estado y la ley, aplicada a rajatabla, sería un 18, es decir, 2 puntos menos.

De manera que no es verdad. Aquí lo que hay es un ataque a la autonomía municipal, aquí lo que hay es un retroceso en el modelo de Estado, aquí lo que hay, en definitiva, es una ley en la línea de los recortes.

Y acabo, y por rematar, una ley totalmente anticanaria, que ni tiene en cuenta el número de municipios, nuestra geografía, nuestras singularidades institucionales históricas, etcétera.

De forma que nosotros estamos totalmente en contra de esta ley por oportunista, por ser más de lo mismo y por ser antipolítica, para que luego nos aparezcan los Beppe Grillo y los Berlusconi de turno. Y si no, al tiempo.

El señor presidente: Muchas gracias, don Román Rodríguez. Muchísimas gracias.

Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo.

El señor Fajardo Palarea: Buenas tardes, presidente.

Sin que sirva de precedente, voy a estar totalmente de acuerdo con las palabras dichas por el señor Rodríguez.

En primer lugar, estamos en contra de esta ley porque Canarias ha sido olvidada. Canarias no es España según esta ley. En segundo lugar, porque la reforma local del PP es un ataque al bienestar de los ciudadanos y a la democracia municipal. Pierden los ciudadanos, en primer lugar porque van a tener menos servicios. Con la reforma que quiere hacer el Gobierno desaparecen los servicios que los ayuntamientos prestaban, como el apoyo a las personas dependientes y las becas de comedor escolar, entre otros, sin que eso signifique que se pasen a prestar esos servicios por otra Administración. Porque con la reforma se antepone la rentabilidad económica a la rentabilidad social, todos aquellos servicios que no sean rentables se suprimirán. Porque van a ser servicios más caros, se abre la puerta a la privatización de los servicios públicos y se establece que sus tasas y precios deben cubrir su coste real. ¿Y quién va a pagar ese encarecimiento? Por supuesto el ciudadano. Porque van a ser de peor calidad, destinando menos recursos y menos personal a la prestación del servicio, el servicio empeora. Porque no hay ahorro, la propuesta del Gobierno supone un cambio de modelo y encubre un recorte a la financiación local y, por tanto, a las acciones sociales que los ayuntamientos vienen prestando. Las competencias propias pasan a la comunidad autónoma, como la financiación del ayuntamiento, y las competencias impropias dejan de prestarse. El sistema de ahorro que plantea el Gobierno no tiene nada que ver con la eficacia ni con la mejor gestión, tiene que ver con suprimir servicios, sobre todo en las zonas rurales.

Porque es un ataque a la autonomía y a la democracia municipal, ya lo ha explicado el señor consejero, con respecto a los municipios de menos de 5.000 habitantes, a los ayuntamientos de menos de 20.000 y las competencias de educación y políticas sociales en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes se prestarán en la comunidad autónoma con la misma financiación. Los alcaldes y concejales dejarán de ejercer sus funciones para las que fueron elegidos en las urnas por sus ciudadanos y dejarán también de percibir su salario, con o sin finiquito y con o sin despido improcedente.

Los ayuntamientos son los que menos déficit tienen en el conjunto del Estado. Han cerrado el 2012 en equilibrio presupuestario. De la deuda de la Administración solo el 4,1% corresponde a la Administración local. Se castiga a los pequeños municipios cuando la gran parte de la deuda se ha generado por los grandes municipios. Les voy a dar un dato: Madrid, a la cabeza de ellos, porque Gallardón ha dejado como herencia a los madrileños una deuda de 7.000 millones de euros, el 25% del total de deuda de todos los ayuntamientos de España. Los mismos 7.000 millones que el Gobierno dice ahorrar con la propuesta de reforma local. Y además están poniendo en riesgo 250.000 puestos de trabajo.

Y después el engaño de los sueldos. Más del 85% de los concejales de España no cobran sueldo; sin embargo, permanecen las prebendas, sueldos de 100.000, 90 y 80.000 euros para concejales de grandes ciudades y para cargos de confianza de grandes ciudades.

No podemos estar de acuerdo con esta reforma local, señor consejero, y menos cuando esta reforma local lo que significa es que Canarias no es España, porque se olvidan totalmente de Canarias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Francisco Manuel Fajardo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Águeda Montelongo.

La señora Montelongo González: Gracias, señor presidente.

Tenemos encima de la mesa la reforma de la Administración local, un compromiso de Rajoy y un clamor, una necesidad.

Es una reforma cuyo principio inspirador reside en la máxima de que una competencia, una administración, evitando duplicidades y solapamientos de competencias. Además persigue racionalizar la estructura organizativa para que no se gaste más de lo que se ingresa y sobre todo garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso. Además el Gobierno ha anunciado que paralelamente a esta reforma va a haber, se revisará el modelo de financiación, con el objetivo de que cada Administración en sus competencias actúe desde la solvencia y la sostenibilidad financiera.

Miren, esta ley no elimina ningún ayuntamiento. Elimina aquellos entes dependientes de la Administración local que no estén saneados, como fundaciones o consorcios, y los servicios que prestaban estas entidades, si son competencias propias de un ayuntamiento, este las seguirá prestando. Y ejemplos, señor consejero, tenemos muchos, como la gestión del agua en esta comunidad autónoma por algunos cabildos o por ejemplo la deuda que tiene de 80 millones la televisión pública. Aquí no va a haber vacío de competencias. Los ciudadanos no se van a quedar sin ningún servicio público, y eso es lo importante. No hablar de ayuntamientos sino hablar de servicios a los ciudadanos.

Yo no creo que ustedes estén en contra de este modelo, ustedes no pueden estar en contra de eliminar las duplicidades y las triplicidades administrativas, de avanzar hacia una Administración más ágil, ¿o me equivoco? Ustedes estarán con nosotros en que hay que fijar un límite a los sueldos de los alcaldes, al número de liberados y a lo que se llama el personal de confianza, para no convertir las administraciones en agencias de colocación.

Y lejos de privatizar los ayuntamientos esta reforma potencia la gestión pública directa.

Pero nosotros también somos conscientes de que hay que hablar de la singularidad de Canarias y estamos de acuerdo en presentar una disposición adicional a la norma para que remarque a los cabildos, como ya se ha abordado en los grupos de trabajo con el Gobierno de Canarias, y reforzar su papel como entidades locales y entidades autonómicas. Pero, mire, lo mismo que sucede con la actual Ley de Bases de Régimen Local, que en la disposición adicional decimocuarta se recoge el régimen especial de organización de los cabildos insulares.

Y una petición que le quiero hacer, señor consejero: paralelamente a esta reforma de la Administración local deberíamos, porque si no se quedaría coja, reformar también la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico, en la medida en que esta norma ordena a las administraciones de Canarias, regula los criterios de distribución de competencias entre las mismas.

Y, mire, no se puede venir a decir aquí: Canarias no es España. Ese grito es un grito, además de trasnochado, un grito del desconocimiento de la norma, de la ley. Lo que debemos hacer es apostar por gestionar mejor, evitar duplicidades y permitir a los ciudadanos que no tengan que estar de ventanilla en ventanilla para crear empleo, para desarrollar la economía y para, en este caso, seguir creciendo. Por lo tanto, este es nuestro modelo de Administración, lo que proponemos en este anteproyecto que se puede enriquecer. Nos gustaría saber cuál es su propio modelo.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Águeda Montelongo.

Por el grupo solicitante de la comparecencia, don José Miguel Ruano, Grupo Nacionalista Canario.

El señor Ruano León: Señor presidente, señorías, señor consejero.

En fin, las aportaciones, las aportaciones de los demás grupos solicitantes de la comparecencia tras la información que usted nos ha facilitado, nos permiten, nos permiten ubicar el debate y quizás a veces, en un exceso de responsabilidad, cuando uno -quizás exceso- sube a la tribuna pretende saber qué podemos hacer desde aquí, desde el Parlamento de Canarias, en relación con un proyecto de ley del Estado que se va a debatir en las Cortes Generales y no en el Parlamento de Canarias, en qué medida, en qué medida tenemos capacidad para promover alguna modificación a ese texto proyectado que nos permita, de alguna manera, paliar los perniciosos efectos que se vislumbran de aprobarse en los términos en que está proyectado.

Quisiera empezar, consejero, disintiendo de usted en una expresión, habla usted de borrador. No es un borrador, es un anteproyecto. Quiere decir que está en una fase mucho más avanzada puesto que ya está nada menos que en el dictamen del Consejo de Estado. Por tanto, los tiempos ahora no son los tiempos que teníamos en octubre. Los tiempos son ya una vez adoptada una decisión, y en esa decisión hay una contribución decidida a la propaganda, a la propaganda, en relación con el tema del control del déficit como objetivo. Y el objetivo no es el control del déficit, el objetivo, desde el punto de vista político, es aprovechar esa necesidad -cumplir el déficit, a lo que está España obligada como Estado de la Unión Europea-, aprovechar esa necesidad para ejercer un proceso de recentralización en el cual hay una culpabilidad presunta, aparente, de los organismos descentralizados. Lo ha sido en el debate de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han sido en ese sentido, en los últimos meses, criminalizadas cuando son las mayores prestadoras de los servicios públicos básicos: educación, sanidad, los servicios de prestación social, a los que usted se refería en relación con nuestro propio modelo, en la Ley 14/90 están en estos momentos en los cabildos. La petición que le hemos formulado en ocasiones desde esta misma tribuna es, complete usted el proceso de tal manera que el Gobierno ya no tenga por qué tener una actuación y lo que nos dice el proyecto de ley estatal nada menos es que pasan los servicios sociales a las comunidades autónomas. En la disposición transitoria undécima da un año para que esto suceda y está hablando de que, transcurrido el periodo de un año sin que las comunidades autónomas hayan asumido el desarrollo de los servicios de su competencia prestados por los municipios o en su caso acordada su delegación, los servicios seguirán prestándose por el municipio a coste estándar con cargo a la comunidad autónoma. Es decir, aquí paga alguien.

Es decir, no es verdad, no hay ahorro, no es cierto. He hablado en muchísimas ocasiones del concepto que tienen los anglosajones respecto del gasto público. Ellos hablan de public money, porque da igual, cuando hablan de dinero público lo paga alguna Administración pública. Y, por tanto, no se puede estar preconizando que hay un gran ahorro de 7.500 millones cuando se sabe que alguna de las administraciones va a tener que correr con ese gasto, con independencia del gasto nimio que haya en el control que se va a ejercer respecto de las retribuciones de concejales y cuestiones semejantes. Que al final forman parte también, como decía el señor Rodríguez, si me escucha, del aparato de propaganda, del aparato de propaganda que en ocasiones, y yo no digo que sea... No quiero hablar de esos temas de todo el Partido Popular, no lo creo, no lo creo, pero es que lo que está ocurriendo es que se están imponiendo en el propio escenario político de ese partido, que es el partido que gobierna España, aquellos que menos creen en el modelo territorial del Estado. Y, por tanto, eso es lo que está ocurriendo. Ya hemos hablado de este asunto cuando hablamos, en la comparecencia de octubre, de que hay modelos de Estado en la eurozona descentralizados que son ejemplos. ¿O es que el caso alemán, que tiene, por cierto, una atomización municipal tan grande como la que tiene España, es un caso que podamos decir "es que funciona mal porque existen los länder y existen también demasiados municipios"? Si es que no es el problema, el problema será otro. El problema en Portugal no es precisamente el de la estructura territorial, porque Portugal es un Estado unitario, solo dos regiones tienen autonomía, las regiones insulares, que son, por cierto, regiones ultraperiféricas, Madeira y Azores. Es decir, no es el problema el modelo y lo que está ocurriendo es que se va centrando el debate público en torno al modelo y existen medios de comunicación social y cierto aparato de propaganda que se destina a criticar el modelo por sí mismo.

Señor consejero, ¿cuál es nuestra preocupación? Es evidente, nosotros correspondemos y nos corresponsabilizamos del Gobierno de España cuando nosotros, los nacionalistas, de alguna manera hemos podido contribuir en ese escenario, con un gobierno de un signo o con un gobierno de otro signo, lo hemos hecho con responsabilidad de Estado. Pero nuestra responsabilidad primera está aquí, nuestro compromiso está aquí. Nuestro compromiso es con Canarias, por Canarias, para los canarios y las canarias. En ese marco, señor consejero, la responsabilidad del Gobierno de Canarias será cómo va a proyectar, qué solución va a dar, cómo va a articular la posición del Gobierno de Canarias en torno a su proyecto futuro de modificación de la Ley 14/90, en este marco normativo básico que, como digo, de momento se presenta sin consenso político suficiente respecto de un asunto que es capital para el futuro del Estado. Porque estamos hablando del Título VIII del Estado, el Título VIII de la Constitución. En la Constitución se regula, en su desarrollo, la previsión de las comunidades autónomas y la autonomía municipal, hay una referencia a la isla también, una referencia singular, y la diputación provincial no tiene nada que ver con el modelo de autonomía insular, porque el territorio insular está perfectamente delimitado, no es así el caso de las provincias, que son límites artificiales.

Por tanto, sin entrar ahora y sin tener tiempo tampoco, a pesar de que hemos sido nosotros los que solicitamos la comparecencia, para entrar en profundidad, es importante ubicarnos en esa expresión, si quiere, de singularidad. Y yo me voy a quedar tan solo con la parte final de la intervención de la señora Montelongo, ese ofrecimiento de que podamos contar con una disposición especial de cara a la regulación propia. Porque no es que vayamos a compartir lo que proyecta el Gobierno de España respecto al conjunto del Estado. Creo que hay cuestiones notoriamente inconstitucionales, entre otras cuestiones ignorar el principio de máxima proximidad, que está incorporado al artículo 106 de la Constitución española. Por tanto, la utilización siempre del mismo título competencial, que es el de la planificación económica general, y el tema de la estabilidad presupuestaria como pretexto no es suficiente, señorías, no es suficiente porque existe obviamente un modelo diseñado por el texto constitucional en su conjunto y hay un montón de aspectos en este texto que se ignoran. Suponemos que algunas cosas dirá el Consejo de Estado respecto de ello.

En lo que a nosotros se refiere, señor Spínola, señor consejero, estamos especialmente preocupados por el modelo que diseña de los servicios sociales. ¡Es muy grave, es muy grave, pretender una regulación como esta! ¡No es posible, en términos técnicos no es posible! No es posible porque el que conoce realmente qué familia tiene una necesidad, qué problema hay, es el ayuntamiento, es el municipio, y el ayuntamiento tiene una estructura capaz de dar respuesta. Nosotros lo hemos diseñado con arreglo a una prestación básica que dan los municipios y una prestación especializada que no pueden dar los municipios y, por tanto, dan los cabildos. Y ese debe ser nuestro modelo. Defendamos el modelo por encima de todo y en caso, en caso de que en el proceso final, cuando esta ley llegue a las Cortes, se debata, no se recojan las especialidades necesarias que hagan que quede a salvo nuestro régimen local especial, procedamos primero en sentido político y, si es necesario, en sentido jurídico, recurriendo la ley en caso de que finalmente tenga una redacción como la que en este momento se proyecta.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don José Miguel Ruano.

Para concluir la comparecencia, el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola): Señor presidente. Señorías.

El Gobierno considera que es oportuno plantear una reforma de la Administración local en España. Han pasado 30 años desde la aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local del año 1985 y en este espacio temporal se han producido más de veinte modificaciones legales. Por tanto, objetivamente, objetivamente, ¿es bueno plantear una reforma de las administraciones públicas en España y del ámbito local? El Gobierno de Canarias entiende que sí; ahora, ahora bien, y que quede esto bien claro, apoyar una reforma de la Administración local no significa aprobar o apoyar este proyecto de ley, este borrador, este informe que ha aprobado el Consejo de Ministros.

Decía el señor Ruano que estamos ante un anteproyecto de ley. El propio Consejo de Ministros, cuando nos ha remitido el texto, y nos lo ha remitido hace unos días, habla de informe, que el Consejo de Ministros lo que ha aprobado es un informe y lo ha remitido a todas las comunidades autónomas, también al Consejo de Estado, para que ahora en esta fase las comunidades autónomas hagamos observaciones y sugerencias. Y el Gobierno de Canarias las va a hacer. En los próximos quince días va a hacer observaciones y vamos a procurar contar con el apoyo de los ayuntamientos canarios. También nos vamos a reunir con los cabildos insulares, porque nos interesa que haya una posición común en Canarias de ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias en defensa de las singularidades de nuestra tierra. Es muy importante, muy importante, que logremos entre todos colocar una disposición adicional en este texto, en el texto legal. Una disposición adicional que permita a la comunidad autónoma que las atribuciones competenciales que están previstas en la ley para las comunidades autónomas en el caso de Canarias puedan ejercerse bien directamente por la comunidad autónoma o bien por los cabildos insulares en función de la normativa que se apruebe en el ámbito territorial, es decir, por este Parlamento de Canarias. Eso nos daría un margen enorme para redistribuir las competencias en el marco de la comunidad autónoma.

Y a nosotros como Gobierno nos preocupa y mucho el texto que ha aprobado, ese informe que ha aprobado el Consejo de Ministros, porque no estamos de acuerdo en muchas de las cuestiones. Ya en mi primera intervención lo he puesto de manifiesto. No estamos de acuerdo en una norma que cercene la autonomía local, no estamos de acuerdo en una norma que imponga la privatización de los servicios. Decía la señora Montelongo, "no, no hablemos de ayuntamientos, hablemos de servicios". No. Sí, hablamos de ayuntamientos, porque la posición del Gobierno de Canarias es que en Canarias no sobra ningún ayuntamiento. Tenemos 88 ayuntamientos y creemos que los 88 ayuntamientos se deben mantener a toda costa. En Canarias hay un ayuntamiento por cada 24.000 habitantes; en el resto de España hay un ayuntamiento por cada 5.800 habitantes. Por tanto, nuestra situación es muy distinta, es muy diferente. No podemos homologarnos en ese sentido con los ayuntamientos peninsulares, en absoluto.

Y nos preocupa este proyecto, este texto, nos preocupa porque nace sin consenso, y esto nos parece muy grave. Este texto debió tramitarse y aprobarse finalmente en las Cortes Generales por un gran acuerdo de las fuerzas parlamentarias en el Congreso y en el Senado. Los dos grandes partidos y también las fuerzas nacionalistas, y esto no va a ser así, no va a ser así, y creo que es un error, un error monumental.

Nosotros, frente a lo que ha manifestado la portavoz del Grupo Popular, que los sueldos no son...; ha hablado de las retribuciones, de la necesidad de recortar los sueldos. Mire, en la propia memoria de este texto se pone de manifiesto que el coste son 140 millones de ahorro, de ahorro, en asesores y altos cargos, 140 millones. Que se sepa. Ese no es el problema de este proyecto de ley. Es más, más del 80% de los concejales actualmente no cobran. Luego, el problema no está en las retribuciones, en absoluto. No se insista en esto porque me parece un verdadero despropósito.

Yo creo que Canarias tiene que aprovechar este momento de reforma del conjunto de las administraciones públicas para llevar adelante una gran reforma en la comunidad autónoma, y ese es el objetivo y el reto del Gobierno. Y el Gobierno, como he dicho en innumerables ocasiones en esta Cámara, lo va a hacer y vamos a presentar, en este periodo de sesiones, en este periodo de sesiones, antes de que acabe el periodo de sesiones, vamos a presentar un texto a las fuerzas políticas, no un proyecto de ley, ojo, no estoy hablando de un proyecto de ley, estoy hablando de un texto articulado de reforma de la Ley 14/90. A ver si somos capaces aquí, en Canarias, de llegar a un acuerdo en aquellas competencias que deben ser desempeñadas por los cabildos insulares y cuáles por los ayuntamientos. Ese proceso lo vamos a llevar al tiempo, al mismo tiempo, que se está tramitando este llamado, este anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Pero desde luego es clave para nosotros que se introduzca la singularidad canaria en ese anteproyecto de ley, clave porque nos permitirá aquí ajustar y hacer los cambios necesarios que Canarias demanda, y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el referido a la competencia de los servicios sociales. Porque estamos en absoluta discrepancia, discrepamos radicalmente del planteamiento de que los servicios sociales se centralicen en la comunidad autónoma. Apostamos por un modelo descentralizado en los ayuntamientos canarios para la realización de las prestaciones básicas y esa desde luego va a ser la propuesta que el Gobierno de Canarias traiga aquí, porque en este momento está trabajando en una propuesta. Hay un grupo de trabajo que hemos constituido con la Fecam y con la Fecai y ese trabajo concluirá el 30 de marzo de este mismo año. Las conclusiones de esos trabajos serán traídas a esta Cámara y desde luego creemos que vamos a alcanzar un acuerdo con los cabildos y ayuntamientos en el reparto y distribución de competencias. Lo que espero es que todas las fuerzas políticas, especialmente me dirijo al grupo mayoritario de la Oposición, el Partido Popular, colabore y coopere con el Gobierno de Canarias para llevar adelante este proceso. En las reuniones que hemos mantenido, en los grupos de trabajo que se están celebrando en estos días, hemos comprobado que puede haber entendimiento final y que puede haber un acuerdo, y yo me alegro -en nombre del Gobierno aquí lo expreso-, me alegro de que el Partido Popular, y espero que también el Grupo Mixto, podamos llegar a un acuerdo en esta legislatura y cerrar un proceso inacabado en esta comunidad autónoma. Llevamos 30 años en Canarias sin lograr llegar a un acuerdo sobre el modelo definitivo institucional de la comunidad autónoma. Creo que en esta legislatura lo podemos alcanzar y el Gobierno se va a esforzar enormemente. Lo verán en los próximos meses. Antes de que acabe el mes de junio tendrán todos los grupos un borrador para discutir, para discutir con los grupos parlamentarios, y, como he dicho también, iremos de la mano de la Fecam y de la Fecai.

Nosotros pensamos que solo desde el consenso en Canarias se pueden alcanzar acuerdos duraderos y ese es el esfuerzo, porque podemos tener mayoría en este Parlamento para sacar una ley por 34 votos, lo podemos hacer pero no lo queremos hacer. Nos vamos a esforzar para lograr una ley consensuada y, a ser posible, que cuente con el apoyo unánime de esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, don Francisco Hernández Spínola.