Diario de Sesiones 70, de fecha 12/3/2013
Punto 11

· 8L/PO/P-0820 Pregunta del señor diputado don Emilio Moreno Bravo, del Grupo Parlamentario Popular, sobre reducción del salario de un sector del colectivo de trabajadores públicos, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

El señor presidente: Siguiente pregunta, del señor diputado don Emilio Moreno Bravo, del Grupo Parlamentario Popular, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Don Emilio Moreno.

El señor Moreno Bravo (Desde su escaño): Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero.

¿Qué opinión le merece la solicitud del Diputado del Común a la Defensora del Pueblo de que se interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de Canarias de recortar un 20% la jornada y el salario de parte de los empleados de la comunidad autónoma?

El señor presidente: Muchas gracias, don Emilio.

Señor consejero de Presidencia, don Francisco Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Señoría, la opinión del Diputado del Común merece respeto institucional, pero este Gobierno no comparte los argumentos jurídicos que esgrime. El Gobierno considera que la medida adoptada respeta el marco legal.

El señor presidente: Muchas gracias, señor consejero, don Francisco Hernández Spínola.

Don Emilio Moreno.

El señor Moreno Bravo (Desde su escaño): Muchas gracias, señor presidente. Señorías. Señor consejero.

Advierto de antemano que con mi pregunta no avalo la vigencia de la institución del Diputado del Común en su actual modelo.

Dicho esto, vayamos con lo fundamental. Señor consejero, usted debería ser consciente de la más que probable inconstitucionalidad del proceder de su Gobierno al aplicar una rebaja del 20% en el salario y la jornada de parte del personal laboral no fijo y funcionario interino de la comunidad autónoma. Con su decisión, de la que es partícipe el Gobierno de Canarias en su conjunto y responsables los Grupos Parlamentarios de Coalición Canaria y el Partido Socialista Obrero Español, la comunidad autónoma vulnera posiblemente derechos constitucionales, normativa comunitaria y la normativa laboral de aplicación en España, en nuestro país.

Le recuerdo las palabras de don Aarón Afonso, al que no tengo el gusto de conocer pero usted sí. El señor Afonso, director general de Función Pública del Gobierno de Canarias, señalaba la semana pasada sobre este particular: "somos conscientes en el Gobierno de que se está forzando la norma". ¿Usted también lo cree, señor consejero? Y si es así, desde su responsabilidad pública, sujeta a la legalidad, ¿qué se entiende por "ser consciente de estar forzando la norma"?

¿Asume usted, por tanto, y se lo estoy preguntando como probable que en un futuro no muy lejano la comunidad autónoma sea condenada a costear con millones de euros de todos los ciudadanos canarios la decisión incompetente de este Gobierno?

¿Qué consecuencia tendrá, señor consejero, su decisión discriminatoria, que afecta solo a una parte de los empleados públicos de Canarias y presenta, sin duda alguna, la apariencia de resultar contraria a los derechos constitucionales, comunitarios y laborales? ¿Dónde estará usted entonces?, ¿dónde estará usted, junto con este Gobierno? ¿Y verdad que serán los canarios los que de nuevo deberán romper y pagar los platos rotos que otros rompen en su nombre?

Esta es la lección que nos deja hoy su Gobierno, la lección de una gestión equivocada e incompetente. Usted y su Gobierno tienen otras alternativas ajustadas a la ley para reducir el gasto público, por supuesto, como es su obligación. Y le digo: piense en la televisión, piense en la Policía Canaria, piense en el Diputado del Común. Hay muchas posibilidades, todas practicables, todas razonables y todas del gusto de los ciudadanos canarios, pero, mire, atacar de forma discriminatoria a un colectivo no es ni será nunca una opción de un gobierno legítimo.

Y acabo. Ahora no nos venga a hablar de respeto y de las políticas del Partido Popular. El respeto guárdeselo a más de 3.000 empleados públicos que son discriminados y que han visto conculcados sus derechos, y ya le anticipan y anuncian una próxima huelga para el 15 de abril.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, don Emilio Moreno.

Señor consejero de Presidencia, Justicia, don Francisco Hernández Spínola.

El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Mire, hemos sido conscientes desde el primer día, y lo hemos dicho y lo hemos reconocido, que estamos apurando la normativa en vigor-yo lo he dicho en infinidad de ocasiones-, pero lo hacemos para mantener el empleo público en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y apuramos la legislación porque la reforma laboral que ha aprobado el Gobierno del señor Rajoy lo que permite son los ERE extintivos, es decir, despidos colectivos, y el Gobierno lo que no ha querido hacer es despedir a miles de empleados públicos. Por eso hemos adoptado esta medida, de forma coyuntural, de forma temporal, medida que suprimiremos desde que podamos, antes incluso de que acabe el ejercicio, y eso lo anuncio hoy aquí, en este Parlamento.

¿Pero usted, que habla de respeto a las leyes, qué le dice usted a la señora Cospedal, que ha aprobado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha una ley para reducir la jornada a los interinos y a los temporales? ¿Y qué le dice usted al presidente de la Comunidad de Madrid, que ha hecho lo mismo? ¿O al presidente de la Comunidad de Murcia, que también ha legislado en esta materia en términos similares a como se ha hecho en Canarias? ¿O en Valencia, o en Valencia? ¿O en Andalucía? ¿O en Cataluña? Seis comunidades autónomas han dictado disposiciones parecidas a Canarias, pero con una diferencia: en las comunidades autónomas del PP, además de aplicar estas medidas, se ha despedido masivamente a empleados públicos. En Valencia, 3.500 y aquí, ninguno. Nosotros no estamos despidiendo a los empleados públicos de la comunidad autónoma; al contrario: estamos garantizando que permanezcan en sus puestos de trabajo. Es verdad que con una reducción de su salario, de forma coyuntural, de forma temporal, y más pronto que tarde esa medida será anulada por el Gobierno de Canarias.

Señor diputado, le voy a decir algo más desde el punto de vista de la legalidad. Mire, ha dicho el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo que la ley está por encima de los convenios colectivos. Lo sabía, ¿verdad? Y también le voy a decir otra cuestión que es importante: la legislación laboral es competencia exclusiva del Estado. Claro que sí, está reconocido en la Constitución, en el 149.1.7º. Pero también le digo que, dentro del marco de la jornada que fije el Estado, las comunidades autónomas, y lo permite el Estatuto básico del empleado público, pueden ajustar dentro de ese marco la jornada de los empleados públicos.

Por tanto, la controversia existe, y yo no tengo un planteamiento dogmático, decidirá el Tribunal Constitucional, pero el Gobierno de Canarias tiene sus razones jurídicas para defender...

El señor presidente: Gracias. Muchas gracias, don Francisco Hernández Spínola, señor consejero.